Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-42-000-2018-01389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01389-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
27 de octubre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: WILLIAM NOÉ LÓPEZ
Demandada: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN1
Temas: Nivelación salarial de agente de protección, código 4071,
grado 16 en comparación con el empleo de oficial de
protección, código 3137, grado 15 de la planta de
personal de la UNP. Incumplimiento de la carga
probatoria del demandante. Improcedente
reconocimiento y pago de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales y festivos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-178-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor William Noé López en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 4 a 5)
1. Declarar la nulidad del Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 por
medio de la cual la Unidad Nacional de Protección respondió
negativamente la solicitud del 26 de diciembre de 2014 formulada por el
libelista con el fin de que le fueran reconocidos y pagados los valores por
recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las horas extras y
días compensatorios por el desempeño de trabajo suplementario.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar a favor del
demandante y de manera indexada las horas extras, recargos nocturnos,
dominicales, festivos y días compensatorios generados desde la fecha de
1 En adelante UNP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
su vinculación con el extinto DAS, así como a partir de su incorporación a
la Unidad Nacional de Protección desde el 1.° de enero de 2012 en
adelante.
3. Condenar a la UNP a realizar la cotización actualizada al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones con base en los referidos conceptos de
salario por trabajo suplementario, con retroactividad desde el mes de enero
de 2012 y reportados como aportes por actividad de alto riesgo de
conformidad con el artículo 2.° de la Ley 860 de 2003.
4. Reconocer que el señor William Noé López debió ser incorporado a un
cargo idéntico al que ejercía en el DAS donde se desempeñaba como
agente escolta, esto es, a la plaza de oficial de protección, código 3137,
grado 15, ello por haber sido nombrado en un empleo que no correspondía,
en la medida en que devengó solo la asignación básica, pero sin incluir la
prima de riesgo a la que tenía derecho en la institución extinguida.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 4)
1. El demandante estuvo vinculado con el extinto DAS bajo el cargo de agente
escolta, código 205, grado 05, adscrito al régimen específico de carrera
administrativa previsto en el artículo 4.°, numeral 2.° de la Ley 909 de 2004.
Aquel devengó los siguientes conceptos de salario: i) prima especial de
riesgo, ii) incrementos por antigüedad, iii) bonificación por servicios
prestados, iv) prima de servicios, v) auxilio de alimentación, vi) auxilio de
transporte, vii) viáticos, y viii) gastos de representación.
2. El libelista fue incorporado desde el 1.° de enero de 2012 en la Unidad
Nacional de Protección ante la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad, ello bajo un régimen ordinario de carrera en un cargo que no
se acompasa al que aquel ocupaba en dicha entidad, toda vez que solo le
fue reconocida y pagada la asignación básica sin la prima de riesgo que
percibía en el DAS.
3. La entidad demandada no ha concedido a favor del señor William Noé
López los valores correspondientes a las horas extras, recargos nocturnos
y en días dominicales y festivos, así como tampoco los compensatorios por
laborar bajo tales condiciones, ello a pesar de que este por las funciones
de su empleo debe estar disponible las 24 horas del día, pues ha laborado
aproximadamente entre 18 y 20 horas diarias.
4. El señor William Noé López presentó reclamación administrativa ante la
UNP el 26 de diciembre de 2014 con la que reclamó el reconocimiento de
los referidos haberes salariales, sin embargo, dicha autoridad negó lo
deprecado mediante el Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 22 de octubre de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto debido a que la entidad demandada
no contestó el libelo, y el a quo no encontró configuradas de oficio los medios
exceptivos de que trata el artículo 180, numeral 6.° del CPACA.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] El señor William Noé López, mediante apoderada, pretende que se declare la
nulidad del Oficio OFI15-00000981 de 20 de enero de 2015, por medio del cual se
negó el reconocimiento de los recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras,
compensatorios y demás emolumentos laborados por el demandante.
Como consecuencia solicitó se ordene el reconocimiento de los valores
correspondientes a los recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras,
compensatorios y demás emolumentos laborados por el demandante desde el 1º de
enero de 2012 hasta la fecha y no reconocidos por la UNP, así mismo los que laboró
desde la fecha de ingreso al servicio del DAS, por no haber sido reconocidos.
En atención a las alegaciones esgrimidas por la parte actora en la demanda, se
procede a fijar el litigio, para cuyo efecto se explica que el problema jurídico se contrae
a determinar si al demandante le razón en solicitar se declare la nulidad del Oficio
OFI15-00000981 de 20 de enero de 2015. […]». (Folios 101 a 102 y CD que reposa
a folio 99 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 133 a 142)
El a quo profirió sentencia escrita el 24 de agosto de 2020, por medio de la
cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El tribunal de primera instancia recalcó que el régimen aplicable a la jornada
ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden nacional, es el
contenido en el Decreto 1042 de 1978, el cual en su artículo 33 indicó que
aquella correspondería a 44 horas semanales. No obstante, dicha norma
también prevé la existencia de una jornada especial de 12 horas diarias, sin
exceder el límite de 66 horas semanales, contemplada para empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o
de simple vigilancia.
Frente a la jornada laboral que regía a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), precisó que el Decreto 1932 de 1989 fijó
lo propio bajo el monto de horas referido anteriormente, pero bajo el postulado
de que «[…] por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento podrá
disponer jornadas hasta de dieciocho (18) horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de setenta y dos (72) horas. […]».
Adicionalmente señaló que según el artículo 7.° del Decreto 4057 de 2011, el
régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
los servidores que fueron incorporados a la Unidad Nacional de Protección,
era el previsto para la entidad receptora. Sin embargo, adujo que el artículo 3.º
ibidem preceptúa que dichos empleados conservarían los beneficios salariales
y prestacionales que percibían anteriormente, ello con excepción de la prima
de riesgo en la medida en que esta quedó incorporada a la asignación básica.
Manifestó sobre el punto que, la misma UNP expidió la Resolución 134 del 13
de abril de 2012 «por la cual se establece el horario de trabajo de la planta de
personal de la Unidad Nacional de Protección y se fija el horario de atención
al público», en la que el parágrafo segundo del artículo 1.° consagró lo
siguiente: «[…] Dado el carácter de organismo nacional de Seguridad de la
Unidad y su Misión institucional, algunos funcionarios deberán prestar sus
servicios en horas diurnas o nocturnas, o en días dominicales y festivos, para
lo cual procederá la compensación en tiempo de descanso del servicio
prestado y no habrá lugar al reconocimiento y pago de horas extras o pago de
dominicales y festivos.».
Seguidamente, sostuvo que en virtud de la regulación en comento, al
encontrarse vigente el Decreto 1932 de 1989, en aplicación del artículo 3.° del
Decreto 4067 de 31 de octubre de 2011, los empleados incorporados del
extinto DAS a la Unidad Nacional de Protección que realizan actividades
permanentes de protección y cuyas funciones son realizadas en jornadas
diurnas o nocturnas adicionales a la jornada ordinaria o en días dominicales o
festivos, no se les reconocían horas extras, sino únicamente la compensación
en tiempo de descanso por el servicio prestado, razón por la cual la situación
del demandante no podía ser gobernada por el Decreto 1042 de 1978 en
materia de trabajo suplementario.
Añadió que conforme a los principios de igualdad y favorabilidad del trabajador
que contempla el artículo 53 de la Constitución Política, se advierte que a los
empleados que laboraban en el DAS se les debe aplicar el mismo régimen que
a las personas vinculadas a la Unidad Nacional de Protección, pero con la
conservación de los beneficios y prestaciones que ya devengaban
anteriormente. No obstante, aseguró que una vez revisado el expediente
administrativo y las pruebas allegadas con la demanda, no existe acreditación
de que se hayan generado recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas
extras, más aún cuando en el evento de haberse excedido la jornada laboral,
se habrían solicitado días de descanso compensatorio, situación que no se
acreditó en el proceso.
Finalmente, frente a la pretensión encaminada a que se conceda a favor del
libelista el pago de la prima de riesgo como derecho adquirido, señaló que
actualmente a los servidores del extinto DAS que fueron incorporados a la
Unidad Nacional de Protección, se les reconoce el referido concepto dentro
del monto de la asignación básica, más aún cuando adicionalmente reciben la
bonificación individual por compensación de conformidad con lo previsto en el
artículo 3.° del Decreto 4067 de 2011, por lo que aseveró que dicho pedimento
tampoco tiene vocación de prosperidad.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 155 a 164)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pedimentos.
Para ello adujo que el a quo se apartó del deber que tiene todo juez colombiano
de proteger al trabajador y garantizarle los principios de progresividad y
prohibición de la regresividad que fueron vulnerados en el presente caso, toda
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
vez que el libelista fue objeto de un desconocimiento de sus derechos
laborales al pasar a la UNP, en la medida en que no le fueron respetadas las
prerrogativas que tenía consolidadas en el extinto DAS a pesar de que en la
actualidad ejerce las mismas labores y funciones que un oficial de protección,
pero con un salario inferior.
Indicó que en la sentencia recurrida se desconoció el hecho de que si bien el
señor William Noé López fue incorporado en el cargo de agente escolta, ello
es una simple formalidad, habida cuenta de que realmente cumple las
funciones propias de un oficial de protección, cuya actividad ha sido
considerada de alto riesgo, pero remunerado con un salario inferior al de este
último tipo de empleo.
Planteó que con la liquidación del DAS, los perjudicados fueron los
trabajadores que como el demandante pertenecían al régimen específico de
carrera administrativa que fue consagrado en el artículo 4.°, numeral 2.° de la
Ley 909 de 2004, pues este les fue modificado en su contra por orden del
Decreto 4057 de 2011, toda vez que fueron incorporados en la Unidad
Nacional de Protección (UNP), bajo un régimen ordinario de carrera
administrativa, lo cual condujo a un retroceso y regresividad en sus derechos,
inaceptable al tenor de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política y
principios de la progresividad y prohibición de la regresividad consagrados en
la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esgrimió que el tribunal de primera instancia debió analizar el hecho de que la
autoridad demandada incorporó al libelista en su condición de agente escolta
a un cargo que no le corresponde, pues se tuvo en cuenta solamente su
asignación básica sin incluir la prima de riesgo que detentaba como derecho
adquirido desde su vinculación con el DAS. Aseguró que la falta de examen
de aquella situación termina por transgredir el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, puesto que formalmente al demandante se le
reconoce como agente escolta, pero la verdad es que sus funciones
corresponden a las de un oficial de protección, código 3137, grado 15 del nivel
técnico.
Por otro lado, frente al reconocimiento de trabajo suplementario a favor de la
parte activa, adujo que el a quo soslayó el hecho de que el reclamante estaba
disponible para laborar en el DAS durante las 24 horas del día, pues ejercía
funciones aproximadamente entre 18 a 20 horas diarias, ello sin que le
hubiesen sido reconocidas y pagadas las horas extras, recargos y
compensatorios con fundamento en el Decreto 1932 de 1989.
Aseveró que en el presente caso no se realizó un control de convencionalidad
conforme a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ello bajo el entendido de que las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos deben interpretarse de buena fe, conforme
al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin de dicho instrumento que
no es otro diferente al de la eficaz protección de la persona.
En tal sentido, sostuvo que en primera instancia no se dio aplicación a los
mentados preceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, puesto que en virtud del principio de la buena fe, era un deber
respetar lo aprobado por Colombia en punto a garantizarle al libelista sus
derechos adquiridos y la condición más beneficiosa que lo cobijaba desde su
vinculación con el DAS, máxime si lo que operó materialmente respecto de su
relación legal y reglamentaria fue un simple cambio de nombre en la entidad y
su cargos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Finalmente manifestó que conforme a lo expuesto, el tribunal no debió dejar
de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, «Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno». Es decir, argumentó que para resolver el
presente litigio, era necesario tener en cuenta que el referido tratado prima
sobre cualquier normativa interna como las leyes y actos con los cuales se
adoptó la supresión o extinción del DAS, la creación de la UNP, el régimen
laboral y la incorporación del demandante a esta última entidad, puesto que lo
reglamentado para lo anterior disminuyó las condiciones y derechos laborales
de servidores como el señor William Noé López al hacerlos regresivos
respecto de aquellas prerrogativas que lo cobijaban en la extinta entidad.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 15 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
la revocatoria del fallo apelado. Para tal efecto reprodujo en su totalidad los
argumentos expuestos en su recurso de alzada.
Parte demandada (índices 16 y 17 del registro en SAMAI): instó que se
confirme la decisión reprochada, para lo cual señaló que el Consejo de Estado
en sentencias del 4 de febrero (4122-2017) y del 17 de junio de 2021 (0640-
2020), ha desestimado esta misma clase de pretensiones en desarrollo de
casos con contornos fácticos y jurídicos similares al presente.
Añadió que el artículo 24 del Decreto 4065 de 2011 se encuentra vigente y
aplicable a casos como el del libelista, es decir, al personal proveniente del
DAS e incorporado a la UNP, ello por ser normas especiales. Es decir, a los
funcionarios de esta última entidad que prestan actividades permanentes de
protección de manera interrumpida o intermitente, le son aplicables las
previsiones que sobre el particular fueron contempladas para el extinto
Departamento de Seguridad, por lo que es viable tener en cuenta el artículo
12 del Decreto 1932 de 1989 referente a la jornada de trabajo de 66, máximo
72 horas semanales, regulación que fue ratificada ante la creación de la
Unidad Nacional de Protección en virtud de la Resolución 134 de 2012.
Afirmó que quedó probado que el demandante al estar adscrito a la UNP en el
grupo de hombres de protección, cumplía funciones como escolta, por lo que
finalmente desarrolla actividades discontinuas, intermitentes, de control, de
protección o de análisis de seguridad, lo que implica que su jornada ordinaria
debía ser de 12 horas diarias, 60 a la semana, 260 al mes. De igual manera,
planteó que servidores como el demandante tienen una jornada excepcional
por situaciones especiales del servicio, que para el caso, cuando se
encuentran en comisión de servicios su jornada es de 18 horas diarias, 72 a la
semana, 312 al mes, y que dicho tiempo les es compensado con días de
descanso.
Recalcó que dentro de esos límites fijados por la misma normativa aplicable,
el jefe de la UNP podía determinar el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con el tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso
dicho lapso compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.
Finalmente precisó que el régimen salarial y prestacional del libelista debe ser
el consagrado para los funcionarios de la UNP, por lo que aquel debe sujetarse
al Decreto 4067 de 2011 «por el cual se establecen equivalencias de empleos
y se dictan otras disposiciones en materia salarial y prestacional» y en
consecuencia, no tenía derecho a que su incorporación sea al de Oficial de
Protección, Grado 15, Código 3137 del nivel técnico (como lo pide en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
demanda), pues se estaría desconociendo el decreto en mención,
concretamente su artículo 1.°, «nivel asistencial», donde se indicó que el cargo
de agente escolta, grado 05, código 205, que era el que ocupaba el
demandante en el DAS, debía pasar al equivalente de la nomenclatura y
clasificación de agente de protección, grado 16, código 4071, tal como la
entidad lo determinó, pues además respetó los derechos laborales del
reclamante en cuanto a igualdad salarial.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta oportunidad de
conformidad con la constancia secretarial visible a folio 175 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente fue formulado
por el demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿El señor William Noé López demostró el presunto tratamiento salarial
discriminatorio entre el cargo de agente de protección, código 4071,
grado 16 en el cual fue incorporado a la UNP desde el 1.° de enero de
2012 luego de la supresión del DAS, y el empleo de oficial de
protección, código 3137, grado 15 existente en la planta de personal de
la primera entidad en comento, bajo el supuesto de que no le fueron
respetados sus derechos laborales adquiridos desde su vinculación con
el referido Departamento Administrativo de Seguridad?
2. ¿Le asiste derecho al libelista al reconocimiento y pago del trabajo
suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 7 de marzo de 1994 cuando fue
vinculado al extinto DAS como agente escolta?
Primer problema jurídico
¿El señor William Noé López demostró el presunto tratamiento salarial
discriminatorio entre el cargo de agente de protección, código 4071, grado 16
en el cual fue incorporado a la UNP desde el 1.° de enero de 2012 luego de la
supresión del DAS, y el empleo de oficial de protección, código 3137, grado
15 existente en la planta de personal de la primera entidad en comento, bajo
el supuesto de que no le fueron respetados sus derechos laborales adquiridos
desde su vinculación con el referido Departamento Administrativo de
Seguridad?
Sobre el punto la Subsección sostendrá como tesis la siguiente: el
demandante no logró comprobar a plenitud ni con suficiencia los supuestos de
hecho con base en los cuales sustentó sus pretensiones para sostener un
criterio de semejanza entre los cargos comparados, a fin de realizar un juicio
de igualdad material en punto a una eventual nivelación salarial, así como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
tampoco para la aplicación de un control de convencionalidad como el
deprecado, tal como se expone a continuación:
El ejercicio de comparación exigido jurisprudencialmente para
verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar
En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que el demandante en su
calidad de agente de protección, código 4071, grado 16 de la UNP, pretende
en esencia una nivelación salarial con fundamento en un parangón entre su
plaza y la de un oficial de protección, código 3137, grado 15 de la misma
entidad, ello al asegurar que en el proceso de incorporación al organismo
demandado ante la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), no se tuvo en cuenta que el cargo que aquel ocupaba inicialmente, no
es equivalente al de su posterior nombramiento y que a la fecha de
presentación de la demanda desempeñaba (26 de junio de 2018), pues
sostuvo que ejerció las mismas labores de la última posición funcional en
comento, pero sin el reconocimiento y pago de la prima de riesgo propia de
sus actividades riesgosas como escolta.
Pues bien, en materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se
alega por la parte activa el desempeño «de facto» de una misma posición
jerárquica al interior de una entidad, pero con menor salario al de su par, esta
Subsección precisó las condiciones para la procedencia de tal clase de
pretensiones en sentencia del 9 de diciembre de 20194, al indicar que:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función
que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera
con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones
que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los
requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae
consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los
supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su
contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos.» (Negrita fuera de texto).
Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional5 también indicó lo
siguiente:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”
(....)
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Negrita de la Sala).
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
5 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación
también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente:
«[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma
labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades,
deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono
hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado
por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]»
(Subraya y negrilla de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito
de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y
material, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional6, así:
«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de
una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia
de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades
públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato
en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue
aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en
discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no
obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es
conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios
válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre
trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo
igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada
debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional
de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los
empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción. Negrita de la
Subsección).
Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una
presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, tales
hechos tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones
particulares de cada cargo en contraste desde diferentes aristas objetivas, en
orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación
salarial, en la medida en que un examen adecuado para hallar un trato
discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos y no entre
similares con ciertas divergencias7.
Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de
igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil
injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
6 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente:
T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el
expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas
es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se
desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo
casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación salarial.
7 La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de
2021, proferida en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas
funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b)
contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el
cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado8.
De la situación particular del libelista
Acorde con las precisiones jurídicas expuestas, es imperioso valorar los únicos
elementos probatorios aportados y practicados en el proceso. Al respecto, en
el expediente solo obran los siguientes medios de convicción:
Constancia del 8 de septiembre de 2017 signada por el subdirector de talento
humano de la Unidad Nacional de Protección, en la que se indica que el señor
William Noé López estuvo vinculado con el extinto DAS desde el 7 de marzo de
1994 y que fue incorporado a la entidad demandada sin solución de continuidad
desde el 1.° de enero de 2012 con carácter provisional bajo el cargo de agente de
protección, código 4071, grado 16, con una asignación básica de $1.829.086 que
incluye una bonificación mensual por compensación equivalente a $386.870 de
conformidad con el artículo 7.°, inciso 3.° del Decreto 4057 de 2011. (Folio 23).
Petición del 26 de diciembre de 2014 formulada ante la UNP, entre otros por el
libelista, ello con el fin de que le fueran reconocidos los pagos por concepto de
horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como los aportes a
pensión sobre la base de dichos conceptos desde el momento de su vinculación
con el extinto DAS. Igualmente deprecó que fuera reasignado al cargo equivalente
al que ocupaba en dicha institución como agente escolta, el cual estimó que
correspondía a un empleo de código 3137, grado 15 del nivel técnico. (Folios 30
a 35).
Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 por medio del cual la
subdirectora de talento humano de la Unidad Nacional de Protección dio respuesta
negativa a la aludida reclamación al plantear como fundamentación la siguiente:
«[…] De conformidad con el artículo 3 Decreto 4067 de 2011 los exservidores del DAS
incorporados a la UNP conservaran los beneficios salariales y prestacionales que venían
percibiendo y en-atención a que las horas extras involucra el tema de salarios, se debe
mantener por expresa disposición legal los aspectos salariales que sobre el particular
fueron reconocidos en el DAS. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 1932 de 1989 y dado que la jornada laboral para los empleados que realizan
actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y
seguridad, podrá señalarse una jornada de doce (12) horas diarias sin que en la semana
excedan un límite de sesenta y seis (66) horas, pudiendo por especiales razones del
servicio el Jefe de la entidad disponer jornadas de dieciocho (18) horas diarias, sin que en
la semana se exceda el límite de setenta y dos (72) horas; se estableció como beneficio,
la compensación en tiempo de descanso por el servicio prestado.
Adicionalmente, el concepto No. 20146000070911 de 03 de junio de 2014 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, dispuso que dada la naturaleza del
servicio en la UNP, los empleados que realizan actividades permanentes de protección y
cuyas funciones son realizadas en jornadas diurnas o nocturnas adicionales a la jornada
ordinaria o en días dominicales o festivos, no se les reconoce horas extras, siendo lo
procedente la compensación en tiempo de descanso por el servicio prestado.
[…] De acuerdo con lo anterior, la aplicación al artículo 6° del Decreto Ley 4057 de 2011
que, como se indicó anteriormente, hace alusión a la supresión de empleos y proceso de
incorporación de los exservidores del extinto DAS tuvo cabal cumplimiento por parte de
esta Unidad. Lo anterior por cuanto no se trata de una "homologación" de empleos, sino
que de conformidad con el Decreto 4067 de 2011, es una equivalencia entre la
nomenclatura y clasificación de empleos del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, y la fijada en el sistema general de nomenclatura y clasificación de
empleos públicos de la rama ejecutiva nacional, aplicable a la Unidad Nacional de
Protección, UNP (Situación anterior - DAS y Situación Nueva - UNP), la cual se materializó
mediante Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011, expedida por el Director General
de la Unidad Nacional de Protección. Es decir que su incorporación en la Unidad Nacional
8 Idem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
de Protección se efectuó con estricta sujeción a lo ordenado por el Gobierno Nacional.
[…]». (Folios 24 a 28).
Constancia de salarios percibidos por el señor William Noé López entre 2012
y 2019, en la que se observa que ha recibido por concepto de remuneración la
asignación básica, la bonificación por compensación del Decreto 4057 de 2011,
la prima de servicios, la prima vacacional, la bonificación de recreación, la
bonificación por servicios y la prima de navidad. (Folios 119 a 120).
Oficio OFI16-00046232 del 28 de octubre de 2016 suscrito por el subdirector
de talento humano de la UNP, en el que se informa que conforme al artículo 1.°
de la Resolución 0250 de 2016 (Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los Empleados de la Planta de Personal de la Unidad Nacional de
Protección), el cargo de agente de protección, código 4071, grado 16 que ocupa
el demandante tiene como propósito principal el siguiente: «[…] Apoyar la
preparación y ejecución de actividades operativas o protección y de valoración y
evaluación del riesgo, tendientes a salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad
de los beneficiarios de los programas de protección; así como desarrollar las labores
administrativas que se requieran para el logro de los objetivo institucionales en las
dependencias de la Unidad Nacional de Protección. […]». (Archivo en PDF
correspondiente a la historia laboral del libelista, obrante a folio 117).
Como funciones esenciales de dicha plaza se describen las siguientes:
Oficio OFI16-00050484 del 29 de noviembre de 2016 firmado por el subdirector
de talento humano de la entidad demandada, en el que en respuesta a una
petición del 7 de octubre de 2016 formulada por el señor Noé López, indicó que
de acuerdo con el Decreto 4067 de 2011, se realizaron las equivalencias entre la
nomenclatura y clasificación de los empleos del extinto DAS respecto de la planta
de personal de la UNP, para lo cual se determinó lo siguiente:
Igualmente en dicho oficio se reiteraron tanto el propósito principal como las
funciones esenciales del empleo de agente de protección, código 4071, grado 16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
relacionadas anteriormente. (Archivo en PDF correspondiente a la historia laboral
del libelista, obrante a folio 117).
Una vez realizado el examen probatorio del caso, es posible inferir que la parte
demandante mantuvo una actitud probatoria pasiva frente a la acreditación de
los supuestos de hecho con los cuales soportaba la tesis jurídica de sus
pretensiones. Al verificar las evidencias documentales allegadas al proceso
sub lite, solo se advierte como relevante en lo atinente al objeto de análisis del
presente problema jurídico, una certificación laboral y dos oficios en los que se
relacionan el propósito principal y las funciones designadas para el cargo que
actualmente ocupa el libelista en la planta de personal de la UNP, sin que se
evidencie lo propio sobre la plaza de oficial de protección, código 3137, grado
15 con la que busca equipararse.
Ahora, si lo pretendido por la parte activa es realizar un ejercicio comparativo
entre el empleo en el que fue incorporado y el aludido previamente que tiene
prevista una mejor remuneración, ello al sostener que cumplió las mismas
labores de un oficial de protección, resultaría necesario recordar que es quien
alega dicha discriminación el que se encuentra obligado a comprobar su tesis,
ello bajo el entendido de que debió estar en una situación de paridad en todos
los aspectos frente a la plaza con el que se compara.
Sin perjuicio de lo expuesto, también es indispensable destacar que como se
precisó anteriormente en punto a los criterios jurisprudenciales para la
procedencia de los pedimentos bajo estudio, en este tipo de casos no basta
asegurar y demostrar el cumplimiento de hecho de funciones idénticas a las
del cargo contrastado, sino que además deben comprobarse otros elementos
de juicio objetivos como los siguientes: «[…] i) ejecutan la misma labor, ii) tienen
la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario
y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales. […]»9.
En suma, es necesario resaltar que en el presente asunto no fueron aportadas
ni solicitadas con la demanda las pruebas necesarias, útiles y conducentes
para corroborar los elementos descritos, pues solo se allegaron las enunciadas
previamente, conforme a las cuales no es posible determinar aspectos tan
relevantes y fundamentales de la litis como: i) las funciones, condiciones
salariales y demás criterios de comparación respecto del empleo de oficial de
protección, código 3137, grado 15; ii) el horario y forma de trabajo contemplada
para las posiciones funcionales confrontadas; iii) la preparación académica,
experiencia o trayectoria requerida para ambos cargos; y iv) las
responsabilidades asignadas a cada uno.
Por lo expuesto, esta situación impide materialmente realizar cualquier tipo de
análisis de contraste, pues no reposan medios de convicción con los que sea
posible inferir al menos un grado de similitud en los aspectos que
jurisprudencialmente se aducen indispensables como elementos estructurales
de una nivelación salarial.
Conforme a esta línea de intelección y debido a la falta de evidencia que
respalde la tesis de la parte activa sobre la supuesta discriminación salarial a
la que se vio sometida, para la Subsección resulta evidente que se configura
un incumplimiento frente a la carga probatoria del demandante en lo que
respecta a la demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que alega
para el reclamo de su derecho. El referido mandato se deriva del contenido del
artículo 167 del Código General del Proceso que consagra lo siguiente:
9 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente:
T-3.561.818.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»
La normativa citada impone una carga procesal10 a las partes dentro del
proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito.
Ahora, si bien existen algunas variables excepcionales a la regla general en
comento como lo son la carga dinámica de la prueba o la facultad oficiosa del
juez, en el sub lite estas no se configuran, habida cuenta de que a la entidad
demandada solo le correspondía y tenía la facilidad de evidenciar en el
proceso, cómo tiene estructurada su planta de personal, mientras que para el
libelista resultaba necesario y factible demostrar que ejerció sendas
actividades, tenía el mismo perfil, asumió responsabilidades idénticas a las de
un funcionario que se desempeñara como oficial de protección con el que
buscaba compararse, y que el salario de este era superior. Aquellas
circunstancias no pueden simplemente asumirse como iguales para ambos
cargos por afirmarse lo propio en la demanda o por la sola comparación de
manuales de funciones como si se tratara de una presunción de derecho.
Por lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es el libelista quien aduce que
se encontraba en una situación de equiparación salarial con fundamento en el
aparente ejercicio de facto de una plaza diferente a aquella en la que fue
incorporado, de modo que aquel debía tener la evidencia documental o
testimonial de ese supuesto, sin que pueda pensarse que es la entidad
empleadora la que está en mejores condiciones para corroborar aquello, pues
ese presunto trato discriminatorio no solo debe ser funcional, sino en las
demás condiciones como perfil, experiencia y otros requisitos que únicamente
puede acreditar quien alega que los cumple.
En todo caso, el enfoque de convicción en este punto, más que unos hechos
específicos es la imputación del supuesto actuar discriminatorio de la autoridad
demandada, el cual inicialmente se presume ajustado a derecho. Tal punto
hace inviable reasignar la carga probatoria a la entidad y exonerar de ella al
demandante, pues transgrediría las garantías constitucionales del debido
proceso y de la no autoincriminación, tal como esta misma Subsección11 lo
planteó en sentencia del 8 de octubre de 2020 bajo la siguiente intelección:
10 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los
imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez
como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos
procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas
procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las
partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra,
verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación
Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-02283-01 (0093-17).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
«[…] A pesar de ser cierta la dificultad que comporta el tener que probar aquel
punto factual, debe tenerse en cuenta que esto no se torna en una mayor
facilidad para aportar el medio demostrativo por parte del sujeto endilgado y en
la consecuente dinamicidad de la carga en comento tendiente a que sea aquel
quien haga evidente la posición contraria. Lo anunciado porque al no tratarse
de un hecho en sí mismo sino una suerte de imputación fáctica y jurídica, sería
violatorio de las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación
y particularmente en el caso de las entidades del estado, del precepto de
inoperancia de la confesión, cuyo sustento es precisamente la legalidad
inherente a sus actos, que solo puede ser enervada con un adecuado ejercicio
probatorio, el cual que por antonomasia no le puede corresponder a la propia
administración al no tratarse de un régimen objetivo de judicialización donde se
asuma desde el principio la arbitrariedad del Estado. […]».
Por otra parte y sin perjuicio de lo expuesto, también se descarta la posibilidad
de que ante la falta de pruebas aportadas por el señor William Noé López,
fuera el juez quien tuviera la obligación de actuar ex officio a su favor para
decretar y buscar la práctica de los medios de convicción que se consideraran
pertinentes para corroborar la tesis jurídica con la que respalda sus
pretensiones.
Al respecto, se observa que esta Sala12 en sentencia de tutela contra una
providencia que asumió la referida improcedencia en un caso con similitudes
fácticas y jurídicas, puntualizó que no se presenta un defecto fáctico y tampoco
constituye un deber del juzgador intervenir en tal sentido. Se rescata de dicho
fallo lo siguiente:
«[…] Se advierte que, como ciertamente lo manifestó el Tribunal, dentro del
plenario no obra ninguna prueba relativa a las funciones asignadas al cargo
cuya nivelación pretendía la demandante y las que efectivamente
desempeñaba, lo cual impedía determinar si, como aquella lo afirmaba, cumplía
las mismas obligaciones de dicho cargo y a pesar de ello recibía una
remuneración menor (…) la accionante discurre que el juez, en ejercicio de sus
facultades, tenía el deber de solicitar de oficio las pruebas requeridas para
comprobar lo afirmado en la demanda. No obstante, debe aclararse que si
bien es cierto los jueces pueden decretar pruebas de oficio, también lo es
que no pueden suplir el deber probatorio de alguna de las partes, pues
ello equivaldría a favorecer a una de ellas y desconocer los derechos de
la otra, con lo cual se generaría una parcialidad y un desequilibrio
procesal. Lo sostenido en precedencia cobra mayor relevancia si se tiene en
cuenta que la demandante contó con las oportunidades procesales necesarias
para acreditar que ejercía las mismas funciones que las asignadas al cargo de
auxiliar de servicios generales (…) las cuales fueron debidamente garantizadas
por el Tribunal. De hecho, en la demanda solicitó las pruebas que en su criterio
reunían los requisitos para brindar convencimiento al juez, quien las decretó en
la audiencia inicial. Ahora bien, si el municipio demandado no allegó las
pruebas requeridas o las remitió de forma incompleta, la demandante podía,
una vez el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué puso en
conocimiento el contenido de los documentos presentados, informar la
ausencia de ellas y/o insistir la práctica de las mismas. Empero, decidió no
pronunciarse (…) En ese orden de ideas, no se aprecia la configuración de un
defecto fáctico en ninguna de sus dimensiones. Por el contrario, se denota que
el Tribunal Administrativo del Tolima valoró las pruebas obrantes en el
expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica y con base en ellas
adoptó una decisión ajustada a derecho. […]». (Negrita fuera del texto original)
Como se desprende de lo transcrito ut supra, no es posible que la autoridad
judicial decrete pruebas de oficio en casos como el particular cuando se
configura una clara inactividad de la parte activa para aportar e incluso para
solicitar elementos de evidencia que demuestren sus supuestos de hecho,
12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2018-01606-00(AC).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
habida cuenta de que ello implicaría una suerte de parcialidad proscrita para
el tercero objetivo que decide de fondo el litigio.
Es decir, la conducta oficiosa en controversias donde se requiere la práctica
de determinados medios de convicción está limitada a buscar la verdad y
esclarecer puntos oscuros del debate cuando las partes han cumplido
adecuadamente su respectiva carga, pero esta no ha sido suficiente y
definitivamente resulta indispensable demostrar un punto clave a fin de emitir
una decisión de mérito ajustada a derecho.
Según lo anterior, la falta de interés así como de acciones afirmativas y
contundentes de las partes para acreditar los elementos fácticos y jurídicos
que se alegan con la demanda o su contestación, no puede ser suplida por las
facultades oficiosas del juez, lo cual acontece en el presente caso donde se
verifica que la parte activa solo allegó y solicitó las pruebas documentales
enlistadas previamente. Por lo anterior, se hace patente que el demandante
incumplió con la carga procesal que solo le correspondía a aquel.
Al respecto, es dable precisar que el referido postulado adjetivo sobre la carga
de la prueba se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la parte
demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe
probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus
absolvitur, que predica la absolución del demandado si la parte activa no
prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda13.
Bajo esta línea de intelección, se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado
por el otro extremo litigioso o por la ausencia de medios de comprobación, tal
como se advierte en el presente caso y se convalida frente al análisis del
tribunal de primera instancia.
Ahora bien, tampoco resultaría procedente el argumento de la parte apelante
relativo a que una vez suprimido el DAS, este debió ser incorporado en la UNP
bajo el cargo de oficial de protección, código 3137, grado 15 y no en el de
agente de protección, código 4071, grado 16 en el que fue materialmente
designado, pues si bien alega que con esta modificación se le desconocieron
sus derechos adquiridos y en consecuencia se transgredieron los preceptos
de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cierto es que ello no
ocurrió, o por lo menos no se demostró en el caso sub examine, pues la
entidad demandada dio estricta aplicación a la normativa vigente para la
referida incorporación de servidores provenientes del mentado organismo de
seguridad, y con respeto por las garantías mínimas de obligatoria observancia.
Lo anterior se aduce en la medida en que al observar el artículo 1.° del Decreto
4067 de 2011 «Por el cual se establecen equivalencias de empleos y se dictan
otras disposiciones en materia salarial y prestacional.», resulta palmario que
dentro de la estructura funcional de la UNP, el Gobierno Nacional determinó
las equiparaciones u homologaciones de empleos del extinto DAS para que
estos fueran acompasados con los creados en la planta de personal del
organismo demandado, con base en la paridad en funciones, niveles,
responsabilidades, perfiles y requerimientos para acceder a tales plazas. Al
13
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de
Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
respecto, la norma en comento señaló lo siguiente sobre los agentes escoltas:
«[…] ARTÍCULO 1o. Establécense las siguientes equivalencias entre la nomenclatura
y clasificación de empleos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la
nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, aplicable a la Unidad Nacional de Protección, UNP, así:
[…]»
Y en lo relativo al cargo de oficial de protección, código 3137, grado 15 al cual
el apelante pretende ser nivelado, se encuentra a partir de la norma en cita
que a fin de ser incorporado en dicha posición, el servidor del extinto DAS
debía haber ejercido funciones como detective profesional, código 207, grado
11, tal como se extrae del siguiente aparte:
«[…]
[…]»
Por otro lado, en punto a las referidas equivalencias en materia salarial, el
mismo Decreto 4067 de 2011 en sus artículos 2.° y 3.° previó lo siguiente:
«[…] ARTICULO 2°. Los servidores del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-a quienes se les suprima el empleo como consecuencia de la
Supresión del Departamento y cuya incorporación se ordena en los empleos
creados en la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP,
serán incorporados con estricta sujeción a las equivalencias establecidas
en el artículo primero del presente decreto, sin que se les exijan requisitos
adicionales a los acreditados en el momento de su posesión del cargo del
cual eran titulares.
La aplicación de estas equivalencias no conlleva la pérdida de los derechos de
carrera para quien los acredite, ni afecta los procesos de selección en curso.
PARÁGRAFO. De conformidad con lo señalado en el decreto de supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para todos los efectos legales
y de la aplicación de las equivalencias establecidas en el artículo anterior, la
asignación mensual de los empleos en los cuales sean incorporados los
servidores del DAS comprenderá la asignación básica y la prima de riesgo
correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado sea titular en
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS a la vigencia
del presente decreto. En consecuencia, a partir de la incorporación, la
prima de riesgo se entiende integrada y reconocida en la asignación
básica del nuevo cargo.
Los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una
asignación básica mensual inferior a la asignación mensual que vienen
percibiendo, la diferencia se reconocerá con una bonificación mensual por
compensación que constituye factor salarial para todos los efectos legales.
ARTICULO 3º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad -
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
DAS- incorporados en la Unidad Nacional de Protección, UNP, conservarán
los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo, con
excepción de la prima de riesgo que quedó incorporada a la asignación
básica y a la bonificación especial por compensación, hasta su retiro de la
entidad. […]». (Negrita la Sala).
Como se aprecia de la norma en comento, el Gobierno Nacional previó cada
uno de los aspectos necesarios para garantizar a los funcionarios provenientes
del DAS, que su incorporación a la Unidad Nacional de Protección sería con
observancia de todos los derechos adquiridos a fin de que no variara su
situación laboral, salarial y prestacional ante la designación en una nueva
entidad sometida a un régimen laboral diferente al que se encontraban antes
de la modificación aludida.
Al verificar el contexto fáctico de la incorporación del señor William Noé López,
se advierte que aquel había sido nombrado en el otrora Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) bajo el cargo de agente escolta, código
205, grado 0514, de suerte que al tenor literal del artículo 1.° del Decreto 4067
de 2011, sin lugar a dudas debía ser trasladado a la UNP con designación
oficial en la plaza de agente de protección, código 4071, grado 16, tal como en
efecto acaeció conforme a la certificación laboral del 8 de septiembre de 2017
(folio 23).
Frente a su tratamiento salarial, lo que se desprende de los certificados visibles
de folios 119 a 120 del expediente, es que el recurrente percibió desde el año
2012 la asignación básica, la bonificación por compensación del Decreto 4067
de 2011, la prima de servicios, la bonificación por servicios prestados, la prima
vacacional, la prima de navidad y la bonificación por recreación.
En tal sentido, el pago recibido por el demandante por concepto de salario
mensual junto con la referida bonificación por compensación, se ajusta a los
preceptos de los artículos 2.°, parágrafo y 3.° ibidem, bajo el entendido de que
devengó como remuneración no solo la retribución directa del servicio, sino
también la prima de riesgo integrada que tenía reconocida desde su
vinculación con el DAS, así como un pago diferencial para equiparar la
asignación que recibía en dicha institución, lo que implica necesariamente que
no hubo una desmejora o desconocimiento de sus derechos adquiridos en
materia salarial.
En todo caso, se reitera que si la parte activa pretendía obtener una nivelación
para que su remuneración fuera igual a la de un oficial de protección, código
3137, grado 15, aquel debió probar que su relación legal y reglamentaria con
la mentada entidad de seguridad suprimida, era como detective profesional,
código 207, grado 11, lo cual no fue corroborado en el sub iudice. Aun así, el
libelista también pudo haber demostrado que si bien formalmente ocupaba el
cargo de agente escolta o agente de protección en la UNP, en realidad ejercía
funciones, tenía responsabilidades, cumplía requisitos y detentaba el perfil,
características y condiciones necesarias para desempeñarse en la primera
plaza mencionada (la cual se destaca que se encuentra en un nivel técnico y
no asistencial como en el que anteriormente se hallaba), situación que como
se precisó anteriormente, tampoco se comprobó en el asunto de marras.
Bajo dicha línea de intelección, se estima que no encuentra vocación de
prosperidad el argumento de la parte demandante cuando asegura que el a
quo soslayó el control de convencionalidad inherente a este caso, en relación
con el respeto y garantía de los derechos adquiridos y las situaciones
14 Ver archivo en PDF contentivo de la historia laboral del libelista, obrante en CD que reposa a folio 117
del plenario, en el que se aprecia el acta de posesión de aquel ante el DAS por su nombramiento en la
institución como agente escolta, código 205, grado 05.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
consolidadas al supuestamente haberse desmejorado su situación laboral con
la incorporación en la UNP. Ello en la medida en que lo que se corroboró en la
presente causa judicial es que la entidad demandada ajustó su actuar al marco
jurídico del Decreto 4067 de 2011 relacionado con las equivalencias de cargos
entre el DAS y el precitado organismo, así como en lo atinente al
mantenimiento de las condiciones salariales anteriores al cambio de
empleador, pues se observa que se reconoció una asignación básica que
incluía la prima de riesgo y adicionalmente se pagó una bonificación por
compensación para homologar y preservar la remuneración recibida por el
funcionario incorporado.
Lo expuesto denota que en el presente caso no hubo una desatención de las
prerrogativas laborales consolidadas a favor del señor William Noé López
desde su primera vinculación oficial, y por lo tanto no puede considerarse la
configuración de una transgresión de preceptos superiores en clave de bloque
de constitucionalidad, puesto que para que proceda un control de
convencionalidad en situaciones particulares como la presente, no solo basta
con alegar la vulneración de garantías fundamentales contenidas en tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia como la
Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además se exige una
alegación fundada en una premisa fáctica debidamente comprobada o
sustentada en medios de convicción que permita vislumbrar la afectación de
tales postulados por parte del Estado.
Pues bien, en el sub lite, tal como se adujo con antelación, la parte activa
incumplió su carga probatoria relacionada con el supuesto trato discriminatorio
en materia salarial luego de su incorporación en la Unidad Nacional de
Protección, de manera que en ese mismo sentido, tampoco expuso un
planteamiento factual sólido con el cual pudiera aplicarse un control de
convencionalidad concreto respecto de su situación jurídica, lo que ratifica el
hecho de que es improcedente acceder a su pretensión de ordenar una
equiparación remunerativa con base en lo devengado por un oficial de
protección, código 3137, grado 15, dado que no se presenta un
desconocimiento de sus derechos adquiridos como lo esgrime en el recurso
de alzada.
En conclusión: el demandante no cumplió con la carga probatoria para
demostrar el supuesto tratamiento salarial discriminatorio entre este en calidad
de agente de protección, código 4071, grado 16, y el empleo oficial de
protección, código 3137, grado 15 existente en la planta de personal de la
Unidad Nacional de Protección, toda vez que de los únicos medios de
convicción allegados a la actuación, no es posible realizar el ejercicio
comparativo que permita evidenciar cada uno de los elementos objetivos de
análisis previstos jurisprudencialmente para que proceda una nivelación
remunerativa como la deprecada. De hecho, ante esta falta de actividad
probatoria, tampoco es viable aplicar un control de convencionalidad como el
deprecado, puesto que no se advierte una vulneración de sus derechos
adquiridos en materia laboral con su incorporación a la UNP luego de la
supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el que se
encontraba vinculado.
En todo caso, tampoco era viable redistribuir dicha imposición para que fuera
suplida por la autoridad demandada, debido a que tales postulados de hecho
solo pueden ser conocidos y demostrados por la interesada quien tiene la
facilidad y acceso a las evidencias de su propia afirmación. Lo mismo se
sostiene acerca de la improcedencia para que el juez decretara pruebas de
oficio tendientes a acreditar los puntos en litigio, toda vez que asentir en ello
constituiría un acto parcializado ante la debilidad o inactividad de la parte
demandante para sustentar la tesis jurídica de sus pretensiones, en este tipo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
de asuntos donde se depreca una nivelación salarial.
Segundo problema jurídico
¿Le asiste derecho al libelista al reconocimiento y pago de trabajo
suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 7 de marzo de 1994 cuando fue vinculado al
extinto DAS como agente escolta?
Al respecto la subsección sostendrá la tesis relativa a que el demandante no
tiene derecho al reconocimiento de las horas extras y demás recargos
deprecados, pues a aquél le es aplicable el régimen especial diseñado para la
Unidad Nacional de Protección en cuanto a la jornada laboral en horas
semanales prevista para los empleados públicos de dicha entidad, el cual no
prevé tales haberes, sino el otorgamiento de días compensatorios, tal como se
explica a continuación:
Marco regulatorio sobre la jornada laboral ordinaria, las horas
extras y demás recargos para los empleados públicos de la UNP
De manera general, la noción básica de jornada laboral corresponde al lapso
durante el cual se limita el ejercicio de las funciones o actividades propias de
un empleo, bien sea público o privado. Ahora, en lo referente a la previsión de
los tipos y características de las jornadas laborales de los empleados públicos,
al respecto el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33 previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o
de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas
diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del
sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional,
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo
dispuesto para las horas extras.».
De la norma transcrita se extrae que en el ordenamiento jurídico laboral de los
empleados públicos, están contempladas dos jornadas ordinarias, una general
de 44 horas y una especial de 66 horas semanales, ello con base en el tipo de
actividades o trabajo a desarrollar y de conformidad con el horario que para tal
efecto fije cada entidad empleadora, siempre y cuando se acompase al marco
de acción previsto en este postulado regulatorio.
En lo concerniente al trabajo suplementario entendido como el ejercicio de
funciones por fuera de los límites previstos anteriormente para el desarrollo
normal del empleo, la norma ejusdem también consagró lo propio en los
artículos 36, 37, 38 y 40, esto con las respectivas modificaciones tácitas
introducidas por el artículo 12 del Decreto 660 de 2002, así:
«ARTÍCULO 36. De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales
del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada
ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes
este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o
pago de horas extras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se
sujetarán a los siguientes requisitos:
a) El empleo o del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una
asignación básica mensual que no exceda de diez mil pesos.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.
c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por
resolución motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento
sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
d) En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad,
el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil
por cada ocho horas extras de trabajo.
ARTÍCULO 37. De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra
nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del
día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.
Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento
sobre la asignación básica mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo
dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 38. De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas
extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas
extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes
funcionarios:
a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que tengan la obligación de participar en los trabajos ordenados para la
preparación y elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones,
su liquidación y las demás labores anexas al cierre e iniciación de cada
vigencia fiscal.
b) Los auditores de impuestos.
[…]
ARTÍCULO 40. Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por
razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días
dominicales o festivos.
Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda
de diez mil pesos.
b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o
por la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
comunicación escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de
desempeñarse.
c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución
motivada.
d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un
día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si este fuere menor.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días
dominicales y festivos.
e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se
reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el
funcionario por haber laborado el mes completo.
f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida
en la asignación mensual.
DECRETO 660 DE 2002.
Artículo 12. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago
de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así
como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el
empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel
Asistencial hasta el grado 19. […]»
Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, se observa que la competencia
para la regulación específica de la jornada ordinaria del personal de cada
entidad pública, en cuanto a horarios y distribución del tiempo bajo los
lineamientos del Decreto 1042 de 1978, puntualmente la detentan las
respectivas autoridades nominadoras con sujeción a las condiciones y
características de los empleos en relación con las funciones propias del
correspondiente ente estatal, de suerte que se permitió la reglamentación de
este aspecto de manera específica, particular y concreta.
Ahora bien, el Decreto Ley 1932 de 1989 «Por el cual se establece el sistema
de clasificación y nomenclatura de los empleos del Departamento
Administrativo de Seguridad, se fija la escala de remuneración y se dictan otras
disposiciones.», que corresponde a la norma vigente para el DAS en materia
de jornada laboral, contempló en su artículo 12 lo siguiente:
«Artículo 12. Jornada de trabajo. La asignación básica mensual fijada en la
escala de remuneración señalada en este Decreto corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y
seguridad, podrá señalárseles una jornada de trabajo de 12 horas diarias sin
que en la semana excedan un límite de 66 horas.
Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento
podrá disponer jornadas hasta de 18 horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de 72 horas.
Dentro de los límites máximos fijados en este artículo el Jefe del
Departamento podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo constituya trabajo suplementario o de horas extras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Parágrafo. Por la naturaleza del servicio que prestan los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo prevista en este artículo o en días
dominicales y festivos, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas
extras. Únicamente procederá la compensación en tiempo de descanso del
servicio prestado, en la forma prevista por el artículo 68 del Decreto 512 de
1989». (Resaltado de la Sala).
Conforme a lo transcrito, es claro que la jornada laboral ordinaria que regía en
su momento para los empleados del DAS, correspondía a 44 horas
semanales, salvo el caso de los empleos con funciones «discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad», cuyos
titulares podrían tener un tiempo de servicio de hasta 12 horas diarias y
máximo 66 semanales.
Aun así, lo cierto es que dicho precepto regulatorio consagró que cuando se
presenten «especiales razones del servicio», el jefe del referido departamento
administrativo podía determinar jornadas de hasta 18 horas diarias y máximo
72 semanales, ello en razón de la naturaleza de las funciones de protección y
su disponibilidad, motivo por el cual las horas diurnas o nocturnas adicionales
a la jornada ordinaria de trabajo, o en días dominicales o festivos, no se
reconocían como trabajo suplementario, sino que serían objeto de
reconocimiento de días compensatorios para descansar, adicionales a los
legalmente aplicables.
Sobre el punto, al verificar la situación de la entidad demandada en lo que
respecta a la jornada laboral de sus empleados, se encuentra que con la
expedición de la Resolución 0134 del 13 de abril de 2012 por parte del director
general de la referida entidad se previó lo siguiente frente a dicho punto en el
artículo 1.°:
«Artículo Primero. Horario de Trabajo: El horario de trabajo en la Unidad
Nacional de Protección, es de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 5:00 P.M., en
jornada continua. El sábado se considera como día no hábil.
Parágrafo primero. Los empleados cuyas funciones implican el desarrollo
de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de
seguridad, podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas
diarias, sin que en la semana exceda un límite de sesenta y seis (66)
horas.
Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe de la Unidad
podrá disponer jornadas hasta de dieciocho horas diarias, sin que en la
semana se exceda el límite de setenta y dos (72) horas.
Parágrafo segundo. Dado el carácter de organismo nacional de seguridad de
la Unidad y su misión institucional, algunos funcionarios deberán prestar sus
servicios en horas diurnas y nocturnas, o en días dominicales y festivos, para
lo cual procederá la compensación en tiempo de descanso del servicio
prestado y no habrá lugar al reconocimiento y pago de horas extras o pago
de dominicales o festivos.» (Negrita fuera de texto).
Esta formulación fue reiterada con escasos ajustes de redacción en las
posteriores Resoluciones de la UNP, números 092 del 5 de febrero de 2014,
351 del 26 de junio de 2014 y 0362 del 1.° de junio de 2016, las cuales en
conjunto con los apartes transcritos anteriormente y bajo un contexto de
vigencia, implican que desde el año 2012 la entidad demandada contaba con
un marco de reglamentación sobre los tipos de jornadas para su planta de
personal, sustentado (en un primer acercamiento) con los parámetros
generales del Decreto 1042 de 1978 y acompasado con los preceptos
aplicables en su momento al DAS en virtud del Decreto Ley 1932 de 1989.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Si se verifica con detenimiento la normativa en cita, se extrae que la UNP
contempló bajo su competencia, que al margen del horario prefijado para sus
funcionarios administrativos en clave de una jornada ordinaria de trabajo
general de 44 horas semanales, acompasada con la indicada por el artículo
33 del decreto en mención, también existiría una jornada especial de 66 horas
a la semana igualmente consagrada en la norma ejusdem, la cual aplicaría
para los empleados que desempeñen (entre otras), específicamente funciones
de vigilancia, seguridad y protección, propias de la misión legal y reglamentaria
de la entidad, quienes por especiales razones del servicio eventualmente
podrían por determinación del director de la UNP, ejercer funciones en un
marco de 72 horas semanales sin reconocimiento de trabajo suplementario,
sino de días compensatorios de descanso.
En el sub examine se encuentra que efectivamente el señor William Noé López
se desempeña como agente de protección, código 4071, grado 16 al servicio
de la Unidad Nacional de Protección, sin solución de continuidad desde el 1.°
de enero de 2012 (por supresión del DAS donde se encontraba vinculado
desde el 7 de marzo de 1994).
Lo anterior aunado al compendio fáctico del litigio permite inferir que las
funciones desempeñadas por el apelante, realmente se ajustan a sendas
actividades de vigilancia y seguridad, o como la propia denominación del cargo
lo señala, de protección, esto por cuanto la esencia de su empleo es la de
custodiar la integridad y vida de los sujetos protegidos que le sean asignados,
de modo que el ejercicio del cargo igualmente dependerá de los movimientos
y agenda de tales personas y no necesariamente de un horario fijo e irrestricto.
Es entonces en virtud de lo expuesto que el artículo 24 del Decreto 4065 de
201115 previó que los postulados que reglamentaban la jornada laboral de los
empleados del extinto DAS, corresponden a las señaladas en el aludido
Decreto Ley 1932 de 1989, las cuales son aplicables a los servidores de la
Unidad Nacional de Protección que fueron incorporados a dicha entidad. Con
base en este planteamiento es que en la UNP era viable fijar una jornada de
hasta 72 horas semanales por razones del servicio con reconocimiento de días
compensatorios en lugar de horas extras, tal como lo ha confirmado y avalado
el Consejo de Estado, tanto la Subsección B16 en sentencia del 25 de
septiembre de 2020, como la presente Sala en providencia del 9 de junio de
202217.
Lo anterior, tal como acaeció en el asunto de marras a través de las
Resoluciones 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014, 0362 de 2016 y
posteriores, todas con una regulación específica al caso de los empleados de
la entidad demandada, pero que en punto a las jornadas de trabajo se ajustan
perfectamente al marco general del mentado decreto lo que las hace
plenamente aplicables al caso concreto en ese aspecto puntual.
15 «ARTÍCULO 24. Referencias Normativas. Las referencias que hagan las disposiciones vigentes al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Programa de Protección del Ministerio del Interior,
que tengan relación con las funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas
a la Unidad Nacional de Protección.
De igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Departamento Administrativo de
Seguridad y al Programa de Protección del Ministerio del Interior como asistente, integrante o miembro
de Consejos, Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con las
funciones que en el presente Decreto se mencionan, deben entenderse referidas a la Unidad Nacional
de Protección.»
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 25 de septiembre de 2020. Radicado: 05001233300020150155701.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00122-01 (1799-2019).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Ello se justifica en la medida en que su cargo como agente de protección
detenta unas características especiales que lo diferencian de la generalidad
de empleados con funciones principalmente administrativas, de manera que
habilitan la concepción de una jornada especial como la estructurada por las
normas en comento.
Una vez determinada la normativa aplicable al presente caso, resulta
necesario absolver el segundo cuestionamiento relativo a la configuración o
no del derecho a favor del demandante en punto al reconocimiento y pago de
trabajo suplementario.
Sobre la situación particular del demandante
En atención a lo referido previamente, es preciso verificar si el libelista es titular
del derecho al reconocimiento y pago de trabajo suplementario por haber
laborado por fuera de la jornada máxima de trabajo de 66 o 72 horas
semanales según el caso desde el 7 de marzo de 1994 cuando fue vinculado
al extinto DAS como agente escolta.
En primer lugar, es de destacar que a partir de la historia laboral del señor
William Noé López obrante en el archivo en PDF contenido en CD que reposa
a folio 117 del plenario, se extrae que efectivamente existen registros de
seguimiento de horas laboradas y días compensatorios por el ejercicio de
funciones como agente de protección de la UNP.
Sobre el punto se destaca que en el mentado archivo existen sendos reportes
de semanas laboradas por el apelante para los meses de septiembre a
diciembre de 2016, enero a diciembre de 2017, enero a diciembre de 2018 y
enero a febrero de 2019, de los cuales se aprecia con claridad que este ejerció
funciones en algunas semanas más de 66 horas y en otras pocas incluso más
de 72. No obstante, al mismo tiempo se certificó que aquel disfrutó de días
compensatorios correspondientes a los meses y tiempo de servicio que
superara dichas jornadas laborales, tal como lo prevé la normativa aplicable al
sub examine referida anteriormente.
Es decir, la Sala no encuentra configurada una ilegalidad al negar el
reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, en días dominicales y
festivos, toda vez que en aplicación de la regulación sobre jornada laboral de
los servidores del extinto DAS incorporados a la UNP y que desarrollan
actividades de protección, esto es, sobre la base del Decreto Ley 1932 de 1989
convalidada en las Resoluciones Internas 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351
de 2014, 0362 de 2016 y siguientes, la entidad demandada ha previsto para el
señor William Noé López el desarrollo de funciones como agente de
protección, en algunas semanas superiores al marco jurídico previsto para el
efecto, pero con la consecuencia que le es propia, equivalente al
reconocimiento de días de descanso compensatorios, no así el pago de trabajo
suplementario.
De hecho, en un caso de contornos fácticos y jurídicos similares al asunto de
marras, esta misma Subsección profirió sentencia el 9 de junio de 202218 en
la que se concluyó este mismo postulado de la siguiente forma:
«[…] 69. Como se advierte de todo lo expuesto, al ser incorporado el señor
Correa a la Unidad Nacional de Protección conservó los beneficios salariales
y prestacionales establecidos en el artículo 13 del Decreto 1932 de 1989.
18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00122-01 (1799-2019).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
70. Por ende, como las horas extras y los dominicales y festivos no le son
reconocidas para los empleados que realizan funciones que implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia
o de investigación y seguridad, pues así lo establece el artículo 12 ibidem, no
es dable reconocer tales emolumentos, en razón a que a los empleados que
venían del Departamento Administrativo de Seguridad y que fueron
incorporados a la Unidad Nacional de Protección no se les debe reconocer
horas extras y dominicales y festivos acorde con el Decreto 1932 de 1989,
aplicable por remisión normativa por el Decreto Ley 4065 de 2011.
71. En consecuencia, se impone a la Sala confirmar la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 10 de diciembre de 2018, que negó
las pretensiones de la demanda, en sus precisos términos. […]»
Pues bien, de acuerdo con la referida intelección jurisprudencial y en adición
a lo probado a lo largo de este proceso, resulta claro para la Sala que en casos
como el del recurrente en los que se verifica el desarrollo de un empleo con
funciones de protección discontinuas y de seguridad, esto en razón del
ejercicio de un cargo como agente de la UNP con el consecuente
reconocimiento de días compensatorios por haber desempeñado su plaza en
algunas semanas con superioridad a la jornada de 66 o 72 horas según el
caso, no es dable acceder al pago de horas extras y demás recargos por
trabajo suplementario.
En conclusión: no le asiste derecho al libelista al reconocimiento y pago de
trabajo suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 7 de marzo de 1994 cuando fue vinculado al
extinto DAS como agente escolta, toda vez que a aquel le es aplicable el
régimen especial de jornada laboral diseñado para la Unidad Nacional de
Protección conforme al Decreto 4065 de 2011, que a su vez remite a las
previsiones del Decreto Ley 1932 de 1989, y que se ajusta a los postulados de
las Resoluciones Internas 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014, 0362
de 2016 y posteriores, ello en cuanto a los límites de horas semanales
previstos para los empleados públicos de dicha entidad que desempeñen
actividades de protección, y que para los casos en que se superen dichos
topes lo que prevé como consecuencia no es el pago de tales haberes
deprecados, sino el otorgamiento de días compensatorios que efectivamente
fueron concedidos por la parte demandada en los meses en que se causaron
como se extrajo del material probatorio recaudado.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada proferida
el 24 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección19 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA. En aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de dicha carga conforme al siguiente planteamiento:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
19 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.
Bajo ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas al
demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida que conforme
el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero resultó vencido en segunda
instancia y la parte pasiva intervino en el trámite de la apelación mediante la
presentación de alegatos de conclusión, ello conforme la constancia
secretarial visible a folio 175 del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 24 de agosto de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
William Noé López contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).
20 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
21 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021)
Demandante: William Noé López
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia al demandante y a favor
de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.