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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04575-01

Contrato de prestación de servicios

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
99 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04575-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Existió entre el demandante y el SENA una relación laboral encubierta o subyacente, desde el 14 de agosto de 1996 hasta el 30 de junio de 2011, que dé derecho a prestaciones sociales?

  2. ¿Acreditó el demandante el elemento de la subordinación continuada en los contratos de prestación de servicios suscritos con el SENA?

Reglas

  1. El contrato de prestación de servicios no puede usarse para cubrir indefinidamente necesidades permanentes o recurrentes de la entidad, pues su término debe ser estrictamente indispensable.

    «cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta»
  2. El cumplimiento de un horario y de instrucciones de los superiores son condiciones válidas para el desarrollo de funciones contratadas y no prueban por sí solos la subordinación.

    «condiciones válidas para el desarrollo de las funciones asignadas»
  3. En estos asuntos la carga de la prueba de la relación laboral encubierta corresponde a quien pretende demostrarla.

    «la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la»
  4. La extensión de contratos de prestación de servicios durante años no resulta suficiente por sí sola para acceder a las pretensiones si no se acredita la subordinación continuada.

    «no resultaría suficiente para acceder a las pretensiones de la»
  5. Las reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 constituyen precedente vinculante para los casos de relación laboral encubierta por contratos de prestación de servicios.

    «constituyen precedente vinculante en los términos de»

Decisión

Revoca la sentencia del tribunal que accedía a las pretensiones, niega las pretensiones de la demanda y condena en costas de segunda instancia a la parte demandante, liquidables por el a quo.

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 12 de junio de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Libardo Vera Bermúdez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales deben ser liquidadas por el a quo. Cuarto. Reconocer personería jurídica a la abogada Edith Pilar Bello Velandia, como apoderada de la parte demandada. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-04575-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
de 12 de junio de 2014, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Libardo Vera Bermúdez, mediante apoderado, formuló
demanda en orden a que se declare la nulidad del oficio 2-2013-002777, de 15 de febrero
de 2013, expedido por el subdirector del Centro de Servicios Financieros del Servicio
Nacional de Aprendizaje (en adelante Sena), a través del cual se le negó el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral y el pago de las respectivas acreencias laborales
derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre él y el Sena existió una relación laboral entre el 14 de agosto de 1996
y el 30 de junio de 2011; ii) ordenar a la demandada a pagar todas las acreencias laborales
y prestacionales no devengadas en ese período (diferencias salariales, horas extra,
recargos nocturnos y dominicales); y, iii) ordenar el pago de las cesantías, intereses a las
cesantías, las primas de servicios, navidad y vacaciones; la sanción moratoria por no
consignar a un fondo de cesantías y demás emolumentos dejados de percibir, teniendo en
cuenta las prestaciones de los empleados del Sena del mismo grado y categoría.

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Radicación: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Entre el 14 de agosto de 1996 y el 30 de junio de 2011, el señor Libardo Vera Bermúdez
suscribió con el Sena un total de 45 contratos sucesivos de prestación de servicios, para
ofrecer sus labores como instructor.

ii) Durante el tiempo en que estuvo vinculado, el señor Vera Bermúdez prestó sus servicios
de manera personal y, por ellos, percibió una remuneración económica, cuyo último valor
ascendió a $ 3.000.000,00.

iii) El demandante cumplió con un horario de labores en diferentes turnos: de 6:00 a.m. a
12:00 p.m., de 12:30 p.m. a 6:00 p.m., de 6:30 p.m. a 10:00 p.m., y de 10:30 p.m. a 6:00
a.m.; de lunes a viernes y, ocasionalmente, sábados y domingos.

iv) El cargo que desempeñó el señor Vera tenía atribuidas idénticas circunstancias de
tiempo, calidad, modo y lugar, respecto de las labores ejercidas por un instructor grado 20
del Sena.

v) El desarrollo de sus funciones estaba sujeto a las órdenes de sus superiores, en este
caso, de los supervisores del Sena; por lo que en todo momento estuvo sometido a
subordinación y dependencia.

vi) El 30 de enero de 2013, el señor Vera Bermúdez solicitó al Sena el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral y el pago de las respectivas acreencias laborales.

vii) El 15 de febrero de 2013, mediante el oficio 2-2013-002777, expedido por el subdirector
del Centro de Servicios Financieros del Sena, se le respondió negativamente a la anterior
solicitud.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29, 48, 53 y 122 a 131 de la
Constitución; 15, 16 y 1518 del Código Civil; 2 del Decreto 2400 de 1968; 7 del Decreto
1950 de 1973; y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El acto administrativo demandado vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, al
negar el reconocimiento y pago de los emolumentos prestacionales causados como
consecuencia de la relación laboral causada entre el Sena y el señor Vera Bermúdez.
ii) La entidad demandada desnaturalizó el contrato de prestación de servicios de que trata
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues se sirvió de esta figura para vincular, de forma
precaria al actor, para «ejecutar funciones permanentes propias de la institución», en una
relación de evidente subordinación y dependencia.

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Radicación: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez

iii) El Sena desconoció la restricción establecida por los artículos 2 del Decreto 2400 de
1968 y 7 del Decreto 1950 de 1973, los cuales prohíben la celebración de contratos de
prestación de servicios para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente.

iv) Las labores realizadas por el demandante fueron permanentes por más de 14 años,
mediante contratos sucesivos que se desarrollaron para ejecutar la misma función de
aprendizaje propio de los instructores de planta del Sena.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada del Sena, en su escrito de contestación,1 se opuso a las pretensiones de la
demanda, por las razones que se expresan a continuación:

i) La Administración está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios con
personas naturales, cuando la planta de personal no alcance para atender el
funcionamiento normal de la entidad. En ese sentido, puesto que la demanda de los
alumnos en el Sena es incierta, la institución se ve obligada, cada anualidad, a contratar
instructores bajo la autorización de la ley.

ii) La vinculación del señor Vera Bermúdez fue temporal y por el tiempo necesario para
dictar el número de horas de formación profesional contratadas. Así, en cada contrato, las
horas variaban en función de las necesidades de la entidad.

iii) Los instructores deben cumplir unos horarios concretos, pues las horas que imparten a
los alumnos las planifica el Sena, no ellos. De ahí que la vigencia de los contratos tuviera
carácter temporal, según el ciclo (horas) de formación de los alumnos.

iv) Los instructores del Sena han sido contratados para ejecutar una obligación de hacer,
consistente en instruir y enseñar a los aprendices, en razón de su experiencia, capacitación
y formación profesional. El instructor, por lo tanto, tiene autonomía e independencia en el
desarrollo y forma de impartir y transmitir su conocimiento a los alumnos.

v) No existió subordinación o dependencia del demandante. En su lugar, se presentó
coordinación entre las partes para garantizar la efectiva prestación de los servicios
contratados, ya que en muchas ocasiones se requiere que el servicio sea prestado en
determinado horario y en las instalaciones del Sena, por tratarse de labores de formación
académica.

vi) No propuso excepciones.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante
sentencia proferida el 12 de junio de 2014,2 accedió a las pretensiones de la demanda, con

1
Folios 68 al 84.
2
Folios 201 al 222, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

sustento en las siguientes consideraciones:

i) Está demostrado que el señor Vera Bermúdez fungió como instructor del Sena, a través
de 45 contratos sucesivos de prestación de servicios, entre el 14 de agosto de 1996 y el 30
de junio de 2011.

ii) Se pudo establecer que, si bien demandante suscribió con la entidad demandada
distintos contratos y órdenes de prestación de servicios, el vínculo entre las partes presentó
las características propias de una relación laboral, toda vez que:

a) El actor impartió personalmente sus servicios como instructor del Sena, en el área de
Contabilidad y Finanzas, conforme a los lineamientos establecidos por esa entidad.

b) Por la ejecución de cada objeto contractual, el demandante recibió una contraprestación
económica equivalente a honorarios.

c) Las labores desarrolladas por el actor eran propias de la actividad misional que realizaba
la entidad demandada.

d) De acuerdo con los testimonios recibidos, se configura el elemento de la subordinación,
por cuanto el demandante no podía ausentarse de su sitio de trabajo sin el permiso previo
de los coordinadores académicos del Sena; tenía que cumplir un horario laboral de más de
8 horas diarias y, ocasionalmente, en jornada completa los sábados y domingos.
Adicionalmente, debió atender a las directrices de los coordinadores académicos, a quienes
debía rendirles un informe mensual de su actividad.

Sumado a ello, se aprecian memorandos suscritos por el jefe de Servicios Financieros del
Sena dirigidos al accionante, donde se le citaba a reuniones de carácter obligatorio con el
fin de dar a conocer el plan académico a desarrollar y los cursos asignados para dictar las
clases, entre otros instructivos.

iii) Las razones anteriores y el hecho de que el demandante no desarrolló funciones
meramente temporales, pues estuvo vinculado por más de 14 años con la demandada,
evidencian la voluntad de la entidad de contratarlo de manera permanente y continua para
prestar sus servicios como instructor, con lo cual se desnaturalizó una de las características
del contrato de prestación de servicios como lo es la temporalidad.

iv) Configurados los elementos de la relación laboral, debe declararse la nulidad del acto
demandado y ordenarse, a título indemnizatorio, el reconocimiento y pago del valor
equivalente a los salarios y prestaciones sociales que devenga un instructor del Sena, así
como los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar
al fondo correspondiente durante el periodo acreditado.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

1.4. El recurso de apelación3

La parte demandada, por conducto de su apoderada, interpuso el recurso de apelación para
solicitar revocar la sentencia de primer grado y negar las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:

i) La valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
determinar la existencia del elemento de la subordinación fue errónea y selectiva de ciertos
testimonios.

ii) Debe valorarse nuevamente la declaración del señor Armando Palencia Gómez, pues
este nunca afirmó que ejerciera funciones de supervisión o de autoridad sobre el
demandante.

iii) Conviene revisar el testimonio del señor Enrique Rodríguez Baracaldo, en tanto no fue
claro en precisar las razones por las cuales afirmó haber sido jefe del señor Vera Bermúdez.

iv) La declaración del señor Héctor Romero Rey no es concluyente para determinar la
subordinación a la que presuntamente estaba sometido el demandante.

v) La sentencia recurrida, además, omitió valorar los testimonios de los señores Manuel
Sendoya Millán y José Eduardo Flores Rojano, ambos exempleados del Sena, quienes
sostuvieron que el accionante no cumplió con un horario de ocho horas diarias.

vi) La vinculación del actor con la entidad fue por contrato de prestación de servicios, con
carácter temporal y autónomo, pues en el desarrollo de su actividad no tenía subordinación
o dependencia y cumplía con un horario en relación con la función para la que fue
contratado.

vii) Los contratos de prestación de servicios que suscribe el Sena con los instructores
especializados obedecen a la demanda que, anualmente, se determina en función de la
matriculación de alumnos para cada programa, tal como lo autoriza el artículo 32 de la Ley
80 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Del demandante

El señor Libardo Vera Bermúdez, por conducto de apoderado, solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, en razón de que, tal como lo encontró probado el tribunal, entre él y
la demandada sí existió una relación laboral, personal, permanente, subordinada y
dependiente, originada en la desnaturalización de los contratos sucesivos de prestación de
servicios, suscritos desde el 14 de agosto de 1996 hasta el 30 de junio de 2011.4

3
Folios 311 al 318.
4
Folios 254 al 267.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

1.5.2. De la demandada

El apoderado del Sena reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
y en el recurso de apelación. En ese sentido, pidió tener en cuenta el hecho de la
«imposibilidad material [de la entidad] de mantener personal de planta de manera
permanente para atender necesidades de servicio que son inciertas, si se tiene en cuenta
que no se tiene definido el volumen de estudiantes que integran los programas ofrecidos». 5

1.6. El ministerio público

Guardó silencio, según constancia visible en el folio 288.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. Por su parte, en atención al contenido del
artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
motivos de inconformidad expuestos en el respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la parte demandada en la alzada, corresponde a la Sala
resolver si entre el señor Libardo Vera Bermúdez y el Servicio Nacional de Aprendizaje
existió una relación laboral encubierta o subyacente desde el 14 de agosto de 1996 hasta
el 30 de junio de 2011. De ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esta.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

5
Folios 284 al 287.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-6 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización7, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para

6
Aprobada el 11 de abril de 1919.
7
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por
tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso
compiladas en el Decreto 1082 de 2015,8 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:

8
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados».9

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».10

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado publico a quien
prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta
Política.11

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y

9
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso de
trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
10
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral
3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite
por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo
contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias
que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino
como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un
concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.12

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,13 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
13
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3.2.3. Prestación personal del servicio. La labor encomendada al presunto contratista
debe ser prestada de forma personal y directamente por este;14 pues, gracias a sus
capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo
que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de
sus actividades en terceras personas.15

2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.

2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el
objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».16

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla

14
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
15
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.17

2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.18

2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación anteriores constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante

i) El señor Libardo Vera Bermúdez tuvo las siguientes vinculaciones contractuales con el
Servicio Nacional de Aprendizaje, para prestar sus servicios como instructor en el Centro
de Servicios Financieros de la regional Distrito Capital:19

Contrato núm. Inicio Finalización Duración Objeto
Prestación de servicios profesionales impartiendo
200 horas de formación en la especialidad de
ODT-1778 14-08-1996 Hasta agotar presupuesto Técnico en Contabilidad y Finanzas y Auxiliar de
Contabilidad.
Prestación de servicios profesionales impartiendo
100 horas de formación en la especialidad de
ODT-2058 15-11-1996 Hasta agotar presupuesto Técnico en Contabilidad y Finanzas y Auxiliar de
Contabilidad.
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-143 28-02-1997 Hasta agotar presupuesto 352 horas de formación en la especialidad de
Administración Financiera.

18
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.
19
Folios 34 al 38.

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14
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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

Prestación de servicios profesionales impartiendo
3 meses o hasta agotar
ODT-884 29-08-1997 500 horas de formación en la especialidad de
presupuesto Administración Financiera.

Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-363 07-04-1998 Hasta agotar presupuesto 400 horas de formación en la especialidad de
Administración Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
Adición ODT-
06-07-1998 Hasta agotar presupuesto 100 horas de formación en la especialidad de
363 Administración Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-939 30-09-1998 Hasta agotar presupuesto 540 horas de formación en la especialidad de
Administración Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
Adición ODT-
23-12-1998 Hasta agotar presupuesto 100 horas de formación en la especialidad de
939 Administración Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-351 12-08-1999 Hasta agotar presupuesto 340 horas de formación en el área de
Administración, Contabilidad y Costos
Prestación de servicios profesionales impartiendo
Adición ODT-
04-11-1999 Hasta agotar presupuesto 170 horas de formación en el área de
351 Administración, Contabilidad y Costos
Prestación de servicios profesionales impartiendo
500 horas de formación en el área de
ODT-716 09-12-1999 Hasta agotar presupuesto Administración, Contabilidad, Costos, Introducción
al Derecho y Tributaria
Prestación de servicios profesionales impartiendo
Adición ODT- 250 horas de formación en el área de
26-04-2000 Hasta agotar presupuesto Administración, Contabilidad, Costos, Introducción
716
al Derecho y Tributaria
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-765 15-09-2000 Hasta agotar presupuesto 420 horas de formación en el área de Presupuesto
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-091 19-02-2001 Hasta agotar presupuesto 240 horas de formación en el área Administración
Básica en Seguros
Prestación de servicios profesionales impartiendo
180 horas de formación en el área de Asistente
ODT-739 22-08-2001 Hasta agotar presupuesto Operativo Financiero en el bloque modular de
Contabilidad General I
Prestación de servicios profesionales impartiendo
280 horas de formación en el área de Contabilidad
ODT-1019 13-11-2001 Hasta agotar presupuesto y Finanzas en los bloques modulares de
Contabilidad General I y Tributaria II
Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-1395 28-12-2001 Hasta agotar presupuesto 360 horas de formación en el área de Contabilidad
y Finanzas
3 meses o hasta agotar Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-835 14-12-2001 240 horas de formación integral en los bloques
presupuesto modulares de Contabilidad General II
6 meses o hasta agotar Prestación de servicios profesionales impartiendo
ODT-1204 27-12-2002 960 horas de formación integral en los bloques
presupuesto modulares de Contabilidad General II
Prestación de servicios profesionales impartiendo
4 meses o hasta agotar 300 horas de formación integral en los bloques
ODT-522 26-09-2003 modulares de Contabilidad General y Análisis
presupuesto
Financiero
Prestación de servicios profesionales impartiendo
6 meses o hasta agotar 688 horas de formación profesional integral en los
ODT-957 31-12-2003 bloques modulares de Contabilización de los
presupuesto
Recursos de Operación, Inversión y Financiación
Prestación de servicios profesionales impartiendo
1 mes o hasta agotar
ODT-118 08-06-2004 170 horas de formación profesional integral en el
presupuesto área de Contabilidad y Finanzas
Prestación de servicios profesionales impartiendo
5 meses y 15 días o hasta 810 horas de formación profesional integral en los
ODT-508 22-07-2004 bloques modulares de Gestión Contable y
agotar presupuesto
Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
2 meses y 15 días o hasta 500 horas de formación profesional integral en la
ODT-755 12-11-2004 Unidad de Aprendizaje de Contabilización de los
agotar presupuesto
Recursos Financieros
Prestación de servicios profesionales impartiendo
6 meses o hasta agotar
ODT-1113 28-12-2004 1200 horas de formación profesional integral en el
presupuesto área de Gestión Contable

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15
Radicación: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez

Prestación de servicios profesionales impartiendo
6 meses y 15 días o hasta 900 horas de formación profesional integral en los
069 23-06-2005 bloques modulares de Contabilización de los
agotar presupuesto Recursos Financieros de Operación, Preparación y
Presentación de Estados Financieros
Prestación de servicios profesionales impartiendo
600 horas de formación profesional integral en el
6 meses o hasta agotar
138 29-11-2005 programa de Gestión Contable y Financiera en los
presupuesto bloques modulares de Contabilización de
Recursos de Operación, Inversión y Financiación
Prestación de servicios profesionales impartiendo
7 meses o hasta agotar 600 horas de formación profesional integral en el
012 13-01-2006 programa de Gestión Contable y Financiera en los
presupuesto bloques modulares de Contabilización de
Recursos de Operación, Inversión y Financiación
Prestación de servicios profesionales impartiendo
2 meses o hasta agotar 300 horas de formación profesional integral en el
Adición 012 26-07-2006 programa de Gestión Contable y Financiera en los
presupuesto bloques modulares de Contabilización de
Recursos de Operación, Inversión y Financiación
Prestación de servicios profesionales impartiendo
4 meses o hasta agotar 800 horas de formación profesional integral en el
158 05-10-2006 programa de Informática de los bloques modulares
presupuesto de Aplicaciones a las Finanzas e Información
Básica
Prestación de servicios profesionales impartiendo
2 meses o hasta agotar 400 horas de formación profesional integral en el
Adición 158 12-12-2006 programa de Informática de los bloques modulares
presupuesto de Aplicaciones a las Finanzas e Información
Básica
Prestación de servicios profesionales impartiendo
400 horas de formación profesional integral en el
4 meses o hasta agotar
064 16-03-2007 programa de Informática de los bloques modulares
presupuesto de Aplicaciones a las Finanzas e Información
Básica
Prestación de servicios profesionales impartiendo
4 meses o hasta agotar 300 horas de formación profesional integral en el
258 10-07-2007 programa de Informática Básica de los bloques
presupuesto
modulares de Aplicaciones a las Finanzas
2 meses y 15 días o hasta Prestación de servicios profesionales impartiendo
331 07-09-2007 300 horas de formación profesional integral en el
agotar presupuesto programa de Informática Aplicada a las Finanzas
Prestación de servicios profesionales impartiendo
1 mes o hasta agotar
Adición 331 24-10-2007 300 horas de formación profesional integral en el
presupuesto programa de Informática Aplicada a las Finanzas
Prestación de servicios profesionales impartiendo
1 mes y 15 días o hasta
450 20-11-2007 150 horas de formación profesional integral en el
agotar presupuesto programa de Informática Aplicada a las Finanzas
Prestación de servicios profesionales impartiendo
960 horas de formación profesional integral en el
6 meses o hasta agotar
030 01-02-2008 programa de Técnico Profesional en Gestión
presupuesto Contable de los bloques de Análisis Financiero de
la Información Contable y Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
4 meses o hasta agotar 600 horas de formación profesional integral en el
420 15-08-2008 programa de Técnico Profesional en Gestión
presupuesto Contable de los bloques de Contabilización de los
Recursos de Operación Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
99 horas de formación profesional integral en el
25 días o hasta agotar
Adición 420 18-11-2008 programa de Técnico Profesional en Gestión
presupuesto Contable de los bloques de Contabilización de los
Recursos de Operación Financiera
Prestación de servicios profesionales impartiendo
972 horas de formación profesional integral en el
6 meses o hasta agotar programa de Documentación y Registro de
034 22-01-2009 Operaciones Contables en los módulos de
presupuesto
Clasificación y Registro de la Información Contable
y Definición del tipo de Empresa
5 meses o hasta agotar Prestación de servicios profesionales impartiendo
593 21-07-2009 280 horas de formación profesional integral en el
presupuesto programa de Contabilidad e Impuestos en los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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16
Radicación: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez

bloques modulares de Documentación y Registro
de Operaciones Contables.
Prestación de servicios profesionales impartiendo
2 meses y 15 días o hasta
799 07-10-2009 200 horas de formación profesional integral en el
agotar presupuesto programa de Contabilidad e Impuestos
Prestación de servicios profesionales impartiendo
20 días o hasta agotar
946 10-12-2009 75 horas de formación profesional integral en el
presupuesto programa de Contabilidad e Impuestos
Prestación de servicios profesionales impartiendo
7 meses o hasta agotar
295 08-01-2010 840 horas de formación profesional integral en el
presupuesto programa de Contabilidad e Impuestos
Prestación de servicios profesionales impartiendo
270 11-02-2011 150 días 140 horas de formación profesional integral en el
programa de Contabilidad e Impuestos

ii) En las fechas 17 de septiembre de 1997, 12 de mayo de 1999, 9 de agosto de 2002, 6
de octubre de 2003, 27 de enero de 2004, 9 de febrero de 2004, 12 de febrero de 2004, 19
de febrero de 2004, 6 de diciembre de 2004, 9 de junio de 2005, 14 de octubre de 2005, 26
de octubre de 2005, 26 de octubre de 2006, 16 de abril de 2007, 17 de mayo de 2007, 14
de abril de 2009, 16 de junio de 2009 y 1 de marzo de 2011; el jefe de Servicios Financieros
de la entidad y distintos coordinadores enviaron al señor Libardo Vera Bermúdez (y a otros
contratistas) oficios y memorandos con el fin de informarle sobre la autorización para su
contratación, así como para invitarlo a participar en diferentes cursos de capacitación y/o
actualización de procesos relacionados con su actividad.20

iii) Los días 29 y 30 de abril de 2014,21 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual
se recibieron las declaraciones de los señores Manuel Sendoya Millán, Héctor Gonzalo
Romero Rey, Héctor Armando Palencia Gómez, Hugo Enrique Rodríguez Baracaldo y José
Eduardo Flórez Rojano, quienes, en lo relevante para el caso, manifestaron lo siguiente:

a) El señor Manuel Sendoya Millán, coordinador de carrera administrativa en el Centro de
Servicios Financieros del Sena. Sostuvo que conoce y conoció al demandante desde el año
2001; que las funciones que desarrolló el señor Vera Bermúdez fueron las de instructor;
que recibió órdenes de los coordinadores; que el lugar de trabajo era la sede del Sena en
la carrera 65 con 13 [de Bogotá]; que tenía un horario de labores, según la programación,
de 6:30 a.m. a 12:30 p.m., de 12:30 p.m. a 6:00 p.m., o de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.; que el
Sena facilitaba elementos tales como Tv, video o marcadores. A la pregunta de si al señor
Libardo Vera le hacían memorandos, contestó: «como a todos nos daban el horario y nos
daban las directrices de lo que debíamos hacer».

b) El señor Héctor Gonzalo Romero Rey, excontratista del Sena. Afirmó conocer al señor
Vera Bermúdez desde el 2008, cuando era también contratista. Sobre el vínculo del
demandante con la entidad, señaló que este se desempeñó como instructor del curso de
Contabilidad General; que sus superiores eran los coordinadores de la parte contable; que
su horario era de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.; que el lugar de trabajo era la sede del Sena en la
carrera 65 con calle 13 [de Bogotá]. A la pregunta de si el demandante recibía órdenes o
instrucciones de sus superiores, contestó que «sí del coordinador». Respecto de qué tipo
de órdenes le imponían, sostuvo que «generalmente nos reunían a todos los instructores y
nos daban las órdenes (...) como entregar las guías por competencias, los lineamientos a
seguir, llenar formatos y llamar a lista (...)».

20
Folios 176 al 200.
21
Folios 135 al 147.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

c) El señor Héctor Armando Palencia Gómez, actual docente de universidad. Sostuvo
que conoció al demandante desde el año 1996, cuando él era supervisor de los contratistas
como el señor Vera. A la pregunta de si en su cargo de supervisor ejercía autoridad sobre
los contratistas, contestó: «el ejercicio de mi cargo era igual para persona de planta y
contratistas, ver los horarios, salones de alumnos, entregar materiales, talleres y guías (...)
orientarlos en los mismos criterios, como desarrollo de temas, talleres, evaluaciones, etc.
(...) a los de planta se evaluaba, y a los contratistas, no». Sobre el horario de actividades,
afirmó que el demandante asistía de 6:00 a.m. en adelante, y algunas veces, cumplía turnos
de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. A la pregunta de cuáles eran las instrucciones que impartía,
señaló que «las instrucciones eran por módulos, le dábamos los medios de apoyo en la
biblioteca y el horario a cumplir, y la obligación del comité de seguimiento a los estudiantes
le dábamos un material pedagógico para la formación de los estudiantes (...)». Respecto
de la obligación de permanecer en el lugar de trabajo luego de cumplidas las horas
asignadas, respondió: «no era obligación, pero las 6 horas estaban en un horario, el resto
de tiempo para calificar trabajos u otras cosas, no estaban dentro de esas 6 horas, el
contratista trabajaba más de 6 horas».

d) El señor Hugo Enrique Rodríguez Baracaldo, contador público y revisor fiscal. Declaró
conocer al demandante desde 1996, cuando era «su jefe». Sobre esto último, sostuvo:
«teníamos que ubicarlo en un horario, suministrarle marcadores y demás elementos de
trabajo, y trabajar dentro de unos lineamientos establecidos como la metodología; sino
cumplía las funciones se informaba a un coordinador de contratistas (...)». A la pregunta de
por qué era jefe, señaló lo siguiente: «yo como profesional, a pesar de ser contrato de
servicios (sic) debo recibir directrices de una persona, que es el coordinador. Cuando uno
maneja un grupo de contratistas se vuelve costumbre indicarles a ellos las cosas y llamarles
la atención; uno les dice las cosas que no son correctas (...)».

e) El señor José Eduardo Flórez Rojano, actual docente universitario. Sostuvo conocer al
demandante desde hace «8 o 9 años». A la pregunta de si fue instructor del Sena, indicó
que sí lo fue, y que en los últimos años, tuvo funciones de coordinador. Respecto del horario
del señor Vera, señaló que «no superaba las 8 horas diarias». Sobre si el demandante
cumplía órdenes, respondió lo siguiente: «el servicio era impartir formación; nosotros
estábamos para que se cumpliera el servicio prestado al estudiante (...)».
2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 30 de enero de 2013, el señor Libardo Vera Bermúdez, mediante derecho de petición,
solicitó al director general del Sena el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral y el pago de las respectivas acreencias laborales.22

ii) El 15 de febrero de 2013, mediante el oficio 2-2013-002777, expedido por el subdirector
del Centro de Servicios Financieros del Sena, se le respondió negativamente a la anterior
solicitud.23

22
Folios 92 al 95.
23
Folios 102 al 105.

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Demandante: Libardo Vera Bermúdez

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que la inconformidad del apelante se circunscribe a cuestionar la
configuración de la relación laboral entre las partes, particularmente el elemento de la
subordinación, la Sala procederá con su examen, a la luz de los criterios establecidos en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

Así las cosas, para resolver la alzada, se deben responder al siguiente interrogante:

2.5.1. ¿Existió entre el demandante y el Servicio Nacional de Aprendizaje una relación
laboral encubierta que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente se advierte que el
demandante estuvo vinculado con el Sena, donde prestó sus servicios profesionales para
diferentes especialidades de las áreas de Contabilidad y Finanzas. No obstante, de las
órdenes y contratos de prestación de servicios, por sí solos, no es posible determinar los
tiempos o periodos efectivamente laborados por él, y que permitan concluir la prestación
continua e ininterrumpida de su servicio.

Sentado lo anterior, para el análisis de la subordinación continuada, se tiene lo siguiente:

2.5.1.1. Subordinación continuada

Siguiendo los lineamientos consolidados en la mencionada sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021, en el presente caso son indicios de la subordinación continuada los
siguientes:

i) El lugar de trabajo. De acuerdo con los testimonios de los señores Manuel Sendoya
Millán y Héctor Gonzalo Romero Rey, el señor Vera Bermúdez acudía a las instalaciones
del Sena ubicadas en la carrera 63 con calle 13, en la ciudad de Bogotá.

ii) El horario de labores. Conforme a las declaraciones coincidentes de los testigos Manuel
Sendoya Millán y Héctor Gonzalo Romero Rey, este era de 6:00 a.m. a 12:00 p.m., y, según
el señor Héctor Armando Palencia Gómez, podía extenderse a horas de la tarde; por lo que
puede inferirse que oscilaba entre seis y ocho horas diarias, de lunes a viernes, y,
eventualmente, con jornadas nocturnas de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., así como algunos fines
de semana.

Ahora bien, para la Sala, tales declaraciones no pueden considerarse, per se, con vigor
probatorio suficiente para demostrar la imposición de un horario laboral al contratista, pues,
al no haberse aportado ningún otro soporte probatorio (p.ej. cuadros de turnos, de
reuniones, etc.) que corrobore una estricta exigencia por parte de la entidad demandada,
debe tenerse como un indicio, pero no necesariamente unívoco, concluyente y
determinante de la subordinación, ya que también puede inferirse, razonablemente, que el
señor Libardo Vera cumplía ese horario motu proprio,24 puesto que, se itera, al no

24
De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas actividades de la Administración (...)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas (...)».

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presentarse prueba fehaciente del inicio y terminación de la presunta jornada, cabe
igualmente considerar que, una vez terminadas sus labores, aquel podía dar por finalizada
la prestación de su servicio.

Con todo, conviene recordar que el establecimiento de un horario surge como parámetro
natural y lógico de la coordinación necesaria para llevar a buen término el objeto de los
contratos; sobre todo en los casos de los profesionales asignados para la prestación de
servicios de instrucción educativa, donde la marcha diaria de estudiantes requiere de
armonizar las horas contratadas con los turnos necesarios para atender a los distintos
cursos con sus respectivas asignaturas y demandas.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. De acuerdo con la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su inserción en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta
ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual».

Pues bien, a partir de la lectura del objeto de los distintos contratos de prestación de
servicios suscritos por el actor con el Sena, así como del análisis de las declaraciones
presentadas por los cinco testigos, esta Sala, contrario a lo considerado por el a quo, no
logra determinar que la entidad demandada hubiese ejercido en el actor una influencia
decisiva sobre las condiciones en que este llevó a cabo sus actividades profesionales.

En efecto, aunque el direccionamiento o control de las actividades del actor se pretende
probar con los testimonios de los señores Manuel Sendoya Millán y Héctor Gonzalo Romero
Rey, en cuanto compañeros de actividad, y de Héctor Armando Palencia Gómez, Hugo
Enrique Rodríguez Baracaldo y José Eduardo Flórez Rojano, supervisor, «jefe» y
coordinador respectivamente, lo cierto es que el conjunto de ellos, lejos de representar
circunstancias que demuestren la presunta existencia de esas conductas subordinantes,
evidencian que las condiciones en las que el señor Vera Bermúdez llevó a cabo sus labores
corresponden a las propias de la profesión instructiva.

De hecho, obsérvese que, en ningún momento, los testigos compañeros del actor (Manuel
Sendoya Millán y Héctor Gonzalo Romero Rey) llegaron a afirmar, categóricamente, que la
entidad o sus representantes hubiesen influido decisivamente en la forma en que el actor
ejecutaba sus obligaciones contractuales, pues, sus declaraciones del tipo «como a todos
nos daban el horario y nos daban las directrices de lo que debíamos hacer» 25 o
«generalmente nos reunían a todos los instructores y nos daban las órdenes (...) como
entregar las guías por competencias, los lineamientos a seguir, llenar formatos y llamar a
lista (...)»,26 no representan la existencia de circunstancias que evidencien un
direccionamiento efectivo del Sena sobre la forma, cantidad, método, contenido o siquiera
duración de los módulos de Gestión Contable y Financiera o Contabilidad y Finanzas que
ofertaba el señor Vera Bermúdez.

25
Manuel Sendoya Millán.
26
Héctor Gonzalo Romero Rey.

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Por su parte, el supervisor Héctor Armando Palencia Gómez, al señalar que «las
instrucciones eran por módulos, le dábamos los medios de apoyo en la biblioteca y el
horario a cumplir, y la obligación del comité de seguimiento a los estudiantes le dábamos
un material pedagógico para la formación de los estudiantes (...)», lo que representa es la
existencia de una coordinación de actividades entre una parte contratante de servicios
profesionales de instrucción educativa y otra parte ofertante de ellos, en la cual, la última,
debe acogerse, necesariamente, a unos lineamientos mínimos que permitan armonizar sus
labores con las de los demás contratistas y, lógicamente, con los objetivos de la entidad.

En el mismo sentido apuntan las declaraciones de los señores Hugo Enrique Rodríguez
Baracaldo y José Eduardo Flórez Rojano («jefe» y coordinador), que con manifestaciones
tales como «teníamos que ubicarlo en un horario, suministrarle marcadores y demás
elementos de trabajo, y trabajar dentro de unos lineamientos establecidos como la
metodología»27 y «el servicio era impartir formación; nosotros estábamos para que se
cumpliera el servicio prestado al estudiante (...)»28 no demuestran que las obligaciones del
contratista debieron ejecutarse en forma diferente a la convenida en los contratos de
prestación de servicios, pues si bien permiten advertir la existencia de una cierta supervisión
(esperada en este tipo de contratación), también ofrecen evidencia de que esta no tenía el
alcance suficiente para interpretarse como un control o direccionamiento de las labores del
señor Vera Bermúdez, puesto que ciertas instrucciones (como rendir informes mensuales,
pasar planillas o hacer la planeación académica del curso), no pueden considerarse, per
se, como circunstancias de subordinación laboral, en tanto forman parte de la actividad
académica y, por ende, de las relaciones de coordinación entre contratista y contratante.

Es más, nótese que el señor Rodríguez Baracaldo, quien fuera coordinador del
demandante, afirmó que «se vuelve costumbre indicarle a ellos las cosas y llamarles la
atención; uno les dice las cosas que no son correctas (...)»; de donde puede inferirse que,
de haber habido algún tipo de corrección por parte de los supervisores al demandante, esta
obedeció a una «costumbre» surgida entre aquellos, pero no a una directriz o procedimiento
establecido por la propia entidad demandada. Por lo tanto, el demandante sí contaba con
autonomía técnica, respecto de la entidad, para dictar sus módulos instructivos.

En definitiva, las declaraciones recibidas no ofrecen mayores detalles de modo, tiempo y
lugar que permitan identificar la existencia de una dirección o control efectivo de las
actividades del supervisor sobre el contratista, o que esta, de haberse presentado, hubiese
sido continua.

Ahora bien, frente a los documentos relacionados en el hecho probado segundo, la Sala
observa que ninguno de ellos contiene algún elemento de direccionamiento o control
efectivo de las actividades del actor, pues, en puridad, se trata de memorandos o
notificaciones relacionadas con la aceptación de su vinculación como contratista y de
invitaciones para realizar ciertos cursos de adaptación o mejoramiento de las destrezas
para la ejecución de los nuevos objetos contractuales convenidos. En otras palabras, no
constituyen llamados de atención, sanciones, advertencias o algún otro tipo de directrices
que reflejen el poder disciplinario de la entidad sobre el demandante.

27
Hugo Enrique Rodríguez Baracaldo.
28
José Eduardo Flórez Rojano.

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Por todo lo anterior, en el sub lite, la parte accionante no logró demostrar que la prestación
del servicio se hubiera realizado con ausencia de autonomía, pues, se insiste, el
cumplimiento de un horario y la obligación de llevar a cabo ciertas instrucciones son
condiciones válidas para el desarrollo de las funciones asignadas; postura que reitera el
criterio de esta Subsección en relación con el elemento de la subordinación continuada:

En punto a la demostración de la subordinación debe recordarse que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no toda relación de servicios implica necesariamente
la existencia de este elemento, ya que entre contratante y contratista puede existir una
relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, como: a)
un horario; b) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; y, c) tener
que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.

Tales aspectos, que conciernen a la demostración del elemento subordinación, acorde con
criterios que rigen la actividad probatoria, pueden ser acreditados a través de documentos,
y testimonios de terceros, imparciales y directos que hubieren presenciado directamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron desarrolladas las actividades
realizadas por el demandante en cumplimiento de los contratos celebrados con la entidad
demandada, pues se hace indispensable para el fallador obtener certeza de la constante
sujeción a normas, reglamentos y directrices del contratante que impidan al contratista actuar
con total libertad en el cumplimiento del objeto contractual, empero, en el presente caso las
pruebas testimoniales no son diáfanas en acreditar los hechos indicadores de una
subordinación, específicamente la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, pues como quedó expuesto, las
declaraciones tan solo dan cuenta de un ejercicio normal de coordinación con el contratista,
además, las actividades o tareas a desarrollar no eran misionales de la entidad, sino de
apoyo operativo y de apoyo a la gestión.29

Por lo tanto, como dentro del plenario no reposan otras pruebas que evidencien que el Sena
haya influido de forma determinante en el desarrollo de las actividades del señor Vera
Bermúdez, o que esta influencia, de haberse presentado, hubiese sido continua (como se
indicó en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021), la Sala, contrario a la
conclusión a la que arribó el a quo, no cuenta con argumentos probatorios suficientes que
le permitan formarse un convencimiento sobre la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente entre las partes.

Para finalizar, y en relación con el indicio de la temporalidad al que alude el numeral 3.º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, si bien es cierto que las distintas OPS se extendieron a lo
largo de 14 años, también lo es que ninguna de ellas precisó la fecha de su finalización;
estaban sujetas a las justificaciones de los estudios previos (que dependían de la demanda
anual de los estudiantes); contenían obligaciones distintas, en función, como se indicó, de
las solicitudes de cursos o asignaturas que los aprendices del Sena demandaban; y,
además, se pactaban por horas con largos interregnos entre cada una de ellas que reflejan
la necesidad, no permanente o intermitente, de los servicios prestados por el contratista.
Por ello, si bien no se desconoce que la relación contractual pudo haber excedido el término
estrictamente indispensable,30 en este caso no se logró acreditar el elemento de la
subordinación continuada, propio de las relaciones laborales, y, por lo tanto, la

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 7 de julio de 2022, radicado 2015 00183 01 (1023–2017); C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
30
Al respecto, véase la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

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temporalidad, en esos casos, no resultaría suficiente para acceder a las pretensiones de la
demanda.

En este punto, conviene recordar que el elemento de la subordinación requiere, para su
configuración, que este se ejecute de manera continua e ininterrumpida durante el
desarrollo del contrato, es decir, que exista una sujeción o dependencia constante de quien
presta el servicio respecto de su contratante, lo cual no fue demostrado en el presente caso.

Siendo así las cosas, queda resuelto el primer problema jurídico planteado y, por lo mismo,
no hay lugar a examinar los demás.

En consecuencia, siguiendo la postura pacífica de esta Subsección,31 según la cual en esta
clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la
existencia de la relación laboral, y dado que en el presente caso la parte demandante no
logró acreditar de forma contundente los elementos de una relación laboral subyacente o
encubierta, particularmente el de la subordinación continuada, la Sala considera que la
sentencia apelada debe ser revocada para, en su lugar, negar pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,32 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:

• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,33 la
Sala considera que en este caso debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia, toda vez que la parte demandante resultó vencida en sus pretensiones. Las
costas serán liquidadas por el a quo.34

31
Véase al respecto Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 47001 23 33 000 2014 00123 01 (3257-16), M.P.
William Hernández Gómez.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
33
Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
34
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:( ... )»

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23
Radicación: 25000234200020130457501 (2611-2016)
Demandante: Libardo Vera Bermúdez

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada no existió una relación
laboral subyacente o encubierta, razón por la cual no hay lugar a acceder a las pretensiones
de la demanda y, por lo tanto, la sentencia impugnada debe ser revocada. Se condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, de 12 de junio de 2014, que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Libardo Vera Bermúdez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales
deben ser liquidadas por el a quo.

Cuarto. Reconocer personería jurídica a la abogada Edith Pilar Bello Velandia, como
apoderada de la parte demandada.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones
en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT

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