Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00352-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00352-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00352-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00352-02 (1757-2025)
Demandante: José Fernando Ramos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00352-02 (1757-2025)
Demandante: José Fernando Ramos
Demandado: Municipio de el Tambo
Tema: Relación laboral encubierta.
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia. Liquida condena.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
23 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo expedido el 26 de agosto de
2014 por el alcalde de la entidad territorial que negó la existencia de una relación
laboral entre el 1° de enero de 2008 y el 21 de diciembre de 2011.
3. En virtud de lo anterior por lucro cesante solicitó el pago de la suma de
$125.545.187, por concepto de las acreencias laborales y prestaciones sociales
que no percibió, tales como: i) reajuste salarial; ii) auxilio de cesantías; iii)
intereses a las cesantías; iv) indemnización por no consignación oportuna de las
cesantías ante un fondo; v) prima de navidad; vi) vacaciones; vii) prima de
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: José Fernando Ramos
vacaciones; viii) indemnización por despido injusto; ix) indemnización moratoria
por el no pago de prestaciones sociales; x) horas extras y demás derechos.
4. Igualmente, reclamó a título de daño emergente el reconocimiento de
$3.000.000, por los gastos en los que incurrió por el pago de honorarios
profesionales por la formulación y trámite de conciliación ante el Ministerio
Público.
5. Finalmente, solicitó el pago de aportes pensionales, perjuicios morales por 50
smmlv que asciende a la suma de $32.217.500, la indexación de los valores
reconocidos, el pago de costas procesales y que se dé cumplimiento a la decisión
conforme a los establecido en la Ley 1437 de 2011.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
6.El señor José Fernando Ramos laboró entre el 1° de enero de 2008 al 3 de
abril de la misma anualidad como aseador-celador de la planta piloto de
hecogenina de la entidad territorial mediante contrato de trabajo verbal.
7.Posteriormente, celebró de forma sucesiva los contratos de prestación de
servicios 124-2008, 0421-2008, 0482-2008, 0049-2009, 0225-2009, 427-2009,
619-2009, 67-2010, 221-2020, 392-2010, 131-2011, 262-2011, 310-2011 y 320-
2011, desde el 4 de abril de 2008 hasta el 21 de diciembre de 2011.
8. Ejerció funciones propias de un empleado público al servicio del municipio El
Tambo, relacionadas con el cuidado, vigilancia y limpieza de la planta de
extracción de hecogenina; que cumplió horario de trabajo sin ninguna suspensión
por el tipo de funciones que ejercía de forma continua y con permanencia de 24
horas al día; que en la jornada diurna efectuaba labores de vigilancia y aseo de
la planta y en la noche continuaba con las funciones de vigilancia.
9.Sus servicios fueron remunerados y recibió instrucciones y lineamientos por
parte del alcalde municipal y los directores de la UMATA.
10. El 21 de agosto de 2014, solicitó a la entidad territorial el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral y de las prestaciones sociales que se derivaban
de ella, sin embargo, la reclamación se negó mediante el acto administrativo
impugnado.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
11. Señaló el demandante como vulnerados con la expedición del acto
demandado los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 53, 122, 123, 125 y 209 de la
Constitución; 32 de la Ley 80 de 1993; 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo;
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Ley 443 de 1998 y 909 de 2004; 2 del Decreto 2400 de 1968; 7° del Decreto 1950
de 1973; Decreto 1227 de 2005.
12. Como concepto de violación aseveró que se configuró el contrato realidad,
pues se acreditaron los elementos del contrato de trabajo de prestación personal
del servicio, la contraprestación y la subordinación; y que la entidad reconoció
que las actividades eran permanentes y habituales, hacían parte del giro esencial
de ella, con la premisa que podían realizarse mediante contratos de prestación
de servicios, sin ser eso posible por la labor ejecutada.
1.4. Contestación de la demanda
13. El municipio El Tambo mediante apoderado se opuso a las pretensiones
invocadas y como consecuencia de ello, indicó que se presentó una relación de
tipo contractual, amparada por la Ley 80 de 1993.
14. Planteócomo excepciones las siguientes: i) prescripción del derecho; ii)
ausencia de ilegalidad del acto acusado; iii) innominada.
1.5. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal dictó sentencia el 23 de agosto de 2024, mediante la cual declaró:
i) la nulidad del acto impugnado; ii) la existencia de la relación laboral entre el 4
de abril de 2008 al 21 de diciembre de 2011; iii) probada la excepción de
prescripción de los derechos laborales anteriores al 14 de septiembre de 2011.
16. En ese sentido, ordenó a la entidad territorial pagar los valores que
correspondan por concepto de prestaciones sociales o emolumentos laborales
que hubieren cancelado a los demás servidores de la entidad que desempeñen
igual o similar labor a la desempeñada por la parte demandante en el lapso
comprendido entre el 14 de septiembre de 2011 y el 21 de diciembre de 2011,
salvo las interrupciones, tomando como base para liquidar los derechos y
prestaciones reconocidas, los honorarios o en su defecto con los salarios fijados
para el cargo de planta con iguales o similares funciones a las desarrolladas por
el demandante.
17. Así mismo, dispuso el pago de los aportes pensionales por todos los períodos
que la parte contratista no lo hubiere hecho, y si los hizo el municipio El Tambo
solamente debe pagar al fondo de pensiones la diferencia que como empleador
le corresponde conforme el cálculo actuarial. Al momento de liquidar lo que por
el derecho prestacional corresponde consignar al fondo de pensiones respectivo,
de ser el caso, descontará la proporción que hubiese correspondido a la parte
demandante por concepto de aportes.
18. Precisó que el tiempo de la relación laboral se computará para efectos
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pensionales.
19. Por último, ordenó la actualización de los valores reconocidos conforme al
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, se dé cumplimiento a la decisión de acuerdo
al artículo 192 del CPACA, negó las demás pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante en un 70% a la parte demandada en
favor de la parte demandante.
20. Corroboró la existencia de los elementos esenciales de la relación laboral de
la siguiente forma:
21. Sobre la prestación del servicio, aclaró que no se podía tener en cuenta el
lapso de 1° de enero de 2008 a 3 de abril de la misma anualidad, en el cual afirmó
el actor que fue vinculado mediante contrato verbal, dado que, no se aportó
prueba de dicho tiempo, siendo insuficiente la declaración de los testigos que
expresaron que el interesado prestó sus servicios a partir de enero de 2008.
22. Determinó que el accionante prestó servicios en el período de 4 de abril de
2008 al 21 de diciembre de 2011, inicialmente como aseador-celador de la planta
piloto de hecogenina y obrero de la misma planta. Así mismo, como consecuencia
de la labor realizada percibió una remuneración.
23. En lo concerniente a la subordinación, señaló que las declaraciones rendidas
por los señores Eudoro Guerra Burbano, Zico Rubén Martínez y Luis Isaac
Jiménez manifestaron que el accionante prestó sus servicios a la entidad
territorial en la planta de hecogenina con funciones de aseo y vigilancia, de
manera permanente, en horario de domingo a domingo las 24 horas, así mismo,
precisaron que el actor permanecía en ese lugar y que dormía allí.
24. Agregó que en el caso de quienes prestan sus servicios de vigilancia-celaduría
se presume la dependencia y subordinación en la medida, que el encargado de
custodiar o cuidar un determinado inmueble no podría estar sujeto a una
autonomía e independencia.
25. Expresó que las funciones de aseador-celador se entendía cumplidas también
en los períodos en los que los contratos precisaron que prestó servicios como
obrero de la planta hecogenina conforme a lo expuesto por los declarantes.
26. Verificados los elementos de la relación laboral, analizó la excepción de
prescripción extintiva del derecho y precisó que hubo interrupciones
significativas, en ese sentido se afectaron por dicho fenómeno los derechos con
anterioridad al 14 de septiembre de 2011.
27. Posteriormente, realizó el siguiente análisis sobre los conceptos a que tendría
derecho el demandante:
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28. Con fundamento en la sentencia de unificación dictada el 22 de agosto de 2016
por la Corte Constitucional, estableció que no era procedente el reconocimiento
de los intereses a las cesantías, indemnización por no consignación oportuna de
las cesantías ante un fondo, indemnización por despido injusto e indemnización
moratoria por el no pago de las prestaciones sociales.
29. El pago de aportes a pensiones debía realizarse por todos los períodos de la
relación laboral, siempre que el demandante no hubiere hecho la respectiva
cotización. Estos corresponden a: i) 4 de abril al 30 de junio de 2008; ii) 5 de
septiembre de 2008 al 30 de junio de 2009; iii) 18 de agosto de 2009 al 28 de
abril de 2010; iv) 17 de agosto al 14 de octubre de 2010; v) 4 al 28 de diciembre
de 2010; vi) 3 de mayo al 30 de julio de 2011; v) 14 de septiembre de 2011 al 21
de diciembre de 2011.
30. No obstante, si el demandante realizó aportes a pensión, la entidad territorial
únicamente debe pagar al Fondo de Pensiones la diferencia que como empleador
le corresponde, así mismo, la parte demandada no tendrá que devolver los
aportes efectuado por el actor.
31. La liquidación de la indemnización se deberá llevar a cabo en primer lugar con
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios o en su
defecto con los salarios fijados para el cargo de planta con iguales o similares
funciones a las desarrolladas por el demandante.
32. Para la determinación del salario que servirá de base para liquidar mes a mes
indicó los siguientes parámetros:
a. Para los períodos dentro de los cuales se evidenció la existencia de contratos
de prestación de servicios, el salario resultante de la división entre valor que en
ellos se determine a título de contraprestación, con la duración (en meses) del
servicio prestado.
b. Si lo anterior no pudiere ser determinado o posible, se aplicará
subsidiariamente los salarios fijados para el cargo de planta de aseador - celador,
o, en todo caso, el que ostente las labores similares a las desarrolladas por el
demandante dentro de la alcaldía municipal El Tambo, durante los meses que se
declara la existencia de la relación laboral.
33. Y en su defecto, se analizará, de manera consecuencial y subsidiaria, así:
i. Los acuerdos del concejo municipal El Tambo que definan las escalas salariales
para los cargos dentro de la alcaldía;
ii. Los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional que determinen los
límites salariales para empleados públicos de las entidades territoriales. Que, en
este caso, serían a título de ejemplo, el Decreto 1048 de abril 4 de 2011.
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34. Finalmente, de no ser posible lo anterior, se aplicará el salario mínimo mensual
legal vigente.
35. En ese orden, el pago de los conceptos a título de restablecimiento del derecho
lo componen las prestaciones sociales o factores salariales o emolumentos
laborales que se hubieren cancelado a los demás servidores de la entidad que
hubiesen tenido el mismo grado o similar del demandante para el período
comprendido entre el 14 de septiembre de 2011 y el 21 de diciembre de 2011,
salvo las interrupciones. De todas maneras, le corresponderá al ente
accionado al momento de cumplir la condena impuesta en esta decisión,
determinar las prestaciones sociales o emolumentos salariales que serán objeto
de liquidación.
36. De otro lado, negó el reconoció el pago de trabajo suplementario de la jornada
ordinaria, horas extras, dominicales y festivos, dado que, no se aportó prueba
certera sobre su causación, si bien se practicaron las declaraciones que dieron
detalles de la prestación del servicio, no era prueba específica de los tiempos de
trabajo suplementario, horas extras, dominicales y festivos.
37. No
era viable el reconocimiento de perjuicios materiales a título de daño
emergente y de los perjuicios morales, puesto que no se acreditaron.
38. Finalmente, luego de explicar el criterio para la causación e imposición de
costas, determinó que como prosperaron de forma parcial las pretensiones de la
demanda y el demandante actuó mediante apoderado, procedía imponer la
condena en costas en un 70%.
1.6. Recurso de apelación
39. El municipio El Tambo presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en efecto, solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia por las siguientes razones:
40. El demandante fue vinculado a la entidad territorial por la estricta necesidad
del servicio ante la falta de personal suficiente para ejercer las funciones
encomendadas, de ahí que, la relación que se desarrolló fue de coordinación de
actividades derivada del contrato ejecutado.
41. Se incurrió en indebida valoración probatoria de la existencia del elemento de
la subordinación, pues no se allegaron pruebas que acreditaran que el actor
desempeñó sus labores bajo una estricta dependencia, ya que las pruebas que
se practicaron correspondieron a las declaraciones de los señores Eudoro Guerra
Burbano, Zico Rubén y Luis Isaac Jiménez que en principio, no son testigos
directos de los hechos, pues ninguno de ellos laboró en el mismo lugar en el que
el accionante ejecutó los contratos de prestación de servicios.
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42. Que el deponente Eudoro Guerra Burbano manifestó que en ningún momento
ha tenido algún vínculo laboral o contractual con el municipio El Tambo, además
es un testigo que no contó con un grado de certeza sobre los hechos por los que
compareció, la mayoría de sus intervenciones se sustentaron en suposiciones;
únicamente sostuvo que le constaba haber visto al demandante en la planta de
hecogenina y que por este hecho «supone» que estaba en la obligación de
cumplir un horario, conclusión a la que llegó sin respaldo de ninguna premisa
debidamente acreditada.
43. También manifestó que desconocía si había una remuneración, alguna
prestación sobre vacaciones o las razones por las que el accionante no continuó
laborando, y sobre el horario mencionó que «pues yo lo sabía mirar allí en
horarios de trabajo. Pero a mi si no me consta las horas puntuales a las cuales
estaba sujeto a trabajar ahí en el lugar».
44. Que es palpable la falta de conocimiento directo, concreción y la dependencia
en suposiciones de ese testigo que afectan la credibilidad y la validez de su
declaración, por lo que no puede considerarse como prueba fiable para
esclarecer los hechos en cuestión.
45. A su vez, el declarante Zico Rubén Darío Martínez que prestó servicios como
auxiliar en la Secretaría de la Juventud en la alcaldía municipal El Tambo, hizo
afirmaciones generales que el accionante prestaba sus servicios de domingo a
domingo, las 24 horas del día; sin embargo, no brindó de manera clara la razón
por la que conocía de estos hechos; que sus afirmaciones resultan
incongruentes, pues según su propio testimonio, en los años 2008 y 2011, trabajó
en horarios hábiles en las instalaciones de la alcaldía, la cual, no se ubicaba en
el mismo lugar de la planta de hecogenina, por lo tanto, no es posible considerar
que este testigo tenga conocimiento directo y cierto de que el demandante
trabajaba las 24 horas los 7 días de la semana.
46. Igualmente, el deponente declaró sin conocimiento cierto que el actor recibía
órdenes directamente del director de la Umata, pues, al ser interrogado sobre la
naturaleza específica de éstas su respuesta fue vaga y genérica; se limitó a
mencionar «las de aseo y vigilancia», adicionalmente, manifestó que, debido a la
presencia de equipos y maquinaria, «supone» que las órdenes también incluían
el aseo y cuidado de estos implementos, afirmaciones que el testigo formó a partir
de supuestos y no en hechos concretos y verificables, lo cual, no puede ser
tomado como una narración clara que establezca la subordinación con la que
supuestamente ejecutaba sus obligaciones el actor en la planta piloto de
hecogenina.
47. Por otra parte, el declarante Luis Isaac Martínez Melo que también trabajó
como técnico administrativo de la alcaldía de El Tambo, declaró haber ejercido
como representante legal de la Asociación de Fiqueros de la entidad territorial
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hasta el 31 de diciembre de 2005, afirmó tener conocimiento que desde la puesta
en marcha de la planta hasta el año 2005, esta operaba diariamente, sin
embargo, admitió desconocer los períodos y condiciones de su funcionamiento
entre los años 2008 y 2011, dado que ya no estaba al frente de la asociación, a
pesar de ello, sostuvo que durante ese lapso la visitaba esporádicamente, lo cual
no puede proporcionar un testimonio cierto sobre la jornada laboral y las
funciones diarias del demandante, la considerable amplitud entre sus visitas a la
planta donde se encontraba accionante impide que hubiese podido presenciar de
manera directa los hechos de la demanda.
48. Teniendo en cuenta lo anterior, ninguna de las declaraciones logró acreditar
que el accionante prestaba sus servicios las 24 horas de los 7 días de la semana,
todos afirmaron haberlo visto en la planta, pero también confirmaron que esta no
era abierta al público, ni con libre acceso, y tampoco manifestaron haber
observado al demandante realizando labores de vigilancia en los períodos
nocturnos. En consecuencia, ninguno de los testigos pudo asegurar con precisión
el horario que supuestamente cumplía el accionante, así mismo, ninguno realizó
declaraciones tendientes a demostrar la subordinación y recepción de órdenes,
ni explicaron de forma específica o detallada como les constaba que el actor tenía
un jefe inmediato, más aún cuando, ninguno de los testigos trabajó o presenció
de cerca los hechos que narraron.
1.7 Trámite de segunda instancia
49. El 21 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.
50. Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, el
procurador tercero delegado ante esta Corporación emitió concepto 2 en el que
solicitó modificar la sentencia recurrida en el sentido de reconocer las
prestaciones laborales por el período de 30 de julio a 14 de septiembre de 2011.
Finalmente, como no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
51. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
2
Índice 11 de Samai.
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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52. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte demandada, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en su recurso.
2.2. Problema jurídico
53. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
54. ¿entre el señor José Fernando Ramos y el municipio El Tambo existió una
relación laboral encubierta o subyacente en los períodos en que celebraron
contratos de prestación de servicios?
55. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda y si estas
deben reconocerse con fundamento en los honorarios recibidos o con los salarios
devengados por un empleado de planta de la entidad que ejecutara las mismas
funciones que el aquí demandante.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
56. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
57. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
58. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
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o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
59. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
60. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor
José Fernando Ramos suscribió los siguientes contratos de prestación de
servicios con el municipio El Tambo:
No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$1.680.000
124-20084 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 04/04/2008 30/06/2008
M/cte.
obligaciones estipuladas en documento
anexo, previo estudio técnico (sic)
Interrupción de 46 días hábiles
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$840.000
421-20085 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 05/09/2008 30/09/2008
M/cte.
obligaciones estipuladas en documento
anexo, previo estudio técnico (sic)
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$840.000
482-20086 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 18/10/2008 30/12/2008
M/cte.
obligaciones estipuladas en documento
anexo, previo estudio técnico (sic)
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$840.000
49-20097 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 16/01/2009 30/03/2009
M/cte.
obligaciones estipuladas en documento
anexo, previo estudio técnico (sic)
Prestar los servicios en el municipio de el
$840.000
225-20098 Tambo como aseador-celador planta piloto 16/04/2009 30/06/2009
M/cte.
de Hecogenina-Umata (sic)
Interrupción de 31 días hábiles
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$840.000
427-20099 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 18/08/2009 30/09/2009
M/cte.
obligaciones contenidas en documento
anexo (sic)
Prestar los servicios en el municipio de el
$840.000
Tambo como aseador-celador planta piloto 24/10/2009 30/12/2009
619-200910 M/cte.
de Hecogenina-Umata de acuerdo a
4
Folio 58 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
5
Folio 59 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
6
Folio 60 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
7
Folio 61 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
8
Folio 62 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
9
Folio 63 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
10
Folio 64 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00352-02 (1757-2025)
Demandante: José Fernando Ramos
obligaciones contenidas en documento
anexo (sic)
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$1.530.000
67-201011 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 29/01/2010 28/04/2010
M/cte.
obligaciones contenidas en documento
anexo (sic)
Interrupción de 72 días hábiles
Prestar los servicios en el municipio de el
Tambo como aseador-celador planta piloto
$990.000
221-201012 de Hecogenina-Umata de acuerdo a 17/08/2010 14/10/2010
M/cte.
obligaciones contenidas en documento
anexo (sic)
Interrupción de 33 días hábiles
Prestar sus servicios a este municipio
como obrero planta Hecogenina de $420.000
392-201013 04/12/2010 28/12/2010
acuerdo a obligaciones contenidas en M/cte.
estudio previo (sic)
Interrupción de 96 días hábiles
Prestar sus servicios a este municipio
como obrero planta Hecogenina de $1.120.000
131-201114 03/05/2011 30/07/2011
acuerdo a obligaciones contenidas en M/cte.
estudio previo (sic)
Interrupción de 31 días hábiles
Prestar sus servicios a este municipio
como obrero planta Hecogenina de $840.000
262-201115 14/09/2011 01/11/2011
acuerdo a obligaciones contenidas en M/cte.
estudio previo (sic)
Prestar sus servicios a este municipio
como obrero planta Hecogenina de $275.000
310-201116 11/11/2011 30/11/2011
acuerdo a obligaciones contenidas en M/cte.
estudio previo (sic)
Prestar los servicios en el Municipio de el
$285.000
320-201117 Tambo como obrero planta Hecogenina 06/12/2011 21/12/2011
M/cte.
(sic)
61. De otro lado, conforme a la certificación expedida el 12 de julio de 2024 18 por
la secretaria general del municipio El Tambo, el accionante celebró las órdenes
de prestación de servicios 150 de 2000, 395 de 2000, 529 de 2000, 073 de 2001,
150 de 2001, 307 de 2001, 345 de 2001, 397 de 2001 19, 240 de 2002, 255 de
2002, 300 de 2002, 453 de 200220, 643 de 2002, 30 de 2003, 216 de 2003, 461
de 2003, 676 de 2003, 773 de 2003, 107 de 2004, 308 de 2004, 572 de 2004,
900 de 2004, 266 de 2005 y 0823 de 200521, sin embargo, como el período
reclamado en la demanda correspondió del 1.° de enero de 2008 al 21 de
diciembre de 2011, la Sala únicamente se pronunciará sobre éste en garantía
del principio de congruencia.
62. Además, como los sujetos procesales no reprocharon la sentencia del
Tribunal en punto de los extremos temporales de la prestación del servicio ni la
labor ejercida por el actor, la Sala constata que hubo conformidad en el
planteamiento determinado por el a quo, de ahí que, el señor José Fernando
11
Folio 65 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
12
Folio 66 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
13
Folio 67 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
14
Folio 68 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
15
Folio 69 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
16
Folio 70 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
17
Folio 71 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
18
Folio 52 del archivo titulado «002 demanda y anexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
19
Las órdenes de prestación de servicios 150 de 2000 a 397 de 2001 tuvieron como objeto prestar servicios como auxiliar
operadores maquinaria del municipio.
20
Las órdenes de prestación de servicios 240 de 2002 a 453 de 2002 tuvieron como objeto prestar servicios como obrero
mantenimiento vía humitaro el Zanjón.
21
Las órdenes de prestación de servicios 643 de 2002 a 0823 de 2005 tuvieron como objeto prestar servicios como
aseador-celador planta piloto de Hecogenina.
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Demandante: José Fernando Ramos
Ramos cumplió con la carga de demostrar la prestación personal del servicio
para desarrollar labores como aseador y celador de la planta de hecogenina del
municipio El Tambo entre el 4 de abril de 2008 al 21 de diciembre de 2011,
interrumpidamente22.
63. Por otra parte, la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios mensualmente recibidos por el actor por concepto de los
servicios ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.
64. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Para estudiar este elemento, la Subsección tendrá en cuenta los
criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CES2- 2021.
65. La parte demandada reprochó en el recurso de apelación que los declarantes
no fueron testigos directos de los hechos, razón por la que sus relatos no eran
suficientes para demostrar los alegados en la demanda, en especial, la
continuada subordinación y dependencia con la entidad territorial.
66. Pues bien, de los testimonios se tiene que el señor Eudoro Guerra Burbano
indicó que era comerciante e integrante de la asociación de fiqueros municipal23,
y soportó el conocimiento de los hechos en que durante múltiples oportunidades
a partir de 2008 observó al demandante laborando en la planta piloto de
extracción de hecogenina, que queda en una vía que frecuentemente usaba para
dirigirse a su trabajo24. Explicó que esa planta era de propiedad del municipio El
Tambo y por ello sabía que el demandante laboraba en ese lugar25, dijo «porque
esas son unas instalaciones de una planta experimental piloto que hay y es del
municipio del Tambo Nariño. Él estaba allí, se supone que él trabajaba para la
alcaldía en ese lugar».
22
Si bien en la demanda se reclamaron los derechos a partir del día 1° de enero de 2008, no se controvirtió la conclusión
a la que llegó el juez de primera instancia relativa a que no se acreditó la prestación del servicio comprendida entre el 1°
de enero de 2008 al 3 de abril de 2008.
23
En efecto, manifestó que «ocupación comerciante», así mismo, el magistrado sustanciador le preguntó «desde cuándo
y por qué conoce don José Fernando Ramos, si tiene algún parentesco para con él o amistad estrecha, allegada»,
afirmando el deponente que «solamente yo lo conozco por ser de la Asociación de Fiqueros, que siempre nos
encontramos en algunas reuniones de esa naturaleza, de la del sector agropecuario».
24
Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó si «conoce usted, para el año 2008 hacia adelante, desde el
mes de enero, si conoce usted si don José Fernando Ramos ha prestado servicios en el municipio del Tambo o a la
alcaldía del municipio del Tambo, si conocen qué dependencias, en qué oficina, si nos puede comentar, por favor»,
manifestando el deponente que «pues realmente yo lo sabía mirar allá en la planta piloto de extracción de Hecogenina,
al señor trabajando ahí en la planta, porque pues por ahí cerca queda la vía que sube y baja para las veredas donde yo
siempre trabajo. Yo creo que él ha de haber tenido algún vínculo con la alcaldía, porque eso lo maneja la alcaldía municipal
del Tambo Nariño».
25
En efecto, el magistrado sustanciador le preguntó «sabe o conoce usted, dice que él entiende que, al parecer trabajaba
con la alcaldía, ¿por qué razón dice».
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Demandante: José Fernando Ramos
67. Por otra parte, el testigo Zico Rubén Darío Martínez indicó que al momento de
la realización de la audiencia de pruebas se desempeñaba como coordinador de
servicios públicos de la entidad territorial, específicamente a partir del 9 de enero
de 202426, igualmente, aclaró que en el período de 2008 a 2011 prestó servicios
al municipio El Tambo como auxiliar de la Secretaría de la Juventud27, la cual se
encontraba a la entrada del municipio, aproximadamente a 10 minutos de
distancia o 100 metros28 de la planta de extracción. Afirmó que en el período de
2008 a 2011 no ejerció ninguna función en esa planta29 y que la visitaba
ocasionalmente por actividades o eventos que eran convocados por los fiqueros
en una frecuencia de 2 o 3 meses30; que se encontraba con el accionante
semanalmente como consecuencia del trayecto que utilizaba31; y que cada tres
meses diligenciaban juntos los papeles para el trámite de suscripción del contrato
de prestación de servicios32.
68. El testigo Luis Isaac Jiménez Melo por su parte manifestó que prestó sus
servicios en la alcaldía en el cargo de técnico administrativo entre el 12 de enero
de 2008 y el 15 de marzo de 202433, asimismo, relató que el accionante se
desempeñó como aseador en la jornada diurna y vigilante de la planta de
extracción de hecogenina en la jornada nocturna34, puntualizó que se requería
26
Al respecto, manifestó que «en la actualidad estoy trabajando en la alcaldía del municipio del Tambo como coordinador
de la unidad de servicios públicos», motivo por el que el magistrado sustanciador le solicitó que especificara «¿desde
cuándo está desempeñando el cargo de coordinador de la unidad de servicios públicos?», expresando el deponente que
desde «el 9 de enero del presente año». 27
Sobre el tema, el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «y primeramente le preguntaré respecto
de usted, si bien en el momento tiene vinculación con el municipio del Tambo, le pregunto para usted, ¿usted tuvo
vinculación laboral o contractual con el municipio del Tambo entre el año 2008 y 2011? ¿De pronto?» Contestó: «sí,
señor juez» Preguntado: «¿Nos puede precisar qué tipo de vinculación?» Contestó: «fui auxiliar de la Secretaría de la
Juventud». Preguntado: «¿En qué nos puede indicar o recordar las fechas?» Contestó: «2008-2011» Preguntado:
«¿Todo el tiempo?» Contestó: Sí, el período del señor alcalde Saulo Pupiales, en ese entonces». 28
Sobre el particular, el magistrado sustanciador formuló las siguientes preguntas: «quería preguntarle con base en eso. En su lugar de trabajo de su momento en la Secretaría de la Juventud, ¿dónde quedaba? ¿En qué instalaciones?»
Contestó: «En la alcaldía municipal» Preguntado: «¿Y la planta de Hecogenina queda en la misma, anexo a la alcaldía
municipal?» Contestó: «No, señor juez, entrando en la entrada del Tambo Nariño» Preguntado: «Eso, la distancia entre
la alcaldía municipal donde usted laburaba y la sede de la planta es, diga usted, unos 100, 500, 200 metros, un kilómetro.
¿Es cerca, lejos, en tiempo?» Contestó: «Unos 100 metros» Preguntado: «¿y en tiempo caminando?» Contestó:
«podría ser unos 10 minutos». 29
En efecto, el apoderado de la parte demandada le preguntó «señor Zico, usted en el ejercicio de su cargo, ¿usted tenía
que desempeñar alguna función en la planta que menciona?», expresando el deponente que «no, doctor». 30
Sobre el tema, el apoderado de la parte demandada realizó las preguntas que a continuación de señalan: «Señor Zico,
usted en el ejercicio de su cargo, ¿usted tenía que desempeñar alguna función en la planta que menciona?» Contestó:
«No, doctor». Preguntado: «¿Cada cuánto usted visitaba la planta o por qué razón usted la visitaba?» Contestó: «A
veces había actividades para la realización y algún evento con los fiqueros» Preguntado: «¿Con qué frecuencia se
realizaban esos eventos que usted menciona, que se hacían en la planta?» Contestó: «Cada dos o tres meses». 31
Al respecto, el apoderado de la parte demandada interrogó al testigo en el sentido de aclarar «¿Cada cuánto se
encontraba con el señor José Fernando? ¿Cada cuánto, usted, lo podía decir que usted lo frecuentaba?», señalando que
«casi...podría ser... semanalmente», de la misma manera le preguntó «¿en qué ámbito? ¿por qué razón?», afirmando el
declarante que «por el trayecto». 32
Sobre el punto, el apoderado de la parte demandada realizó las siguientes preguntas: «Entonces, ¿qué documentos
debían hacer juntos?» Contestó: «No, es cuando, por la OPS, cuando nos tocaba llenar papeles para el contrato de
nuestro trabajo» Preguntado: «¿Cada cuánto se realizaban esos contratos?» Contestó: «Los contratos, cada tres
meses». Preguntado: «¿Usted tenía vinculación de OPS, me dice?» Contestó: «Sí, doctor» Preguntado: «¿El periodo
en el cual estuvo vinculado con el municipio cuál fue?» Contestó: «2008-2011». 33
Al respecto, el magistrado sustanciador formuló las siguientes preguntas: «¿funcionario público en qué entidad,
perdóneme?» Contestó: «Alcaldía Municipal del Tambo, Un cargo como técnico administrativo». Preguntado: «¿nos
puede, por favor, con la información que nos da? ¿Desde qué fecha, hasta qué fecha laboró? Nos dijo hasta el 15 de
marzo, pero ¿desde cuándo, por favor?» Contestó: «Desde el 12 de enero de 2008 hasta el 15 de marzo de 2024».
Preguntado: «¿Siempre estuvo en el mismo cargo?» Contestó: «Sí, doctor, en el mismo cargo». 34
Al respecto, subrayó que «su lugar de trabajo estaba ubicado en un predio del municipio del Tambo, donde se encuentra
la planta de procesamiento de jugos de fique para la extracción de Hecogenina, en donde su labor era hacer el aseo
dentro de la planta, cuidar toda la maquinaria que había allí, y hacía la labor de celador también, o sea, en la noche era
celador y en el día trabajaba como auxiliar».
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Demandante: José Fernando Ramos
de forma permanente las actividades de aseo en la planta35, así como, la
vigilancia y cuidado de la maquinaria que se encontraba en las instalaciones de
la planta36.
69.Al ser indagado sobre su conocimiento directo respecto del servicio del
demandante, respondió que este le constaba entre enero de 2008 y diciembre
de 2011, debido a que justamente fue ese el periodo en que el laboró al servicio
de la entidad37.
70. A su vez, señaló que en el período de 2008 a 2011 mantuvo contacto con el
demandante de forma permanente, pues semanalmente se acercaba a la planta
de extracción por estar ubicada junto a una propiedad de la asociación de
fiqueros, precisó que el sábado dialogaba con el accionante y que por eso le
constaba que estaba usualmente en el sitio38.
71. Posteriormente, aseguró que cuando actuó como representante legal de la
asociación de fiqueros, en la planta laboraban 4 personas, a saber, un ingeniero
químico, la auxiliar del ingeniero químico, una persona encargada de labores
externas y el accionante que se encargaba del aseo y cuidado de la planta39.
Cuando el mandatario de la parte demandada le preguntó con qué frecuencia se
dirigía a la planta, explicó que «cuando tuve la relación como representante legal
de la Asociación de Fiqueros en la cual estuve hasta el 31 de diciembre de 2005,
era permanente, diariamente. Ya entre el 2008 y el 2011, cuando estuvo
vinculado don José, yo cada ocho subía los fines de semana allá porque él
permanentemente estaba allá y era un lugar donde uno salía de la rutina semanal
35
Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó «cuando usted nos dice en el día como auxiliar, ¿qué tareas
cumplía?», señalando el declarante que «él cumplía las labores de aseo, y más que todo el aseo de la planta, porque se
requería permanentemente estar pendiente de esta actividad. Esa era la labor que cumplía, y de manera permanente».
36
Al respecto, el magistrado sustanciador le preguntó «cuando usted nos dice que don José Fernando cumplía tareas de
aseo, de cuidar los equipos y de celador, y en el día como auxiliar haciendo el aseo de la planta, ¿nos puede precisar si
él cumplía algún horario en específico o iba si al aseo se retiraba a su casa o a hacer otros trabajos? ¿Qué horario
cumplía? Si sabe, por favor», explicando el deponente que «a ver, lo que a mí me consta, él era permanentemente su
labor en dicha planta, en el día y en la noche. En la noche, de lógico, como el municipio no es un municipio, digamos,
donde haya inseguridad. Simplemente cuidaba lo que estaba dentro de la planta y en el día trabajaba normalmente su
horario casi, digamos, como lo dije anteriormente, de manera permanente. De lunes a viernes, inclusive sábado, domingo
seguido, tenía que estar allá pendiente de esa planta».
37
Al respecto, dijo «pregunta: Por favor, le pregunto entonces ya en materia específica si conoce o sabe usted si don
José Fernando Ramos ha tenido algún vínculo laboral o contractual con el municipio del Tambo o la alcaldía del Tambo,
como quiera, entre el año 2008, enero del 2008 y diciembre del 2011. Y de ser así, nos dirá si sabe en qué fechas
específicas, en qué lugar se cumplían esas tareas, qué funciones desempeñaba, qué horario cumplía, si había alguna
persona o personas que le impartían órdenes o misiones de trabajo, si recibía alguna remuneración. Por favor, para que
nos diga cuánto se tardó Contestó: Me consta que él ingresó a laborar con el municipio a partir de enero de 2008, en el
mismo tiempo que yo ingresé, y laboró hasta diciembre de 2011. Su lugar de trabajo estaba ubicado en un predio del
municipio del Tambo, donde se encuentra la planta de procesamiento de jugos de fique para la extracción de Hecogenina,
en donde su labor era hacer el aseo dentro de la planta, cuidar toda la maquinaria que había allí, y hacía la labor de
celador también, o sea, en la noche era celador y en el día trabajaba como auxiliar».
38
Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó «¿Cada cuánto mantenía contacto, sea por reuniones de la
asociación o por control como socio? ¿Su contacto con Luis Fernando era permanente, mensual, semanal?»,
manifestando el deponente que «casi permanente, semanalmente yo subía ahí a la planta donde se desarrolló el proyecto,
teniendo en cuenta que aledaño donde está la planta hay una propiedad que es de la asociación de Fiqueros de donde
se desprendió el lote para la construcción de la planta y por ende yo semanalmente los fines de semana o en semana en
las tardes subía a dialogar con él allí y como siempre durante los cuatro años tuve esa relación casi permanente.
Semanalmente nos encontrábamos y por ello me consta que él estuvo de manera permanente allí».
39
Al respecto, el deponente afirmó que «cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí al frente de eso, directamente había
cuatro personas trabajando allí. Había un ingeniero químico, había una auxiliar del ingeniero químico, había otra persona
que era la que ayudaba a labores externas también, o sea, en coordinación para llevar el jugo de fique y José Fernando,
que era el encargado del aseo y el cuidado de la planta».
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Demandante: José Fernando Ramos
y se iba hasta allá, esa era mi relación allá. Y en semana, a veces, en horas de
la tarde, subía a mirar cómo iba desarrollando el proyecto, pero una vez que otra
en días de semana» (sic).
72. De las anteriores declaraciones la Sala constata la prestación del servicio por
el actor y que, como lugar de trabajo, tuvo las instalaciones de la planta de
hecogenina del municipio El tambo.
73. En cuanto al horario de labores se tiene que el declarante Eudoro Guerra
Burbano supuso que el demandante prestaba sus servicios en el horario de 8:00
a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. porque era la franja en el que laboraban
las personas vinculadas a la alcaldía municipal40.
74. Así mismo, el deponente Zico Rubén Darío Martínez sostuvo que el
accionante trabajaba de domingo a domingo las 24 horas del día41, por ello, el
magistrado sustanciador le solicitó que señalara la razón42 por la que le constaba
la afirmación, y dijo que «sí, él se llevaba en la planta de extracción de
hecogenina. Casi él vivía» (sic), y la razón de ello es «porque la mayoría de las
veces uno pasa por ahí» (sic), luego, afirmó que «usted sabe que somos vecinos
y en los pueblos todo se sabe, por eso manifiesto que el señor se llevaba las 24
horas en su trabajo, o sea, de domingo a domingo» (sic).
75. De otro lado, el testigo Luis Isaac Jiménez Melo manifestó que el accionante
de día laboraba como aseador y en la noche se encargaba de vigilar la planta en
la jornada de lunes a viernes, incluyendo sábado o domingo43.
76. En ese orden, con estos testimonios, no es posible establecer —en principio—
la imposición de un horario al demandante, pues los declarantes no expusieron,
con grado de certeza, los momentos específicos en que aquel realizó las
actividades para las cuales fue contratado. Asimismo, es de resaltar que para la
Sala de Subsección el cumplimiento de un horario no debe entenderse como un
aspecto que, en su análisis particular y aislado, configure el elemento de la
subordinación en la relación laboral encubierta44, en cambio, se entiende como
40
Sobre el punto, el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «Bueno, en ese mirar que usted dice a
don José Fernando, ¿usted pudo mirar si él cumplía algún horario especial o normal, digamos, de 8 a 12, de 2 a 6, o un
horario de jornada continua? ¿Pudo conocer o constatar eso usted?» Contestó: «Pues allí a todas las personas que
contrataba el municipio, así sea en OPS o de nómina, los hacían cumplir un horario. Se suponía que tenía que cumplir su
horario y él se lo miraba ahí en esa parte, en ese lugar» Preguntado: «¿Recuerda usted qué horario era lo que usted
dice que se lo miraba?» Contestó: «Pues es de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde
41
En efecto, el magistrado sustanciador le preguntó si el actor «¿Cumplía algún horario?», contestando el declarante que
«de domingo a domingo, las 24 horas».
42
Concretamente, se preguntó lo siguiente «también nos dijo usted que él trabajaba de domingo a domingo las 24 horas
del día. ¿Eso implica que él no salía de su lugar de trabajo, vivía en la misma planta? ¿Le consta a usted, ¿sí?».
43
Sobre el particular, el magistrado sustanciador formuló la siguiente pregunta: «y cuando usted nos dice que don José
Fernando cumplía tareas de aseo, de cuidar los equipos y de celador, y en el día como auxiliar haciendo el aseo de la
planta, ¿nos puede precisar si él cumplía algún horario en específico o iba si al aseo se retiraba a su casa o a hacer otros
trabajos? ¿Qué horario cumplía?», señalando el declarante que «lo que a mí me consta, él era permanentemente su labor
en dicha planta, en el día y en la noche. En la noche, de lógico, como el municipio no es un municipio, digamos, donde
haya inseguridad. Simplemente cuidaba lo que estaba dentro de la planta y en el día trabajaba normalmente su horario
casi, digamos, como lo dije anteriormente, de manera permanente. De lunes a viernes, inclusive sábado, domingo
seguido, tenía que estar allá pendiente de esa planta»
44
Subsección A del Consejo de Estado, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016), consejero ponente, doctor Rafael Suárez Vargas.
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Demandante: José Fernando Ramos
un aspecto propio de la coordinación de los contratos. Por lo tanto, la Subsección
estima conveniente estudiar el direccionamiento del servicio a efectos de concluir
si el demandante fue o no subordinado por la entidad.
77. Para analizar la dirección y el control efectivo de las actividades, es de
reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera directa por la entidad
contratante.
78. Se recuerda que la entidad censuró la posición del Tribunal consistente en
acreditar la relación laboral a partir del análisis de los testimonios, cuando estos
demostraron no tener un conocimiento directo del servicio del actor, motivo que,
a su juicio, era suficiente para que la sentencia fuera revocada.
79. La Subsección discrepa de la posición de la recurrente, pues las pruebas, en
conjunto, sí demuestran el direccionamiento y control del servicio del actor, hasta
el punto de que no es posible advertir atisbos de autonomía en su ejecución.
80. En efecto, si bien es cierto que los testigos no compartieron diariamente con
el demandante durante la prestación de su servicio, ello no es suficiente para
desvirtuar, en conjunto, la razón de su dicho, en la medida en que dos de ellos,
de manera razonable y específica, relataron de forma conteste y coherente las
particularidades que, en tiempo, modo y lugar, el demandante realizó sus
funciones.
81. Véase que la declaración del señor Eudoro Guerra se basó en suposiciones
de lo que el demandante realizaba, por lo que no tiene fuerza probatoria para
acreditar algún direccionamiento sobre el actor. Sin embargo, la exposición del
señor Zico Rubén Darío Martínez —respecto de las funciones del demandante
como aseador y vigilante— se basó en el conocimiento directo que obtuvo debido
a que, al mismo tiempo que el actor, él también fue contratista del municipio entre
los años 2008 y 2011, aunado a que conocía el lugar de trabajo. Por ese motivo,
conoció que los medios —escobas, trapeadores, recogedores y utensilios de
aseo— con que el actor ejecutó el servicio eran dados por la entidad.
82. Lo propio ocurre con el señor Luis Isaac Jiménez Melo, quien manifestó que
prestó sus servicios como técnico administrativo en el municipio El Tambo, por
lo que tiene conocimiento directo, no solo de los periodos en que el actor
desarrolló su servicio, sino de que cumplía funciones de aseo de la planta,
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atendía las eventualidades que ocurrieran y, por la noche, ejercía funciones de
vigilante45.
83. Además de lo anterior, la Subsección advierte que en el expediente se
encuentran los antecedentes administrativos que contienen las obligaciones
específicas ejecutadas por el demandante, debido a que los contratos en su
literalidad remitían a estos para poder encontrarlas46. En ellas se aprecia que,
como obligaciones del actor, en el desarrollo de los contratos debió «Vigilar y
asear la planta piloto de extracción de Hecogenina (sic), velar por el buen estado
de la infraestructura y el área donde se encuentra ubicada dicha planta, Brindar
apoyo e información a la comunidad que se interese por este proyecto, Mantener
el vivero forestal que se encuentra en la plata y Adecuar las instalaciones para
la ampliación del vivero Municipal (sic).
84. Así las cosas, dichas obligaciones contractuales relacionadas con la vigilancia
de la planta, su aseo y mantenimiento guardan coherencia con los dichos de los
testigos, con lo cual se refuerza su credibilidad y, en conjunto, son suficientes
para advertir las condiciones subordinadas en que de manera permanente se
encontraba el demandante en la ejecución de su servicio.
85. Aunado a lo anterior, se estima pertinente recordar que sobre los servicios de
vigilancia y operatividad, como los que aquí se estudian, la Sala ha considerado
que se ejecutan en condiciones de subordinación continuada, en tanto que, por
la naturaleza propia de las actividades en comento, resulta inadmisible
considerar su independencia, ya que exigen que se brinde el servicio de
seguridad de forma permanente y continuada, toda vez que «es deber de las
entidades o establecimientos públicos y, con mayor razón, si son del sector
educativo, garantizar la seguridad de las personas que concurren a las mismas,
así como también de los bienes muebles y enseres que sean de propiedad del
ente respectivo y con los cuales se facilita la prestación de los servicios para los
cuales fueron creados»47.
86. Así, en oportunidades precedentes esta Subsección ha manifestado sobre un
tema de similares premisas fácticas lo siguiente: «por la esencia de las
actividades a desarrollar, este tipo de objetos contractuales implican de manera
inescindible el elemento de la subordinación. En tal sentido, el servicio de
vigilancia o celaduría, así contratado también se encuentra desprovisto de la
45
Se reitera lo que sobre el particular dijo el declarante: «Su lugar de trabajo estaba ubicado en un predio del municipio
del Tambo, donde se encuentra la planta de procesamiento de jugos de fique para la extracción de Hecogenina, en donde
su labor era hacer el aseo dentro de la planta, cuidar toda la maquinaria que había allí, y hacía la labor de celador también,
o sea, en la noche era celador y en el día trabajaba como auxiliar».
46
Folio 61 del archivo titulado «014OficioRespondeRequerimiento», expediente digital, índice 2 de Samai.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Expediente Rad. Núm.:
66001-23-33-000-2013-00468-01(2093-15). Así, esta Subsección en oportunidades previas se ha pronunciado también,
por ejemplo: Sentencia 19 de septiembre de 2024, expediente 66001-23-33-000-2019-00669-01 (3573-2022), C.P: Luis
Eduardo Mesa Nives.
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transitoriedad o temporalidad que reviste una vinculación de carácter
contractual»48.
87. Por lo tanto, no le asiste razón a la entidad, pues contrario a lo dicho, en el
plenario sí existen los suficientes elementos probatorios para considerar que el
demandante, durante el periodo reclamado en el escrito inicial, fue subordinado
de manera tal que su independencia quedó anulada. Razón por la cual, se
confirmará este punto de la sentencia apelada.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
88. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
demandante y la entidad corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.
89. En el concepto del ministerio público se solicitó modificar el término de
reconocimiento de las prestaciones sociales para incluir el lapso comprendido
entre el 3 de mayo de 2011 y el 30 de julio de 2011, por cuanto, si bien la
interrupción fue superior a 30 días, se podía flexibilizar la regla de unificación.
90. Si bien es cierto en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 se fijó el período de 30 días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, dicho tiempo no es «camisa de fuerza» para determinar si acaeció o
no la solución de continuidad de la relación laboral. Por ello, según las
circunstancias del caso se podrá flexibilizar el requisito y superar el término
siempre y cuando se acrediten circunstancias especiales, no es menos cierto
que la Sala podría realizar ese estudio, siempre y cuando la parte demandante
hubiese apelado la sentencia, como ello no ocurrió, de resultar avante el
concepto del ministerio público, se afectaría el principio de no reformatio in pejus
del apelante único que en este caso es la demandada. Por ello la Sala verificará
este aspecto en cuanto resulte favorable a dicha parte.
91. El material probatorio revela que el demandante inició labores el 4 de abril de
2008 y culminó el 21 de diciembre de 2011. En dicho lapso se presentaron las
siguientes interrupciones superiores a 30 días:
• 1 de julio de 2008 al 4 de septiembre de 2008 (46 días hábiles)
• 1 de julio de 2009 al 17 de agosto de 2009 (31 días hábiles)
• 29 de abril de 2010 al 16 de agosto de 2010 (72 días hábiles)
• 15 de octubre de 2010 al 3 de diciembre de 2010 (33 días hábiles)
• 29 de diciembre de 2010 al 2 de mayo de 2011 (96 días hábiles)
• 31 de julio de 2011 al 13 de septiembre de 2011 (31 días hábiles)
48
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Expediente 66001-23-33-000-2014-00122-02 (2644- 2020). CP
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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92. De tal manera que, en este caso se dieron las siguientes relaciones
vinculaciones: i) entre el 4 de abril de 2008 y el 30 de junio de 2008; ii) desde el
5 de septiembre de 2008 y el 30 de junio de 2009; iii) entre el 18 de agosto de
2009 y el 28 de abril de 2010; iv) desde el 17 de agosto de 2010 y el 14 de
octubre de 2010; v) entre el 4 de diciembre de 2010 y el 28 del mismo mes y año;
vi) desde el 3 de mayo de 2011 y el 30 de julio de 2011; y vii) entre el 14 de
septiembre de 2011 y el 21 de diciembre de 2011.
93. En ese orden, el demandante tenía para la presentación de la reclamación
administrativa para el primer período de la relación laboral hasta el 30 de junio
de 2011; para el segundo hasta el 30 de junio de 2012; para el tercero hasta el
28 de abril de 2013; para el cuarto hasta 14 de octubre de 2013; para el quinto
hasta el 28 de diciembre de 2013; para el sexto hasta el 30 de julio de 2014 y
para el séptimo hasta el 21 de diciembre de 2014.
94. Empero, la petición de reconocimiento de la relación laboral encubierta y el
consecuente pago de acreencias laborales ante la entidad territorial demandada
se radicó el 21 de agosto de 201449, y la demanda fue presentada el 12 de
febrero de 201550, por lo tanto, operó el fenómeno prescriptivo del sexto período
contractual hacia atrás, razón por la cual únicamente hay lugar a reconocer las
prestaciones sociales por el lapso comprendido entre el 14 de septiembre de
2011 y el 21 de diciembre de 2011, salvo interrupciones, tal y como lo determinó
el a quo.
95. No obstante, el demandante tiene derecho a que la entidad demandada
realice las cotizaciones a pensión, por todo el tiempo de la relación laboral, por
tratarse de un derecho imprescriptible.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
96. Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera
el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
percibir por la demandante.
97. El Tribunal dispuso en la decisión unos parámetros para determinar el salario
a liquidar y puntualizó que las prestaciones sociales a reconocer serían los
percibidos por los empleados de planta que ejercían funciones similares, además
señaló que al ente territorial le correspondería al momento de cumplir la condena
impuesta, determinar las prestaciones sociales o emolumentos salariales a favor
del actor. La Sala considera que esta disposición ocasiona serias dificultades de
ejecución y genera incertidumbres respecto de su alcance.
49
Reclamación administrativa vista en las páginas 12 a 16 del archivo titulado «005AnexosSubsanaciónDemanda»,
expediente digital.
50
Según el acta de reparto observada en la página 1 del archivo titulado «003 Remisión Juzgado-Inadmisión», expediente
digital.
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98. En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni bajo qué criterios cuál sería
el servidor público con el que debe equipararse el contratista y, si tal
determinación se delega a la entidad demandada, surgen inmediatamente unos
interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar el
manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía funciones similares?,
¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional del demandante?,
¿Deberá tener en cuenta únicamente la formación del beneficiario de la orden,
su experiencia, o solo el monto de los honorarios que devengaba?.
99. Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido
implicaría que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos
de que dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera
en aquellos eventos en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio
posible pues, aunque la parte cumpla algunas funciones similares a las de un
cargo de igual jerarquía, ello no implica que haya identidad total entre ambos
para que sea procedente, ya que para reconocerla es necesario probar el
cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se reclama la
nivelación.
100. Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega
el desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una
entidad, pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado
jurisprudencia sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al
indicar51:
«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento
en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus
alegatos (…)» (negrilla de la Sala).
101. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:
«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación
es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto
que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-
2018-01454-01 (3652-2022).
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situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado».
102. La Corte Constitucional también ha precisado:52
«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo
también diferenciación ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).
103.Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares,
esto es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados
mediante nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de
los requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de
ellos está vinculado mediante contrato de prestación de servicio.
104.Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez
realizara el análisis que propone la sentencia citada y encuentra las
equivalencias a que se refiere dicha sentencia, pero es claro que en este caso y
en los que se vienen fallando, ese análisis se deja en manos de la entidad y con
esa situación, considera la Sala que las sentencias que se están profiriendo no
solucionan definitivamente el conflicto y lejos están de prestar mérito ejecutivo
para hacerse efectivas, veamos:
105. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como
finalidad establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por
ello, la sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a
cumplirla y su beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
52
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al
respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en
materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los
mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio
en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997
[…]».
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De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
106.Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate
que es ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la
sentencia estos asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se
están dictando sentencias incompletas, para que sea la administración la que las
complete y sin darle elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde
al Juez.
107.Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia, y ello genera para
la administración muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y
de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago, obligando a realizar en la demanda
el análisis de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite
ordinario para completar la sentencia.
108.Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay
forma de saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque
no hay posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se
equipara; dificultad que se traslada al recurso de apelación, porque si hay
apelante único no es posible saber si adoptando una u otra forma de liquidación,
cual podría ser más desfavorable a ese apelante único.
109.En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente
el conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta. Dichos honorarios
constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que haya lugar
conforme lo dispuesto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que regulan el
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.
110.Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene
derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial,
por ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas
antes citadas, es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías y los intereses a las cesantías.
111.
No obstante, el a quo negó el reconocimiento de los intereses de las
cesantías, sin que dicha decisión fuera apelada por la parte demandante, motivo
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por el que para no afectar la no reformatio in pejus del apelante único la Sala
mantendrá esa decisión. Pero se precisarán los reconocimientos efectuados por
el a quo.
112.En cuanto al calzado y vestido de labor, se tiene que a partir del artículo 1°
de la Ley 70 de 1988 se consagró el derecho de recibir calzado y vestido de labor
a los funcionarios públicos que recibieran una asignación mensual inferior a 2
salarios mínimos, así mismo, el Decreto 1978 de 1989 que reglamentó
parcialmente el referido artículo precisó como requisito adicional que el
empleado hubiese cumplido 3 meses al servicio de la institución al instante de
su causación53.
113.Según lo decantado por la Corte Constitucional en la sentencia C-995 de
2000, la dotación de calzado y vestido de labor tiene la naturaleza de una
prestación social, teniendo en cuenta que el propósito de ésta es cubrir la
necesidad indumentaria como consecuencia de la ejecución del trabajo.
114.En el caso concreto, la Sala observa que, en el año 2011, el demandante
devengó menos de dos salarios mínimos legales mensuales no tenía una
antigüedad mayor a tres meses (14/09/2011 a 21/12/2011). Por lo tanto,
comoquiera que entre antes de la última causación de este derecho conforme la
norma respectiva (30 de diciembre de 2011), el demandante laboró tres meses
al servicio de la entidad, tiene derecho al reconocimiento y pago a la dotación y
calzado de labor por ese lapso.
115.Respecto al auxilio de transporte se considera que se cumplen los
requisitos establecidos en la Ley 15 de 1959 y el Decreto 4835 de 2010, a través
del cual se fijó el monto del auxilio de transporte el año 2011, para las personas
que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
116. Y también se cumplen los del subsidio de alimentación conforme con el
artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 serán acreedores de este, aquellos
empleados que no tuvieron una asignación básica que haya superado los dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes, de esa manera se reconocerá este
derecho al demandante.
53
Artículo 1° del Decreto 1978 de 1989. «Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y
Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
Artículo 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del
mismo en ningún caso.
Artículo 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador debe haber laborado para la
respectiva entidad por los menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y devengar
una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
Artículo 4°. La remuneración a que se refiere el artículo anterior corresponde a la asignación básica mensual.
Artículo 5°. Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de la Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las
prendas apropiadas para la clase de labores que desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio
ambiente en donde cumplen sus actividades».
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117.Lo que no ocurre con el subsidio familiar, pues el artículo 20 de la Ley 21
de 1982 enuncia que tienen derecho a este en dinero, especie y servicio, los
trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite
de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga
a cuatro veces el salario mínimo legal, en proporción al número de personas a
cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
En ese orden, la parte demandante no acreditó tener personas a su cargo razón
por la cual, no se concederá esta prestación.
118.Tampoco tiene derecho al reconocimiento de la prima de servicios debido
a que para el sector territorial se otorgó a partir del año 2015 con la expedición
del Decreto 2351 de 2014, motivo por el cual, se estima que como el señor José
Fernando Ramo laboró en el municipio El Tambo hasta el 21 de diciembre de
2011, no tiene derecho a su reconocimiento. En la misma línea, tampoco tiene
derecho a la bonificación por servicios prestados, dado que, se reglamentó
con el Decreto 2418 de 2015 a partir del 1 de enero de 2016.
119. En los anteriores términos, la Sala precisa que las prestaciones del orden
legal que se liquidarán al demandante son las vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, auxilio de cesantías, auxilio de transporte y subsidio de
alimentación durante el período comprendido entre el 14 de septiembre de 2011
y el 21 de diciembre de 2011; las cuales se liquidan de la siguiente forma:
LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2026
SALARI
AUXILIO
# O AUXILIO
# AUXILIO DE AUXILI TOTAL CESANTI
Desd IPC IPC Dia PROME DE
meses DE TRANSP O DE ANUAL CESANT A
e FINA INICIA s D. ALIMENT
complp TRANSP T. ALIME SALARI IA INDEXA
Año L L por MENSU INDEXA
or año T. INDEXA NT OS DA
año AL POR DO
DO
AÑO
75,87
2011 156,9 47 1,5 840.000 63.600 131.559 42.258 87.412 1.316.00
4 0 112.068 231.817
75,87
2011 156,9 19 0,6 275.000 63.600 131.559 42.258 87.412
4 174.167 14.649 30.302
76,19
2011 156,9 15 0,5 285.000 63.600 131.006 42.258 87.045
4 142.500 11.965 24.647
PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE
PRIMA DE PRIMA DE VACACION PRIMA DE
SERVICIO NAVIDAD VACACION VACACION
SERVICIO NAVIDAD INDEXADA VACACION
INDEXADA INDEXADA INDEXADA
52.500 108.598 106.193 219.664 62.029 128.310 62.029 128.310
6.875 14.221 13.821 28.588 10.066 20.821 10.066 20.821
5.938 12.230 11.924 24.562 8.153 16.794 8.153 16.794
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00352-02 (1757-2025)
Demandante: José Fernando Ramos
AUXILIO DE AUXILIO DE PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE
TRANSPTE ALIMENT SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES
INDEXADO INDEXADO CESANTIAS INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA
$ 691.554 $ 454.714 $ 308.897 $ 135.050 $ 293.242 $ 411.062 $ 411.062
TOTAL PRESTACIONES: $2.705.580
120. En total la demandada deberá cancelar al demandante por concepto de
prestaciones sociales la suma de $2.705.580.
2.6. Otras decisiones
121.Se revocará el literal a) del numeral quinto de la parte resolutiva, por cuanto
no es procedente la consignación de aportes al sistema de seguridad social en
salud respecto de períodos consolidados y de los cuales no existe prueba de
contingencia alguna.
122.Igualmente se revoca el literal b) del numeral quinto, pues la consignación
de aportes al sistema pensional por el empleador debe hacerse conforme al
valor de los honorarios pactados, de tal manera que se modifica en ese sentido
dicho numeral.
123.
Se revocará el numeral sexto de la sentencia, dado que la condena aquí
impuesta se encuentra ajustada en su valor.
2.7. De la condena en costas en segunda instancia
124.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
125.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
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126. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
127.En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada por resultar
vencida en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
128.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR los numerales cuarto, literales b y c del numeral quinto y
sexto de la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda radicada por el señor José Fernando
Ramos contra el municipio El Tambo, el cual quedará así:
«CUARTO: En consecuencia, ordenar al Municipio El Tambo a reconocer y
pagar a favor del señor José Fernando Ramos la suma de dos millones
setecientos cinco mil quinientos ochenta pesos ($2.705.580) por concepto
de prestaciones sociales indicadas en la motivación, correspondientes al
período de 14 de septiembre de 2011 a 21 de diciembre de 2011, por lo ya
dicho.
Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido
y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en
cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación en el
período comprendido entre 14 de septiembre de 2011 y el 21 de diciembre
de 2011.
QUINTO: L a entidad demandada deberá efectuar los aportes a pensión de
ley a favor del demandante por el tiempo en que se declaró la relación
laboral y atendiendo el valor de los honorarios pactados. Ese tiempo se
computará para efectos pensionales».
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada,
las cuales serán liquidadas por el a quo.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
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CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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