Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00047-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00047-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2018-00047-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 81001-23-39-000-2018-00047-02 (6437-2023)
Demandante: Lennis Adriana Sánchez Orjuela
Demandado: E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca
Temas: Relación laboral encubierta – Apoyo en control interno, gestión
de talento humano y auditoria de calidad. Descuentos del 40%
MODIFICA SENTENCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Lennis Adriana Sánchez Orjuela instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra de la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca, con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio TRD-100.17 – OJ/687/2017 del 8 de
noviembre de 2017 y, en consecuencia, que entre las partes existió un vínculo
laboral desde el 6 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2017.
3. Que se reconozca y pague el reajuste salarial y las prestaciones sociales, incluido
el auxilio de transporte, lo subsidios familiar y de alimentación, y el calzado y vestido
de labor, teniendo en cuenta lo devengado por los empleados de planta de la
entidad con funciones similares o idénticas.
4. Que se pague la sanción moratoria y se reintegren los dineros que canceló por
aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
lo descontado por estampillas y tributos departamentales y la retención en la fuente.
5. Que se ordene su reintegro y reconozca que el despido fue ilegal para que se
cancelen todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el despido
hasta que se haga efectivo su reintegro.
Radicación: 81001-23-39-000-2018-00047-02 (6437-2023)
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca como
profesional en administración, apoyo en control interno, auditoria de calidad y
asesoría en planeación, a través de múltiples contratos de prestación de servicios,
desde el 6 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2017.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda fue admitida el 26 de julio de 2018, la entidad demandada indicó que
la vinculación se rigió por el derecho privado, que en las estipulaciones
contractuales no se incluyeron horarios, instrucciones o direccionamientos de
cualquier tipo y, que tampoco fue continua porque existieron largos periodos de
interrupción contractual.
9. Que los contratos suscritos tuvieron objetos contractuales diferentes, entre esos,
administración de empresas, control interno, apoyo en procesos de control interno,
auditoria en calidad y asesoría en planeación.
10. Que no se acreditó la subordinación y la parte interesada confundió la relación
de coordinación propia de la actividad contractual y la supervisión del cumplimiento
de las actividades a ejecutar, dentro de los plazos previamente sostenidos.
11. Propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo, culpa del
contratista, compensación por concurrencia de culpas, prescripción, inexistencia de
la obligación y pago total de las obligaciones.
12. Se celebró audiencia inicial el 23 de enero de 2019, en la cual se fijó el litigio,
se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se
procedió con su práctica en la misma diligencia. Luego de agotado el periodo
probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó
sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 30 de junio de
2022, declaró la existencia de una relación laboral entre las partes del 1 de junio de
2013 al 31 de enero de 2017 y la prescripción de los derechos reclamados antes
del 2 de diciembre de 2014. Ordenó reconocer las prestaciones sociales ordinarias
comunes a los empleados de planta de la entidad, salvo los aportes parafiscales y
de cajas de compensación, horas extras, dominicales y el calzado de vestido y labor,
sobre el valor de los honorarios mensuales pactados en cada contrato por el tiempo
que prestó el servicio, salvo las interrupciones.
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14. Negó el reintegro de los aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos
laborales y precisó que la E.S.E. debía pagar las posibles diferencias en materia de
aportes a pensiones, derivadas del reconocimiento de la relación laboral encubierta,
teniendo en cuenta solo el 40% del Ingreso Base de Cotización y no el valor total de
los honorarios mensuales pactados.
15. Previamente, precisó que las labores contratadas entre el 6 de agosto de 2010
y el 31 de mayo de 2013 y del 8 de febrero al 31 de agosto de 2017 fueron
demasiado diversas y diferentes, lo que impedía analizar la existencia de una
relación laboral y desvirtuarse la subordinación dada la falta de continuidad y
permanencia en el servicio.
16. Consideró que en la ejecución de actividades como profesional de apoyo al
proceso de control interno y auditoria en calidad entre el 1 de junio de 2013 y el 31
de enero de 2017 sí se acreditó la subordinación, pues las funciones eran las
mismas que las definidas para el empleo de asesor área de control interno y se
cumplieron en forma permanente, sin ningún margen de autonomía ni liberalidad.
17. Que las pruebas evidenciaban el cumplimiento de un horario, la sujeción a
órdenes y directrices de su jefe inmediato o el director del área y que debía cumplir
con los parámetros, planes, programas y proyectos establecidos por el desarrollo
administrativo; además, era supervisada constantemente en sus tareas y empleaba
los bienes y elementos suministrados por la E.S.E.
RECURSO DE APELACIÓN
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación respecto de los aspectos
desfavorables. En ese sentido, indicó que debieron reconocerse los aportes a
pensión con base en el salario fijado para los funcionarios del hospital con idénticas
funciones a la suya y no limitar su liquidación al monto de los honorarios pactados.
19. Que el tribunal erradamente fijó como base para la liquidación de los aportes
pensionales el 40% de los honorarios, sin consideración a las actividades especiales
en las que se desempeñó. Que, en virtud de esta situación y, conforme con los
derechos que le asisten como trabajadora al demostrarse la relación laboral
encubierta y los principios de irrenunciabilidad, igualdad, favorabilidad y trato
privilegiado por ser mujer, el IBC debió ser por la totalidad de lo devengado por los
funcionarios de la planta de personal y no declararse la prescripción frente a estas
cotizaciones.
20. Que el descuento de los aportes a salud y a pensión carece de fundamento y,
por el contrario, debe ordenarse el reintegro de las sumas que pagó por esos
conceptos y por los riesgos laborales, porque en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016 no se prohíbe tal situación.
21. Que es procedente el reajuste salarial teniendo en cuenta la diferencia entre los
honorarios devengados y el salario de los empleados de la planta de la E.S.E., más
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aún cuando se acreditó la existencia del cargo de asesor área de control interno.
Que, por esa misma razón, la base para la liquidación de las prestaciones debió ser
la correspondiente a ese empleo.
22. Considera igualmente, que deben reconocerse las vacaciones y la prima de
vacaciones, prestaciones obligatorias para los trabajadores públicos de todos los
niveles, como lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 y la sanción
moratoria, por el no pago oportuno de todos los emolumentos a que tenía derecho,
respecto de las cuales el Tribunal no se pronunció.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El 3 de noviembre de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio.
24. El Procurador Tercero delegado ante el Consejo de Estado indicó que debe
confirmarse el fallo de primera instancia, al acreditarse la ocurrencia de los
elementos de la relación laboral.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. La Sala deberá analizar lo relativo al restablecimiento del derecho y, en ese
sentido si es procedente ordenar o no el reconocimiento de los aportes a pensión
con una base de liquidación superior a lo ordenado, si debe realizarse con base en
lo devengado por un empleado de planta o los honorarios pactados.
26. También, si hay lugar a ordenar el descuento de los aportes a pensión, salud y
riesgos laborales o reintegrar las sumas pagadas por ese concepto de lo que deberá
cancelar la entidad.
27. Seguidamente, se estudiará lo relativo al reajuste salarial y el reconocimiento de
vacaciones, prima de vacaciones y sanción moratoria. Finalmente, lo
correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
28. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
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estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
29. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
30. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
31. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.
Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.
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Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.
32. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
33. Ahora bien, el reconocimiento de la relación laboral encubierta conlleva ciertas
obligaciones, como lo son, el reconocimiento de las prestaciones que el contratista
dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales. Esta Subsección,
ha venido insistiendo en que las prestaciones sociales a que hay lugar son aquellas
previstas en los Decreto 1042 y 1045 de 1978, ya que en aquellos se establece el
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos; y acoge como criterio para
su reconocimiento y liquidación, el valor de los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios.
Resolución al caso concreto
Aportes a pensión y base para su liquidación
34. La Subsección advierte que el reconocimiento de la relación laboral encubierta
conlleva ciertas obligaciones, como lo son, el pago de las prestaciones que el
contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales.
35. Está acreditado y no es objeto de discusión la existencia de la relación laboral
entre las partes y, que, esta tuvo lugar del 1 de junio de 2013 al 31 de enero de
2017, (salvo las interrupciones), periodo durante el cual la demandante prestó sus
servicios como profesional de apoyo al proceso de control interno y auditora en
calidad en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
36. La Sala advierte que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no podía
limitarse el ingreso base de liquidación de los aportes a pensión al porcentaje que
cotizó como contratista, pues, precisamente, una de las consecuencias de la
declaratoria del encubrimiento de una relación laboral es el reconocimiento de las
prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines
pensionales, pues su situación jurídica surgió a través de un contrato estatal, pero,
en su ejecución, se configuraron los elementos constitutivos de un vínculo laboral.
37. En la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 (Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01), la Sala Plena de la Sección Segunda, definió
que el principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades,
definido en el artículo 53 de la Constitución Política, debe entenderse concordado
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con la «Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales».
38. De manera que, una vez declarada la irregularidad del contrato de prestación
de servicios, la lógica jurídica y la interpretación gramatical de la norma superior, no
debe ser otra que reconocer las garantías establecidas en las normas jurídicas, más
aún, tratándose de los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones,
que repercuten directamente en el derecho de acceso a una pensión en condiciones
dignas.
39. Lo anterior, implica que el cálculo de las diferencias derivadas del
reconocimiento de la relación laboral encubierta debe hacerse teniendo en cuenta
la totalidad de lo devengado por el contratista, sin que pueda limitarse o
condicionarse dicho reconocimiento al porcentaje sobre el cual realizó sus aportes.
40. Esto, de modo alguno implica un detrimento o afectación para el sistema
pensional, pues, precisamente, en estos casos, se dispone que la entidad debe
establecer estas diferencias y cotizar las sumas faltantes al respectivo fondo de
administración pensional y, la parte favorecida tiene la carga de acreditar las
cotizaciones realizadas y, en caso de resultar algún faltante, aportar en el porcentaje
que le correspondiere como trabajador.
41. Ahora bien, no le asiste razón a la demandante en cuanto a que los aportes a
pensión deben liquidarse con base en el salario de quienes ocupan un cargo de
planta de la E.S.E., pues, aunque, en el proceso se analizó, de forma somera, la
similitud de algunas de las obligaciones de la demandante con las del empleo de
asesor área control interno de la entidad, esa semejanza se hizo únicamente desde
el punto de vista funcional.
42. De modo que, no puede definirse con total certeza que ese empleo es
completamente equiparable a la situación de la demandante, no solo en lo que tiene
que ver con las funciones, sino en cuanto a los conocimientos básicos y específicos,
a la formación académica y experiencia exigida para ocuparlo. En ese sentido, no
es posible dar una orden como la pretendida en el recurso, porque se generarían
serias dificultades de ejecución e incertidumbres respecto de su alcance.
43. Se insiste en que, esta problemática, requiere algo que va más allá de la
acreditación de la ejecución de determinadas funciones o de cierta formación
profesional o experiencia, pues, para equiparar al contratista con un servidor público
de planta, se haría necesario revisar el régimen de ingreso al servicio público, la
responsabilidad en el ámbito penal, fiscal y disciplinario y, temas específicos de la
equivalencia de funciones, tales como, el parámetro de comparación de estas, la
suficiencia de las estipulaciones contractuales para asimilar las actividades del
contratista con las previstas en el manual de funciones de la entidad, el perfil
profesional del demandante, entre otras.
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44. Por último, la Sala acoge el argumento de la recurrente, frente a la
improcedencia de extender la prescripción de los derechos laborales reclamados a
los aportes pensionales, al tratarse de prestaciones periódicas, irrenunciables
e imprescriptibles, en virtud del mandato contenido en el artículo 164, numeral 1,
literal c), del CPACA y del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones laborales (art. 53 de la Constitución), en los términos definidos en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-
23-33-000-2013-00260-01.
45. De acuerdo con las consideraciones expuestas, se modificará el numeral tercero
de la sentencia del 30 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, en el sentido de ordenar a la entidad calcular el monto de las diferencias de
los aportes pensionales, realizados durante el tiempo en que se declaró la existencia
de la relación laboral, salvo los periodos de interrupción, teniendo en cuenta el 100%
de los honorarios pactados y, en caso de encontrar alguna, cotizarlas en el
respectivo fondo de administración pensional, en los términos definidos en la ley.
46. Se adicionará el numeral quinto de la decisión apelada, en el sentido de aclarar
que la prescripción extintiva no aplica respecto de los aportes a pensión.
47. Descuento y reintegro de los aportes al Sistema de Seguridad Social
48. En cuanto al tema, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, se aclaró el carácter parafiscal de los aportes a pensión y su
destinación para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.
Igualmente, que no son ingresos ni beneficios económicos para el demandante, por
lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente a la parte interesada
ni es posible el reembolso.
49. Frente a los aportes a salud, de conformidad con esta misma providencia, se
precisó que estos son contribuciones parafiscales con la destinación especifica de
cubrir los servicios para los dos regímenes que integran el sistema.
50. En lo que respecta a los aportes a pensión, la Sala advierte que estos
constituyen un derecho irrenunciable y, en ese sentido, ante la desnaturalización de
la vinculación contractual surge el deber de la entidad de efectuar la respectiva
liquidación, con el fin de determinar la existencia de diferencias entre lo que cotizó
en su momento el contratista y lo que debió aportarse, en virtud del nacimiento de
la relación laboral. Dicha obligación debe atenderse conforme lo establece la ley,
sin que sea procedente ni necesario incluir una orden sobre descuentos automáticos
o anticipados por parte del juez.
51. Tampoco devienen procedente los descuentos por concepto de aportes a salud,
pues la contingencia o riesgo que se pretendió asegurar se superó y, a todas luces
es claro que, en su debido momento el contratista asumió la cotización y gozó de
esa cobertura asistencial.
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52. De otra parte, en el recurso, la demandante solicitó el reintegro de las sumas
que asumió por esos mismos conceptos, sin embargo, no es posible ordenar tal
devolución así se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, ya que, de
admitirse tal pretensión, se le estaría otorgando un beneficio propiamente
económico, que no influye en el derecho prestacional como tal.
53. Por ende, se revocará el numeral sexto del fallo de primera instancia en el cual
se ordenó descontar del valor total de la condena lo correspondiente a aportes a
salud y pensión y se confirmará la decisión, en cuanto negó el reintegro de las
sumas que pagó la demandante por aportes al Sistema de Seguridad Social.
Prestaciones por reconocer
54. Se observa que, el Tribunal Administrativo de Arauca condenó a la entidad
demandada a pagar todas las prestaciones sociales comunes con quienes ocupan
un cargo de planta, teniendo como base la remuneración pactada en los contratos
de prestación de servicios, por los periodos acreditados.
55. Para la Sala, esa decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, si se delega esto en la entidad, surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir
de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?
56. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.
57. Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia se
encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se superó
el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad.
58. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
59. De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
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sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
60. Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la administración
tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de no ser
compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál
cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para
completar la sentencia.
61. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la
Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y
preste verdadero mérito ejecutivo, para lo cual tendrá en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta.
62. Por esas mismas consideraciones, resultan improcedentes las pretensiones de
la parte demandante encaminadas a que ordene el reajuste salarial y, que, se
liquiden las prestaciones teniendo como base la asignación salarial del cargo de
asesor área control interno de la E.S.E., pues, se reitera no hay certidumbre
absoluta de que la situación de la actora es totalmente semejante a la de ese empleo
o, que, dentro de la estructura de cargos de planta de la entidad exista otro cargo
con mayor similitud.
63. Así, para el caso los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que haya
lugar conforme lo dispuesto en los Decreto 1042 y 1045 de 1978 que regulan el
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.
64. Ahora bien, conviene dar claridad en que, en el caso, el Tribunal declaró la
existencia de la relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el
1 de junio de 2013 y el 31 de enero de 2017; además, encontró probada la excepción
de prescripción de los derechos laborales causados desde el 3 de diciembre de
2014 hacía atrás.
65. De este modo, las prestaciones a reconocer son aquellas causadas entre el 3
de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2017 salvo las interrupciones y,
corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene derecho un
servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la
demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes
citadas, es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías, intereses a las cesantías, la prima de servicios de que trata el
Decreto 2531 de 2014, a partir de 2015 y la bonificación por servicios prestados,
prevista en el Decreto 2418 de 2015, a partir del primero de enero del año 2016.
66. Por su parte, no es procedente en el caso bajo análisis reconocer
el auxilio de transporte, los subsidios de alimentación y familiar, ni
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Radicación: 81001-23-39-000-2018-00047-02 (6437-2023)
la compensación monetaria de la dotación de vestido y calzado, debido a que
el valor de los honorarios mensuales que la demandante percibió, en los años en
que estuvo vinculada y no operó la prescripción, excedió los límites salariales
definidos en las normas1 que reglamentaron los mentados beneficios.
67. Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 40.064.505.
68. Por lo tanto, se modificará el numeral segundo de la sentencia del 30 de junio
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, para incluir el valor de
la deuda a cargo de la entidad.
Sanción moratoria
69. Frente a la sanción moratoria, la jurisprudencia2 de esta Sección ha sido clara
en señalar que la sentencia que declara el encubrimiento de una relación laboral es
constitutiva y, en ese entendido, es a partir de ella que nacen los derechos laborales
exigidos en el proceso.
70. Por lo anterior, no es posible ordenar el pago de la sanción moratoria por la no
consignación o pago de las cesantías, o de otras prestaciones a favor de la
demandante, porque la parte demandada no ha incurrido en mora en tanto que, es
a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de un contrato
realidad que surge para la entidad la obligación de pagar las prestaciones sociales
en los términos señalados en el CPACA y demás normas concordantes.
De la condena en costas en segunda instancia
71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
1 Leyes 15 de 1959, 21 de 1982 y 70 de 1988 y Decretos 1042 de 1978 y los que fijan el incremento anual del
auxilio de transporte.
2 Ver entre otras, las sentencias del 28 de septiembre de 2023, expediente 20160006001.
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lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
74. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. MODIFICAR el numeral segundo y tercero de la sentencia proferida el
treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de
Arauca, los cuales quedarán así:
«SEGUNDO: DECLARAR que entre el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
y la demandante LENNIS ADRIANA SÁNCHEZ ORJUELA, existió una relación
de tipo laboral en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 al 31 de
enero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital San Vicente de
Arauca E.S.E., a pagar a la demandante Lennis Adriana Sánchez Orjuela el
valor correspondiente a CUARENTA MILLONES CERO SESENTA Y CUATRO
QUINIENTOS CINCO PESOS ($40.064.505.), por concepto de las prestaciones
sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. CONDENAR al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., a calcular
el monto de las diferencias de los aportes pensionales realizados durante el
tiempo en que se declaró la existencia de la relación laboral, salvo los periodos
de interrupción, teniendo en cuenta el 100 % de los honorarios pactados y, en
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caso de encontrar alguna, cotizarlas en el respectivo fondo de administración
pensional, en los términos definidos en la ley».
Segundo. ADICIONAR el numeral quinto de la decisión apelada, en el sentido de
que aclarar que “la prescripción extintiva no opera respecto de los aportes a
pensión”, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de esta decisión.
Tercero. REVOCAR el numeral sexto, en el cual se ordenó descontar del valor total
de la condena lo correspondiente a aportes a salud y pensión, por las razones aquí
expuestas.
Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la decisión recurrida.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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