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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00215-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00215-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para en su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas. Segundo. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias, las cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 54001-23-33-000-2018-00215-01 (4200-2023) Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00215-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00215-01 (4200-2023)
Demandante: Gilberto Ayala Zambrano
Demandado: E.S.E. IMSALUD
Temas: Relación laboral encubierta – Médico general– REVOCA
SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Gilberto Ayala Zambrano instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E. IMSALUD, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio n.º 100-270 del 17 de abril de 2018 y, en
consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral entre el 29 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2008 y el 17 de mayo de 2012 al 12 de septiembre
de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar el salario y
reconocer y pagar las diferencias salariales y las prestaciones sociales que dejó de
percibir durante los periodos mencionados.

4. Que se reconozcan y paguen los aportes a pensión que debieron realizarse y su
respectivo reajuste e intereses moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que prestó sus servicios para la E.S.E. IMSALUD entre el 29 de mayo de 2001
al 3 de agosto de 2003, 10 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2008 y 17 de
mayo de 2012 al 13 de septiembre de 2016, a través de sucesivos contratos de
prestación de servicios. Y entre el 4 de agosto de 2003 y el 9 de agosto de 2007,

Radicación: 54001-23-33-000-2018-00215-01 (4200-2023)

por contratos de trabajo e intermediación de diversas cooperativas de trabajo
asociado.

6. Que cumplió las mismas funciones de los médicos generales de planta, prestó
servicios de tiempo completo y que, durante la ejecución de esos acuerdos, estuvo
sometido a órdenes de los superiores y médicos coordinadores de la E.S.E.
cumpliendo un horario asignado en cuadros de turno y agendamiento de citas.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida mediante auto del 21 de marzo de 2019 y notificada a
la entidad demandada, quien manifestó que el señor Ayala Zambrano prestó sus
servicios como médico general y su labor se limitó a las obligaciones pactadas en
los contratos de prestación de servicios.

8. Que la contratación obedeció a la necesidad de asistir a las entidades
prestadoras que requerían el servicio y variaba dependiendo del número de
contratos suscritos con estas, por lo que no había continuidad ni permanencia.

9. Que el demandante ofertó sus servicios y las actividades y horas de prestación
eran concertadas previamente con el contratista, incluso antes de firmar los
contratos. Que en la ejecución existió una coordinación que no desbordó los límites
de la clase de vinculación.

10. Afirmó desconocer las condiciones de la vinculación con las cooperativas de
trabajo asociado o temporales y si existió un horario de trabajo o le dieron órdenes
en el tiempo que prestó sus servicios.

11. Propuso como excepciones la prescripción de los derechos laborales, buena fe,
cobro de lo no debido, mala fe del demandante, compensación, falta de soporte
jurídico sustancial y la genérica.

12. Se celebró audiencia inicial el 11 de febrero de 2020, se fijó el litigio, se surtió la
etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 13 de
abril de 2023, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia
de una relación laboral entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de agosto de 2016, salvo
las interrupciones, al encontrar acreditada la subordinación, por el cumplimiento de
un horario asignado, la prestación directa y la falta de autonomía e independencia
en las actividades ejecutadas.

14. Encontró demostrado a partir de los testimonios el cumplimiento estricto de los

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turnos y que debía atender a un número de pacientes en un horario y agenda
determinada e impuesta por la E.S.E., los cuales no podía modificar.

15. Que las certificaciones aportadas respecto de la vinculación del demandante
con las cooperativas “COOPASB” y “PROINCOL” no demostraban las condiciones,
temporalidad o plazo en que tuvieron lugar y, de esta forma, eran insuficientes para
acreditar la relación contractual con la E.S.E. demandada en los periodos
pretendidos.

16. Condenó a la entidad a pagar las prestaciones legales ordinarias que hubiese
percibido un médico general de la planta de la entidad con funciones similares,
causadas entre el 15 de mayo de 2012 y el 31 de agosto de 2016, salvo las
interrupciones; declaró prescritas las prestaciones causadas entre el 1 de junio de
2001 y el 31 de diciembre de 2008, salvo los aportes a pensión.

17. Además, pagar al respectivo fondo pensional la diferencia entre los aportes
cotizados para pensiones durante todo el tiempo de la relación laboral y computar
esos tiempos para efectos pensionales.

Negó las demás pretensiones.

RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el cual expresó que
no existió una relación laboral y las vinculaciones con el demandante fueron
estrictamente de prestación de servicios profesionales. Que la vinculación no fue
permanente, sino que dependía del incremento o disminución de la demanda del
servicio y la variación de factores diversos y externos a la entidad.

19. Que no existen pruebas sobre la imposición de turnos de trabajo y la falta de
autonomía del demandante en la ejecución de actividades, que los testimonios son
insuficientes para esos propósitos.

20. Sobre la programación de citas, expresó que no es un indicio de subordinación,
sino que denota la coordinación de actividades y no se demostró que el
agendamiento fue impuesto por la entidad, pues los documentos allegados carecen
de logo, firma o elemento distinto. Que tampoco se acreditó que era inmodificable o
de obligatorio cumplimiento.

21. Que los testigos no se desempeñaron en las mismas actividades del actor ni
trabajaron con él durante toda la vinculación en la E.S.E., por lo que no podían dar
razón de las condiciones en que las desarrolló, si cumplía con un horario o debía
atender un número determinado de pacientes.

22. Que, en todo caso, de confirmarse la decisión de primera instancia, debía
declararse la prescripción de los derechos causados entre el 17 de mayo de 2012
al 30 de septiembre de 2014, pues existió una interrupción de más de treinta días
entre la suscripción de los contratos 2291 y 4113. Que debe corregirse la fecha de

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reconocimiento de las prestaciones, ya que se ordenó a partir del 15 de mayo de
2012 y el inicio de ese acuerdo fue el 17 de ese mes y año.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

23. El 8 de septiembre de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

24. La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación.

25. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo relativo
a la prescripción de los derechos reclamados y los periodos a reconocer, así como
lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

26. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

27. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993, artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

28. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

29. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación (gerundio de consecuencia) dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la

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realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53
de la Constitución.

30. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

31. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, cuando se reconoce la existencia de una
relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones sociales
a cargo de la administración, pero no es posible que por ello se le dé la categoría
de empleado público al contratista sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

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32. A partir de las pruebas documentales es posible establecer que el demandante
estuvo vinculado a la E.S.E. IMSALUD, mediante diferentes contratos de prestación
de servicios, suscritos entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de agosto de 2016 como
médico general y, que, en cada uno de esos contratos, se acordó el pago de sumas
de dinero con determinada habitualidad, como contraprestación económica a los
servicios prestados.

33. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración,
aspectos no discutidos por la parte apelante. Por esa razón, se procederá a revisar
si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del
recurso.

34. Para esto, se advierte que el objeto de los contratos se enmarcó como:
«prestación de servicios profesionales como médico general (4 horas), en la IPS de
la E.S.E. IMSALUD que le sea indicada».

35. Las obligaciones de la contratista, en la mayoría de los acuerdos, se enuncian
de manera muy general y se refieren a temas como:

(i) prestar atención médica general en consulta externa, solicitar y ordenar los
exámenes paraclínicos pertinentes, con el diagnóstico sobre el estado de los
pacientes y determinar su plan de manejo, tratamiento y rehabilitación;
(ii) realizar consulta de primera vez y control de los pacientes;
(iii) realizar educación individual o grupal en los programas de promoción y
prevención;
(iv) elaborar historias clínicas manuales por cada paciente de forma clara,
legible, sin tachones ni enmendaduras;
(v) realizar las remisiones a un nivel de mayor complejidad, según la
competencia;
(vi) participar en la elaboración técnica del perfil epidemiológico de la población
del área de influencia y
(vii) atención integral de todo paciente conforme el procedimiento de consulta
externa.

36. A partir de los objetos contractuales, no logra extraerse algo diferente a la
prestación del servicio profesional como médico y la asignación de tareas
relacionadas con la finalidad del servicio contratado, las cuales consistieron en
atender pacientes y temas relativos a su profesión, como participación en
programas de prevención y actividades acordes con el área médica.

37. En los contratos no se delimita el modo, tiempo y plazo para cumplir con las
actividades, de modo que pudiera concluirse el direccionamiento y control sobre la
labor al que alude el demandante. Aunque en una de las obligaciones se indicó que
las tareas debían realizarse dentro de los horarios establecidos en cada una de las
IPS esto, por sí solo, no evidencia que, en la práctica, la entidad impusiera un
condicionamiento de carácter obligatorio, menos aun cuando los servicios médicos
asistenciales deben tener un orden previo establecido, como garantía de prestación
eficiente y oportuna para los usuarios.

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38. Además, otra de las obligaciones del contratista menciona que las actividades
serán concertadas con la coordinación médica, de acuerdo con las necesidades del
servicio. De manera que, a partir de las estipulaciones no puede determinarse de
forma concluyente que el contratista carecía de autonomía e independencia en la
ejecución del objeto contractual.

39. Igualmente, si bien obran unos listados de agendamiento de citas de algunos de
los meses en que las partes suscribieron contratos de prestación de servicios, estos
carecen de información o datos relevantes como el año y la persona que lo emitió,
lo que impide establecer inequívocamente que fuera la programación médica del
actor y, menos aún, la imposición de esta por la entidad demandada.

40. De otra parte, se cuenta con la declaración de la señora Ailen Patricia Silva
Valencia, quien indicó que laboró con el demandante durante seis meses en el 2013
en el Puesto de Salud de Belén. Que se desempeñó como médico general y tenía
una jornada de atención de cuatro horas diarias, en la mañana de lunes a viernes
de 7: a 11 am. y dos sábados al mes, que el horario y la asignación de citas eran
diseñados por la subdirección médica de IMSALUD y no podían modificarse y, el
control era realizado a través de llamadas telefónicas y por el sistema de atención
a los pacientes.

41. Que los contratistas debían prestar los servicios en el puesto de salud y podían
ser trasladados a los diferentes centros de atención de la E.S.E. Además, tanto el
personal médico como de enfermería debían seguir laborando en los tiempos en
que no tenían contratos.

42. Que las funciones del demandante eran las mismas de los médicos de planta y
la diferencia radicaba en la carga de trabajo. Que no se enteró de ningún llamado
de atención al demandante y las instrucciones eran verbales, los contratistas eran
citados a la E.S.E. IMSALUD y recibían las órdenes o indicaciones pertinentes.

43. Por su parte, la señora Luz Dary Ovallos Carrascal señaló que laboró en la
E.S.E. entre 2004 y 2005 como auxiliar de enfermería y fue compañera de trabajo
del demandante en la Unidad Básica del barrio Comuneros en alguna época de su
vinculación.

44. Que el actor fue médico general en consulta externa o urgencias, pero
desconocía los detalles de su vinculación. Que cumplía un horario de trabajo fijado
por la ESE de cuatro o seis horas al día y atendía un número determinado de
pacientes, en consulta externa y controles de programa de prevención y promoción.

45. Que el demandante ejercía su profesión en otros lugares, pero esperaba que la
E.S.E. le enviara su programación para organizar su agenda. Que no podía cambiar
su horario o tiempo en que prestaría el servicio y, en caso de retraso o
incumplimiento, las auxiliares debían dejar la queja con la coordinación.

46. Que no conoció de algún llamado de atención al actor ni traslados o lugares
donde prestó sus servicios en otros periodos. Que la entidad era la que fijaba el

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centro de salud o unidad básica en la que los contratistas debían prestar sus
servicios.

47. Que los médicos contratistas tenían más carga laboral y cumplían horarios
adicionales y nocturnos en comparación con los de planta. Que en algunos periodos
en los que se quedaban sin contrato debían seguir laborando sin recibir pago, pero
no le constaba nada específicamente del demandante en ese sentido.

48. La señora Gloria Luz Cantillo Martínez, indicó que trabajó con el actor en el 2015
por alrededor de siete meses, en la IPS del Aeropuerto quien para esa época se
desempeñó como médico general vinculado por orden de prestación de servicios.

49. Que cumplía un horario de trabajo de 7 am a 11 am, en el área de consulta de
programas de promoción y prevención y consulta externa. Que los turnos eran
organizados por el área administrativa de la E.S.E., no era posible modificarlos o
cambiarlos; además, debía atender un mínimo de ocho pacientes de medicina
general y seis de los programas de promoción, prevención y crónicos.

50. Que los contratistas debían asumir todas las funciones encomendadas y aceptar
los traslados, recibían capacitaciones en temas de salud pública y eran de
asistencia obligatoria.

51. Que no presenció ningún llamado de atención, orden o queja en la prestación
del servicio dirigida al demandante. Tampoco la terminación del contrato o traslado
de lugar en que desarrolló sus labores.

52. Por último, en la declaración el actor afirmó que prestó sus servicios desde mayo
de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2008 y desde agosto de 2012 a agosto de
2016, a través de contratos de prestación de servicios y cooperativas de trabajo
asociado. Que entre noviembre de 2008 y 2012 atendió su profesión en un
consultorio privado y en otras entidades médicas.

53. Que durante la vinculación con IMSALUD también prestó sus servicios en otros
entes médicos, específicamente, en el Hospital Erasmo Meoz, al cual se vinculó a
través de una organización sindical. Que programaba esos turnos luego de recibir
la agenda de la E.S.E. demandada para no presentar cruces y realizó aportes a
seguridad social por esos tiempos y servicios.

54. A partir de esto, la Sala considera que, aunque las testigos se refirieron a la
asignación de turnos y recepción de indicaciones relativas a las áreas de prestación
del servicio, esto por sí solo no ofrece claridad sobre la inserción en el círculo rector,
organizativo y disciplinario de la entidad o la imposición de condicionamientos para
la ejecución de la labor contratada.

55. En cuanto a eso, se resalta que la jurisprudencia de esta corporación ha
señalado que el cumplimento de un horario no involucra por sí mismo prueba de la
subordinación y, ha establecido que ciertos servicios específicos deben sujetarse a
la prestación dentro de las instalaciones de la entidad contratante y bajo unos

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parámetros mínimos de coordinación que permitan supervisar el cumplimento del
objeto contratado.

56. Tampoco puede pensarse que la asignación de un área o dependencia o la
programación de una agenda de servicios desborde las condiciones pactadas en
los contratos de prestación de servicios, pues, es apenas lógico que, al tratarse de
una labor asistencial, que involucraba la atención de pacientes y servicios médicos
se requiera una organización y coordinación para su adecuada prestación.

57. Algunos dichos de las declarantes son generales y, en todos los casos, se
refieren a situaciones comunes de los contratistas del servicio médico y no a las
específicas relacionadas con el demandante que permitan inferir que a las
declarantes les constaba que aquella estuvo sometida al direccionamiento de la
entidad.

58. Se resalta que las testigos fueron compañeras de trabajo del demandante en
periodos de tiempo cortos y específicos, esto, en su orden, seis meses en 2013,
algún lapso entre 2004 y 2005 y siete meses en 2015, lo que dificulta conocer las
condiciones de tiempo, modo y lugar en las que prestó sus servicios a la E.S.E.
durante todos los periodos en que las partes suscribieron contratos de prestación
de servicios y concluir que se desdibujó esa figura contractual.

59. Las narraciones tampoco son suficientes para concluir que, por lo menos en
esos lapsos, el demandante estuvo sometido al poder subordinante de la entidad.
No se definió de manera categórica la forma en que debían cumplirse las tareas
asignadas ni obran elementos de convicción que demuestren que fueron
estrictamente guiadas u ordenadas por la entidad a través de su personal.

60. En ningún momento, señalaron decisivamente que el médico recibía órdenes
específicas de la entidad, a través de sus colaboradores, solo indicó que debía
atender un número de pacientes programados y, en caso de incumplimiento el
personal asistencial debía reportar el asunto, lo cual resulta apenas lógico al tratarse
de un servicio médico, en el que debe existir una programación, asignación de
servicios y seguimiento de estos, como mínimos parámetros de coordinación para
su ejecución.

61. Se echa de menos, en el presente caso, elementos de convicción tendientes a
acreditar la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos,
o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi.

62. La parte actora no logró desvirtuar que la prestación de servicios profesionales
tuvo lugar solo para los fines establecidos en cada uno de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes y, que, más allá de la coordinación
de actividades necesaria para la satisfacción del interés contratado, se presentó un
tratamiento subordinado o dependiente. De esta manera, no puede afirmarse que
el vínculo existente entre el demandante y la entidad obedeció a una relación

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laboral.

63. Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia del trece (13) de abril de dos mil
veintitrés (2023), que declaró la existencia de una relación laboral entre las partes,
para en su lugar, negar las pretensiones.

Condena en costas en ambas instancias

64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

67. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, cuanto resultó vencida en el asunto. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para en su lugar,
NEGAR las pretensiones formuladas.

Segundo. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias, las
cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00215-01 (4200-2023)

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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