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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00162-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00162-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de la señora María Felipa Pasos Cuevas contra la E.S.E Hospital local de Cartagena de Indias, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias reconocer y pagar a la demandante la suma de veintidós millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($22.796.474) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 13001-23-33-000-2021-00162-01 (3082-2025) Demandante: María Felipa Pasos Cuevas por concepto de las prestaciones sociales del orden legal que en la motivación se establecieron, por lo ya dicho. Asimismo, deberá reconocer y pagar a la demandante la dotación de vestido y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación en el período comprendido entre el 1.° de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2020. Deberá consignar en el fondo de pensiones que se encuentre afiliado la señora María Felipa Pasos Cuevas las diferencias, si las hubiere en el porcentaje que le correspondía sufragar como empleador durante el período de reconocimiento de la relación laboral. Para tales efectos la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia». SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00162-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00162-01 (3082-2025)
Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00162-01 (3082-2025)
Demandante: María Felipa Pasos Cuevas
Demandado: E.S.E Hospital local de Cartagena de Indias

Tema: Relación laboral encubierta/auxiliar de enfermería.
Presunción de subordinación. Empresas de servicios
Temporales.

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a pretensiones de la demanda.
Reconoce prestaciones sociales del orden legal. No
procede reconocimiento de prestaciones
convencionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del oficio sin número del 25 de noviembre de 2020,
expedido por la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, a través del cual
negó el reintegro al cargo de auxiliar de enfermería, el reconocimiento de una
relación laboral durante el período comprendido entre el 5 de febrero de 2012 y

1
Demanda visible en el archivo «01Demanda», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

el 30 de julio de 2020, así como también de los emolumentos salariales y
prestacionales a los que tiene derecho la señora María Felipa Pasos Cuevas.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la ESE la reintegre a la
institución, liquide y pague en su favor, las diferencias salariales y prestacionales,
con fundamento en lo percibido por un empleado de planta en el cargo de auxiliar
de enfermería, incluida una indemnización equivalente a los salarios y
prestaciones sociales a los que tenía derecho durante el tiempo de vinculación y
a partir de la desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro, así como la
indemnización por despido sin justa causa.

4. Finalmente, que se ordene el pago de los aportes pensionales, se dé
cumplimiento a la decisión en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA,
y condene en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5.Manifestó que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería, bajo la
dependencia y subordinación del hospital demandado en el período que va del 5
de febrero de 2012 al 30 de julio de 2020.

6.Indicó que las vinculaciones se dieron mediante empresas de servicios
temporales, tales como KSC Suministros y KONEKTA, y que de la prestación del
servicio siempre fue beneficiario el hospital. Percibió una remuneración.

7. Afirmó que el 19 de noviembre de 2020 presentó reclamación administrativa
ante la ESE con el fin de que se dispusiera el reintegro y se declarara la existencia
de una relación laboral entre las partes, así como el consecuente pago de las
acreencias e indemnizaciones laborales. Sin embargo, el centro asistencial
resolvió desfavorablemente la petición a través del oficio sin número del 25 de
noviembre de 2020.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8.Invocó la vulneración de los artículos 2, 6, 25, 49 y 53 de la Constitución
Política; 40 del Decreto 1045 de 1978; 8 del Decreto 1042 de 1978; 2 del Decreto
1876 de 1994; 5 del Decreto 4369 de 2006; Leyes 4ª de 1945, 50 de 1990, 100
de 1993 y el Decreto 1072 de 2015.

9. Puntualizó que acaecieron los elementos configurativos de la relación laboral
subyacente, correspondientes a la prestación personal del servicio, la
contraprestación y la continua subordinación, con lo cual, se desnaturalizó la
tipología contractual mediante la que se vinculó.

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

10.Precisó que conforme a lo consagrado por el artículo 49 de la Constitución
Política y 194 de la Ley 100 de 1993, el servicio de salud es de carácter público
y su prestación se da mediante las Empresas Sociales del Estado, cuyo personal
corresponde a la categoría de empleados públicos y trabajadores oficiales; no
obstante, el ente hospitalario acudió a la figura de empresas de servicios
temporales para suplir necesidades periódicas y permanentes.

1.4. Contestación de la demanda2

11.La ESE E.S.E Hospital Local de Cartagena de Indias contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual desarrolló los siguientes
argumentos:

12.Las empresas de servicios temporales fueron las verdaderas empleadoras de
la accionante, de ahí que, les asiste la responsabilidad por los actos de la
interesada y son quienes conocen con exactitud la relación existente con el
personal que vincularon.

13.El Consejo de Estado3 en asuntos en los que se alega tercerización laboral ha
sostenido que siempre y cuando el beneficiario vinculado a las empresas de
servicios temporales goce de una relación laboral con esta, perciba salario y
prestaciones sociales, no será procedente condenar a la entidad usuaria por
similares emolumentos prestacionales, dado que, la primacía de la realidad sobre
las formas adquirirá preponderancia si se demuestra la vulneración de derechos
mínimos laborales, situación que no acaeció en este asunto.

14.Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) falta de causa para
pedir; iii) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia4

15.El Tribunal dictó sentencia el 29 de noviembre de 2024, mediante la cual
declaró la nulidad parcial del oficio sin número del 25 de noviembre de 2020 y la
existencia de la relación laboral encubierta entre las partes entre el 1 de marzo
de 2017 y el 30 de junio de 2020. Como consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó lo siguiente: i) reconocer y pagar a la
demandante las diferencias salariales y prestacionales entre los valores que
fueron reconocidos y pagados en su favor en virtud de la vinculación como
trabajadora en misión a través de la empresa de servicios temporales KONEKTA
LTDA durante el período en que se declaró la relación laboral; ii) las prestaciones

2
Contestación visible en el archivo «18ContestacionDemanda», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda
instancia.
3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de octubre
de 2016. Radicado 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-2013).
4
Providencia visible en el archivo «63SentenciaPrimeraInstancia», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda
instancia.

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

sociales legales y convencionales que devengaron los empleados públicos
vinculados al cargo de auxiliar de enfermería en la ESE; iii) en el evento de existir
diferencia entre los aportes realizados por la empresa KONEKTA LTDA y los que
se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le correspondía
como empleador.

Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
16.

condenar en costas.

Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió los elementos
17.

que componen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:

18.Prestación personal del servicio: En primer lugar, aclaró que en lo relativo a
la vinculación de las empresas de servicios temporales con el ente hospitalario,
y sostuvo que únicamente se allegó el contrato de prestación de servicios 227-
12 del 29 de octubre de 2012 suscrito entre Endosalud de Occidente S.A. y el
centro asistencial, cuya vigencia fue desde el 29 de octubre de 2012 hasta el 29
de diciembre de 2012, razón por la que puntualizó que no reposaban los
instrumentos contractuales celebrados con las empresas de servicios temporales
KSC suministros, COLTEMPORA S.A., y KONEKTA LTDA.

19.Precisó que si bien, para demostrar la existencia del contrato de estatal se
requiere el contrato escrito, la instancia de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo5 ha avalado que dicha formalidad no es
indispensable en casos de relación laboral subyacente en tanto lo relevante es
acreditar los elementos de configuración, por lo cual, no supone la existencia del
contrato.

20.Dicho lo precedente, detalló que según certificaciones laborales es claro que
la demandante estuvo vinculada a empresas de servicios temporales como
trabajadora en misión para la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, ejerció
labores como auxiliar de enfermería, así: i) KSC suministros, 20 de febrero a 31
de octubre de 2012; ii) ENDOSALUD de occidente S.A., 1 de noviembre de 2012
a 31 de marzo de 2013 (el documento solamente certificó el cargo y lapso de
vinculación); iii) COLTEMPORA S.A., 1 de abril de 2013 a 4 de enero de 2017;
iv) KONEKTA LTDA, 1 de marzo de 2017 a 30 de junio de 2020.

21. Además, de acuerdo con la declaración de la señora Luisa Salas Pérez, la
actora prestó de forma directa sus servicios al ente hospitalario demandado. Por
lo tanto, las pruebas demuestran la prestación personal del servicio como auxiliar
de enfermería en el período del 20 de febrero de 2012 al 30 de junio de 2020.

5
Documento visible en el archivo «65RecursoApelacionDemandada», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-
Segunda instancia.

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

22.Remuneración: Al plenario no se aportaron los contratos de trabajo
celebrados por la accionante con las empresas de servicios temporales KSC
suministros, ENDOSALUD de occidente S.A. y COLTEMPORA S.A. y tampoco
otros elementos de convicción sobre el salario devengado. Solamente se contó
con la información de los montos pagados por KONEKTA LTDA, de modo que,
dicho elemento de la relación laboral se acreditó por el lapso del 1 de marzo de
2017 al 30 de junio de 2020.

23.Subordinación: Para el Tribunal se acreditó la subordinación del servicio de
la accionante dado que: i) las actividades desempeñadas eran inherentes a la
esencia y objeto del centro asistencial como prestador del servicio público de
salud; ii) el testimonio recaudado en el proceso permitía inferir que la actora se
sometió a la continuada dependencia de la institución beneficiaria de sus
servicios como auxiliar de enfermería.

24.En ese orden de ideas, concluyó que la relación laboral subyacente se
declararía en el período del 1 de marzo de 2017 al 30 de junio de 2020 en virtud
de que en los anteriores tiempos de servicios la demandante acreditó los
elementos de prestación personal del servicio y subordinación, pero no la
contraprestación.

25.Por último, en lo atinente al restablecimiento del derecho señaló que no era
viable la pretensión de reintegro porque la decisión no reconocía el estatus de
empleado público y en lo referente a la indemnización por despido sin justa
causa, precisó que los efectos patrimoniales en casos de tercerización laboral
únicamente correspondían al pago de las diferencias salariales y prestacionales.

1.6. Recurso de apelación6

26.La ESE Hospital Local de Cartagena de Indias interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Al efecto, solicitó su
revocatoria para que, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para sustentar
su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:

27.Con el propósito de cumplir con el objeto del ente hospitalario se contrató con
terceros el suministro de personal en misión para ejecutar labores misionales;
quienes eran autónomas para establecer las condiciones salariales de sus
integrantes.

28.La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia7 ha establecido que a las
entidades beneficiarias de las empresas de servicios temporales las ampara la
ficción legal de subordinación delegada, por ello, dichas empresas delegaron en

6
Índice 81 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
7
Citó las siguientes sentencias: i) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de abril de 1997.
Radicado 9435; ii) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL3697 del 22 de septiembre de
2020. Radicado 76108.

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Radicado: 13001-23-33-000-2021-00162-01 (3082-2025)
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el centro asistencial la facultad de ejercer subordinación frente a los trabajadores
directos de ellas sin que implique la existencia de una relación laboral con la
entidad, es decir, la imposición de directrices por la beneficiaria de los servicios
no traslada la calidad de empleadora de la empresa de servicios temporales.

29.Los medios de prueba solamente demostraron la subordinación delegada, por
lo tanto, se delegó el poder subordinante al tercero beneficiario sin que
desplazara su condición de empleador al ente hospitalario.

30.El Consejo de Estado8 ha puntualizado que no se presenta relación laboral
entre la empresa usuaria del servicio y el trabajador en misión en la medida que
en el contrato de trabajo interviene la empresa de servicios temporales y el
trabajador.

31.El centro asistencial no desconoció el acceso al empleo público, pues este se
da mediante el sistema de carrera administrativa, en ese sentido, no es
procedente la declaración de una relación laboral o legal y reglamentaria pues la
condición de empleado público se adquiere por el cumplimiento de unos
presupuestos legales, situación que no se cumple en el caso.

1.7. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se admitió en auto del 28 de noviembre de 20259,
32.

oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo.

Dentro de esa oportunidad, la Procuraduría delegada de intervención tercera
33.

ante esta corporación10 rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, pues, a su criterio, se acreditaron los elementos
de la relación laboral.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de octubre
de 2016. Radicado 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-2013).
9
Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.
10
Índice 10 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11.

35.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso12, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

36.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

37.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿entre la señora María Felipa Pasos Cuevas y el Hospital Local de Cartagena
38.

de Indias existió una relación laboral encubierta en el período declarado por el a
quo, a pesar de haberse dado la vinculación por una empresa de servicios
temporales?

39.De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación ¿se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción?

40.Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo en la forma indicada por el tribunal?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

41.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
42.

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación

11
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

43. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

44.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. De las empresas de servicios temporales

El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido
45.

en la Ley 50 de 28 de diciembre de 199013 y el Decreto 24 de 199814, modificado
por el Decreto 50315 de esa misma anualidad.

Es así como en el artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que
46.

es una Empresa de Servicios Temporales en los siguientes términos:

«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo
de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con
respecto de éstas el carácter de empleado».

13
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
14
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
15
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el ejercicio de la
actividad de las Empresas de Servicios Temporales.

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

Es así como en el artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que
47.

es una Empresa de Servicios Temporales en los siguientes términos:

«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleado».

48.Del mismo modo, el artículo 74 ibídem, establece la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:

«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en misión,
que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias
de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».

49.De acuerdo con lo anterior, la contratación de servicios con las empresas de
servicios temporales conforma una modalidad de trabajo en la que no existe
vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo realiza
o presta el servicio.

50.Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y el
trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera una
relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el trabajador y la
Empresa de Servicios Temporales.

51.Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente entre
la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la
prestación personal del servicio existe un verdadero contrato de trabajo o relación
laboral, regido por la normativa laboral del Código Sustantivo del Trabajo16.

Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
52.

misión, la norma señala que «[…] los trabajadores en misión tendrán derecho a
un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad», así como los beneficios que la usuaria tenga
en materia de transporte, alimentación y recreación17.

2.5. La figura del simple intermediario

53. De otra parte, el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso:

16
Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley.
17
Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la
empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores
en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00162-01 (3082-2025)
Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

«ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.

1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un {empleador}.

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios
de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador}
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del {empleador}. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas».

En relación con esta figura jurídica, la sentencia de unificación del 9 de
54.

septiembre de 2021 proferida por esta Corporación precisó lo siguiente:

«199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018, sobre la
figura del simple intermediario, sostuvo lo siguiente:

[…] son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.

Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador
para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.

200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de
Justicia, la Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al presente,
luego de analizar el elemento de la remuneración cuando el pago lo realiza el
contratante, pero el beneficiario de los servicios no es él, sino un tercero ajeno a
la relación contractual, concluyó lo siguiente:

[…] no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios,
desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral,
al verificarse que el pago se realiza por un tercero aparentemente solo por la labor
cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado
personalmente en la entidad que efectivamente se benefició de la labor, así,
concluye la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica
pagada por un tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la
entidad en la que se ejecuta el servicio asuma la responsabilidad por la
desfiguración del contrato primigenio y, en tales condiciones, la entidad
beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado contratista está en
la obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del
contrato de trabajo.112 [Negrillas fuera del texto].

201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en
favor de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos
los requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión

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se ampara en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formas, como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores».

55.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.6. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

56.La Sala precisa que como únicamente apeló la parte demandada, se referirá
al período reconocido por el a quo como existencia de la relación laboral
encubierta, esto es, el comprendido entre el 1.° de marzo de 2017 y el 30 de
junio de 2020, a pesar de encontrarse acreditada la prestación de servicios de la
demandante al hospital por medio de otras cooperativas en lapsos anteriores.

57.En ese orden, se aportaron al proceso copia de 4 contratos de trabajo
celebrados por la actora con KONEKTA LTDA, para prestar sus servicios como
auxiliar de enfermería de urgencias en la ESE Hospital Local de Cartagena de
Indias con fechas de inicio de 1 de marzo de 201718, 1 de febrero de 201819, 18
de enero de 201920 y 1 de mayo de 201921.

Si bien es cierto no reposan en el expediente los contratos suscritos entre la
58.

ESE y la empresa de servicios temporales KONEKTA LTDA, la parte demandada
no desconoció la certificación mencionada, en la cual la empresa señaló que la
demandante prestaba servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital Local
de Cartagena de Indias; y aunque la directora técnica de Talento Humano de
este el 24 de agosto de 202222 expresó que la entidad «cuando realiza contratos
de suministro de personal lo hace a través de personas jurídicas, las cuales son las
responsables de los procesos de vinculación, contratación, liquidación y pago de todas
las obligaciones que genere dicho vinculo contractual con los trabajadores que éstos
últimos contratan, por tanto […] no posee los contratos suscritos entre la señora MARIA
FELIPA PASOS CUEVAS y las empresas con las que la entidad ha establecido contrato
para el suministro de personal», la Sala considera que se acreditó que la accionante
prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en los siguientes lapsos: i) 1.°

18
Contrato visible en las páginas 3 y 10 del archivo «38RespuestaPruebasKonekta»., adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
19
Contrato visible en las páginas 5 y 6 del archivo «38RespuestaPruebasKonekta»., adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
20
Contrato visible en las páginas 7 y 8 del archivo «38RespuestaPruebasKonekta»., adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
21
Contrato visible en las páginas 9 y 10 del archivo «38RespuestaPruebasKonekta»., adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
22
Certificación visible en la página 3 del archivo «40PruebaCertificacionESE»., adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-
Segunda instancia.

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de marzo de 2017 hasta el 30 de junio de 2020 a favor del ente hospitalario
demandado.

59.Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que en los contratos de trabajo celebrados entre la accionante y
KONEKTA LTDA se especificó el monto percibido por ella23, por lo que se
encuentra probado este elemento.

60.Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

61.Pues bien, como la vinculación de la demandante se dio a través de una
empresa de servicios temporales, la Sala recuerda que si bien ha sostenido24
que el ordenamiento jurídico prohíbe el uso del trabajo asociado o de
cooperativas como mecanismos para que el Estado evada sus obligaciones
laborales, también lo es que la ejecución de funciones a través de dichos
mecanismo asociativo no es suficiente por sí sola para acreditar la existencia de
una relación laboral, pues es necesario que quien lo pretenda demuestre la
configuración de los elementos del contrato de trabajo, en especial la
subordinación con la entidad pública que se señala como empleadora real.

62.Por lo anterior, se abordará el estudio del elemento de la subordinación a la
luz de los criterios establecidos por la Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021.

63.En cuanto al lugar de trabajo de la certificación mencionada se advierte que
fue en las instalaciones del Hospital local de Cartagena de Indias.

64. Respecto al horario de servicio, si bien se recepcionó el dicho de la señora
Luisa Sala Pérez, quien afirmó haber sido compañera de trabajo de la
demandante, sus afirmaciones se limitaron al período comprendido entre el 2011
y el 2015, razón por la cual, su testimonio no puede ser tenido en cuenta para la
demostración de los supuestos fácticos apelados, pues corresponden a una
época anterior a la debatida. En efecto a la pregunta «díganos por favor, si puede,
con la mayor precisión posible, ¿durante qué tiempo le consta personalmente a
usted que la señora Felipa prestó sus servicios a la entidad demandada en
Canapote?» (sic) contestó: «bueno, si no me equivoco, yo entré a trabajar en el

23
En el contrato de trabajo del 1 de marzo de 2017 se determinó la suma de $855.000 M/cte. con período de pago
mensual. Igualmente, para los contratos del 1 de febrero de 2018, 18 de enero de 2019, 1 de mayo de 2019 se
determinaron los montos mensuales de $900.000 Mcte., $900.000 Mcte y $970.000 Mcte., respectivamente.
24
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y 76001-23-33-
000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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2011, en el 2011, no sé si exactamente en el 2012 entró ella a trabajar y yo en el
2011, 12, 13, 14, 15 estuve trabajando en el CAT de Canapote y de ahí me
trasladaron para el CAT de la Candelaria» y a la pregunta «¿durante todo ese
tiempo ella también trabajaba allí?» (sic) contestó: «sí, estuvo trabajando en
Canapote. Ahí me trasladaron para el CAT de la Candelaria y ahí perdí la
conexión con ella» (sic).

65.En ese orden, con las otras pruebas recaudadas, no es posible establecer la
imposición de un horario a la demandante. En todo caso, es de resaltar que para
la Sala de Subsección el cumplimiento de un horario no debe entenderse como
un aspecto que, en su análisis particular y aislado, configure el elemento de la
subordinación en la relación laboral encubierta. Por el contrario, ello debe
entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como un parámetro
lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el contratante
a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido25.

66.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

67.El centro asistencial demandado alegó que las empresas de servicios
temporales a las que perteneció la accionante delegaron a la institución la
facultad de imponer directrices e instrucciones, esto es, ejercer subordinación
sobre la trabajadora en misión.

68.La Sala se aparta de tal razonamiento, porque el debate recae sobre un acto
administrativo proferido por la administración que goza de presunción de
legalidad (artículo 88 del CPACA); por lo tanto, quien pretenda su nulidad tendrá
que desvirtuarla por los medios que para tal fin dispone el orden jurídico.

69.Además, en la sentencia de la Sala de Casación Laboral SL3697 del 22 de
septiembre de 202026, que el apelante invocó en el recurso de apelación como
justificación de la subordinación ejercida sobre la demandante, produjo efectos
inter partes, sumado a que la subordinación delegada que allí se predica parte

25
Subsección A del Consejo de Estado, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016), consejero ponente, doctor Rafael Suárez Vargas.
26
En dicha providencia se dijo « Como se recordará, en desarrollo de su objeto la empresa de servicio temporal suministra
mano de obra de sus propios empleados, poniéndola a disposición de una tercera persona natural o jurídica que se
conoce como empresa usuaria, a quien le delega la subordinación material, es entonces esta última, quien determina sus
tareas y supervisa su ejecución, pero, por esa delegación la primera no pierde su calidad de empleadora (CSJ Sl3520-
2018, reiterada en la SL467-2019)».

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del supuesto de que la empresa de servicios temporales no pierda su calidad de
empleadora, el cual no se satisface en este caso como se indicará más adelante;
pues la labor ejecutada por la actora lleva implícito este elemento del contrato de
trabajo.

70.Asimismo, porque para la Subsección la Ley 50 de 1990, el servicio temporal
únicamente se autorizó en los eventos señalados en su artículo 77, esto es: i)
cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se
refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, ii) cuando se requiere
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad, iii) para atender incrementos en la producción, el
transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de
cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis meses
prorrogable hasta por seis meses más.

71.Requisitos que no se cumplieron en este asunto, pues la contratación de la
demandante a través de KONEKTA Ltda., se dio por un espacio superior a un
año, y ella venía vinculada desde el 20 de febrero de 2012 por otras cooperativas
al servicio del hospital aquí demandado27, lo que denota la necesidad del servicio
contratado por la empresa usuaria; desconociendo los parámetros legales de las
empresas de servicios temporales, pues se acudió a esta no para la prestación
de servicios transitorios, por razones excepcionales, sean o no del giro ordinario
de aquella, sino para cumplir funciones permanentes de la entidad usuaria. De
tal manera que, se desdibujó la legalidad y legitimidad en la forma de vinculación
de la demandante a través de la empresa mencionada, pues el ente hospitalario
se convirtió en el verdadero empleador de ella.

72.En ese orden de ideas, si bien es cierto el ente hospitalario afirmó que contrató
con terceros el suministro de personal para ejecutar labores misionales, debe
tener presente que sólo puede acudir a las empresas de servicios temporales
para desarrollar actividades netamente temporales, sean o no de su giro
ordinario, determinadas por circunstancias excepcionales tales como,
reemplazos de personal ausente, trabajos ocasionales o incrementos en la
producción o en los servicios, circunstancias que no se presentaron en este caso.

73.En consecuencia, los elementos probatorios determinan que el verdadero
empleador de la demandante lo fue el ente hospitalario demandado y que las
funciones realizadas por ella no eran autónomas, pues tal y como lo ha reiterado
esta Sección la labor de enfermería no puede desempeñarse de manera
independiente y libre, dado que, quienes la ejercen no tienen facultad-como
ocurre en este asunto-de definir el lugar o el horario en que prestan sus servicios;
ni tampoco pueden suspender su ejecución sin que medie alguna justificación,

27
Obra en el expediente certificación expedida el 6 de marzo de 2013 por la jefe de Talento Humano de la empresa de
servicios temporales KSC Suministros en la que certificó que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería de urgencia en la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias en el período del 20 de febrero de 2012 al 31
de octubre de 2012. En igual sentido certificó COLTEMPORA S.A entre el 1.° de abril de 2013 y el 4 de enero de 2017.

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pues, de hacerse, se pondría en riesgo la prestación del servicio de salud.
Aunado al hecho que, por regla general, la prestación de esta labor se encuentra
regulado por las directrices que al respecto establezca el personal médico a cargo
de los cuidados y tratamientos que requieran los pacientes a fin de garantizar de
manera íntegra el servicio de salud.

74.Por lo tanto, esta instancia estima la Sala que, del análisis del acervo
probatorio, se descubrió la verdadera esencia de la relación existente entre las
partes, siendo la empresa temporal de servicio un empleador aparente e
intermediario, y por ende el usuario Hospital Local de Cartagena de Indias un
verdadero empleador, dado que los servicios personales prestados eran de
carácter permanente y necesarios del demandado.

En ese orden de ideas, para la Sala se acreditó la relación laboral subyacente
75.

entre el centro asistencial y la señora María Felipa Pasos Cuevas, entre el 1.° de
marzo de 2017 y el 30 de junio de 2020, tal y como lo determinó el a quo.

76.De otro lado, contrario a lo afirmado por la parte demandada en la apelación,
el reconocimiento de la relación laboral no corresponde a una vinculación legal y
reglamentaria, en la medida que, según los lineamientos establecidos por esta
Sección, la existencia de la relación laboral encubierta, no implica que la
demandante obtenga la categoría de empleada pública, pues no median los
componentes necesarios para la existencia de una relación legal o reglamentaria
en los términos del artículo 122 de la Carta Política.

2.7. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

77.Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
demandante y la entidad corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.

78.El material probatorio revela que en lapso de 1.° de marzo de 2017 y 30 de
junio de 2020, no acaeció ninguna interrupción, por lo tanto, desde esta última
data la demandante tenía para la presentación de la reclamación administrativa
hasta el 30 de junio de 2023; lo cual realizó el 19 de noviembre de 202028, y la
demanda fue presentada el 18 de marzo de 202129, es decir, dentro de los tres
años siguientes a la terminación del vínculo laboral, razón por la cual, no operó
el fenómeno prescriptivo frente a los derechos laborales reclamados en dicho
lapso.

28
Así se indicó en las consideraciones del acto administrativo enjuiciado, visible en las páginas 16 a 19 del archivo
«01Demanda», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
29
Información extraída del acta de reparto, visible en el archivo «02ActaReparto», adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.

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2.8. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico

79.Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera
el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
percibir por la demandante.

80.Ahora como el tribunal dispuso que correspondían a las de orden legal y
convencional que devenga un empleado de planta de la entidad con los
honorarios o con los salarios percibidos por aquél, o en su defecto el salario
mínimo legal mensual vigente en caso de poderse con aquellos, la Sala considera
que esta disposición ocasiona serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance, además de que no es posible conceder
derechos convencionales a la demandante dado que no adquiere la calidad de
empleado público.

81.En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni bajo qué criterios cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista y, si tal determinación
se delega a la entidad demandada, surgen inmediatamente unos interrogantes
relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar el manual de
funciones para establecer cuál servidor cumplía funciones similares?, ¿La
comparación debe hacerse conforme al perfil profesional del demandante?,
¿Deberá tener en cuenta únicamente la formación del beneficiario de la orden,
su experiencia, o solo el monto de los honorarios que devengaba?

82.Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido
implicaría que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos
de que dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera
en aquellos eventos en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio
posible pues, aunque la parte cumpla algunas funciones similares a las de un
cargo de igual jerarquía, ello no implica que haya identidad total entre ambos para
que sea procedente, ya que para reconocerla es necesario probar el
cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se reclama la
nivelación.

83.Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado
jurisprudencia sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al
indicar30:

«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor

30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-
2018-01454-01 (3652-2022).

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salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento
en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus
alegatos (…)» (negrilla de la Sala).

84. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:

«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación
es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto
que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta
situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado».

85. La Corte Constitucional también ha precisado:31

«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo
también diferenciación ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).

86.Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares, esto
es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados
mediante nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de
los requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de
ellos está vinculado mediante contrato de prestación de servicio.

87.Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez realizara
el análisis que propone la sentencia citada y encuentra las equivalencias a que

31
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al
respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en
materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los
mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio
en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997
[…]».

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se refiere dicha sentencia, pero es claro que en este caso y en los que se vienen
fallando, ese análisis se deja en manos de la entidad y con esa situación,
considera la Sala que las sentencias que se están profiriendo no solucionan
definitivamente el conflicto y lejos están de prestar mérito ejecutivo para hacerse
efectivas, veamos:

88.El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como
finalidad establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por
ello, la sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a
cumplirla y su beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.

89.Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate
que es ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la
sentencia estos asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se
están dictando sentencias incompletas, para que sea la administración la que las
complete y sin darle elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde
al Juez.

90.Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia, y ello genera para
la administración muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y
de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago, obligando a realizar en la demanda
el análisis de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite
ordinario para completar la sentencia.

91. Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay forma
de saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque no hay
posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se equipara;
dificultad que se traslada al recurso de apelación, porque si hay apelante único
no es posible saber si adoptando una u otra forma de liquidación, cual podría ser
más desfavorable a ese apelante único.

92.En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente
el conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta. Dichos honorarios
constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que haya lugar

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

conforme lo dispuesto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que regulan el
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.

Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene
93.

derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial,
por ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas
antes citadas, es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías, intereses a las cesantías, y la prima de servicios de que trata el
Decreto 2531 de 2014 y la bonificación por servicios prestados.

94.En cuanto al calzado y vestido de labor, se tiene que a partir del artículo 1°
de la Ley 70 de 1988 se consagró el derecho de recibir calzado y vestido de labor
a los funcionarios públicos que recibieran una asignación mensual inferior a 2
salarios mínimos, así mismo, el Decreto 1978 de 1989 que reglamentó
parcialmente el referido artículo precisó como requisito adicional que el empleado
hubiese cumplido 3 meses al servicio de la institución al instante de su
causación32.

95.Según lo decantado por la Corte Constitucional en la sentencia C-995 de 2000,
la dotación de calzado y vestido de labor tiene la naturaleza de una prestación
social, teniendo en cuenta que el propósito de ésta es cubrir la necesidad
indumentaria como consecuencia de la ejecución del trabajo.

96.En el caso concreto, la Sala observa que, durante los años 2017, 2018, 2019
y 2020, períodos en los que serán reconocidas las prestaciones sociales a la
parte demandante, se satisface el presupuesto exigido por la Ley 70 de 1988
para acceder a ella, (devengar menos de dos salarios mínimos legales
mensuales) además, de tener una antigüedad mayor a tres meses. Su
reconocimiento deberá realizarse en dinero por haberse producido el retiro del
servicio, a título de restablecimiento del derecho, por cada año de servicio,
teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal
al momento de la adquisición de la dotación. Razón por la cual, se reconocerá a
la demandante este concepto por el tiempo de acreditación de la relación laboral
encubierta.

32
Artículo 1° del Decreto 1978 de 1989. «Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y
Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
Artículo 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del
mismo en ningún caso.
Artículo 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador debe haber laborado para la
respectiva entidad por los menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y devengar
una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
Artículo 4°. La remuneración a que se refiere el artículo anterior corresponde a la asignación básica mensual.
Artículo 5°. Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de la Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las
prendas apropiadas para la clase de labores que desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio
ambiente en donde cumplen sus actividades».

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97.Respecto al auxilio de transporte se considera que se cumplen los requisitos
establecidos en la Ley 15 de 1959 y los Decretos 2210 de 2016, 2270 de 2017,
2452 de 2018 7 1786 de 2019, a través de los cuales se fijó el monto del auxilio
de transporte en los años en que la demandante estuvo vinculada, para las
personas que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

98.Y también se cumplen los del subsidio de alimentación conforme con el
artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 serán acreedores de este, aquellos
empleados que no tuvieron una asignación básica que haya superado los dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes, de esa manera se reconocerá este
derecho a la demandante.

99.Lo que no ocurre con el subsidio familiar, pues el artículo 20 de la Ley 21 de
1982 enuncia que tienen derecho a este en dinero, especie y servicio, los
trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite de
treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga a
cuatro veces el salario mínimo legal, en proporción al número de personas a
cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
En ese orden, la parte demandante no acreditó tener personas a su cargo razón
por la cual, no se concederá esta prestación.

En los anteriores términos, la Sala precisa que las prestaciones del orden legal
100.

a las que tiene derecho la demandante son las vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de
servicios, bonificación por servicios prestados, calzado y vestido de labor, auxilio
de transporte y subsidio de alimentación durante el período comprendido entre el
1.° de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2020; las cuales se liquidan de la
siguiente forma:

LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2026

INTERE
# SALARI
AUXILIO AUXILIO S
# mes O
AUXILIO DE AUXILIO DE TOTAL CESANTI SOBRE
Des IPC Dia es PROME
IPC DE TRANS DE ALIMEN ANUAL CESANTI A LA
de INICIA s co D.
FINAL TRANS PT. ALIMEN T SALARIO A INDEXAD CESAN
Año L por mpl MENSU
PT. INDEXA T INDEXA S A TIA
año por AL POR
DO DO INDEXA
año AÑO
DA
96,92
2017 300 10 855.000 83.140 134.626 57.255 92.712
156,94 8.550.000 847.306 1.372.020 137.202
100,0
2018 0 360 12 900.000 88.211 138.438 60.170 94.431
156,94 10.800.000 1.109.074 1.740.581 208.870
103,8
2019 0 360 12 900.000 97.032 146.707 62.878 95.068
156,94 10.800.000 1.109.594 1.677.647 201.318

2020 105,4 180 6 970.000 102.854 153.033 66.098 98.345
156,94 8 5.820.000 537.713 800.044 48.003

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BONIFICA
BONIFICA -CIÓN
PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE
PRIMA DE PRIMA DE VACACION PRIMA DE -CIÒN POR
SERVICIO NAVIDAD VACACION VACACION
SERVICIO NAVIDAD INDEXADA VACACION POR SERVICIO
INDEXADA INDEXADA INDEXADA
SERVICIO INDEXAD
A

460.156 745.119 792.286 1.282.928 439.384 711.484 439.384 711.484 249.375 403.806

607.500 953.411 1.023.761 1.606.690 562.628 882.988 562.628 882.988 315.000 494.361

607.500 918.507 1.024.241 1.548.597 568.393 859.379 568.393 859.379 315.000 476.263

284.938 423.949 516.204 768.042 294.211 437.746 294.211 437.746 169.750 252.565

CONSOLIDADO
AUXILIO AUXILIO
DE DE INTERES PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
TRANSPTE ALIMENT CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADO CESANTIAS INDEXADA INDEXADO INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA

$ 572.805 $ 380.555 $ 5.590.291 $ 595.392 $ 3.040.985 $ 5.206.257 $ 2.891.597 $ 2.891.597 $ 1.626.995

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 22.796.474

En ese orden, la demandante tiene derecho al pago de $22.796.474 por
101.

concepto de prestaciones sociales.

2.8.1 Pago de prestaciones sociales convencionales y diferencias salariales
y prestaciones

La Sala observa que en la decisión de primera instancia se reconocieron las
102.

diferencias salariales y prestacionales entre los valores que fueron reconocidos
y pagadas como consecuencia de la vinculación con la empresa de servicios
temporales KONEKTA Ltda., así como el pago de las prestaciones sociales
convencionales a que tienen derecho los empleados públicos vinculados al cargo
de auxiliar de enfermería en el centro asistencial.

No obstante, es improcedente el reconocimiento de las diferencias salariales
103.

y prestaciones, y el pago de las prestaciones sociales convencionales, dado que
la corporación ha determinado que el reconocimiento de la relación laboral
encubierta no otorga la calidad de empleado público al contratista; pues este no
cumple con los requisitos formales de ser nombrado y tomar posesión de un
cargo existente en la planta de personal para ejecutar una labor, y tampoco le
asisten las mismas responsabilidades (penal, disciplinaria y fiscal) de aquél que
ingresó a laborar legal y reglamentariamente (artículo 125 CN), de ahí que, no
son procedentes tales reconocimientos33.

33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de agosto
de 2025. Expediente: 66001-23-33-000-2018-00131-01 (2032-2021). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.

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2.8.2 Aportes pensionales

104.La sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 sobre los
porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los aportes
pensionales, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes si
existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador34.

105.Ahora, si bien el a quo ordenó que si llegase a existir diferencia entre los
aportes realizados por la empresa KONEKTA LTDA y los que se debieron
efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le correspondía como
empleado, lo procedente era que: i) la entidad demandada determinara si se
presenta alguna diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los
realizados por el contratista, y cotizara al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, y ii) el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador.

Si bien los aspectos advertidos en los títulos 2.8.7 y 2.8.8 no fueron objeto de
106.

reproches en el recurso de apelación, lo cierto es que el ad quem puede
verificarlos, ya que, está dentro de la órbita de discusión de la declaratoria de la
existencia de la relación laboral subyacente y el restablecimiento del derecho,
igualmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 328 del
Código General del Proceso, el juez de segundo grado no puede mantener
reconocimientos irregulares.

En consecuencia, se modificará el numeral tercero del fallo que determinó el
107.

restablecimiento del derecho en el sentido de no acceder al reconocimiento de
las diferencias salariales y prestacionales, al pago de las prestaciones sociales
convencionales y ajustar el pago de las cotizaciones pensionales a la luz de la
sentencia de unificación SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2006 y se
confirmará en los otros puntos la decisión recurrida.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Expediente: 23001-23-33- 000-2013-
00260-01 (0088-15).

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2.8.3. De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
108.

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
109.

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
110.

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a
111.

la parte vencida, es decir, a la demandada. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 29 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de la señora María Felipa
Pasos Cuevas contra la E.S.E Hospital local de Cartagena de Indias, el cual
quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena
de Indias reconocer y pagar a la demandante la suma de veintidós millones
setecientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($22.796.474)

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Demandante: María Felipa Pasos Cuevas

por concepto de las prestaciones sociales del orden legal que en la motivación se
establecieron, por lo ya dicho.

Asimismo, deberá reconocer y pagar a la demandante la dotación de vestido y
calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada
vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación en el período
comprendido entre el 1.° de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2020.

Deberá consignar en el fondo de pensiones que se encuentre afiliado la señora
María Felipa Pasos Cuevas las diferencias, si las hubiere en el porcentaje que le
correspondía sufragar como empleador durante el período de reconocimiento de
la relación laboral. Para tales efectos la demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas por el a quo.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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