Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02520-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02520-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-02520-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02520-01 (6752-2024)
Demandante: Luz Stella López López
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
1. Que se declare la nulidad de los oficios que a continuación se señalan: i)
2014083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 2014; ii) S-2014-
1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1, de 18 de diciembre de 2014; iii) S-2015-142474/
SEGEN-ARRJUR 15.1 de 21 de mayo de 2015, expedidos por el secretario
general de la Policía Nacional que negaron la existencia de una relación laboral.
2. Como consecuencia, se reconozca la existencia de la relación laboral entre
las partes desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 8 de marzo de 1998, se liquiden
y paguen a la actora todas las acreencias laborales o prestaciones a que tiene
derecho tales como, auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones,
primas e indemnización moratoria.
1 Folios 1 y 2 del expediente.
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Demandante: Luz Stella López López
3. Que se declare que el régimen pensional aplicable es el contemplado en el
Decreto 1214 de 1990.
4. Que las sumas reconocidas se actualicen en su poder adquisitivo con base al
índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
5. Que se aplique lo dispuesto en la sentencia C-197 de 1999.
6. Que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de
la Ley 1437 de 2011, y se condene en costas a la institución pública.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
7. Luz Stella López López prestó sus servicios personales y remunerados en
favor del colegio Santo Domingo de Guzmán de la Policía Nacional, siendo
vinculada inicialmente como docente mediante contratos de prestación de
servicios a partir del día 2 de febrero de 1994.
8. La Policía Nacional la vinculó como empleada pública con ocasión del
nombramiento ordinario llevado a cabo el 8 de marzo de 1998, no obstante, desde
que se integró a la institución en la anualidad de 1994 ha cumplido idénticas
funciones a las asignadas a las demás profesoras que integraban el plantel
educativo, bajo una continuada subordinación y dependencia, desprovista de
autonomía en la prestación del servicio.
9. En febrero de 2014 se reclamó el reconocimiento de un contrato de trabajo
durante el lapso de 1994 a 1998, petición resuelta desfavorablemente con el oficio
S-2014083154/SEGEN-ARJUR. Posteriormente, con petición presentada el 3 de
septiembre de 2014 solicitó reconocer la relación laboral desde el 2 de febrero de
1994, así como el pago de los beneficios salariales y prestaciones derivados de
dicha relación, a lo que por oficio S-2014-1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 18
de diciembre de 2014 se le contestó que lo pretendido había sido resuelto.
10. En virtud de lo anterior y al considerar que no se obtuvo respuesta de fondo,
radicó acción de tutela en cuyo fallo se ordenó a la entidad emitir decisión de
fondo, por esa razón, la institución contestó de igual forma a como lo hizo en la
primera determinación que negó lo reclamado. Finalmente, el 20 de abril de 2015
se opugnó la determinación mediante recurso de reposición y en subsidio
apelación, negándose lo recurrido con el oficio S-2015-142474/SEGEN-ARJUR
15.1 de 21 de mayo de 2015.
2 Folios 3 a 5 del expediente.
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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración3
11. Señaló la demandante como vulnerados con la expedición de los actos
enjuiciados los artículos 25 y 53 de la Constitución política; los Decretos 2400 de
1968, 1042 de 1978, 1414 de 1990 y 1792 de 2000.
12. Como concepto de violación aseveró que a partir del 2 febrero de 1994 cuando
se vinculó a la entidad cumplió el horario preestablecido por la dirección de la
institución, siendo el mismo que acataban los compañeros de trabajo que gozaban
de la calidad de empleados públicos.
13. Explicó que las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias han
prohibido la celebración de contratos de prestación de servicios con el objeto de
ejecutar funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos, de igual
manera, se ha dispuesto que será sancionado el servidor público que realice la
citada contratación por fuera de las finalidades establecidas en el Estatuto de la
Contratación Estatal.
1.4. Contestación de la demanda4
14. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional mediante apoderado se
opuso a las pretensiones invocadas y como consecuencia de ello expresó que la
demandante prestó servicios como tecnóloga en educación básica en el colegio
Santo Domingo de Guzmán, no obstante, no le asiste razón de obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las personas que gozan de
vínculo laboral con la administración pública del cual no fue beneficiaria la actora,
ya que, no accedió al cargo por concurso reglado, adicionalmente no fue
nombrada ni posesionada como la normatividad lo establece, tampoco suscribió
contrato de trabajo.
15. Destacó que no por ser contratista, la ejecución contractual se deja al libre
albedrio del contratista toda vez que a la entidad le incumbe garantizar la efectiva
prestación del servicio a los usuarios, por ellos, las actividades ejecutadas deben
ser controladas por el supervisor o interventor, tal como ha sido determinado por
la Ley de Contratación de Estatal y sus decretos reglamentarios en aras de que
en un momento determinado se efectúen los requerimientos del caso conforme a
las obligaciones contractuales, situación que no implica subordinación.
16. Afirmó que no es procedente el reconocimiento de la relación laboral
subyacente durante el período de 2 de febrero de 1994 al 8 de marzo de 1998,
lapso en el que laboró mediante contrato de prestación de servicios en el colegio
Santo Domingo de Guzmán, adscrito a la Policía Nacional, pues la relación
contractual o de apoyo a la gestión no genera relación laboral, además, el
3 Folios 5 a 11, idem.
4 Folios 106 a 111 del expediente.
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contratista efectúa en su totalidad los aportes al sistema pensional y la norma
aplicable es la Ley 100 de 1993 al haberse nombrado la demandante en la planta
global de la Policía Nacional con la Resolución 0422 de 9 de marzo de 1998.
17. Planteó como excepciones las siguientes: i) prescripción extintiva del derecho;
ii) inexistencia de acto administrativo; iii) inexistencia de una relación laboral; iii)
falta de causa para demandar; iv) inexistencia de obligación de pago y v)
innominada o genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia5
18.El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia el 30 de septiembre de
2024, declarando probada la excepción de caducidad de la acción.
19. El a quo consideró que teniendo en cuenta que la caducidad es un fenómeno
jurídico de orden público debe declararse de oficio cuando se encuentre probada,
por consiguiente, ateniendo las facultades oficiosas del juez podrá analizarse su
ocurrencia si se advierte su configuración.
20. Explicó que la institución pública expidió tres actos administrativos que
resolvieron desfavorablemente las reclamaciones, las tres peticiones que
derivaron en la decisión administrativa giraron en torno al reconocimiento de la
relación laboral entre el 2 de febrero de 1994 al 8 de marzo de 1998. A pesar de
que en el medio de control se sostuvo que las solicitudes fueron diferentes en su
estructura y naturaleza jurídica, el fondo de las tres peticiones correspondió al
reconocimiento de la relación laboral, así que el hecho de adicionar a una de las
peticiones el reconocimiento de las acreencias laborales no era dable interpretar
que se trataban de solicitudes diferentes.
21. Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que se solicitó la nulidad S-2014-
083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 2014, S-2014-
1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 18 de diciembre de 2014 y S-2015-142474/
SEGEN-ARRJUR 15.1 de 21 de mayo de 2015, vislumbrándose el interés de la
parte demandante por revivir términos puesto que en varias oportunidades se
reclamó la declaratoria de existencia de relación laboral entre las partes, en ese
sentido, hizo hincapié en que fue un indicio del interés de revivir términos de la
caducidad la circunstancia de que luego de los cuatro meses de comunicado el
oficio S-2014-1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 18 de diciembre de 2014 se
presentara una nueva petición el 20 de abril de 2015, exactamente igual a la
solicitud con fecha de 3 de septiembre de 2014.
5 Archivo titulado «04. Sentencia20150252000», expediente digital, índice 2 de Samai.
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22.En consecuencia, concluyó que operó la excepción de caducidad de la acción
motivo por el cual no se haría el análisis del fondo del asunto.
1.6. Recurso de apelación6
23. La parte demandante presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos.
24. Mediante el derecho de petición radicado en el mes de febrero de 2014
específicamente se reclamaron dos aspectos: i) «solicito de manera muy
respetuosa que se reconozca la existencia de un contrato de trabajo» y ii) «esto
para efectos estrictamente pensionales; así mismo, solicito que se proceda a
cancelarme los dineros correspondientes a la seguridad social integral (1994-
1998)». La solicitud se negó a través del oficio S-2014-083154/SEGEN-ARJUR
15.1.
25. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2014 se presentó otra reclamación en
la que se pidió el reconocimiento formal de las funciones laborales como docente
de la Policía Nacional desde el 2 de febrero de 1994, y en virtud de esto se requirió
a título de indemnización el pago del auxilio de cesantías, intereses de las
cesantías, vacaciones, primas de servicios, indemnización moratoria, intereses
moratorios, prestaciones sociales y acreencias laborales del Decreto 1214 de
1990, la correspondiente indexación y el reconocimiento de la aplicación del
Decreto 1214 de 1990 en la situación pensional.
26. A pesar de que la finalidad de los dos derechos de petición continuó siendo el
reconocimiento del tiempo de servicio, no es menos cierto que en la primera
reclamación la interesada se quedó corta, por lo tanto, la segunda petición corrigió
la omisión y además de reclamarse el reconocimiento de la relación laboral se
suplicó el pago de las acreencias laborales y prestacionales.
27. Si se hubiera acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
únicamente con la reclamación de febrero de 2014, solamente se podría pretender
el reconocimiento del tiempo de servicio y los pagos correspondientes a la
seguridad social bajo la Ley 100 de 1993. Sin embargo, dicha ley no estaba
vigente en materia pensional cuando se firmó el primer contrato con la demandada
en febrero de 1994, ya que entró en vigor el 1 de abril de 1994.
28. La autoridad administrativa expidió el oficio S-2014-136256/SEGEN-ARJUR
15.1 de 18 de diciembre de 2014 con el que se negó a dar respuesta de fondo a
la solicitud del 3 de septiembre de 2014, por esa razón, se ejerció la acción de
tutela, oportunidad en la que en la sentencia con fecha de 3 de febrero de 2015 el
6 Archivo titulado «009_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION», expediente digital, índice 2 de
Samai.
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juez constitucional determinó que las peticiones eran diferentes y ordenó a la
institución emitir respuesta de fondo. Sin embargo, la respuesta de la Policía
Nacional fue idéntica al oficio con el que se resolvió la primera reclamación.
29. Teniendo en cuenta lo precedente, se interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación que no fue un nuevo derecho de petición similar al inicialmente
radicado, de ahí que, el juez interpretó erróneamente que se tenía la intención de
revivir términos, pues la finalidad del recurso, su denominación, estructura y
finalidad no era una solicitud reiterativa.
30. El a quo no resolvió el fondo del asunto y tampoco se valoraron las pruebas
aportadas que demostraron que la demandante desde su vinculación al servicio
de la Policía Nacional en febrero de 1994 siempre cumplió las mismas funciones
como docente, tal como se deduce del certificado 006 de la dirección de bienestar
social del Colegio Santo Domingo de Guzmán.
31. No se valoraron las declaraciones juramentadas en notaría de los señores
Julio Cesar Villa Lobo, Luz Adriana Restrepo Hernández y Lilia Inés Lizarazo de
Gómez, quienes fueron docentes o profesores y coordinadores académicos del
plantel educativo.
32. La demandante, a partir del 2 de febrero de 1994, ha cumplido funciones
permanentes iguales a las de sus demás compañeros de planta, quienes sí fueron
vinculados reglamentariamente, así mismo, sin que hubiera solución de
continuidad, en el año 1998, se nombró y posesionó a la accionante para que
continuara cumpliendo las mismas funciones de docente que venía ejecutando.
33. Los medios probatorios demostraron que se cumplió con un horario
preestablecido por la demandada, se cumplían las órdenes administrativas e
institucionales necesarias para impartir clases a los estudiantes de manera regular
y continua con características de subordinación y dependencia jerárquica en las
funciones docentes.
1.7 Trámite de segunda instancia
34. El 16 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría
al despacho para fallo7.
35. Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, el
procurador tercero delegada ante esta Corporación emitió concepto en el que
solicitó confirmar la decisión de primer grado, por las siguientes razones:
7 Conforme al informe secretarial visto en el índice 10 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
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36. Si bien en los contratos estatales es legítima la supervisión para garantizar el
cumplimiento de lo pactado, la docencia requiere subordinación por naturaleza,
como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, de eso modo, con
base en el acervo probatorio, se concluye que la demandante no fue un contratista
independiente, sino que estuvo sometida a una relación de subordinación y
dependencia, lo que configura una relación laboral encubierta.
37. No obstante, en la primera instancia se determinó que la demanda se presentó
extemporáneamente, impidiéndose un análisis de fondo sobre la relación laboral.
Según el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los cuatro meses
siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, por eso, el Tribunal dedujo que la demandante intentó evitar la
caducidad presentando múltiples peticiones sobre el mismo asunto entre 2014 y
2015, al buscarse revivir términos ya vencidos.
38. Dado que el Tribunal determinó que la acción judicial había caducado,
impidiendo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se debe confirmar el
fallo recurrido, pues si bien es cierto, no se desconoció la posible existencia de
una relación laboral, por el contrario, la demanda fue presentada fuera del término
legal, lo que imposibilita su estudio. En consecuencia, la declaración de caducidad
impide el reconocimiento de las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
40. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el presente caso
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.»
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solo apeló la parte demandante, la resolución del caso se ceñirá siguiendo los
planteamientos que allí se expusieron.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Caducidad de la acción
41. Previo a realizar el análisis de fondo correspondiente, se hace necesario
precisar que el a quo declaró probada la excepción de caducidad al determinar
que la demandante pretendió revivir términos ya vencidos con la presentación de
múltiples derechos de petición cuya finalidad fue la declaratoria de la relación
laboral subyacente con ocasión de la prestación del servicio docente desde el 2
de febrero de 1994 en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, adscrito a la Policía
Nacional.
42.En la sentencia C-574 de 199810 la Corte Constitucional estableció sobre el
mecanismo exceptivo:
«La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que, al no promoverse la acción
dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de
los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el
reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y
es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar
del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto
que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus
derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado».
43. Por su parte, el Consejo de Estado ha interpretado que la caducidad se refiere
al término en el que es posible ejercer el derecho de acción, y como un
instrumento de salvaguarda de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las
relaciones entre los individuos y el Estado11.
44. Conforme lo prescrito en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, si se solicita
la nulidad de los actos administrativos que reconocen o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, o de actos producto del silencio
administrativo, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo (Literales c) y
d) del numeral 1° idem).
45. Así mismo, si se pretende la nulidad de un acto que reconoce o niega total o
parcialmente un derecho prestacional que no tiene el carácter de periódico (Literal
10 MP Antonio Barrera Carbonell.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Auto de 4 de noviembre de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2017-00070-01(1492-18). CP
Gabriel Valbuena Hernández.
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d, numeral 2 idem) la demanda deberá presentarse en un término máximo de 4
meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, so pena de que opere la
caducidad.
46. En cambio, la prescripción se relaciona con el derecho, por lo que una vez
causado el titular tiene tres años para reclamarlo ante la administración y con ello
interrumpe ese término, el cual se reanuda por otros 3 años para acudir ante la
jurisdicción, según se desprende de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969.
47.Dicho lo anterior, en primer lugar, se debe verificar cuál fue el acto
administrativo que colocó fin a la actuación administrativa y si éste fue el
impugnado por la demandante.
48. El día 14 de febrero de 2014 fue radicado derecho de petición 12 en el que se
reclamó el reconocimiento de la relación laboral para efectos pensionales, así:
«En vista que entre la suscrita y el COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
adscrito a la POLICIA NACIONAL, se celebró un contrato de trabajo el mismo que
tuvo por inicio el día 02 de Febrero del año 1994 hasta el pasado año 1998, solicito
de manera muy respetuosa se reconozca la existencia de un contrato de trabajo,
queriendo decir lo anterior que llevo vinculada con dicha Institución 20 años, es
decir que solicito a Ustedes sean reconocidos los primeros 4 años que labore para
ustedes bajo la denominación de contratos de prestación de servicios, esto para
efectos estrictamente pensionales, así mismo se proceda a cancelarme los dineros
correspondientes a la Seguridad Social Integral (1994-1998) de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 100 de 1993, en conexidad con la Ley 80 de 1993».
49. La Secretaría General de la Policía Nacional a través del oficio S-2014-
083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 201413 resolvió
desfavorablemente la solicitud, motivo por el que no se reconoció la existencia de
la relación laboral en el lapso de 2 de febrero de 1994 al 8 de marzo de 1998,
concretamente se expresó:
«Decantado lo anterior, se tiene que la señora peticionaria, solicita el
reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo, en razón de las
circunstancias presentadas durante el tiempo laborado bajo la figura de prestación
de servicios en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, adscrito a la Policía Nacional
(Medellín-Antioquia) desde el 02 de febrero de año 1994 hasta el 08 de marzo de
1998, atendiendo su nombramiento en la Institución mediante Resolución No. 0422
del 09/03/1998, después de analizado el caso particular y concreto de la señora
LUZ ESTELLA LÓPEZ LÓPEZ, en consecuencia dicho periodo no puede ser tenido
en cuenta para efectos del reconocimiento de tiempos de servicio para pensión […]
en el entendido que la relación contractual o de apoyo a la gestión, en ningún caso
genera relación laboral ni prestaciones sociales […]».
12 Folios 29 a 34 del expediente.
13 Folios 35 a 38, idem.
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50. Luego, el 3 de septiembre de 2014 la actora solicitó el reconocimiento de la
relación laboral con el objeto de obtener el pago de los beneficios salariales y
prestacionales derivados de la misma, específicamente deprecó:
«1. Se reconozca formalmente, que el cumplimiento de mis funciones laborales
como docente al servicio de la Policía Nacional, desde el 2 de febrero de 1994, se
realizó bajo la existencia de una relación laboral.
2. Consecuencia de lo anterior, y en forma de Indemnización, solicitó:
➢ El pago de las Cesantías, desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 8 de marzo de
1998.
➢ El pago de los intereses a la Cesantías, desde el 2 de febrero de 1994 hasta el
8 de marzo de 1998.
➢ El pago de las vacaciones, desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 8 de marzo
de 1998.
➢ El pago de las Primas Servicios, desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 8 de
marzo de 1998.
➢ El pago de la Indemnización moratoria, desde el 8 de marzo de 1998, hasta que
se realice el pago de las prestaciones económicas solicitadas en este escrito.
➢ El pago de los intereses moratorios, por no haber consignado las cesantías en
un fondo de cesantías, contemplado en la Ley 50 de 1990.
➢ El pago de los intereses moratorios por no haber pagado los intereses a las
cesantías, contemplado en la Ley 50 de 1990.
➢ El pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales, contempladas en el
Decreto 1214 de 1990, y demás normas jurídicas que me reconozcan derechos
como empleada pública.
➢ La cancelación de los valores, de los derechos mencionados en la parte petitoria
de este escrito, se paguen de forma indexada».
51. La autoridad administrativa a través del oficio S-2014-1366256/SEGEN-
ARRJUR 15.1 de 18 de diciembre de 201414 contestó que «ahora bien, una vez
analizado el caso objeto de estudio, se tiene que la solicitud de la referencia hace
alusión a los mismos hechos y pretensiones que ya fueron resueltos por la Policía
Nacional a través de las actuaciones administrativas enunciadas en párrafos
anteriores, razón por la cual no se dará trámite a lo aquí planteado […] como
quiera que sobre ello ya se pronunció la institución», igualmente, en la decisión
administrativa se explicó que en contra del oficio S-2014-083154/SEGEN-
ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 2014 se presentaron recurso de reposición y
apelación, resueltos desfavorablemente mediante el oficio 151574/SEGEN-
ARJUR-15-1 de 12 de mayo de 2014 y la Resolución 02689 de 10 de julio de 2014,
respectivamente.
52. Posteriormente, el 3 de febrero de 201515 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió una acción de tutela en
la que se alegó la falta de respuesta de fondo a la petición del 3 de septiembre de
2014, en dicha oportunidad se amparó el derecho y se ordenó a la entidad pública
emitir el pronunciamiento de fondo.
14 Folios 27 y 28 del expediente.
15 Sentencia visible en los folios 54 a 61, idem.
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53. En efecto, la Policía Nacional expidió acto administrativo que no reposa en el
expediente, sin embargo, se deduce su existencia por la respuesta que se dio a
través del oficio S-2015-142474/ SEGEN-ARRJUR 15.1 de 21 de mayo de 201516,
en ese sentido, la autoridad administrativa expresó que:
«Revisados los antecedentes obrantes en la Secretaría General-Policía Nacional,
unidad competente para ejercer la defensa jurídica de la Institución […], y que con
base en los mismos soportes se vislumbra que fueron entregados y recepcionados
por la hoy peticionaria, toda vez que sobre estos se pronunció e interpuso los
recursos pertinentes, se puede establecer que en su momento la señora Luz Estella
López, agotó en debida forma la vía administrativa como lo consagra la Ley 1437
de 2011, en sus artículos 74, 76, 77 y 80.
Se desprende de lo anterior que la citada señora, culminó el procedimiento ante la
administración, específicamente ante la Policía Nacional, lo cual se llevó a cabo en
las fechas enunciadas […], circunstancia por la cual se considera que no es viable
legalmente emitir nuevos pronunciamientos, como quiera que se evidencia una
presunta intención de reviviscencia de términos por parte de la misma
Refuerza el anterior argumento, el hecho que en el escrito que presenta en la
actualidad radicado el 20 de abril de 2015 […], enuncia el acto administrativo que
pretende recurrir, pero no le coloca la fecha del mismo, como si lo efectuó en su
momento en escrito que allegara con fecha 09 de abril de 2014, es decir, pretende
retomar una situación que fue resuelta hace aproximadamente 10 meses […]».
54. Precisado lo precedente, desde el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho la demandante explicó que las peticiones radicadas
los días 14 de febrero de 2014 y 3 de septiembre de la misma anualidad eran
diferentes en su contenido y finalidad pues en la primera se reclamó el
reconocimiento de los efectos pensionales de la relación laboral y en la segunda
los beneficios salariales y prestacionales en virtud de ésta, sin embargo, no es
cierto por cuánto los dos derechos de petición tenían idéntica causa que fue el
reconocimiento de la relación laboral durante el período de 2 de febrero de 1994
a 8 de marzo de 1998.
55. A pesar de que en la reclamación del 3 de septiembre de 2014 se hubiere
solicitado el pago de las acreencias laborales que en criterio de la actora su objeto
fue corregir la omisión cometida en la primera solicitud de reconocimiento de los
efectos pensionales, no era óbice para que cuándo se realizara el control judicial
del acto administrativo S-2014-083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de
2014 se hiciera un análisis sobre el derecho a obtener el pago de prestaciones
sociales o salarios, pues, como lo concluyó el a quo, como consecuencia de las
facultades extra y ultra petita del juez era dable verificar el pago de dichos
conceptos, ya que, de encontrase acreditados los elementos de la relación laboral
subyacente viene implícito el subsiguiente análisis del eventual restablecimiento
del derecho consistente en la indemnización salarial o prestacional.
16 Folios 47 y 48 del expediente.
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56. No obstante, en la demanda se refutó la nulidad de los oficios
S2014083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 2014, S-2014-
1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 18 de diciembre de 2014 y S-2015-142474/
SEGEN-ARRJUR 15.1 de 21 de mayo de 2015 que fueron expedidos por la Policía
Nacional durante la actuación administrativa iniciada por la señora Luz Stella
López López, siendo el acto administrativo que culminó la actuación administrativa
el oficio S2014083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de 2014 toda vez
que las decisiones posteriores explicaron que la situación puesta en consideración
de la institución ya había sido decidida, por lo tanto, el término de caducidad de la
acción debe contabilizarse a partir de la notificación del citado acto administrativo.
57. Al tenor de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 éste debía notificarse
personalmente a la interesada, cumpliéndose las formalidades de los preceptos
en comento que preceptuaron lo siguiente:
«Artículo 67. Notificación personal: Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en
el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las
siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser
notificado de esta manera.
La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados
actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias
públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las
instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación
personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones
adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición
de recursos».
ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL: Si no hay otro
medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección,
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación
personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.
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Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días».
58. Así mismo, de acuerdo con el artículo 7217 de la misma codificación procesal
la notificación surtida sin el lleno de los citados requisitos no se tendría por hecha
ni produciría efectos legales la decisión, salvo que el interesado manifieste que
conoció el acto, consienta la decisión o presente recursos en contra de éste, es
decir, darse por notificado por conducta concluyente.
59. En ese orden de ideas, la notificación de los actos administrativos particulares,
sin importar la denominación que se le dé18, debe cumplir con los requisitos
descritos en la regulación, so pena de tenerla por no hecha y la consecuencia de
no producir efectos legales, toda vez que la publicidad19 es un requisito de eficacia
del acto administrativo.
60. Con el objetivo de efectuar la contabilización del término de presentación de
la demanda se precisa que de acuerdo con lo explicado en los párrafos anteriores,
en contra del oficio S-2014-083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo de
2014 se ejercieron los recursos de reposición y apelación, resueltos por conducto
del oficio 151574/SEGEN-ARJUR-15-1 de 12 de mayo de 2014 y la Resolución
02689 de 10 de julio de 2014, en ese sentido, la caducidad se verificará desde la
notificación de la resolución mencionada.
61. Nótese que el secretario general de la Policía Nacional aclaró que cuándo se
procuró notificar personalmente el oficio de 13 de marzo de 2014 a la demandante
en la dirección de correspondencia indicada en la petición, la empresa de servicio
postal 4-72 regresó el sobre manifestando que la dirección era errada. Por lo
anterior, se contactó telefónicamente a la interesada, aceptando que la respuesta
se remitiera al correo electrónico lueslo@gmail.com.
62. Ahora bien, la Resolución 02689 de 10 de julio de 2014 que resolvió el recurso
de apelación fue notificada el mismo día mediante remisión de comunicación al
17 «Artículo 72 de la Ley 1437 de 2011. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por
conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta
la decisión o interponga los recursos legales».
18
Notificación personal, por aviso, por conducta concluyente y de actos de inscripción o registro.
19 «Numeral 9° del Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Principios. Todas las autoridades deberán
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.
[…]
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún
caso el valor de la misma».
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correo electrónico, la cual cumplió con las reglas de la notificación personal, ya
que, la demandante aceptó ser notificada de esa manera.
63. Ciertamente, el día 11 de julio de 2014 inició el término de 4 meses para la
presentación de la demanda, por lo tanto, el medio de control debía interponerse
hasta el 11 de noviembre de 2014 pero se radicó el 30 de noviembre de 201520, a
pesar de que se convocó a la entidad pública a conciliación extrajudicial el 13 de
julio de 201521, no se suspendió el término en virtud de que ya había vencido la
oportunidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
64. Sin embargo, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto
de 2016 dictada dentro del expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
15), se dijo: «En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del
contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas,
están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad
del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del
CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y
acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo».
65.En ese caso, es procedente llevar a cabo el análisis de fondo del asunto para
que en el evento de estar demostrados los elementos de la relación laboral se
analice únicamente el eventual reconocimiento de los aportes pensionales.
66.Lo anterior, por la naturaleza especial de los derechos involucrados como lo
son la consignación en el fondo de los aportes a pensión que tienen carácter
imprescriptible, motivo por el cual se debe relativizar la regla de la caducidad, y
analizar la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, ya que, la
demandante se quedaría sin acción para solicitar esa clase de derechos22.
2.3. Problema jurídico
67. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver el siguiente interrogante:
68.Corresponde en esta instancia determinar si ¿entre la señora Luz Stella López
López y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional existió una relación
20 Según acta de reparto observada en el folio 82 del expediente
21 Fecha extraída de la constancia de no acuerdo conciliatorio, visible en el folio 21, idem.
22Criterio adoptado por la Sala en el auto proferido el 3 de noviembre de 2022 dentro del
expediente 25000-23-42-000-2016-0265-01 (0581-2017) CP Gabriel Valbuena Hernández.
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laboral encubierta o subyacente en los períodos en que celebraron contratos de
prestación de servicios?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
69. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
70. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
71. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i)
el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
72. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que de
encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la finalización
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del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de
continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho término; iii)
es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios
de naturaleza parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al problema jurídico
73. La recurrente reprochó que no se valoraron las declaraciones extraproceso
rendidas por los señores Julio Cesar Villa Lobo23, Luz Adriana Restrepo
Hernández24 y Lilia Inés Lizarazo de Gómez25, quienes fueron docentes o
profesores y coordinadores académicos del plantel educativo, los cuales
presenciaron el desempeño de las labores de la demandante.
74. Al respecto, el artículo 222 de la Ley 1564 de 2012 preceptuó que las
declaraciones rendidas por fuera del proceso, allegadas en forma de traslado, o
por haberse practicado anticipada o extraprocesalmente tendrán que ser
ratificadas en el proceso de destino solo si la parte contra la que se aduce solicita
la ratificación. La codificación procesal en el último inciso del artículo 188 dispuso
que, si la parte solicita la ratificación, y el testigo no comparece, el testimonio
aportado no tendrá ningún valor.
75. De acuerdo con lo anterior, al sujeto procesal que le asiste el interés de
llevarse a cabo la contradicción del testimonio extraprocesal es la parte contra
quien se aduce la prueba, recayendo sobre ésta la carga de solicitar la diligencia
de ratificación para interrogar o contrainterrogar al testigo. En consecuencia, es
una potestad del interesado controvertir la prueba. En caso de no hacerlo, la
declaración pasará de ser sumarial26 a ser completa, para la valoración del juez.
76. Nótese que en la contestación de la demanda el Ministerio de Defensa no
reprochó ni contradijo las referidas declaraciones, razón por la que la presente
instancia verificará la eficacia probatoria de las declaraciones.
77. Los declarantes manifestaron que conocían a la señora Luz Stella López
López desde hacía 20 años como consecuencia del ejercicio de la labor docente
en el colegio Santo Domingo de Guzmán, así mismo son testigos directos por las
23 Presentó declaración con fines extraprocesales el día 4 de febrero de 2014 ante el notario diecinueve del
círculo de Medellín, folio 80 del expediente.
24 Presentó declaración con fines extraprocesales el día 28 de enero de 2014 ante el notario veinticuatro del
círculo de Medellín, folio 79, idem.
25 Presentó declaración con fines extraprocesales el día 30 de enero de 2014 ante el notario doce del círculo
de Medellín, folio 78, idem.
26 Por la forma en que se recaudó.
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siguientes razones: Lilia Inés Lizarazo de Gómez se desempeñó como
coordinadora académica de la institución educativa en el tiempo laborado por la
demandante; ii) Julio César Villa Rojo fungió como rector del plantel educativo
durante el lapso en el que la interesada se vinculó con contratos de prestación de
servicios y iii) Luz Adriana Restrepo Hernández era profesora del colegio en el
período en el que la accionante trabajó.
78. En cuanto a la prestación del servicio, yace en el expediente copia de los
contratos de prestación de servicios 00429 de 199527, 102 de 199728 y 715 de
199729, que dejaron constancia de la suscripción de 3 contratos de prestación de
servicios entre las partes, precisándose sus extremos temporales, objeto y valor,
en la forma que detalla a continuación:
No.
Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
00429 de 14
El contratista se compromete a prestar los servicios
de $880.601.00
en el colegio Santo Domingo de Guzmán, en la 14/09/1995 30/11/1995
septiembre M/cte.
ciudad de Medellín
de 1995
102 de 24 de
La contratista se compromete a prestar los servicios $2.251.125.00
febrero de 24/02/1997 23/07/199730
como tecnóloga en el colegio Santo Domingo de M/cte.
1997
Guzmán, en el sitio de Medellín que requiera o de
715 de 23 de $2.016.900.00
la entidad con haya suscrito algún convenio 24/07/1997 22/11/199731
julio de 1997 M/cte.
79. De otro lado, la rectora del colegio Santo Domingo de Guzmán a través de
certificado expedido el 6 de octubre de 200032 certificó lo siguiente:
«POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
La rectora y la secretaria del colegio Santo Domingo de Guzmán de la Policía
Nacional, aprobado en su sección de educación básica primaria por Resolución
ministerial 11814 del 11 de septiembre de 1987. Del grado 6° a 9° del nivel de
educación básica secundaria y los grados 10° y 11°. Del nivel de educación media
vocacional, modalidades comercial e industrial por Resolución 17574 del 31 de
octubre de 1985, HASTA NUEVA VISTA.
[…]
CERTIFICAN:
Que LUZ ESTELA LOPEZ LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía […] de
Santa Fe de Antioquia, labora en este plantel educativo desde el 2 de febrero de
1994 como profesora de TIEMPO COMPLETO, dictando las siguientes asignaturas:
AÑOS AREAS GRADOS H. SEMANALES
1994 Todas las áreas Segundo B TIEMPO COMPLETO
27 Folios 70 a 72 del expediente.
28 Folios 141 a 144, idem.
29 Folios 73 a 76, idem.
30 En la cláusula de plazo y vigencia se indicó que el plazo para la prestación del servicio es de 5 meses
contados a partir de la orden de iniciación de labores, una vez aprobada la garantía única.
31 En la cláusula de plazo y vigencia se indicó que el plazo para la prestación del servicio es de 4 meses
contados a partir de la orden de iniciación de labores, una vez aprobada la garantía única.
32 Folios 22 del expediente.
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1995 Todas las áreas Segundo A TIEMPO COMPLETO
1996 Todas las áreas Segundo C TIEMPO COMPLETO
1997 Todas las áreas Segundo B TIEMPO COMPLETO
1998 Todas las áreas Segundo B TIEMPO COMPLETO
1999 Todas las áreas Segundo A TIEMPO COMPLETO
Lengua castellana Cuarto A y B 8
Lengua castellana Quinto A y B 12
2000
Educación ética y valores Cuarto A 1
Directora Cuarto A TIEMPO COMPLETO
[…]»
80. Así mismo, de acuerdo con lo relatado en las declaraciones extraprocesales
de los señores Lilia Inés Lizarazo de Gómez y Julio César Villa Rojo la
demandante prestó sus servicios docentes de forma continua e ininterrumpida en
la institución educativa desde el 2 de febrero de 1994 y hasta el mes de marzo de
1998 cuando fue nombrada.
81.Por otra parte, con la expedición de la Resolución 0028 de 17 de febrero de
1998 se liquidó unilateralmente el contrato de prestación de servicios del que era
beneficiaria para esa época la demandante.
82. A propósito, en el oficio S-2014083154/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 13 de marzo
de 2014 se aseveró que «quien laboró durante los años que mencionada bajo la
modalidad contractual referida hasta que se le nombró en propiedad mediante
Resolución 0422 del 09 de marzo de 1998, momento en el cual ingresó a hacer
parte de la Policía Nacional, y es solo hasta esa fecha que quedó contemplada en
la respectiva planta de la Institución y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente […]».
83. Teniendo en cuenta lo precedente, la actora cumplió con la carga de
demostrar la prestación personal del servicio como docente en favor del colegio
Santo Domingo de Guzmán de la Policía Nacional entre el 2 de febrero de 1994
al 17 de febrero de 199833.
84. Por otra parte, la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, la
certificación de 19 de agosto de 201134 expedida por la tesorera principal de la
Policía Nacional-área metropolitana del Vall de Aburrá, se extraen los pagos
33 Si bien en la demanda se reclamó el tiempo hasta el día 8 de marzo de 1998, lo cierto es que según la
Resolución 0028 de 17 de febrero de 1998, el contrato de prestación de servicios se liquidó el 17 de febrero
de 1998.
34 Folio 77 del expediente.
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percibidos por la demandante por concepto de los servicios ejecutados. Con lo
que se acredita este requisito.
85. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, conforme con lo
previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad
que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración
del contrato».
86. Se resalta que en la declaración extraproceso rendida por Lilia Inés Lizarazo
de Gómez se indicó que la actora «desde el momento de su ingreso cumplió con
todos sus deberes como docente, cumplió horarios, participó de todas las
actividades del colegio, tuvo a su cargo la dirección de grupos, calendario,
actividades recreativas y sociales, cumplía órdenes de sus superiores».
87. En consonancia con lo anterior, la señora Luz Adriana Restrepo Hernández
expresó que la actora «laboraba en la jornada de 6:30 AM a 1:30 PM de lunes a
viernes y cumplía con todas las actividades a ella encomendada al igual que los
demás docentes que se encontraban directamente vinculados a la Policía
Nacional».
88. Igualmente, el deponente Julio César Villa Rojo afirmó que la accionante
«cumplió con todas las actividades curriculares planeadas por la institución año
tras año sin ninguna diferencia a los docentes vinculados mediante acto
administrativo. Desarrolló planes curriculares, proyectos institucionales, recibía
capacitaciones, participaba en actividades recreativas y sociales del colegio, fue
evaluada semestralmente, cumplía horarios, estuvo subordinada a las órdenes del
jefe».
89. Al respecto, esta Corporación ha tenido la oportunidad de advertir que,
aunque se celebren contratos de prestación de servicios, existen ciertas
actividades que dada su naturaleza y las obligaciones que se encuentran a cargo
del contratista se presume la existencia de subordinación del contratante y, por
tanto, una relación de trabajo, tal y como ocurre con las relaciones suscritas entre
la administración pública con el personal que ejerce funciones de docente35.
90. En ese sentido, para conceptualizar la naturaleza de la labor en comento,
debe decirse que el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 define como docente a
quien ejerce la profesión de educador, esto es, «[…] el ejercicio de la enseñanza
en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que
trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 29 de julio de 2021, expediente: 23001-23-33-000-2014-00400-01 (3536-2018) CP William Hernández
Gómez.
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funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión
e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo».
91. Además, en el decreto en cita se les imponen ciertas obligaciones 36 y
prohibiciones37 a los docentes, dentro de las que se encuentran: (i) «Cumplir las
órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos», (ii)
«Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las
funciones propias de su cargo» y (iii) no «…abandonar o suspender sus labores
injustificadamente o sin autorización previa».
92. A su vez, en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994 (General de Educación)
dispuso nuevamente que por educador se entiende «[…] es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y
aprendizaje de los educandos...». y que el servicio educativo al ser público y de
responsabilidad a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, se encuentra
debidamente reglamentado por el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio
de Educación, en coordinación con las secretarías de educación departamental,
municipal y distrital.
93. De ese modo, es de colegir que los docentes no son autónomos en el
desarrollo de sus funciones, pues se encuentran sometidos de forma recurrente a
las directrices que realicen las autoridades educativas, a partir de las
reglamentaciones expedidas para la prestación del servicio de educación de parte
del Gobierno Nacional-Ministerio de Educación y las secretarias de educación
departamentales, municipales y distritales. Situación que se evidencia, entre otros
asuntos, en que constantemente los docentes están sujetos a inspección y
vigilancia de sus superiores, tales como los gobernadores y alcaldes municipales,
a través de las secretarias de educación o los directores de núcleo municipal38.
94. Es por lo que se repite, para esta Corporación39 las labores desempeñadas
por el docente contratista no es independiente, sino que debe ser desarrollada de
manera personal y subordinada, pues se encuentran insertos en el círculo
organizativo y rector de las entidades que prestan el servicio educativo a partir de
36 Decreto 2277 de 1979, artículo 44.
37 Decreto 2277 de 1979, artículo 45.
38 Ley 115 de 1994, articulo 171.
39
Ver entre otras, las sentencias del 2 de mayo de 2013, radicado: 05001233100020040374201 y la SUJ025-CE-S2-2021
del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143- 01 (1317-2016). Cita de la cita: Al respecto véanse
las sentencias de (i) 30 de octubre de 2003 de la subsección B, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, número interno
24602003, actora: Sonia Stella Prada Cáceres, (ii) 30 de marzo de 2006 de la subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado, expediente 52001233100019990121502 (466904), demandante: María Carmela Guerrero Benavides, (iii) 14
de agosto de 2008 de Ja subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente
68001231500020020090301 (015708), (iv) 1° de octubre de 2009 de la subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve,
expediente 04882009, actor: Liliana Esmeralda Jaimes Jaimes, (v) 4 de noviembre de 2010 de la subsección A, C.P.
Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente 07612010, actor: Marisel Bohórquez Sarmiento, (vi) 16 de febrero de 2012
de la subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente 196111, actor: María Edilma Barrera Reyes, y (vii)
24 de octubre de 2012 de la subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 6800123310002003
0256801(120112), actor: Héctor Alfonso Cáceres
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las directrices y reglamentos que se profieran para tal fin. A este respecto, se dijo
lo siguiente en la sentencia de unificación de CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016:
«[…] es menester anotar que la actividad docente no se desarrolla en virtud de
la coordinación imperante en los contratos de prestación de servicios,
comoquiera que se cumple conforme a las instrucciones, directrices y
orientaciones de sus superiores en el centro escolar, la secretaría de
educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo
su propia dirección y gobierno, de lo cual se infiere que la subordinación y la
dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al
ejercicio docente sujeto a los reglamentos propios del magisterio.
A manera de conclusión y de acuerdo con los derroteros trazados por ambas
subsecciones, dirá la Sala que la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho
menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público
de educación, en razón a que al igual que los docentes-empleados públicos (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial
por parte del Estado». Negrillas de la Sala.
95. En consecuencia, es claro que se encuentra acreditado el elemento de la
subordinación del demandante pues prestó su servicio docente-contratista al
servicio de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, específicamente en
el colegio Santo Domingo de Guzmán ubicado en Medellín, comoquiera que de
acuerdo con la naturaleza de la labor impartida y, es notorio que sus actividades
debían realizarse cumpliendo con las directrices, reglamentaciones impuestas por
la entidad demandada, así como el horario y calendario escolar, además, estaba
sometido a su inspección y vigilancia.
96. Ahora bien, como se analizó en el acápite de cuestión previa, la demanda se
presentó por fuera de término, imposibilitándose emitir una decisión sobre el
reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales a que tendría
derecho la demandante, no obstante, se dará aplicación a la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 según la cual los aportes
pensionales están exceptuados de la caducidad del medio de control. Por lo tanto,
se revocará la sentencia recurrida y se accederá a las pretensiones de la demanda
únicamente respecto al reconocimiento y pago de los aportes pensionales.
2.6. De la condena en costas en ambas instancias
97. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no
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obstante, actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es
procedente verificar la carencia de fundamento legal.
98. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de
primera instancia, debe darse aplicación al numeral 4° del artículo 365 del CGP,
por tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que
se sustentaron las razones esgrimidas por la parte demandada en la contestación
de la demanda y en las intervenciones llevadas a cabo en el curso procesal, sin
que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 30 de septiembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual se
negaron las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción,
respecto de las prestaciones distintas al giro de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los oficios S2014083154/SEGEN-ARRJUR
15.1 de 13 de marzo de 2014, S-2014-1366256/SEGEN-ARRJUR 15.1 de 18 de
diciembre de 2014 y S-2015-142474/ SEGEN-ARRJUR 15.1 de 21 de mayo de
2015 expedidos por el secretario general de la Policía Nacional que negaron el
reconocimiento de la relación laboral encubierta.
CUARTO: DECLARAR probada la existencia de una relación laboral encubierta
entre la señora Luz Stella López López y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional entre el 2 de febrero de 1994 y hasta el 17 de febrero de 1998, por lo
expresado en la parte motiva.
QUINTO: ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional efectuar
al fondo de pensiones de la demandante, la diferencia por concepto de aportes a
pensión frente a los montos cotizados por este a la entidad de previsión a la que
se hubiese encontrado afiliada, únicamente en la proporción que le habría
correspondido como empleador de aquella durante los períodos en los que la
accionante se desempeñó como docente para la autoridad administrativa por
medio de contratos de prestación de servicios que encubrieron una relación
laboral (entre el 2 de febrero de 1994 y el 17 de febrero de 1998), teniendo en
cuenta el valor de los honorarios.
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La demandante deberá acreditar a cuál entidad de previsión y por qué valores
efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como
docente contratista de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional en caso
de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio a
la entidad pública.
En caso de que la docente no demuestre o afirme no haber realizado tales
cotizaciones, el fondo de pensiones respectivo podrá descontar de las sumas
adeudadas al libelista en virtud de la condena, los valores pendientes de recaudo
o la diferencia en su contra si existiere, por el porcentaje que le incumbía a aquel
como trabajadora.
SEXTO: DECLARAR que el tiempo laborado por la demandante al servicio de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, desde el 2 de febrero de 1994
hasta el 17 de febrero de 1998, debe computarse para efectos pensionales.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo.
OCTAVO: Sin condena en costas en ambas instancias.
NOVENO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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