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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01617-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01617-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento y pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha 10 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en su lugar, NEGAR, las demás pretensiones de la demanda; de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias, a la parte demandante por lo ya dicho. CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01617-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01617-01(4727-2022)
Demandante: Margarita Gallo Roa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01617-01(4727-2022)
Demandante: Margarita Gallo Roa
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Declara probada la caducidad y niega pretensiones de la
demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de 10 de
marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio OJU-E-1975-
2019, expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, notificado
el 17 de abril de 2019.

3. Como consecuencia de lo anterior, se declare la existencia de una relación
laboral entre las partes y, como restablecimiento del derecho, se condene a la
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. pagar los siguientes
emolumentos:

4. Las prestaciones sociales establecidas en la ley, tales como: cesantías,
intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de navidad, vacaciones,
bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, recargo salarial
por el trabajo realizado en horario nocturno, dominical y festivo.

1
Folio 1 expediente físico

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01617-01(4727-2022)
Demandante: Margarita Gallo Roa

5.Devolución del porcentaje por concepto de aportes del Sistema de Seguridad
Social correspondientes al empleador, en el tiempo que duró la relación laboral
entre las partes.

6.De otro lado, solicitó la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
por haber terminado la entidad unilateralmente el contrato de prestación de
servicios 06829 de 2018, mientras se encontraba en incapacidad por maternidad.

7. Solicitó la «vinculación a la planta de personal de la entidad, por llevar más de
10 años continuos e ininterrumpidos prestando sus servicios como médica
ginecóloga a la entidad» y que se condenara a la ESE al pago de las costas
procesales.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

8.Señaló la demandante que, desde el 2 enero de 2008 hasta el 27 de
septiembre de 2018, prestó sus servicios profesionales como médica
especializada en ginecología en el Hospital El Tunal (que en la actualidad
pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E), de manera
continua e ininterrumpida, con la suscripción de 17 contratos de prestación de
servicios.

9. Durante los 10 años y 8 meses de prestación de su servicio trabajó en las
instalaciones del Hospital El Tunal o rotando por los demás hospitales que
conforman la Subred, dentro de los que se encuentran Mesissen, El Carmen, Cap
Marichuel y Cap Betania. Luego de la fusión de la entidad, cumplió órdenes y
siguió las instrucciones impartidas tanto por las directivas del hospital, como del
coordinador del área de ginecología, jefe del servicio y líder o referente de
ginecología. De manera que desarrolló sus funciones en el lugar y horarios
asignados.

10. Que tenía que cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: «Atender
pacientes hospitalizados en sala de partos y en el piso de Ginecología; realizar consulta
programada y de urgencias y ecografías de urgencias; responder interconsultas de
pacientes hospitalizados y de urgencias; realizar cirugía ginecobstetricia de urgencias y
programada; cumplir con la Resolución 1995 de 1999, sobre manejo y diligenciamiento
de la historia clínica; velar por la mínima estancia hospitalaria de los pacientes; participar
activamente en la garantía de la seguridad del paciente durante su permanencia en la
Entidad».

11. Afirmó que esas funciones eran iguales a las realizadas por los médicos de
planta del hospital; dado que las actividades desplegadas eran propias de la
E.S.E y requerían el cumplimiento de horarios nocturnos, días dominicales y
festivos, sin que se le fueran cancelados tales emolumentos como
contraprestación.

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12. Sostuvo que el último contrato de prestación de servicios que celebró con la
entidad fue el 6829 del 1 de junio de 2018, cuya terminación, de acuerdo con la
prórroga suscrita el 30 de septiembre de 2018, fue el 31 de octubre de 2018.

13. Señaló que el 27 de septiembre de 2018 dio a luz su hijo, lo cual comunicó a
la entidad previamente; quien, en vez de suspender su contrato, lo terminó a partir
del 30 de septiembre de 2018, con una comunicación en la que se indicó que se
presentara a firmar el acta de terminación de contrato a partir de dicha fecha.

14. Por lo anterior, solicitó mediante petición a la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así
como el pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato. No
obstante, la entidad respondió negativamente la solicitud con el Oficio OJU-E-
1975-2019 bajo radicado 2019035101117681 del 11 de abril de 2019.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

15. Indicó que el acto administrativo demandado vulneró las siguientes
disposiciones: los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política. De orden legal
y reglamentario: Ley 65 de 1946; Decreto 3118 de 1968 artículos 28 y 33; Decreto
3135 de 1968 artículos 5, 8, 9, 11 y 14; Decreto 1848 de 1969, artículos 47 y 51;
Decreto 1950 de 1973, artículos 6 y 7; Decreto Ley 1045 de 1978 artículos 8, 20
numeral 2, 25, 28, 29, 30, 32 y 40; Ley 80 de 1993, artículos 32 y 39; Ley 909,
artículos 2, 17 y 19.

16. Como concepto de violación, expuso que con la expedición del acto enjuiciado
se desconocieron los artículos de la Constitución Nacional que protegen la
igualdad, el debido proceso y el principio de la realidad sobre las formas. En la
medida que, por haber desempeñado la actora funciones misionales e inherentes
a la entidad como médica ginecobstetra en iguales condiciones que el personal
de planta, con la existencia de los elementos de una relación laboral 2, se
vulneraron sus derechos a recibir las prestaciones sociales que perciben los
empleados públicos.

17. En el presente caso las órdenes que denotan la subordinación impuesta a la
demandante en la prestación de sus servicios se encuentran contenidas en las
obligaciones de observar las guías, desarrollar los turnos en los lugares que le
fueran establecidos y en la fijación de un horario de servicios por la entidad. Al
tiempo que se acreditó la temporalidad y permanencia del servicio, por el período
en el que fueron realizadas las actividades, lo que advierte el carácter
permanente y principal de las funciones ejecutadas.

2
Es decir, con la configuración de los elementos consignados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

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Demandante: Margarita Gallo Roa

18. De otro lado, señaló que, con la decisión de no indemnizarla por la terminación
anticipada de su servicio sin justa causa, a pesar de que la actora se encontraba
en periodo de lactancia y, por tanto, revestida de una estabilidad laboral reforzada
por su condición de maternidad, se vulneraron los artículos 13, 43 y 53 de la
Constitución Política. Máxime teniendo en cuenta que, al Corte Constitucional en
las sentencias de unificación SU-070 y 071 de 2013, protegieron establecen que
estabilidad laboral reforzada en el caso de las mujeres en periodo de lactancia
se protege indistintamente del tipo de vinculación que tenga la persona.

1.4. Contestación de la demanda3

19. A través de apoderado judicial, la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E contestó la demanda indicando su oposición a todas y cada una de las
pretensiones.

20. Alegó que entre las partes no existió un vínculo laboral, sino una relación
netamente contractual. Negó que la entidad le hubiera impuesto a la demandante
el cumplimiento de un horario de trabajo o que tuviera jefes o superiores
jerárquicos. Que existió una relación de coordinación y supervisión de actividades
de acuerdo con las obligaciones que fueron establecidas en los contratos, en los
cuales existieron interrupciones.

21. Agregó que el legislador permite este tipo de contratos cuando determinada
actividad relacionada con la administración o funcionamiento de las entidades no
puede realizarse con el personal de planta, para los cuales, reiteró, que la actora
contaba con autonomía e independencia.

22. Respecto a los hechos relacionados con la no renovación del contrato de
prestación de servicios de la actora luego de su embarazo, indicó que la entidad
se atenía a lo que se probara en el curso del proceso.

23. Propuso como excepción previa la caducidad del medio de control pretendido,
sustentada en que el oficio demandado fue notificado a la demandante el 11 de
abril de 2019, que la solicitud de conciliación extrajudicial se efectuó el 5 de
agosto de 2019, la audiencia ante la procuraduría de esta se realizó el 29 de
octubre de 2019 y la demanda se incoó el 15 de noviembre de 2019, es decir, 4
meses y 10 días, lo que configura la excepción.

24. Mediante auto de 1.° de julio de 2021, el tribunal resolvió la excepción previa
declarándola no probada, bajo el supuesto de que en la sentencia de unificación
de 25 de agosto de 2016, en los procesos de contrato realidad, aun sin pedirse
expresamente el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social,
son prestaciones periódicas e imprescriptibles y que como en la demanda se
solicitaron entre otras las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social,

3
Folio 63 expediente físico

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no puede contarse el término de caducidad. Dicha decisión no fue objeto de
recurso alguno.

25. Por último, propuso como excepciones de fondo las siguientes: i) inexistencia
de la relación laboral, legal o reglamentaria entre las partes; ii) inexistencia de los
elementos del contrato de trabajo; iii) cobro de lo no debido; iv) prescripción y v)
excepción genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia4

26. El Tribunal dictó sentencia el 10 de marzo de 2022, declaró la nulidad parcial
del acto administrativo demandado y la existencia de una relación laboral
encubierta entre las partes desde el 2 de enero de 2008 hasta el 30 de septiembre
de 2018 (salvo interrupciones).

27. Como consecuencia de lo anterior, decidió lo siguiente: i) declaró probada la
excepción de prescripción de las prestaciones sociales derivadas del período en
el que declaró la existencia de la relación laboral «excepto en lo relacionado con
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones»; ii) declaró
que el tiempo laborado bajo contratos de prestación de servicios, entre el 2 de
enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 son computables para afectos
pensionales; iii) entre el 22 de agosto de 2009 y el 30 de septiembre de 2018,
condenó a la ESE a pagar a la actora, a título de restablecimiento del derecho,
todas las prestaciones sociales, incluidas las vacaciones en dinero, percibidas
por un servidor de planta que desempeñaba las mismas funciones o similares,
tomando como base el salario del empleo de médico de la ESE; iv) Ordenó a la
demandada realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión en
favor de la demandante entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de
2018 (salvo interrupciones), en el porcentaje que le correspondía como
empleador; v) finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.

28. Para arribar a las anteriores conclusiones, consideró que con las pruebas
arrimadas al proceso se acreditaron los elementos esenciales de una relación
laboral. Respecto de la prestación personal del servicio de la actora como
médica ginecóloga al servicio de la E.S.E, expuso que se probaron con los
distintos contratos de prestación de servicios allegados y los testimonios rendidos
por las señoras Diana Milena Moncada Casanova, Nancy Azucena Guarín López
y el señor Roberto Gallo Roa.

29. Que se probó la remuneración, ya que la labor desempeñada por la
demandante en el Hospital El Tunal III Nivel E.S.E (hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E) estaba sujeta a la apropiación presupuestal, según
los contratos de prestación de servicios que obran en el expediente y de las
copias de los documentos denominados «cuentas por pagar» que se generaron
4
103_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES.pdf Expediente digital

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mes a mes en su favor entre 2008 y 2018.

30. En torno a la subordinación, se verificó que la actora prestó sus servicios a
través del sistema de turnos rotativos en la mañana, tarde y noche, incluidos los
fines de semana, según se extrajo de las planillas de programación de turnos del
área de ginecología y obstetricia elaboradas de manera mensual por la E.S.E. Lo
cual fue corroborado por los testigos.

31. Las funciones realizadas por la demandante como médica ginecóloga eran
principales de la E.S.E., pues se trató de la atención de los pacientes que
requieren el servicio de la entidad, lo que se traduce en la prestación del servicio
de salud; que se acompasa con lo establecido en el numeral 2 del artículo 195
de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 1876 de 1994.

32. Así pues, concluyó que las actividades realizadas por la actora correspondían
al funcionamiento de la institución hospitalaria, evento que desnaturalizó la
relación contractual que sostuvieron las partes.

33. Igualmente, los testigos Diana Milena Moncada Casanova y Nancy Azucena
Guarín López manifestaron que las funciones realizadas por la demandante eran
similares a las desarrolladas los médicos ginecólogos de planta de la entidad y
se realizaban en los mismos turnos. Que las actividades eran ejecutadas bajo las
órdenes de los coordinadores del área, con la sujeción de las guías y protocolos
establecidos por el hospital. De ahí que, para el desarrollo del servicio, la
demandante no podía desplegar las actividades de manera aislada o
independiente, comoquiera que la agenda de atención de pacientes, los turnos y
el área le eran impuestos por la entidad; y, en caso de faltar a alguno, debía
informar al coordinador su prestación con un par dentro de la misma entidad. Por
ello reconoció la relación laboral encubierta.

1.6. Recursos de apelación

34. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., mediante su vocero
judicial, presentó recurso de apelación solicitando que la sentencia fuera
revocada «total o parcial». Como argumentos del recurso, expuso los siguientes:

35. Las pruebas documentales y testimoniales que obran en el expediente
denotan que no existen elementos que den cuenta de la subordinación que se
alega existió en la prestación del servicio de la actora.

36. Que con base en los contratos de prestación de servicios adjuntos en el
proceso, se extrae que la contratista realizó sus actividades de manera
independiente, lo cual se ratifica con la prueba testimonial y el interrogatorio de
parte.

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37. La demandante no probó, mediante documentos, que su inasistencia al
cumplimiento de las obligaciones contractuales hubiere generado alguna
inconformidad a la entidad, que tuviera como consecuencia una sanción en su
contra o imposición de memorando; tampoco hay constancia de solicitudes de
permisos o ausencia. Y si bien los testigos adujeron la existencia de órdenes, no
explicaron con precisión las condiciones de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron, por lo que sus dichos se basan en hipótesis sin sustento.

38. Que no puede acreditarse el cumplimiento de un horario, pues en los
testimonios, como en el interrogatorio de parte, se concluye que el desarrollo de
funciones era debidamente concertado con el supervisor o coordinador del
contrato. De manera que la demandante contó con tiempo libre para realizar
actividades distintas a las convenidas, con lo que tampoco se acreditó la
exigencia de exclusividad en el desarrollo del servicio, lo que supone de plano
que en el caso concreto no se probó la existencia de subordinación.

39. Dentro del periodo contractual existieron interrupciones que evidencian que
hubo solución de continuidad en la ejecución del servicio.

40. Reiteró la solicitud de tacha de los testigos, pues estos manifestaron tener
demandas en contra de la E.S.E., por razones similares a las presentadas por la
demandante.

41. La parte demandante, igualmente, presentó recurso de apelación parcial
contra la sentencia con la finalidad de que se adicione la condena impuesta en el
siguiente sentido:

42. Que se reconozcan y paguen en favor de la actora los recargos salariales por
concepto de trabajo realizado en jornadas nocturnas, días dominicales y festivos
dejados de pagar por la entidad en el período comprendido entre el 22 de agosto
de 2009 y el 30 de septiembre de 2018, teniendo como base para la liquidación
los honorarios cancelados mensualmente.

43. Lo anterior, pues, aunque no estuvo vinculada como empleada pública, si
prestó sus servicios en la entidad en las mismas condiciones que los médicos de
planta, tal y como se demostró en el tránsito del proceso. Por lo cual, al no percibir
los mismos emolumentos por el servicio prestado —en el que se incluyen los
trabajos realizados en horario nocturno, dominicales y festivos—, tiene derecho
a que estos sean cancelados en aplicación del principio general del derecho
laboral según el cual «a trabajo igual, salario igual». Máxime cuando se encuentra
demostrada su realización a través de las agendas o turnos obrantes en el
proceso. (pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos).

44. Que se ordene el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, por haberse terminado unilateralmente y de manera anticipada

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el contrato de prestación de servicios 06829 de 2018, mientras la demandante se
encontraba en incapacidad por maternidad, del cual no hubo pronunciamiento en
primera instancia.

45. Alegó que si bien el contrato de servicios 06829 de 2018, suscrito entre las
partes terminaba el 31 de octubre de 2018 según da cuenta la prórroga del plazo
de ejecución, el mismo debió suspenderse el 27 de septiembre de 2018, fecha
en la que la demandante dio a luz, ya que este fue puesto en conocimiento a la
entidad dentro del término de ejecución del contrato.

46. Por lo tanto, al terminar de manera unilateral el contrato por parte de la entidad
demandada, se vulneraron sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, salud,
igualdad y a la protección de su hijo recién nacido. Lo anterior, se encuentra
probado en el proceso a partir del certificado de recién nacido del 27 de
septiembre de 2018, del hijo de la señora Margarita Gallo Roa y con el certificado
médico de esa fecha que demuestra el inicio de la incapacidad de maternidad en
el período comprendido entre el 27 de septiembre de 2018 y el 30 de enero de
2019.

1.7. Trámite en segunda instancia

47. Los recursos de apelación se admitieron mediante auto del 23 de marzo de
2023.

48. Posteriormente, la Subsección expidió auto de mejor proveer el 7 de mayo
de 2026, a través del cual se requirió «a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E. para que en el término de diez (10) días allegara al proceso la
constancia de comunicación o notificación hecha a la señora Margarita Gallo Roa
del oficio OJU-E-1975-2019 del 10 de abril de 2019, expedido por el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad, a través del cual se negó la existencia
de una relación laboral entre las partes y el consecuente pago de las prestaciones
sociales y “la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997”»5.

49. Asimismo, dispuso que, conforme lo establece el inciso tercero del artículo 213
del CPACA, dentro del término de ejecutoria de esa providencia, las partes
podrían aportar o solicitar, por una sola vez, las pruebas que estimaran
pertinentes, conducentes y útiles para contraprobar la que fue decretada.
Finalmente, una vez allegada la información requerida, se indicó que, por
Secretaría, se correría traslado por diez días en los términos del numeral quinto
del artículo 247 del CPACA, esto es, para que las partes presenten alegatos de
conclusión.

5
Índice 14 del aplicativo SAMAI segunda instancia.

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50. En atención a lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
ESE allegó al proceso oficio el 17 de junio de 2026, a través del cual atendió el
requerimiento de esta Corporación, aportando «[la] correspondiente a la
constancia de comunicación y/o notificación del oficio OJU-E-1975-2019 del 10
de abril de 2019, para los fines pertinentes dentro del proceso»6.

51. De otro lado, el Ministerio Público presentó su concepto en el trámite de
segunda instancia, solicitando que se confirmara la sentencia de primer grado.
Expresó que con los elementos que reposaban en el expediente se advertía la
concurrencia de los elementos de la relación laboral entre las partes,
especialmente la subordinación7.

52. Finalmente, la demandante allegó sus alegatos de conclusión en segunda
instancia en la que reiteró la solicitud planteada en el recurso de apelación,
relativa a que se confirmara la existencia de la relación laboral y se accediera a
las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de recargos salariales por
trabajo suplementario y a la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, cuyo análisis fue omitido por el Tribunal.

53. En lo que respecta a las pruebas recaudadas en segunda instancia, adujo que
la constancia de notificación presentada por la entidad del Oficio OJU-E-1975-
2019 del 11 de abril de 2019 —esto es, el acto administrativo demandado—, en
la que se evidencia un recibido en la primera página a nombre de «Nama
Sánchez» del 11 de abril de 2019, en realidad no constituye constancia alguna
de la notificación de ese acto a la demandante, Margarita Gallo Roa.

54. Lo anterior, debido a que no existe prueba en el expediente que «Nama
Sánchez» hubiese sido autorizada por la actora para recibir la respuesta; de
suerte que tal firma no comprueba que esta última hubiera recibido la petición
para el 11 de abril de 2019, máxime teniendo en cuenta que el artículo 67 del
CPACA dispone que todas las manifestaciones de la administración deben
notificarse al interesado, representante o persona autorizada8.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

55. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

6
Índice 20 del aplicativo SAMAI segunda instancia.
7
Índice 19 del aplicativo SAMAI segunda instancia.
8
Índice 23 del aplicativo SAMAI segunda instancia.

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.

56. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante o, cuando ambas partes hubieran
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. Como en el
presente caso las partes no presentaron reparos sobre toda la sentencia de
primera instancia, en principio, la competencia en segunda instancia sería sin
limitaciones. Sin embargo, antes formular el problema jurídico, la Subsección
estima procedente realizar el siguiente análisis como cuestión previa con el fin de
determinar los asuntos a estudiar en esta providencia.

2.2. Cuestión previa – De la caducidad

55.Previo a realizar el análisis de fondo correspondiente, resulta necesario
precisar algunos aspectos relacionados con el fenómeno de la caducidad.

56.Sobre esta figura, debe destacarse que la Corte Constitucional ha preceptuado
que la caducidad es una institución jurídico-procesal que propende por la
protección del interés general, en la medida en que establece que el derecho de
acción de quien demanda se ejerza no en cualquier momento, sino en los
términos legalmente establecidos por el legislador, en aplicación de la libertad de
configuración normativa, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar la
paralización del tráfico jurídico11.

57.El artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d), dispone que la caducidad se
configura cuando la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se interpone dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.

58.No obstante, dicha regla debe interpretarse a la luz de lo establecido por esta
Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016, en la cual se sostuvo que, en los procesos en los que se pretenda el
reconocimiento de una relación laboral y, como consecuencia de ello, el pago de
aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, dichas
reclamaciones se encuentran exceptuadas tanto de la prescripción como de la
caducidad12.

9
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
11
Corte Constitucional C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
12
En detalle, la sentencia al respecto dijo lo siguiente: « «En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad
del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados
y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión

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59.En consecuencia, las pretensiones orientadas al reconocimiento de una
relación laboral y, a través de ello, al pago de aportes al sistema de seguridad
social en pensiones no se encuentran sometidas a las reglas de prescripción ni
de caducidad.

60.Sin embargo, la regla de unificación jurisprudencial solo cobija las
reclamaciones de carácter pensional. Por lo tanto, la procedencia de la
prescripción y la caducidad respecto de los demás derechos reclamados a título
de restablecimiento del derecho debe analizarse conforme a las reglas
procesales vigentes; esto es, particularmente en materia de caducidad, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d).

61.Esta interpretación guarda consonancia con lo que previamente ha señalado
esta Subsección, en el sentido de que, al estudiar la caducidad en demandas
dirigidas a obtener la declaratoria de una relación laboral, deben escindirse, por
una parte, las pretensiones sujetas a caducidad —como el reconocimiento de
bonificaciones, primas o sanciones moratorias— y, por otra, aquellas respecto de
las cuales no opera dicha figura, como ocurre con los aportes al sistema de
seguridad social13.

62.Ahora bien, al examinar el curso del proceso en primera instancia, se evidencia
que el Tribunal mediante auto del 1. ° de julio de 2021 negó la excepción de
caducidad, que se había propuesto como previa por la entidad demandada,
argumentando que, de acuerdo con la sentencia de unificación proferida por esta
Sección el 25 de agosto de 2016, no era procedente su declaratoria dado que,
de forma consecuente a la declaratoria de la relación laboral surgía el
reconocimiento de prestaciones periódicas e imprescriptibles, no sujetas a dicho
fenómeno.

63.Lo anterior conllevó a que en la sentencia de primera instancia el a quo no
analizara la caducidad de la acción y, en consecuencia, luego de declarar la
nulidad del acto acusado, reconoció en favor de la demandante «todas las
prestaciones sociales de ley incluidas las vacaciones en dinero, percibidas por
un servidor de planta que desempeñaba las mismas o similares funciones».

64.Contrario a lo anterior, la Subsección considera que el estudio de la caducidad
debe realizarse de manera previa al análisis de la relación laboral. Esto obedece
al hecho de que tal figura constituye un presupuesto procesal para el ejercicio del
derecho de acción de la actora. Por ello, antes de abordar el estudio de fondo de
las pretensiones resulta necesario determinar si dicho fenómeno se configuró o

en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo»
13
Ver por ejemplo Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente n.º 66001-23-33-000-2015-00124-
01 (4765- 2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de
julio de 2018. Expediente n.º 25000-23- 42-000-2017-01648-01 (4299-17) y 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19)
CP. Rafael Francisco Suárez Vargas y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre
de 2025. Expediente n.º 66001-23-33-000-2018-00083-02 (3918-2022) Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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no y, en consecuencia, respecto de cuáles pretensiones se encuentra habilitada
la jurisdicción para emitir un pronunciamiento de fondo.

65.En efecto, contrario al criterio del Tribunal, no sería adecuado que la Sala
abordara el estudio de determinadas pretensiones bajo el argumento de que, en
los asuntos en los que se solicita la declaratoria de una relación laboral, su
análisis debe realizarse con posterioridad a la verificación de dicha relación, si
respecto de algunas de ellas ya se hubiera configurado la caducidad por no
haberse presentado la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la
notificación o comunicación del acto administrativo que resolvió definitivamente
la situación jurídica.

66.En ese orden de ideas, la Sala estudiará si se configuró o no la caducidad
respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento de aportes pensionales:

67.De acuerdo con las pruebas aportadas, se acreditó que la demandante
presentó la reclamación administrativa el 21 de marzo de 2019, en la cual solicitó
el reconocimiento de una relación laboral con la ESE y el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir en el periodo que se demanda, así
como el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de
1997.

Como respuesta, la entidad profirió el 10 de abril de 2019 el oficio OJU-E-1975-
68.

2019.

69.La Subsección, profirió mejor proveer el 7 de mayo de 2026, a través del cual
requirió a la entidad para que aportara constancia de notificación del acto
administrativo acusado, dado que no reposaba en el expediente. No obstante,
frente a ello, la entidad remitió al proceso nuevamente la misma copia del oficio
OJU-E-1975-2019 del 10 de abril de 2019, sin añadir el documento solicitado; de
modo que la prueba allegada no cumplió su finalidad, es decir: dar claridad sobre
el momento en que la entidad realizó la notificación del acto administrativo
demandado, en los términos del artículo 67 del CPACA.

70.Sin embargo, se evidencia que en la demanda la actora expuso directamente
que aquel le fue notificado el 17 de abril 2019. De manera que, si bien no existe
constancia documental de tal hecho, con que la actora hubiera manifestado libre
y espontáneamente que conoció el acto administrativo acusado desde el 17 de
abril de 2019, para la Subsección emerge con claridad que se configura la
notificación por conducta concluyente en los términos que preceptúa el artículo
72 del CPACA, el cual expresamente indica que, en principio, sin el lleno de los
requisitos necesarios —que para el caso particular se encuentran en el artículo
67 ibidem— se tendrá por no hecha la notificación ni producirá efectos legales,
«a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recurso legales».

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71.Así las cosas, es a partir del 17 de abril de 2019 en que a la actora le era
oponible el oficio demandado, en tanto fue el momento en que adujo que lo
conoció. Por lo tanto, a partir de allí empezaron a surtirse sobre aquel los efectos
correspondientes a su eficacia, dentro de los que se encuentran los términos
contenidos en el artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d), relativos a la
oportunidad para la presentación de la demanda en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

72.Por conducto de apoderado la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 126 Judicial para Asuntos Administrativos el 5
de agosto de 201914, es decir, cuando ya habían transcurrido 3 meses y 18 días
luego de la notificación del acto, o lo que es lo mismo, cuando faltaban 12 días
para que operara la caducidad del medio de control.

73.De acuerdo con los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 200115, la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad
hasta que se expida el acta de conciliación o la constancia de no acuerdo. De
esa manera, una vez la Procuraduría 126 Judicial para Asuntos Administrativos
profirió la constancia de no acuerdo el 29 de octubre de 2019 16, la demandante
contaba con 12 días para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, es decir, hasta el 12 de noviembre de 2019, so pena de configurarse la
caducidad.

Lo anterior, dado que si bien los 12 días siguientes a la expedición de la
74.

constancia de no acuerdo se cumplían el 10 de noviembre de 2019, dicha fecha
correspondió a un domingo, esto es, a un día inhábil —aunado a que el 11 de
noviembre siguiente, lunes, también lo era por ser feriado—. Por ello, de
conformidad con el artículo 62 de la Ley 4 de 191317, el vencimiento del término
debía extenderse hasta el día hábil siguiente, esto es, el 12 de noviembre de
2019. Sin embargo, la demanda solo fue presentada el 15 de noviembre de
201918, esto es, 3 días después del vencimiento del término legal.

75.En consecuencia, la Subsección encuentra que la demanda se halla afectada
por el fenómeno de la caducidad, razón por la cual se declarará probada esta
excepción. De esa manera, las pretensiones orientadas a obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir por la
actora durante el período en que afirmó haber existido una relación laboral con

14
Folio 19 del expediente físico.
15
Norma vigente para el momento de la realización de este trámite. Teniendo en cuenta que fue derogada posteriormente
por la Ley 2220 de 2022.
16
Folio 20 del expediente físico.
17
Recuérdese que, conforme este artículo, es necesario distinguir si los plazos están señalados en días, meses o años:
(i) en el caso que se fijen en días, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes a menos que se exprese lo contrario
y (ii) si es meses o años, como lo son los términos de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (4 meses) o reparación directa (2 años), «se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o
de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil». Por lo tanto, cuando se trate de este último evento, la
extensión del plazo dado por la ley, cuando termine en un día inhábil, será el día siguiente hábil.
18
Folio 28 del expediente físico.

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la ESE —salvo los eventuales aportes pensionales— no pueden ser estudiadas
de fondo.

76.Lo mismo ocurre con la solicitud de indemnización prevista en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, dado que, al perseguirse con ella un beneficio económico
negado por la administración en el acto administrativo posteriormente
demandado, era necesario formular su reclamación judicial dentro de la
oportunidad legal. Por lo tanto, al delimitar los cargos que la Subsección estudiará
a continuación, no se incluirán los reparos propuestos por la demandante en su
recurso de alzada respecto de ese extremo.

77. En conclusión, de acuerdo con lo precedente, no era procedente el
reconocimiento posterior de las prestaciones sociales efectuado por el Tribunal
en la sentencia recurrida. Sin embargo, antes de examinar las incidencias de ese
reconocimiento, y en atención al recurso de apelación interpuesto por la entidad,
así como a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25
de agosto de 2016, resulta necesario analizar si se configuró o no una relación
laboral encubierta entre las partes, a fin de determinar si la actora tiene derecho
al reconocimiento y pago de los aportes pensionales por parte de la ESE, en
calidad de posible empleadora real.

78.En suma, por la naturaleza especial de los derechos involucrados
particularmente los relacionados con los aportes al sistema pensional, no se
aplicará de la caducidad únicamente respecto de esta materia, no solo por lo
dispuesto en las reglas de unificación jurisprudencial de esta Sección, sino
también para garantizar que la demandante no quede privada de la posibilidad
de reclamar tales derechos19.

2.3. Problema jurídico

57. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

58. ¿Entre la señora Margarita Gallo Roa y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E. existió una relación laboral encubierta en el período en que
prestó sus servicios como médica especialista en ginecología y obstetricia
mediante contratos de prestación de servicios?

59. De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta, se
estudiará si la actora tiene derecho al pago de los aportes pensionales en el
fondo correspondiente por parte de la ESE.

19
Criterio adoptado por la Sala en el auto proferido el 3 de noviembre de 2022 dentro del
expediente 25000-23-42-000-2016-0265-01 (0581-2017) CP Gabriel Valbuena Hernández y en la siguiente sentencia
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del catorce (14) de
mayo de dos mil veinticinco (2025). C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves. Radicado: 05001-23-33-000-2015-02520-01 (6752-
2024)

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2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

79.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

80.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

81. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

82.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

83.En primer lugar, la Sala estima necesario referirse a la solicitud de tacha
propuesta por el apoderado de la entidad demandada sobre los testigos

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presentados por la parte demandante, dada su parcialidad por tener un interés
directo en el resultado del proceso.

84.Al respecto, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos
prescritos por el Código General del Proceso:

«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso»

85.Como se puede apreciar, le corresponde al juez determinar sí un testigo es o
no sospechoso y valorar sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.

86. Ahora bien, para valorar el testimonio, es necesario que las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del relato sean claras, que las respuestas sean
responsivas, exactas y completas20 y que el declarante explique cómo llegó al
conocimiento de los hechos, pues sólo de esta forma el juzgador podrá apreciar
la veracidad de lo expuesto, y determinar si la información se obtuvo de primera
mano, si resulta verosímil, si no contraría los dictados del sentido común o las
leyes de la naturaleza, y, además, si es consonante con el resto del material
probatorio21.

87.No obstante, tal como se infiere de la norma transcrita, la tacha no impide la
valoración de la declaración de un testigo sospechoso, sino que le impone al
juzgador el deber de apreciarlo con mayor severidad, y que su dicho sea
contrastado con las demás pruebas que existen en el expediente22. De allí que
se haga el estudio del medio probatorio en mención de manera conjunta con los
demás elementos probatorios traídos al proceso, a efectos de determinar la
veracidad de las declaraciones de los testigos y, por tal conducto, la pertinencia
que la prueba cuenta para constatar o no la teoría del caso de la parte
demandante.

Dicho lo anterior, conforme los documentos que obran en el plenario, se
88.

concluye que la demandante prestó personalmente sus servicios como
médica especialista en ginecología en favor de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E. (antes Hospital Tunal), entre el 2 de enero de 2008 y el 31

20
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de febrero de 1965, magistrado ponente: Gustavo
Fajardo Pinzón, publicada en Gaceta Judicial, Tomo CXI, página 54,
21
cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 1992, magistrado ponente: Alberto
Ospina Botero, publicada en la Gaceta Judicial 2458, que se encuentra en el Tomo ccxix, pp. 301 y ss.
22
Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-
2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.

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de octubre de 2018 —salvo interrupciones— a través de la suscripción de 17
contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes y sus respectivas
prórrogas.

Número de Inicio Fin Objeto del contrato Valor del
Contrato contrato
447-2008 2 de enero de 31 de enero de El contratista se obliga para con el $6.300.000
2008 2008 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E a
Otrosí No. 1 adición 1 de febrero 29 de febrero de prestar sus servicios como $8.400.000
y prórroga al de 2008 2008 MÉDICO ESPECIALISTA
contrato No. 447-
2008
Interrupción de 1 años, 5 meses, y 20 días
1013-2009 22 de agosto 21 de El contratista se obliga a prestar $7.224.000
de 2009 septiembre de sus servicios como MÉDICO
2009 GINECOLOGO de GINECO-
Otrosí No. 1 adición 22 de 31 de diciembre OBSTETRICIA en jornadas de 168 $3.612.000
y prórroga al septiembre de de 2009 horas de domingo a domingo en el
contrato 1013-2009 2009 área de GINECO-OBSTETRICIA
Otrosí No. 2 adición del HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
y prórroga al
contrato 1013-2009
Otrosí No. 3 adición $6.966.000
y prórroga al
contrato 1013-2009
Otrosí prórroga No. 1 de enero de 28 de febrero de $18.000.000
02 del contrato No. 2010 2010
1013-2009
684-2010 1 de marzo de 30 de junio de El contratista se obliga a $60.700.000
2010 2010 desarrollar sus actividades como
Otrosí prórroga No. 1 de julio de 31 de agosto de MÉDICO GINECOLOGO en el $10.200.000
01 del contrato No. 2010 2010 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E
684-2010
Otrosí adición No.
02 del contrato No.
684-2010
Otrosí prórroga No. 1 de 30 de $19.300.000
03 del contrato No. septiembre de septiembre de
684-2010 2010 2010
Otrosí adición No.
04 del contrato No.
684-2010
1778-2010 1 de octubre 31 de octubre El contratista se obliga a $6.600.000
de 2010 de 2010 desarrollar sus actividades como
Otrosí prórroga No. 1 de 31 de diciembre MÉDICO GINECOLOGO en el $11.100.000
01 del contrato No. noviembre de de 2010 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
1778-2010 2010
Otrosí Prorroga No.
02 del contrato No.
1778-2010
Otrosí prórroga No. 1 de enero de 31 de enero de $2.190.000
03 del contrato No. 2011 2011
1778-2010
Otrosí adición No.
04 del contrato No.
1778-2010
464-2011 1 de febrero 31 de enero de El contratista se obliga a $65.484.000
de 2011 2012 desarrollar sus actividades como
médico ginecólogo en el
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
549-2012 1 de febrero 31 de mayo de El contratista se obliga a $25.440.000
de 2012 2012 desarrollar sus actividades como

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Otrosí Prórroga No. 1 de junio de 30 de junio de MÉDICO ESPECIALISTA EN $6.360.000
01 del contrato No. 2012 2012 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
549-2012 en el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
Otrosí adición No.
02 del contrato No.
549-2012

Otrosí prórroga No. 1 de julio de 31 de julio de $9.540.000
02 del contrato No. 2012 2012
549-2012
Otrosí adición No.
03 del contrato No.
549-2012
Otrosí prórroga No. 1 de agosto de 31 de agosto de
02 del contrato No. 2012 2012
549-2012
Otrosí prórroga No. 1 de 30 de
del contrato No. septiembre de septiembre de
549-2012 2012 2012
Otrosí prórroga No. 1 de octubre 31 de octubre
del contrato No. de 2012 de 2012
549-2012
Otrosí prórroga No. $9.540.000
del contrato No.
549-2012
Otrosí prórroga No. 1 de 31 de diciembre $6.360.000
del contrato No. noviembre de de 2012
549-2012 2012
Otrosí adición No.
del contrato No.
549-2012
Otrosí adición No. $4.770.000
del contrato No.
549-2012
614-2013 1 de enero de 30 de abril de El contratista se obliga a $28.662.400
2013 2013 desarrollar sus actividades como
Otrosí No. 1 1 de mayo de 31 de mayo de MÉDICO GINECOLOGO en el $ 5.512.000
Prórroga al contrato 2013 2013 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E
de prestación de
servicios No. 614-
2013
Otrosí No. 2 adición
al contrato de
prestación de
servicios No 614-
2013
Otrosí No. 3 adición 1 de junio de 30 de junio de $8.268.000
al contrato de 2013 2013
prestación de
servicios No 614-
2013
Otrosí No. 4 adición
al contrato de
prestación de
servicios No 614-
2013
Otrosí Prórroga al 1 de julio de 31 de agosto de $8.268.000
contrato de 2013 2013
prestación de
servicios No. 614-
2013
Otrosí adición al 1 de 24 de $6.063.200
contrato de septiembre de septiembre de
prestación de 2013 2013
servicios No. 614-
2013

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Demandante: Margarita Gallo Roa

Interrupción de 9 días hábiles
2445-2013 8 de octubre 7 de noviembre En ejecución del presente contrato $24.473.280
de 2013 de 2013 el contratista se obliga a
Otrosí prórroga al 8 de 31 de diciembre desarrollar sus actividades como $18.520.320
contrato de noviembre de de 2013 MÉDICO GINECOLOGO, en el
prestación de 2013 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E
servicios No. 2445-
2013
Otrosí adición al
contrato de
prestación de
servicios No. 2445-
2013
Otrosí prórroga al 1 de enero de 7 de enero de
contrato de 2014 2014
prestación de
servicios No. 2445-
2013
859-2014 8 de enero de 7 de mayo de En la ejecución del presente $38.522.400
2014 2014 contrato el contratista se obliga a
Otrosí prórroga 8 de mayo de 7 de octubre de desarrollar sus actividades como $48.153.000
No.1 al contrato de 2014 2014 MÉDICO GINECOLOGO, en el
prestación de HOSPITAL EL TUNAL E.S.E
servicios No. 859-
2014
Otrosí prórroga 8 de octubre 7 de noviembre $14.560.550
No.2 al contrato de de 2014 de 2014
prestación de
servicios No. 859-
2014
Otrosí prórroga 8 de 7 de diciembre $7.910.850
No.4 al contrato de noviembre de de 2014
prestación de 2014
servicios No. 859-
2014
Otrosí prórroga 8 de diciembre 31 de diciembre $7.566.900
No.5 al contrato de de 2014 de 2014
prestación de
servicios No. 859-
2014
Otrosí No. 6 1 de enero de 7 de febrero de $10.284.150
prórroga contrato 2015 2015
de prestación de
servicios No. 860-
2014
Otrosí No. 7 adición
contrato de
prestación de
servicios No. 860-
2014
Interrupción de 15 días hábiles
391-2015 1 de marzo de 30 de junio de En la ejecución del presente $108.760.890
2015 2015 contrato, el contratista se obliga a
Otrosí prórroga 1 de julio de 31 de agosto de desarrollar sus actividades como $25.861.710
No.1 al contrato de 2015 2015 MÉDICO ESPECIALISTA EN
prestación de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
servicios No. 391- en el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
2015
Otrosí prórroga 1 de 30 de $6.731.130
No.2 al contrato de septiembre de septiembre de
prestación de 2015 2015
servicios No. 391-
2015
Otrosí prórroga 1 de octubre 31 de diciembre $30.821.490
No.3 al contrato de de 2015 de 2015
prestación de

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Demandante: Margarita Gallo Roa

servicios No. 391-
2015
747-2016 1 de enero de 31 de julio de El contratista se obliga a $75.132.876
2016 2016 desarrollar sus actividades como
Otrosí adición No.1 1 de marzo de 31 de marzo de MÉDICO ESPECIALISTA en el $10.703.616
al contrato de 2016 2016 HOSPITAL EL TUNAL E.S.E
prestación de
servicios No. 747-
2016
Otrosí adición No.2 $10.890.138
al contrato de
prestación de
servicios No. 747-
2016
Otrosí adición No.3 1 de abril de 30 de abril de $10.139.094
al contrato de 2016 2016
prestación de
servicios No. 747-
2016
Otrosí al contrato 1 de mayo de 30 de junio de $2.253.132
de prestación de 2016 2016
servicios No. 747-
2016
*** 1 de julio de 31 de julio de ***
2016 201623
001728-2016 1 de agosto de 31 de agosto de Prestar servicios profesionales y $3.579.976
2016 2016 de apoyo a la gestión como
MÉDICO ESPECIALISTA EN
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
dentro de los diferentes procesos y
procedimientos de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.
003010-201624 1 de 7 de enero de Médico especialista – Ginecología $39.054.288
septiembre de 2017 y obstetricia
2016
002166-2017 8 de enero de 31 de agosto de Prestar servicios profesionales y/o $95.510.168
2017 2017 de apoyo a la gestión como médico
especialista – ginecología y
obstetricia de los diferentes
procesos, subprocesos y
procedimientos de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.
008446-2017 1 de 31 de octubre Prestar servicios de apoyo a la $47.100.522
septiembre de de 2017 gestión asistencial en la Subred
2017 Integrada de Servicios de Salud
Otrosí No. 1 al 1 de 30 de Sur E.S.E. (…) OBLIGACIONES
contrato de noviembre de noviembre de DEL CONTRATISTA: El
prestación de 2017 2017 contratista se obliga para con la
servicios No. subred a cumplir con las
008446-2017 obligaciones derivadas del objeto

23
Pese a que en el expediente únicamente obra copia del contrato de prestación de servicios No. 747-2016 y de sus
prórrogas hasta el 30 de junio de 2016, lo cierto es que el Certificado de 7 de febrero de 2019 expedido por la dirección
de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E CO-OPS-FT-22 V V1 deja constancia que el
contrato en cita fue suscrito entre las partes hasta el 31 de julio de 2016. Por lo tanto, en la medida que dicho documento
no fue tachado o desconocido por la entidad demandada en la oportunidad debida dentro del proceso, para la Sala el
mismo goza de validez a efectos de precisar la prestación del servicio de la actora en el periodo en cuestión, comoquiera
que en dicho certificado se precisa las partes del contrato, su objeto, valor y fecha de finalización, que vale repetir, resulta
ser hasta el 31 de julio de 2016.
24
Aunque no obre en las pruebas copia del contrato de prestación de servicios No. 003010-2016, la constancia de su
celebración se extrae igualmente del ya mentando Certificado el 7 de febrero de 2019 expedido por la dirección de
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E CO-OPS-FT-22 V V1. Documento en el cual se
precisa sus datos esenciales, tales como: extremos temporales, las partes que lo firmaron, el objeto y el valor. De manera
que, al no ser tachado o desconocido por las partes cuando se incorporó al proceso, para la Sala goza de plena validez
a efectos de acreditar la prestación del servicio de la demandante para el periodo que se refiere.

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Demandante: Margarita Gallo Roa

Otrosí No. 1 al 1 de diciembre 31 de diciembre del contrato así. Especificaciones
contrato de de 2017 de 2017 Técnicas: 1. Prestar servicios
prestación de asistenciales como médico de
servicios No. acuerdo a su especialidad a los
008446-2017 usuarios de la Subred Sur, con el
001724-2018 1 de enero de 28 de febrero de pleno cumplimiento de los $40.031.418
2018 2018 estándares de calidad y
Otrosí No. 1 al 1 de marzo de 31 de marzo de oportunidad, seguros, eficientes y
contrato de 2018 2018 humanizados, durante el tiempo de
prestación de disponibilidad indicado en su
servicios No. propuesta y dentro de los servicios
001724-2018 quirúrgicos, hospitalarios, de
Otrosí No. 2 al 1 de abril de 30 de abril de urgencia, observación,
contrato de 2018 2018 interconsultas y/o ambulatorios
prestación de según requerimiento y
servicios No. programación del servicio (…).
001724-2018
Otrosí No. 3 al 1 de mayo de 31 de mayo de
contrato de 2018 2018
prestación de
servicios No.
001724-2018
006829-2018 1 de junio de 8 de junio de $23.358.850
2018 2018
Otrosí No. 1 al 9 de junio de 30 de junio de
contrato de 2018 2018
prestación de
servicios No.
006829-2018
Otrosí No. 3 al 1 de julio de 31 de julio de
contrato de 2018 2018
prestación de
servicios No.
006829-2018

Otrosí No. 4 al 1 de agosto de 31 de agosto de
contrato de 2018 2018
prestación de
servicios No.
006829-2018

Otrosí No. 5 al 1 de 30 de
contrato de septiembre de septiembre de
prestación de 2018 2018
servicios No.
006829-2018
Prorroga en plazo 1 de octubre 31 de octubre ***
de ejecución No. 6 de 2018 de 2018
al Contrato de
Prestación de
Servicios No.
006829-2018

El elemento de la remuneración se acredita en este caso igualmente con los
89.

contratos celebrados entre las partes, sus adendas y en el aludido Certificado
CO-OPS-FT-22 V V1 de 7 de febrero de 2019, pues en ellos se especifica el
monto de los honorarios.

En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
90.

consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o

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cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato».

91. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de determinar
si la señora Gallo Roa, durante la ejecución de sus servicios, estuvo subordinada
a la entidad demandada. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios fijados por
esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

Con las pruebas aportadas se deduce que, la demandante tuvo como lugar
92.

de trabajo las instalaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. (antes Hospital El Tunal).

Respecto al horario de labores, en el expediente se encuentran los cuadros
93.

de turnos mensuales correspondientes a la prestación del servicio de la
demandante en algunos meses de los años 2008 y del período comprendido
entre 2010 y 2018, en los cuales se advierte la asignación de turnos en días de
semana, en jornadas de mañana, tarde, noche o mañana y tarde25.

94.La señora Diana Moncada, testificó que prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en la ESE, y que la demandante desarrollaba sus actividades en
horarios previamente determinados a partir de las listas de turnos elaboradas
para los ginecólogos, los cuales comprendían las franjas de siete de la mañana
a una de la tarde, de una de la tarde a siete de la noche y de siete de la noche a
siete de la mañana del día siguiente26.

95.La señora Nancy Guarín, indicó que laboró con la demandante durante «8 o
10 años», por lo que conoció que ella realizó su servicio en jornadas
comprendidas entre las siete de la noche y las siete de la mañana del día
siguiente27, los cuales se realizaban durante cuatro o cinco días por semana28.

96. El señor Roberto Gallo indicó que prestó sus servicios como médico
ginecólogo en la entidad, por lo que compartió el servicio con la demandante
durante un período que se extendió por «cerca de 10 años». En ese contexto,
explicó que la actora, para prestar su servicio, cumplía un horario con base en la
lista de turnos; en consecuencia, este comprendía las franjas entre las siete de

25
USB folio 27 expediente físico Correos electrónicos contentivos a los años 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017.
26
La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Qué le consta en relación con el cumplimiento del horario de
la señorita Margarita Gallo? Es decir, ella tenía que cumplir un horario, si ese horario era todos los días o ella
eventualmente iba algunos días de la semana. ¿Y cómo era ese horario? Si realmente le consta a usted que tenía que
cumplir ese horario. Contestó: Ese horario era según la lista de turnos que ellos tenían, que la pegaban detrás de la puerta
de los ginecólogos. Entonces podía ser de 7 a 1, de 1 a 7 o de 7 de la noche a 7 de la mañana».
27
Sobre este punto la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿cuál fue el espacio laboral el que usted compartió con la
señora Margarita Gallo? Es decir, ¿qué hospital y durante qué tiempo? Contestó: En el hospital El Tunal. En el hospital
El Tunal yo trabajaba con ella en horas nocturnas de 7 a 7 de la mañana. Y, ¿durante cuánto tiempo? Yo creo que unos
8 o 10 años».
28
La testigo sobre este punto añadió lo siguiente: «Pregunta: esos turnos que realizaba la señora Margarita Gallo en las
horas de la noche, usted dice que eso dependía de la asignación de los mismos, pero de acuerdo con lo que a usted le
consta, y durante ese buen tiempo que manifiesta, compartió con ella, esos turnos los realizaba todos los días, o día y
por medio, o una vez a la semana, una vez cada quince días, dos veces. ¿Cuál era la habitualidad de esos turnos, de los
que usted recuerda, o que le coste? Contestó: Me consta que eran por ahí unos cuatro turnos seguidos en la semana,
cuatro o cinco. Siempre la veíamos, mejor dicho»

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la mañana y la una de la tarde, entre la una de la tarde y las siete de la noche, y
entre las siete de la noche y las siete de la mañana29.

97.A partir de lo anterior, la Subsección estima que, si bien la señora Nancy
Guarín señaló que las actividades de la demandante se desarrollaban
únicamente en horarios comprendidos entre las siete de la noche y las siete de
la mañana del día siguiente, las demás pruebas obrantes en el plenario —en
particular, los testimonios de los señores Diana Moncada y Roberto Gallo, así
como la prueba documental referenciada— demuestran que las actividades de la
actora se ejecutaban no solo en esa franja horaria, sino también entre las siete
de la mañana y la una de la tarde, y entre la una de la tarde y las siete de la
noche.

98.Así las cosas, la Subsección no desconoce que, por tratarse de un servicio
médico, la existencia de jornadas era necesario en las actividades de la
demandante30. Sin embargo, dicha situación —contrario a lo considerado por el
Tribunal— por sí sola no acredita la existencia de subordinación, porque el
cumplimiento de horario o jornadas de servicios en los contratos de prestación
de servicios, en especial en los temas de salud, debe entenderse como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido 31. Por lo
tanto, es necesario estudiar si la actora estuvo sujeta al direccionamiento y
control efectivo de sus actividades de parte de la ESE.

99.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

29
El testigo sobre este particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Y en qué hospital fue donde se encontraron laboralmente?
Contestó: En el hospital El Tunal, Pregunta: usted como ya lo manifiesto, estamos hablando de un espacio de 10 años,
(…) Pregunta: ¿qué conocimiento tiene usted de cuál era el horario? Si ella cumplía un horario, durante qué momentos,
en la mañana, en la tarde, por la noche, y si ese horario era habitual, es decir, podría ser todos los días, o era una vez a
la semana, o eran dos veces, o cada 15 días. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto de si cumplía un horario, y durante
qué interregno la señora Margarita? Contestó: la doctora cumplió horario de acuerdo con los turnos que uno le asignaban
en la lista de turnos, por ejemplo, en la mañana, de 7 a 1 de la tarde, o en la tarde, de 1 a 7 de la noche, o de 7 de la
noche al otro día a las 7 de la mañana, pues de acuerdo a lo que, a la lista de turnos, uno lo cumplía, o la doctora lo
cumplía, y hacía todas las actividades que teníamos que hacer en el turno, o que teníamos que hacer en el turno».
30
Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada determinada por
los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación de servicios y su incidencia en
la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintisiete (27) de
febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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Pues bien, en el recurso de apelación la ESE sostuvo que en el expediente no
100.

obran pruebas que permitan tener por acreditada la subordinación declarada en
primera instancia. En efecto, la entidad adujo que no se probó de manera
fehaciente la existencia de órdenes o imposiciones por parte de la entidad sobre
la demandante.

Para la Subsección, le asiste razón a la entidad recurrente, y sus reparos en
101.

el recurso de alzada están llamados a prosperar, por cuanto del análisis integral
de las pruebas no se concluye de manera contundente que la ESE hubiera
ejercido dirección o control efectivo sobre las actividades realizadas por la
demandante durante el período reclamado en la demanda.

En efecto, respecto de las órdenes que pudo haber recibido la actora en el
102.

desarrollo de su servicio, la señora Diana Moncada indicó que era el coordinador
quien se encargaba de proporcionar las guías de manejo y de autorizar los
cambios de turnos entre los médicos32. La señora Nancy Guarín explicó que las
órdenes provenían del cumplimiento de los protocolos que debían observar los
médicos, por dirección del coordinador, para satisfacer el servicio 33, y el señor
Roberto Gallo indicó que las actividades de la actora siempre estuvieron bajo las
órdenes del coordinador del servicio, aunado a que el hospital contaba con
procedimientos que debían aplicarse en el ejercicio médico34.

De estas declaraciones se concluye que las órdenes a las que aludieron los
103.

testigos provenían del coordinador del servicio médico, así como del
cumplimiento de los protocolos establecidos por la ESE. Sin embargo, ninguno
de los declarantes expuso hechos concretos conocidos de manera directa,
precisa y circunstanciada —en tiempo, modo y lugar— que permitan inferir la
existencia de direccionamientos efectivos ejercidos por el coordinador médico
sobre la actora en el desarrollo de su labor. Por lo tanto, no es posible que la Sala

32
Al respecto la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿a usted le cuesta si ella tenía que cumplir órdenes o estaba bajo la
subordinación de algún funcionario, algún empleado de planta o directivo del hospital? ¿O ella podía realizarse el trabajo
de manera autónoma, independiente, sin que tuviese alguna interferencia o direccionamiento de alguno de las personas
que anteriormente le señalé? Contestó: No, señor. Ellos tenían su coordinador o jefe, que era quien les daba, es decir,
las guías de manejo de los pacientes, quien les asignaba los turnos, quien les autorizaba, los cambios de turnos entre
ellos. Y era, pues recuerdo uno que es el doctor Jiménez, que es de planta y el doctor Gerson León»
33
La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: usted, de acuerdo pues con el tiempo que conoció y compartió
el espacio laboral con la señora Margarita Gallo, una ginecóloga. ¿Usted recuerda o le cuesta que recibía alguna
instrucción, algún direccionamiento en cuanto al cumplimiento de sus actividades en desarrollo del contrato suscrito con
el hospital de alguna persona o funcionario o directivo del hospital? ¿O ella podía hacer su trabajo de manera autónoma,
independiente sin acudir pues a distensiones o direccionamientos? ¿Qué recuerda usted de esa situación? Contestó: Allá
(…) ellos tenían que guiarse por un protocolo. Se debían de hacer, o sea, era valorar la paciente, ordenar exámenes,
hospitalizar si era necesario, pero siempre recibía por un protocolo que era interpuesto por un coordinador de ellos.
Siempre guiado por ellos».
34
El testigo, sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: respecto de la autonomía e independencia que pudiese tener
en desarrollo del objeto contractual la señora Margarita Gallo. Es decir, que ella podía hacer esa actividad de manera
propia sin estar sometida a órdenes o sometida a directrices o instrucciones o necesariamente había alguien del hospital
funcionario o directivo que le señalaba cómo debía realizar el contrato, cómo la tía contractual debía realizarla o ella podía
fijar los términos como ella quisiera. ¿Qué le consta al respecto? Contestó: No, la doctora Margarita siempre estuvo bajo
órdenes de un coordinador del servicio que para la época, me acuerdo de dos, que son el doctor Jorge Castellanos y el
doctor Mauricio Jiménez. Quienes ordenaban las funciones a hacer. También el hospital tiene procesos, procedimientos
que ordenan seguir. Por ejemplo, procedimientos de cómo se debe manejar la historia clínica, procedimientos de cómo
hacer o cómo realizar sus funciones en la cesárea como ginecóloga, procedimientos de seguridad del paciente y
específicamente para la especialidad tenía que hacer simulacros de manejo de diferentes patologías como código rojo,
urgencias hipertensivas y sepsis obstétrica. Todo eso era guías que saca el hospital y que uno tiene que cumplir».

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concluya la existencia de tal injerencia a partir de manifestaciones generales o
valoraciones subjetivas de los testigos.

104.Respecto de la existencia de los protocolos médicos, la Sala observa que en
el expediente reposan determinados correos electrónicos en los que el «líder de
clínicas médicas y quirúrgicas» remitió a un grupo plural de destinatarios, entre
ellos la demandante, distintas guías y protocolos médicos a partir del año 2012.
Por ejemplo: i) el 17 de enero de 2012 se enviaron las «adherencia a guías IV
trimestre de 2011»; ii) el 30 de abril de 2012 se remitió la «adherencia a guías I
trimestre de 2012»; iii) el 28 de junio de 2012 se envió el Acuerdo 032 de 2012,
en el que se refieren cambios en el sistema del Plan Obligatorio de Salud; iv) el
28 de septiembre de 2012 se remitió la «ficha epidemiológica» para su
diligenciamiento al momento del ingreso al servicio; v) el 13 de septiembre de
2017 se envió la «tarjeta de seguimiento de sífilis gestacional para la usuaria y
contacto»; vi) el 25 de abril de 2018 se remitieron los «protocolos de atención en
gineco (sic)»; y vii) el 27 de junio de 2018 se envió un correo relacionado con la
«implementación de protocolos de desistimiento de referencia y
contrarreferencia»35.

Sin embargo, para la Subsección, el hecho de que la ESE remitiera
105.

determinados protocolos y guías para ser tenidos en cuenta no configura, por sí
solo, el pretendido direccionamiento del servicio de la demandante, debido a que
en ellos no se advierten órdenes directas ni imposiciones respecto de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que aquella ejecutó sus actividades. Por
el contrario, estos documentos evidencian la remisión de instrumentos generales
e impersonales que se encuadran dentro de las facultades de coordinación y
regulación mínima que puede ejercer la entidad contratante, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento del servicio contratado.

En consecuencia, dichas guías y protocolos —contrario a lo sostenido por el
106.

Tribunal—, más que evidenciar un direccionamiento efectivo del servicio,
demuestran el ejercicio de las facultades que corresponden al contratante en el
marco del principio de coordinación propio de los contratos de prestación de
servicios.

Adicionalmente, aparte de los documentos previamente descritos, encuentra
107.

la Subsección que en el expediente reposa otro grupo de correos electrónicos a
través de los cuales el «líder de clínicas médicas y quirúrgicas» convocó a varias
personas, entre ellas a la demandante, a distintas reuniones. En efecto: i) el 9 de
febrero de 2019 se informó la realización de una reunión programada para el
lunes 13 de febrero siguiente, relacionada con el manejo del «Código Rojo»; ii)
el 24 de julio de 2012 se convocó a una reunión para el 25 de julio de 2012; iii) el
3 de noviembre de 2012 se citó a una reunión para tratar temas relacionados con
la «revisión de eventos adversos y seguridad del paciente»; iv) el 22 de octubre

35
Todos estos documentos se encuentran depositados en la USB folio 27 expediente físico.

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Demandante: Margarita Gallo Roa

de 2012 se convocó a una reunión para la «encuesta de humanización»; v) el 24
de mayo de 2015 se programó una reunión para la socialización de una «guía de
sífilis en la reunión de red materno perinatal en el auditorio del hospital (…)»; y
vi) el 12 de agosto de 2018 se programó una reunión relacionada con la
capacitación en la gestión operativa de la USS Meissen36.

De los anteriores documentos, la Subsección no evidencia la existencia de
108.

indicios de subordinación respecto de la ejecución contractual de la actora, en
tanto la información allí contenida no permite concluir que, con ocasión de tales
reuniones, aquella hubiera quedado sometida de manera directa a imposiciones
propias de una relación laboral. Máxime cuando, más allá de las citaciones y de
su simple enunciación, no obran elementos que corroboren su efectiva
realización ni que permitan establecer si en ellas se influyó de manera concreta
en la calidad, cantidad, método o modo de prestación del servicio, al punto de
anular la autonomía de la demandante.

Por lo demás, en el expediente no obran otros elementos a partir de los cuales
109.

la Subsección pueda determinar la existencia de subordinación en la ejecución
de los contratos celebrados por la demandante.

Asimismo, la Sala considera que no le asiste razón al Tribunal al concluir que,
110.

por el solo hecho de que las actividades de la demandante hacían parte de la
misionalidad de la entidad y fueron desarrolladas entre los años 2008 y 2018, se
configuró la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes. Por el
contrario, se estima que, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 a las entidades del Estado se le encuentra permitido la celebración de
contratos de prestación de servicios para «desarrollar actividades relacionadas
con la administración o funcionamiento de la entidad». De tal manera que las
actividades misionales de una entidad del Estado pueden satisfacerse mediante
contratos de prestación de servicios, lo que no debe suceder es la subordinación
en su ejecución, lo cual no fue acreditado en este asunto.

Por manera que, no basta con que los servicios ejecutados sean misionales a
111.

la entidad para configurar el contrato realidad, antes bien, es necesario que quien
pretende su declaratoria demuestre que se configuraron en su caso los tres
elementos esenciales: prestación personal, remuneración y, especialmente,
subordinación. Pues en el ordenamiento jurídico permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.

36
Todos estos documentos se encuentran depositados en la USB folio 27 expediente físico.

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Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
112.

Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores37.

Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
113.

demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»38.

Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en los tiempos
114.

reclamados en la demanda entre las partes, la Subsección considera pertinente
revocar la sentencia de primera instancia que declaró la relación laboral
encubierta entre las partes y, por sustracción de materia, se abstendrá de
estudiar el segundo problema jurídico.

2.6. De la condena en costas en ambas instancias

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
115.

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
116.

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
38
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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Demandante: Margarita Gallo Roa

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
117.

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En ese orden, se condena a la demandante en costas en ambas instancias,
118.

las cuales serán tasadas y liquidadas en primera instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control
respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento y pago de aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, conforme a las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha 10 de marzo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en su lugar, NEGAR, las demás pretensiones de la demanda; de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias, a la parte demandante
por lo ya dicho.

CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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