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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00083-02

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00083-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este proveído. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00083-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00083-02 (3918-2022)
Demandante: Iván David Victoria Giraldo
Demandado: E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal y
otro
Temas: Contratos de prestación de servicios. Médico general.
Caducidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Iván David Victoria Giraldo instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal y el Centro
de Empleos Temporales de Colombia – ETEMCO S.A.S., con el fin de que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio n.° G-019-16 del 24 de febrero de 2016
mediante el cual la E.S.E. demandada negó el reconocimiento de la relación laboral
durante el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2014 hasta el 2 de enero de
2015 y, a título de restablecimiento, de manera solidaria con ETEMCO S.A.S.,
reconozca y pague las prestaciones sociales que debió devengar, las sanciones por
el no pago de estas, y el trabajo suplementario.

3. Que se reintegren los aportes efectuados a la seguridad social y la retención en
la fuente e indexen las sumas ordenadas.

HECHOS

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La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa
de Cabal entre el 3 de enero de 2014 al 2 de enero de 2015, como médico en
cumplimiento del servicio social obligatorio, a través de un contrato de prestación
de servicios profesionales.

5. Que ejecutó sus funciones de manera personal, permanente y bajo continua
subordinación del hospital, debía cumplir un horario y estaba sujeto a disponibilidad
ante cualquier requerimiento y llamado de emergencia. Que su jornada comprendía
turnos diurnos y nocturnos, incluyendo domingos y festivos, según la programación
de la E.S.E.

6. Que ETEMCO S.A.S. cancelaba las horas extras.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida mediante auto del 4 de mayo de 2018 y, notificada
ETEMCO S.A.S. quien indicó que ellos suministraron personal a la E.S.E.
demandada en virtud del contrato de suministro y administración de personal n.°
TH-024-14, cuyo objeto fue enviar profesionales para las áreas asistenciales y
administrativas.

8. Que no se configuró una relación laboral pues el demandante prestó sus servicios
ocasionalmente en la E.S.E., con indicaciones generales de los coordinadores de
los servicios a los que fue asignado y se le cancelaron los honorarios, de acuerdo
con el valor de los turnos o suplencias que realizó.

9. Que tampoco existió subordinación, por cuanto no recibió órdenes ni
condicionamientos del personal del hospital y los turnos programados fueron
ocasionales y no superaron ochenta y dos horas.

10. Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de una relación laboral, pago, buena fe de la demandada y mala fe del
demandante, prescripción y caducidad.

11. La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal manifestó
que la relación que sostuvo con el demandante fue contractual y se rigió por la Ley
80 de 1993 y el objeto fue la prestación del servicio como médico para cumplir con
el requisito de servicio social obligatorio.

12. Que el contratista cumplió con las obligaciones definidas en el acuerdo y, si bien
atendió su labor en las instalaciones de la entidad y utilizaba los elementos
suministrados, no recibía un salario ni instrucciones más allá de lo pactado
inicialmente.

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13. Que el objeto del contrato fue la prestación del servicio social obligatorio y tuvo
unas condiciones especiales propias, en cuanto al servicio y al tiempo de
permanencia en la institución que no pueden equipararse a las de un médico de
planta de la entidad.

14. Que, para la época de los hechos, el proceso de inscripción y asignación de las
plazas del servicio social obligatorio del personal de la salud se realizaba según lo
definido en la Resolución 274 de 2011. Que el demandante se registró en la plaza
ofertada por la institución de salud y, desde el inicio conoció las condiciones y
características de su vinculación y las aceptó de manera libre y voluntaria, por lo
que no es viable que con posterioridad pretenda solicitar la declaratoria de una
relación laboral.

15. Que, en todo caso, la parte actora dejó vencer la oportunidad con la que contaba
para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa e intentó revivir ese término
al presentar una reclamación administrativa posterior e instaurar la demanda ante
la jurisdicción ordinaria, a pesar de que desde el inicio y al agotar el requisito de la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación sabía cuál era la
competente.

16. Propuso como excepciones la caducidad, la inexistencia del contrato de trabajo
y de la obligación, el cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.

17. Se celebró audiencia inicial el 5 de abril de 2019, en la que se declararon no
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
caducidad, propuestas por las demandadas. Frente a la segunda decisión, la E.S.E.
demandada interpuso recurso de apelación y fue revocada por el Consejo de
Estado, mediante providencia del 11 de febrero de 2021, para en su lugar diferir su
estudio a la sentencia.

18. El 29 de septiembre de 2021 se reanudó la audiencia inicial, en la cual se fijó el
litigio, se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se
programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

19. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del treinta y uno
(31) de marzo de dos mil veintidós (2022), encontró probados los elementos de la
relación laboral entre las partes y, con ello, la desnaturalización del contrato de
prestación de servicios vigente entre el 3 de enero de 2014 y el 2 de enero de 2015,
porque el demandante desarrolló su labor como médico general, de forma
permanente y bajo el direccionamiento a través de órdenes e imposición de horarios
de la entidad asistencial.

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20. Declaró probada parcialmente la excepción de caducidad, en lo relativo a las
pretensiones de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos económicos, porque la demanda se instauró fuera del plazo previsto
en el CPACA.

21. Para ello, explicó que el acto administrativo demandado fue notificado el 24 de
febrero de 2016 por lo que el plazo para presentar la demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 25 de junio de 2016;
sin embargo, la parte demandante solicitó la conciliación extrajudicial el 23 de
agosto de 2016 e instauró la demanda el 4 de mayo de 2017, esto es, fuera del
plazo con el que contaba.

22. Que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la caducidad no
opera frente a los aportes pensionales, porque estos son imprescriptibles, atañen
derechos fundamentales y comportan una prestación periódica. En consecuencia,
ordenó a la entidad demandada revisar las diferencias entre los aportes que realizó
el contratista y los que debió efectuar y, en caso de encontrar algunas, cotizar al
respectivo fondo pensional la suma faltante por ese concepto.

23. Dispuso que el tiempo laborado fuera computado para pensión. El ajuste de las
sumas a reconocer, conforme con el IPC.

RECURSO DE APELACIÓN

24. La parte demandante interpuso recurso de apelación e indicó que, si bien se
realizó un estudio acertado sobre la existencia de la relación laboral, no se configuró
la caducidad. Esto debido a que la demanda fue presentada inicialmente ante la
jurisdicción ordinaria laboral, cuyo juez la admitió; sin embargo, más de siete meses
después, declaró su incompetencia y remitió el expediente a la jurisdicción
contenciosa administrativa.

25. Que se desatendió el criterio jurisprudencial según el cual los asuntos laborales
no están sometidos al término de caducidad, sino que debe aplicarse la prescripción
trienal. Además, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto
de 2016, en la que señaló que cuando se discute la existencia de una relación
laboral, las reclamaciones de aportes pensionales, por su carácter de
imprescriptibles y al ser prestaciones periódicas, están exceptuadas de la
caducidad.

26. Que los derechos prestacionales pueden reclamarse dentro del término de
prescripción de tres años previsto en la legislación laboral para las acreencias
insolutas, sin que existiera impedimento legal alguno para presentar una nueva
solicitud o demanda dentro de dicho plazo.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

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27. El 3 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación, de conformidad con
el art. 247 de la ley 1437 de 2011 y, se dispuso que una vez ejecutoriada la
providencia, dentro de los 10 días siguientes, el expediente pasaría al Despacho
para dictar sentencia y que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes
de que el proceso ingresara al despacho para fallo.

28. Las partes guardaron silencio.

29. El Procurador Tercero delegado ante el Consejo de Estado, conceptuó
solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, en la medida en que la
demanda se presentó fuera del plazo definido en el literal d) del numeral 2.º del
artículo 164 del CPACA y, que lo único que procede es el reconocimiento de los
aportes pensionales, al tratarse de una prestación imprescriptible, periódica e
irrenunciable.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

30. De conformidad con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si se
configuró el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a las pretensiones referentes al reconocimiento
y pago de prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de la relación laboral
entre las partes.

De la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

31. La caducidad es un fenómeno procesal en virtud del cual, por el solo transcurso
del tiempo sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde para el
administrado la posibilidad de demandar el acto administrativo en la vía
jurisdiccional1.

32. De esta forma, corresponde a las partes asumir la carga procesal de impulsar el
litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no lo hacen en
tiempo pierden la oportunidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho2.

33. De conformidad con el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, la
oportunidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a
demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

1 PALACIO, Hincapié, Juan, Ángel, Derecho Procesal Administrativo, Décima Edición. Pág. 137.
2 Auto de 6 de agosto de 2009, Exp. 36.834, citado dentro de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril de

dos mil diecisiete (2017) por la Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Radicación
n°.: 25000-23-26-000-2007-00138-01 (39646).

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caduca al cabo de los cuatro meses siguientes al día en que se publique, notifique,
comunique o ejecute el acto administrativo definitivo, según el caso3 .

34. Textualmente, la norma en cita dispone:

«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.»

35. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 3º del Decreto 1716 de 20094
establece que el término de caducidad para presentar las demandas en ejercicio
de los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Reparación
Directa y Controversias Contractuales, se suspende cuando se eleve la solicitud
de conciliación y i) Se logre el acuerdo conciliatorio o; ii) Se expidan las constancias
a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 20015 o; iii) Se venza el término
de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que
ocurra primero.

De la caducidad en relaciones laborales encubiertas

36. En la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 (Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01), la Sala Plena de la Sección Segunda, sentó una
regla según la cual no todas las pretensiones derivadas del reconocimiento de una
relación laboral encubierta están afectadas por el fenómeno de la caducidad.

37. En dicha providencia, se reconoció que, si bien los actos administrativos que
niegan el reconocimiento de la relación laboral deben demandarse dentro del
término legal, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en especial los
de pensión, no están sujetos a caducidad, por tener el carácter de prestaciones
periódicas e imprescriptibles, conforme al bloque de constitucionalidad y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (especialmente, la Sentencia T-568 de
2011). Así lo indicó la referida providencia:

3 La expresión según el caso hace referencia a la manera como el administrado conoció el acto administrativo

demandado, el cual pudo haber sido a través de la notificación, comunicación o ejecución de este.
4 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del

Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
5 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.” Las constancias a

las que se refiere el mencionado artículo se expiden cuando: a) se efectúe la audiencia de conciliación, pero
no se llegue a un acuerdo; b) las partes o una de ellas, no asistan a la audiencia; y c) el asunto no sea
conciliable.

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«[…] Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la
prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con
el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración
no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a
una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa
que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo»

38. Esta línea ha sido reiterada por la Sección Segunda en diversos
pronunciamientos6 y, en la providencia del 9 de febrero de 20237, se precisó que en
los procesos en los que se pretende la declaratoria del encubrimiento de una
relación laboral deben diferenciarse entre las pretensiones sujetas a caducidad,
como son, el reconocimiento de bonificaciones, primas o sanciones moratorias y,
aquellas que no lo están (como los aportes al sistema de seguridad social).

39. De manera que, el rechazo total de la demanda por extemporaneidad solo es
procedente si todas las pretensiones están afectadas por el vencimiento del término
legal; de lo contrario, se continua con el estudio de fondo respecto de aquellas que,
por su naturaleza, no se ven afectadas por tal fenómeno.

40. A partir de lo expuesto, se concluye que el término de caducidad de cuatro
meses del artículo 164 del CPACA no puede aplicarse a las pretensiones
relacionadas con aportes pensionales derivadas de la existencia de la relación
laboral, por tratarse de obligaciones imprescriptibles e irrenunciables, protegidas por
normas constitucionales y supranacionales.

Resolución del caso

Para efectos de dar solución al asunto planteado, se encuentra acreditado lo
siguiente:

41. Que el 4 de febrero de 20168 el señor Iván David Orozco Cardona solicitó a la
E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal el reconocimiento de
la relación laboral que se suscitó entre el 3 de enero de 2014 hasta el 2 de enero de
2015 y, como consecuencia de esto, el pago de las prestaciones sociales que debió
percibir.

42. Que, a través del oficio n.° G-019-16 del 24 de febrero de 20169, la entidad negó
lo requerido por el interesado. Decisión que fue notificada el 26 de igual mes y año.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018. Expediente n.º 25000-23-

42-000-2017-01648-01 (4299-17) y 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19) CP. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente n.º 66001-23-33-000-2015-00124-01 (4765-

2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Páginas 19 a 22 del Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital. La fecha se define por el oficio de

respuesta de la E.S.E.
9 Páginas 23 a 28 del Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.

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43. Que el 23 de agosto de 2016 radicó conciliación extrajudicial convocando a la
E.S.E. y, el 1 de septiembre de igual año modificó el escrito inicial. El 25 de octubre
de 201610 la Procuraduría 38 delegada para Asuntos Administrativos Judicial II
expidió la constancia de no conciliación, ante la falta de ánimo conciliatorio de la
entidad convocada.

44. Que el 17 de marzo de 201711 el señor instauró demanda laboral ordinaria contra
la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, con el propósito de
que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta entre el 3 de enero
de 2014 hasta el 2 de enero de 2015 y, como consecuencia, cancelara las
acreencias laborales a que tenía derecho.

45. Que el 27 de marzo de 201712 el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de
Pereira rechazó la demanda por falta de competencia territorial y ordenó remitir el
proceso al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. Mediante auto del 24 de
mayo de 201713 este último funcionario inadmitió la demanda, corregida por la parte
demandante dentro del término concedido, fue admitida por proveído del 12 de junio
de 201714.

46. Que, mediante providencia del 6 de febrero de 201815 el Juzgado Laboral del
Circuito de Dosquebradas repuso el auto del 12 de junio de 2017 y, en su lugar,
rechazó la demanda ordinaria laboral por falta de jurisdicción y de competencia.
Ordenó remitir el proceso a la Oficina de Apoyo Judicial de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Pereira.

47. Que el 26 de febrero de 2018 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pereira avocó conocimiento del asunto y ordenó a la parte demandante adecuar la
demanda a los presupuestos previstos en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Posteriormente, en auto del 20 de marzo de 2018 remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, por competencia. Este último, mediante auto del 4 de
mayo de 2018, admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada.

48. De acuerdo con lo anterior, la Sala evidencia que el acto administrativo
demandado fue notificado el 26 de febrero de 2016 y la demanda fue instaurada el
17 de marzo de 2017, es decir fuera del término de los 4 meses previstos para el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que,
se configuró la excepción de caducidad.

49. No obstante, y en atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-005-16 y las decisiones invocadas en el acápite anterior, cuando se trata
asuntos relativos a una relación encubierta bajo contratos de prestación de

10 Páginas 21 a 23 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.
11 Páginas 5 a 76 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.
12 Página 77 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.
13 Página 83 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.
14 Página 98 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.
15 Páginas 174 a 176 Archivo 1_001CUADERNO1 del Expediente digital.

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servicios, debe hacerse la distinción entre las pretensiones sujetas a caducidad y
aquellas exceptuadas de dicha figura.

50. En efecto, las reclamaciones derivadas de aportes al sistema integral de
seguridad social en pensiones no están sujetas a caducidad, por tratarse de
prestaciones periódicas, irrenunciables e imprescriptibles, en virtud del mandato
contenido en el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA y del principio de
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales (art. 53 de la
Constitución).

51. Ahora, la Sala advierte que el argumento del recurrente respecto a que en el
asunto no operó la caducidad porque presentó el proceso inicialmente en la
jurisdicción ordinaria y el juez que asumió el proceso tardó más de siete meses en
declarar su falta de competencia no tiene asidero alguno, puesto que el juez de
primera instancia consideró esa fecha como la de la interposición de la demanda
para computar el plazo aquí analizado.

52. Igual, se precisa que el actor confunde los conceptos de prescripción y de
caducidad y las reglas jurisprudenciales fijadas para estos en casos donde se
pretende la declaratoria de una relación laboral encubierta. Estos fenómenos tienen
consecuencias jurídicas distintas, la ocurrencia de uno de ellos no se encuentra
supeditada al acaecimiento del otro, de manera que si bien, como lo definió esta
Corporación, el interesado cuenta con un plazo de tres años contados a partir de la
terminación del vínculo contractual para exigir el reconocimiento de una relación
laboral con el Estado, esto no quiere decir que no se encuentre obligado a ejercer
el derecho de acción ante esta jurisdicción dentro de la oportunidad legal pertinente.

53. De acuerdo con lo anterior, se reitera que la caducidad y la prescripción son dos
fenómenos jurídicos distintos, y que el hecho de que los derechos laborales
derivados del reconocimiento de una relación laboral encubierta prescriban en tres
años, no significa que no exista un término de caducidad. En este orden de ideas,
no es de recibo el argumento de la demandante en cuanto a que el derecho no
fenece.

54. En consonancia con lo expuesto, hay lugar a confirmar la decisión de primera
instancia, en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de caducidad, salvo
lo relativo a los aportes al Sistema de Seguridad en pensiones, los cuales deberán
ser efectuados por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal,
por los períodos en que se acreditó la existencia de una relación laboral encubierta
entre esta y el señor Iván David Victoria Giraldo.

Condena en costas

55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una

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lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

58. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de
conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este proveído.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

66001-23-33-000-2018-00083-02 (3918-2022)

Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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