Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00002-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00002-01 (3111-2021)
Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
Demandado: Salud Pereira E.S.E.
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades-
auxiliar de enfermería
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia, con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento del derecho
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 26 de marzo
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Juan Esteban Tabares Arias interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del acto administrativo R-5175 del 21 de septiembre de
2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales derivadas de la relación laboral que afirmó haber sostenido con la
entidad demandada.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) que se declarara la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes durante el período comprendido entre el 10 de enero de 2012 y el 5 de
marzo de 2018; ii) que se reconocieran y pagaran las prestaciones sociales1
causadas en dicho período, así como la indemnización por la no consignación de
las cesantías en un fondo y la sanción moratoria por falta de pago; iii) que se
ordenara el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de pensiones
1
Cesantías, intereses a las cesantías, sanción por el no pago de los intereses, prima de servicios, y
vacaciones.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
correspondientes a los períodos cubiertos por los contratos de prestación de
servicios; y iv) que se condenara en costas a la entidad demandada.
3. Como hechos relevantes señaló que suscribió múltiples contratos de
prestación de servicios con la E.S.E. Salud Pereira durante el período
comprendido entre el 10 de enero de 2012 y el 5 de marzo de 2018 en los que
se desempeñó como auxiliar de enfermería.
4. En la demanda2 sostuvo que debía aplicarse el principio constitucional de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, al considerar que entre las
partes existió una relación laboral encubierta, que fue disimulada mediante la
sucesiva suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y
manifestó que el acto administrativo acusado fue expedido por funcionario
competente y dentro del ejercicio legítimo de sus funciones, con observancia de
las normas que regulan la actuación administrativa.
6. Precisó que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos
conforme a la ley, por lo que no es posible equiparar este tipo de vinculación a
una relación laboral. Resaltó, además, que el actor no ostentó la condición de
empleado público ni de trabajador oficial de la entidad demandada.
7. Como excepciones, propuso las siguientes: inexistencia del contrato de
trabajo, inexistencia de la causa para demandar, cobro de lo no debido, mala fe
por parte del actor, buena fe de la entidad demandada, prescripción, y la
innominada.
Sentencia apelada
8. Mediante sentencia del 26 de marzo de 2021 el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado, reconoció la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios y consideró que operó parcialmente la excepción de prescripción
extintiva del derecho.
9. Indicó que del material probatorio allegado al proceso se acreditó que el
señor Juan Esteban Tabares Arias y la E.S.E. Salud Pereira suscribieron
múltiples contratos de prestación de servicios entre el 10 de enero de 2012 y el
5 de marzo de 2018 los cuales fueron ejecutados de manera personal en el cargo
2
En la demanda no se formuló de manera expresa un concepto de violación; no obstante, del contenido
integral de esta es posible extraer la inconformidad de la parte actora frente a los actos administrativos
demandados. Pese a que la demanda fue inadmitida mediante auto del 8 de febrero de 2019 por la referida
deficiencia, el Tribunal, a través de auto del 5 de marzo de 2019, consideró procedente darle trámite, al
estimar que: «pese a que el libelo introductorio (sic) no fue corregido, estima el Despacho que con la
interpretación integral de la información contenida en dicho escrito, es posible el trámite y decisión del asunto
planteado».
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
de auxiliar de enfermería y por los cuales el demandante percibió una
remuneración como contraprestación por sus servicios.
10. En cuanto a la subordinación señaló que de los testimonios rendidos por
los señores Jhon Fredy Ramírez y Libardo Alfonso Varela se estableció que el
actor prestó sus servicios bajo el cumplimiento de un horario de doce horas
diarias fijado por la entidad mediante turnos mensuales que solo podían
modificarse en tres oportunidades al mes, que para ausentarse debía solicitar
permiso al jefe de enfermería quien además impartía las órdenes e instrucciones
correspondientes y que el servicio se desarrollaba en las instalaciones de la
entidad y con sus insumos.
11. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las funciones desarrolladas
por el actor evidenciaban la ausencia de autonomía en la ejecución de las tareas
propias de auxiliar de enfermería. Indicó que dichas labores se desempeñaron
de manera permanente, en virtud de una vinculación prolongada en el tiempo,
aunque interrumpida, según lo demostraban los diversos contratos suscritos
entre 2012 y 2018. Agregó que la ejecución de tales actividades se encontraba
sometida a las directrices de médicos y de la jefatura del servicio, y se desarrolló
en condiciones idénticas a las de los auxiliares adscritos a la planta de personal
de la entidad.
12. En relación con la prescripción, precisó que, conforme a la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, el demandante presentó la reclamación
administrativa el 19 de septiembre de 2018. Añadió que, aunque suscribió
múltiples contratos de prestación de servicios entre el 10 de enero de 2012 y el
5 de marzo de 2018, entre varios de ellos se presentaron interrupciones
relevantes, circunstancia determinante para el análisis de dicho fenómeno.
13. Señaló que operó parcialmente la prescripción respecto de los contratos
ejecutados entre el 10 de enero de 2012 y el 4 de marzo de 2013, dado que el
demandante no formuló reclamación administrativa dentro de los tres años
siguientes a su terminación.
14. Precisó que, frente a los celebrados entre el 1.º de abril de 2014 y el 5 de
marzo de 2018 no se configuró dicho fenómeno en la medida en que la
reclamación administrativa se presentó antes del 5 de marzo de 2021.
15. En consecuencia, reconoció el derecho del demandante al pago de
vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y demás
prestaciones sociales legales a que hubiera lugar. Indicó que tales conceptos
debían liquidarse con fundamento en el valor recibido como contraprestación por
los servicios prestados y en condiciones equivalentes a las reconocidas a
quienes desempeñaban las mismas funciones de auxiliar adscritos a la planta de
personal de la entidad.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
16. Señaló que dicho reconocimiento comprendía los siguientes períodos: del
1.º de abril al 30 de junio de 2014; del 1.º de julio al 31 de octubre de 2014; del
1.º de enero al 28 de febrero de 2015; del 1.º de marzo al 30 de junio de 2015;
del 1.º de julio al 30 de octubre de 2015; del 1.º de noviembre al 30 de diciembre
de 2015; del 1.º de enero al 29 de febrero de 2016; del 1.º de marzo al 15 de
agosto de 2016; del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2016; del 1.º al 30 de
marzo de 2017; del 1.º de abril al 30 de septiembre de 2017; del 10 de octubre al
31 de diciembre de 2017 y del 1.º de enero al 5 de marzo de 2018.
17. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social, señaló que la
entidad demandada debía calcular, mes a mes, el ingreso base de cotización
pensional con fundamento en la totalidad de los honorarios pactados durante los
períodos en que el actor actuó como contratista. Explicó que ello tenía como
finalidad establecer si existía diferencia entre los aportes efectivamente
realizados y aquellos que debieron efectuarse. De encontrarse un faltante,
ordenó a la entidad cotizar al fondo de pensiones correspondiente únicamente el
porcentaje que le habría correspondido asumir como empleadora.
18. Resaltó que el tiempo respecto del cual se declaró operada la prescripción
sería computado exclusivamente para efectos pensionales.
19. En cuanto a la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de
cesantías, indicó que no había lugar a su reconocimiento, toda vez que dicho
derecho surge a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
20. Finalmente, no impuso condena en costas.
Recurso de apelación
21. La parte demandante apeló la decisión y sostuvo que resultaba procedente
reconocer la sanción moratoria, en cuanto ese concepto se encuentra ligado a la
buena o mala fe del empleador. Asimismo, afirmó que la indemnización derivada
de la falta de consignación de cesantías en un fondo debía reconocerse con
fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política y en la Sentencia SU-098
de 2018.
22. En criterio del apelante, una solución distinta configuraría un trato
discriminatorio frente a los trabajadores vinculados formalmente, pues debía
aplicarse el principio de «a igual trabajo, igual salario», máxime cuando la entidad
demandada tenía la obligación legal de efectuar dicha consignación.
23. A su turno, la entidad demandada interpuso recurso de apelación y alegó
que no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación. Señaló que esa
circunstancia motivó, en primera instancia, la inadmisión de la demanda y que
dicha falencia —según afirmó— no fue subsanada por la parte actora.
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24. Indicó que, pese a esa omisión y a la carga procesal que recaía sobre el
demandante, el despacho admitió la demanda sin que existiera una actuación
orientada a superar el defecto advertido. En su criterio, esa irregularidad procesal
impedía el reconocimiento de derechos inciertos y discutibles, tales como
intereses, indemnizaciones, sanción moratoria, primas, cesantías y demás
conceptos reclamados.
25. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal incurrió en error al reconocer la
prima de servicios, pues, según afirmó, en otros asuntos de características
similares el mismo despacho de primera instancia había adoptado una postura
distinta, sin exponer con claridad las razones que justificaban el cambio de criterio
asumido en este caso.
26. Resaltó que, si bien no existe una sentencia de unificación específica
sobre el punto, diversos pronunciamientos han considerado que interrupciones
contractuales de quince (15) días resultan suficientes para predicar la solución
de continuidad, en aplicación de la regla prevista en el artículo 45 del Decreto
1042 de 1978.
27. Finalmente, sostuvo que el material probatorio demostraba la ejecución de
contratos de prestación de servicios y no la existencia de una relación laboral,
como se afirmó en la demanda. Agregó que el actor incumplió la carga de
acreditar los elementos constitutivos del contrato realidad, pues no existía prueba
de que hubiera recibido órdenes, cumplido horarios impuestos, estado sometido
a reglamentos internos o prestado el servicio bajo condiciones de continuada
subordinación.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Por auto del 19 de septiembre de 2024, se admitieron los recursos de
apelación presentados por la parte demandante y la entidad demandada.
29. Las partes del proceso no presentaron alegatos en esta instancia.
30. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar que, de acuerdo con la naturaleza
de las actividades y funciones desempeñadas por el demandante, estas tenían
carácter permanente y eran propias del objeto misional de la entidad demandada.
31. Así mismo, sostuvo que, a partir del análisis del material probatorio,
valorado conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, se encuentra
acreditada la concurrencia de los elementos constitutivos de una relación laboral,
en especial el relativo a la subordinación, lo que permite concluir razonablemente
que los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante y la
entidad accionada encubrieron una verdadera relación de sustrato laboral. En
consecuencia, estimó que al actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales de carácter legal.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
III. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por las
partes contra la sentencia de primera instancia tienen asidero. Para ello deberá
establecerse: i) si era exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad; ii) si el demandante acreditó la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios por haberse ejecutado bajo
subordinación continuada; iii) si las interrupciones contractuales dieron lugar a la
solución de continuidad y, de ser así, si resultan procedentes las consecuencias
prestacionales reconocidas; y iv) si el restablecimiento del derecho debe
comprender la sanción moratoria, la indemnización por falta de consignación de
cesantías, el reconocimiento de la prima de servicios, y las demás prestaciones
reconocidas por el Tribunal.
34. Con ese propósito, la Sala revisará si la valoración probatoria efectuada
por el a quo se ajusta al marco legal y precisará el alcance temporal y material
de las condenas impuestas.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien las
pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del servicio,
la remuneración y la subordinación durante la ejecución de los objetos
contractuales, también resulta necesario introducir ajustes en el acápite de
restablecimiento del derecho.
36. En el expediente obran los contratos de prestación de servicios que el
demandante suscribió con la E.S.E Salud Pereira durante los siguientes
períodos3:
Vinculación Duración Objeto Valor Interrupción
OP 208 de 10 de enero al Prestación de servicios personales $ 5.369.208
2012 11 de mayo del como auxiliar de enfermería en el
2012 área de urgencias la Unidad $1.342.302 Sin
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor interrupción
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
3
Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado. Archivo
«5_660012333000201900002011EXPEDIENTEDIGI20210922105831». Folio 13 a 26. Certificado expedido
por la Oficina Jurídica de la E.S.E Salud Pereira.
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00002-01 (3111-2021)
Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
OP 489 de 1 al 30 de junio Prestación de servicios personales $1.342.302
2012 de 2012 como auxiliar de enfermería en el
área de urgencias la Unidad
Intermedia de Salud de Cuba y/o Sin
para la Unidad Intermedia de Salud interrupción
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
OP 741 de 1 al 23 de julio Prestación de servicios personales $2.684.604
20124 al 30 y del 3 al como auxiliar de enfermería en el
31 de agosto área de urgencias la Unidad $1.342.302 Sin
de 20125 Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor interrupción
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
OP 1034 de 1 de Prestación de servicios personales $2.684.604
20126 septiembre al como auxiliar de enfermería en el
30 de octubre área de urgencias la Unidad $1.342.302 2 días hábiles
de 2012 Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
Adición 01 1 al 8 de Auxiliar de enfermería $ 357.947
OP 948 de noviembre de 3 días hábiles
2012 2012
OP 1502 de 14 de Prestación de servicios personales $2.326.657
20127 noviembre de como auxiliar de enfermería en el
2012 al 4 de área de urgencias la Unidad $$1.342.302
enero del 2013 Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor Sin
para la Unidad Intermedia de Salud mensual interrupción
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
OP 091 de 5 de enero al 4 Prestación de servicios personales $2.326.657
20138 de marzo de como auxiliar de enfermería en el
2013 área de urgencias la Unidad $$1.342.302 265 días
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor hábiles
para la Unidad Intermedia de Salud mensual
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 096 de 1 de abril al 30 Prestación de servicios personales $ 3.101.577
2014 y de junio de como auxiliar de enfermería en el $1.368.343 Sin
adición9 2014 área de urgencias la Unidad interrupción
Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.550.789
para la Unidad Intermedia de Salud (valor
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 530 de 1 de julio al 31 Prestación de servicios personales $ 5.427.761
2014 10 de octubre de como auxiliar de enfermería en el $2.736.686
2014 área de urgencias la Unidad
Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.368.343 42 días hábiles
para la Unidad Intermedia de Salud (valor
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
4
Ibidem. Folio 27 a 29.
5
Ibidem. Folio 30 y 33. Entre las partes suscribieron acta de suspensión y de reinicio del contrato 741 de
2012.
6
Ibidem. Folio 34 a 40.
7
Ibidem. Folio 41 a 44.
8
Ibidem. Folio 45 a 54.
9
Ibidem. Folio 55 a 63.
10
Ibidem. Folio 64 a 67.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
CPS 130 de 1 de enero al Prestación de servicios personales $2.736.686
201511 28 de febrero como auxiliar de enfermería en el
de 2015 área de urgencias la Unidad $1.368.343 Sin
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor interrupción
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 367 de 1 de marzo al Prestación de servicios personales $ 5.473.372
201512 30 de junio de como auxiliar de enfermería en el
2015 área de urgencias la Unidad $1.368.343
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor Sin
para la Unidad Intermedia de Salud mensual) interrupción
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 860 de 1 de julio al 30 Prestación de servicios personales $2.736.686
2015 y de octubre de como auxiliar de enfermería en el $2.736.686 Sin
adición13 2015 área de urgencias la Unidad interrupción
Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.368.343
para la Unidad Intermedia de Salud (valor
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 1236 1 de Prestación de servicios personales $1.368.343
de 2015 y noviembre al como auxiliar de enfermería en el
adición14 31 de área de urgencias la Unidad
diciembre de Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.368.343 Sin
2015 para la Unidad Intermedia de Salud interrupción
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 093 de 1 de enero al Prestación de servicios personales $1.368.343
201615 28 de febrero como auxiliar de enfermería en el
de 2016 área de urgencias la Unidad $1.368.343
Intermedia de Salud de Cuba y/o Sin
para la Unidad Intermedia de Salud interrupción
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 243 de 1 de marzo al Prestación de servicios personales $ 5.473.372
201616 15 de agosto como auxiliar de enfermería en el $ 2.052.515
de 2016 área de urgencias la Unidad
Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.368.343 Sin
para la Unidad Intermedia de Salud (valor interrupción
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 941 de 16 de agosto al Prestación de servicios personales $ 5.473.372
201617 30 de como auxiliar de enfermería en el $ 684.172
diciembre de área de urgencias la Unidad
2016 Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.368.343 41 días hábiles
para la Unidad Intermedia de Salud (valor
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 82 de 1 al 30 de Prestación de servicios personales $ 8.582.400
201718 marzo de 2017 como auxiliar de enfermería en el
área de urgencias la Unidad $1.430.400 Sin
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor interrupción
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
11
Ibidem. Folio 69 a 75.
12
Ibidem. Folio 76 a 82.
13
Ibidem. Folio 83 a 90.
14
Ibidem. Folio 91 a 97.
15
Ibidem. Folio 98 a 104.
16
Ibidem. Folio 105 a 111.
17
Ibidem. Folio 112 a 117.
18
Ibidem. Folio 118 a 122.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 312 de 1 de abril al 30 Prestación de servicios personales $ 8.582.400
201719 de septiembre como auxiliar de enfermería en el
de 2017 área de urgencias la Unidad $1.430.400 7 días hábiles
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 803 de 10 de octubre Prestación de servicios personales $ 3.576.000
2017 y al 30 de como auxiliar de enfermería en el $286.080
adición20 diciembre de área de urgencias la Unidad Sin
2017 Intermedia de Salud de Cuba y/o $1.430.400 interrupción
para la Unidad Intermedia de Salud (valor
que se requiera de acuerdo a la mensual)
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
CPS 051 de 1 de enero al 5 Prestación de servicios personales $10.150.000
201821 de marzo de como auxiliar de enfermería en el
201822 área de urgencias la Unidad $1.450.000
Intermedia de Salud de Cuba y/o (valor ------------
para la Unidad Intermedia de Salud mensual)
que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira,
37. La Sala advierte que algunas de las pruebas que obran en el expediente
presentan inconsistencias respecto de los períodos de ejecución y de los valores
reconocidos por concepto de honorarios. En particular, la certificación expedida
por la Oficina Jurídica de la E.S.E. Salud Pereira contiene información que no
coincide plenamente con la que se desprende de los contratos de prestación de
servicios aportados al proceso, especialmente en relación con los contratos CPS
082 de 2017, CPS 312 de 2017 y CPS 803 de 2017.
38. De la confrontación entre ambos medios de prueba se identifican
diferencias relevantes respecto de la duración de algunos vínculos y de los
valores asociados a su ejecución, según se observa a continuación:
Certificado E.S.E Salud Pereira Contrato de prestación de
3 de julio de 2018 servicios
CPS 82 de 2017 Valor del contrato: $ 4.291.200 Valor del contrato: $ 8.582.400
Valor mensual: $ 1.430.400 Valor mensual: $ 1.430.400
Ejecución Ejecución:
1 al 30 de marzo de 2017. 6 meses
no hay fecha de suscripción del
contrato
CPS 312 de 2017 Valor del contrato $8.582.400 Valor del contrato: $ 8.582.400
Valor mensual: $ 1.430.400 Valor mensual: $ 1.430.400
Ejecución Ejecución:
1 de abril al 30 de septiembre de 2017 6 meses
contrato suscrito el 1° de abril de
2017
CPS 803 de 2017 Valor del contrato: $ 3.576. 000 Valor del contrato: $ 3.576. 000
19
Ibidem. Folio 123 a 130.
20
Ibidem. Folio 131 a 137.
21
Ibidem. Folio 138 a 142.
22
El contrato tenía como vigencia inicial el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de julio de
2018; no obstante, el demandante solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 5 de marzo de
2018.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
Adición; 286.080 Valor mensual: $ 1.430.400
Valor mensual: $ 1.430.400
Ejecución Ejecución:
10 de octubre al 30 de diciembre de 2 meses y 15 días
2017 contrato suscrito el 10 de octubre de
2017
39. Tales inconsistencias son relevantes porque los períodos efectivamente
laborados y la remuneración percibida inciden en la reconstrucción de la
secuencia contractual, en la valoración de la continuidad del servicio y en las
consecuencias económicas de la decisión. Por ello, la Sala acudirá a la
información que ofrezca mayor precisión y soporte documental.
40. En consecuencia, la Sala tomará como referencia la información contenida
en la certificación aportada, pues esta precisa de manera expresa las fechas de
inicio y finalización de cada período de ejecución y, además, fue expedida con
posterioridad a la culminación de la relación contractual, circunstancia que le
confiere un mayor grado de confiabilidad frente a los demás documentos que
presentan inconsistencias. Aunque en el expediente no obra prueba que permita
establecer con certeza la existencia de terminaciones anticipadas o
modificaciones posteriores de los contratos, la certificación registra, respecto de
algunos períodos, tiempos de ejecución inferiores a los inicialmente pactados,
aspecto que permite considerar que la duración efectiva de algunos vínculos
pudo diferir de aquella prevista originalmente.
41. Definida la fuente documental que permite reconstruir los períodos de
ejecución contractual, corresponde valorar la prueba testimonial con el fin de
establecer si las actividades desarrolladas por el demandante se ejecutaron con
autonomía propia de un contratista independiente o si, por el contrario, estuvieron
sometidas a una relación de dirección y control incompatible con la naturaleza
del contrato de prestación de servicios:
• Jhon Freddy Ramírez Hernández indicó que conoció al demandante en el
año 2012, cuando laboraron juntos en el servicio de urgencias de la Unidad
Intermedia de Cuba y, posteriormente, en el área de referencia y
contrarreferencia de la E.S.E. Salud Pereira. Precisó que fueron
compañeros de trabajo entre 2012 y 2018, año en el que ambos
presentaron renuncia.
Relató que, en urgencias, el demandante se desempeñaba como auxiliar
de enfermería y ejecutaba actividades como canalización, elaboración de
historias clínicas, asistencia directa, baño en cama y traslado de pacientes
para exámenes diagnósticos. Agregó que compartían turnos y atendían
usuarios de manera simultánea.
Señaló que el actor estaba sujeto a cuadros de turnos en los que se fijaban
con claridad las horas de entrada y salida. Añadió que estos eran rotativos,
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de doce (12) horas, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o viceversa, y que eran
asignados por el jefe del servicio con el visto bueno del subgerente de la
E.S.E. Indicó, además, que podían presentarse llamados de atención o
sanciones por parte del superior inmediato en caso de llegadas tardías.
Manifestó que el demandante recibía órdenes permanentes de la jefe
inmediata del servicio y de los médicos tratantes, relacionadas, entre
otras, con la realización de electrocardiogramas o el suministro de
medicamentos a pacientes determinados.
Precisó que el actor utilizaba elementos de protección personal, tales
como gafas, guantes, batas, caretas y tapabocas, suministrados por la
E.S.E., al igual que los equipos médicos e insumos necesarios para la
atención de los pacientes. No obstante, señaló que, en algunas
oportunidades, los uniformes no eran provistos por la entidad.
Explicó que en la institución existían auxiliares de enfermería de carrera,
provisionales y contratistas, quienes realizaban las mismas funciones. La
diferencia radicaba en que a estos últimos se les asignaban con mayor
frecuencia turnos nocturnos, dominicales y festivos, pues recibían
únicamente un salario básico sin recargos. Agregó que, para el año 2014,
un auxiliar contratista devengaba aproximadamente $1.100.000 y debía
asumir el pago de la seguridad social, mientras que uno de planta percibía
alrededor de $1.600.000 como salario básico, sin incluir horas extras.
Indicó que, en caso de no cumplir un turno, el trabajador debía informar al
jefe inmediato y radicar las incapacidades en el área administrativa.
Añadió que los contratos de prestación de servicios eran continuos y que
al demandante se le comunicaba, por escrito o verbalmente, el servicio al
cual debía asistir, debido a que la E.S.E. Salud Pereira contaba con varias
sedes.
Finalmente, manifestó que el demandante cursó estudios de enfermería
profesional en la Universidad Andina entre 2013 y 2017, con clases los
viernes en la noche y los sábados. Precisó que, al inicio de cada mes, una
vez asignados los turnos, el actor solicitaba intercambios con sus
compañeros para ajustarlos a su horario académico. Dichos cambios
debían quedar registrados en una bitácora del servicio y contar con el visto
bueno del jefe correspondiente. Señaló que se permitían hasta tres (3)
cambios mensuales, que el demandante recibió felicitaciones verbales por
su trabajo y que, de un total de diez (10) auxiliares de enfermería, seis (6)
eran contratistas y cuatro (4) de planta.
• Libardo Alfonso Varela Quintero relató que no tenía un recuerdo preciso
ni conocimiento directo del demandante y aclaró que la información
suministrada provenía de su experiencia como supervisor de varios
contratos celebrados con técnicos y auxiliares del área asistencial.
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Indicó que, en esa calidad, verificaba el cumplimiento de las actividades,
horarios y obligaciones pactadas, particularmente en el servicio de
urgencias, funciones que se ejecutaban bajo la coordinación de la jefatura
del área. Explicó que, una vez constatada la ejecución de las labores
contratadas, avalaba su cumplimiento mediante su firma, generalmente al
finalizar el respectivo período contractual.
Manifestó que, al inicio de cada mes, se elaboraban cuadros de
programación para asignar los turnos del personal. Añadió que los
contratistas podían efectuar hasta tres (3) cambios mensuales, los cuales
debían tramitarse verbalmente ante el jefe del servicio y, en caso de
aprobación, registrarse posteriormente en una bitácora. Precisó que estos
eran rotativos, de doce (12) horas, tanto diurnos como nocturnos.
Afirmó que existía flexibilidad en la programación para aquellos
contratistas que desarrollaban actividades adicionales, como estudios
académicos, eventos en los cuales podían realizarse ajustes, siempre que
se cumplieran las horas convenidas.
Indicó, además, que las funciones asistenciales no variaban según la
modalidad de vinculación, de modo que el personal de planta y los
contratistas desempeñaban actividades semejantes.
Finalmente, señaló que la E.S.E. Salud Pereira tenía a su cargo tres (3)
hospitales y veintiséis (26) puntos de atención y que la asignación del lugar
de prestación dependía de las necesidades del servicio. Precisó que dicha
circunstancia era informada a los contratistas, dado que los contratos
preveían la prestación de servicios a favor de la E.S.E. Salud Pereira sin
limitarla a una sede específica.
42. Con base en ese material probatorio, la Sala resolverá los reproches
formulados por las partes.
Análisis de los recursos de apelación
43. Por orden lógico, la Sala abordará primero el argumento de la entidad
demandada relativo al presunto incumplimiento del requisito de conciliación
extrajudicial.
44. Sobre el particular se advierte que el proceso fue saneado en las distintas
etapas procesales. En la audiencia de pruebas celebrada el 21 de enero de 2021,
el apoderado de la entidad manifestó su inconformidad con la admisión de la
demanda mediante auto del 5 de marzo de 2019. Sostuvo que, pese a la
inadmisión previa del 8 de febrero de 2019, la parte demandante no desplegó
actuación alguna para subsanar las falencias advertidas, incluida la ausencia de
la constancia de conciliación extrajudicial.
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45. Frente a dicho planteamiento, el Tribunal precisó que la entidad
demandada no formuló excepciones previas en la contestación de la demanda ni
interpuso recursos contra el auto admisorio y que los motivos que sustentaron la
admisión se encontraban expresamente consignados en la providencia
respectiva.
46. En esas condiciones, la Sala observa que la entidad demandada no
cuestionó oportunamente la admisión de la demanda. Por tanto, no resulta
procedente reabrir en esta instancia un debate procesal frente a actuaciones
saneadas y cobijadas por la preclusión. Admitir lo contrario desconocería los
principios de seguridad jurídica, lealtad procesal y preclusión que rigen el proceso
judicial.
47. Adicionalmente, se precisa que la jurisprudencia del Consejo de Estado23
ha sido reiterativa en señalar que no es exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial en los procesos en los que se discute la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios en los que se encuentran involucrados
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por tratarse de derechos
ciertos, irrenunciables, indiscutibles y no conciliables, lo cual excluye la
procedencia de dicho requisito en el caso concreto.
Estudio relativo a la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios
48. La Sala advierte que la prueba documental y el testimonio del señor Jhon
Freddy Ramírez Hernández permiten establecer que el demandante se
desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada y que desarrolló
esa actividad de manera personal y directa. También se acreditó que percibía
una remuneración como contraprestación por sus servicios. Por tanto, los
elementos de prestación personal y pago se encuentran demostrados.
49. El testimonio del señor Ramírez Hernández permitió demostrar, con
suficiente detalle, que el actor ejecutaba funciones asistenciales propias del
cargo de auxiliar de enfermería. Además, dio cuenta de su sujeción a cuadros de
turnos de obligatorio cumplimiento, con jornadas rotativas de doce (12) horas,
definidos por el jefe del servicio y avalados por la subgerencia, los cuales solo
podían modificarse con autorización previa. Igualmente, precisó que recibía
órdenes permanentes de sus jefes inmediatos y de los médicos tratantes, y que
desempeñaba las mismas funciones que el personal de planta, con diferencias
únicamente remunerativas y prestacionales.
23
Ver : Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto
de 27 de agosto de 2020 expediente: 25000-23-42-000-2018-00266-01 (6118-2019); sentencia de 5 de
marzo de 2026 expediente: 54001-23-33-000-2018-00215-01 (4200-2023); Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16
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50. Por su parte, el señor Libardo Alfonso Varela Quintero manifestó que no
recordaba ni tenía referencia directa del demandante. Precisó que su
conocimiento provenía de su función como supervisor de contratos celebrados
con técnicos y auxiliares del área asistencial. En esa calidad, verificaba el
cumplimiento de asignaciones, horarios, obligaciones contractuales y actividades
propias del servicio, especialmente en urgencias, bajo la supervisión de la
jefatura de enfermería. Añadió que avalaba la ejecución de las labores con su
firma al finalizar los períodos contractuales.
51. Ahora bien, en cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde
al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador. Se manifiesta en la facultad de fijar la forma en que
deben desarrollarse las funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, imponer reglamentos y ejercer potestad disciplinaria. No se trata,
por tanto, de la mera coordinación, seguimiento o verificación del servicio, sino
de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía del contratista
queda comprometida por la sujeción constante a quien requiere la actividad24.
52. Esta corporación25 ha considerado que las labores de enfermería suelen
llevar implícita la continuada subordinación, en la medida en que la entidad
beneficiaria ejerce dirección sobre la forma en que se ejecutan las tareas
asistenciales. Esa tesis resulta consonante con las pruebas recaudadas, las
cuales permiten concluir, con un alto grado de probabilidad, que el demandante
carecía de autonomía para definir la cantidad, el tiempo, el modo y el lugar en
que cumplía sus actividades.
53. Si bien la observancia de un horario y la ejecución de actividades en las
instalaciones de la entidad beneficiaria constituyen indicios de subordinación
continuada, mas no prueba suficiente de su configuración, en este caso tales
circunstancias adquieren mayor relevancia debido a la naturaleza de las
funciones desempeñadas por el actor. Como se explicó, estas suponían un grado
significativo de direccionamiento por parte del superior inmediato y del personal
médico.
54. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que la entidad accionada ejercía
control efectivo sobre el modo, el lugar, la cantidad y el tiempo en que el
demandante cumplía sus tareas como auxiliar de enfermería. En consecuencia,
carecía de autonomía real en la prestación del servicio.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
25
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
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55. Por lo tanto, se confirmará la decisión de declarar la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios.
Alcance temporal de la vinculación y solución de continuidad
56. Definida la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios,
corresponde precisar el alcance temporal de la vinculación, pues la entidad
demandada sostuvo que las interrupciones contractuales impedían reconocer
una relación continua durante todo el período reclamado.
57. Sobre la solución de continuidad, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en las sentencias de unificación CE-SUJ2 n.º 5 del 25 de agosto de 2016
y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, precisó que la reclamación
administrativa dirigida a obtener la declaratoria de una relación laboral con el
Estado y el reconocimiento de sus consecuencias prestacionales debe
presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo
contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva.
58. Asimismo, señaló que, cuando los contratos de prestación de servicios
se celebran por períodos determinados y entre uno y otro media una interrupción
en su ejecución, la prescripción debe analizarse a partir de su fecha de
terminación. Para estos efectos, la solución de continuidad se orienta, en
principio, por un término de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un
contrato y el inicio del siguiente, sin perjuicio de que ese criterio pueda
flexibilizarse según las particularidades del caso concreto.
59. La Sala observa que entre los contratos OP 091 de 2013 y CPS 096 de
2014 se presentó una interrupción relevante de doscientos sesenta y cinco (265)
días hábiles, suficiente para descartar la continuidad del vínculo. Así mismo,
entre los contratos CPS 530 de 2014 y CPS 130 de 2015 transcurrieron cuarenta
y dos (42) días hábiles, y entre los contratos CPS 243 de 2016 y CPS 941 de
2016, cuarenta y un (41) días hábiles. No obstante, respecto de estos dos últimos
intervalos, resulta procedente flexibilizar el análisis, en atención a que el objeto
contractual no varió y se mantuvo la misma naturaleza funcional de la prestación.
60. En ese contexto, se configuraron dos vínculos contractuales
diferenciados. El primero se extendió desde el 10 de enero de 2012, fecha de
inicio del contrato OP 208 de 2012, hasta el 4 de marzo de 2013, cuando finalizó
el contrato OP 091 de 2013. El segundo comprendió el período entre el 1.º de
abril de 2014, fecha de inicio del contrato CPS 096 de 2014, y el 5 de marzo de
2018, cuando terminó el contrato CPS 051 de 2018.
Prescripción
61. A partir de esa delimitación temporal debe resolverse la excepción de
prescripción. Como la reclamación administrativa fue presentada el 21 de
septiembre de 2018 y la demanda se radicó el 11 de enero de 2019, el Tribunal
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acertó al declarar la prescripción parcial de las prestaciones sociales causadas
durante el primer vínculo contractual, esto es, las generadas entre el 10 de enero
de 2012 y el 4 de marzo de 2013. Esta conclusión no comprende los aportes a
pensión, dado su carácter imprescriptible.
62. En cambio, no se configuró la prescripción respecto de las acreencias
derivadas del segundo vínculo, comprendido entre el 1.º de abril de 2014 y el 5
de marzo de 2018, pues la reclamación administrativa se presentó dentro del
término trienal contado desde su terminación.
63. En consecuencia, el restablecimiento del derecho solo comprenderá los
conceptos causados entre el 1.º de abril de 2014 y el 5 de marzo de 2018. El
tiempo respecto del cual operó la prescripción será computado exclusivamente
para efectos pensionales, conforme lo dispuso el Tribunal.
64. Así, la Sala confirmará la declaratoria de prescripción parcial y mantendrá
la delimitación temporal efectuada por el a quo, con las precisiones que se
realizan en el acápite siguiente sobre los conceptos que integran el
restablecimiento del derecho.
Restablecimiento del derecho
65. Precisado lo relativo a los períodos a reconocer, corresponde resolver de
manera conjunta los reproches de ambas partes, relacionados con el
restablecimiento del derecho.
66. El demandante sostuvo que, a su juicio, el Tribunal erró al no reconocer
los salarios moratorios ni la indemnización por la falta de consignación de las
cesantías en el fondo correspondiente, al considerar que tales conceptos debían
ser reconocidos con fundamento en el principio de igualdad, conforme al principio
de igual trabajo, igual salario.
67. Al respecto, la Sala advierte que no es procedente una condena fundada
en la remuneración del personal de planta por las siguientes razones: de un lado,
la dificultad de establecer un parámetro cierto de comparación con los servidores
de la entidad; de otro, la improcedencia de predicar una equiparación plena entre
la contratista y un empleado vinculado mediante relación legal y reglamentaria.
Finalmente, porque el derecho al pago de las cesantías surge con la sentencia
que declara la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
68. En cuanto al primer aspecto, no resulta posible determinar con claridad el
empleo de planta que serviría como referente ni los criterios para efectuar la
comparación. En efecto, no está definido si debe acudirse a las funciones
contractuales, al perfil profesional, a la experiencia o a la formación, ni obran en
el expediente elementos que permitan identificar con precisión la denominación,
el código, el grado o la escala salarial del cargo equivalente durante todo el
período analizado. Esta indeterminación compromete la seguridad jurídica y
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dificulta la ejecución de la decisión, en la medida en que trasladaría a la
administración un margen amplio de discrecionalidad para fijar el parámetro, con
el riesgo de generar nuevas controversias.
69. En cuanto al segundo aspecto, aun si fuera posible establecer una
equivalencia, no es viable asimilar la situación de la demandante a la de un
empleado público, pues no existió nombramiento ni posesión que la incorporaran
a la planta de personal, ni accedió al cargo mediante concurso de méritos. A ello
se suma que los servidores públicos se encuentran sometidos a un régimen de
responsabilidades disciplinaria, fiscal y penal más exigente, lo que impide
predicar una equiparación plena entre ambas situaciones.
70. Adicionalmente, la Sala advierte que la jurisprudencia de la corporación26
ha sido reiterativa en señalar que la obligación de pagar las prestaciones sociales
en los eventos en que se declara la desnaturalización del contrato de prestación
de servicios surge únicamente a partir de la ejecutoria de la sentencia que así lo
dispone. En consecuencia, dichos créditos se hacen exigibles conforme a los
términos previstos en el CPACA y demás normas concordantes, razón por la cual
no procede el reconocimiento de salarios moratorios ni de la indemnización por
falta de consignación de cesantías, al no haberse configurado mora imputable a
la entidad con anterioridad a dicho momento. En ese orden, se negarán las
pretensiones en este punto.
71. Ahora bien, en cuanto a los aspectos que se deben incluir en el acápite de
restablecimiento del derecho, esta Sala ha señalado que, en aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de la relación laboral, el contratista tiene derecho al reconocimiento de
los emolumentos mínimos previstos en el régimen general, consagrados en los
Decretos 1042 y 1045 de 1978, los cuales deben liquidarse con base en los
honorarios pactados.
72. Lo anterior implica que, frente a la inconformidad relacionada con la prima
de servicios, su reconocimiento no se encontraba previsto inicialmente en dicho
régimen. Solo mediante el Decreto 2351 de 2014 se extendió este emolumento
a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel territorial, con efectos a
partir del año 2015 y bajo las reglas establecidas en el Decreto 1042 de 1978.
73. En consecuencia, aunque el segundo vínculo contractual reconocido en
este proceso se extendió entre el 1.º de abril de 2014 y el 5 de marzo de 2018, el
reconocimiento de la prima de servicios únicamente procede respecto de las
sumas causadas a partir del año 2015. Por ello, no habrá lugar a su
reconocimiento por el período comprendido entre el 1.º de abril y el 31 de
diciembre de 2014, mientras que sí deberá liquidarse respecto del tiempo servido
entre el 1.º de enero de 2015 y el 5 de marzo de 2018.
26
Ver sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, 9 de abril de 2026 expediente 81001-23-39-000-2018-00047-02 (6437-2023); 19 de marzo de 2026,
expediente: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024).
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74. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia a fin de
ordenar a la entidad accionada que le pague al actor el auxilio de transporte y el
auxilio de alimentación durante los períodos de ejecución contractual
comprendidos entre el 1.° de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2018, pues en
los demás lapsos la demandante percibió una remuneración superior a la que
exige la ley para acceder a este emolumento.
75. Adicionalmente, se ordenará pagar las cesantías, los intereses sobre las
cesantías, la prima de servicios, la prima de navidad, las vacaciones, la prima de
vacaciones y la bonificación por servicios prestados causados durante los
siguientes períodos: 1° de abril al 30 de junio de 2014; 1° de julio al 31 de octubre
de 2014; 1° de enero al 28 de febrero de 2015; 1° de marzo al 30 de junio de
2015; 1° de julio al 30 de octubre de 2015; 1° de noviembre al 30 de diciembre
de 2015; 1° de enero al 28 de febrero de 2016; 1° de marzo al 15 de agosto de
2016; 16 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 1° al 30 de marzo de 2017; 1° de
abril al 30 de septiembre de 2017; 10 de octubre al 30 de diciembre de 2017; y
1° de enero al 5 de marzo de 2018.
CESAN INTERE
Desde IPC IPC SALARI
AUXILI AUXILI TIA S
O
# AUXILI O DE AUXILI O DE TOTAL SOBRE
PROME
# Dias meses O DE TRANS O DE ALIMEN ANUAL CESAN LA
D.
por año complp TRANS PT. ALIMEN T SALARI TIA INDEXA CESAN
Año FINAL INICIAL MENSU
or año PT. INDEXA T INDEXA OS DA TIA
AL POR
DO DO INDEXA
AÑO
DA
CPS
096 de 91 3 1.489.9 0 0 0 0 4.519.5 388.52 757.37
2014 158,17 81,14 73 85 8 6 22.974
CPS
530 de 123 4 1.368.3 0 0 0 0 5.610.2 487.34 943.14
2014 158,17 81,73 43 06 4 5 38.669
CPS
130 de 59 2 1.368.3 0 0 0 0 2.691.0 228.92 436.25
2014 158,17 83 43 75 4 1 8.580
CPS
367 de 122 4 1.368.3 0 0 0 0 5.564.5 490.04 917.81
2015 158,17 84,45 43 95 0 6 37.325
CPS
860 de 123 4 1.368.3 0 0 0 0 5.610.2 494.11 915.47
2015 158,17 85,37 43 06 3 2 37.534
CPS
1236 de 60 1,97 1.368.3 0 0 0 0 2.736.6 234.37 423.62
2015 158,17 87,51 43 86 5 1 8.472
CPS
1.368.3 137.79 2.736.6 236.35 419.15
093 de 60 2 77.700 53.634 95.115
2016 158,17 89,19 43 4 86 3 0 8.383
CPS
1.363.3 134.78 7.634.9 703.50 1.220.3
243 de 168 5,52 77.700 53.634 93.039
2016 158,17 91,18 85 6 56 5 70 68.341
CPS
1.374.4 132.53 6.276.6 567.33 967.70
941 de 137 4,48 77.700 53.634 91.484
2016 158,17 92,73 51 3 60 3 2 44.192
CPS 82 1.430.4 137.75 1.478.0 125.40 207.77
31 1 83.140 57.255 94.867
de 2017 158,17 95,46 00 7 80 0 8 2.147
CPS
1.430.4 137.11 8.725.4 811.29 1.337.9
312 de 183 6 83.140 57.255 94.422
2017 158,17 95,91 00 0 40 0 39 81.614
CPS
1.441.0 136.45 3.938.9 344.46 565.36
803 de 82 2,68 83.140 57.255 93.971
2017 158,17 96,37 74 6 36 9 9 15.453
CPS
1.432.0 143.05 3.055.1 264.60 429.13
051 de 64 2,16 88.211 60.739 98.504
2018 158,17 97,53 98 7 42 8 0 9.155
SALA BONIF
RIO PRIMA PRIMA PRIMA BONIF ICA-
#
PROM PRIMA DE PRIMA DE VACA PRIMA DE ICA- CIÓN
Desde IPC IPC # Dias meses
ED. DE SERVI DE NAVID VACA CION DE VACA CIÒN POR
por compl
MENS SERVI CIO NAVID AD CION VACA CION POR SERVI
año por
UAL CIO AD CION SERVI CIO
año
INICIA POR INDEX INDEX INDEX INDEX CIO INDEX
Año FINAL
L AÑO ADA ADA ADA ADA ADA
CPS
096 de 158,1 91 3 1.489. 376.4 733.7 188.3 367.0 188.3 367.0
2014 7 81,14 973 0 0 17 66 16 93 16 93 0 0
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00002-01 (3111-2021)
Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
CPS
530 de 158,1 123 4 1.368. 462.6 895.2 233.7 452.3 233.7 452.3
2014 7 81,73 343 0 0 08 73 59 87 59 87 0 0
CPS
130 de 158,1 59 2 1.368. 229.6 437.5 112.1 213.6 112.1 213.6
2014 7 83 343 0 0 15 68 28 78 28 78 0 0
CPS
367 de 158,1 122 4 1.368. 228.0 427.1 468.9 878.3 235.0 440.2 235.0 440.2
2015 7 84,45 343 57 38 79 71 78 88 78 88 0 0
CPS
860 de 158,1 123 4 1.368. 228.0 422.5 469.0 869.0 237.0 439.1 237.0 439.1
2015 7 85,37 343 57 35 33 04 05 13 05 13 0 0
CPS
1236
de 158,1 60 1,97 1.368. 112.3 203.0 227.7 411.6 114.8 207.5 114.8 207.5
2015 7 87,51 343 18 10 44 35 09 11 09 11 0 0
CPS
093 de 158,1 60 2 1.368. 123.5 219.0 233.1 413.4 126.6 224.5 126.6 224.5 114.0 202.2
2016 7 89,19 343 31 70 15 08 23 54 23 54 29 19
CPS
243 de 158,1 168 5,52 1.363. 385.7 669.0 667.8 1.158. 362.3 628.5 362.3 628.5 313.5 543.9
2016 7 91,18 385 02 77 53 526 65 95 65 95 79 65
CPS
941 de 158,1 137 4,48 1.374. 304.4 519.3 539.7 920.6 295.4 503.8 295.4 503.8 256.5 437.6
2016 7 92,73 451 56 12 73 93 13 88 13 88 64 23
CPS
82 de 158,1 31 1 1.430. 62.08 102.8 120.5 199.6 68.06 112.7 68.06 112.7 59.60 98.75
2017 7 95,46 400 3 67 18 89 8 84 8 84 0 3
CPS
312 de 158,1 183 6 1.430. 447.0 737.1 766.0 1.263. 416.2 686.5 416.2 686.5 357.6 589.7
2017 7 95,91 400 00 70 70 365 86 18 86 18 00 36
CPS
803 de 158,1 82 2,68 1.441. 178.8 293.6 331.5 544.2 183.3 300.9 183.3 300.9 160.9 264.1
2017 7 96,37 074 89 07 76 09 37 07 37 07 20 14
CPS
051 de 158,1 64 2,16 1.432. 140.4 227.8 263.9 428.0 142.5 231.1 142.5 231.1 128.8 209.0
2018 7 97,53 098 89 39 56 73 33 54 33 54 89 26
CONSOLIDADO
AUXILIO AUXILIO CESANTIA INTERESE PRIMA DE PRIMA DE VACACIO PRIMA DE BONIFICA
DE ALIMENT S S SERVICIO NAVIDAD NES VACACIO CION POR
TRASNPO O INDEXAD CESANTIA S INDEXAD INDEXAD NES SERVICIO
RTE INDEXAD A S INDEXAD A A INDEXAD INDEXAD
INDEXAD O INDEXAD A A A
O A
$ 959.493 $ 661.402 $ $ 382.839 $ $ $4.808.469 $4.808.469 $
9.541.118 3.821.625 9.153.580 2.345.436
TOTAL SUMAS INDEXADAS: $ 36.482.431
53. En cuanto a la dotación de vestido y calzado, de conformidad con la Ley
70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, y teniendo en cuenta que el actor devengó
remuneraciones mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales durante algunos de los períodos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios, la Sala ordenará a la entidad accionada reconocer y
pagar a favor del actor la compensación en dinero correspondiente a las
dotaciones de vestido y calzado causadas en esos lapsos, teniendo en cuenta el
valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, así:
i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2016.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2016.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2016.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2017.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2017.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2017.
Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
56. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se modificará la sentencia
apelada, no se impondrán costas en esta etapa, puesto que se hacen ajustes a
las decisiones de la primera, de manera que no se puede predicar que exista una
parte vencida en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del 26 de marzo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, la cual quedará así:
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA a la ESE Salud Pereira a pagar en favor del demandante
Juan Esteban Tabares Arias, la suma de treinta y seis millones cuatrocientos
ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos ( $ 36.482.431) por concepto de
prestaciones sociales de los períodos en los cuales se demostró la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios, es decir, del 01 de abril de 2014 al 30
de junio de 2014, del 01 de julio de 2014 al 31 de octubre de 2014, del 01 de enero
de 2015 al 28 de febrero de 2015, del 01 de marzo de 2015 al 30 de junio de 2015,
del 01 de julio de 2015 al 30 de octubre de 2015, del 01 de noviembre de 2015 al 30
de diciembre de 2015, del 01 de enero de 2016 al 29 de febrero de 2016, del 01 de
marzo de 2016 al 15 de agosto de 2016, del 16 de agosto de 2016 al 31 de diciembre
de 2016, del 01 de marzo de 2017 al 30 de marzo de 2017, del 01 de abril de 2017
al 30 de septiembre de 2017, del 10 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017
y del 01 de enero de 2018 al 05 de marzo de 2018, tal como quedó explicado en la
parte motiva de la sentencia.
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Demandante: Juan Esteban Tabares Arias
Adicionalmente, CONDENAR a la ESE Salud Pereira a pagar a favor del
demandante el valor equivalente a seis (6) dotaciones de vestido y calzado que
debieron suministrarse en las siguientes fechas: 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2016; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2017. Para tales
efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada
vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC
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