Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00061-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00061-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00061-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020)
Demandante: Paola Andrea Santa Parra
Demandado: E.S.E Salud Pereira y TEMPOEFICAZ S.A.S.
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta/ auxiliar de
enfermería.
Decisión: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia que
declaró la existencia de la relación laboral encubierta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y la ESE demandada en contra de la
sentencia de 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
PRIMERO: La parte demandante solicita declarar la nulidad del acto
administrativo No. D-2984 de 26 de noviembre de 2016, expedido por la E.S.E.
Salud Pereira, mediante el cual negó el reconocimiento y pago del reajuste
salarial, las prestaciones legales y extralegales con la respectiva indexación.
SEGUNDO: Como consecuencia, declarar la existencia de una relación de
carácter laboral entre la actora y la entidad demandada desde el 05 de julio de
2006 hasta el 30 de junio de 2016 sin solución de continuidad.
TERCERO: Ordenar a la E.S.E. Salud Pereira y la Empresa de Servicios
Temporales Tempoeficaz S.A.S a liquidar y pagar a la actora, a título de
restablecimiento del derecho las diferencias salariales y el total de las
prestaciones sociales legales y extralegales, conforme a los derechos laborales
de los empleados de planta que realizan las mismas funciones tales como:
salario, vacaciones, compensación de vacaciones, cesantías, intereses a las
cesantías, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de transporte, dotación
de vestido y calzado para la labor, subsidio de alimentación, bonificación por
antigüedad, conforme al principio de la realidad y al derecho a la igualdad por
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Fls 61 a 91 del expediente
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el período comprendido entre el 05 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de
2016. Asimismo, que el pago pretendido sea indexado al momento en que se
realice y con el valor mensual del último contrato celebrado entre las partes.
CUARTO: Ordenar a la E.S.E. Salud Pereira y a la Empresa de Servicios
Temporales TEMPOEFICAZ S.A.S a reconocer y pagar el trabajo
suplementario o recargos desde el 05 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de
2016 durante el tiempo en que duró la relación laboral conforme al valor pactado
en los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados, según los
cuadros de turnos que la entidad le imponía.
QUINTO: Condenar a la E.S.E Salud Pereira a pagar a título de indemnización
las cotizaciones de Caja de Compensación Familiar durante el tiempo de
duración de la relación laboral 5 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2016.
SEXTO: Condenar a las entidades demandadas al pago de los demás salarios
y prestaciones sociales que se deben reconocer a un empleado de planta de la
E.S.E Salud Pereira, conforme a la ley y a los postulados constitucionales del
derecho a la igualdad.
SÉPTIMO: Condenar a la E.S.E Salud Pereira al pago de la sanción moratoria
por cada día de retardo en el pago, así como al pago de las costas procesales.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Paola Andrea Santa Parra relata a través de su apoderada judicial lo
siguiente:
i) Prestó sus servicios para la E.S.E. Salud Pereira, en el cargo de auxiliar de
enfermería en la unidad intermedia de cuba, áreas de urgencia y hospitalización
de la unidad intermedia de Kennedy, mediante contratos de prestación de
servicios, de manera ininterrumpida desde el 05 de julio de 2006 hasta el 30 de
junio de 2016.
ii) Como funciones específicas a realizar le correspondió, entre otras, la de
recibir y entregar turnos en compañía de la enfermera jefe del servicio, quien
era la que le ordenaba las tareas y los servicios que le tocaba día a día;
canalizar las venas; aplicar medicamentos que le ordenaban a los pacientes
que llegaban a consulta; realizar anotaciones en los cambios de estado de las
historias clínicas, asistir a las reuniones mensuales programadas por la
enfermera jefe.
iii) Afirma que los elementos esenciales de la existencia de la relación laboral
ejecutada se evidencian al efectuarse de manera personal la realización del
trabajo, bajo la subordinación ejercida por sus superiores (jefe de enfermería,
médico de turno a quien le servicia de auxiliar de enfermería o, en su defecto,
por el subgerente asistencia de la E.S.E en donde prestaba sus servicios).
Además, de la consecuente remuneración establecida por el empleador.
iv) Sostiene que cumplía con los horarios de trabajo requeridos por la E.S.E.
demandada en las mismas condiciones y necesidades de aquellos funcionarios
de planta que realizaban las mismas labores. Así, de acuerdo con lo asignado
por su jefe inmediato, contaba con turnos de horario de 6 horas por la mañana
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(7 am a 1 pm); turnos por la tarde de 6 horas (1 pm a 7 pm) y turnos corridos
de 12 horas (7 am a 7 pm) y turnos de noche de (7 pm a 7 am).
v) Que entre el año 2013 y 2014, la E.S.E Salud Pereira contrató el servicio de
suministro y administración de recurso humano asistencial y administrativos
para todos los servicios de la empresa temporal llamada TEMPOEFICAZ S.A.S,
con lo cual afirma tuvo una mejoría en las condiciones laborales dado al
reconocimiento de ciertas prestaciones sociales, las cuales, en todo caso,
resultaban ser inferior a los emolumentos reconocidos a los empleados de
planta.
vi) Sostiene que con la empresa TEMPOEFICAZ S.A.S ejecutó tres contratos
de prestación de servicios como auxiliar de enfermería, en calidad de trabajador
en misión al servicio de la ESE Salud Pereira, bajo las mismas condiciones
iniciales, para los períodos comprendidos entre el 5 de marzo hasta el 8 de
septiembre del 2013 y desde el 5 de octubre de 2013 hasta el 22 de marzo de
2014.
vii) Que el salario devengado en la ejecución de sus actividades en
TEMPOEFICAZ S.A.S fue de $870.000 (M/CTE) y, de acuerdo con certificado
expedido por el gerente de la E.S.E demandada, los auxiliares de enfermería
de planta devengaban un salario base para los años 2013 y 2014 $1.285.087 y
$1.323.640 respectivamente. Denotándose que, pese a realizar las mismas
funciones, la actora recibía menos emolumentos por el servicio realizado.
viii) Agrega que a la terminación de la relación contractual con la empresa
TEMPOEFICAZ S.A.S y la ESE Salud Pereira, fue notificada que seguiría
laborando en la en ESE a través de un nuevo contrato de prestación de
servicios. Sin embargo, culmina señalando que la relación contractual fue
terminada sin justa causa el 30 de junio de 2016.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación.
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: Constitución Política, artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 48,
53, 90, 209, 300 numeral 7. Código Sustantivo del Trabajo artículos 23, 35, 143
y 65. Decreto Ley No. 1042 de 1978 articulo 2. Decreto 3135 de 1969 artículos
1, 5, 6, y 8. Decreto 1848 de 1969. Decreto 1295 de 1994. Ley 100 de 1993.
Ley 21 de 1982. Ley 50 de 1990. Artículo 19 de la Ley 909 de 2004 y articulo
17 y parágrafo de la Ley 790 de 2002.
Como concepto de violación, en resumen, fundamenta su solicitud en el
principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades
legales establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Destacando
que, independiente del título con que cuente una relación contractual, si en ella
se configuran los elementos para determinar la existencia de una relación
laboral encubierta, esta debe primar sobre cualquier otra, para tal fin destaca la
sentencia de la H. Corte Constitucional T-291/05.
Resalta que desde que ingresó a laborar en la ESE, la actora cumplió con los
elementos propios de una relación laboral, eso es, la subordinación, prestación
personal del servicio y remuneración; al tiempo que realizó las mismas labores
que ejecutaron los auxiliares de enfermería adscritos a la planta de personal de
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la entidad, de forma que se logra desvirtuar la existencia del aparente contrato
de prestación de servicios.
1.4. Contestación de la demanda
La Empresa de Servicios Temporales TEMPOEFICAZ S.A.S2, a través de
apoderada judicial, contestó la demanda incoada, precisando que la
demandante prestó sus servicios en la empresa a través de un contrato de
trabajo como auxiliar de enfermería para ser enviada a la E.S.E Salud Pereira,
a fin de dar cumplimiento de los contratos de prestación de servicios No.
006/14; 011/14; 013/14; 015/14, 016/14 suscritos entre la empresa de servicios
temporales con la E.S.E Salud Pereira para responder al incremento de trabajo
de los servicios que se encuentran por fuera de su actividad normal.
Que TEMPOEFICAZ S.A.S inicialmente celebró con la actora un contrato de
trabajo a término fijo y luego contrato de trabajo por obra o labor. Además,
señala que para los contratos celebrados fueron cancelados todos los salarios
pactados, tiempo suplementario, prestaciones sociales, dotación, uniformes y
afiliaciones al sistema de seguridad social, por lo que no se le violó algún
derecho constitucional a la demandante durante la relación contractual.
Afirma que la actora fue contratada respetando la escala salarial que le
correspondía a un empleado que realizaba las mismas funciones en la E.S.E
Salud Pereira durante el período comprendido entre el 5 de marzo de 2013 y el
22 de marzo de 2014, es decir, durante el tiempo en que se surtió la relación
laboral.
En consecuencia, solicitó que sean negadas las pretensiones y, como medios
exceptivos se propusieron las siguientes: i) la inexistencia de las obligaciones
demandadas con respecto a la empresa de servicios TEMPOEFICAZ S.A.S; ii)
Falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) Mala fe por parte del
accionante; iv) cobro de lo no debido; v) prescripción; vi) pago con respecto a
la empresa de servicios temporales S.A.S; vii) genérica.
Por su parte, la E.S.E Salud Pereira3 contestó la demanda a través de
apoderado judicial, para lo cual indicó que la actora en el desarrollo de sus
funciones no laboró de manera ininterrumpida con la entidad desde el 05 de
julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2016. Por el contrario, se adujo que entre
aquella y la E.S.E existieron unos contratos de prestación de servicios en los
cuales la actora se encargaba de desarrollar los objetos contratados con base
en unos plazos, honorarios previamente fijados, así como con independencia y
autonomía. De modo que no realizaba labores propias del personal de planta
y no se le adeudaba, en consecuencia, rubros por concepto de prestaciones
sociales y demás emolumentos que reclama en sede judicial.
Por otra parte, se afirma que si bien la E.S.E Salud Pereira celebró contratos
con la empresa TEMPOEFICAZ S.A.S para los años 2013 y 2014 a fin de
suministrar y administrar el recurso humano asistencial y administrativo, a la
E.S.E no le consta las labores que fueron realizadas por la demandante en
aquella empresa.
2
Fls 296-313 Cdr 2 expediente.
3
Fls 394-401 Cdr 2 expediente.
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Sostiene que el acto acusado goza de legalidad, pues fue realizado bajo los
preceptos legales. Además, expone que los contratos de prestación de
servicios celebrado por la demandante con la entidad se realizaron en razón al
perentorio cumplimiento de obligaciones por las que debía responder la E.S.E
con las ARS, el instituto municipal de salud, la gobernación de Risaralda, el
municipio de Pereira y el aeropuerto de Pereira.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones, al tiempo que se propusieron
las siguientes excepciones: i) inexistencia del contrato de trabajo o la relación
laboral; ii) falta de jurisdicción; iii) inexistencia de causa para demandar y cobro
de lo no debido; iv) indeterminación de periodos laborales; v) buena fe; vi)
prescripción; vii) innominada.
1.5. Sentencia de primera instancia4
La Sala Tercera de Decisión del Tribunal de Administrativo de Risaralda dictó
sentencia sobre el presente asunto el 18 de octubre de 2019, mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. D-2984 de
26 de noviembre de 2016 expedido por la E.S.E Salud Pereira. A lo anterior se
llegó a través de los siguientes argumentos:
En cuanto al cumplimiento de los elementos de la prestación personal del
servicio y remuneración, estableció el Tribunal de instancia que de los contratos
de prestación de servicios adjuntos al expediente se podía concluir que, en
efecto, la actora prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la entidad
demandada y por ellos recibió una remuneración.
Respecto al elemento de subordinación, precisó que las funciones adelantadas
no eran transitorias; y que del período por el cual fue contratada la demandante
era factible concluir la existencia de una permanencia en la prestación de sus
servicios. Encontró, además, que ella desarrollaba funciones propias de un
funcionario de planta, lo que la hacía acreedora de las prestaciones y demás
prebendas a los que aquellos tenían derecho.
Que del material probatorio se concluía que la actora prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería para los períodos comprendidos entre el 5 de julio de
2006 hasta el 30 de junio de 2016, exceptuando sus interrupciones, para lo cual
cumplía con un horario toda la semana en turnos de 6 y 12 horas bajo la directriz
de una enfermera jefe de la E.S.E, quien a su vez tenía la calidad de impartir
las órdenes y funciones que la demandante debía cumplir en el desarrollo de
sus actividades.
Por su parte, en cuanto a la relación contractual de la actora con la empresa
TEMPOEFICAZ S.A.S, teniendo de presente que dicha empresa suscribió un
contrato de suministro de recurso humano con la E.S.E para los años 2013 y
2014; y que la actora realizó labores de enfermería durante el período de 5 de
marzo de 2013 hasta el 22 de marzo de 2014, exceptuando sus interrupciones,
se indicó que los usuarios de las empresas temporales solo pueden adquirir los
servicios de los trabajadores vinculados para desarrollar labores transitorias u
ocasionales, no de manera permanente y definida con en efecto ocurrió en el
Fls. 491 a 519 Cdr 3 expediente
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presente caso, pues la E.S.E Salud Pereira contrato a la TEMPOEFICAZ S.A.S
para el desarrollo de funciones permanentes e inherentes a la entidad.
Por ello, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de TEMPOEFICAZ S.A.S en cuanto al pago de los valores que debían
reconocérsele a la demandante, quedando entonces bajo la titularidad de la
E.S.E Salud Pereira el pago de aquellos emolumentos.
Así, a fin de realizar el reconocimiento de las prestaciones sociales, se
determinó la existencia de dos bloques temporales en los que se divide la
relación laboral de la actora con la E.S.E Salud Pereira (5 de julio de 2006 hasta
el 30 de junio de 2016), para los períodos que transcurren entre: i) el 5 de julio
de 2006 al 14 de agosto de 2008 y ii) 24 de octubre de 2008 al 30 de junio de
2016. Así, se precisó que, en razón a que dentro de uno y otro período temporal
existía una diferencia de más de 2 meses y 9 días, y en vista de que la solicitud
de reconocimiento de los derechos laborales fue realizada el 22 de octubre de
2016, sobre el primero de aquellos operó el fenómeno de la prescripción trienal
de los derechos laborales y salariales derivados de la declaratoria de la relación
laboral, situación que no ocurría respecto al segundo período laborado.
Por lo cual, se reconoció el derecho al pago de las prestaciones sociales,
cesantías, intereses a las cesantías y primas legales durante los períodos
comprendidos entre el 24 de octubre de 2008 al 30 de junio de 2016,
exceptuando sus interrupciones.
Además, se precisó que, para los períodos comprendidos entre el 5 de marzo
de 2013 al 22 de marzo de 2014, exceptuando sus interrupciones, en el cual la
actora estuvo vinculada a la empresa TEMPOEFICAZ S.A.S, se reconocieron
las diferencias prestacionales a la demandante en virtud de los contratos de
prestación de servicios suscritos durante dicho lapso, con lo devengado por el
personal de planta en el cargo de auxiliar de enfermería de la entidad
demandada.
En consecuencia, se declaró la nulidad del acto administrativo demandado y
por tal conducto se condenó a la ESE Salud Pereira a pagar en favor de la
demandante las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios suscritos en los períodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral; cancelar los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar al sistema
de seguridad social; efectuar las cotizaciones a que hubiera lugar al respectivo
fondo de pensiones y al pago de la compensación en dinero de la dotación
correspondiente al período laboral del 5 de marzo de 31 de diciembre de 2013
(2 dotaciones) y del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (1 dotación).
Por último, se expusieron los argumentos por los cuales se negó acceder al
reconocimiento de la prima de servicios, las bonificaciones de servicios
prestados, antigüedad y alimentación, las cotizaciones efectuadas a la Caja de
Compensación Familiar, trabajo suplementario, horas extras y sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, dado que, la
relación encubierta declarada en favor de la demandante no le daba la
condición de empleada pública, aunado al hecho de que no fueron aportados
los elementos de pruebas que acreditaran la acusación de alguno de los
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emolumentos pretendidos.
1.6. Recursos de apelación
1.6.1. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, solicitando el reconocimiento de la totalidad de
las prestaciones sociales pretendidas en el libelo inicial, por considerar que
tiene derecho a ellas.
En efecto, señala, en síntesis, en cuanto al pago de la prima de servicios y de
la bonificación de servicios prestados que, la entidad demandada siempre ha
cancelado estos emolumentos a sus enfermeras profesionales de planta,
situación que se encuentra acreditada en las probanzas adjuntas al expediente,
puntualmente a folio No. 457.
Sobre las cotizaciones a la caja de compensación familiar y riesgos
profesionales (ARL), indicó que para el reconocimiento de dichos emolumentos
solamente se debía probar la existencia de los requisitos de la ley 21 de 1982,
y se afirma que de dicha norma es beneficiaria la actora. Además, para acceder
a estos beneficios se probó la existencia de una relación laboral-encubierta, por
lo que en consecuencia la demandante es acreedora de todas las prestaciones
sociales y los beneficios que dejó de recibir en vista de la contratación que
suscribió con la entidad.
Para la bonificación por antigüedad y el subsidio de alimentación, afirma que
dichos emolumentos son recibidos por las auxiliares de enfermería del personal
de planta de la entidad, por lo cual, en aplicación de la ley laboral y el principio
de igualdad, es menester que se le cancelen tales rubros. Además, solicita el
reconocimiento y pago de trabajo suplementario, pues de las pruebas allegadas
al plenario se demuestra la extensión de las labores y los horarios
extralaborales en los cuales prestó sus servicios. Y solicita el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por no consignación de cesantías a un fondo
privado.
Por último, solicitó la verificación de las consideradas interrupciones entre la
prestación de los servicios prestados por parte del Tribunal de primera instancia
y las costas procesales.
1.6.2. La parte demandada E.S.E. Salud Pereira6 interpuso igualmente
recurso de apelación en contra de la decisión tomada en primera instancia, a
efectos de que se desestimen las razones de la condena y se revoque la misma.
Para tal fin, expone que, contrario a lo considerado en la decisión apelada, entre
la demandante y la entidad existieron contratos de prestación de servicios y no
una relación encubierta en la que se configuraran los elementos de prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación.
Sostiene que la coordinación, incluyendo instrucciones y el cumplimiento de un
horario, no es más que la organización y continuación en la prestación del
5
Fls. 521 a 527 Cdr 3 expediente
6
Fls. 541 a 543 Cdr 3 expediente
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servicio a los usuarios, situación que no conlleva concluir la existencia de
dependencia y subordinación.
Afirma que las órdenes de prestación de servicios suscritas por las partes se
deben a la imposibilidad con la que contaba la entidad de prestar el servicio
misional con su personal de planta, por lo que no era suficiente.
Expresa que del material probatorio no se desprende que la demandante
estuviera sometida al cumplimiento de unos cuadros de turnos previamente
establecidos; llamados de atención y/o aperturas de procesos disciplinarios, lo
que permite concluir, igualmente, que entre las partes no existió una relación
laboral.
1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.7.1. La parte demandante7 insistió en los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación.
1.7.2. La entidad demandada E.S.E Salud Pereira8 reiteró las explicaciones
dadas en la contestación y en el recurso de apelación.
1.7.3. La empresa de servicios temporales TEMPOEFICAZ S.A.S9 presentó
alegatos solicitando que se confirmara en la sentencia en primera instancia en
cuanto a su absolución de las pretensiones propuestas por la actora.
1.7.4. El Ministerio Público se abstuvo de presentar concepto en esta etapa
procesal.
II. CONSIDERACIONES
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones.
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso11, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
apelaron ambas partes el Superior resolverá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
7
Índice 19 SAMAI segunda instancia
8
Índice 14 SAMAI segunda instancia.
9
Índice 16 SAMAI segunda instancia
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos […]».
11
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre la señora Paola Andrea Santa Parra y la ESE Salud Pereira existió una
relación laboral encubierta o subyacente entre el 5 de julio de 2006 y el 30 de
junio de 2016?;
De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción?
y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo, además de las reconocidas en primera
instancia las relacionadas con prima de servicios, bonificación de servicios
prestados, bonificación por antigüedad, subsidio de alimentación, trabajo
suplementario así como las cotizaciones a caja de compensación familiar y
riesgos profesionales, sanción moratoria por no consignación de cesantías? o
si por el contrario existió una relación eminentemente contractual con la entidad
demandada, sin derecho a prestación alguna.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111
de la OIT,12 constituye, junto con otros principios convencionales,13 un axioma
laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:
12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica),
Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el
cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado
en función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
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asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política14.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término
estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios
previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual,
en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al
sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la
Administración, es improcedente la devolución de los valores que
el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron
como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201615, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización16, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término17.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
15
Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
16
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de prestación de
servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de
los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores,
que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
17
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado de forma
expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren causadas, mes
a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como empleadora.
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2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico.
El material probatorio recaudado en el proceso relevante demuestra lo
siguiente:
• Órdenes de prestación de servicios suscritos entre el demandante y la E.S.E
Salud Pereira y la empresa Tempoeficaz S.A.S. acuerdo con las pruebas
documentales aportadas al plenario, se colige que la señora Paola Andrea
Santa Parra tuvo las siguientes vinculaciones con la E.S.E Salud Pereira y la
empresa Tempoeficaz S.A.S:
Órdenes de prestación de servicios
# Identificación Fecha de Fecha de Duración Objeto
contrato u inicio terminación
adición
1 O P N o 3 9 0 18 - 05/07/2006 04/08/2006 1 mes “La contratista se
2006 compromete con la ESE
2 OP No 4 3 4 19- 05/08/2006 04/09/2006 1 mes Salud Pereira prestar sus
2006 servicios como auxiliar
3 OP No 6 4 9 20- 06/09/2006 31/01/2007 4 meses de enfermería, en la
2006 unidad intermedia de
4 OP No 048- 01/02/2007 31/06/2007 5 meses salud centro, (…)”
2 0 0 7 21
5 O P N o 6 5 9 22 1/07/2007 30/11/2007 5 meses
6 Adición No. 01/12/2007 07/01/2008 38 días
001 a la OP
N o . 6 5 0 - 2 0 0 7 23
7 OP No. 057- 08/01/2008 26/01/2008 19 días
2 0 0 8 24
8 OP No. 305- 27/01/2008 23/06/2008 5 meses
2 0 0 8 25
9 OP No. 612 - 24/06/2008 14/07/2008 21 días
2 0 0 8 26 “La contratista se
10 OP No. 888 - 15/07/2008 14/08/2008 1 mes compromete con la ESE
2 0 0 8 27 Salud Pereira prestar sus
11 OP No. 1245 - 24/10/2008 05/12/2008 42 días servicios como auxiliar
2 0 0 8 28 de enfermería asignada
12 OP No. 1467 - 06/12/2008 05/01/2009 1 mes al área de urgencia, o en
2 0 0 8 29 el servicio donde se
requiera de la unidad
13 OP No. 059 - 06/01/2009 05/06/2009 6 meses
2 0 0 9 30 Intermedia de salud
18
Fl 22 Cdr 1 expediente
19
Fl 23 Cdr 1 expediente
20
Fl 24 Cdr 1 expediente
21
Fl 25 Cdr 1 expediente
22
Fl 26 Cdr 1 expediente
23
Fl 27 Cdr 1 expediente
24
Fls 472-473 Cdr 3 expediente
25
Fls 474-475 Cdr 3 expediente
26
Fl 28 Cdr 1 expediente
27
Fl 29 Crd 1 expediente
28
Fl 30 Crd 1 expediente
29
Fl 31 Crd 1 expediente
30
Fl 32 Crd 1 expediente
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14 OP No.694 - 06/06/2009 05/10/2009 4 meses Kennedy, o en la Unidad
2 0 0 9 31 intermedia de salud en
15 OP No. 1103 - 0 3 / 1 1 / 2 0 0 9 33 05/01/2010 64 días donde se requiera de
2 0 0 9 32 acuerdo a la necesidad
16 OP No. 0055- 06/01/2010 05/08/2010 7 meses del servicio de la
2 0 1 0 34 Empresa Social del
17 OP No. 0594 - 06/08/2010 05/12/2010 4 meses Estado Salud Pereira”
2 0 1 0 35
18 Adición No. 06/12/2010 06/01/2011 30 días
001 a la OP
No. 0594 -
2 0 1 0 36
19 O.P No. 051- 07/01/2011 06/06/2011 5 meses
2 0 1 1 37
20 O.P No.541 - 07/06/2011 06/11/2011 5 meses
2 0 1 1 38
21 Adición No. 07/11/2011 02/01/2012 57 días
001 a la OP
No. No.541 -
2 0 1 1 39
22 O.P No. 090- 03/01/2012 02/05/2012 4 meses
2 0 1 2 40
23 Adición No. 03/05/2012 30/05/2012 27 días
001 a la OP
N o . 0 9 0 - 2 0 1 2 41
24 Adición No. 31/05/2012 30/06/2012 30 días
002 a la OP
N o . 0 9 0 - 2 0 1 2 42
25 O.P No. 674- 01/07/2012 31/08/2012 2 meses
2 0 1 2 43
26 O.P No. 1080- 1/09/2012 31/10/2012 2 meses
2 0 1 2 44
27 Adición No. 01/11/2012 08/11/2012 8 días
001 a la OP
No. 1080-
2 0 1 2 45
28 O.P No. 1399- 14/11/2012 04/01/2013 1 mes y 22
2 0 1 2 46 días
29 O.P No. 157- 05/01/2013 04/03/2013 2 meses
2 0 1 3 47
CONTRATO DE TRABAJO PAOLA ANDRA SANTA PARRA Y TEMPOEFICAZ S.A.S
31
Fl 33 Crd 1 expediente
32
Fl 34 Crd 1 expediente
33
Según se indica en el acta de inicio que reposa en el folio 35 cuaderno 1 del expediente.
34
Fl 36 Crd 1 expediente
35
Fl 37 Crd 1 expediente
36
Fl 38 Crd 1 expediente
37
Fl 40 Crd 1 expediente
38
Fl 41 Crd 1 expediente
39
Fls 42-43 Cdr 1 expediente
40
Fl 44 Crd 1 expediente
41
Fl 45 Crd 1 expediente
42
Fl 46 Crd 1 expediente
43
Fl 47 Crd 1 expediente
44
Fl 49 Crd 1 expediente
45
Fl 50 Crd 1 expediente
46
Fl 51 Crd 1 expediente
47
Fls 52-53 Crd 1 expediente
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00061-01
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
30 Contrato de 05/03/2013 04/07/2013 4 meses “el empleador contrata
t r a b a j o ( C T ) 48 los servicios personales
31 C T 49 5 d e j u l i o 05/07/2013 18/07/2013 15 días del trabajador y este se
32 Otro Sí #1 19/07/2013 03/08/2013 21 días obliga a: a) a poner al
contrato a servicio del empleador
término fijo toda su capacidad normal
de 5 de julio de trabajo en forma
de 2 0 1 3 50 exclusiva en el
33 51
Otro Sí #2 04/08/2013 10/10/2013 68 días desempeño de las
contrato a funciones propias del
término fijo oficio mencionado y las
de 5 de julio labores anexas y
de 2013 complementarias del
34 CT de 5 de 05/10/2013 10/10/2013 5 días mismo de conformidad
o c t u b r e 52 con las ordenes e
35 Contrato de 12/10/2013 22/03/2014 54 instrucciones que le
O b r a l a b o r 53 imparta el empleador o
sus representantes”
Relación contractual con la E.S.E
36 Contrato de 01/04/2014 31/05/2014 2 meses
Prestación de
Servicios
(CPS) No.
1 4 8 - 1 4 55
37 Adición No. 01/06/2014 31/06/2014 1 mes
001 CPS No.
1 4 8 - 1 4 56
38 CPS No. 592- 01/07/2014 31/09/2014 4 meses “La contratista se
1 4 57 compromete con la ESE
39 Adición No. 01/11/2014 31/12/2014 2 meses Salud Pereira prestar sus
001 CPS No. servicios como auxiliar
5 9 2 - 1 4 58 de enfermería asignada
40 CPS No. 076- 01/01/2015 15/02/2015 45 días al área de urgencia, o en
7 5 59 el servicio donde se
41 CPS No. 391- 16/03/2015 30/06/2015 105 días requiera de la unidad
2 0 1 5 60 Intermedia de salud
42 CPS No. 853 01/07/2015 31/08/2015 2 meses Kennedy, o en la Unidad
d e 2 0 1 5 61 intermedia de salud en
donde se requiera de
43 Adición No. 01/09//2015 31/10/2015 2 meses
001 CPS No. acuerdo a la necesidad
del servicio de la
8 5 3 d e 2 0 1 5 62
Empresa Social del
Estado Salud Pereira”
48
Fls 55 – 56 Crd 1 expediente
49
Fls 57 – 58 Crd 1 del expediente
50
Fl 59 Crd 1 expediente
51
Fl 58 Crd 1 expediente
52
Fl 60 Crd 1 expediente
53
Fl 61 Crd 1 expediente
54
Precisión realizada a través de lo establecido en el certificado de labores expedido por la empresa
Tempoeficaz S.A.S visible a folio 21 del cuaderno 1 del expediente.
55
Fl 63 Crd 1 expediente
56
Fl 67 Crd 1 expediente
57
Fls 77-79 Crd expediente
58
Fl 76 Crd 1 expediente
59
Fls 81-83 Crd expediente
60
Fls 86-91 Crd expediente
61
Fls 92-97 Crd expediente
62
Fls 98-99 Crd expediente
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
44 CTP No.1202 01/11/2015 30/11//2015 1 mes
d e 2 0 1 5 63
45 Adición No. 01/12/2015 31/12/2015 1 mes
001 CPS
No.1202-2015
46 CPS No. 111- 01/01/2016 31/01/2016 1 mes
1 6 64
47 Adición No. 01/02/2016 29/02/2016 1 mes
001 CPS No.
1 1 1 - 1 6 65
48 CPS No. 286- 01/03/2016 30/06/2016 4 meses
1 6 66
• La ESE Salud Pereira suscribió los contratos de suministro 008 (el 27 de
febrero de 2013) y 0011 de 2013, y 004, 006, 007, 011, 013, 015 y 016 de 2014
con la empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS para el «suministro
y administración del recurso humano administrativo y asistencial para todos los
servicios de la ESE Salud Pereira»67.
• Se avizoran en el expediente los desprendibles de nómina salarial de la
demandante, contentivos a los períodos de 01/03/2013 a 31/08/2013 y de
01/10/2013 a 31/03/2014 en los cuales laboraba en la empresa Tempoeficaz
S.A.S68.
• Liquidaciones y pagos de las prestaciones sociales contentivas a cesantías,
intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones de los contratos
celebrados entre la demandante y la empresa Tempoeficaz S.A.S
correspondientes a los períodos de marzo 5 a septiembre 18 de 201369; 5 a 11
de octubre de 201370; 12 de octubre a 22 de marzo de 2014.
• El asesor jurídico de la E.S.E Salud Pereira expidió certificado el 13 de julio
de 2016 mediante el cual se da constancia que entre dicha entidad y la señora
Paola Andrea Santa Parra se suscribieron 32 órdenes o contratos de
prestación de servicios y 3 adiciones. En dicha certificación se precisa la
vigencia y el valor de cada una de ellas71.
• Certificado emitido por jefa operativa de la empresa Tempoeficaz S.A.S en el
cual se da constancia de la prestación de labores de la señora Paola Andrea
Santa Parra bajo un contrato de obra labor en el cargo de auxiliar de enfermería
en la E.S.E durante los períodos de 5 de marzo de 2013 a 18 de septiembre
de 2013; de 5 de octubre de 2013 al 11 de octubre de 2013 y de 12 de octubre
de 2013 al 22 de marzo de 201472.
• Documento que contiene la “Asignación de enfermería Unidad intermedia del
Kennedy”, en las cuales se evidencia la asignación de actividades de la señora
63
Fls 100-105 Crd 1 expediente
64
Fls 110-114 Cdr 1 expediente
65
Fls 107-108 Cdr 1 expediente
66
Fls 119-125 crd 1 del expediente
67
Fls 139-195 crd 1 del expediente
68
Fls 127 a 138 crd 1 del expediente.
69
Fl 356 crd 2 del expediente.
70
Fl 357 crd 2 del expediente.
71
Fls 19-20 Cdr 1 expediente.
72
Fl 21 Crd 1 expediente.
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
Paola Andrea Santa Parra durante los períodos del mes de agosto de 2008
hasta junio de 201673. Sin embargo, de la lectura general dicha documentación,
no se evidencia una secuencia cronológica entre ellos, dado que hacen falta
meses o semanas durante el período referido.
• Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Mediante
derecho de petición presentado por la actora, a través de apoderada juridicial,
el 22 de noviembre de 2016 ante la E.S.E Salud Pereira, se reclamó el pago
de prima de vacaciones, vacaciones, cesantías, primas de navidad, auxilio de
transporte, dotación, subsidio de alimentación, bonificación por recreación, por
servicios prestados, antigüedad y las diferencias que como contratista debió
recibir durante los períodos en los cuales realizó labores en la entidad
demandada, esto es, desde el 05 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2016,
en el cual fungió como auxiliar de enfermería74.
• Acto administrativo demandado contenido en el Oficio D-298475 por medio del
cual la entidad E.S.E Salud Pereira responde de fondo y negativamente el
derecho de petición presentado por la demandante indicando que “no hubo
ningún tipo de relación legal y reglamentaria con la señora PAOLA ANDREA
SANTA, ya que todo el tiempo lo hizo por medio de ordenes de prestación de
servicios y contrato de prestación de servicios, y por ende resulta ligera la
pretensión de reclamar acreencias laborales frente a un vínculo inexistente, ya
que sus actividades nunca implicaron subordinación o dependencia respecto
del representante legal de la entidad o de los subgerentes de la unidad donde
presto sus servicios”.
• Testimonios. Se escucharon en declaración jurada a las siguientes personas:
Norma Liliana Castaño Noreña
PREGUNTA: ¿Dónde labora actualmente? RESPUESTA: En la clínica
los rosales en el Servicio de Urgencias. PREGUNTA: Laboró usted con
la ESE SALUD PEREIRA. RESPUESTA: Si. PREGUNTA: Tuvo vínculos
con Tempoeficaz. Conoce usted a la señora Paola Andrea Santa.
RESPUESTA: Si señora. PREGUNTA: Tiene conocimiento de los
hechos por los cuales se le llama a declarar en la diligencia.
RESPUESTA: Si. PREGUNTA: Que sabe al respecto. RESPUESTA:
Fui citada para decir las funciones o de donde conocía a la compañera
con lo relacionado a Tempoeficaz y la ESE Salud Pereira. PREGUNTA:
Que período laboró con ella. RESPUESTA: Yo trabajé en la ESE Salud
Pereira nueve años, de los cuales un año estuvimos con la empresa
Tempoeficaz y el mismo tiempo estuve con la señora Paola Andrea
Santa Parra. PREGUNTA: Que labores desempeñaba la señora Paola
Andrea para la ESE Salud Pereira. RESPUESTA: Auxiliar de enfermería,
la atención integral del paciente. PREGUNTA: Que labores
desempeñaba usted. RESPUESTA: Lo mismo, auxiliar de enfermería,
atención integral del paciente. PREGUNTA: Tiene usted conocimiento
sobre los turnos en los que se prestaba servicio en la entidad.
RESPUESTA: Si señora, nosotros cumplíamos horarios de doce horas,
de siete de la mañana a siete de la noche, de siete de la noche a siete
73
Fls 212-286 crds 1 y 2 del expediente.
74
Fls 10-11 Cdr 1 expediente
75
Fls 9-18 Cdr 1 expediente
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de la mañana y de vez en cuando nos ponían turnos de 6 horas.
PREGUNTA: quien les ponían los turnos u organizaba esas agendas.
RESPUESTA: La jefe inmediata hacía un cuadro de turnos cada mes
para todo el personal de urgencias. PREGUNTA: tiene conocimiento de
cómo se llamaba el jefe del personal de urgencias. RESPUESTA: Pues
tuvimos varias, la jefe Cándida Rosa Pérez, Martha Isabel Parra, la jefe
Angelica, la jefe Alejandra, la jefe Gladys. Tuvimos varias en el tiempo
en que laborábamos ahí. PREGUNTA: Tuvo usted conocimiento de si la
señora Paola Andrea en algún momento no llegaba a cumplir esas
órdenes que pasaba. RESPUESTA: Nos hacían un llamado de atención,
nos hacían ir a subgerencia a firmar un compromiso cuando no se podía.
PREGUNTA: En algún momento usted o la señora Paola Andrea
estuvieron inmersas en ese tipo de circunstancias. RESPUESTA: Si, de
pronto cuando se nos presentaba algún inconveniente o necesitábamos
algún permiso, nos tocaba dirigirnos a la jefe inmediata o al subgerente
que estuviera encargado en el momento. PREGUNTA: Podían ustedes,
en caso de no asistir, mandar a alguien en su remplazo. RESPUESTA:
No señora. PREGUNTA: Tiene conocimiento si la señora Paola Andrea
recibió algún tipo de pago de prestaciones sociales. RESPUESTA: De
la ESE salud Pereira o de tempoeficaz. PREGUNTA: Lo que usted sepa.
RESPUESTA: De tempoeficaz, al terminar el contrato, nos dieron un
porcentaje que fue por la terminación del contrato que fue de un año, de
la ESE Salud Pereira no. PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si a la
señora Paola Andrea, durante el tiempo de sus funciones les fue
allegado algún tipo de herramientas o elementos para prestar sus
labores en la ESE Salud Pereira. RESPUESTA: No señora.
PREGUNTA: Qué instrumentos necesitaba ella para prestar sus
funciones. RESPUESTA: Pues a parte de esos uniformes, lo que uno
siempre utiliza, lo que es el tensiómetro, muchas cosas, pero unas cosas
la tenían el hospital y otras cosas pues si nos tocaba proporcionarlas a
nosotros, por el ejemplo los uniformes, el tensiómetro, los termómetros,
cosas así que al momento la entidad no tenía. PREGUNTA: Manifiéstele
al despacho si existía alguna diferencia entre la manera en que ustedes
prestaban el servicio y como lo hacía el personal de enfermería de planta
de la entidad. RESPUESTA: La diferencia es que a nosotros nos ponían
más noches y más dominicales o más festivos por disminuir los recargos
a ellas, pero las funciones eran las mismas. PREGUNTA: En los tiempos
que laboraba la señora Paola Andrea Santa en la entidad, quien
elaboraba los cuadros de turnos donde les asignaban los turnos a las
auxiliares de enfermería y, si en esos cuadros de turnos, también se les
colocaba las auxiliares de prestación de servicios y las de planta.
RESPUESTA: Si señora, la encargada era la jefe inmediata, la que
estuviera en el momento con nosotras, y era un cuadro completo con las
de planta y nosotras. PREGUNTA: En qué consistía ese horario de turno
y como era que las elaboraban. RESPUESTA: Con los horarios y las
asignaciones de cada una de las auxiliares. PREGUNTA: Diga si es
cierto o no que la entidad cuenta con un libro el cual debían firmar para
poder recibir los turnos, si es afirmativo diga al despacho en qué consiste
y cómo se llama. RESPUESTA: Es el libro de asignaciones que
llenábamos a diario cuando llegábamos a turno de asistencia y en la
asignación que nos pusieran cada día. PREGUNTA: Sirva informar si en
el período en el cual se encontraba laborando la señora Paola Andrea
en la entidad recibía órdenes por algún tipo de funcionario, en caso de
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ser afirmativo indique quién era el funcionario. RESPUESTA: Claro, las
órdenes eran recibidas por la jefe inmediata. PREGUNTA: Manifieste si
ustedes tenían que dirigirse mensualmente a reuniones y en qué
consisten estas reuniones. RESPUESTA: Es una reunión mensual que
se hacía entre las auxiliares de enfermería con la jefe coordinadora para
tocar los puntos, de pronto cambios que iban a haber o diferencias que
hubiera entre compañeras o diferencias que estaban presentando en el
cumplimiento del servicio. PREGUNTA: En estas reuniones daban
directrices. RESPUESTA: Pues la jefe organizaba la reunión y nos decía
que, bueno estamos fallando en esto, estamos bien en esto, hay que
mejorar. PREGUNTA: Como llama la temporal en la que trabajó y cuál
fue su vinculación con ella. RESPUESTA: Tempoeficaz, fue por un año,
de un momento a otro llegaron las jefes y nos dijeron que nos iban a
pasar de prestación de servicios de la ESE a una temporal, porque
supuestamente era mucho mejor la remuneración y que íbamos a tener
prestaciones, que era por un periodo de prueba. Estuvimos un año en la
temporal, Tempoeficaz y luego dijeron que íbamos a volver nuevamente
con la prestación de servicios con la ESE Salud Pereira. PREGUNTA:
Hubo alguna diferencia en como ustedes prestaron el servicio en
prestación de servicios a como lo prestaron en misión en la temporal.
RESPUESTA: No, seguíamos teniendo los mismos horarios, los mismos
jefes, no. Lo único que cambio fue el tipo de contratación. PREGUNTA:
Cuando un paciente llega al servicio de urgencia, ustedes como
auxiliares de enfermería pueden realizar algún tipo de procedimiento de
manera autónoma o tienen que esperar algún tipo de orden.
RESPUESTA: No, nosotros no podemos realizar algún procedimiento
sin esperar una orden, casi siempre es del personal médico que se
encuentre en el servicio de urgencia, ellos son los que establecen que
se hace. PREGUNTA: Manifiéstele que tipo de vinculación tuvieron
ustedes con la empresa de servicio Tempoeficaz, si fue laboral o por
prestación de servicios. RESPUESTA: No, esa fue laboral. PREGUNTA:
manifieste si Tempoeficaz les cancelaba salarios y prestaciones durante
el tiempo en el cual se encontraban vinculadas. RESPUESTA: Si señora.
María Catalina González:
PREGUNTA: Dónde labora actualmente. RESPUESTA: actualmente
laboro en el instituto INMEM. PREGUNTA: laboró usted al servicio de la
ESE Salud Pereira. RESPUESTA: Si señora. PREGUNTA: Laboró usted
al servicio de Tempoeficaz. RESPUESTA: No señora. PREGUNTA:
Tiene conocimiento de los hechos por los cuales se le llama a declarar
en la diligencia. RESPUESTA: Si señora. PREGUNTA. Sírvase
relatarlos. RESPUESTA: Yo conocí a Paola en el trabajo, ella era auxiliar
de enfermería a cargo mío durante el tiempo en que estuve
desempeñando funciones en la entidad. Desempeñé labores de
enfermera coordinadora al servicio de urgencias, entonces ella estuvo
bajo mí coordinación. PREGUNTA: Que períodos laboró usted en la
entidad. RESPUESTA: entre marzo y julio del año 2016. PREGUNTA:
Que funciones cumplía la señora Paola Andrea. RESPUESTA: era
auxiliar de enfermería del servicio de urgencia, realizaba atención
integral al servicio del paciente, administración de medicamentos, todo
lo relacionado al servicio de enfermería. PREGUNTA: Que horario
cumplía ella. RESPUESTA: Cumplía un turno de doce horas diurna y
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nocturnas, incluyendo festivos y dominicales. PREGUNTA: Ella misma
los programaba o se los programaban. RESPUESTA: No, los cuadros
de turnos loa hacía a mí (sic), como coordinadora del servicio de
enfermería, los cuales se publicaban los cinco primeros días de cada
mes se los daba a conocer. PREGUNTA: en el caso de que la señora
Paola Andrea no pudiera asistir a realizar sus funciones, podía mandar
a otra persona que la remplazara. RESPUESTA: No señora, ellas debían
de realizar un formato de permiso y hacérmelo conocer con anterioridad.
Si requerían un permiso mucho más largo, tenían que realizar el formato
y con una carta dirigirse a subgerencia. PREGUNTA: Quien le entregó a
usted esos formatos. RESPUESTA: Esos formatos estaban en la
entidad. PREGUNTA: Contaban con logos de la ESE. RESPUESTA: Si
señora. PREGUNTA: La señora Paola Andrea presentó algún tipo de
permiso de días y semanas durante el término en que estuvo a su cargo.
RESPUESTA: No señora. PREGUNTA. En cuanto a las herramientas y
dotaciones necesarias para prestar el servicio, estos los compraba la
contratista o los daba la ESE. RESPUESTA: Los daba la contratista, en
cuanto los utensilios como uniformes, la ESE Pereira lo único que
otorgaba eran los elementos o insumos para trabajar, ejemplo los
endoscopios, tensiómetros, termómetros. PREGUNTA: Indique si exista
alguna diferencia entre la manera en cómo prestaba el servicio la señora
Paola Andrea y como lo hacía el personal de planta de la entidad.
RESPUESTA: No señora, las actividades realizadas y el horario eran las
mismas para las dos. PREGUNTA: Dígale al despacho si es cierto que
las contratistas y el personal de planta de la entidad al prestar el servicio
de enfermería debían firmar un libro al recibir los turnos. RESPUESTA:
Firmaban un cuadro de asignaciones en los cuales se discriminaban las
funciones que debían realizar el personal tanto de día como de noche.
Cada una se responsabilizaba de cada asignación. PREGUNTA:
Manifieste si es cierto que al personal de enfermería usualmente las
citaban a una reunión y en qué consistía esta. RESPUESTA: Las
reuniones mensuales se programaban para hablar temas relacionados
al servicio y mirar que errores se estaban cometiendo y de qué manera
se podía mejorar; o para darles a conocer que había un cambio interno.
PREGUNTA: En qué consistía el cambio de turno en la ESE Salud
Pereira. RESPUESTA: El recibo de turno se hacía todos los días a las
siete de la mañana y a las siete de la noche. Para hacer el cambio se
entregaban los pacientes, se informaba el estado de los pacientes y en
qué condiciones. PREGUNTA. Cuál era la vinculación suya con la ESE
Salud Pereira. RESPUESTA: Fue una vinculación a través de prestación
de servicios. (Subrayas de la Sala).
Piedad García Toro
PREGUNTA: cuál es su profesión u oficio. RESPUESTA: Técnico en
recursos humanos. PREGUNTA: Laboró usted en la ESE Salud Pereira.
RESPUESTA: no. PREGUNTA: Tiene usted vínculos con Tempoeficaz.
RESPUESTA: Si señora. PREGUNTA: Qué tipo de vinculo tiene.
RESPUESTA: Trabajo como jefe operativo. PREGUNTA. Qué funciones
cumple. RESPUESTA: Manejar la nómina de todo el personal de la
oficina, recursos humanos. PREGUNTA: Desde qué tiempo está
prestando esas funciones en la empresa. RESPUESTA: Desde julio de
2012 hasta la fecha. PREGUNTA: Conoce las circunstancias
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particulares de la señora Paola Andrea. RESPUESTA: Conozco el caso
en general de la contratación de la ESE Salud Pereira. PREGUNTA: Qué
sabe usted al respecto. RESPUESTA: Nosotros somos una empresa de
servicios temporales, que estamos buscando trabajar con el Estado, con
las empresas del Estado, cuando la ESE hizo la convocatoria para
trabajar con una empresa de servicios temporales, pues nosotros
bajamos los pliegos de peticiones en donde se especifica la contratación
y que debe tener la empresa para poder contratar. Presentamos una
propuesta con base en lo que se debe contratar, de cargos y de salarios
que se deben tener en cuenta para aplicar. Aplicamos a la convocatoria
y empezamos a contratar al personal de la ESE Salud. PREGUNTA:
Manifiéstele al despacho si la ESE fue la encargada de determinar los
salarios a pagar al personal que se contrató por medio de esos contratos
de prestación de servicios. RESPUESTA: Si señora, la ESE presenta
normalmente un pliego en donde dice cargos, salarios y cuantas
personas por cada cargo. Con base en eso es que nosotros hacemos la
contratación. PREGUNTA. Manifiéstele al despacho si en algún
momento la ESE Salud Pereira les determinó las personas a las que
debían contratar. RESPUESTA: La ESE tenía un personal contratado de
antes y ellos, no es que digan a quien tiene que contratar, pero
recomiendan un personal que previamente ha trabajado con ellos,
entonces le dan a uno un listado de personas y uno los llama a ver si
están disponibles para trabajar. PREGUNTA: Qué tipo de contrato se
firmó con estas personas para prestar sus servicios. RESPUESTA: Se
firman contratos por el tiempo que dure la orden que uno tiene ese
momento para la que uno licitó. PREGUNTA: Manifiéstele al despacho
cuál era el salario percibido por Paola. RESPUESTA: Paola era auxiliar
de enfermería, no recuerdo, los salarios se cancelaban con base en las
listas que mandaba la ESE con todas las prestaciones de ley. (Subrayas
de la Sala).
Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal
del servicio de la demandante, comoquiera que fue vinculada como contratista
a través de 32 órdenes o contratos de prestación de servicios suscritos con la
E.S.E Salud Pereira, así como en sus 11 adiciones; y de los 4 contratos y sus
2 otrosí, celebrados por la actora con la empresa Tempoeficaz S.A.S., de cuyo
texto se desprende la vocación personal e irremplazable que la ataba en
relación con el cumplimiento de los objetos contractuales suscritos76; sumado
a lo expresado al unísono por las testigos María Catalina González Hernández
y Norma Liliana Castaño Noreña, quienes afirmaron de manera espontánea y
coherente que la aquí demandante ejecutaba de manera personal sus labores,
las cuales tenían el carácter de indelegables, dichos que no fueron objeto de
tacha alguna por la contraparte.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
aportados al plenario, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral,
esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de
dinero recibidas por la demandante durante la ejecución de sus labores; montos
que se encuentran taxativamente descritos en las distintas órdenes y contratos
de prestación de servicios que se encuentran expuestos en el cuadro que
verbi gracia, la cláusula décima del CPS No. 391 -15, cuyo objeto contractual fue “el
76
contratista no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, sin la previa
autorización escrita por parte de La Empresa Social del Estado”.
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
antecede.
Igualmente, se encuentra acreditado que, mientras duró la vinculación con la
empresa de servicios temporales Tempoeficaz S.A.S., la demandante recibió
el pago de salarios de forma mensual y el reconocimiento de las prestaciones
de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de conforme
con lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en
la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»77.
En el caso concreto, se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada
por más de 9 años en la ESE demandada, ejerciendo labores de auxiliar de
enfermería, cumpliendo un mismo objeto contractual78, por lo tanto, resulta
necesario establecer indicios que determinen la existencia de subordinación en
la ejecución de las labores ejecutadas en el presente asunto, atendiendo lo
expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-
2021 en la que precisó como tales los siguientes:
“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que la
77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
78
De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios y de los contratos por obra labor y a término
fijo suscrito por la actora tanto con la E.S.E Salud Pereira y la empresa Tempoeficaz respectivamente, se concluye que
aquella tenía como funciones las de “prestar sus servicios de manera personal en la E.S.E Salud Pereira como auxiliar
de enfermería”,
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relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y
de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.
Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o
la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es
su inserción en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad,
de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva
sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad
de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad,
que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con
el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando
se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El
hecho de que el servicio personal contratado consista en el
cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo
de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.”
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:
I) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la
sana crítica, se concluye que el lugar en el cual la actora desarrolló el objeto
contractual pactado con la entidad demandada, fue en la sede de la E.S.E Salud
Pereira.
II) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: De la
lectura de las obligaciones contractuales ejecutadas por la demandante,
aunado al análisis realizado por la Sala de las pruebas encontradas en el
plenario, entre ellas testimoniales y documentales, se desprende que las
labores ejecutadas por la actora no fueron realizadas acorde al principio de
autonomía y coordinación, por el contrario, se fundaron en la sujeción a las
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directrices otorgadas por sus jefes inmediatos relacionadas con las funciones a
ejecutar, el lugar de desempeño y horario para esos efectos.
Ello, se advierte de las manifestaciones dadas por las testigos, quienes fueron
coherentes y pacíficas en señalar que, en la ejecución de las labores
contratadas, era imperioso que la actora cumpliera las órdenes emitidas por el
jefe de enfermería a cargo de las labores que desempeñaba; y en caso, de que
las labores no se ejecutaran de tal modo, la consecuencia era el llamado de
atención o la firma de una sugerencia o compromiso a fin de que no se recayera
en los mismos comportamientos posteriormente, tal y como lo sostuvo la señora
Norma Liliana Castaño Noreña y lo corroboró la testigo María Catalina
González; quien además adujo que las contratistas debían firmar un libro de
turnos y asistir a reuniones mensuales con las jefes de turno a efectos de tratar
los asuntos relacionados a las labores realizadas.
No sobra acotar que, esta sección en decisiones previas ha considerado que la
labor de enfermería no puede desempeñarse de manera independiente y
autónoma, pues quienes la ejercen no pueden, con se evidencia en el presente
asunto, definir el lugar o el horario en que prestan sus servicios; ni tampoco
suspender su ejecución sin que medie alguna justificación, pues, de hacerse,
se pondría en riesgo la prestación del servicio de salud. Aunado al hecho que,
por regla general, la prestación de este servicio se encuentra regulado por las
directrices que al respecto establezca el personal médico a cargo de los
cuidados y tratamientos que requieran los pacientes a fin de garantizar de
manera íntegra el servicio – derecho fundamental de la salud. De modo que,
con todo, sobre la labor de enfermería recae, en principio, un indicio per se de
subordinación, dirección y control en su ejecución79.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:
Al respecto, debe tenerse de presente que La Ley 100 de 1993, en su artículo
194 reguló que “La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las
empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos,
según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo” y en su
artículo 195 señaló el régimen jurídico indicando que “2. El objeto debe ser la
prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado
o como parte del servicio público de seguridad social.”. luego, en el Decreto
1876 de 1994 se estableció que el objeto de las empresas sociales del Estado
“será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público
a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en
salud”.
De tal manera que, teniendo la E.S.E. Salud Pereira la función de prestación
del servicio público de salud, permite afirmar que las funciones ejecutadas por
la aquí demandante a su servicio, tienen una relación directa con el objeto de
79
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril de 2016,
expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Reiterado en sentencia de 16 de junio de
2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado interno 4679-2019.
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la ESE y no podían ejecutarse de manera esporádica y a criterio de la
contratista, dado el carácter asistencial de la actividad ejecutada; aunado al
dicho de las testigos que con grado de certeza adujeron que las labores
ejecutadas por la demandante eran similares a las que debían desarrollar los
auxiliares de enfermería de planta de la entidad.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la demandante, como lo
sostiene la entidad demandada en su recurso de apelación; pues de esos
mismos medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en
realidad existió entre las partes una relación laboral subyacente, en donde la
demandante ejecutó sus labores de manera subordinada a través de la
imposición de horarios, labores y lugar de prestación del servicio; debiéndose
en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto,
dado que no prosperó el sustento de alzada de inexistencia de relación laboral
en el sub examine.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico.
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no
de interrupción.
El material probatorio revela que la actora inició labores desde el 5 de julio de
2006 hasta el 30 de junio de 2016, lapso en el cual se dieron las siguientes
interrupciones:
• 15 de agosto al 23 de octubre de 2008 (48 días hábiles)
• 6 de octubre al 2 de noviembre de 2009 (18 días hábiles)
• 23 de marzo al 30 de marzo de 2014 (5 días hábiles)
• 16 de febrero al 15 de marzo de 2015 (19 días hábiles)
Siendo la primera superior a los 30 días que esta Corporación estableció
jurisprudencialmente80 como lapso razonable para entender que no operó la
solución de continuidad, empero haciendo el juicio de valor respecto a un
tiempo mayor como se sugiere en la decisión de unificación, encuentra el
Despacho que si bien hubo una suscripción de sucesivos contratos con
posterioridad a ese término y que ello es indicativo de la necesidad del servicio
que personalmente prestaba la demandante, no es menos cierto como lo adujo
el Tribunal de instancia, que los testigos traídos al proceso no precisaron de
manera certera y contundente que la aquí demandante laboró en ese
interregno, pues mientras la señora Norma Castaño testificó que laboró por
espacio de 9 años con la demandante en la ESE demandada no precisó el
lapso en que ello ocurrió, de tal manera que, la diferencia con el tiempo real y
aproximado de 9 años y 11 meses que suman los extremos laborales
reclamados en la demanda (5 de julio de 2006 al 30 de junio de 2016), no existe
claridad para la Sala que esos 9 años incluyen el período comprendido entre el
15 de agosto y el 23 de octubre de 2008, para llegar a la conclusión pretendida
por la demandante en su apelación. Lo que igualmente ocurre con la otra testigo
80
SUJ-025-CE-S2-2021
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María Catalina González quien laboró como superior de la demandante solo los
últimos meses del año 2016. No existiendo otro elemento de juicio dentro del
plenario que permita llegar a una conclusión distinta a la de la decisión de
primera instancia.
En los demás lapsos no hubo interrupciones superiores a los 30 días, por lo
que se entiende que hubo dos relaciones laborales encubiertas, una, a partir
del 5 de julio de 2006 hasta el 14 de agosto de 2008 y otra del 23 de octubre
de 2008 al 30 de junio de 2016; período dentro del cual hubo contratación por
conducto de empresa de servicios temporales.
Con ocasión a esa manera de contratación, en los artículos 71 a 94 de la Ley
50 de 1990, se regula lo atinente a las empresas de servicios temporales (EST),
siendo autorizadas para ayudar de forma temporal en el desarrollo de
actividades misionales a otras empresas, lo cual implica el suministro de
trabajadores en misión únicamente en los eventos señalados en el artículo 77
íb, esto es: i)) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o
transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, ii)
cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en
incapacidad por enfermedad o maternidad, iii) para atender incrementos en la
producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de
seis meses prorrogable hasta por seis meses más.
En consecuencia, se tiene que el término legal permitido para contratar
personal a través de empresas de servicios temporales en el presente caso se
superó, y la labor para la cual se contrató a la demandante es la misma que
venía desarrollando desde el año 2006 y la que continuó ejecutando a partir del
1 de abril de 2014 por contratos de prestación de servicios, es decir, que en
aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formas, se desvirtuó en este caso la teología de la empresa de servicios
temporales y si bien hubo otra interrupción entre el contrato con la EST que
terminó el 22 de marzo de 2014 y el que inició el 1 de abril de 2014, únicamente
lo fue por 5 días hábiles.
Por lo tanto, atendiendo ese principio constitucional de prevalencia de la
realidad sobre las formas, la Sala estima que del análisis del acervo probatorio,
se descubrió la verdadera esencia de la relación existente entre las partes,
siendo la EST un empleador aparente y verdadero intermediario, y por ende el
usuario ESE de Pereira un empleador ficticio, razón por la cual, debe tenérsele
como verdadero empleador, dado que los servicios personales prestados eran
de carácter permanente y por lo tanto, la contratación lo fue para ejercer
labores propias y necesarias del demandado y la circunstancia de que se
acudiera a las EST constituye la forma con la cual se pretendió disfrazar la
necesidad de las funciones y desconocer el carácter que las funciones
ejecutadas eran ordinarias de la ESE Salud Pereira y propias del personal de
enfermería de planta.
Bajo estas premisas, tal como ha enfatizado esta Sala en diversas ocasiones,
es evidente que la Ley 50 de 1990, en su artículo 71, permite la contratación
con empresas de servicios temporales, pero dentro de los límites precisos
establecidos en el artículo 77 ibidem. Por lo tanto, no es apropiado recurrir a la
contratación de empresas de servicios temporales cuando se trata de llevar a
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cabo actividades permanentes o inherentes al propósito de la entidad, ya que
esto implicaría un desconocimiento de los principios constitucionales que
regulan la función pública, como ocurrió en este caso81.
Por consiguiente, en el sub examine se presentaron las dos relaciones
laborales encubiertas comprendida entre el 5 de julio de 2006 y el 14 de octubre
de 2008 y entre el 24 de octubre de 2008 y el 30 de junio de 2016, no
asistiéndole razón a la parte demandante en su alzada, en cuanto a este punto
del recurso de apelación, razón por la cual, la decisión de primera instancia en
este aspecto será confirmada.
De la prescripción.
Se tiene probado en el proceso que la demandante presentó reclamación ante
la entidad el 22 de noviembre de 201682, siendo presentada la demanda el 31
de enero de 2017; esto es, dentro de los tres años siguientes a la finalización
del vínculo contractual, encontrándose en oportunidad para la segunda relación
laboral encubierta demostrada (24 de octubre de 2008 y el 30 de junio de 2016).
No ocurre lo mismo, con la primera relación laboral subyacente, dado que como
terminó el 14 de octubre de 2008, tenía hasta esa misma fecha del año 2011,
para presentar la reclamación administrativa, y como ello no ocurrió se
encuentra probada parcialmente la excepción de prescripción frente a las
prestaciones sociales a que tendría derecho, causadas entre el 5 de julio de
2006 y el 14 de octubre de 2008. No obstante, la demandante tiene derecho a
que la E.S.E. Salud Pereira, realice las cotizaciones a pensión, por dicho
período, por tratarse de una prestación imprescriptible, tal y como se determinó
por el tribunal de instancia.
Del reconocimiento de las prestaciones sociales adicionales que reclama
la parte demandante en el recurso de alzada.
Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera el
derecho a la reparación del daño, con el reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir por la auxiliar de enfermería con ocasión a los
contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados con la demandada.
Igualmente, es necesario observar las sentencias de unificación SUJ2-005-16
de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021,
en cuanto el restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de
una relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad
sobre la formalidad, que han señalado que deben tenerse en cuenta las
prestaciones sociales del orden legal recibidas por los servidores públicos de
planta de la entidad de igual categoría, liquidadas no sobre el salario de ellos,
si no conforme a los honorarios pactados en los respectivos contratos de
prestación de servicios. Igualmente, el contratista no adquiere la calidad de
empleado público con la declaratoria de la relación laboral subyacente y, por
ende, no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones de carácter
extralegal que devenguen los empleados de planta de la entidad hospitalaria.
81
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 52001-23-33-000-
2014-00412-01 (2388-2017) M. P. William Hernández Gómez
82
Folio 10 del cdno ppal.
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Prima de servicios. Es oportuno señalar que los empleados vinculados al
sistema de salud según la Ley 10 de 1990 tenían el mismo régimen salarial y
prestacional de los empleados del orden nacional, reconocido por esta
Corporación83 en los siguientes términos: “De esta manera, en lo que
corresponde a los empleados públicos vinculados a las entidades prestadoras
de los servicios de salud, el régimen de administración de su personal, salarial
y prestacional que los rige es el mismo que se estableció para los empleados
públicos del orden nacional. Lo que implica que las entidades territoriales
deben, para el efecto, sujetarse a las competencias explicadas en el acápite
anterior”. Sin embargo, con la expedición de la Ley 443 de 199884 tales
prerrogativas fueron derogadas, tal y como se advierte del contenido del
artículo 87, que señaló:
ARTÍCULO 87.- Vigencia. Derogado por el Artículo 58 de la Ley 909 de
2004. Esta Ley rige a partir de su publicación, deroga las Leyes 61 de
1987, 27 de 1992, el artículo 31 de la Ley 10 de 1990, y el Decreto Ley
1222 de 1993; modifica y deroga, en lo pertinente, los Títulos IV y V del
Decreto Ley 2400 de 1968, el Decreto Ley 694 de 1975, la Ley 10 de
1990, los Decretos Leyes 1034 de 1991, el Decreto 2169 de 1992, el
artículo 53 de la Ley 105 de 1994 (Sic) en lo referente a los regímenes de
carrera, salarial y prestacional, y las demás disposiciones que le sean
contrarias.
Las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal,
contempladas en la presente Ley y las contenidas en los Decretos Leyes
2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o
adicionen, se aplicarán a los empleados que prestan sus servicios en las
entidades a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley...”.
Posteriormente, para el sector territorial se otorgó el derecho a su
reconocimiento y pago a partir del año 2015 con la expedición del Decreto 2351
de 201485, motivo por el cual, se estima que como la demandante laboró en la
E.S.E Salud Pereira hasta el 30 de junio de 2016, tiene derecho a percibirla
únicamente por el período laborado entre el 1 de enero de 2015 al 30 de junio
de 2016. Razón por la cual, prospera parcialmente la razón de la apelación, por
lo que habrá de revocarse parcialmente la decisión de instancia, en cuanto
negó esta prestación a la demandante.
Sobre el subsidio de alimentación, debe tenerse en cuenta que a partir del
Decreto 627 de 200786, se reguló el derecho de los empleados territoriales a
percibir tal emolumento así en el artículo 4°:
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 15 de septiembre de 2016, C.P.: William Hernández Gómez, radicado: 76001-
23-31-000-2005-04234-01(1204-12).
84 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones.
85
ARTÍCULO 1°. Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos
Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales y el personal
administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de que trata el
Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican,
adicionan o sustituyan.
86
Por el cual se establece el límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan
otras disposiciones
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El subsidio de alimentación de los empleados públicos de las entidades
a que se refiere el presente decreto, que devenguen asignaciones
básicas mensuales no superiores a novecientos noventa y tres mil
quinientos noventa y un pesos ($993.591) moneda corriente, será de
treinta y cinco mil quinientos doce pesos ($35.512) moneda corriente
mensuales o proporcional al tiempo servido, pagaderos por la
respectiva entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal.
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado
disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en
el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre
alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan
derecho al subsidio.
Esta Subsección precisó sobre su naturaleza y alcance lo siguiente:
“(…) el subsidio de alimentación se encuentra previsto en el artículo
42 del Decreto 1042 de 1978 como factor salarial. Desde la expedición
de dicha norma se sujetó el reconocimiento y pago del mencionado
subsidio para aquellos empleados que tuvieran una asignación básica
determinada en la ley, que en ningún caso ha superado la suma de
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Más exactamente, año a año, el presidente de la República, en
desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de
las previstas en la Ley 4ª de 1992, expide el decreto por el cual se fijan
los límites máximos salariales de los empleados públicos de las
entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional,
entre estas, se define el monto del subsidio de alimentación para ese
año, y el tope de las asignaciones básicas mensuales para determinar
aquellos servidores que, en atención a su salario, se beneficiarán de tal
prerrogativa87” (negrillas fuera de texto).
De lo expuesto se colige que, del reconocimiento y pago del subsidio de
alimentación, serán acreedores, únicamente, aquellos empleados que no
tuvieron una asignación básica que haya superado los dos salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Así, teniendo en cuenta que la actora laboró bajo
una relación laboral encubierta en la E.S.E Salud Pereira durante los períodos
de 2006 a 2016, los límites con los cuales se cancelan el referido subsidio fue
regulado a través de los siguientes Decretos:
Año Decreto Monto de las asignaciones
básicas mensuales para
beneficiarse del subsidio de
alimentación
2008 667 de 2008 $1.050.127
2009 732 de 2009 $1.133.355
2010 1397 de 2010 $1.156.023
2011 1048 de 2011 $1.192.669
2012 840 de 2012 $1.252.303
2013 1015 de 2013 $1.295.383
87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 28 de abril de 2022,
expediente 3383-2019, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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2014 185 de 2014 $1.333.468
2015 1096 de 2015 $1.395.608
2016 225 de 2016 $1.501.047
Ahora bien, teniendo en cuenta los montos mínimos para establecer el subsidio
de alimentación, se procede a exponer el valor de los honorarios percibidos
como contraprestación por la demandante durante la vigencia de la relación
laboral:
Año Contraprestación Monto de las Monto de
recibida asignaciones reconocimiento de
mensualmente por básicas subsidio de
concepto de mensuales para alimentación
honorarios beneficiarse del
subsidio de
alimentación
2008 $1.131.404 $1.050.127 $37.533
2009 $1.265.324 $1.133.355 $40.412
2010 $1.303.206 $1.156.023 $41.221
2011 $1.303.206 $1.192.669 $42.528
2012 $1.342.302 $1.252.303 $44.655
2013 $1.342.302 $1.295.383 $46.192
2014 $1.504.41788 $1.333.468 $47.551
2015 $1.413.95489 $1.395.608 $49.767
2016 $1.368.343 $1.501.047 $53.634
Así, de la tabla expuesta es factible concluir que la actora solamente es
acreedora al subsidio de alimentación por el período laborado en el año 2016,
por ser inferior el valor de sus honorarios al salario establecido en el Decreto
que determinó el monto hasta por el cual se adquiría el derecho a este
emolumento. En consecuencia, se reconocerá el pago del subsidio de
alimentación por el período señalado y en la cuantía precisada en el cuadro
precedente.
Bonificación por servicios prestados. Se expidió el Decreto 2418 de 201590,
otorgando a los empleados públicos del nivel territorial el derecho a percibir tal
emolumento a partir del año 2016 así:
Artículo 1°. Bonificación por servicios prestados para empleados
del nivel territorial. A partir del 1° de enero del año 2016, los empleados
públicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se vinculen a
las entidades y organismos de la administración territorial, del sector
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a
las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales
y Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán
derecho a percibir la bonificación por servicios prestados en los términos
y condiciones señalados en el presente decreto.
88
Con valor de prórroga incluido
89
Ibídem.
90
Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial
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La bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
conjunto de la asignación básica y los gastos de representación, que
correspondan al empleado en la fecha en que se cause el derecho a
percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por
concepto de asignación básica y gastos de representación superior a un
millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos
($1.395.608) moneda corriente, este último valor se reajustará
anualmente, en el mismo porcentaje que se incremente la asignación
básica salarial del nivel nacional.
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los
dos factores de salario señalados en el inciso anterior.
Artículo 2°. Reconocimiento y pago de la bonificación por servicios
prestados. La bonificación por servicios prestados se reconocerá y
pagará al empleado público cada vez que cumpla un (1) año continuo de
labor en una misma entidad pública.
Artículo 4°. Pago proporcional de la bonificación por servicios
prestados. El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el
año continuo de servicios, tendrá derecho al reconocimiento y pago en
forma proporcional de la bonificación por servicios prestados.
Con fundamento en esa disposición, se estima que la demandante tiene
derecho a su reconocimiento y pago por el lapso de 1 de enero al 30 de junio
de 2016. Prosperando parcialmente también la alzada en este aspecto.
Bonificación por antigüedad. Se encuentra regulada en el artículo 49 del
Decreto 1042 de 1978, como un incremento que constituye factor salarial a la
luz de lo dispuesto en el artículo 42 ibídem, no siendo aplicable a los empleados
del orden territorial, conforme a la citada sentencia C-402 de 2013.
Si bien es cierto a folio 457 del cuaderno principal del expediente, obra
certificado expedido por el profesional universitario de gestión del talento
humano de la ESE Salud Pereira el 20 de septiembre de 2017, en el cual da
cuenta de que las auxiliares de enfermería de planta devengan las prestaciones
sociales legales (auxilio de alimentación, prima semestral, prima navidad,
cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de vacaciones) y
extralegales (bonificación por servicios prestados, incentivo por antigüedad,
incentivo por servicios prestados) no es menos cierto que no se clarifica desde
qué época se otorgan esos emolumentos y si fueron con fundamento en el
Decreto 1042 de 1978, la Sala se atiene a lo expuesto en esta providencia,
relacionado a su inaplicación a los empleados del orden territorial.
En lo relativo al reconocimiento de las cotizaciones por concepto de la Caja de
Compensación Familiar, se estima que la aquí apelante no demostró teniendo
la carga de hacerlo, que dichas cotizaciones fueron efectivamente efectuadas,
y tampoco probó que satisfacía los requisitos exigidos en la Ley 21 de 198291
91
ARTÍCULO 1. El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores
de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste
en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
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como tampoco que era beneficiaria de los programas otorgados por ese tipo de
entidades.
Frente a los aportes del sistema de riesgos profesionales no procede, dado
que ellos constituyen recaudos específicos del sistema de seguridad social que
no constituyen crédito a favor del contratista, están previstos para eventuales
riesgos que se presenten en la ejecución de la labor y, por tanto, resulta
improcedente su reconocimiento92.
Trabajo suplementario. Para la Sala los documentos relacionados con los
cuadros de turnos no son prueba de que la demandante laboró horas extras,
como tampoco es posible determinar con exactitud el número de horas
laboradas, si estas fueron diurnas o nocturnas, en días dominicales o festivos
con esas pruebas como tampoco con las manifestaciones efectuadas por las
testigos, pues si bien estás refirieron el cumplimiento de horario por parte de la
demandante, no fueron específicas en los días en que ello se daba, como
tampoco en el número de horas consideradas extras a la jornada laboral.
En cuanto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías a favor de la actora, se considera que le asiste
razón al a quo en cuanto tal pretensión no fue objeto de reclamación
administrativa93, y por ende en respeto de los principios de congruencia,
defensa y debido proceso no puede estudiarse en sede judicial esa solicitud
contenida en el recurso de apelación.
2.6. Del pago de aportes de cotización en salud y pensión a la demandante
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, sobre la devolución
de aportes a salud y pensión se dijo lo siguiente:
“161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que
aquí se adopta, merece especial consideración lo señalado por la
misma Corte Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente
a la protección constitucional de los recursos de la Seguridad Social y
la destinación específica de los aportes a salud y pensión, expuso, de
manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha
reconocido de manera uniforme y pacífica que los recursos que
ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en
pensiones, con independencia de la denominación que de ellos se haga
(cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas,
deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para
propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social
debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo
48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente: […].
92
En sentencia de 6 de mayo de 2021, radicado No. 50001-23-31-000-2011-00304-01 (2079-2018), C.P. Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, se dijo “esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para
fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente al interesado”.
93
Folios 10-11 cdno ppal.
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3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que
los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en
Salud (C-577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones
(C-179/97), llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras,
pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son
en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en
cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del
Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para
satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no
comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa
fijada, se destinan también a la financiación global bien del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02).
[Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran
en armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente
que «no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella»,94.
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la
Seguridad Social, el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993
ordena a las empresas promotoras de salud (EPS) manejar los
recursos provenientes de las cotizaciones de los afiliados «en cuentas
independientes del resto de rentas y bienes de la entidad». Esto,
porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y empleados
para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para
otros presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de
ingresos no gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal
(establecida en la Ley 100 de 1993, en desarrollo del artículo 48
constitucional) prohíbe su destinación y utilización para fines distintos
a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección 95 a
considerar improcedente la devolución de los aportes a salud
realizados por el contratista, a pesar de que se haya declarado a su
favor la existencia de una relación laboral encubierta. Como se ha
indicado, en función de su naturaleza parafiscal,73 estos recursos son
de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud,
no constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era
garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los dos
regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer».96
94
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
95
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
96
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Paola Andrea Santa Parra
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar
dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, 97 no
es procedente ordenar su evolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta. Además, reembolsar
estos aportes implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como
se expuso, buscaba que su recaudo fuera directamente a las
administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera, de
contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el
sentido de precisar que, frente al hecho consumado de la no
afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por
parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los
aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir
estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
En ese orden de ideas, atendiendo la sentencia en cita, la Sala considera que
la devolución de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones
ordenada por el tribunal de instancia es improcedente en las relaciones
laborales encubiertas, puesto que, solamente se puede ordenar en caso de la
demostración de los elementos del contrato de trabajo, es el pago efectivo del
porcentaje de cotización al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el
demandante por parte de la entidad pública, cuando hubiere diferencias en el
porcentaje que le correspondía como empleador; razón por la cual se revocará
el numeral 6 de la sentencia recurrida.
2.7. De la condena en costas en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para
imponer condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración
objetiva, en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran
causado y en la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos
como la buena fe o la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar
que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
97
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273 de 2018 «
Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de
2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al
Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos
2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo»
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sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de
la revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
Finalmente, se reconocerá personería jurídica al doctor Alejandro Grisales Ruiz
como apoderado de la entidad demandada ESE Salud Pereira, en los términos
y para los efectos del poder que reposa en el índice 14 de la plataforma SAMAI.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 11 de la sentencia de 18 de
octubre de 2019, proferida por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de
Risaralda, dentro del proceso instaurado por la señora PAOLA ANDREA
SANTA PARRA contra la E.S.E Salud Pereira y la empresa de servicio temporal
Tempoeficaz S.A.S. En ese sentido la ESE demandada, también deberá
reconocer y pagar a la demandante los siguientes emolumentos debidamente
indexados:
• Prima de servicios. Por el período comprendido entre 1 de enero de
2015 al 30 de junio de 2016, teniendo en cuenta los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios.
• Subsidio de alimentación. Por el año 2016 (1 de enero al 30 de junio),
en el monto legal, conforme la motivación.
• Bonificación por servicios prestados. Por el año 2016 (1 de enero al
30 de junio), teniendo en cuenta los honorarios pactados.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral sexto de la sentencia apelada, conforme lo
expresado en la motivación.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de instancia.
CUARTO: NO CONDENAR en constas de segunda instancia.
QUINTO: RECONOCER personería jurídica al doctor ALEJANDRO GRISALES
RUIZ como apoderado de la ESE Salud Pereira, en los términos y para los
efectos conferidos en el poder.
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SEXTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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