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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05783-01

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05783-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05783-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Liliana María Guerra Mira, en contra de la sentencia
del 17 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Liliana María Guerra Mira presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-23-
33-000-2016-01989-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2. La señora Liliana María Guerra Mira prestó sus servicios al Hospital General de
Medellín E.S.E. como auxiliar de enfermería, en los siguientes periodos:

• Del 1 de julio de 2007 al 31 de julio de 2011, a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado (coopfenix).
• Del 1 de agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2013, por medio de la
Corporación para la Salud (corfenix).
• Del 1 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014 se vinculó por medio del
Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud «DAR-SER».

3. A partir del 1 de julio de 2014, la tutelante se vinculó a la planta de personal del
Hospital General de Medellín E.S.E., como auxiliar del área de salud, en
provisionalidad.

4. El 6 de octubre de 2015, la accionante radicó escrito ante la institución
hospitalaria, en la cual solicitó que se declarara la existencia de la relación laboral
encubierta por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de
septiembre de 2013, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
correspondientes y, la nivelación salarial desde el 1 de octubre de 2013, fecha en
que fue vinculada en provisionalidad, y en adelante.

5. El Hospital General de Medellín E.S.E., por medio de acto administrativo núm.
01200000000002016000369 del 21 de enero de 2016, negó las peticiones de la
accionante.

6. Posteriormente, la señora Liliana María Guerra Mira presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Hospital General de Medellín
E.S.E., con el fin de que (a) se dejara sin efecto el acto administrativo referido, (b)
se declarara la existencia del vínculo laboral con entidad demandada (c) se
ordenara el pago de las prestaciones sociales respectivas y, (d) se ordenara la
nivelación salarial y prestacional conforme al cargo similar de auxiliar de enfermería
que existe en la planta de personal de la entidad, desde el 1 de julio de 2014 hacía
el futuro.

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 22 de agosto de
2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró
existencia de una relación laboral, debido a que no se demostró de manera
específica el elemento de subordinación, pues las pruebas documentales y
testimoniales no permitían establecer dicha situación. Del mismo modo, tampoco se
acreditó la diferencia salarial reclamada. Contra la anterior decisión, la parte actora
presentó recurso de apelación.

8. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de providencia
del 13 de febrero de 2025, confirmó en todas sus partes la providencia de primera
instancia.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: Conforme a los hechos que más adelante se narran, respetuosamente
solicito al Honorable Consejo de Estado de manera inmediata se proceda al amparo
de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD,
declarando y ordenando lo siguiente:

SEGUNDO: Que la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN (A) incurrió en vías de
hecho y, por tanto, debe declararse la nulidad de su actuación contenida en la
sentencia del día trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025) mediante la cual
se dispuso confirmar la sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de dos mil
veintidós (2022) declarada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda. Por lo anterior, solicito se deje sin efectos la
providencia y, en su lugar, se profiera una nueva decisión2.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente porque no tuvo
en cuenta que el Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de junio de 20233,
estableció la existencia de una presunción de subordinación en la ejecución de
funciones de enfermería, con el argumento que dicha labor no puede desempeñarse
de forma autónoma, ya que, quienes ejercen esta profesión no pueden definir ni el
lugar ni el horario en que prestan sus servicios.

11. Por otro lado, indicó que en la providencia cuestionada se configuró un defecto
fáctico, por cuanto omitió efectuar una valoración adecuada de los elementos
probatorios aportados al proceso, toda vez que pasó por alto que el Hospital General
de Medellín E.S.E. celebró trece contratos de prestación de servicios con el
propósito de ejecutar funciones propias de la entidad, los cuales se prolongaron por
un largo período.

12. De esta manera, expuso que dicha práctica no sólo está prohibida, sino que
también desvirtúa los argumentos del fallo acusado, en cuando refirieron que la
vinculación de la demandante a la entidad hospitalaria, a través de cooperativas de
trabajo asociado, no desbordó las limitaciones o prohibiciones de tales
asociaciones.

13. Agregó que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se demostró que el Hospital General de Medellín E.S.E. desbordó los
límites en la celebración de contratos de prestación de servicios. En primer lugar,
«por cuanto el tribunal y la demandada aceptan expresamente que las funciones de
enfermería contratadas son las mismas que de manera habitual y permanente
ejecuta el ente hospitalario» y, en segundo lugar, porque «es cierto que se puede
contratar con cooperativas, pero también lo es que debe primar la temporalidad; sin

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 2, certificado núm. 71C107D6873D1D5B 087CFC72FB46AC5C
9D050AD8D3CF98BC A96B8C76790084FB.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado núm. 05001-23-33-000-
2017-02041-01.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

embargo, lo que vemos en este caso es que la contratación se extiende por
aproximadamente 7 años».

2.3. Trámite procesal

14. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 18 de
septiembre de 20254, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y puso en conocimiento el
escrito de tutela al Tribunal Administrativo de Antioquia, al Hospital General de
Medellín E.S.E. al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-23-33-
0002016-01989-00/01, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

15. El Hospital General de Medellín E.S.E.5 solicitó que se declare improcedente o
se niegue el amparo, toda vez este escenario judicial no es un mecanismo adecuado
para proponer un debate de orden legal que ya fue abordado en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

16. Agregó que la decisión cuestionada fue adoptada conforme con los principios
constitucionales y legales que rigen el derecho fundamental al debido proceso, la
correcta valoración probatoria y el principio de autonomía judicial. Por ello, al no
configurarse los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la
procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales, debe desestimarse
lo pretendido.

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 efectuó una descripción de las
actuaciones adelantadas en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho e indicó que el proceso se desarrolló con la garantía
de los derechos al debido proceso y defensa de las partes.

18.Así pues, explicó que, en el caso concreto, si bien se acreditó que la
demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital General
de Medellín, también es cierto que no se probó el elemento determinante de
subordinación.

19. Refirió que el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial evidenció que
la coordinación de las actividades, asignación de turnos, permisos y supervisión
eran ejercidos por personal vinculado a las cooperativas contratistas, sin injerencia
directa del ente hospitalario, lo que descartaba la existencia de una relación laboral.

20. Por otra parte, afirmó que el fallo cuestionado valoró de manera integral los

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 4, certificado núm. 191583DAA30655C7 5732371181520F6D
78F20A79A51B85A4 77208171875B6139.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 9, certificado núm. 5D60B9B932B1AAE4 E0149BA209FC2FC3
E9E3D08FF13895A3 FEADCD9386CB561B.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 8, certificado núm. 57348C132D95957E FB51E1C9600BE5D4
39E73D9CE017FAFF 9A55FA0C1E5D5D12.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

testimonios, las certificaciones laborales, el manual de funciones y los contratos
interadministrativos aportados al proceso y, con fundamento en ello, concluyó que
la demandante actuaba bajo un esquema de coordinación propio de la contratación
estatal, sin que se acreditara una inserción en el círculo organizativo y disciplinario
del hospital.

21. Además, la decisión acusada resaltó que la carga probatoria recae sobre la
actora, conforme con el principio «onus probandi incumbit actori», y ella no aportó
las pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado.

22. Los demás sujetos vinculados al trámite de tutela guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

23. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
17 de octubre de 20257 negó la tutela, al considerar que la providencia cuestionada
no incurrió en alguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas en la
solicitud de amparo.

24. Al respecto, indicó que la sentencia cuestionada efectuó una valoración integral
de los documentos aportadas al proceso ordinario, con las cuales determinó que la
vinculación de la actora con diversas entidades fue a través de diferentes contratos,
pero no se demostró con claridad cómo se desarrolló ese vínculo ni las condiciones
de su labor como auxiliar de enfermería.

25. Explicó que en el expediente aparecen cuadros de turnos y horas trabajadas;
sin embargo, la autoridad judicial accionada consideró que esto no demostraba por
sí solo la existencia de una relación laboral basada en subordinación y dependencia
continua, sino que respondía a la naturaleza del servicio.

26. Respecto a la presunción de subordinación, la decisión objeto de tutela afirmó
que, si bien la jurisprudencia ha reconocido tal situación, en este caso las pruebas
permitían concluir lo contrario, toda vez que no se evidenció que la actora estuviera
bajo control o dirección de la E.S.E. demandada en aspectos como horario, órdenes
o reglamentos internos.

27. En efecto, para la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
no se probó que Liliana María Guerra Mira recibiera órdenes, instrucciones o
llamados de atención por parte del Hospital General de Medellín E.S.E. lo que
impedía determinar que existiera una relación laboral encubierta durante su
vinculación con dicha entidad.

28. Asimismo, refirió que la autoridad accionada concluyó que los testimonios no
evidenciaron subordinación con el ente hospitalario, pues los testigos no

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00 índice 14, certificado núm. 6B7CF67EA03D3555 43DEC9914E96E04B
A2A7BB37B946CA36 4620F50A1D929F18.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

mencionaron que la actora estuviera sujeta a órdenes o condiciones específicas
impuestas por la entidad demandada. En concreto, las declaraciones indicaron que
las actividades de la actora eran responsabilidad de la Corporación para la Salud
Fenix (Corfenix) y no de la E.S.E., pues dicha entidad era quien dirigía y supervisaba
el trabajo.

29. Resaltó que en la decisión acusada se precisó que la asociación tenía una
oficina y personal administrativo encargado de organizar y distribuir las tareas, lo
que refuerza que no hubo subordinación al Hospital General de Medellín E.S.E. en
consecuencia, como no se demostró subordinación continua, la autoridad judicial
concluyó que no se reunieron los requisitos para establecer una relación laboral
entre las partes.

30. Finalmente, «en lo relacionado con la solicitud de nivelación salarial, la decisión
acusada precisó que existía una diferencia entre el cargo desempeñado por la
accionante y el cargo con el que se pretendía comparar su remuneración básica y
prestacional. Esto, por cuanto el primero es de nivel asistencial, código 412, grado
2 y exige una experiencia de seis meses; mientras que el segundo corresponde al
nivel asistencial, código 412, grado 1 y exige una experiencia de doce meses».

31. A parir de lo anterior, dedujo que no se demostró un desconocimiento del
precedente ni una falta de valoración probatoria, sino una inconformidad de la
accionante con las conclusiones del juez, lo cual no constituye un defecto judicial.

2.6. Impugnación

32. La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su escrito, indicó que en la solicitud
de amparo se explicó con claridad y precisión las razones por las cuales se
configuraba un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente en la
providencia objeto de tutela.

33. En este sentido, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de tutela
relacionados con las posibles deficiencias probatorias en las que incurrió la
providencia acusada, en cuanto al análisis parcializado de los testimonios, la
inobservancia del objeto y continuidad de los contratos de prestación de servicios,
la naturaleza de la función de enfermería, los cuadros de turnos y el manual de
funciones.

34. En suma, advirtió que en el fallo impugnado no tuvo en cuenta que en el proceso
ordinario existían suficientes indicios que acreditaban el elemento subordinación y
que no fueron valorados por la autoridad judicial accionada.

35. Adicionalmente, refirió que la sentencia de primera instancia pasó por alto que
en la providencia objeto de tutela se desconoció el criterio jurisprudencial de la

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 18, certificado núm. 27F1260F3324087A F2A513DEEC42DDF9
5331F93E0ED526E4 84BD783D8C28D4FD.
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misma corporación judicial sobre la presunción de subordinación en la ejecución de
la función de enfermería, de manera que le correspondía a la entidad contratante la
carga de la prueba para desvirtuar ese hecho.

36. Afirmó que, a pesar de que en el proceso ordinario se demostró que las
cooperativas, corporaciones y sindicatos no tenían autonomía para elegir el lugar,
el horario de sus servidores, el cumplimiento de protocolos, directrices y órdenes
dadas por los médicos, y que el ejercicio de funciones tardo aproximadamente 7
años, lo cierto es que los jueces de primera y segunda instancia concluyeron que
en el caso bajo estudio estaba plenamente desvirtuada la presunción de
subordinación, lo cual evidentemente vulneró su derecho al debido proceso.

37. En síntesis concluyó que los errores en los que incurrió la providencia
cuestionada, se concretan en que: a) omitió un indicio tan claro como es la duración
de los contratos de prestación de servicios, pues claramente toda la jurisprudencia
constitucional indica que su celebración debe ser temporal, b) excluyó del análisis
el hecho de que las funciones de enfermería hacen parte del giro ordinario de la
entidad, en la medida que la corte indica que se debe respetar la excepcionalidad,
c) descartó del análisis probatorio los manuales de funciones allegados por las
cooperativas, así como el contenido de los contratos y d) le trasladó la carga de la
prueba de la subordinación a la demandante y no a la demandada.

38. Expresó que los anteriores indicios necesariamente permitían concluir que la
demandante siempre estuvo subordinada y, por lo tanto, se debió declarar la
relación laboral entre demandante y demandada desde el 11 de julio de 2007 el 30
de junio de 2014.

39. Por otro lado, afirmó que era procedente que la autoridad accionada revisara la
pretensión de la nivelación salarial a partir del 1 de julio de 2014. Ello por cuanto en
el proceso quedo acreditado que la demandante y los demás funcionarios
vinculados ejecutaban las mismas funciones, responsabilidades, jornada laboral,
bajo la misma categoría y grado del cargo; sin embargo, devengaba un salario
menor. Además, por cuanto estuvo vinculada en temporalidad lo cual significa que
debía recibir una asignación igual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2 del Decreto
1083 de 2015, que obliga a que el régimen salarial y prestacional de los empleos
temporales sea el mismo que corresponda al empleo de carácter permanente, que
rige en la planta de la entidad.

40. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en

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segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 17 de
octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

42. La legitimación en la causa por activa de la señora Liliana María Guerra Mira
está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

43. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió
la providencia, objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

45.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

46. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8

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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

47. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

48. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

49. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

50. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

51. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la

12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
9

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Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

52. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección A, fue notificada el 11 de marzo siguiente17, y la demanda de
tutela se presentó el 16 de septiembre de 202518, esto es, dentro del plazo de seis
meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20
como razonable.

53. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

54. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

55. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

56. Corresponde a la Sala determinar si en los términos del escrito de impugnación,
si ¿el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la seguridad jurídica de Liliana María Guerra Mira e incurrió en el
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 13
de febrero de 2025, mediante la cual se confirmó la providencia del 22 de agosto de
2022, que le negó las pretensiones relacionadas con la declaratoria de la relación
laboral encubierta, el pago de las prestaciones sociales y la nivelación salarial que
reclamó?

57. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

17
Samai, exp. 05001-23-33-000-2016-01989-01, índice 16.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05783-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10

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3.4.1. El defecto fáctico

58. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

59. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»24.

60. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso25.

61. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
11

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62. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

63. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas29.

64. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
30 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

12

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91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios
de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales31.

65. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia32.

66. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»33.

67. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela34.

68. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación35.

69. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de

31 Se transcribe incluso con errores.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
34 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
35 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
13

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criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5 Caso concreto

70. En el asunto bajo estudio, la señora Liliana María Guerra Mira presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Hospital General de Medellín E.S.E., con la pretensión de que: a)
se declarara la existencia del vínculo laboral entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de
junio de 2014; y, b) se ordenara el pago de las prestaciones sociales causadas y
dela nivelación salarial.

71. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
providencia del 22 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

72. Apelada la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A emitió sentencia el 13 de febrero de 2025, en la que confirmó en
todas sus partes la decisión recurrida.

73. Por su parte, la accionante argumentó en el escrito de tutela, que la autoridad
accionada, al proferir la providencia del 13 de febrero de 2025, incurrió en
desconocimiento del precedente porque no tuvo en cuenta que el Consejo de
Estado, en la sentencia del 29 de junio de 202336, estableció la existencia de una
presunción de subordinación en la ejecución de funciones de enfermería, con el
argumento que dicha labor que no puede desempeñarse de forma autónoma, ya
que quienes la ejercen no pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus
servicios.

74. Por otro lado, indicó que en la sentencia cuestionada se configuró un defecto
fáctico, por cuanto hizo un análisis deficiente del material probatorio aportado al
proceso, toda vez que efectuó a) una valoración parcializada de los testimonios, b)
pasó por alto el objeto y continuidad de los contratos de prestación de servicios, y
c) desconoció la naturaleza de la función de enfermería y los cuadros de turnos y
el manual de funciones.

75. En concreto, advirtió que la providencia omitió hacer una revisión concreta y de
fondo de algunos elementos probatorios que constituían indicios claros para
acreditar la subordinación de la demandante con la entidad demandada, por lo que
se debió declarar la relación laboral existente reclamada por la parte actora desde
el 11 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2014.

76. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
el fin de establecer si se configuraba o no una relación laboral encubierta entre la
demandante y el Hospital General de Medellín E.S.E., procedió a revisar el

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado núm. 05001-23-33-000-
2017-02041-01.
14

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contenido de los siguientes documentos: a) los contratos de prestación de servicios
suscritos entre la señora Liliana María Guerra Mira y la Cooperativa de Trabajo
Asociado COOPFENIX de Servicios Integrales; b) los acuerdos contractuales
firmados entre la mencionada cooperativa y la entidad hospitalaria demandada; y
c) las diferentes certificaciones aportadas al trámite judicial.

77. Así pues, con base en los referidos medios de prueba, la autoridad judicial
accionada consideró lo que sigue:

Las anteriores pruebas dan cuenta que el Hospital General de Medellín E.S.E.
suscribió múltiples contratos para el suministro de servicios profesionales de
enfermería y auxiliar de enfermería con COOPFENIX y la Corporación para la Salud
Fenix-Corfenix y que, la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería
en la entidad demandada, por intermedio de esas asociaciones, entre el 11 de julio de
2007 y el 30 de septiembre de 2013 y del sindicato DAR-SER, entre el 1 octubre de
2013 y el 31 de marzo de 2014 y, como contraprestación de la labor, se pactó el pago
de unos valores específicos.

Ahora, según la jurisprudencia el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia la
tercerización y la intermediación laboral son permitidas en Colombia, pero cuando
aquellas desbordan sus límites, naturaleza y finalidades se convierten en ilegales y
conducen al reconocimiento de relaciones laborales encubiertas y a la protección de
los derechos de quienes resultaron afectados por la indebida utilización de esas figuras

Dicho esto, en el caso, corresponde determinar si se desbordaron los límites de esas
formas de contratación.

La Sala encuentra que la vinculación de la demandante con COOPFENIX, la
Corporación para la Salud Fenix-Corfenix y el sindicato DAR-SER se suscitó a través
de diferentes modalidades contractuales, según la información que reposa en las
certificaciones allegadas. Sin embargo, no existen pruebas adicionales acerca de
características y condiciones en que se desarrolló el vínculo de la demandante con las
diferentes asociaciones en las que ejerció su labor como auxiliar de enfermería en el
aludido hospital.

En el caso del sindicato DAR-SER no fue allegado el contrato sindical o convenio entre
la E.S.E. y la organización referenciada ni el acuerdo o contrato suscrito entre la actora
y este último

78. En efecto, para la accionada los documentos aportados al proceso
demostraban que el Hospital General de Medellín E.S.E. suscribió múltiples
contratos para el suministro de servicios profesionales de enfermería con la
Cooperativa de Trabajo Asociado (coopfenix) y la Corporación para la Salud Fenix
(corfenix). Asimismo, se acreditó que la demandante prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería en la entidad demandada, por intermedio de esas
asociaciones, entre el 11 de julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2013 y, con el
sindicato «DAR-SER», entre el 1 octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014, cuya
labor le fue pagada con unos valores específicos.

79. Así pues, para la corporación judicial accionada, estaban acreditados los
elementos de prestación personal del servicio y remuneración. No obstante,
consideró que no se había aportado evidencia adicional que permitiera precisar las
particularidades y condiciones bajo las cuales la demandante desarrolló su vínculo
15

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laboral con las distintas asociaciones donde desempeñó sus funciones como
auxiliar de enfermería en el mencionado hospital.

80. Aunado a lo anterior, la providencia cuestionada refirió que al expediente se
allegó un documento con unos cuadros de turnos de los auxiliares de enfermería
del 2013, en los que se incluyó a la señora Liliana María Guerra Mira y se registraron
un número de horas del mes que oscila entre 150 y 240; sin embargo, para la
autoridad accionada, este elemento no era suficiente para demostrar «la existencia
de una relación en condición de subordinación y dependencia continuada, ello, en
tanto que, en su generalidad, obedece a la finalidad del servicio contratado».

81. Seguidamente, la autoridad judicial revisó el contenido de las declaraciones de
los señores Beatriz María Pereira, Jorge Uriel Urrego Herrea y Blanca Cecilia
Montoya, de los cuales extrajo lo siguiente:

La primera testigo, la cual fue solicitada por la parte demandada, señaló que se
desempeñó como encargada de servicio humano de la Corporación para la Salud
Fenix-Corfenix desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011 y,
posteriormente, como profesional de gestión humana del Hospital General de
Medellín E.S.E. y, debido a esas ocupaciones, le constaba que la corporación tenía
una sede en el centro asistencial, en la que laboraban tres coordinadoras y una
secretaria, que se encargaban del manejo del personal que prestaba sus servicios
en áreas asistenciales.

Que una de las coordinadoras era la de novedades, que se encargaba de la
programación de turnos, asignación de actividades y permisos, incapacidades y
novedades y, las otras dos estaban encargadas de los pisos generales del centro
asistencial.

Que la demandante recibía las indicaciones sobre sus actividades y programación
de turnos de la corporación y debía reportar cualquier novedad a la coordinadora
encargada. Que tenía total autonomía para ausentarse o no asistir al turno
programado, solo debía reportar la novedad.

Que los equipos e instrumentos eran de la E.S.E., pero la corporación debía
responder por cualquier daño o perdida. Que todo el personal debía ceñirse a los
protocolos de servicios de la entidad, los cuales corresponden a políticas de
acreditación y habilitación generales de las empresas de servicios de salud.

Que las quejas sobre la atención del personal de enfermería y auxiliares de
enfermería eran reportadas a la corporación, que se encargaba de realizar los
procesos o llamados de atención correspondientes.

El segundo indicó que era director de gestión humana de la E.S.E. desde octubre
de 2003 y, por esa razón sabía que la entidad contrató con terceros, entre ellos
cooperativas, corporaciones y sindicatos la prestación de varios servicios
asistenciales.

Que la justificación de esa contratación fue el incremento de las necesidades
asistenciales y, su mayoría, abordaron servicios específicos, subprocesos y ejes
determinados, como la enfermería y auxiliares de enfermería.

Que existían áreas determinadas en la E.S.E., en la que prestaban los servicios de
manera exclusiva del personal vinculado a través de cooperativas, corporaciones o
sindicatos.

16

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Que la E.S.E. suscribió un contrato de arrendamiento con Fenix-Corfenix, de una
oficina en la entidad, en la que realizaban el manejo y control de su personal. Que
había tres coordinadoras que se encargaban de la programación de turnos y manejo
de quejas o inconformidades en la prestación que eran reportadas por el supervisor
del contrato de prestación de servicios general.

La tercera indicó que era auxiliar de enfermería de la E.S.E. y estaba vinculada a la
planta de personal desde 1999. Se refirió de manera particular al caso del señor
José Julián Narváez Hernández y, que, desde su actividad tenía conocimiento que
en la entidad había personal vinculado por intermedio de cooperativas,
corporaciones o sindicatos de trabajo.

82. Consecuente con lo hasta aquí planteado, se observa que la sentencia objeto
de tutela realizó un análisis válido de las declaraciones aportadas al proceso,
ajustado a los criterios de la sana crítica, en tanto consideró que estas no tenían la
convicción suficiente para demostrar que la vinculación de la demandante se
desarrolló bajo una condición de subordinación pues de estas no podía deducirse
con certeza «que se le exigiera a la actora que ejecutara el objeto contractual bajo
unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad y, en tal sentido, no
se demostró que la demandada hubiera ejercido una imposición decisiva sobre la
manera en la que debía desarrollar sus actividades».

83. En efecto, la providencia cuestionada indicó que los elementos de juicio
allegados al plenario no demostraban que la dirección o supervisión de la actividad
a la que se dedicó la demandante estuvo a cargo de la E.S.E. y, tampoco se acreditó
que se hizo una tercerización ilegal de su ejercicio profesional. A juicio de la
autoridad accionada, lo anterior tenía relevancia en la medida en que no se
aportaron medios de prueba concretos que informaran con claridad sobre «las
condiciones u obligaciones exigidas para cumplir sus tareas y, en general, la forma
en la que desarrolló sus actividades».

84. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la sentencia del 13 de febrero de
2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, realizó
un análisis razonable, conjunto y adecuado de los documentos y testimonios
aportados al proceso, lo que le permitió concluir que no se demostró con claridad
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la actividad de la
tutelante, dado que estos medios de prueba no fueron suficientes para establecer
la existencia de una relación de subordinación entre la señora Liliana María Guerra
Mira y el Hospital General de Medellín E.S.E.

85. Lo anterior, por cuanto al examinar el contenido de los contratos, las
certificaciones, los testimonios y los cuadros de turnos no se podía deducir con
certeza que, mientras la demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería,
recibió órdenes e instrucciones directas por parte de empleados y funcionarios del
Hospital General de Medellín E.S.E., ya fuera sobre la forma en que debía ejecutar
sus actividades o quejas o llamados de atención por el incumplimiento de estas.

86. En suma, la parte demandante omitió desarrollar una adecuada actividad
probatoria para demostrar con certidumbre el elemento subordinación con el
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hospital demandado, por lo que, ante su ausencia de medios de prueba concretos,
no era posible determinar que, durante su vinculación, se encubrió una relación de
carácter laboral.

87. Así las cosas, se advierte que la autoridad judicial accionada efectuó de la
situación laboral de la accionante planteada en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, a partir de una valoración conjunta de los documentos
y testimonios obrantes en el expediente, especialmente; Sin embargo, estos no
fueron suficientes para verificar el contexto real en el que la señora Guerra Mira
prestó sus servicios de auxiliar de enfermería al Hospital General de Medellín E.S.E.
En consecuencia, no le asiste razón a la parte tutelante cuando afirmó que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no examinó en su
integridad las piezas procesales obrantes en el expediente.

88. En efecto, a juicio de esta sala, el análisis probatorio desarrollado por la
autoridad judicial accionada lejos de mostrar alguna situación indebida por acción
u omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos y declaraciones aportadas a la actuación judicial, por
lo que no es posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho.
Distinto es que esta corporación no le haya otorgado el valor probatorio que el
tutelante pretendía que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al
proceso.

89. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»37.

90. Por otra parte, se observa que la providencia cuestionada tampoco incurrió en
un desconocimiento del precedente, pues, la autoridad accionada en ejercicio de
su autonomía e independencia judicial explicó los motivos por los cuales el asunto
objeto de estudio no era similar al desarrollado por en otras ocasiones.

91. En efecto, la sentencia acusada indicó que: «si bien la Sección Segunda de
esta corporación en oportunidades anteriores38 ha señalado que la labor de los
auxiliares de enfermería y enfermeros tiene implícito el elemento de la
subordinación frente a la entidad de salud demandada, en el presente asunto, las
pruebas allegadas permiten arribar a una conclusión contraria, esto es, a que la
demandante no estaba supeditada al direccionamiento y control por parte de la
E.S.E. en cuanto a aspectos como el establecimiento de un horario de trabajo,

37
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
38
Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del .14 de
julio de 2022, expediente 2015-00185-01 (2088-2018) y del 31 de agosto de 2023, expediente 2015-01074 (0803-2021).
18

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impartición de órdenes o directrices y el sometimiento a reglamentos internos de
trabajo».

92. Se observa que la providencia cuestionada, contrario a lo expuesto por la
tutelante, efectuó una valoración adecuada y pertinente de los hechos, los
fundamentos normativos y las pruebas aportadas al proceso para desestimar la
pretensión de nivelación salarial invocada por la demandante, en el proceso
ordinario, toda vez que realizó un análisis comparativo de las denominaciones y
naturaleza del cargo que ocupó la accionante en el Hospital General de Medellín
E.S.E., y del empleo al que la señora Liliana María Guerra Mira pretendía nivelar
su salario.

93. De este modo, la decisión acusada expuso lo siguiente:

Realizado el anterior recuento probatorio, la Sala advierte que existen varias
diferencias entre los cargos; por ejemplo, a partir del manual de funciones allegado
en la etapa procesal pertinente se evidencia que la aquí actora ocupa el cargo de
auxiliar de la salud, código 412, grado 2; mientras que el de la señora Arango
Jaramillo corresponde al de auxiliar de la salud, código 412, grado 1.

Al revisar la exigencia de experiencia profesional para cada uno, se tiene que en el
grado de la demandante se exige seis (6) meses de experiencia relacionada,
mientras que el que, para el otro, se exige doce (12) meses; lo que da lugar a
entender que, al exigirse mayor experiencia, sería posible una mayor remuneración
y esto explicaría la diferencia entre cada una.

Sumando a lo anterior, al revisar el acto administrativo demandado, la entidad indicó
que sería negada la solicitud de nivelación salarial, por cuanto la actora fue vinculada
al Hospital General de Medellín E.S.E. mediante el Acuerdo 100 de octubre 18 de
2013, que consagra una nueva escala salarial y la nueva planta de cargos. Situación
que claramente difiere de la otra persona, quien se encuentra vinculada desde el
año 2000.

94. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 13 de febrero de
2025 estuvo soportada en un estudio razonable y coherente de los hechos y las
pruebas aportadas al proceso, conforme los principios de autonomía e
independencia judicial y sana crítica. De esta manera, si bien la providencia objeto
de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

95. Para Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico y probatorio que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.

4. CONCLUSIONES

96. Por lo anterior, la providencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
19

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-01(11559)
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por el defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente, que exija la intervención del juez de tutela.

97. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 17 de octubre de 2025
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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