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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00421-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00421-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR parcialmente los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por la señora Yolima Meneses Burbano contra el municipio de Candelaria, los cuales quedarán así: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 250.10.01-689 del 16 de julio de 2020 solamente en la parte que negó la existencia de un contrato realidad en vigencia de los contratos de prestación de servicios suscritos a partir del 12 de febrero de 2013 y hasta el 20 de diciembre de 2019. SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho declarar la existencia de la relación laboral subyacente entre el 12 de febrero de 2013 y el 20 de diciembre de 2019. TERCERO: a título de restablecimiento del derecho condenar al municipio de Candelaria a pagar: -Aportes a pensión por el tiempo que se configuró el contrato realidad. La entidad demandada liquidará los aportes sobre el IBC de los honorarios pactados en los contratos arriba identificados y verificará si existe diferencia entre los aportes realizados por el contratista y los que se debieron efectuar. En caso de faltar debe cotizar al respectivo fondo de pensiones la diferencia solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema general de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró la vinculación constitutiva de contrato realidad. En el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador. La entidad demandada podrá retener los valores que el demandante adeude al fondo de pensiones y hacer el traslado a este último. -El demandado deberá pagar a favor de la señora Yolima Meneses Burbano la suma de sesenta y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($63.647.984) por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva, los cuales se causaron entre el 12 de febrero de 2013 y el 20 de diciembre de 2019. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00421-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024)
Demandante: Yolima Meneses Burbano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024)
Demandante: Yolima Meneses Burbano
Demandado: Municipio de Candelaria-Valle del Cauca

Tema: Relación laboral encubierta/auxiliar administrativo

Decisión: Modifica parcialmente sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra
la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2.Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
250.10.01-689 de 16 de julio de 2020 expedido por el municipio de Candelaria
que negó la existencia de una relación laboral entre el 21 de junio de 2007 y el
20 de diciembre de 2019.

3. Como consecuencia, solicitó que se le paguen las prestaciones sociales y
acreencias laborales, a saber: auxilio de cesantías, intereses de las cesantías,
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, el reconocimiento de la
diferencia salarial con el empleado que ocupaba similar cargo y funciones, las
demás prestaciones que por disposición reglamentaria se reconozca a los
empleados de la entidad territorial, la devolución de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, la indemnización moratoria por la no consignación de
las cesantías, indemnización moratoria por el no reconocimiento de las
prestaciones sociales, indemnización por los perjuicios derivados de la
terminación unilateral y sin justa causa del contrato, la indexación de las sumas
que sean reconocidas y se condene en costas a la entidad.

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024)
Demandante: Yolima Meneses Burbano

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.La señora Yolima Meneses Burbano prestó sus servicios personales y
remunerados en favor del municipio de Candelaria, inicialmente en la Secretaría
de Salud y luego en la Secretaría de Tránsito a través de contratos de prestación
de servicios celebrados entre el 21 de junio de 2007 y el 20 de diciembre de 2019.

5.Las funciones se desempeñaron de manera personal y bajo subordinación,
acatando las instrucciones dadas por sus jefes inmediatos y secretarios de
despacho, además las actividades eran similares a las desarrolladas en el cargo
de auxiliar administrativo grado 02 del nivel técnico.

6. Realizó labores tales como, atención al público, digitación, registro de la
información en la plataforma del registro único nacional de tránsito, verificación
de documentos, al igual que, todas las actividades propias y permanentes de los
organismos de tránsito. Con ocasión de la prestación de los servicios percibió
una remuneración.

7. El 30 de junio de 2020, presentó derecho de petición en el que solicitó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales no
devengadas. La entidad territorial negó dicha solicitud mediante el Oficio
250.10.01-689 de 16 de julio de 2020.

1.3. Concepto de la violación

8.Señaló la demandante que el acto demandado incurre en la causal de nulidad
de falsa motivación, toda vez que este no reflejó la realidad fáctica y jurídica que
amparó el vínculo laboral reclamado.

1.4. Contestación de la demanda

9. El municipio de Candelaria mediante apoderado se opuso a las pretensiones
invocadas y como consecuencia de ello, aseveró que el vínculo que realmente
surgió fue del orden contractual, amparado por la Ley 80 de 1993, y que hubo
interrupciones en la prestación del servicio.

10. Aseguró que las funciones ejecutadas no se podían clasificar como propias de

un empleo público de la planta de personal de la entidad territorial y tampoco era
posible delimitarlas dentro de la órbita de los trabajadores oficiales, dado que, los
contratos de prestación de servicios tuvieron por objeto el «apoyo en las labores
administrativas de la Secretaría de Salud», «prestar los servicios técnicos en
organización y archivo de correspondencia», «apoyo a la gestión de la
administración municipal en el proceso administrativo de la Secretaría de
Transito», «prestación de servicios para la digitación de la información
correspondiente a la expedición de licencias de conducción expedidas por la
oficina de la Secretaría de Tránsito de Candelaria y con destino al RUNT»,
«apoyo al fortalecimiento al sistema de registro electrónicos y tecnológicos de la
Secretaría de Tránsito de Candelaria».

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11. Aseveró que la contratista gozó de autonomía para llevar a cabo sus funciones

de apoyo a la gestión en los procesos administrativos de las diferentes
dependencias, sin estar bajo dependencia o subordinación de la autoridad
administrativa.

12. Formuló como excepciones las siguientes: i) ineptitud de la demanda por
inexistencia de los derechos reclamados; ii) prescripción; iii) buena fe para
exonerar de indemnización moratoria; iv) innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal dictó sentencia el 22 de febrero de 2024, declaró la nulidad del

oficio demandado y en virtud de ello la existencia de una relación laboral
encubierta entre enero de 2013 y el 20 de diciembre de 2019.

14. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la entidad territorial sufragar

los aportes pensionales de ese tiempo, teniendo en cuenta los honorarios
pactados en los contratos. No obstante, la interesada debe acreditar las
cotizaciones efectuadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
por el tiempo de duración del vínculo laboral, en el evento de no haberlo hecho o
existir diferencia en su contra debe completar, según sea el caso, el porcentaje
que le corresponde como trabajador, así mismo, la parte demandada puede
retener los valores que la demandante adeude al fondo de pensiones y hacer el
traslado a este último.

15. Igualmente, condenó al pago de las prestaciones sociales liquidadas según

los honorarios contractuales y las del Código Sustantivo del Trabajo, y negó las
demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

16. Enconsecuencia, el análisis de los elementos constitutivos de la relación
laboral lo delimitó según las funciones llevadas a cabo por la señora Yolima
Meneses Burbano, así:

17. Apoyo en las labores administrativas de la Secretaría Salud

18. Señaló que el tiempo de prestación de servicios se dio entre el 21 junio a 30

octubre 2007, 2 al 31 enero 2008, 26 de enero al 28 febrero 2009, 1° septiembre
al 30 diciembre 2009 y 18 de febrero al 18 de mayo de 2010, dentro de los cuales
hubo interrupciones superiores 30 días; que no se allegó elemento probatorio
alguno que demostrara que en su ejecución hubo instrucciones dadas por la
demandada o que esta ejerciera algún grado de subordinación que afectara la
autonomía de la interesada. De ahí que, negó las pretensiones relativas de este
período.

19. Servicios técnicos en organización y archivo de correspondencia

20. El tribunal negó las pretensiones del tiempo de labores que se llevó a cabo

entre: el 1.° de febrero al 30 junio 2008, 1.° de julio al 30 octubre 2008 y del 31
de octubre al 31 diciembre 2008, porque la prestación del servicio fue temporal,
y no se aportaron pruebas que demostraran la subordinación.
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21. En cuanto a i) los servicios de apoyo a la gestión de la administración municipal

en el proceso administrativo de la Secretaría de Tránsito; ii) servicios para digitar
la información de la expedición de licencias de conducción expedidas por la
oficina de la Secretaría de Tránsito en la cabecera municipal y con destino al
RUNT y iii) servicios de tecnólogo con formación en áreas administrativas,
brindando apoyo al fortalecimiento al sistema de registro electrónicos y
tecnológicos de la Secretaría de Tránsito; especificó el a quo que estas se
ejecutaron en la Secretaría de Tránsito del municipio de Candelaria en los
siguientes lapsos: 11 de febrero al 28 de abril de 2011, 13 de marzo al 13 de
octubre de 2012,16 de noviembre al 28 de diciembre de 2012, 12 de febrero al
15 de diciembre de 2013, 16 de enero al 16 de julio de 2014, 22 de agosto al 30
de diciembre de 2014, 3 de febrero al 15 de diciembre de 2015, 22 de febrero al
30 de junio de 2016, 16 de agosto al 26 de diciembre de 2016, 10 de febrero al
26 de diciembre de 2017, 15 de enero al 26 de junio de 2018, 23 de julio al 26 de
diciembre de 2018, 8 de febrero al 31 de mayo de 2019 y 4 de junio al 20 de
diciembre de 2019.

22. Aclaró que, pese a que se presentaron interrupciones superiores a 30 días en

algunos de los contratos y en principio se generaría solución de continuidad, en
el expediente reposaban pruebas con las cuales se infería que esas
interrupciones fueron formales, en tanto, hubo continuidad en el desempeño de
las labores.

23. De ese modo, indicó que el testigo Edilberto Peralta, secretario de Tránsito de

la entidad territorial entre las anualidades de 2013 y 2019, relató que la
accionante manejaba la plataforma RUNT para los trámites del tránsito del
municipio, únicamente ella tenía las claves y era la autorizada para acceder al
citado sistema, así mismo, señaló que entre el vencimiento de cada contrato y la
celebración del siguiente le pedían que colaborara para continuar atendiendo el
RUNT, el servicio solamente se podía llevar a cabo en las dependencias y
cumplía el horario institucional de atención al público.

24. Que la declarante Oleida Yepes, compañera de trabajo de la actora, explicó

que entre cada contrato continuaba laborando, no se contaba con otra persona
que reemplazara a la demandante como quiera que solamente ella estaba
autorizada en la administración del RUNT, al punto que si faltaba un día los
usuarios debían regresar porque no había como hacer los trámites.

25. Por
ello, concluyó que se acreditaron los elementos de la relación laboral
subyacente con ocasión a la prestación del servicio en la Secretaría de Tránsito
del municipio de Candelaria.

26. Negó la excepción de prescripción, porque la relación laboral acaeció entre

enero de 2013 y el 20 de diciembre de 2019, la reclamación administrativa se
radicó el 2 de julio de 2020 y la demanda se presentó el 26 de marzo de 2021,
es decir, dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo contractual.
27. Respecto al restablecimiento del derecho precisó que la sentencia de

unificación dictada en el 2016 por el Consejo de Estado, estableció que la
declaración de la relación laboral no atribuía al beneficiario la calidad de
empleado público, sin embargo, le otorgaba el derecho al pago de las
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prestaciones sociales y los aportes a pensión, además, la base de liquidación
serían los honorarios contractuales a menos que en la planta de la entidad
existiere el cargo cuyas funciones desempeñaba, evento en el que la base de
liquidación sería el ingreso de éste último.

28. Que, a pesar de lo descrito, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo guardó silencio en lo referente a cuáles prestaciones
sociales deben reconocerse y la forma de liquidarlas, esto es, las percibidas por
los empleados públicos o las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo. De
ese modo, concluyó que tenía la libertad de resolver conforme a la interpretación
que estimara ajustada a derecho, y así determinó que como el vínculo no se
transformó en uno de naturaleza legal y reglamentaria, las prestaciones sociales
que se reconocen son las del Código Sustantivo del Trabajo, que deben liquidarse
con fundamento en los honorarios contractuales. Además, condenó a la entidad
territorial al pago de los aportes pensionales del tiempo en el que se demostró la
relación laboral.

29. Por otra parte, negó las indemnizaciones o intereses moratorios, dado que, a

partir de la decisión y no antes, surge la obligación del pago a las prestaciones
sociales por ser una sentencia constitutiva de derechos. No efectuó el
reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa, ya que, la
relación laboral culminó por el vencimiento del plazo convenido.

30. Negó el pago de los intereses a las cesantías, toda vez que, los intereses sobre

las sumas concedidas que incluyen a las cesantías son los del artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011. Negó la devolución de los aportes en salud, en tanto son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito en
favor del interesado, por lo que, independientemente de que se hayan prestado
o no los servicios sanitarios, su finalidad no se altera y permanece para garantizar
la sostenibilidad del sistema.

31. Finalmente, no condenó en costas a la parte vencida, porque las pretensiones

prosperaron parcialmente.

1.6. Recursos de apelación

32. La parte demandante presentó escrito de apelación contra la sentencia de

primera instancia, solicitando la adición de la condena en el sentido de ordenar
al municipio de Candelaria el pago de la indemnización por despido injusto, la
indemnización moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales, los
intereses de las cesantías, así como, la liquidación de las prestaciones sociales
e indemnizaciones con base al salario del empleado de planta que ocupaba el
mismo cargo. Para tal fin, expuso los siguientes argumentos:

33. La sentencia ordenó la liquidación de las prestaciones sociales y aportes a

pensión con fundamento al valor de los honorarios de los contratos de prestación
de servicios, sin embargo, el a quo no verificó que las funciones desarrolladas
por la actora eran semejantes o iguales a las realizadas en el cargo de auxiliar
administrativo 407 grado 02 de la Secretaría de Tránsito que fue desarrollado por
personal de planta, en el presente caso, el señor Manuel Bejarano Camacho
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ejerció el cargo desde el 1° de febrero de 2013 a(l) 25 de mayo de 2021 en la
filial de la Secretaría de Tránsito ubicada en el corregimiento de «Juanchito». En
ese orden de ideas, se debe modificar el numeral tercero de la condena para que
se liquiden los aportes y prestaciones sociales de acuerdo con los valores
recibidos en dicho empleo.

34. En lo concerniente a la indemnización moratoria, expresó que si bien la
obligación surge con la declaración judicial, la parte demandada no acreditó
actuar de buena fe al encubrir la relación laboral por aproximadamente 13 años,
razón por la cual, es procedente reconocerla por la mora en el pago de las
prestaciones sociales a partir de la fecha de terminación irregular del contrato de
trabajo, más aún, cuando el Tribunal ordenó pagar las prestaciones sociales
estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo.

35. Que es procedente el reconocimiento de la indemnización por despido injusto

en la forma que lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que, se
demostró que el cargo desempeñado en la Secretaría de Tránsito existe en la
planta de personal; que a pesar de que el Tribunal ordenó reconocer las
prestaciones contenidas en dicho código, al referirse a los intereses determinó
que estos proceden conforme al CPACA, por lo tanto, debe adicionarse la
condena incluyendo los conceptos que se enmarcan en las liquidaciones del
Código Sustantivo del Trabajo.

36. Finalmente, sostuvo que como se generaron gastos a la demandante para

reclamar sus derechos, era viable condenar en costas y agencias en derecho a
la parte demandada, razón suficiente para revocar el numeral 5° de la sentencia.

37. De otro lado, el municipio de Candelaria expresó su desacuerdo con el
tribunal con los siguientes argumentos:

38. Dijo que hubo insuficiencia probatoria, porque en el interrogatorio de la parte

demandante, ella indicó que nunca recibió un llamado de atención, no fue
sometida a un reglamento interno de trabajo, no le impusieron sanciones o
amonestaciones por escrito derivadas de faltas cometidas durante el desarrollo
del vínculo contractual, y que no podía ser reemplazada cuando se incapacitaba,
situación propia de los contratos de prestación de servicios que revisten la
característica de «intuitu personae».

39. Conforme a los testimonios de los señores Edilberto Peralta y Aleyda Yepes,

quienes afirmaron que si la interesada no asistía se cerraba la oficina porque no
había quien ejecutara las funciones realizadas por ella, debe concluirse que no
existe un cargo que se pueda comparar con el ejercido por la actora.

40. Que si bien los deponentes expresaron que cuando la demandante se
encontraba enferma no podía enviar un reemplazo, esto reafirma la característica
de «intuitu personae», por lo tanto, lo que realmente se presentó fue la
coordinación respecto a la prestación del servicio de la contratista en el manejo
de sistema del RUNT.

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41. Que la administración puede celebrar contratos de prestación de servicios

cuando la actividad no pueda llevarse a cabo con el personal de planta o se
requiera de conocimientos especializados, en ese sentido, no necesariamente se
configura la relación laboral al ejercerse funciones similares a las de los
empleados de planta que estén en otra sede, pues, una relación legal y
reglamentaria tiene requisitos especiales.

42. Los contratistas pueden recibir instrucciones sobre la correcta prestación del

servicio, rendir informes, sin que ello constituya elementos de una relación de
subordinación continuada, si no que se enmarcan en una relación de
coordinación que debe existir entre estos y la administración para la correcta
ejecución de los recursos públicos en aras de prestar un mejor servicio.

43. Las actividades realizadas por la demandante no se pueden clasificar como

funciones propias de un empleado público de la planta de personal del municipio
de Candelaria, dado que, las labores quedaron pactadas como servicios de
«apoyo a la gestión de la administración municipal».

44. No se aportó ninguna prueba que permita inferir más allá de las instrucciones,

capacitaciones y en general la coordinación de labores, que la demandante debía
acatar y atender de su contratante directrices, según se evidencia en los
contratos de prestación de servicios, o que éstas se hubieren exteriorizado a
través de acciones, documentos u otros medios verificables; habida
consideración que ni siquiera el contenido de los informes de gestión, las
certificaciones de actividades, los documentos de reporte, las actas de
supervisión de contratos, dan cuenta de la ejecución de actividades diferentes a
las encomendadas, o que se hubiesen excedido la órbita de los objetos
contractuales, y que por consiguiente sugirieran una relación de dependencia de
la demandante frente a la entidad.

45. La contratación de la accionante se produjo de manera reiterada, pero
temporal, tal como sucedió entre los años 2016 y 2018. Por último, sin implicar el
reconocimiento de la relación laboral, sostuvo que debe estudiarse la excepción
de la prescripción extintiva del derecho.

1.7 Trámite de segunda instancia

46. El 5 de agosto de 2024 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso

que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso
regresaría al despacho para fallo.

Finalmente, no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por
lo que se procede a resolver la alzada, previas las siguientes,

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

48. De tal modo que, como en este asunto si bien ambas partes recurrieron la

decisión proferida en primera instancia, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en cada uno de sus recursos por no comprender toda
la sentencia.

2.2. Problema jurídico

49. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la

Sala debe resolver los siguientes interrogantes:

50. ¿entre la señora Yolima Meneses Burbano y el municipio de Candelaria existió

una relación laboral encubierta o subyacente en los períodos en que celebraron
contratos de prestación de servicios, por haberse acreditado la subordinación?

51. De probarse lo anterior, se resolverán los siguientes aspectos:

52. ¿sobre tal vínculo contractual acaeció en todo o en parte el fenómeno de la

prescripción trienal? ¿procede el reconocimiento de las prestaciones sociales con
fundamento a los salarios devengados en el cargo de auxiliar administrativo 407
grado 02 de la Secretaría de Tránsito de la entidad territorial y no con los
honorarios contractuales? Y si ellas ¿corresponden o no a las señaladas en el
Código Sustantivo del Trabajo?

53. Adicionalmente, si ¿la demandante tiene derecho a las relacionadas con los

intereses del auxilio de cesantías, la sanción moratoria por la falta de pago de
las prestaciones sociales y la indemnización por despido sin justa causa, que
fueron negadas en primera instancia? ¿debe condenarse en costas y agencias
en derecho en primera instancia al municipio de Candelaria por resultar vencido
en el procedo de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora
Yolima Meneses Burbano en su contra?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

54. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

55. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

56. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

57. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

58. De acuerdo con las pruebas aportadas por las partes3, así como, la
certificación expedida el 14 de julio de 2020 por la subsecretaria de desarrollo
administrativo del municipio de Candelaria4, la señora Yolima Meneses Burbano
suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad
territorial:

No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor

Prestar apoyo en las labores administrativas de la $4.433.333
2695 21/06/2007 30/10/2007
Secretaría de Salud M/cte.
Interrupción de 41 días hábiles

3
Expediente contractual aportado por la entidad territorial demandada, visible en el archivo titulado «EXPEDIENTE
CONTRACTUAL COMPLETO YOLIMA MENESES BURBANO», expediente digital, índice 2 de Samai.
4
Folios 4 a 7 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1», expediente
digital, índice 2 de Samai.
5
Folio 1 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1», expediente
digital, índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024)
Demandante: Yolima Meneses Burbano

Prestar apoyo en las labores administrativas de la $700.000
086 02/01/2008 31/01/2008
Secretaría de Salud M/cte.
Prestar los servicios técnicos en organización y $3.500.000
0837 01/02/2008 30/06/2008
archivo de correspondencia M/cte.
Prestar los servicios técnicos en organización y $2.800.000
2258 01/07/2008 30/10/2008
archivo de correspondencia M/cte.
Prestar los servicios técnicos en organización y $1.400.000
3739 31/10/2008 31/12/2008
archivo de correspondencia M/cte.
Interrupción de 15 días hábiles
Prestar apoyo en las labores administrativas de la $1.400.000
019 26/01/2009 28/02/2009
Secretaría de Salud M/cte.
Interrupción de 120 días hábiles
Prestar los servicios de apoyo en la Secretaría de $3.200.000
25310 01/09/2009 30/12/2009
Salud M/cte.
Interrupción de 33 días hábiles
Prestar servicios técnicos de apoyo en las labores $2.400.000
203.13.08-083 18/02/2010 18/05/2010
administrativas de la Secretaría de Salud. M/cte.
Interrupción de 188 días hábiles
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la
administración municipal en el proceso $2.450.000
203.13.08-04311 11/02/2011 28/04/2011
administrativo de la Secretaría de Tránsito M/cte.
Municipal
Interrupción de 219 días hábiles
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la
administración municipal en el proceso $5.600.000
203.13.08-058 13/03/2012 13/10/2012
administrativo de la Secretaría de Tránsito M/cte.
Municipal
Prestar de servicios de apoyo en los procesos $2.150.000
203.13.08-291 16/11/2012 28/12/2012
administrativos de la Secretaría de Tránsito M/cte.
Interrupción de 30 días hábiles
Prestar de servicios de apoyo a la gestión en los
$8.400.000
203.13.08-049 procesos administrativos de la Secretaría de 12/02/2013 15/12/2013
M/cte.
transito
Interrupción de 18 días hábiles
Prestación de servicios para la digitaci6n de la
informaci6n correspondiente a la expedici6n de
$7.800.000
203.13.08-01312 licencias de conducci6n expedidas por la oficina 16/01/2014 16/07/2014
M/cte.
de la secretaria de Tránsito ubicada en la
cabecera municipal y con destino al RUNT
Prestación de servicios para la digitaci6n de la
información correspondiente a la expedición de
$6.500.000
203.13.08-38213 licencias de conducci6n expedidas por la oficina 22/08/2014 30/12/2014
M/cte.
de la secretaria de Tránsito ubicada en la
cabecera municipal y con destino al RUNT
Interrupción de 21 días hábiles
Prestación de servicios para la digitaci6n de la
información correspondiente a la expedición de
$14.300.000
203.13.08-01714 licencias de conducci6n expedidas por la oficina 03/02/2015 15/12/2015
M/cte.
de la secretaria de Tránsito ubicada en la
cabecera municipal y con destino al RUNT
Interrupción de 45 días hábiles
Prestación de servicios para la digitaci6n de la
información correspondiente a la expedición de
$6.500.000
203.13.08-140 licencias de conducci6n expedidas por la oficina 22/02/2016 30/06/2016
M/cte.
de la secretaria de Tránsito ubicada en la
cabecera municipal y con destino al RUNT
Interrupción de 29 días hábiles

6
Folio 23 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1», expediente
digital, índice 2 de Samai.
7
Folio 45 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1», expediente
digital, índice 2 de Samai.
8
Folios 97 y 98 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
9
Folios 125 y 126 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
10
Folios 261 y 261 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
11
Folios 187 a 192 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
12
Folios 499 a 502 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
13
Folios 637 a 640 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
14
Folios 757 a 760 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00421-01 (3311-2024)
Demandante: Yolima Meneses Burbano

Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$8.000.000
203.13.08-40115 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 16/08/2016 26/12/2016
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretaria de
transito
Interrupción de 32 días hábiles
Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$17.600.000
203.13.08-11716 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 10/02/2017 26/12/2017
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretarla de
Tránsito de Candelaria
Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$10.800.000
203.13.08-09417 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 15/01/2018 26/06/2018
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretarla de
Tránsito de Candelaria
Interrupción de 16 días hábiles
Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$10.800.000
203.13.08-50418 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 23/07/2018 26/12/2018
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretarla de
Tránsito de Candelaria
Interrupción de 29 días hábiles
Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$7.200.000
203.13.03-32719 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 08/02/2019 31/05/2019
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretarla de
Tránsito de Candelaria
Prestación de servicios de tecnólogo con
formación en áreas administrativas, brindando
$12.600.000
203.13.08-63220 apoyo al fortalecimiento al sistema de registro 04/06/2019 20/12/2019
M/cte.
electrónicos y tecnológicos de la secretarla de
Tránsito de Candelaria

59. Se precisa que esta instancia únicamente se pronunciará respecto al tiempo

en el que el Tribunal de primer grado reconoció la existencia de la relación laboral
encubierta, relativo al período comprendido entre enero de 2013 y el 20 de
diciembre de 2019, toda vez que, el lapso que va del 21 de junio de 2007 hasta
el 28 de diciembre de 2012, no fue objeto de reproche en los recursos de
apelación presentados por los sujetos procesales contra la sentencia de primera
instancia, en garantía del principio de congruencia.

60. De modo que, con el material probatorio allegado al proceso se evidencia que

la actora cumplió con la carga de demostrar la prestación personal del servicio
como auxiliar administrativa de la Secretaría de Tránsito del municipio de
Candelaria para la recepción y registro de documentos en la plataforma del
registro único nacional de tránsito-RUNT entre el 12 de febrero de 2013 y el 20
de diciembre de 2019.

61. Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero

recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios recibidos por el demandante por concepto de los servicios
ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.
15
Folios 940 a 948 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
16
Folios 1084 a 1093 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
17
Folios 1246 a 1255 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
18
Folios 1382 a 1390 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
19
Folios 1513 a 1521 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
20
Folios 1628 a 1638 del archivo titulado «2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

62. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».

63. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de establecer

si la contratista estuvo subordinada al demandado durante la ejecución de los
contratos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

64. En esos términos, con las pruebas aportadas se probó que, como lugar de

trabajo, la demandante tuvo las instalaciones de la sede de la Secretaría de
Tránsito del municipio de Candelaria. Ello se corrobora con el dicho del testigo
Edilberto Peralta Borja quien a pregunta formulada por el apoderado de la
demandante relacionada con que, si ella podía ejecutar sus funciones fuera de
las instalaciones de la entidad, contestó que «el servicio lo prestaba en el
momento en que se abriera la Secretaría de Tránsito porque no podía, o sea,
brindarle el servicio al usuario» (sic).

65. Además, el declarante especificó que la dependencia contaba con dos
oficinas, una en el corregimiento de «Juanchito» con enfoque en licencias de
conducción y otra en la cabecera municipal que se concentraba en la atención
de trámites de vehículos automotores21. Asimismo, se destaca que el testigo
conoció a la actora cuando éste ejerció el cargo de secretario de Tránsito del
municipio de Candelaria durante los años 2012 a 201922, época en la que verificó
el desarrollo de las labores llevadas a cabo por ella, e indicó que «yo trabajé
hasta el 31 de diciembre del año 2019 porque se acabó el período administrativo
del alcalde de turno, o sea, los periodos administrativos vencieron, yo estuve
como secretario de Tránsito 2012-2016 y 2016 hasta 2019, pero en el 2019 en el
mes de marzo renuncié y seguí como asesor del despacho» (sic).

21
Al respecto, el apoderado de la demandante le preguntó «¿Si esta era la única ventanilla de interacción con el RUNT o
la Secretaría tenía otra sede, otra ventanilla con idénticas funciones?», explicando el declarante que «nosotros teníamos
dos usuarios RUNT, sino que geográficamente y por prestación del servicio para los usuarios estaban ubicados en
sectores diferentes, uno en Juanchito con enfoque más que todo para el tema de licencias de conducción y otro en el
sector de Candelaria, cabecera municipal con el enfoque de automotores, pero en determinado momento se podían
realizar digamos o sea, estaban habilitados los equipos para hacer todos los mismos los trámites, todos los trámites que
manda la interacción con el RUNT, sino que allí en Candelaria teníamos el registro automotor, los archivos y como tal se
enfocaba en la prestación del servicio al registro de vehículos».
22
En efecto, el deponente expresó que «conozco a la señora Yolima Meneses y efectivamente ella trabajó cuando yo
trabajé con el municipio de Candelaria durante el periodo que yo estuve allí que fue en el 2012 al 2019», así mismo,
explicó que «ella ingresó en el 2013 y trabajó conmigo en el despacho de la Secretaría de Tránsito. O sea, trabajó conmigo
en el 2013 en todo el periodo de 2013 hasta el 2019 que fue cuando yo me retiré de la Secretaría de Tránsito en marzo,
5 de 2019, sé que ella había trabajado en otras dependencias de la alcaldía, pero no sé exactamente cuándo».

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

66. Igualmente, se tiene que la señora Yolima Meneses Burbano, en el
interrogatorio de partes afirmó que «el secretario de despacho […] era la persona
directamente quien estaba pendiente de mis procesos de trabajo», es decir, «el
secretario de tránsito o secretaria, la persona que estuviese ahí en su momento
como secretario de despacho».

67. Por lo anterior, la Sala considera que la demandante, prestaba sus servicios

personales en la dependencia de la Secretaría de Tránsito del ente territorial
demandado.

68. En lo concerniente al horario de labores, la demandante en su interrogatorio

relató que prestaba los servicios en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m.23 en jornada de lunes a viernes, como quiera que, realizaba
labores de atención al público24.

69. Afirmación que coincide con lo expresado por la testigo Aleida Yepes Latorre,

quien dijo que se realizaban las labores a partir de las 8:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m.25. Asimismo, frente a pregunta efectuada por el apoderado
de la parte demandante relacionada con que indicara ¿cuál persona imponía ese
horario a la accionante?, expresó que el jefe inmediato era el que señalaba el
horario26, igualmente, mencionó que éste era el señor Edilberto Peralta27. Ella es
testigo directo de los hechos, toda vez que fue compañera de trabajo de la señora
Yolima Meneses Burbano en los años 2016 a 201928.

70. De modo complementario, el declarante Edilberto Peralta Borja agregó que la

interesada ejercía sus funciones «en el horario de prestación del servicio de la
Secretaría de Tránsito, en el horario en que nosotros prestábamos el servicio,
porque es una ventanilla de atención al público» (sic), en ese sentido, el
mandatario de la accionante lo interrogó para que precisara si el horario podía
ser objeto de modificación, explicando el testigo que «no, el tema de los horarios
eran institucionales, o sea, era la entidad como tal la que regía los horarios» (sic).

71. En consecuencia, se considera que la demandante cumplió con un horario de

8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m, asignado por la autoridad
administrativa durante la jornada de lunes a viernes, por ser la jornada en que
prestaba sus servicios a los usuarios de esta.

72. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento

de un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular
y aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los

23
Sobre el punto, la demandante aseveró que «el horario laboral era el que dirigía el municipio de 8 de la mañana a 12
del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes».
24
Al respecto, la accionante indicó que «yo debía cumplir un horario laboral porque era atención al público».
25
En efecto, la testigo señaló que «nosotros entrábamos ocho de la mañana doce del día dos de la tarde seis de la tarde
el partido del horario».
26
Sobre esto la declarante aseguró que «nosotros teníamos un jefe inmediato y pues era el que nos colocaba ese horario».
27
Al respecto, el apoderado de la actora preguntó «¿Recuerda usted el nombre del jefe inmediato?», sosteniendo la
testigo que «Edilberto Peralta».
28
Sobre el particular, la declarante expresó que «pues yo a Yolima Meneses la conozco hace bastante, pero tuvimos
acercamiento cuando estuvo en la en la Secretaría afín que fue la Secretaría de Tránsito yo sé que ella hizo una Secretaría
de Salud en otras Secretarías, las cuales, pues yo no compartí con ella, entonces fue lo que yo estuve laborando con ella
eso fue en el 2017-2019 2018 en el 2016 sí en el 2016 en ese plazo de tiempo fue que nosotros tuvimos esa afinidad ese
conocimiento de trabajo laboral».

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda
relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la
correcta ejecución del objeto convenido29.

73. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,

es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

74. La entidad territorial demandada alegó que las pruebas aportadas al
expediente no acreditaron los direccionamientos en el modo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales contraídas o la falta de autonomía técnica en la
ejecución de los contratos de prestación de servicios. Igualmente, argumentó
que, según lo dicho por la demandante en el interrogatorio, no podía ser
reemplazada cuando se enfermaba, y, que según lo afirmado por los testigos
Edilberto Peralta y Aleida Yepes, si ella no prestaba los servicios no podía enviar
un reemplazo, situaciones que vislumbran la característica «intuitu personae»
propia de los contratos de prestación de servicios-

75. La Sala considera pertinente aclarar que los contratos de prestación de
servicios tienen como características el ser onerosos e «intuitu personae», es
decir, guardan una similitud con dos de los elementos del contrato de trabajo,
prestación personal del servicio30 y remuneración, de ahí que, lo que realmente
lo diferencia de este último es la continuada subordinación y dependencia, la cual
se puede acreditar con cualquier medio probatorio.

76. Así las cosas, la Corporación evidencia que en varios contratos de prestación

de servicios la demandante debió cumplir las siguientes obligaciones: i) fortalecer
la rendición de información a los sistemas RUNT-RNA-RNMA231; ii) inscribir a los
ciudadanos que lo requieran, en el sistema de registro único nacional de tránsito-
RUNT32; iii) realizar la liquidación de los derechos que generan los trámites
relacionados con matrículas, traspasos; traslados; cambio de motor, de color,
transformación de vehículo, duplicado de licencias, cambio de documento en la
Secretaría de Tránsito33; iv) proyectar respuesta de derechos de petición por
solicitudes instaurada en contra de la Secretaría de Tránsito y transporte en
temas de transporte34; v) digitar, validar y registrar la información que

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
Conforme a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 «la labor encomendada al presunto contratista debe ser
prestada de forma personal y directamente por este; pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones profesionales, fue
a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el
ejercicio de sus actividades en terceras personas».
31
Obligación establecida en los contratos de prestación de servicios 203.13.08-117, 203.13.08-094, 203.13.08-504,
203.13.03-327 y 203.13.08-632.
32
Obligación contraída en los contratos de prestación de servicios 203.13.08-013, 203.13.08-382, 203.13.08-017,
203.13.08-401, 203.13.08-117, 203.13.08-094, 203.13.08-504, 203.13.03-327 y 203.13.08-632
33
Obligación pactada en los contratos de prestación de servicios 203.13.08-013, 203.13.08-382, 203.13.08-017,
203.13.08-401, 203.13.08-117, 203.13.08-094, 203.13.08-504, 203.13.03-327 y 203.13.08-632
34
Obligación pactada en el contrato de prestación de servicios 203.13.08-632.

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

corresponde a la expedición de licencias y tramites de la Secretaría de Tránsito
ante el RUNT35; vi) imprimir las láminas conforme a las exigencias técnicas
expedidas por el Ministerio de Transporte36; vii) radicar los trámites que expida la
oficina de la Secretaría de Tránsito del municipio de Candelaria37; viii) enviar la
información requerida por el Ministerio de Transporte y el registro único nacional
de tránsito-RUNT38; ix) realizar informes respecto de los trámites de licencias de
tránsito que requiera el secretario de tránsito u otras entidades39.

77. Esas actividades eran de gestión administrativa y para su ejecución se exigía

una continuada dependencia para con la autoridad administrativa, pues, en el
interrogatorio la demandante explicó que ella era la encargada de la atención de
la ventanilla del registro único nacional de Tránsito, es decir atendía a los
usuarios de esa dependencia, en la cual, registraba la información de las
matrículas de los vehículos, certificados de tradición y libertad, liquidación de
impuestos, traspasos, licencias de tránsito y tarjetas de propiedad40.

78. Y el testigo Edilberto Peralta Borja, quien fue secretario de tránsito en la época

en que la demandante reclama la relación laboral encubierta relató que ella «se
encargaba básicamente de manejar lo que era la plataforma RUNT, Registro
Único Nacional de Tránsito, la persona encargada de interactuar a través de esa
plataforma y sus funciones se relacionaban con la atención al público, o sea,
registro de ciudadanos, validación de documentos, liquidación de facturas de
pago, o sea, comprobantes de pago del RUNT, y sí, la verificación de todos los
documentos que hacen parte del trámite y, a su vez, subirlos en la plataforma
RUNT» (sic).
79. Asimismo, la declarante Aleida Yepes Latorre aseguró que la demandante

«era la que manejaba el sistema del RUNT, todo el tema del RUNT, ella era la
que inscribía el RUNT al usuario, la que hacía lo del tema de los, todo lo que
tenía que ver con transporte, con traspasos, todo ese tema de las placas, de darle
la placa al carro que iba a ser de allí del municipio, eso era exactamente la labor
que ella tenía» (sic).

80. Sobre el control de las labores y la calidad de los servicios, la demandante

señaló que su jefe inmediato era el secretario de tránsito, el cual, estaba
pendiente de los procesos adelantados por ella, así mismo, indicó que el registro
de información reposaba en la plataforma del RUNT, vigilada por el Ministerio de
Transporte, precisó que cada vez que efectuaba los registros debía colocar una
firma digital con el objeto de culminar el trámite41.

35
Obligación contraída en los contratos de prestación de servicios 203.13.08-013, 203.13.08-382, 203.13.08-017,
203.13.08-401, 203.13.08-117, 203.13.08-094, 203.13.08-504, 203.13.03-327 y 203.13.08-632.
36
Ídem.
37
Para los contratos de prestación de servicios 203.13.08-013, 203.13.08-382 y 203.13.08-017 la obligación hizo
referencia a «radicar los trámites que expida la oficina de «Juanchito» de la Secretaría de Tránsito del municipio de
Candelaria».
38
Obligación contraída en los contratos de prestación de servicios 203.13.08-013, 203.13.08-382, 203.13.08-017,
203.13.08-401, 203.13.08-117, 203.13.08-094, 203.13.08-504, 203.13.03-327 y 203.13.08-632.
39
Ídem.
40
Ídem.
41
En efecto, la accionante señaló que «mi jefe inmediato, quien estaba al pendiente de todos los procesos, era el
secretario de tránsito o secretaria, la persona que estuviese ahí en su momento como secretario de despacho, pero igual
todo quedaba cargado en la plataforma RUNT, igual eso también era vigilado por el Ministerio de Transporte, porque es
que yo cuando cargaba la información, lo tenía que hacer a través de la plataforma, y estaba con una firma digital, que
para poder firmar todo el proceso, para poder terminar, llegar con éxito el proceso, había que tener una firma digital y
había que ingresar a una plataforma, entonces también quedaba registrado ante la plataforma y pues eso lo vigila el
Ministerio de Transporte y el RUNT que son las personas encargadas de los procesos de los vehículos».

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81. Y ello se confirma con lo dicho por el testigo Edilberto Peralta Borja al explicar

que por la «exigencia del servicio […] la Secretaría de Tránsito funcionaba todo
el tiempo, ella tenía que necesariamente estar prestando el servicio todo el
tiempo desde que ingresó allí a manejar la plataforma hasta que yo me retiré de
la Secretaría de Tránsito» (sic), además, agregó que «el sistema no es autónomo,
necesita una persona que lo opere, el sistema no es autónomo necesita una
persona que esté manejándolo allí, que valide esa información y que digamos le
coloque la huella para que le finalice el trámite que se hizo, indiscutiblemente
necesita una persona y pues eso es la razón o sea el registro funciona a través
de esa línea, tiene que estar una persona» (sic).

82. Con esas afirmaciones se estima que hubo sujeción de la demandante al
círculo rector del municipio de Candelaria, quien dispuso de su servicio en todo
momento. Véase que ese testigo aseveró que las actividades ejecutadas por la
demandante eran esenciales para que continuara funcionado la Secretaría de
Tránsito, dado que, las personas que interactúan con el RUNT deben
permanecer a todo momento dedicadas a la prestación del servicio 42. Así mismo,
la declarante Aleida Yepes Latorre mencionó que el servicio «es permanente
porque […] es donde van los usuarios a inscribir en esa época, no sé en este
momento la modalidad se haya cambiado, pero se inscribían al RUNT ahí se
hacían los traspasos todo lo que tiene que ver pues con el tema, con este tema,
como tal se hacía en esa ventanilla que era la que manejaba Yolima» (sic).

83. Por otra parte, la entidad en su recurso reprochó que, en el interrogatorio de

la demandante, ella indicó que no fue objeto de llamados de atención o
amonestaciones por escrito43, lo que es cierto, y fue corroborado por lo dicho por
la testigo Aleida Yepes Latorre quien a la pregunta «si le consta que la
demandante en algún momento recibiera memorandos, llamados de atención por
escrito por parte de la Secretaría de Tránsito del municipio», contestó que «no».
Pero, la Sala estima que la actora no fue objeto de actos disciplinantes por su
buen desempeño en la prestación de sus servicios, tal y como lo manifestó el
deponente Edilberto Peralta Borja de la siguiente manera, «por el grado de
desempeño, por la necesidad propia del servicio, estimé conveniente que ella
realizara las actividades de registro que demanda el RUNT, el Registro Único
Nacional de Tránsito», igualmente, en respuesta posterior reiteró que la señora
Yolima Meneses Burbano «duró ahí en ese cargo, en esa función por su
desempeño, digámoslo así porque lo hizo bien y nunca hubo un problema que
me generara un riesgo jurídico como secretario».

84. En consecuencia, está demostrado que la interesada estaba sujeta a medidas

y/o órdenes de la demandada, tales como: la imposición de horario,

42
Al respecto, el testigo afirmó que «es una actividad que realizaban pero esa actividad si era o sea muy esencial para
que la Secretaría de Tránsito funcionara, para que siga funcionando, las personas que interactuaban con el RUNT pues
son personas que deben de estar ahí todo el tiempo dedicadas a la prestación de ese servicio porque hoy día a través
del desarrollo tecnológico que se implementó en el año 2009 y que tuvo su plena funcionabilidad en el 2011 pues hace
que todo el registro de se haga a través de esa plataforma, entonces no, ya no hay esos mecanismos que habían antes
de validación, de firma, no, ya todo lo hace es el sistema pero pues previa verificación también de los documentos y
validación a través de las firmas electrónicas y las huellas las validaciones biométricas tanto de los que hacen los trámites
como de la persona que está manejando el RUNT».
43
Al respecto, se observa que en el apoderado de la parte demandante le preguntó si «en algún momento usted recibió
o no sanciones o amonestaciones por escrito», contestando la actora que «sanciones no» (sic).

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prácticamente inmodificables debido al funcionamiento de la institución 44,
imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, pues la labor solo
podía hacerla directamente la contratista45, y, debía cumplir funciones
relacionadas con la atención al público, pues, recibía la información y los
documentos que se cargaban en el RUNT para adelantar trámites, tales como,
registro de ciudadano, matrículas de automotores, liquidaciones de impuestos,
licencias de conducción, tarjetas propiedad, traspasos, entre otros, que
solamente podía ejecutar la demandante en las instalaciones de la entidad
demandada, y en caso de no poder asistir a laborar, nadie más podía
desempeñar esas labores.

85. Respecto al otro reparo de la parte demandada relacionado con que es
procedente la suscripción de contratos de prestación de servicios cuando la
actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta o se requiera de
conocimientos especializados, la Sala estima que es cierto con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pero aquí la diferencia radica,
en que la demandante ejecutó los objetos contractuales bajo continuada
subordinación, lo que desnaturaliza el contrato de prestación de servicios.

86. Sobre el particular, se tiene que el declarante Edilberto Peralta Borja ante la

pregunta formulada por el apoderado de la parte demandante, consistente en
aclarar si «la función que ejercía la señora Yolima en la Secretaría debía tener
un conocimiento o una profesión especial o si por el contrario podía ser alguna
persona de la Secretaría de Tránsito que pudiera ejercer esas funciones», explicó
que el uso de la plataforma del registro único nacional de tránsito requería
conocimientos en los trámites de la Secretaría de Tránsito y que se podía
entrenar a cualquier persona para llevarlo a cabo, sin embargo, por el nivel de
confianza requerido para atender el asunto, se procuraba en seleccionar a
alguien que no hubiere tenido ningún tropiezo46.

87. En consecuencia, se denota sin lugar a duda que la accionada disponía del

trabajo de la demandante, quien no ejecutó los objetos contractuales con
autonomía, pues debía hacerlo con los parámetros de tiempo, modo y lugar que
se le indicaba, lo cual demuestra la existencia de la subordinación.

44
Sobre esto, el apoderado de la parte demandante le preguntó al deponente Edilberto Peralta Borja «si ella podía prestar
el servicio, las funciones para las cuales, o sea, en el horario que ella dispusiera o en un horario diferente o fuera de la
Secretaría de Tránsito», contestando el declarante que «No, la prestación del servicio requería que ella estuviera allí en
el equipo que efectivamente podía interactuar con el RUNT, es que no cualquier equipo interactúa con el RUNT, son
equipos especiales que no pueden, o sea, ir a otro sitio porque son canales dedicados de comunicación, ¿sí? Son las
especificaciones técnicas, es a través de canal con banda ancha, con unos requisitos que exige el RUNT y unos protocolos
de seguridad para interactuar, entonces, no lo podía hacer desde su casa y ella, pues sí, o sea, el servicio lo prestaba en
el momento en que se abriera la Secretaría de Tránsito porque no podía, o sea, brindarle el servicio al usuario.
45
Al respecto, el apoderado de la accionante le preguntó al testigo Edilberto Peralta Borja «si la señora Yolima por su tipo
de contrato de prestación de servicios podía enviar a otra persona con conocimiento en el tema de prestar ese servicio a
la Secretaría», relatando el declarante que «no, no, no, yo lo manifestaba anteriormente. Esos equipos tienen unos
protocolos de seguridad, ¿sí? o sea, la clave, digamos, la huella, él tiene un lector de huellas y él tiene también unas
claves de unas firmas digitales que hace que solamente la deba de conocer la persona que opera el equipo. Nadie más,
nadie más y entonces, precisamente, esta era la persona asignada y tenía una firma certificada para manejar ese equipo».
46
Sobre el punto, el deponente aseguró que «la función de manejar el Registro Único Nacional de Tránsito obedece a
conocimiento en materia de los trámites que realiza la Secretaría de Tránsito y la confianza que se le otorga a la persona
que va a manejar esa plataforma, no cualquier persona puede hacerlo por el grado de confianza, pero, uno puede entrenar
cualquiera de los funcionarios habilitando allí pero por el grado de confianza uno trataba de seleccionar las personas que
no hubiesen tenido ningún tropiezo, digámoslo así».

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2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

88. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la

contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.

89. Se advierte que en la decisión de primer grado se declaró la relación laboral a

partir del mes de enero de 2013, sin embargo, como la prestación efectiva del
servicio para el tiempo en el que la demandante laboró en la Secretaría de
Tránsito del municipio de Candelaria se acreditó desde el 12 de febrero de 2013,
esta instancia modificará el extremo inicial de declaración de la relación laboral.

90. Por lo anterior, el material probatorio revela que el período de prestación de

servicios analizado por la presente instancia correspondió entre el 12 de febrero
de 2013 y hasta el 20 de diciembre de 2019, lapso en el cual se dieron las
siguientes interrupciones: i) 16 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016 (45
días hábiles) y ii) 27 de diciembre de 2016 al 9 de febrero de 2017 (32 días
hábiles).

91. No obstante, el testigo Edilberto Peralta Borja explicó que en los tiempos en

los cuales no se encontraba en ejecución del contrato de prestación de servicios
por vencimiento de éste, que solía ser en los cambios de año, se prolongaba un
tiempo la suscripción del nuevo contrato y el beneficiario continuaba laborando
en esa época47, motivo por el que el apoderado de la parte demandante lo
interrogó para que indicara «si en ese momento la señora seguía prestando el
servicio mientras llegaba al próximo contrato», contestó que «si, claro, se pedía
el favor de que nos apoyara en la actividad».

92. Deforma similar, la declarante Aleida Yepes Latorre agregó que «en ese
tiempo pues obviamente el tema de Yolima que era bastante comprometedor no
era posible pues reemplazarla o sea que ella seguía de largo en ese lapso» (sic).

93. Por lo tanto, desde el 12 de febrero de 2013 hasta el 20 de diciembre de 2019,

la prestación del servicio fue continua, por lo que no hay lugar a declarar la
existencia de solución de continuidad en el servicio.

94. Así entonces, se tiene por probado que la señora Yolima Meneses Burbano

presentó a la entidad territorial reclamación administrativa el 2 de julio de 202048
y la demanda fue radicada el 26 de marzo de 202149, es decir, dentro de los tres

47
Sobre el punto, el apoderado de la demandante le preguntó «en el expediente obran contratos de prestación de servicios
entre ciertas temporadas entre un contrato y otro existe entre la terminación de un contrato y el inicio de otro existe un
intermedio que no había contrato 30 días menos de un mes algunos con casi dos meses de tiempo entre un contrato y
otro ¿qué pasaba en este interregno en la prestación de ese servicio y qué servicio prestaba la señora Yolima si lo sabe
para qué le manifieste al despacho?», especificando el deponente que «usted me está hablando de los periodos en los
cuales no había contrato que es básicamente cuando se cambia la anualidad, hay un principio en la administración pública
que es el principio de la anualidad y eso hace que todo se tenga que presupuestar salvo algunas excepciones con
autorizaciones especiales y que todo termine en diciembre de cada año pues la realidad es que si la persona va a ocupar
va a seguir allí pero por los temas del trámite o sea lo que es el registro presupuestal, la disponibilidad presupuestal, el
registro presupuestal, la elaboración misma de los estudios y todo este tema demanda un tiempo que el 1 de enero o el
2 de enero no se pueda contratar sino que se prolongue un tiempo y pues que se pedía que la persona nos colaborara
en esa época durante esos días que no iba a estar».
48
Reclamación administrativa observada en el folio 1 del archivo titulado
«2EXPEDIENTEDIGITAL_002ANEXOSDEMANDANULIDADYRYOLIMA1», expediente digital, índice 2 de Samai.
49
Tal como consta en la constancia de radicación de la demanda vista en el archivo titulado
«3EXPEDIENTEDIGITAL_003CONSTANCIAENVIODEMANDAALADEMANDADADC8062», expediente digital, índice 2
de Samai.

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años siguientes a la reclamación administrativa, por lo que, a tono con lo
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 196850 y 102 del Decreto 1848
de 196951, la demanda fue presentada dentro del término y, por tanto, no operó
el fenómeno de la prescripción trienal de las prestaciones sociales, tal y como lo
determinó el Tribunal de instancia.

2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico. Liquidación de la
condena con fundamento en los salarios devengados en el cargo de
auxiliar administrativo 407 grado 02

95. En el recurso de apelación presentado por la accionante se reprochó que el a

quo no se pronunció sobre las diferencias salariales entre lo percibido por el
personal que integra la planta de personal y los honorarios recibidos por la
contratista, derivados de los contratos de prestación de servicios celebrados, y le
asiste razón en ello, por lo que se procede a su análisis.

96. La Sala ha reiterado que la desnaturalización de los contratos de prestación

de servicios no le otorga al contratista la calidad de empleado público, debido a
que esta condición solo se adquiere previo cumplimiento de las exigencias
normativas (nombramiento y posesión en un empleo que esté previsto en la
planta de personal y tenga definidos sus emolumentos y funciones, previo
seguimiento de los mecanismos de ingreso que privilegian el mérito, por regla
general)52, por lo que no hay lugar a la aplicación del principio «a igual trabajo,
igual salario», además, la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un
contratista y un empleado no es equivalente 53.

97. Igualmente, se ha considerado que aun en los escenarios en que la posible

equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido
implicaría que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos
de que dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera
en aquellos eventos en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio
posible pues, aunque la parte cumpla algunas funciones similares a las de un
cargo de igual jerarquía, ello no implica que haya identidad total entre ambos para
que sea procedente, ya que para reconocerla es necesario probar el
cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se reclama la
nivelación.

98. Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el

desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado

50
«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
51
«Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».
52
Artículos 122 y 125 de la Constitución Política
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025,

expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).

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jurisprudencia sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al
indicar54:

«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).

99. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:

«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación
es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto
que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta
situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado»

100. La Corte Constitucional también ha precisado:55

«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria
los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos,
hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso
advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no
meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los
iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la
Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser
igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes
presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma
categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el
horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales.
(…)» (Negrilla de la Sala).

101.Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares,
esto es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados
mediante nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de
los requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de

54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-
2018-01454-01 (3652-2022).
55
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al
respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en
materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los
mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio
en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997
[…]».

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ellos está vinculado mediante contrato de prestación de servicio. En ese orden,
la liquidación de la condena no puede efectuarse con fundamento en el monto de
los salarios que devenga el cargo de auxiliar administrativo 407 grado 02, sino
con el de los honorarios. De allí que este reparo no prospera.

2.7. Análisis de la Sala frente al cuarto problema jurídico. Del
reconocimiento de las prestaciones sociales que reclama la parte
demandante en el recurso de alzada

102.Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera
el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir por
la demandante con ocasión a los contratos de prestación de servicios celebrados
con la demandada.

103.Pues bien, se advierte que el a quo reconoció como prestaciones sociales las
establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, bajo el supuesto de que las
decisiones de unificación de los años 2016 y 2021 guardaron silencio sobre ello.

104.La Sala se aparta de esa tesis pues, aunque no se otorgue la calidad de
empleado público al contratista demandante el disfraz de la relación laboral se
predica de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios, y, por
ende, el restablecimiento se enmarca en los derechos laborales que devengan
los servidores públicos en general.

105. Esa ha sido la interpretación que la Subsección ha dado a las sentencias de
unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9
de septiembre de 2021, al reconocer en las relaciones laborales subyacentes las
prestaciones sociales del orden legal56 devengadas por los empleados públicos
y señaladas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, liquidadas conforme a los
honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios.

106.Aclarado lo anterior, advierte la Sala que si bien es cierto la demandante no
apeló la aplicación del régimen sobre el cual se ordenó liquidar sus derechos
laborales, no es menos cierto que la modificación de la sentencia es necesaria
para resolver los aspectos íntimamente relacionados con los derechos negados
y reprochados en la alzada, por lo tanto, no se está reformando en peor la
situación del apelante, porque ambas partes apelaron, la pasiva, todo lo relativo
al reconocimiento de la relación laboral encubierta y la activa, lo que le fue
desfavorable. En ese sentido, se estima que debe realizarse el estudio del
restablecimiento del derecho con el régimen aplicable al caso, pues de tener
derecho la demandante a las prestaciones reclamadas, ello sería en los términos
de los decretos mencionados, que regulan el régimen prestacional aplicable a los
empleados públicos.

107.Estas corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene
derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial,
por ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 9 de mayo
de 2024. Expediente: 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 20 de
noviembre de 2024. Expediente: 63001-23-33-000-2019-00174-01 (1533-2021). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.

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normas mencionadas, es decir, cesantías, intereses a las cesantías, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación,
prima de servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014, a partir de 2015 y
bonificación por servicios prestados a partir del 1.° de enero de 2016 con
fundamento en el Decreto 2418 de 2015.

108.La Sala ordenará a la entidad accionada reconocer y pagar a favor del actor
la compensación en dinero correspondiente a las dotaciones de vestido y calzado
causadas únicamente en los lapsos que a continuación se indican, teniendo en
cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento
de la adquisición de cada dotación, de manera indexada, así:

i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2013.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2013.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2014.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2014.

109. No se ordenará el pago del subsidio familiar, definido en la Ley 21 de
1982, como el derecho en dinero, especie y servicio de los trabajadores de
carácter permanente57 cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase
el límite de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que
equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal58, laboren diariamente más de
la mitad de la jornada máxima legal o totalicen 96 horas de labor durante el
respectivo mes59 y tengan personas a cargo60, pues el demandante no acreditó
haber tenido personas a cargo.

110.El auxilio de transporte y el subsidio de alimentación se concederá
únicamente por los años 2013 y 2014 por haber devengado por concepto de
honorarios una cifra inferior a dos veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Intereses a las cesantías

111.El a quo determinó que era improcedente su reconocimiento, dado que, estos
intereses se encontraban implícitos en los intereses de que trata el artículo 192
de la Ley 1437 de 201161.

112.La Sala no comparte esta conclusión del a quo, pues, los intereses moratorios
de esta norma se derivan del incumplimiento de una sentencia judicial, causados
a partir de la fecha en la que se constituye en mora el deudor y cesan sólo en el
momento de cancelar la obligación contenida en ella.

57 Artículo 18. Ley 21 de 1982.
58 Artículo 20. Ley 21 de 1982.
59
Artículo 23. Ley 21 de 1982.
60 Artículo 27. Ley 21 de 1982.
61
«Artículo 1. El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados
a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99,
102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se
afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de
1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional
de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432
de 1998»

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113.En cambio, el reconocimiento de los intereses a las cesantías tiene
fundamento en la Ley 50 de 1990, y carácter de prestación social, a la que tiene
derecho todo trabajador para compensar el valor de las cesantías en el lapso
transcurrido entre su causación y su desembolso.

114.Por consiguiente, la parte demandante tiene derecho a este emolumento el
cual se liquidará atendiendo el valor de las cesantías.

Sanción moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales

115.Teniendo en cuenta que la sentencia que declara la relación laboral
subyacente es constitutiva de derechos, y a partir de esta nacen los derechos
laborales exigidos en la demanda, no es procedente la sanción reclamada, en la
medida en que la obligación de pagar las prestaciones sociales surge a partir de
la expedición de la sentencia.

116.Si bien es cierto el a quo consideró que la liquidación de las prestaciones
sociales que reconoció debe efectuarse con fundamento en el Código Sustantivo
del Trabajo, tal argumento no conlleva al reconocimiento de las sanciones que
este contempla, por lo ya explicado en esta providencia. Razón por la cual, no
prospera este punto de apelación.

Indemnización por despido sin justa causa

117.Como quiera que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dispone la
citada indemnización cuando opera el despido sin justa causa del trabajador62 en
casos en los que se celebró un contrato de trabajo y la demandante no se vinculó
a la entidad territorial a través de eso tipo de vinculación, no es procedente la
indemnización pretendida. Además, esta figura no tiene aplicación en las
relaciones laborales subyacentes de conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Motivo por el que se niega este reparo.

Liquidación

AUXILIO
SALARIO AUXILIO
Desde IPC IPC AUXILIO DE AUXILI INTERES
# meses PROMED. DE TOTAL
# Días DE TRANSP O DE CESANTI CESANTIA SOBRE LA
compl MENSUA ALIMENT ANUAL
por año TRANSPT T. ALIMEN A INDEXADA CESANTIA
por año L POR INDEXAD SALARIOS
. INDEXA T INDEXADA
AÑO O
DO
Año FINAL INICIAL

79,56
2013 303 10 840.000 70.500 136.552 71.234 137.973
154,1 8.484.000 787.087 1.524.512 153.976
81,73
2014 196 6,5 1.193.877 72.000 135.754 73.329 138.260
154,1 7.799.996 696.627 1.313.474 85.814
82,47
2014 126 5,2 1.547.619 0 0 0 0
154,1 6.500.000 569.411 1.063.978 44.687
88,05
2015 303 10 1.415.841 0 0 0 0
154,1 14.299.994 1.410.337 2.468.291 249.297
92,54
2016 128 4,2 1.523.437 0 0 0 0
154,1 6.499.998 580.760 967.096 41.263

62
Inciso segundo del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. «En caso de terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo
una indemnización en los términos que a continuación se señalan […]»

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93,11
2016 130 4,3 1.846.153 0 0 0 0
154,1 7.999.996 715.898 1.184.834 51.343
96,92
2017 316 10,5 1.670.886 0 0 0 0
154,1 17.599.999 1.750.475 2.783.205 293.164
99,31
2018 161 5,3 2.012.422 0 0 0 0
154,1 10.799.998 982.953 1.525.256 81.855
100,00
2018 153 5,1 2.117.647 0 0 0 0
154,1 10.800.000 979.425 1.509.294 76.974
102,44
2019 113 3,7 1.911.504 0 0 0 0
154,1 7.199.998 637.946 959.660 36.147
103,80
2019 196 6,5 1.928.571 0 0 0 0
154,1 12.599.997 1.170.152 1.737.191 113.497

BONIFICA-
PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA-
PRIMA DE PRIMA DE VACACION PRIMA DE CIÓN POR
SERVICIO NAVIDAD VACACION VACACION CIÒN POR
SERVICIO NAVIDAD INDEXADA VACACION SERVICIO
INDEXADA INDEXADA INDEXADA SERVICIO
INDEXADA

0 0 728.691 1.411.403 413.146 800.224 413.146 800.224 0 0

0 0 663.139 1.250.334 364.562 687.372 364.562 687.372 0 0

0 0 680.415 1.271.395 270.833 506.068 270.833 506.068 0 0

761.998 1.333.604 1.305.700 2.285.161 637.038 1.114.907 637.038 1.114.907 412.954 0

299.260 498.336 555.484 925.006 278.031 462.985 278.031 462.985 186.621 310.766

372.253 616.091 689.793 1.141.629 342.418 566.713 342.418 566.713 231.538 383.203

954.885 1.518.240 1.626.348 2.585.846 786.973 1.251.264 786.973 1.251.264 511.709 813.602

513.108 796.193 936.282 1.452.836 465.358 722.099 465.358 722.099 311.087 482.716

516.937 796.601 945.924 1.457.668 464.732 716.152 464.732 716.152 315.000 485.415

326.492 491.141 610.957 919.060 306.968 461.770 306.968 461.770 206.283 310.311

621.345 922.440 1.113.902 1.653.683 547.389 812.647 547.389 812.647 365.625 542.802

CONSOLIDADO

AUXILIO
AUXILIO DE DE INTERES PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
TRANSPTE ALIMENT CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADO CESANTIAS INDEXADA INDEXADO INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA

$ 272.306 $ 276.233 $ 17.036.790 $ 1.228.017 $ 6.972.645 $ 16.354.021 $ 8.102.202 $ 8.102.202 $ 3.328.815

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 63.647.984

GRAN TOTAL $ 63.647.984

2.7. De la condena en costas en ambas instancias

118. La demandante solicitó que se condene en costas a la demandada por
resultar vencida en el proceso el Tribunal, al considerar que no incurrió en actos

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de mala fe y que, se debió aplicar el criterio objetivo valorativo consagrado en la
sentencia del Consejo de Estado del 201814.

119. En lo que respecta a este punto de apelación, la Sala observa que para la
fecha de la sentencia de primera instancia se encontraba vigente la modificación
del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
en el sentido de que se asumió que en virtud del criterio objetivo valorativo para
la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o
la temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena
contra la parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse
demostrado su causación.

120. En ese orden, la pretensión del legislador, con la reforma introducida por
la Ley 2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

121. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

122. Por consiguiente, la Sala advierte que, al resultar vencido en el proceso el
ente demandado, era consecuente haber sido condenado en costas, pues la
norma no indica que deben prosperar en su totalidad las pretensiones de la
demanda. Razón por la cual, se impondrá esta condena en primera instancia a
la entidad demandada. En relación con la de segunda, se le impondrá también,
por cuanto no prosperó su alzada, pero sí parcialmente el recurso de
apelación de la demandante.

123. En resumen, la Sala modificará los numerales primero y segundo de la
parte resolutiva del fallo apelado, en los que se declaró la nulidad del acto
demandado, la existencia del vínculo laboral subyacente desde enero de 2013
hasta el 20 de diciembre de 2019, para en su lugar, indicar que el extremo inicial
de ese relación lo es el 12 de febrero de 2013 y no enero de esa anualidad.

124. Asimismo, modificará parcialmente el numeral tercero, únicamente en lo
relacionado con el reconocimiento prestacional, el cual quedará así: a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la demandada a pagar a favor de la señora
Yolima Meneses Burbano sesenta y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil
novecientos ochenta y cuatro pesos ($63.647.984) por concepto de los emolumentos
incluidos en la liquidación realizada, los cuales se causaron entre el 12 de febrero de
2013 y el 20 de diciembre de 2019.

125. El numeral quinto se revocará, porque negó la condena en costas en
primera instancia al ente demandado.

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente los numerales primero, segundo y tercero
de la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda radicada por la señora Yolima Meneses Burbano contra el
municipio de Candelaria, los cuales quedarán así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 250.10.01-689 del 16 de julio de 2020
solamente en la parte que negó la existencia de un contrato realidad en vigencia
de los contratos de prestación de servicios suscritos a partir del 12 de febrero de
2013 y hasta el 20 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho declarar la existencia de la
relación laboral subyacente entre el 12 de febrero de 2013 y el 20 de diciembre de
2019.

TERCERO: a título de restablecimiento del derecho condenar al municipio de
Candelaria a pagar:

-Aportes a pensión por el tiempo que se configuró el contrato realidad. La entidad
demandada liquidará los aportes sobre el IBC de los honorarios pactados en los
contratos arriba identificados y verificará si existe diferencia entre los aportes
realizados por el contratista y los que se debieron efectuar. En caso de faltar debe
cotizar al respectivo fondo de pensiones la diferencia solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema general
de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró la vinculación
constitutiva de contrato realidad. En el evento de no haberlo hecho o existir
diferencia en su contra deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje
que le correspondía como trabajador. La entidad demandada podrá retener los
valores que el demandante adeude al fondo de pensiones y hacer el traslado a
este último.

-El demandado deberá pagar a favor de la señora Yolima Meneses Burbano la
suma de sesenta y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos
ochenta y cuatro pesos ($63.647.984) por concepto de los emolumentos incluidos
en la liquidación realizada en la parte motiva, los cuales se causaron entre el 12
de febrero de 2013 y el 20 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada, conforme a lo
explicado en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias al demandado.

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Demandante: Yolima Meneses Burbano

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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