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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01454-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01454-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Mónica Paola Sierra Pineda contra la Unidad Nacional de Protección (UNP). Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01454-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de febrero de 2023

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: MÓNICA PAOLA SIERRA PINEDA
Demandada: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN1

Temas: Nivelación salarial de oficial de protección, código 3137,
grado 10 en comparación con el mismo empleo, pero del
grado 15 de la planta de personal de la UNP.
Incumplimiento de la carga probatoria del demandante.
Improcedente reconocimiento y pago de horas extras,
recargos nocturnos, dominicales y festivos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-012-2023

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Mónica Paola Sierra Pineda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 3 a 5)

1. Declarar la nulidad del Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 por
medio de la cual la Unidad Nacional de Protección respondió
negativamente la solicitud del 26 de diciembre de 2014 formulada por la
libelista con el fin de que le fueran reconocidos y pagados los valores por
recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las horas extras y
días compensatorios por el desempeño de trabajo suplementario.

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar a favor de
la demandante y de manera indexada las horas extras, recargos nocturnos,
dominicales, festivos y días compensatorios generados desde la fecha de
su vinculación con el extinto DAS, así como a partir de su incorporación a

1 En adelante UNP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

la Unidad Nacional de Protección desde el 1.° de enero de 2012 en
adelante.

3. Condenar a la UNP a realizar la cotización actualizada al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones con base en los referidos conceptos de
salario por trabajo suplementario, con retroactividad desde el mes de enero
de 2012 y reportados como aportes por actividad de alto riesgo de
conformidad con el artículo 2.° de la Ley 860 de 2003.

4. Reconocer que la señora Mónica Paola Sierra Pineda debió ser
incorporada a un cargo idéntico al que ejercía en el DAS donde se
desempeñaba como detective, código 208, grado 06, esto es, a la plaza de
oficial de protección, código 3137, grado 15, ello por haber sido nombrada
en un empleo que no correspondía, en la medida en que devengó solo la
asignación básica, pero sin incluir la prima de riesgo a la que tenía derecho
en la institución extinguida.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 3)

1. La demandante estuvo vinculada con el extinto DAS bajo el cargo de
detective, adscrito al régimen específico de carrera administrativa previsto
en el artículo 4.°, numeral 2.° de la Ley 909 de 2004. Aquella devengó los
siguientes conceptos de salario: i) prima especial de riesgo, ii) incrementos
por antigüedad, iii) bonificación por servicios prestados, iv) prima de
servicios, v) auxilio de alimentación, vi) auxilio de transporte, vii) viáticos, y
viii) gastos de representación.

2. La libelista fue incorporada desde el 1.° de enero de 2012 en la Unidad
Nacional de Protección ante la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad, ello bajo un régimen ordinario de carrera en un cargo que no
se acompasa al que esta ocupaba en dicha entidad, toda vez que solo le
fue reconocida y pagada la asignación básica sin la prima de riesgo que
percibía en el DAS.

3. La entidad demandada no ha concedido a favor de la señora Mónica Paola
Sierra Pineda los valores correspondientes a las horas extras, recargos
nocturnos y en días dominicales y festivos, así como tampoco los
compensatorios por laborar bajo tales condiciones, ello a pesar de que
aquella por las funciones de su empleo debe estar disponible las 24 horas
del día, pues ha laborado aproximadamente entre 18 y 20 horas diarias.

4. La demandante presentó reclamación administrativa ante la UNP el 26 de
diciembre de 2014 con la que instó el reconocimiento de los referidos
haberes salariales, sin embargo, dicha autoridad negó lo deprecado
mediante el Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 1.° de marzo de 2021 (folio 139), el a quo prescindió de esta en
aplicación del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021), ello con el fin de correr traslado para alegar de conclusión y
proferir sentencia anticipada por tratarse de una controversia de pleno derecho
sin pruebas pendientes para practicar.

SENTENCIA APELADA
(Folios 177 a 185)

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

El a quo profirió sentencia escrita el 11 de noviembre de 2021 por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:

El tribunal de primera instancia recalcó que se encuentra demostrado el hecho
de que la señora Mónica Paola Sierra Pineda junto con otros funcionarios del
extinto DAS, presentaron una petición el 26 de diciembre de 2014 ante la
Unidad Nacional de Protección con la que solicitaron el reconocimiento y pago
de las horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos y días
compensatorios laborados desde su ingreso a esa entidad, esto con la
incidencia que se generara sobre sus prestaciones sociales y sus aportes a
seguridad social. Destacó que igualmente aquella deprecó su ascenso y
homologación a un cargo idéntico al que ejercía en el Departamento
Administrativo de Seguridad según sus grados y códigos, en la medida en que
consideró que fue incorporada a uno que no le correspondía debido a que se
le tomó en cuenta solamente la asignación básica, sin incluir la prima de riesgo.

Al respecto señaló que la entidad demandada negó lo anterior al aducir que la
jornada laboral para los empleados que realizan actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad,
correspondía a 12 horas diarias, sin que en la semana pudieran exceder un
límite de 66 horas, lo cual se podía extender por especiales razones del
servicio hasta 18 horas diarias, sin desconocer el límite de 72 horas semanales
evento en el cual procedía la compensación en tiempo de descanso por el
servicio prestado, pero no el pago de recargo alguno.

Asimismo adujo que mediante el acto administrativo demandado se expresó
que la incorporación de la demandante en la UNP no era una homologación
de empleos, sino que de conformidad con lo previsto en el Decreto 4067 de
2011, se trataba de una equivalencia entre la nomenclatura y clasificación del
cargo del extinto DAS y la fijada para la Rama Ejecutiva nacional aplicable a
la autoridad demandada, lo cual se había materializado mediante la
Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011, razón por la cual, el ingreso de
la libelista a la UNP se efectuó con estricta sujeción a lo ordenado por el
Gobierno Nacional.

Sobre este eje temático precisó que la manifestación administrativa que definió
la situación jurídica relativa a la incorporación de la reclamante a la UNP, no
es precisamente el Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015, sino que
corresponde a la Resolución 044 de 27 de diciembre de 2011 a través de la
cual se ordenó la incorporación de varios empleados del extinto DAS a la
planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, entre los cuales figura
la señora Sierra Pineda, esto con fundamento en las equivalencias de empleos
determinadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 4067 de 2011.

En tal sentido, sostuvo que al advertir que en la presente causa judicial no se
deprecó la nulidad de la resolución en comento, así como tampoco se agotaron
los recursos que por ley son obligatorios respecto de esa decisión, resultaba
necesario abstenerse de analizar las pretensiones que buscaban homologar
la plaza que ocupaba la parte activa en el DAS para que fuera equivalente a
la de oficial de protección, grado 15, código 3137 del nivel técnico de la UNP.

En cuanto al reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales
y festivos, señaló que el cargo que ostenta la libelista (oficial de protección,
código 3137, grado 10), cumple funciones de apoyo administrativo, es decir
que aquella no presta sus servicios a la UNP en actividades que implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de protección
o de análisis de seguridad, quienes si deben tener disponibilidad permanente

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con la entidad, debido a que trabajan en jornadas que sobrepasan las 8 horas
diarias y en días de descanso obligatorio.

Puntualizó que contrario a lo manifestado en la demanda, las funciones que
desempeña la demandante en la UNP no corresponden a las denominadas de
alto riesgo, pues sus labores se circunscriben al desarrollo de actividades de
atención al ciudadano, seguimiento y manejo de SIGOB (aplicativo de la
entidad), enlace con control interno y seguimiento de PQRS.

De otra parte, aseguró que aun en el entendido de que en la demanda se
manifiesta que la señora Sierra Pineda debía estar disponible las 24 horas del
día, y trabajaba entre 18 a 20 horas diarias, lo cierto es que tal afirmación no
cuenta con soporte documental alguno, y por el contrario obra en el plenario,
certificación de la entidad demandada en la que consta que la plaza
desempeñada por aquella es de apoyo administrativo, que su jornada laboral
es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y, que no registra en su expediente
administrativo comisiones asignadas o formularios de «registro de horas
hombre laboradas y compensadas».

Ahora, manifestó que si en gracia de discusión existiera en el expediente
alguna prueba que indicara que la reclamante laboró tiempo suplementario a
su jornada habitual (horas extras), se debe recordar que conforme a lo previsto
en los artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de 1978, para ser beneficiario de las
horas extras diurnas y nocturnas es necesario que los servidores públicos
desempeñen un empleo que pertenezca al nivel técnico hasta el grado 09 o
nivel asistencial hasta el grado 19, y en el caso de la demandante se advierte
que el empleo ejercido pertenece al nivel técnico, y su grado es el 10, con lo
cual se evidencia que no cumpliría con dicho requisito para ser beneficiaria de
los emolumentos deprecados.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 189 a 199)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pedimentos.

Para ello adujo que el a quo se apartó del deber que tiene todo juez colombiano
de proteger al trabajador y garantizarle los principios de progresividad y
prohibición de la regresividad que fueron vulnerados en el presente caso, toda
vez que la libelista fue objeto de un desconocimiento de sus derechos
laborales al pasar a la UNP, en la medida en que no le fueron respetadas las
prerrogativas que tenía consolidadas en el extinto DAS a pesar de que en la
actualidad ejerce las mismas labores y funciones que un oficial de protección,
pero con un salario inferior.

Indicó que en la sentencia recurrida se desconoció el hecho de que si bien la
señora Mónica Paola Sierra Pineda fue incorporada en el cargo de agente de
protección, ello es una simple formalidad, habida cuenta de que realmente
cumple las funciones propias de un oficial de protección, cuya actividad ha sido
considerada de alto riesgo, pero remunerado con un salario inferior al de este
último tipo de empleo.

Planteó que con la liquidación del DAS, los perjudicados fueron los
trabajadores que como la demandante pertenecían al régimen específico de
carrera administrativa que fue consagrado en el artículo 4.°, numeral 2.° de la
Ley 909 de 2004, pues este les fue modificado en su contra por orden del
Decreto 4057 de 2011, toda vez que fueron incorporados en la Unidad
Nacional de Protección (UNP), bajo un régimen ordinario de carrera

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administrativa, lo cual condujo a un retroceso y regresividad en sus derechos,
inaceptable al tenor de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política y
principios de la progresividad y prohibición de la regresividad consagrados en
la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esgrimió que el tribunal de primera instancia debió analizar el hecho de que la
autoridad demandada incorporó a la libelista en su condición de agente de
protección a un cargo que no le corresponde, pues se tuvo en cuenta
solamente su asignación básica sin incluir la prima de riesgo que detentaba
como derecho adquirido desde su vinculación con el DAS. Aseguró que la falta
de examen de aquella situación termina por transgredir el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, puesto que formalmente a la
demandante se le reconoce bajo la mentada plaza, pero la verdad es que sus
funciones corresponden a las de un oficial de protección, código 3137, grado
15 del nivel técnico.

Por otro lado, frente al reconocimiento de trabajo suplementario a favor de la
parte activa, adujo que el a quo soslayó el hecho de que el reclamante estaba
disponible para laborar en el DAS durante las 24 horas del día, pues ejercía
funciones aproximadamente entre 18 a 20 horas diarias, ello sin que le
hubiesen sido reconocidas y pagadas las horas extras, recargos y
compensatorios con fundamento en el Decreto 1932 de 1989.

Aseveró que en el presente caso no se realizó un control de convencionalidad
conforme a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ello bajo el entendido de que las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos deben interpretarse de buena fe, conforme
al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin de dicho instrumento que
no es otro diferente al de la eficaz protección de la persona.

En tal sentido, sostuvo que en primera instancia no se dio aplicación a los
mentados preceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, puesto que en virtud del principio de la buena fe, era un deber
respetar lo aprobado por Colombia en punto a garantizarle a la libelista sus
derechos adquiridos y la condición más beneficiosa que la cobijaba desde su
vinculación con el DAS, máxime si lo que operó materialmente respecto de su
relación legal y reglamentaria fue un simple cambio de nombre en la entidad y
su cargos.

Finalmente manifestó que conforme a lo expuesto, el tribunal no debió dejar
de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, «Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno». Es decir, argumentó que para resolver el
presente litigio, era necesario tener en cuenta que el referido tratado prima
sobre cualquier normativa interna como las leyes y actos con los cuales se
adoptó la supresión o extinción del DAS, la creación de la UNP, el régimen
laboral y la incorporación de la demandante a esta última entidad, puesto que
lo reglamentado para lo anterior disminuyó las condiciones y derechos
laborales de servidores como la señora Mónica Paola Sierra Pineda al
hacerlos regresivos respecto de aquellas prerrogativas que la cobijaban en la
extinta entidad.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

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Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 2 de agosto de 2022 admitió dicha impugnación y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 8 del
registro en SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se
procede a decidir de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente fue formulado
por la demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Mónica Paola Sierra Pineda demostró el presunto
tratamiento salarial discriminatorio entre el cargo de oficial de
protección, código 3137, grado 10 en el cual fue incorporada a la UNP
desde el 1.° de enero de 2012 luego de la supresión del DAS, y el
empleo de oficial de protección, código 3137, grado 15 existente en la
planta de personal de la primera entidad en comento, bajo el supuesto
de que no le fueron respetados sus derechos laborales adquiridos
desde su vinculación con el referido Departamento Administrativo de
Seguridad?

2. ¿Le asiste derecho a la libelista al reconocimiento y pago del trabajo
suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 5 de enero de 2005 cuando fue
vinculada al extinto DAS como detective, código 208, grado 06?

Primer problema jurídico

¿La señora Mónica Paola Sierra Pineda demostró el presunto tratamiento
salarial discriminatorio entre el cargo de oficial de protección, código 3137,
grado 10 en el cual fue incorporada a la UNP desde el 1.° de enero de 2012
luego de la supresión del DAS, y el empleo de oficial de protección, código
3137, grado 15 existente en la planta de personal de la primera entidad en
comento, bajo el supuesto de que no le fueron respetados sus derechos
laborales adquiridos desde su vinculación con el referido Departamento
Administrativo de Seguridad?

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Sobre el punto la Subsección sostendrá como tesis la siguiente: la
demandante no logró comprobar a plenitud ni con suficiencia los supuestos de
hecho con base en los cuales sustentó sus pretensiones para sostener un
criterio de semejanza entre los cargos comparados, a fin de realizar un juicio
de igualdad material en punto a una eventual nivelación salarial por
equiparación de cargos, así como tampoco para la aplicación de un control de
convencionalidad como el deprecado, tal como se expone a continuación:

 El ejercicio de comparación exigido jurisprudencialmente para
verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar

En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que la demandante en su
calidad de oficial de protección, código 3137, grado 10 de la UNP, pretende en
esencia una nivelación salarial con fundamento en un parangón entre su plaza
y la de un oficial de protección, código 3137, grado 15 de la misma entidad,
ello al asegurar que en el proceso de incorporación al organismo demandado
ante la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no se
tuvo en cuenta que el cargo que aquella ocupaba inicialmente, no es
equivalente al de su posterior nombramiento y que a la fecha de presentación
de la demanda desempeñaba (26 de junio de 2018), pues sostuvo que ejerció
las mismas labores de la última posición funcional en comento, pero sin el
reconocimiento y pago de la prima de riesgo propia de sus actividades
riesgosas como detective.

Al respecto se advierte que el a quo tácitamente se inhibió para emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la materia, pues estimó que no se había
demandado el acto administrativo emitido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil con el que se determinó cómo se realizaría la equivalencia de
cargos para la incorporación de los servidores del extinto DAS que ingresarían
a la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. Aun así, la parte
activa en su recurso de alzada planteó argumentos de fondo para insistir en
que debe ordenarse una modificación en la nomenclatura y clasificación de la
plaza para la cual fue nombrada y la que en su sentir debe detentar por
equivalencia entre la posición de detective y la de oficial de protección, grado
15.

Pues bien, sobre el punto, la primera consideración de la Sala es que en el
presente caso, al margen de que no se haya declarado expresamente probada
la excepción de inepta demanda con su consecuente inhibición, el efecto
derivado de la decisión del tribunal de origen fue el mismo, pues técnicamente
se abstuvo de resolver el litigio respecto del pedimento bajo estudio. No
obstante, en el sub examine debe destacarse que si bien no se encuentra
vinculada en esta oportunidad la Comisión Nacional del Servicio Civil y
tampoco se demandó la Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011 con la
que dicha autoridad definió la equivalencia de cargos, la demandante sí inició
una actuación administrativa directamente ante la UNP con el fin de que se
nivelaran las condiciones que detentaba en el DAS frente a las que le fueron
dadas al momento de la incorporación a la primera institución en comento.

Según la petición radicada por la libelista ante la parte pasiva el 26 de
diciembre de 2014 (folios 36 a 40 del plenario), esta instó en esencia, además
del reconocimiento y pago de trabajo suplementario, que se equiparara la
plaza de detective, código 208, grado 06 a la de oficial de protección, código
3137, grado 15 de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección,
esto en orden de nivelar su salario debido a que al ingresar a este último
organismo, le fue dejada de pagar la prima de riesgo adicional a la asignación
básica que devengaba en el DAS.

Como se observa, la reclamación administrativa de la recurrente buscaba

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provocar una manifestación expresa de la autoridad demandada en punto a
obtener una nivelación salarial por equiparación de cargos derivados de un
proceso de incorporación a otra entidad, esto al aducir que por equivalencia,
aquella desempeñaba en las mismas condiciones la plaza de oficial de
protección grado 15 y no la de grado 10 en la que fue designada. Sobre el
particular se aprecia que la parte pasiva sí emitió una decisión concreta con la
que negó lo deprecado, esto a través del Oficio OFI15-00000981 del 20 de
enero de 2015 (folios 24 a 28), de suerte que sí existe un acto administrativo
susceptible de control judicial por haber creado una situación jurídica
denegatoria de un pedimento específico reclamado por una administrada.

En tal sentido, resulta evidente que en el presente caso sí es viable y
procedente analizar y resolver de fondo el litigio sobre la nivelación pretendida
por la demandante, pues se agotó el trámite de la reclamación en sede
administrativa que generó un acto eficaz que surte efectos y que puede ser
controvertido para verificar su legalidad, esto más aún cuando lo propio no fue
advertido, alegado ni discutido oportunamente a lo largo del proceso.

Por lo tanto, tal como se planteó en sentencia del 27 de octubre de 2022
dictada por esta misma Subsección3 en el proceso con número interno 3074-
2021, el cual comparte elementos fácticos y jurídicos similares al asunto de
marras, se torna adecuado pronunciarse sobre la pretensión de nivelación en
comento, para lo cual se realizan las siguientes precisiones:

Luego de esta aclaración, se precisa que, en materia de equivalencia de
esquemas remunerativos cuando se alega por la parte activa el desempeño
«de facto» de una misma posición jerárquica al interior de una entidad, pero
con menor salario al de su par, esta Subsección precisó las condiciones para
la procedencia de tal clase de pretensiones en sentencia del 9 de diciembre
de 20194, al indicar que:

«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función
que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera
con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones
que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los
requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae
consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los
supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su
contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos.» (Negrita fuera de texto).

Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional5 también indicó lo
siguiente:

«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 27 de octubre de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021).
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
5 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación

también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente:
«[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma
labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades,
deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono
hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado
por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]»
(Subraya y negrilla de la Sala).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

(....)
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Negrita de la Sala).

Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito
de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y
material, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional6, así:

«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de
una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia
de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades
públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato
en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue
aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en
discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no
obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es
conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios
válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre
trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo
igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada
debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional
de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los
empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción. Negrita de la
Subsección).

Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una
presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, tales
hechos tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones
particulares de cada cargo en contraste desde diferentes aristas objetivas, en
orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación
salarial, en la medida en que un examen adecuado para hallar un trato
discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos y no entre
similares con ciertas divergencias7.

6 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente:

T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el
expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas
es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se
desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo
casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación salarial.
7 La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de

2021, proferida en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de
igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil
injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas
funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b)
contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el
cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado8.

 De la situación particular de la libelista

Acorde con las precisiones jurídicas expuestas, es imperioso valorar los
elementos probatorios aportados y practicados en el proceso. Al respecto, en
el expediente obran los siguientes medios de convicción:

 Constancia del 23 de abril de 2015 signada por el subdirector de talento
humano de la Unidad Nacional de Protección, en la que se indica que la señora
Mónica Paola Sierra Pineda estuvo vinculada con el extinto DAS desde el 5 de
enero de 2005 y que fue incorporada a la entidad demandada sin solución de
continuidad desde el 1.° de enero de 2012 bajo el cargo de oficial de protección,
código 3137, grado 10, con una asignación básica de $1.689.086 que incluye una
bonificación mensual por compensación equivalente a $435.653 de conformidad
con el artículo 7.°, inciso 3.° del Decreto 4057 de 2011. (Folio 21).

 Constancia del 4 de mayo de 2015 emitida por la UNP, mediante la cual se
informa que la libelista se desempeñó en el extinto DAS como detective, código
208, grado 06 de la planta global asignada a la Academia Superior de Inteligencia
y Seguridad Pública, ello sin que le registre en su hoja de vida alguna comisión.
(Folios 22 a 23).

 Petición del 26 de diciembre de 2014 formulada ante la UNP, entre otros por la
libelista, ello con el fin de que le fueran reconocidos los pagos por concepto de
horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como los aportes a
pensión sobre la base de dichos conceptos desde el momento de su vinculación
con el extinto DAS. Igualmente deprecó que fuera reasignada al cargo equivalente
al que ocupaba en dicha institución como detective, el cual estimó que
correspondía a un empleo de código 3137, grado 15 del nivel técnico. (Folios 34
a 40).

 Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 por medio del cual la
subdirectora de talento humano de la Unidad Nacional de Protección dio respuesta
negativa a la aludida reclamación al plantear como fundamentación la siguiente:
«[…] De conformidad con el artículo 3 Decreto 4067 de 2011 los exservidores del DAS
incorporados a la UNP conservaran los beneficios salariales y prestacionales que venían
percibiendo y en-atención a que las horas extras involucra el tema de salarios, se debe
mantener por expresa disposición legal los aspectos salariales que sobre el particular
fueron reconocidos en el DAS. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 1932 de 1989 y dado que la jornada laboral para los empleados que realizan
actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y
seguridad, podrá señalarse una jornada de doce (12) horas diarias sin que en la semana
excedan un límite de sesenta y seis (66) horas, pudiendo por especiales razones del
servicio el Jefe de la entidad disponer jornadas de dieciocho (18) horas diarias, sin que en
la semana se exceda el límite de setenta y dos (72) horas; se estableció como beneficio,
la compensación en tiempo de descanso por el servicio prestado.

Adicionalmente, el concepto No. 20146000070911 de 03 de junio de 2014 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, dispuso que dada la naturaleza del
servicio en la UNP, los empleados que realizan actividades permanentes de protección y
cuyas funciones son realizadas en jornadas diurnas o nocturnas adicionales a la jornada

8 Idem.

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ordinaria o en días dominicales o festivos, no se les reconoce horas extras, siendo lo
procedente la compensación en tiempo de descanso por el servicio prestado.

[…] De acuerdo con lo anterior, la aplicación al artículo 6° del Decreto Ley 4057 de 2011
que, como se indicó anteriormente, hace alusión a la supresión de empleos y proceso de
incorporación de los exservidores del extinto DAS tuvo cabal cumplimiento por parte de
esta Unidad. Lo anterior por cuanto no se trata de una "homologación" de empleos, sino
que de conformidad con el Decreto 4067 de 2011, es una equivalencia entre la
nomenclatura y clasificación de empleos del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, y la fijada en el sistema general de nomenclatura y clasificación de
empleos públicos de la rama ejecutiva nacional, aplicable a la Unidad Nacional de
Protección, UNP (Situación anterior - DAS y Situación Nueva - UNP), la cual se materializó
mediante Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011, expedida por el Director General
de la Unidad Nacional de Protección. Es decir que su incorporación en la Unidad Nacional
de Protección se efectuó con estricta sujeción a lo ordenado por el Gobierno Nacional.
[…]». (Folios 24 a 28).

 Constancia de salarios percibidos por la señora Sierra Pineda entre 2012 y
2021, en la que se observa que ha recibido por concepto de remuneración la
asignación básica, la bonificación por compensación del Decreto 4057 de 2011,
la prima de servicios, la prima vacacional, la bonificación de recreación, la
bonificación por servicios y la prima de navidad. (Folios 167 vuelto a 170).

 Certificado del 23 de julio de 2021 suscrito por el subdirector de talento humano
de la UNP, en el que se informa que la demandante ocupa el cargo de oficial de
protección, código 3137, grado 10 de la planta de personal de la entidad, y que:
«[…] de conformidad con el Manual Específico de Funciones y competencias Laborales
para los empleados de la Planta de Personal de la Unidad Nacional de Protección - UNP,
la funcionaria desempeña las siguientes funciones:

Que la mencionada funcionaria se encontraba en ENCARGO, de conformidad con la Ley
909 de 2004, articulo 24, modificado por la ley 1960 de 2019, por las siguientes
resoluciones: Resolución No.0366 de 2014, en el empleo de Oficial de Protección, Código
3137, Grado 15, del 02 de julio al 31 de diciembre de 2014, Resolución No.0766 de 2014,
del 01 de enero al 30 de abril de 2015 (prorroga); Resolución No.0243 de 2015, del 01 de
mayo al 30 de julio de 2015 (prorroga); Resolución No.0495 de 2015 del 01 de agosto al
31 de diciembre de 2015 (prorroga), Resolución No.0727 de 2015, en el empleo de Oficial

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de Protección, Código 3137, Grado 15, del 02 de enero al 30 de junio de 2016; Resolución
No.0235 de 2016 del 01 de julio al 30 de diciembre de 2016 (prorroga); Resolución
No.0762 de 2016 del 01 de enero al 30 de abril de 2017 (prorroga), en razón a este
encargo, y de conformidad con el Manual Especifico de Funciones y competencias
Laborales para los empleados de la Planta de Personal de la Unidad Nacional de
Protección - UNP. La funcionaria desempeño las siguientes funciones:

[…]». (Folios 165 vuelto a 167).

 Comunicación interna MEM21-00023536 del 21 de julio de 2021 con la que la
entidad demandada manifiesta frente al requerimiento de copias del registro y
seguimiento de horas laboradas y compensadas, lo siguiente:

«[…] Del 2013, no hay registro de pertenecer a la Coordinación Grupo Hombres de
Protección.
Del 27-02-2014 al 31-08-2014 presta sus servicios en apoyo administrativo.
En el 2015 no figura en la base de datos.
Desde el 31-11-2016 al 31-10-2018, prestó sus servicios en apoyo administrativo, fecha
en la cual pasó a prestar sus servicios en la Subdirección de Protección.
2018 hasta la fecha: No se presentaron REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HORAS
HOMBRE LABORADAS Y COMPENSADAS, teniendo en cuenta que la funcionaria ha
laborado en este periodo en el despacho de la Subdirección de Protección. […]» .

Acerca del requerimiento probatorio relacionado con un «[…] Informe en el que
explique cómo se desarrolla la jornada laboral de la demandante (a qué hora inicia y
termina la misma y si labora por sistema de turnos) y cuales funciones desempeña, según
el cargo que ocupa; asimismo informe si la actora desarrolla actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad, en virtud del cargo
que desempeña en la UNP" […]», la parte pasiva indicó lo siguiente:

«[…] Respuesta:

Jornada laboral: de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00pm
Funciones:

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Seguimiento y manejo de SIGOB de la subdirección de Protección.
Enlace con servicio al ciudadano.
Enlace con control interno.
Seguimiento con PQRSD dirigidos a la subdirección de protección.
Demás requerimientos que le asigne el señor Subdirector de Protección. […]». (Negrilla
del texto original). (Folios 174 vuelto a 175).

Una vez realizado el examen probatorio del caso, es posible inferir que la parte
demandante mantuvo una actitud probatoria pasiva frente a la acreditación de
los supuestos de hecho con los cuales soportaba la tesis jurídica de sus
pretensiones. Al verificar las evidencias documentales allegadas al proceso
sub lite, solo se advierte como relevante en lo atinente al objeto de análisis del
presente problema jurídico, una certificación laboral en la que se relacionan
las funciones designadas para el cargo en el que fue incorporada la libelista
en la planta de personal de la UNP, y las relativas a la plaza de oficial de
protección, código 3137, grado 15 que en algunas oportunidades ha ejercido,
pero bajo la situación jurídica de encargo, respecto de la cual no existe
controversia, pues la parte activa lo que alega es la falta de adecuación de la
posición de detective que ostentaba en el DAS frente a la que le fue asignada
al pasar a la entidad demandada.

Ahora, si lo pretendido por la apelante es realizar un ejercicio comparativo
entre el empleo en el que fue incorporado y el aludido previamente que tiene
prevista una mejor remuneración, ello al sostener que cumplió las mismas
labores de un oficial de protección, grado 15, resultaría necesario recordar que
es quien alega dicha discriminación el que se encuentra obligado a comprobar
su tesis, ello bajo el entendido de que debió estar en una situación de paridad
en todos los aspectos frente a la plaza con la que se compara y no solo en
punto a las funciones desempeñadas.

Sin perjuicio de lo expuesto, también es indispensable destacar que como se
precisó anteriormente en punto a los criterios jurisprudenciales para la
procedencia de los pedimentos bajo estudio, en este tipo de casos no basta
asegurar y demostrar el cumplimiento de hecho de labores idénticas a las del
cargo contrastado, sino que además deben comprobarse otros elementos de
juicio objetivos como los siguientes: «[…] i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la
misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y,
finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales. […]»9.

En suma, es necesario resaltar que en el presente asunto no fueron aportadas
ni solicitadas con la demanda las pruebas necesarias, útiles y conducentes
para corroborar los elementos descritos, pues solo se allegaron las enunciadas
previamente, conforme a las cuales no es posible determinar aspectos tan
relevantes y fundamentales de la litis como: i) las condiciones salariales y de
operación, así como los demás criterios de comparación, diferentes a las
funciones, respecto del empleo de detective, código 20, grado 06 del DAS y el
de oficial de protección, código 3137, grado 15; ii) el horario y forma de trabajo
contemplada para las posiciones funcionales confrontadas; iii) la preparación
académica, experiencia o trayectoria requerida para ambos cargos; y iv) las
responsabilidades asignadas a cada uno.

Por lo expuesto, esta situación impide materialmente realizar cualquier tipo de
análisis de contraste, pues no reposan medios de convicción con los que sea
posible inferir al menos un grado de similitud en los aspectos que
jurisprudencialmente se aducen indispensables como elementos estructurales
de una homologación de plazas o una nivelación salarial.

9 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente:

T-3.561.818.

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Conforme a esta línea de intelección y debido a la falta de evidencia que
respalde la tesis de la parte activa sobre la supuesta discriminación salarial a
la que se vio sometida, para la Subsección resulta evidente que se configura
un incumplimiento frente a la carga probatoria de la demandante en lo que
respecta a la demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que alega
para el reclamo de su derecho. El referido mandato se deriva del contenido del
artículo 167 del Código General del Proceso que consagra lo siguiente:

«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»

La normativa citada impone una carga procesal10 a las partes dentro del
proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito.

Ahora, si bien existen algunas variables excepcionales a la regla general en
comento como lo son la carga dinámica de la prueba o la facultad oficiosa del
juez, en el sub lite estas no se configuran, habida cuenta de que a la entidad
demandada solo le correspondía y tenía la facilidad de evidenciar en el
proceso, cómo tiene estructurada su planta de personal, mientras que para la
libelista resultaba necesario y factible demostrar que en calidad de detective
del DAS ejerció sendas actividades, tenía el mismo perfil, asumió
responsabilidades idénticas a las de un funcionario que se desempeñara como
oficial de protección con el que buscaba compararse, y que el salario de este
era superior. Aquellas circunstancias no pueden simplemente asumirse como
iguales para ambos cargos por afirmarse lo propio en la demanda o por la sola
comparación de manuales de funciones como si se tratara de una presunción
de derecho.

Por lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es la libelista quien aduce que
se encontraba en una situación de equiparación salarial con fundamento en el
aparente ejercicio de facto de una plaza diferente a aquella en la que fue
incorporada, de modo que aquella debía tener la evidencia documental o
testimonial de ese supuesto, sin que pueda pensarse que es la entidad
empleadora la que está en mejores condiciones para corroborar aquello, pues
ese presunto trato discriminatorio no solo debe ser funcional, sino en las
demás condiciones como perfil, experiencia y otros requisitos que únicamente
puede acreditar quien alega que los cumple.

10 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes

procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los
imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez
como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos
procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas
procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las
partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra,
verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación
Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.

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En todo caso, el enfoque de convicción en este punto, más que unos hechos
específicos es la imputación del supuesto actuar discriminatorio de la autoridad
demandada, el cual inicialmente se presume ajustado a derecho. Tal punto
hace inviable reasignar la carga probatoria a la entidad y exonerar de ella a la
demandante, pues transgrediría las garantías constitucionales del debido
proceso y de la no autoincriminación, tal como esta misma Subsección11 lo
planteó en sentencia del 8 de octubre de 2020 bajo la siguiente intelección:

«[…] A pesar de ser cierta la dificultad que comporta el tener que probar aquel
punto factual, debe tenerse en cuenta que esto no se torna en una mayor
facilidad para aportar el medio demostrativo por parte del sujeto endilgado y en
la consecuente dinamicidad de la carga en comento tendiente a que sea aquel
quien haga evidente la posición contraria. Lo anunciado porque al no tratarse
de un hecho en sí mismo sino una suerte de imputación fáctica y jurídica, sería
violatorio de las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación
y particularmente en el caso de las entidades del estado, del precepto de
inoperancia de la confesión, cuyo sustento es precisamente la legalidad
inherente a sus actos, que solo puede ser enervada con un adecuado ejercicio
probatorio, el cual que por antonomasia no le puede corresponder a la propia
administración al no tratarse de un régimen objetivo de judicialización donde se
asuma desde el principio la arbitrariedad del Estado. […]».

Por otra parte y sin perjuicio de lo expuesto, también se descarta la posibilidad
de que ante la falta de pruebas aportadas por la señora Sierra Pineda, fuera
el juez quien tuviera la obligación de actuar ex officio a su favor para decretar
y buscar la práctica de los medios de convicción que se consideraran
pertinentes para corroborar la tesis jurídica con la que respalda sus
pretensiones.

Al respecto, se observa que esta Sala12 en sentencia de tutela contra una
providencia que asumió la referida improcedencia en un caso con similitudes
fácticas y jurídicas, puntualizó que no se presenta un defecto fáctico y tampoco
constituye un deber del juzgador intervenir en tal sentido. Se rescata de dicho
fallo lo siguiente:

«[…] Se advierte que, como ciertamente lo manifestó el Tribunal, dentro del
plenario no obra ninguna prueba relativa a las funciones asignadas al cargo
cuya nivelación pretendía la demandante y las que efectivamente
desempeñaba, lo cual impedía determinar si, como aquella lo afirmaba, cumplía
las mismas obligaciones de dicho cargo y a pesar de ello recibía una
remuneración menor (…) la accionante discurre que el juez, en ejercicio de sus
facultades, tenía el deber de solicitar de oficio las pruebas requeridas para
comprobar lo afirmado en la demanda. No obstante, debe aclararse que si
bien es cierto los jueces pueden decretar pruebas de oficio, también lo es
que no pueden suplir el deber probatorio de alguna de las partes, pues
ello equivaldría a favorecer a una de ellas y desconocer los derechos de
la otra, con lo cual se generaría una parcialidad y un desequilibrio
procesal. Lo sostenido en precedencia cobra mayor relevancia si se tiene en
cuenta que la demandante contó con las oportunidades procesales necesarias
para acreditar que ejercía las mismas funciones que las asignadas al cargo de
auxiliar de servicios generales (…) las cuales fueron debidamente garantizadas
por el Tribunal. De hecho, en la demanda solicitó las pruebas que en su criterio
reunían los requisitos para brindar convencimiento al juez, quien las decretó en
la audiencia inicial. Ahora bien, si el municipio demandado no allegó las
pruebas requeridas o las remitió de forma incompleta, la demandante podía,
una vez el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué puso en
conocimiento el contenido de los documentos presentados, informar la
ausencia de ellas y/o insistir la práctica de las mismas. Empero, decidió no

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-02283-01 (0093-17).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2018-01606-00(AC).

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

pronunciarse (…) En ese orden de ideas, no se aprecia la configuración de un
defecto fáctico en ninguna de sus dimensiones. Por el contrario, se denota que
el Tribunal Administrativo del Tolima valoró las pruebas obrantes en el
expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica y con base en ellas
adoptó una decisión ajustada a derecho. […]». (Negrita fuera del texto original)

Como se desprende de lo transcrito ut supra, no es posible que la autoridad
judicial decrete pruebas de oficio en casos como el particular cuando se
configura una clara inactividad de la parte activa para aportar e incluso para
solicitar elementos de evidencia que demuestren sus supuestos de hecho,
habida cuenta de que ello implicaría una suerte de parcialidad proscrita para
el tercero objetivo que decide de fondo el litigio.

Es decir, la conducta oficiosa en controversias donde se requiere la práctica
de determinados medios de convicción está limitada a buscar la verdad y
esclarecer puntos oscuros del debate cuando las partes han cumplido
adecuadamente su respectiva carga, pero esta no ha sido suficiente y
definitivamente resulta indispensable demostrar un punto clave a fin de emitir
una decisión de mérito ajustada a derecho.

Según lo anterior, la falta de interés así como de acciones afirmativas y
contundentes de las partes para acreditar los elementos fácticos y jurídicos
que se alegan con la demanda o su contestación, no puede ser suplida por las
facultades oficiosas del juez, lo cual acontece en el presente caso donde se
verifica que la parte activa solo allegó y solicitó las pruebas documentales
enlistadas previamente. Por lo anterior, se hace patente que la demandante
incumplió con la carga procesal que solo le correspondía a aquella.

Al respecto, es dable precisar que el referido postulado adjetivo sobre la carga
de la prueba se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, a la demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la parte
demandada una vez presenta excepciones actúa como libelista y, por ende,
debe probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante,
reus absolvitur, que predica la absolución del demandado si la parte activa no
prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda13.

Bajo esta línea de intelección, se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado
por el otro extremo litigioso o por la ausencia de medios de comprobación, tal
como se advierte en el presente caso y se convalida frente al análisis del
tribunal de primera instancia.

Ahora bien, tampoco resultaría procedente el argumento de la parte apelante
relativo a que una vez suprimido el DAS, esta debió ser incorporada en la UNP
bajo el cargo de oficial de protección, código 3137, grado 15 y no en el de
oficial de protección, código 3137, grado 10 en el que fue materialmente
designada, pues si bien alega que con esta modificación se le desconocieron
sus derechos adquiridos y en consecuencia se transgredieron los preceptos
de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cierto es que ello no
ocurrió, o por lo menos no se demostró en el caso sub examine, pues la
entidad demandada dio estricta aplicación a la normativa vigente para la
referida incorporación de servidores provenientes del mentado organismo de

13
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de
Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

seguridad, y con respeto por las garantías mínimas de obligatoria observancia.

Lo anterior se aduce en la medida en que al observar el artículo 1.° del Decreto
4067 de 2011 «Por el cual se establecen equivalencias de empleos y se dictan otras
disposiciones en materia salarial y prestacional.», resulta palmario que dentro de
la estructura funcional de la UNP, el Gobierno Nacional determinó las
equiparaciones u homologaciones de empleos del extinto DAS para que estos
fueran acompasados con los creados en la planta de personal del organismo
demandado, con base en la paridad en funciones, niveles, responsabilidades,
perfiles y requerimientos para acceder a tales plazas. Al respecto, la norma en
comento señaló lo siguiente sobre los agentes escoltas:

«[…] ARTÍCULO 1o. Establécense las siguientes equivalencias entre la nomenclatura
y clasificación de empleos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la
nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, aplicable a la Unidad Nacional de Protección, UNP, así:

[…]»

Y en lo relativo al cargo de oficial de protección, código 3137, grado 15 al cual
la apelante pretende ser nivelada, se encuentra a partir de la norma en cita
que a fin de ser incorporada en dicha posición, el servidor del extinto DAS
debía haber ejercido funciones como detective profesional, código 207, grado
11, tal como se extrae del siguiente aparte:

«[…]

[…]»

Por otro lado, en punto a las referidas equivalencias en materia salarial, el
mismo Decreto 4067 de 2011 en sus artículos 2.° y 3.° previó lo siguiente:

«[…] ARTICULO 2°. Los servidores del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-a quienes se les suprima el empleo como consecuencia de la
Supresión del Departamento y cuya incorporación se ordena en los empleos
creados en la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP,
serán incorporados con estricta sujeción a las equivalencias establecidas
en el artículo primero del presente decreto, sin que se les exijan requisitos
adicionales a los acreditados en el momento de su posesión del cargo del
cual eran titulares.

La aplicación de estas equivalencias no conlleva la pérdida de los derechos de
carrera para quien los acredite, ni afecta los procesos de selección en curso.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo señalado en el decreto de supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para todos los efectos legales
y de la aplicación de las equivalencias establecidas en el artículo anterior, la
asignación mensual de los empleos en los cuales sean incorporados los
servidores del DAS comprenderá la asignación básica y la prima de riesgo
correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado sea titular en

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS a la vigencia
del presente decreto. En consecuencia, a partir de la incorporación, la
prima de riesgo se entiende integrada y reconocida en la asignación
básica del nuevo cargo.

Los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una
asignación básica mensual inferior a la asignación mensual que vienen
percibiendo, la diferencia se reconocerá con una bonificación mensual por
compensación que constituye factor salarial para todos los efectos legales.

ARTICULO 3º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS- incorporados en la Unidad Nacional de Protección, UNP, conservarán
los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo, con
excepción de la prima de riesgo que quedó incorporada a la asignación
básica y a la bonificación especial por compensación, hasta su retiro de la
entidad. […]». (Negrita la Sala).

Como se aprecia de la norma en comento, el Gobierno Nacional previó cada
uno de los aspectos necesarios para garantizar a los funcionarios provenientes
del DAS, que su incorporación a la Unidad Nacional de Protección sería con
observancia de todos los derechos adquiridos a fin de que no variara su
situación laboral, salarial y prestacional ante la designación en una nueva
entidad sometida a un régimen laboral diferente al que se encontraban antes
de la modificación aludida.

Al verificar el contexto fáctico de la incorporación de la señora Mónica Paola
Sierra Pineda, se advierte que aquella había sido nombrada en el otrora
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo el cargo de detective,
código 208, grado 06, de suerte que al tenor literal del artículo 1.° del Decreto
4067 de 2011, sin lugar a dudas debía ser trasladado a la UNP con
designación oficial en la plaza de agente de protección, código 3137, grado
10, tal como en efecto acaeció conforme a la certificación laboral del 23 de
abril de 2015 (folio 21).

Frente a su tratamiento salarial, lo que se desprende de los certificados visibles
de folios 167 vuelto a 170 del expediente, es que la recurrente percibió desde
el año 2012 la asignación básica, la bonificación por compensación del
Decreto 4067 de 2011, la prima de servicios, la bonificación por servicios
prestados, la prima vacacional, la prima de navidad y la bonificación por
recreación.

En tal sentido, el pago recibido por la demandante por concepto de salario
mensual junto con la referida bonificación por compensación, se ajusta a los
preceptos de los artículos 2.°, parágrafo y 3.° ibidem, bajo el entendido de que
devengó como remuneración no solo la retribución directa del servicio, sino
también la prima de riesgo integrada que tenía reconocida desde su
vinculación con el DAS, así como un pago diferencial para equiparar la
asignación que recibía en dicha institución, lo que implica necesariamente que
no hubo una desmejora o desconocimiento de sus derechos adquiridos en
materia salarial.

En todo caso, se reitera que si la parte activa pretendía obtener una nivelación
para que su remuneración fuera igual a la de un oficial de protección, código
3137, grado 15, aquella debió probar que su relación legal y reglamentaria con
la mentada entidad de seguridad suprimida, era como detective profesional,
código 207, grado 11, lo cual no fue corroborado en el sub iudice. Aun así, la
libelista también pudo haber demostrado que si bien formalmente ocupaba el
cargo de oficial de protección, grado 10 en la UNP, en realidad ejercía
funciones, tenía responsabilidades, cumplía requisitos y detentaba el perfil,
características y condiciones necesarias para desempeñarse en la primera

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

plaza mencionada, situación que como se precisó anteriormente, tampoco se
comprobó en el asunto de marras.

Bajo dicha línea de intelección, se estima que no encuentra vocación de
prosperidad el argumento de la parte demandante cuando asegura que el a
quo soslayó el control de convencionalidad inherente a este caso, en relación
con el respeto y garantía de los derechos adquiridos y las situaciones
consolidadas al supuestamente haberse desmejorado su situación laboral con
la incorporación en la UNP. Ello en la medida en que lo que se corroboró en la
presente causa judicial es que la entidad demandada ajustó su actuar al marco
jurídico del Decreto 4067 de 2011 relacionado con las equivalencias de cargos
entre el DAS y el precitado organismo, así como en lo atinente al
mantenimiento de las condiciones salariales anteriores al cambio de
empleador, pues se observa que se reconoció una asignación básica que
incluía la prima de riesgo y adicionalmente se pagó una bonificación por
compensación para homologar y preservar la remuneración recibida por el
funcionario incorporado.

Lo expuesto denota que en el presente caso no hubo una desatención de las
prerrogativas laborales consolidadas a favor de la señora Sierra Pineda desde
su primera vinculación oficial, y por lo tanto no puede considerarse la
configuración de una transgresión de preceptos superiores en clave de bloque
de constitucionalidad, puesto que para que proceda un control de
convencionalidad en situaciones particulares como la presente, no solo basta
con alegar la vulneración de garantías fundamentales contenidas en tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia como la
Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además se exige una
alegación fundada en una premisa fáctica debidamente comprobada o
sustentada en medios de convicción que permita vislumbrar la afectación de
tales postulados por parte del Estado.

Pues bien, en el sub lite, tal como se adujo con antelación, la parte activa
incumplió su carga probatoria relacionada con el supuesto trato discriminatorio
en materia salarial luego de su incorporación en la Unidad Nacional de
Protección, de manera que en ese mismo sentido, tampoco expuso un
planteamiento factual sólido con el cual pudiera aplicarse un control de
convencionalidad concreto respecto de su situación jurídica, lo que ratifica el
hecho de que es improcedente acceder a su pretensión de ordenar una
equiparación remunerativa con base en lo devengado por un oficial de
protección, código 3137, grado 15, dado que no se presenta un
desconocimiento de sus derechos adquiridos como lo esgrime en el recurso
de alzada.14

En conclusión: la demandante no cumplió con la carga probatoria para
demostrar el supuesto tratamiento salarial discriminatorio entre esta en calidad
de oficial de protección, código 3137, grado 10, y este mismo empleo pero del
grado 15 existente en la planta de personal de la Unidad Nacional de
Protección, toda vez que de los únicos medios de convicción allegados a la
actuación, no es posible realizar el ejercicio comparativo que permita
evidenciar cada uno de los elementos objetivos de análisis previstos
jurisprudencialmente para que proceda una nivelación remunerativa como la
deprecada y mucho menos una homologación de cargos entre el de detective,
código 208, grado 06 del extinto DAS y la mentada plaza objeto de contraste.
De hecho, ante esta falta de actividad probatoria, tampoco es viable aplicar un
control de convencionalidad como el deprecado, puesto que no se advierte

14 Este análisis sobre el referido control de convencionalidad y sobre el desarrollo conceptual esbozado

a lo largo de este acápite, ya fue planteado por esta misma Subsección en un caso de contornos fácticos
y jurídicos idénticos al sub lite, tal como se aprecia en la sentencia del 27 de octubre de 2022 dictada en
el proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021).

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

una vulneración de sus derechos adquiridos en materia laboral con su
incorporación a la UNP luego de la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) en el que se encontraba vinculada.

En todo caso, tampoco era viable redistribuir dicha imposición para que fuera
suplida por la autoridad demandada, debido a que tales postulados de hecho
solo pueden ser conocidos y demostrados por la interesada quien tiene la
facilidad y acceso a las evidencias de su propia afirmación. Lo mismo se
sostiene acerca de la improcedencia para que el juez decretara pruebas de
oficio tendientes a acreditar los puntos en litigio, toda vez que asentir en ello
constituiría un acto parcializado ante la debilidad o inactividad de la parte
demandante para sustentar la tesis jurídica de sus pretensiones, en este tipo
de asuntos donde se depreca una nivelación salarial.

Segundo problema jurídico

¿Le asiste derecho a la libelista al reconocimiento y pago del trabajo
suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 5 de enero de 2005 cuando fue vinculada al
extinto DAS como detective, código 208, grado 06?

Al respecto la subsección sostendrá la tesis relativa a que la demandante no
tiene derecho al reconocimiento de las horas extras y demás recargos
deprecados, pues a aquella le es aplicable el régimen especial diseñado para
la Unidad Nacional de Protección en cuanto a la jornada laboral en horas
semanales prevista para los empleados públicos de dicha entidad, el cual no
prevé tales haberes, sino el otorgamiento de días compensatorios, tal como se
explica a continuación:

 Marco regulatorio sobre la jornada laboral ordinaria, las horas
extras y demás recargos para los empleados públicos de la UNP

De manera general, la noción básica de jornada laboral corresponde al lapso
durante el cual se limita el ejercicio de las funciones o actividades propias de
un empleo, bien sea público o privado. Ahora, en lo referente a la previsión de
los tipos y características de las jornadas laborales de los empleados públicos,
al respecto el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33 previó lo siguiente:

«ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o
de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas
diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del
sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional,
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo
dispuesto para las horas extras.».

De la norma transcrita se extrae que en el ordenamiento jurídico laboral de los
empleados públicos, están contempladas dos jornadas ordinarias, una general
de 44 horas y una especial de 66 horas semanales, ello con base en el tipo de
actividades o trabajo a desarrollar y de conformidad con el horario que para tal
efecto fije cada entidad empleadora, siempre y cuando se acompase al marco
de acción previsto en este postulado regulatorio.

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En lo concerniente al trabajo suplementario entendido como el ejercicio de
funciones por fuera de los límites previstos anteriormente para el desarrollo
normal del empleo, la norma ejusdem también consagró lo propio en los
artículos 36, 37, 38 y 40, esto con las respectivas modificaciones tácitas
introducidas por el artículo 12 del Decreto 660 de 2002, así:

«ARTÍCULO 36. De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales
del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada
ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes
este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o
pago de horas extras.
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se
sujetarán a los siguientes requisitos:

a) El empleo o del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una
asignación básica mensual que no exceda de diez mil pesos.

b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.

c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por
resolución motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento
sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

d) En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales.

e) Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad,
el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil
por cada ocho horas extras de trabajo.

ARTÍCULO 37. De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra
nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del
día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento
sobre la asignación básica mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo
dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 38. De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas
extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas
extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes
funcionarios:

a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que tengan la obligación de participar en los trabajos ordenados para la
preparación y elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones,
su liquidación y las demás labores anexas al cierre e iniciación de cada
vigencia fiscal.

b) Los auditores de impuestos.
[…]

ARTÍCULO 40. Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por
razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días
dominicales o festivos.

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Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se
aplicarán las siguientes reglas:

a) Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda
de diez mil pesos.

b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o
por la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante
comunicación escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de
desempeñarse.

c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución
motivada.

d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un
día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si este fuere menor.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días
dominicales y festivos.

e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se
reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el
funcionario por haber laborado el mes completo.

f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida
en la asignación mensual.

DECRETO 660 DE 2002.
Artículo 12. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago
de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así
como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el
empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel
Asistencial hasta el grado 19. […]»

Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, se observa que la competencia
para la regulación específica de la jornada ordinaria del personal de cada
entidad pública, en cuanto a horarios y distribución del tiempo bajo los
lineamientos del Decreto 1042 de 1978, puntualmente la detentan las
respectivas autoridades nominadoras con sujeción a las condiciones y
características de los empleos en relación con las funciones propias del
correspondiente ente estatal, de suerte que se permitió la reglamentación de
este aspecto de manera específica, particular y concreta.

Ahora bien, el Decreto Ley 1932 de 1989 «Por el cual se establece el sistema
de clasificación y nomenclatura de los empleos del Departamento
Administrativo de Seguridad, se fija la escala de remuneración y se dictan otras
disposiciones.», que corresponde a la norma vigente para el DAS en materia
de jornada laboral, contempló en su artículo 12 lo siguiente:

«Artículo 12. Jornada de trabajo. La asignación básica mensual fijada en la
escala de remuneración señalada en este Decreto corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y
seguridad, podrá señalárseles una jornada de trabajo de 12 horas diarias sin
que en la semana excedan un límite de 66 horas.

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Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento
podrá disponer jornadas hasta de 18 horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de 72 horas.

Dentro de los límites máximos fijados en este artículo el Jefe del
Departamento podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo constituya trabajo suplementario o de horas extras.

Parágrafo. Por la naturaleza del servicio que prestan los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo prevista en este artículo o en días
dominicales y festivos, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas
extras. Únicamente procederá la compensación en tiempo de descanso del
servicio prestado, en la forma prevista por el artículo 68 del Decreto 512 de
1989». (Resaltado de la Sala).

Conforme a lo transcrito, es claro que la jornada laboral ordinaria que regía en
su momento para los empleados del DAS, correspondía a 44 horas
semanales, salvo el caso de los empleos con funciones «discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad», cuyos
titulares podrían tener un tiempo de servicio de hasta 12 horas diarias y
máximo 66 semanales.

Aun así, lo cierto es que dicho precepto regulatorio consagró que cuando se
presenten «especiales razones del servicio», el jefe del referido departamento
administrativo podía determinar jornadas de hasta 18 horas diarias y máximo
72 semanales, ello en razón de la naturaleza de las funciones de protección y
su disponibilidad, motivo por el cual las horas diurnas o nocturnas adicionales
a la jornada ordinaria de trabajo, o en días dominicales o festivos, no se
reconocían como trabajo suplementario, sino que serían objeto de
reconocimiento de días compensatorios para descansar, adicionales a los
legalmente aplicables.

Sobre el punto, al verificar la situación de la entidad demandada en lo que
respecta a la jornada laboral de sus empleados, se encuentra que con la
expedición de la Resolución 0134 del 13 de abril de 2012 por parte del director
general de la referida entidad se previó lo siguiente frente a dicho punto en el
artículo 1.°:

«Artículo Primero. Horario de Trabajo: El horario de trabajo en la Unidad
Nacional de Protección, es de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 5:00 P.M., en
jornada continua. El sábado se considera como día no hábil.

Parágrafo primero. Los empleados cuyas funciones implican el desarrollo
de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de
seguridad, podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas
diarias, sin que en la semana exceda un límite de sesenta y seis (66)
horas.

Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe de la Unidad
podrá disponer jornadas hasta de dieciocho horas diarias, sin que en la
semana se exceda el límite de setenta y dos (72) horas.

Parágrafo segundo. Dado el carácter de organismo nacional de seguridad de
la Unidad y su misión institucional, algunos funcionarios deberán prestar sus
servicios en horas diurnas y nocturnas, o en días dominicales y festivos, para
lo cual procederá la compensación en tiempo de descanso del servicio
prestado y no habrá lugar al reconocimiento y pago de horas extras o pago
de dominicales o festivos.» (Negrita fuera de texto).

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Esta formulación fue reiterada con escasos ajustes de redacción en las
posteriores Resoluciones de la UNP, números 092 del 5 de febrero de 2014,
351 del 26 de junio de 2014 y 0362 del 1.° de junio de 2016, las cuales en
conjunto con los apartes transcritos anteriormente y bajo un contexto de
vigencia, implican que desde el año 2012 la entidad demandada contaba con
un marco de reglamentación sobre los tipos de jornadas para su planta de
personal, sustentado (en un primer acercamiento) con los parámetros
generales del Decreto 1042 de 1978 y acompasado con los preceptos
aplicables en su momento al DAS en virtud del Decreto Ley 1932 de 1989.

Si se verifica con detenimiento la normativa en cita, se extrae que la UNP
contempló bajo su competencia, que al margen del horario prefijado para sus
funcionarios administrativos en clave de una jornada ordinaria de trabajo
general de 44 horas semanales, acompasada con la indicada por el artículo
33 del decreto en mención, también existiría una jornada especial de 66 horas
a la semana igualmente consagrada en la norma ejusdem, la cual aplicaría
para los empleados que desempeñen (entre otras), específicamente funciones
de vigilancia, seguridad y protección, propias de la misión legal y reglamentaria
de la entidad, quienes por especiales razones del servicio eventualmente
podrían por determinación del director de la UNP, ejercer funciones en un
marco de 72 horas semanales sin reconocimiento de trabajo suplementario,
sino de días compensatorios de descanso.

Ahora bien, en el sub examine se encuentra que efectivamente la señora
Mónica Paola Sierra Pineda se desempeña como oficial de protección, código
3137, grado 10 al servicio de la Unidad Nacional de Protección, sin solución
de continuidad desde el 1.° de enero de 2012 (por supresión del DAS donde
se encontraba vinculada desde el 5 de enero de 2005).

Empero, lo cierto es que a partir del material probatorio recaudado,
puntualmente las certificaciones de funciones, se observa que la libelista, tal
como lo halló el a quo, solo ha ejercido actividades de tipo administrativo al
interior de la UNP, pero ninguna relacionada con temas de vigilancia o
seguridad propiamente dichas, ello incluso en un horario específico de lunes a
viernes de 8:00 am a 5:00 pm, el cual que de ninguna manera supera la
jornada ordinaria laboral, y por lo tanto no conllevan la configuración del trabajo
suplementario objeto de remuneración diferencial, más aún cuando no se
allegó ninguna prueba que convalidara el hecho de que aquella hubiese
trabajado por fuera de este marco temporal, incluso si se tiene en cuenta que
existe constancia que indica que no ha tenido a su
cargo ningún tipo de comisiones de servicio.

En todo caso, si en gracia de discusión la señora Sierra Pineda hubiese
demostrado la ejecución de funciones de vigilancia y seguridad, es decir, de
protección propiamente dichas en desarrollo de la relación con el DAS desde
el año 2005, tendientes a custodiar la integridad y vida de los sujetos que le
sean asignados, tendría que precisarse que en virtud de lo expuesto en el
artículo 24 del Decreto 4065 de 201115, los postulados que reglamentaban la
jornada laboral de los empleados de la referida autoridad, corresponden a las
señaladas en el aludido Decreto Ley 1932 de 1989, las cuales son aplicables
15 «ARTÍCULO 24. Referencias Normativas. Las referencias que hagan las disposiciones vigentes al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Programa de Protección del Ministerio del Interior,
que tengan relación con las funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas
a la Unidad Nacional de Protección.

De igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Departamento Administrativo de
Seguridad y al Programa de Protección del Ministerio del Interior como asistente, integrante o miembro
de Consejos, Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con las
funciones que en el presente Decreto se mencionan, deben entenderse referidas a la Unidad Nacional
de Protección.»

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

a los servidores de la Unidad Nacional de Protección que fueron incorporados
a dicha entidad. Con base en este planteamiento es que en la UNP era viable
fijar una jornada de hasta 72 horas semanales por razones del servicio con
reconocimiento de días compensatorios en lugar de horas extras, tal como lo
ha confirmado y avalado el Consejo de Estado, tanto la Subsección B16 en
sentencia del 25 de septiembre de 2020, como la presente Sala en providencia
del 9 de junio de 202217.

Lo anterior acaeció también en el asunto de marras a través de las
Resoluciones 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014, 0362 de 2016 y
posteriores, todas con una regulación específica al caso de los empleados de
la entidad demandada, pero que en punto a las jornadas de trabajo se ajustan
perfectamente al marco general del mentado decreto lo que las hace
plenamente aplicables al caso concreto en ese aspecto puntual.

Es decir, la Sala no encuentra configurada una ilegalidad al negar el
reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, en días dominicales y
festivos, toda vez que no solo tal supuesto no fue comprobado, sino que
además, en caso de que ello hubiese ocurrido bajo el supuesto del desempeño
de funciones de vigilancia y seguridad, en aplicación de la regulación
contenida en el Decreto Ley 1932 de 1989, convalidada en las Resoluciones
Internas 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014, 0362 de 2016 y
siguientes, se entiende que la entidad demandada habría estado habilitada
para fijar horarios superiores al marco jurídico base previsto para el efecto,
pero con la consecuencia que le es propia, equivalente al reconocimiento de
días de descanso compensatorios, no así el pago de trabajo suplementario.

De hecho, en un caso de contornos fácticos y jurídicos similares al asunto de
marras, esta misma Subsección profirió sentencia el 9 de junio de 202218 en
la que se concluyó este mismo postulado de la siguiente forma:

«[…] 69. Como se advierte de todo lo expuesto, al ser incorporado el señor
Correa a la Unidad Nacional de Protección conservó los beneficios salariales
y prestacionales establecidos en el artículo 13 del Decreto 1932 de 1989.

70. Por ende, como las horas extras y los dominicales y festivos no le son
reconocidas para los empleados que realizan funciones que implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia
o de investigación y seguridad, pues así lo establece el artículo 12 ibidem, no
es dable reconocer tales emolumentos, en razón a que a los empleados que
venían del Departamento Administrativo de Seguridad y que fueron
incorporados a la Unidad Nacional de Protección no se les debe reconocer
horas extras y dominicales y festivos acorde con el Decreto 1932 de 1989,
aplicable por remisión normativa por el Decreto Ley 4065 de 2011.

71. En consecuencia, se impone a la Sala confirmar la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 10 de diciembre de 2018, que negó
las pretensiones de la demanda, en sus precisos términos. […]»

En conclusión: no le asiste derecho a la libelista al reconocimiento y pago de
trabajo suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días
dominicales y festivos desde el 5 de enero de 2005 cuando fue vinculada al
extinto DAS como detective, toda vez que el supuesto de hecho sobre el cual
fundamenta este pedimento no fue demostrado, sino que por el contrario, se

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 25 de septiembre de 2020. Radicado: 05001233300020150155701.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00122-01 (1799-2019).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00122-01 (1799-2019).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

verificó el cumplimiento de un horario y unas funciones enmarcadas en los
límites permitidos.

No obstante, en caso de que se hubiese comprobado lo alegado en la
demanda, tendría que tenerse en cuenta que a la reclamante le es aplicable el
régimen especial de jornada laboral diseñado para la Unidad Nacional de
Protección conforme al Decreto 4065 de 2011, que a su vez remite a las
previsiones del Decreto Ley 1932 de 1989, y que se ajusta a los postulados de
las Resoluciones Internas 0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014, 0362
de 2016 y posteriores, ello en cuanto a los límites de horas semanales
previstos para los empleados públicos de dicha entidad que desempeñen
actividades de protección, y que para los casos en que se superen dichos
topes lo que prevé como consecuencia no es el pago de tales haberes
deprecados, sino el otorgamiento de días compensatorios.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada proferida
el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección19 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA. En aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de dicha carga conforme al siguiente planteamiento:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

19 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
20 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)
Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.

No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la demandante, ello al no observarse la causación de
dicha carga de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón a
que no hubo intervención de las partes en esta oportunidad al no surtirse la
etapa de alegatos de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Mónica Paola Sierra Pineda contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
21 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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