RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05783-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05783-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05783-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Liliana María Guerra Mira, en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05783-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: LILIANA MARÍA GUERRA MIRA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
jurídica y a la igualdad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Contrato realidad / DEFECTO FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – No se encuentran acreditados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Liliana María Guerra Mira, en nombre propio, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 15 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad.

Hechos relevantes

2. La accionante se desempeñó como auxiliar de enfermería para el Hospital
General de Medellín E.S.E. entre los siguientes períodos:

̶ Del 1.° de julio de 2007 al 31 de julio de 2011, a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado COOPFENIX.
̶ Del 1.° de agosto de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2013, a través de la
Corporación para la Salud – CORFENIX.
̶ Del 1.° de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, a través del Sindicato de
Profesionales y Oficios de la Salud – DAR-SER.

1 Que ingresó para fallo el 29 de septiembre de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

3. A partir del 1.° de julio de 2014, la tutelante fue vinculada a la planta de personal
del Hospital General de Medellín E.S.E. como auxiliar del área de salud, en
provisionalidad. No obstante, afirmó que su asignación salarial era inferior a la
percibida por otra persona que estaba nombrada en las mismas condiciones.

4. Como consecuencia de lo anterior, el 6 de octubre de 2015, la demandante
solicitó al Hospital General de Medellín E.S.E. la declaratoria de existencia de una
relación laboral por el período comprendido entre el 1.° de julio de 2007 al 30 de
septiembre de 2013; así como la nivelación salarial desde el 1.° de octubre de 2013,
fecha en que fue vinculada en provisionalidad.

5. Por medio de acto administrativo núm. 01200000000002016000369 del 21 de
enero de 2016, el Hospital General de Medellín E.S.E. negó el reconocimiento de la
relación laboral, el pago de las prestaciones dejadas de percibir y la solicitud de
nivelación salarial.

6. Producto de ello, la señora Liliana María Guerra Mira presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Hospital General de Medellín E.S.E., con el fin de obtener (i) la nulidad del acto
administrativo precitado, (ii) la declaratoria de un vínculo laboral con entidad
demandada y (iii) su nivelación salarial y prestacional al cargo que existe en la planta
del ente de salud respecto al de auxiliar de enfermería, desde el 1.° de julio de 2014
hacía el futuro.

7. El proceso correspondió a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia que, mediante sentencia del 22 de agosto de 2022, negó las
pretensiones de la demanda.

8. A juicio del a quo, la parte actora no logró demostrar la existencia de una relación
laboral, pues no probó de manera específica el elemento de subordinación. Expuso
que, de las pruebas documentales y los testimonios rendidos en el curso del medio
de control, no se logró establecer que la señora Liliana María Guerra Mira no
ejerciera su labor en el Hospital General de Medellín E.S.E. con autonomía e
independencia.

9. Asimismo, frente a la nivelación salarial, expuso que tampoco probó los
supuestos para su procedencia pues “se limitó a allegarse el manual de funciones
sin que se demuestre con ello de que se trataban las mismas sin probar los
requisitos, clase y grados, siendo este su deber”2.

10. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue estudiado por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, por medio de providencia del 13 de febrero de 2025,
confirmó lo fallado en primera instancia.

11. El ad quem sostuvo que en el expediente no obraban pruebas que permitieran
advertir que, mientras la demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería,

2 Folio 23 del archivo “006ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

recibió órdenes e instrucciones por parte de empleados y funcionarios del ente de
salud, ya fuera sobre la forma en que debía ejecutar sus actividades o quejas o
llamados de atención por el incumplimiento de estas, situaciones que debieron ser
acreditadas por la parte demandante y que, ante su ausencia, no era posible
determinar que durante su vinculación se encubrió una relación de carácter laboral.

Pretensiones

12. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERO: Conforme a los hechos que más adelante se narran,
respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado de manera
inmediata se proceda al amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
SEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD, declarando y ordenando lo
siguiente:

SEGUNDO: Que la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN (A) incurrió en
vías de hecho y, por tanto, debe declararse la nulidad de su actuación
contenida en la sentencia del día trece (13) de febrero de dos mil veinticinco
(2025) mediante la cual se dispuso confirmar la sentencia proferida el
veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) declarada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. Por
lo anterior, solicito se deje sin efectos la providencia y, en su lugar, se
profiera una nueva decisión”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte demandante sostiene que la decisión acusada incurrió en un
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia
del 29 de junio de 2023, en cual se estableció la existencia de una presunción de
subordinación en la ejecución de funciones de enfermería, labor que no puede
desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no
pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios.

14. Expuso que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho estaba demostrado que el Hospital General de Medellín E.S.E. desbordó
los límites en la celebración de contratos de prestación de servicios. En primer lugar,
“por cuanto el tribunal y la demandada aceptan expresamente que las funciones de
enfermería contratadas son las mismas que de manera habitual y permanente
ejecuta el ente hospitalario”4; y, en segundo lugar, porque “es cierto que se puede
contratar con cooperativas, pero también lo es que debe primar la temporalidad, sin
embargo, lo que vemos en este caso es que la contratación se extiende por
aproximadamente 7 años”5.

15. En ese sentido, señaló que también se configura un defecto fáctico, puesto
que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado pasó por alto

3 Folio 16 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
4 Folio 29 ibid.
5 Ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

que el Hospital General de Medellín E.S.E. celebró trece contratos de prestación de
servicios con el propósito de ejecutar funciones propias de la entidad, los cuales se
prolongaron por un largo período. Dicha situación, expone, no sólo está prohibida
según las normas jurídicas, sino que también desvirtúa que la vinculación de la
demandante a la entidad hospitalaria, a través de cooperativas de trabajo asociado,
no desbordó las limitaciones o prohibiciones de tales asociaciones.

Trámite procesal

16. Mediante auto del 18 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Hospital General de Medellín E.S.E., al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 05001-23-33-000-2016-01989-00/01 en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

17. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

18. El Hospital General de Medellín E.S.E. solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia por cuanto no es el mecanismo para plantear
debates del orden de legal que ya fueron abordados en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. Adujo que la decisión cuestionada fue adoptada conforme con los principios
constitucionales y legales que rigen el derecho fundamental al debido proceso, la
correcta valoración probatoria y el principio de autonomía judicial. Por ello, al no
configurarse los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la
procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales, debe desestimarse
lo pretendido.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un recuento de las
actuaciones adelantadas en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-23-33-000-2016-01989-00 y
señaló que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados.

21. Expuso que, en el caso concreto, si bien se acreditó que la demandante prestó
sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín, no se
probó el elemento determinante de subordinación. Así, indicó que el análisis
probatorio realizado por la autoridad judicial evidenció que la coordinación de las
actividades, asignación de turnos, permisos y supervisión eran ejercidos por
personal vinculado a las cooperativas contratistas, sin injerencia directa del ente
hospitalario, lo que descartaba la existencia de una relación laboral.

22. Finalmente, afirmó que el fallo enjuiciado sí valoró integralmente el acervo
probatorio e incluyó testimonios, certificaciones laborales, manuales de funciones y

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

contratos interadministrativos y, con fundamento en ello, concluyó que la
demandante actuaba bajo un esquema de coordinación propio de la contratación
estatal, sin que se acreditara una inserción en el círculo organizativo y disciplinario
del hospital. Además, resaltó que la carga probatoria recae sobre la actora,
conforme con el principio onus probandi incumbit actori, y esta no aportó las pruebas
suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

24. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con la expedición de la sentencia del 13 de febrero de 2025, incurrió en
un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad de la parte
accionante?

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y (ii) el caso concreto.

Requisitos generales de procedibilidad

26. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 13 de febrero de 2025 puso fin al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo
razonable porque la providencia enjuiciada se notificó por vía electrónica el 13 de
marzo de 20256 y la tutela se interpuso el 15 de septiembre del mismo año; (iii) no
se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en
esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso

6 La decisión impugnada se envió vía correo electrónico el 11 de marzo de 2025, por lo que los dos
días hábiles establecidos para que surta la notificación de la decisión transcurrieron los días 12 y 13
de ese mes, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. En efecto, la providencia
impugnada se entiende notificada el 13 de marzo del año en curso y el conteo del plazo razonable
en el requisito de inmediatez comenzaría al día siguiente.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad; y (v) no se
trata de una sentencia de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de
Estado7 ni de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal Especial para la Paz8.

27. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica
y a la igualdad.

28. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección9, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con la valoración probatoria para declarar
la existencia de una relación laboral dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, aspecto que guarda relación con el derecho
fundamental a la seguridad social.

29. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”10 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales11”.

Análisis del caso concreto y de los defectos específicos

30. La Sala negará la solicitud de protección de derechos al no encontrar
configurado el defecto fáctico ni el desconocimiento del precedente, por las razones
que se explican a continuación:

31. Por medio de sentencia del 13 de febrero de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó las siguientes determinaciones: (i)
negó la existencia de una relación laboral entre la accionante y el Hospital General
de Medellín E.S.E., por no encontrar acreditado el elemento de la subordinación; y
(ii) negó la nivelación salarial al cargo de auxiliar de enfermería.

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
9 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
11 Ibid.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

32. Como fundamento de su decisión, se advierte que la autoridad judicial
accionada tuvo en cuenta las siguientes pruebas:

“Que el Hospital General de Medellín E.S.E. suscribió los siguientes
contratos de prestación de servicios con la Cooperativa de Trabajo
Asociado COOPFENIX de Servicios Integrales:

1. Contrato No. 242 de 2007, con el objeto de prestarle al hospital los
servicios de trabajo asociado en los procesos de enfermería a nivel
profesional, enfermería a nivel auxiliar, enfermería a nivel profesional
auxiliar y tecnología de imágenes diagnosticas por medio de personas
asociadas a la cooperativa. Con vigencia del 11 de julio de 2007 al 31 de
enero de 2008.

2. Contrato No. 23 de 2008, con el mismo objeto que el anterior. Con
vigencia del 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2009.

3. Contrato No. 343 de 2008, con el mismo objeto que el anterior. Con
vigencia del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010.

4. Contrato No. 36 de 2010, con el mismo objeto que el anterior. Con
vigencia del 1 de febrero al 30 de junio de 2010.

5. Contrato No. 228 de 2010, con el mismo objeto que el anterior. Con
vigencia del 1 de julio al 28 de febrero de 2011.

6. Contrato No. 113 de 2011, con el objeto de prestar los servicios
especializados para atender los procesos y subprocesos que comprenden
las actividades, intervenciones y procedimientos en enfermería a nivel
profesional, enfermería a nivel auxiliar, perfusión, enfermería a nivel
profesional angiografía, enfermería a nivel auxiliar angiografía, vacunación
a nivel auxiliar, digitación de vacunación, registro de vacunación, evento
en enfermería a nivel profesional vascular, evento en enfermería a nivel
asistencial. Con vigencia del 1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2012.

Que la E.S.E. también suscribió los siguientes contratos de prestación de
servicios con la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix:

1. Contrato No. 23 de 2012, con el objeto de prestar los servicios
especializados para atender las actividades, intervenciones y
procedimientos tanto efectivos como urgentes en los subprocesos que se
describen, entre ellos, enfermería a nivel profesional y auxiliar. Con
vigencia de un año, a partir del 1 de marzo de 2012 al 28 de febrero de
2013.

2. Contrato No. 266 de 2012, con el objeto de prestar los servicios
especializados para atender las actividades de intervenciones y
procedimientos ambulatorios, en los subprocesos de enfermería a nivel
auxiliar en vacunación extramural, registro de vacunación extramural,
digitación de bases de datos de vacunación extramural, en el proceso de
actividad extramural de presupuesto participativo. Con vigencia de un mes.

3. Contrato No. 67 de 2013, con el objeto de prestar sus servicios
especializados para atender las actividades, intervenciones y
procedimientos tanto electivos como urgentes en los subprocesos que se
descritos en el convenio. Con vigencia de cuatro meses.

4. Contrato No. 105 de 2013, con el objeto de prestar sus servicios
especializados para atender las actividades, intervenciones y
procedimientos ambulatorios, en los subprocesos de enfermería a nivel

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

auxiliar en vacunación extramural, registro de vacunación extramural,
digitación de bases de datos de vacunación extramural, en el proceso de
actividad extramural de presupuesto participativo. Con vigencia de dos
meses, prorrogada por dos meses más.

Según la certificación del 9 de abril de 2014 expedida por la Cooperativa
de Trabajo Asociado COOPFENIX de Servicios Integrales, la demandante
prestó sus servicios con la asociación «facilitando su fuerza de trabajo
como Auxiliar de Enfermería, en el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN,
desde el 11 de Julio de 2007 hasta el 31 de Julio de 2011. Con un convenio
de trabajo asociado a término indefinido (Decreto ley 4588 de 2006)».

También la gerencia de la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix
certificó el 9 de abril de 2014, que la señora Guerra Mira prestó sus
servicios a la corporación «facilitando su fuerza de trabajo como Auxiliar
de Enfermería, en El Hospital General de Medellín desde el 01 de Agosto
de 2011 al 30 de septiembre de 2013, con un contrato por obra labor
determinada».

Obra la certificación del 2 de mayo de 2014 del Sindicato de Profesiones y
Oficios de la Salud DAR-SER, en la que da cuenta que la demandante «se
encuentra afiliada al Sindicato desde el 01 de Octubre de 2013 hasta el 31
de Marzo de 2014, en calidad de Auxiliar de Enfermería». Asimismo,
enlista las funciones a cargo de la actora. […]”12.

33. Con fundamento en lo anterior, la parte demandada encontró que la vinculación
de la actora con COOPFENIX, la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix y el
sindicato DAR-SER tuvo lugar a través de diferentes modalidades contractuales, sin
embargo, ninguna de ellas demostró las características y condiciones en las que se
desarrolló el vínculo de la accionante con las diferentes asociaciones en las que
ejerció su labor como auxiliar de enfermería.

34. Al respecto, si bien en el material probatorio obrante en el expediente figuran
algunos cuadros de turno de los auxiliares de enfermería en el año 2013 y un
recuadro de número de horas del mes que oscilaba entre 150 y 240 horas, en el
caso en estudio, a juicio de la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, dicho supuesto no podía considerarse por sí solo como demostrativo
de la existencia de una relación laboral en situación de subordinación y dependencia
continuada, pues obedecía a la finalidad del servicio.

35. Asimismo, en cuanto a la presunción de subordinación en la ejecución de
labores de enfermería, la decisión acusada precisó que, aunque este aspecto fue
señalado por la jurisprudencia en oportunidades anteriores, en el presente asunto
las pruebas arrimadas al plenario permitían arribar a una conclusión contraria. Es
decir, que la actora no estaba supeditada al direccionamiento y control por parte de
la E.S.E. en cuanto a aspectos como el establecimiento de un horario de trabajo,
impartición de órdenes o directrices y el sometimiento a reglamentos internos de
trabajo.

36. Lo anterior, en razón a que no se demostró que la señora Liliana María Guerra
Mira recibiera (i) órdenes e instrucciones por parte de empleados del Hospital

12 Folios 11 y 12 de la sentencia del 13 de febrero de 2025. Visible en Samai, archivo
“007ED_SentenciaSegundaInstancia(.pdf) NroActua 2”.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

General de Medellín E.S.E.; (ii) indicaciones sobre la manera en la cual debía
ejecutar sus actividades; o (iii) quejas o llamados de atención por el incumplimiento
de estas. Así, al ser aspectos que, en virtud del principio de carga de la prueba,
debían ser demostrados por la interesada, no era posible determinar que durante
su vinculación al ente de salud se encubriera una relación de carácter laboral.

37. Frente a ello, en la decisión del 13 de febrero de 2025, esta Corporación indicó:

“Se resalta que, aun cuando en otras oportunidades se ha estudiado la
existencia de una relación laboral encubierta frente a entidades estatales
cuando aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través
de cooperativas de trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y
sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de
la labor, en el presente asunto, a partir de las pruebas no se demuestra algo
más allá que el vínculo asociativo existente entre la demandante y las
cooperativas, pues no se tiene mayores elementos para determinar las
circunstancias en que se desarrolló dicha relación.

En el caso, no logra identificarse con precisión si las condiciones y
particularidades en que se dio la vinculación de la demandante a la E.S.E a
través de las cooperativas de trabajo desbordaron las limitaciones o
prohibiciones de tales asociaciones, imposibilitándose, de esta forma, el
análisis de si existió o no alguna clase de intermediación o tercerización
laboral ilegal, en los términos pretendidos en el proceso”13.

38. En igual sentido, respecto de los testimonios aportados al proceso, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que no
existían pruebas que permitieran afirmar que la relación entre las partes se
desarrolló bajo un vínculo de subordinación. Ello, porque las declaraciones rendidas
por los testigos no evidenciaron que la actora estuviera sujeta a órdenes o
condiciones específicas de tiempo, lugar o modo impuestas por la entidad
contratante. En consecuencia, no se acreditó que el Hospital General de Medellín
E.S.E. ejerciera un control o dirección determinante sobre la forma en que la auxiliar
de enfermería debía cumplir con sus funciones.

39. Contrario a ello, se encontró que los testimonios recopilados señalaron que las
labores desempeñadas por la parte accionante mientras estuvo vinculada a la
Corporación para la Salud Fenix-Corfenix eran responsabilidad directa de dicha
asociación. Esto implica que la dirección y supervisión de sus actividades no recaían
en la E.S.E. sino en la corporación mencionada, que era la encargada de coordinar
el trabajo de su personal.

40. Asimismo, en la decisión enjuiciada quedó consignado que los declarantes
precisaron que la asociación contaba con una oficina dentro del centro asistencial y
con un personal administrativo encargado de la organización operativa, el cual era
quien distribuía los turnos, asignaba las tareas y gestionaba las novedades del
equipo humano vinculado a la asociación, lo que refuerza la conclusión de que no
existió subordinación al Hospital General de Medellín E.S.E.

13 Folio 16 ibid.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

41. En ese sentido, al no haberse demostrado la existencia de una subordinación
continua, requisito esencial para configurar una relación laboral, la autoridad judicial
demandada concluyó que en los contratos celebrados entre el Hospital General de
Medellín E.S.E. y la señora Liliana María Guerra Mira no se reunieron todos los
elementos necesarios para establecer la existencia de un vínculo laboral.

42. Finalmente, en lo relacionado con la solicitud de nivelación salarial, la decisión
acusada precisó que existía una diferencia entre el cargo desempeñado por la
accionante y el cargo con el que se pretendía comparar su remuneración básica y
prestacional. Esto, por cuanto el primero es de nivel asistencial, código 412, grado
2 y exige una experiencia de seis meses; mientras que el segundo corresponde al
nivel asistencial, código 412, grado 1 y exige una experiencia de doce meses.

43. Sobre este punto, en la sentencia atacada se indicó:

“Realizado el anterior recuento probatorio, la Sala advierte que existen
varias diferencias entre los cargos; por ejemplo, a partir del manual de
funciones allegado en la etapa procesal pertinente se evidencia que la aquí
actora ocupa el cargo de auxiliar de la salud, código 412, grado 2; mientras
que el de la señora Arango Jaramillo corresponde al de auxiliar de la salud,
código 412, grado 1.

Al revisar la exigencia de experiencia profesional para cada uno, se tiene
que en el grado de la demandante se exige seis (6) meses de experiencia
relacionada, mientras que el que, para el otro, se exige doce (12) meses; lo
que da lugar a entender que, al exigirse mayor experiencia, sería posible
una mayor remuneración y esto explicaría la diferencia entre cada una.

Sumando a lo anterior, al revisar el acto administrativo demandado, la
entidad indicó que sería negada la solicitud de nivelación salarial, por cuanto
la actora fue vinculada al Hospital General de Medellín E.S.E. mediante el
Acuerdo 100 de octubre 18 de 2013, que consagra una nueva escala salarial
y la nueva planta de cargos. Situación que claramente difiere de la otra
persona, quien se encuentra vinculada desde el año 2000.

Cabe resaltar que tal acuerdo no fue aportado por ninguna de las partes y
tampoco se cuenta con los parámetros que regulan la situación salarial y
prestacional de la otra persona, por lo que la Sala no puede determinar cuál
es este régimen para compararlo con el nombramiento de la señora Liliana
Arango Jaramillo, por lo que se concluirá que la demandante no acreditó de
manera suficiente los supuestos de hecho para exigir la nivelación”14.

44. De esta manera, lejos de acreditarse un desconocimiento del precedente, una
falta de valoración o una indebida valoración probatoria por parte de la autoridad
judicial accionada, en este caso lo que resulta evidente constituye una
inconformidad de la parte accionante con las conclusiones a las cuales arribó el juez
de lo contencioso administrativo al momento de resolver la segunda instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Inclusive, este
cuestionamiento no se relaciona con la desatención de una norma judicial, por lo
que es inexistente el defecto de desconocimiento del precedente.

14 Folio 18 ibid.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05783-00
Accionante: Liliana María Guerra Mira
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

45. Por lo anterior, no encuentra esta Subsección que la decisión del 13 de febrero
de 2025 haya incurrido en alguna de las causales específicas de procedibilidad,
toda vez que la valoración efectuada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se basó en las pruebas y los testimonios aportados al
plenario. Por ello, cualquier pronunciamiento que realice el juez constitucional sobre
las conclusiones a las que, en derecho, llegó el juez natural de la causa, sería actuar
más allá de su órbita de competencia que confiere la acción de tutela.

46. En este orden de ideas, se negará la acción de tutela presentada por la señora
Liliana María Guerra Mira contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora Liliana María Guerra Mira, en nombre propio, contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.