Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01754-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01754-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01754-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01754-01 (6733-2024)
Demandante: Alejandra María Hernández Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01754-01 (6733-2024)
Demandante: Alejandra María Hernández Gutiérrez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA
Tema: Relación laboral encubierta/instructor
Decisión: Revoca sentencia apelada. En su lugar, niega pretensiones
por no acreditar subordinación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1 Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó declarar la nulidad de los oficios 2-2016-000604
del 14 de abril de 2016 y 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016, mediante los
cuales el SENA negó la existencia de una relación laboral encubierta con la
demandante y, como consecuencia, el pago de las prestaciones sociales
reclamadas.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la existencia del
contrato realidad entre las partes durante el período en que la demandante
cumplió sus actividades mediante contratos de prestación de servicios. A título
de restablecimiento del derecho, pidió el pago de las prestaciones sociales que
dejó de percibir, en condiciones equivalentes a las reconocidas al personal de
planta del SENA que desempeñaba funciones similares.
1
En adelante SENA.
2
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia.
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Demandante: Alejandra María Hernández Gutiérrez
4. Finalmente, solicitó la condena de las costas y agencias en derecho, así como
el cumplimiento de la condena en los términos que dispone la norma procesal
aplicable.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
5. La señora Alejandra María Hernández Gutiérrez celebró varios contratos de
prestación de servicios entre el 8 de septiembre de 2005 y el 15 de diciembre de
2013, con el fin de realizar actividades de instrucción en el área pecuaria.
6. Para la ejecución de los contratos, el SENA exigía su cumplimiento mediante
el sometimiento de la actora a instrucciones, órdenes, horario y rendición
periódica de cuentas ante el comité de evaluación.
7. La entidad contaba con personal de planta que realizaba actividades similares
de docencia, con la diferencia de que dichos funcionarios devengaban
prestaciones sociales y estaban vinculados mediante una relación legal y
reglamentaria, mientras que ella fue contratada, presuntamente de manera
ilegítima, mediante contratos de prestación de servicios.
8. Por lo anterior, la actora presentó reclamación administrativa el 1 de abril de
2016, con el propósito de que la entidad reconociera la existencia de la relación
laboral y ordenara el consecuente pago de las prestaciones sociales. Sin
embargo, la petición fue negada. Por esa razón, presentó solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, trámite que se declaró
fallido el 13 de octubre de 2016.
9. En consecuencia, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual fue remitida al Tribunal Administrativo de Antioquia. Esta
autoridad judicial inadmitió la demanda, debido a que no se había demandado el
oficio 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016, razón por la cual fue necesario
convocar nuevamente audiencia de conciliación prejudicial, que también fue
declarada fallida el 8 de mayo de 2017.
10. Superado el trámite de conciliación respecto de los dos actos administrativos,
se presentó la demanda que ahora se conoce en esta instancia.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
11. Como normas vulneradas se citaron los artículos 13, 29, 42, 43, 48, 83, 90 y
122 de la Constitución Política. Decretos 1437 de 2011 y 2158 de 1948, así como
la Ley 1564 de 2012.
12. En cuanto al concepto de violación, aun cuando los contratos referenciaban
que las actividades ejercidas eran transitorias, lo cierto era que se trataba de
funciones permanentes y misionales a la entidad, que estaban sujetas a su
direccionamiento, por lo que la actora estaba subordinada en cuanto a la manera
de desarrollar su servicio. En consecuencia, a través de estas vinculaciones se
configuró la existencia de una relación laboral encubierta que buscó desconocer
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los derechos fundamentales de la demandante, de donde deviene su derecho al
reconocimiento y pago a las prestaciones que ahora reclama.
1.4. Contestación de la demanda
13. El SENA contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En cuanto a los
hechos, indicó que, si bien suscribió contratos de prestación de servicios con la
actora, estos no tenían por objeto el cumplimiento de actividades permanentes y
no se configuró el elemento de subordinación.
14. Con base en lo anterior, propuso las siguientes excepciones de mérito: i)
ausencia del derecho sustancial por petición de modo indebido; ii) inexistencia de
un vínculo legal entre la indemnización pretendida y la conducta desplegada por
la entidad demandada; iii) caducidad de la acción; iv) prescripción de la acción;
v) inexistencia de relación laboral; vi) inexistencia de subordinación; vii) pago; viii)
falta de causa para pedir; y ix) excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal profirió sentencia el 17 de septiembre de 2024, mediante la cual
declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en consecuencia, negó
las pretensiones de la demanda.
16. Para arribar a esa conclusión, explicó que en el expediente reposaban dos
actos administrativos originados en peticiones que perseguían la misma finalidad.
En efecto, obraba constancia del oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016,
expedido en respuesta a la petición del 5 de abril de 2016, y del Oficio 2-2016-
005748 del 12 de mayo de 2016, mediante el cual se respondió la petición del 2
de mayo de 2016.
17. Respecto del primer acto —oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016—,
la actora solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación el 12 de agosto de 2016, trámite en el que se expidió constancia de no
acuerdo el 13 de octubre de 2016. Por lo tanto, so pena de configurarse la
caducidad, la actora contaba con dos días, esto es, hasta el 17 de octubre de
2016, para presentar la demanda.
18. Ahora bien, de las pretensiones se advierte que inicialmente solo se
demandó dicho acto administrativo el 18 de noviembre de 2016. Ese trámite
correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín,
bajo el radicado 05001-33-33-011-2016-00850-00, y fue remitido al Tribunal
Administrativo de Antioquia el 6 de diciembre de 20163. Esta autoridad judicial
inadmitió la demanda, por cuanto no se había presentado solicitud de conciliación
extrajudicial respecto del segundo acto administrativo4 sobre el cual la
administración ya había emitido pronunciamiento. En todo caso, para el momento
en que se presentó la demanda, la oportunidad para controvertir el primer acto
3
Se deja constancia que si bien en la sentencia proferida por el Tribunal no se deja constancia sobre si este proceso
culminó o no, revisado el expediente de ese proceso en el aplicativo SAMAI se evidencia que, debido a la no subsanación
de la demanda dentro del término dado por el Tribunal se rechazó la demanda el 27 de marzo de 2017. (Expediente bajo
radicado 05001233300020160272600).
4
Oficio 2-2016-005748 de 12 de mayo de 2016.
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administrativo ya había caducado, pues el término para demandarlo vencía el 17
de octubre de 2016.
19. De otra parte, con ocasión del segundo acto administrativo —oficio 2-2016-
005748 del 12 de mayo de 2016—, la demandante convocó nuevamente al SENA
a conciliación extrajudicial el 23 de marzo de 2017. La constancia de no acuerdo
se expidió el 8 de mayo de 2017 y, posteriormente, la demanda del proceso que
ahora se conoce se presentó el 28 de junio de 2017. En ella se demandaron los
dos actos administrativos proferidos por el SENA, esto es, el oficio 2-2016-
000604 del 14 de abril de 2016 y el oficio 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016.
20. Para el Tribunal, el acto desde el cual debía contabilizarse la caducidad de la
acción era el primero —esto es, el oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016—
en tanto las dos peticiones se presentaron con la misma finalidad.
21. Por lo tanto, la demandante tenía hasta el 17 de octubre de 2016 para
presentar la demanda; sin embargo, solo lo hizo hasta el 28 de junio de 2017,
esto es, cuando ya había operado la caducidad de la acción.
22. El Tribunal consideró que, aun si se tomara como punto de partida la
notificación del segundo acto administrativo —realizada el 12 de mayo de 2016 -
también se habría configurado la caducidad del medio de control.
1.6. Recurso de apelación5
23. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
24. Consideró que en este caso no se configuró la caducidad de la acción. Para
sustentar lo anterior, señaló que ella suscribió contratos con el SENA entre el 8
de septiembre de 2005 y el 15 de diciembre de 2013; que la reclamación
administrativa se presentó el 1 de abril de 2016; y que, con ella, se interrumpió el
fenómeno de la prescripción, por lo que el conteo de los tres años inició
nuevamente desde el 15 de abril de 2016, fecha en la que, según indicó, se dio
respuesta a la petición. De manera que «si bien cuando se demanda al Estado
en materia laboral se hace a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el mismo cuenta con un término de caducidad de
4 meses, este (…) no es aplicable en materia laboral (…)» (sic).
25. En ese sentido, censuró que se declarara la caducidad en la sentencia
apelada, dado que, en su criterio, la actora presentó la demanda dentro de los
tres años siguientes a la respuesta emitida por la entidad frente a la reclamación
administrativa.
26. Además, con esa decisión, el Tribunal soslayó que una de las pretensiones
era el reintegro al cargo que desempeñaba, así como los aportes a pensión que
deriven de una relación laboral, los cuales constituyen un derecho de carácter
irrenunciable.
5
Índice 65 aplicativo SAMAI primera instancia.
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27. Respecto de la relación laboral encubierta, consideró que dentro del
expediente existen elementos de juicio que la acreditan, dado que: i) las
actividades de la actora se realizaron bajo subordinación del SENA, en tanto
correspondían a funciones de docencia; y ii) los servicios se prestaron en las
instalaciones y con los equipos proporcionados por la entidad.
1.7. Trámite en segunda instancia
28. El recurso de apelación se admitió mediante auto del 16 de diciembre de 2024.
En dicho proveído se indicó que el Ministerio Público podía emitir concepto desde
la admisión del recurso y hasta antes de que el proceso ingresara nuevamente
al despacho para fallo. En esa oportunidad, la Procuraduría Delegada de
Intervención 7 emitió concepto en el que solicitó que se confirmara la sentencia
de primera instancia.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
30. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.
2.2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
32. ¿Se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción en el presente caso?
33. De ser negativo el anterior interrogante, se estudiará si ¿entre la señora
Alejandra María Hernández Gutiérrez y el SENA existió una relación laboral
encubierta en el período reclamado en la demanda?
34. En caso de que se encuentre probada la caducidad de la acción y probada la
relación laboral, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o en parte el
fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho al pago de
las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico – de la caducidad
35. Previo a realizar el análisis de fondo correspondiente, resulta necesario
precisar algunos aspectos relacionados con el fenómeno de la caducidad.
36. Sobre esta figura, debe destacarse que la Corte Constitucional ha preceptuado
que la caducidad es una institución jurídico-procesal que propende por la
protección del interés general, en la medida en que establece que el derecho de
acción de quien demanda se ejerza no en cualquier momento, sino en los
términos legalmente establecidos por el legislador, en aplicación de la libertad de
configuración normativa, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar la
paralización del tráfico jurídico8.
37. El artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d), dispone que la caducidad se
configura cuando la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se interpone dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.
38. No obstante, dicha regla debe interpretarse a la luz de lo establecido por esta
Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016, en la cual se sostuvo que, en los procesos en los que se pretenda el
reconocimiento de una relación laboral y, como consecuencia de ello, el pago de
aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, dichas
reclamaciones se encuentran exceptuadas tanto de la prescripción como de la
caducidad9.
39. En consecuencia, las pretensiones orientadas al reconocimiento de una
relación laboral y, a través de ello, al pago de aportes al sistema de seguridad
social en pensiones no se encuentran sometidas a las reglas de prescripción ni
de caducidad.
40. Sin embargo, la regla de unificación jurisprudencial solo cobija las
reclamaciones de carácter pensional. Por lo tanto, la procedencia de la caducidad
respecto de los demás derechos reclamados a título de restablecimiento del
derecho debe analizarse conforme a las reglas procesales vigentes; esto es,
particularmente en materia de caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo
164 del CPACA, numeral 2 literal d).
41. Esta interpretación guarda consonancia con lo que previamente ha señalado
esta Subsección, en el sentido de que, al estudiar la caducidad en demandas
dirigidas a obtener la declaratoria de una relación laboral, deben escindirse, por
una parte, las pretensiones sujetas a caducidad —como el reconocimiento de
bonificaciones, primas o sanciones moratorias— y, por otra, aquellas respecto de
8
Corte Constitucional C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9
En detalle, la sentencia al respecto dijo lo siguiente: « «En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad
del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados
y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo»
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las cuales no opera dicha figura, como ocurre con los aportes al sistema de
seguridad social10.
42. Por lo tanto, la Subsección considera que el estudio de la caducidad debe
realizarse de manera previa al análisis de la relación laboral. Lo anterior, en tanto
la caducidad constituye un presupuesto procesal para el ejercicio del derecho de
acción de la actora. Por ello, antes de abordar el estudio de fondo de las
pretensiones resulta necesario determinar si dicho fenómeno se configuró o no
y, en consecuencia, respecto de cuáles pretensiones se encuentra habilitada la
jurisdicción para emitir un pronunciamiento de fondo.
43. En efecto, no sería adecuado que la Sala abordara el estudio de determinadas
pretensiones bajo el argumento de que, en los asuntos en los que se solicita la
declaratoria de una relación laboral, su análisis debe realizarse con posterioridad
a la verificación de dicha relación, si respecto de algunas de ellas ya se hubiera
configurado la caducidad por no haberse presentado la demanda dentro de los
cuatro meses siguientes a la notificación o comunicación del acto administrativo
que resolvió definitivamente la situación jurídica.
44. De esa manera, la Subsección estima que los planteamientos de la recurrente
sobre la inaplicación de la caducidad en este caso son errados, debido a que
confunden la prescripción —y el término de tres años con el que se cuenta para
reclamar los derechos laborales— con la caducidad, entendida como
presupuesto procesal y extintivo para demandar judicialmente los derechos que
se consideran desconocidos. Por lo tanto, tales planteamientos serán
desestimados, sin perjuicio de que a continuación se estudie la caducidad, dada
su connotación de requisito de procedibilidad del fondo del asunto.
45. De otra parte, es necesario para el asunto bajo estudio indicar que, conforme
los artículos 137, 43 y 19 inciso segundo del CPACA, solo son demandables los
actos administrativos definitivos11 proferidos por la administración que resuelven,
por primera vez, una determinada materia, siempre que no guarden relación con
el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas. Por manera que los
pronunciamientos posteriores que la administración realice sobre el mismo
asunto no pueden ser objeto de control judicial, en la medida en que analizan
nuevamente una petición reiterativa ya resuelta por la administración, salvo que
introduzcan una decisión nueva o modifiquen la situación jurídica previamente
definida12.
46. En ese orden de ideas, la Sala estudiará si se configuró o no la caducidad
respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento de aportes pensionales:
47. Se observa en el expediente que la demandante presentó ante el SENA una
primera petición el 5 de abril de 2016, mediante la cual solicitó el reconocimiento
10
Ver por ejemplo Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente n.º 66001-23-33-000-2015-00124-
01 (4765- 2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de
julio de 2018. Expediente n.º 25000-23- 42-000-2017-01648-01 (4299-17) y 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19)
CP. Rafael Francisco Suárez Vargas y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre
de 2025. Expediente n.º 66001-23-33-000-2018-00083-02 (3918-2022) Jorge Iván Duque Gutiérrez.
11
Según el artículo 43 del CPACA, son actos definitivos aquellos la administración a través del cual se decide directa o
indirectamente el fondo de la petición o se haga imposible continuar con la misma.
12
Al respecto, véase al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección «B», auto de 13 de noviembre de 2025, 66001-23-33-000-2019-00168-01 (6517-2022), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
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de una relación laboral entre los años 2005 y 2013 y, como consecuencia de ello,
el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir13. Posteriormente, la
entidad profirió el Oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016, mediante el cual
negó la existencia de una relación laboral, en tanto consideró que entre las partes
existió un vínculo derivado de contratos de prestación de servicios 14. Respecto
de este acto administrativo, la demandante solicitó conciliación extrajudicial el 12
de agosto de 2016 y el acta de no acuerdo se expidió el 13 de octubre de 2016 15.
48. Asimismo, el 2 de mayo de 2016, la actora presentó otra petición en la que
solicitó, nuevamente, el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
entre los años 2005 y 2013 y, como consecuencia de ello, el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir durante ese periodo. Ante esto, el
SENA expidió el oficio 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016, mediante el cual
negó la petición, al indicar que entre las partes existió una relación contractual y
no laboral.
49. De acuerdo con los hechos y con la sentencia de primera instancia, la actora
presentó una primera demanda el 18 de noviembre de 2016. El trámite le
correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín, bajo el
radicado 05001-33-33-011-2016-00850-00; posteriormente, el proceso fue
remitido al Tribunal Administrativo de Antioquia, con reasignación del radicado
05001-23-33-000-2016-02726-00, el 6 de diciembre de 2016. Dicha autoridad
inadmitió la demanda mediante auto del 23 de enero de 2017, dado que no se
había presentado solicitud de conciliación extrajudicial respecto del segundo acto
administrativo proferido por el SENA, esto es, el oficio 2-2016-005748 del 12 de
mayo de 2016.
50. Aunque en la sentencia apelada el Tribunal no desarrolló lo ocurrido
posteriormente dentro del proceso 05001-23-33-000-2016-02726-00, la
Subsección estima necesario precisar que, consultado dicho radicado en el
aplicativo SAMAI, se observa que esa autoridad rechazó la demanda mediante
auto del 27 de marzo de 2017.
51. Posteriormente, la solicitud de conciliación extrajudicial respecto del segundo
acto administrativo, esto es, el oficio 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016, se
presentó el 23 de marzo de 2017, y el acta de no acuerdo se expidió el 8 de mayo
de 201716.
52. Finalmente, la demanda que activó la competencia del proceso que ahora se
conoce en esta instancia se presentó el 28 de junio de 2017.
53. Bajo el anterior contexto fáctico y normativo, la Sala concluye, al igual que el
Tribunal de instancia, que la demanda que activó la competencia del proceso que
ahora se conoce está afectada bajo el fenómeno de caducidad, dadas las
siguientes razones:
54. Como se indicó previamente, tanto en la primera petición, que dio lugar a la
expedición del oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016, como en la segunda,
13
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia. 001Demanda pág. 71
14
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia. 001Demanda pág. 76
15
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia. 001Demanda pág. 72
16
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia. 001Demanda pág. 80
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resuelta mediante el oficio 2-2016-005748 del 12 de mayo de 2016, la
demandante solicitó la declaratoria de una relación laboral con el SENA entre los
años 2005 y 2013 y el consecuente pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir durante ese período.
55. Por lo tanto, es claro que el segundo pronunciamiento de la administración se
produjo con ocasión de una petición reiterativa de la actora que, a la luz de lo
expuesto, no puede tomarse como fecha para contabilizar la caducidad, ni puede
ser objeto de control judicial, debido a que no resolvió de fondo inicialmente la
reclamación administrativa que sustenta las pretensiones que ahora se estudian.
56. En ese hilo, el control de legalidad en sede judicial únicamente debe hacerse
sobre el oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016, es decir, sobre el primer
acto administrativo proferido por la administración, ya que fue este el que resolvió
de fondo, en primera instancia, la situación jurídica que aquí se reclama como
desconocida —esto es, la existencia de la relación laboral y pago de prestaciones
sociales— y, por tanto, a partir del cual se contabilizará la caducidad de la acción.
57. En ese sentido, el oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de 2016 se notificó el
mismo 14 de abril de 2016 y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó
el 12 de agosto de 2016, esto es, cuando habían transcurrido 3 meses y 28 días
desde la notificación del acto administrativo, próximo a operar la caducidad.
58. De acuerdo con los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001 17, la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad
hasta que se expida el acta de conciliación o la constancia de no acuerdo. De
esa manera, una vez la Procuraduría profirió, el 13 de octubre de 2016, la
constancia de no acuerdo respecto del oficio 2-2016-000604 del 14 de abril de
2016, la actora contaba con dos días para presentar la demanda, esto es, hasta
el 18 de octubre de 2016, so pena de configurarse la caducidad.
59. Lo anterior, dado que, si bien los dos días restantes se cumplían el 15 de
octubre de 2016, dicha fecha correspondió a un sábado, esto es, a un día inhábil
para presentar la demanda. Lo mismo ocurrió con el día siguiente, 16 de octubre,
que fue domingo, y con el lunes 17 de octubre, que fue feriado. Por lo tanto, de
conformidad con el artículo 62 de la Ley 4 de 191318, el vencimiento del término
debía extenderse hasta el día hábil siguiente, esto es, el 18 de octubre de 2016.
Sin embargo, la demanda solo fue presentada el 28 de junio de 2017, esto es,
más de 8 meses después de la expedición del acta de no acuerdo conciliatorio.
60. En consecuencia, la Subsección encuentra que la demanda se halla afectada
por el fenómeno de la caducidad, razón por la cual se declarará probada esta
excepción respecto de las pretensiones orientadas a obtener el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir por la actora durante el
período en que afirmó haber existido una relación laboral con el SENA. Tales
17
Norma vigente para el momento de la realización de este trámite. Teniendo en cuenta que fue derogada posteriormente
por la Ley 2220 de 2022.
18
Recuérdese que, conforme este artículo, es necesario distinguir si los plazos están señalados en días, meses o años:
(i) en el caso que se fijen en días, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes a menos que se exprese lo contrario
y (ii) si es meses o años, como lo son los términos de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (4 meses) o reparación directa (2 años), «se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o
de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil». Por lo tanto, cuando se trate de este último evento, la
extensión del plazo dado por la ley, cuando termine en un día inhábil, será el día siguiente hábil.
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pretensiones —salvo lo relativo a los eventuales aportes pensionales— no
pueden ser estudiadas de fondo.
61. En conclusión, de acuerdo con lo precedente, si bien la Sala concuerda con el
Tribunal en que en el asunto bajo estudio se configuró la caducidad de la acción,
no era procedente omitir por completo el estudio de fondo. Ello, porque, conforme
a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016, están en juego derechos de carácter imprescriptible, respecto de los
cuales no opera la caducidad, como ocurre con los aportes pensionales. Por lo
tanto, era necesario pronunciarse de fondo sobre la existencia o no de la relación
laboral y, en caso de declararla probada, ordenar únicamente el reconocimiento
de los aportes pensionales correspondientes.
62. En suma, por la naturaleza especial de los derechos involucrados
particularmente los relacionados con los aportes al sistema pensional, no se
aplicará de la caducidad únicamente respecto de esta materia, no solo por lo
dispuesto en las reglas de unificación jurisprudencial de esta Sección, sino
también para garantizar que la demandante no quede privada de la posibilidad
de reclamar tales derechos19.
2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente
63. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
64. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
65. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
19
Criterio adoptado por la Sala en el auto proferido el 3 de noviembre de 2022 dentro del
expediente 25000-23-42-000-2016-0265-01 (0581-2017) CP Gabriel Valbuena Hernández y en la siguiente sentencia
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del catorce (14) de
mayo de dos mil veinticinco (2025). C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves. Radicado: 05001-23-33-000-2015-02520-01 (6752-
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disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
66. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
67. De acuerdo con las minutas contractuales20 y el certificado de tiempo de
servicios21 del 14 de mayo de 2014, se acredita que la demandante cumplió con
la carga de demostrar la prestación personal de su servicio en favor del SENA
entre el 8 de septiembre de 2005 y el 13 de diciembre de 2013 dada la
suscripción de 12 contratos de prestación de servicios, cuyos objetos, extremos
de inicio y fin y valores se discriminan en el siguiente cuadro:
Número Objeto contratado Inicio Finalización Valor
contrato
45 de 2005 Prestación de servicios como Docente de pecuaria en 8 de 17 de febrero $9.818.116,00
el programa de jóvenes rurales en el Centro Nacional septiembre de 2006
Agropecuario la Salada. OBLIGACIONES; En de 2005
desarrollo del objeto del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga: a) Cumplir el objeto de este
Contrato; b) Responder por la buena calidad de los
servicios contratados; c) Mantener su autonomía e
independencia sobre la forma de cumplir el objeto del
contrato. d) Mantener actualizados los pagos de
afiliación a los sistemas de salud y pensión de que trata
la Ley 100 de 1993.
Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en
los municipios de Támesis y Valparaíso.
0109 de 2006 Prestación de servicios como docente de pecuaria en el 15 de marzo 2 de $7.404.500,00
programa de jóvenes rurales. de 2006 septiembre
de 2006
Adición y Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en $2.950.000,00
prórroga del los municipios de Fredonia Antioquia
contrato 0109
de 2006
0208 de 2006 EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA a 13 de 22 de $8.885.400,00
prestar sus servidos como Docente de Pecuaria en el septiembre diciembre de
programa de jóvenes rurales en el Centro Nacional de 2006 2006
Agropecuario la Salada del SENA Regional Antioquia.
Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en
los municipios de Hispania y Medellín.
022 de 2007 EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA a 16 de febrero 22 de marzo $3.109.990,00
prestar sus servidos como Docente de Pecuaria en el de 2007 de 2007
programa de jóvenes rurales en el Centro Nacional
Agropecuario la Salada del SENA Regional Antioquia.
Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en
el municipio de Copacabana.
0069 de 2007 EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA a 23 de marzo 4 de marzo de $18.659.942,00
prestar sus servidos como Docente de Pecuaria en el de 2007 2008
programa de jóvenes rurales en el Centro Nacional
Adición y Agropecuario la Salada del SENA Regional Antioquia. $2.332.493,00
prórroga del
contrato 0069
de 2007
20
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia – 001 demanda
21
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia – 001 demanda pág. 69
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Adición y Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en $3.265.008,00
prórroga 2 al el municipio de Copacabana.
contrato 0069
de 2007
0065 de 2003 Prestación de servicios como docente de pecuaria en 7 de marzo de 17 de $13.060.032,00
Jóvenes Rurales en el Centro de los Recursos 2008 diciembre de
Naturales Renovables la Salada con sede en el 2008
Adición y municipio de Copacabana. $6.530.016,00
prórroga del
contrato 0065 Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en
de 2008 el municipio de Copacabana.
0087 de 2009 Prestación de servicios como docente de pecuaria en 28 de enero 18 de $ 22.106.574,00
Jóvenes rurales. de 2009 diciembre de
2009
Adición y Centro Nacional Agropecuario La Salada con sede en $1.188.300,00
prórroga del el municipio de Copacabana.
contrato 0087
de 2009
116 de 2010 Prestar servicios profesionales para desarrollar el 25 de enero 30 de $20.983.600,00
componente técnico para el montaje de ocho (8) de 2010 diciembre de
unidades productivas en el área pecuaria en el marco 2010
del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en el
departamento de Antioquía, por Once (11) meses para
la ejecución de los proyectos en el Centro de los
Recursos Naturales Renovables la Salada en el
departamento de Antioquia, por once (11) meses para
la ejecución de los proyectos.
89 de 2011 Prestar servicios personales para desarrollar el 1 de febrero 30 de junio de $ 11.271.908,00
componente técnico para el montaje de cinco (5) de 2011 2011
unidades productivas en el área de pecuaria en el
marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores,
en los municipios de Medellín, por cinco (5) meses para
la ejecución de los proyectos
Centro de Recursos Naturales Renovables la Salada.
374 de 2011 El contratista se obliga para con el Sena a prestar los 11 de julio de 15 de $11.722.784,00
servicios como instructor en el área de pecuaria, con 2011 diciembre de
sede en el municipio de Medellín 2011
Centro de Recursos Naturales Renovables la Salada,
en el municipio de Medellín.
326 de 2012 Prestar servicios personales para desarrollar el 6 de julio de 8 de $11.650.000
componente técnico para el montaje de dos (2) 2012 diciembre de
unidades productivas en el área de Pecuaria en el 2012
marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores
(…) Para el desarrollo del objeto previsto, EL
CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios
en Hispania y Copacabana.
1749 de 2013 Prestar los servicios profesionales de carácter como 21 de enero 13 de $32.358.480
instructor (a) del área pecuaria con sede en el municipio de 2013 diciembre de
de Urrao, así como las actividades de capacitación y/o 2013
auditoria para el Sistema de Gestión de Calidad del
SENAS que acuerden las partes.
68. De la lectura de los objetos de los contratos suscritos entre las partes entre
los años 2005 y 2009 —45 de 2005, 0109 de 2006, 0208 de 2006, 022 de 2007,
069 de 2007, 065 de 2008 y 0087 de 2009— la demandante fue identificada
como docente de pecuaria, lo cual se indicó en el recurso de alzada que era un
elemento que evidenciaba la existencia de la relación laboral encubierta que se
configuraría en este caso.
69. Sin embargo, sobre el particular, la Sala22 ha precisado que no es posible
equiparar la actividad de los instructores contratistas del SENA —como la
desempeñada por la demandante— con la de los educadores de instituciones
educativas oficiales. Lo anterior, porque la actividad de estos últimos se rige por
estamentos e imposiciones en las condiciones de tiempo, modo y lugar en la
forma en que prestan el servicio. Mientras que el SENA, dada la multiplicidad de
22
Ver entre otras: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A: Rad. 17001-23-33-000-2016-00912-01 (4562-2021). C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez. Bogotá, D. C.,
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) y Rad. 17001-23-33-000-2016-00958-01 (5039-2022) C.P: Luis
Eduardo Mesa Nieves Bogotá, D.C. cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025).
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líneas técnicas y tecnologías que ofrece en la formación, se adecua a las
necesidades temporales de los grupos en los que se imparten las capacitaciones
o cursos temporales.
70. Ello implica que el cumplimiento del objeto principal del SENA se materialice
tanto mediante relaciones legales o reglamentarias como a través de contratos
de prestación de servicios. En consecuencia, corresponde a los contratistas que
pretendan el reconocimiento de una relación laboral encubierta demostrar la
concurrencia de todos los elementos esenciales de esta.
71. Así, pese a que en los contratos previamente referenciados se identificó el
servicio de la actora como de «docente», dicha enunciación por sí sola no
acredita tal connotación —ni configura la existencia de la relación laboral
pretendida— pues, como se dijo, dada la naturaleza institucional del SENA y la
multiplicidad de las condiciones y particularidades que se presentan en su
servicio, este puede impartirse a través de contratos de prestación de servicios,
justo como los que en este caso se busca desvirtuar.
72. Por lo anterior, es la demandante quien tiene la carga de acreditar todos los
elementos de la relación laboral, máxime cuando el principio constitucional en
que se fundamenta su declaratoria propende por develar la realidad de las
relaciones laborales sobre aspectos meramente formales, como lo son las
cláusulas contractuales estipuladas por las partes23. Por lo tanto, la Sala
desestimará este punto del recurso.
73. Ahora bien, en cuanto a las actividades realizadas, se evidencia que la actora
cumplió con el servicio de desarrollo del componente técnico del área pecuaria
en el cumplimiento del programa de Jóvenes Rurales desarrollado por el SENA.
74. De otra parte, con los mismos documentos que se probó la prestación del
servicio se acredita la contraprestación —que se refiere a los emolumentos
recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas—
a partir de las cláusulas que discriminan los honorarios recibidos por la actora.
75. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.
76. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.
77. En esos términos, conforme las minutas contractuales y de sus actas de inicio,
se advierte que la demandante tuvo diferentes lugares de trabajo.
78. Véase que, si bien todos los contratos indican que las actividades contratadas
eran ejecutadas en el Centro Nacional Agropecuario La Salada —o Centro de
23
A esta misma conclusión llegó la Subsección en la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 dentro del proceso
identificado bajo el radicado 05001-23-33-000-2021-00090-01 (1366-2025).
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Recursos Naturales Renovables La Salada, del departamento de Antioquia—, los
lugares específicos de su desarrollo variaron en el tiempo. Por ejemplo: i) en el
contrato 45 de 2005, sus actividades se cumplieron en los municipios de Támesis
y Valparaíso; ii) en el contrato 0109 de 2006, las actividades se desarrollaron en
el municipio de Fredonia; iii) en los contratos 022 y 0069 de 2007 y 0087 de 2009,
las actividades se realizaron en el municipio de Copacabana; iv) en los contratos
116 de 2010, 89 de 2011 y 374 de 2011, las actividades se realizaron en el
municipio de Medellín; y v) en el contrato 1749 de 2013, las actividades se
ejecutaron en el municipio de Urrao.
79. Respecto al horario de labores de la demandante, el testigo Fredy Esneider
Patiño Sánchez, indicó que prestó sus servicios en el SENA entre los años 2009
y 2012, motivo por el cual conoció que, para el cumplimiento de sus actividades,
la actora cumplió con un horario «tanto en el centro cuando nos convocaban como
por fuera del centro cuando hacíamos nuestro trabajo de campo. El horario normalmente
era de ocho horas de trabajo, los podíamos dividir como quisiéramos dentro de esas
jornadas de trabajo».
80. El señor Juan Camilo Ruiz Rodríguez, también adujo que fue compañero de
trabajo de la demandante en el SENA en el desarrollo del programa de Jóvenes
Rurales Emprendedores24. Con relación al horario de servicio, explicó lo
siguiente: «a nosotros se nos exigía un mínimo de ocho horas diarias, estas debían ser
entre dos funciones divididas que eran el impartir la formación y el desarrollo curricular
(…) pregunta: ¿Las labores cumplidas por Alejandra estaban dentro de las actividades
normales del SENA o eran extrañas a la misma función y actividad del SENA? contestó:
la ejecución de labores de Alejandra dentro (…) del contrato. En generar las unidades
productivas y todo, también estaba dentro del contrato. El tema de las reuniones y
cumplimiento de horarios no estaba estipulado, porque nosotros trabajábamos en ese
entonces era por un cumplimiento de unas metas o de la conformación de unas unidades
productivas, más en el contrato no se especificaba que tuviéramos que crear
determinado número de grupos, atender determinado número de aprendices, sino que
el objetivo del contrato era la conformación de unidades productivas, pero finalmente ya
lo que conllevaba muy a nivel interno, que no se especificaba, era que teníamos que
tener un mínimo de aprendices, un mínimo de grupos, un mínimo de horas atendidas».
81. A partir de lo anterior, se extrae que los testigos concuerdan en que, para la
ejecución de las actividades realizadas en el marco de los contratos de prestación
de servicios, era necesario cumplir un mínimo de horas diarias, que ambos
identificaron como de ocho. Sin embargo, el señor Patiño Sánchez precisó que
los tiempos de servicio podían distribuirse según el criterio particular de cada
contratista, mientras que el señor Ruiz Rodríguez señaló que lo esencial era que
los instructores cumplieran las metas y el número de horas necesarias.
82. Es decir, ambos declarantes explicaron que no existía una jornada con hora
de entrada y salida impuesto por la entidad, sino el cumplimiento de un
determinado número de horas en el marco de los objetivos especificados en los
contratos. Por lo tanto, sus declaraciones no brindan claridad sobre la existencia
de una imposición de horario fijo a la demandante por parte del SENA.
24
En detalle, este testigo dijo lo siguiente: «Yo estuve más o menos desde el 2010 al 2014, 2015 en el SENA como
compañero de Alejandra (…)»
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83. Además, la Subsección recuerda que, de acuerdo con los contratos y las actas
de inicio, la demandante realizó sus actividades en diferentes lugares del
departamento de Antioquia. Frente a esto, los testigos, aparte de señalar que
fueron compañeros de la actora, no precisaron con claridad y suficiencia el
contacto directo que pudieron tener con el desarrollo diario de sus actividades y,
por tanto, con las jornadas que día a día ella cumplía en la ejecución de los
contratos celebrados con el SENA.
84. Por lo anterior, se concluye que en el plenario no reposan elementos
suficientes que evidencien los parámetros exactos o, al menos, verificables bajo
los cuales la demandante cumplió sus actividades.
85. Con todo, la Subsección no desconoce que, como una consecuencia lógica de
la ejecución de los contratos de prestación de servicios, la actora debió
desarrollar sus actividades dentro de determinadas franjas de tiempo. Sin
embargo, la periodicidad y obligatoriedad de estas no se encuentra acreditada
con suficiencia probatoria. Aun así, esta Sala25 ha reiterado que la sola existencia
de un horario no resulta suficiente para acreditar la configuración de una relación
laboral encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios —como el
direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en conjunto,
conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.
86. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
87. En el recurso de apelación se indicó que la demandante estuvo bajo
subordinación del SENA, debido a que sus servicios fueron prestados en las
instalaciones y con los equipos proporcionados por esta entidad.
88. Respecto de lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la parte
apelante, dado que la provisión de determinados elementos por parte del
contratante al contratista, por sí sola, no configura la existencia de una relación
laboral. Esto, en la medida en que, dentro de las facultades del contratante,
propias del principio de coordinación de los contratos de prestación de servicios,
se encuentra el suministro de determinados elementos.
89. Ahora bien, además de lo anterior, la Subsección encuentra que el señor Fredy
Esneider Patiño Sánchez, al referirse a la posible existencia de órdenes
impartidas a la demandante, indicó lo siguiente: «Teníamos órdenes directas por
parte de la señora Érica Cortés y la compañera Alejandra hacía parte directa y la mano
derecha, o una de las manos derechas de doña Érica, y la cual nos ayudaba con todo lo
referente al proceso contractual que habíamos adquirido (…) ella nos ayudaba en la
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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plataforma, a manejar la plataforma que el SENA tenía en ese momento para los
programas de jóvenes rurales. Nos ayudaba con los presupuestos que se tenían que
presentar debidamente para el programa de jóvenes rurales y sus proyectos de unidades
productivas. Nos ayudaba con mantener en orden y estar al día con la papelería antes
de entregarla finalmente para la contratación. Ella era instructora igualmente del área
pecuaria y por lo tanto era la líder del grupo de instructores del área pecuaria y nos daba
todas las pautas que correspondieran ordenadas por la directora del programa en ese
momento (…)».
90. Por su parte, el señor Juan Camilo Ruiz Rodríguez adujo que la existencia de
órdenes se evidenciaba en el hecho de que era obligatorio asistir a las reuniones
programadas por la entidad, así como en el cumplimiento de los requerimientos
efectuados por los coordinadores, relacionados con un mínimo de aprendices y
unidades productivas26.
91. De las anteriores declaraciones, la Subsección tampoco evidencia de manera
clara que la demandante hubiera estado sujeta a direccionamientos provenientes
de la entidad al punto de desvirtuar la autonomía que caracteriza y se presume
en los contratos de prestación de servicios.
92. En efecto, véase que, si bien el señor Patiño Sánchez consideró que se
recibían órdenes, no precisó qué órdenes concretas habría recibido la
demandante. Antes bien, al ahondar sobre el particular, indicó que las personas
de quienes las recibían ayudaban a los contratistas con los presupuestos
necesarios para la correcta ejecución del programa y a mantener al día la
papelería de la contratación. Por lo tanto, la Subsección constata que este testigo,
más que narrar eventos que denoten imposición de órdenes, explicó
circunstancias que se enmarcan en el principio de coordinación que caracteriza
los contratos de prestación de servicios.
93. Por su parte, el señor Ruiz Rodríguez consideró que las órdenes derivaban de
la obligatoriedad de asistir a las reuniones programadas por la entidad y de
cumplir las metas impuestas por esta. Sin embargo, en su exposición no indicó
su conocimiento directo y preciso sobre situaciones particulares y concretas en
las que la demandante hubiera sido direccionada por el SENA a asistir a dichas
reuniones y, menos aún, si en ellas su servicio fue influido en cuanto al método,
cantidad y calidad, al punto de anular su autonomía. Tampoco evidenció el testigo
conocimiento directo sobre las actividades de la demandante, ni explicó si, en
ese contexto, supo que estas fueron excedidas o variadas de manera unilateral
por la entidad.
94. Por lo anterior, la Subsección concluye que los declarantes no dieron cuenta,
de manera clara y contundente, de la existencia de posibles órdenes o
direccionamientos que hubiera recibido la demandante en la ejecución de sus
servicios.
26
Al respecto, este testigo dijo lo siguiente: «cuando se hacían las reuniones en el SENA, estas reuniones tenían un
horario fijo, o sea, tenían una hora de entrada marcada y una hora de salida como tal y era una obligación asistir. Estas
órdenes, estas órdenes eran impartidas desde la coordinación académica (…) se le tenía que dar cumplimiento a lo que
la coordinación imponía, pues, de que tenía que llevarse un mínimo de grupos, un mínimo de aprendices, un mínimo de
horas y un mínimo de unidades productivas para demostrar las metas ante la entidad regional o ante Bogotá, si se requería
(…)»
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95. Asimismo, la Sala no encuentra en los demás documentos que reposan en el
plenario elementos probatorios que, analizados en conjunto con los
mencionados, demuestren la subordinación alegada en el recurso de apelación
respecto de la relación entre la demandante y el SENA.
96. De esa manera, es oportuno recordar que, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales de toda relación laboral: prestación
personal, remuneración y, especialmente, subordinación.
97. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.
98. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores27.
99. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»28.
100. Por tanto, al no probarse el elemento de subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala negará la declaratoria de existencia
de una relación laboral encubierta y, en consecuencia, las pretensiones de la
demanda.
101. Finalmente, como se negarán las pretensiones, no hay lugar a estudiar el
segundo problema jurídico planteado.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
28
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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2.5. De la condena en costas en segunda instancia
102. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
103. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
104. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
105. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 17 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo
que respecta a la decisión de declarar probada sobre todas las pretensiones
reclamadas la excepción de caducidad, en su lugar, declararla probada solo
respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento y pago de aportes
al sistema de seguridad social en pensiones, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR la pretensión de la demanda relacionada con el pago de
aportes al sistema de seguridad social en pensiones; de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
por lo ya dicho.
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CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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