RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00379-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00379-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00379-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme lo expresado en la motivación.: SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte demandante en segunda instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024) Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00379-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de junio de 2026

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado
Demandado: Departamento del Putumayo

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó
pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
11 de agosto de 2023, proferida el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio SAC
2018EE3522-G01.02F04 expedido el 24 de julio de 2018 por la Secretaría de
Educación del departamento del Putumayo que negó el reconocimiento de una
relación laboral entre las partes desde el 4 de mayo de 2009 y hasta el 31 de
octubre de 2017, período en el que laboró como conductor de la institución
educativa Sucre del municipio de Colón.

3.Por lo anterior, solicitó declarar la existencia de la relación labor por ese lapso
en el que adquirió la condición de funcionario de hecho. Como restablecimiento
del derecho, reclamó el pago de lo siguiente: i) todos los derechos salariales,

1
Demanda visible en las páginas 120 a 128 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el
índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

prestaciones sociales, incrementos, seguridad social y demás acreencias
laborales que percibe el empleo de conductor mecánico técnico grado 01; ii) la
nivelación salarial entre lo pagado por concepto de salario y lo que realmente
debía recibir, iii) indemnización por despido sin justa causa; iv) indemnización por
falta de pago de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; v) el
auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones compensadas en
dinero, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación
por recreación, bonificación por servicios prestados, primas extralegales, horas
extras y recargos; v) sanción moratoria por la omisión en el pago de las cesantías;
vi) aportes a seguridad social en salud y pensión, junto con los intereses
moratorios causados.

4. Asimismo, solicitó el reintegro de los dineros descontados por concepto de
retención en la fuente o de otro descuento que no fuere legal, la indexación de
los valores que sean reconocidos y el reconocimiento de intereses moratorios.

5. Como pretensiones subsidiarias deprecó la nulidad del oficio SAC
2018EE3522-G01.02.F04 expedido el 24 de julio de 2018 y la declaración de lo
que enseguida se relaciona: i) el daño por el desconocimiento de la relación
contractual; ii) la reparación del daño corresponde a los valores por diferencias
entre lo pagado y lo recibido en lo concerniente a salarios y prestaciones sociales
en el cargo de conductor mecánico técnico grado 01; iii) el ciudadano se vinculó
como funcionario de hecho y no contratista en el empleo de conductor mecánico
técnico grado 01.

6. Por ello instó a que el restablecimiento del derecho consistiera en el pago del
valor equivalente de lo percibido por el personal de planta de la dependencia que
ejercía funciones similares, esto es, salarios, incrementos salariales,
prestaciones sociales, seguridad social, indemnizaciones, sanción moratoria y
demás emolumentos a los que tenga derecho.

7. Además, pidió el pago de los aportes en los sistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales que debía asumir el empleador, así como la devolución de
las sumas derivadas de la retención en la fuente.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

8. El señor Jaime Humberto Delgado Delgado indicó que inició su vinculación a
la Secretaría de Educación del Putumayo con la suscripción del contrato de
prestación 257 del 4 de mayo de 2009 para desarrollar actividades en calidad de
conductor de la institución educativa Sucre del municipio de Colón.

9. Precisó que después de culminado el referido contrato que tuvo vigencia
desde el 4 de mayo de 2009 al 3 de agosto de la misma anualidad, continuó
desarrollando las labores por el tiempo de 8 años, las cuales perduraron entre el
4 de agosto de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

10. Manifestó que a partir de las 5:00 a.m. y de lunes a viernes ejecutaba las

labores en el bus escolar de placas OAK190 de propiedad del municipio de Colón
con el objeto de recoger a los alumnos del centro educativo en la zona suburbana
del ente territorial y trasladarlos al colegio, a quienes regresaba a sus casas
después de terminadas las actividades colegiales en el medio día para finalmente
trasladar el vehículo automotor a las 4:00 p.m., es decir, la jornada laboral se
cumplía entre las 6:00 a.m. a 3:00 p.m. Asimismo, aclaró que eventualmente
efectuaba desplazamientos adicionales si la institución programaba salidas
recreativas y actividades culturales o científicas.

11. Aseguró que esas actividades corresponden a las mismas llevadas a cabo en

el cargo de conductor mecánico técnico grado 01 y que las ejecutó de forma
personal, permanente y bajo la subordinación de los rectores del colegio ante los
que rendía cuentas de los gastos del bus, recibía instrucciones y les pedía
permisos laborales, incapacidades médicas o vacaciones.

12. Señaló que mensualmente percibía remuneración por las actividades como

conductor y esta era inferior al salario devengado por el personal de planta.

13. Aseveró que el 13 de septiembre de 2017 presentó derecho de petición ante

el rector del centro educativo, quien contestó el día 13 del mismo mes y año que
no existió ninguna relación laboral y suministró copias de algunos recibos de
pago, oportunidad en la que detalló el monto pagado en los años 2015, 2016, y
2017.

14. Agregó que el 23 de octubre de 2017 reclamó al rector del colegio «el pago

indexado de las diferencias entre lo cancelado y el salario que la institución
cancelaba en el cargo de conductor en los años comprendidos entre el 2011 al
2017, de manera el pago de aportes a salud ARL y pensión, adicionalmente de
las primas legales y extralegales vacaciones indemnizaciones […]». El 2 de
noviembre de 2017 se atendió desfavorablemente la petición dado que no hubo
ninguna relación laboral.

15. Y luego, el 28 de junio de 2018 solicitó a la Secretaría de Educación del
Putumayo el reconocimiento y pago de las acreencias laborales debidas, solicitud
resuelta negativamente a través del oficio SAC 2018EE3522-G01.02F04 del 24
de julio de 2018.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

16. Invocó la vulneración de los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política;

5, 9, 10, 13, 14, 23, 64, 65, 186 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo; 98 de
la Ley 50 de 1990; 22, 23, 24, 57 y 99 de la Ley 100 de 1993; 2 y 4 de la Ley 797
de 2003; 45 y 46 del Decreto 1045 de 1978.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

17. Destacó que se cumplieron las características esenciales del contrato de
trabajo, a saber, prestación personal del servicio, permanente subordinación o
dependencia y el salario como retribución de las labores ejecutadas.

18. Señaló que la gobernación del Putumayo negó los derechos reclamados con

fundamento a la indebida aplicación del artículo 147 de la Ley 115 de 1994 y el
artículo 6 de la Ley 715 de 2001, prescripciones que reafirman la responsabilidad
de la Secretaría de Educación Departamental al ser la dependencia encargada
de la administración de la institución educativa Sucre de Colón.

1.4. Contestación de la demanda2

19. Eldepartamento del Putumayo contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones, por cuanto celebró con el actor el contrato de prestación de
servicios 257 del 4 de mayo de 2009 el cual tuvo como objeto el apoyo a la gestión
en calidad de conductor por el término de 3 meses; no obstante, desconocía la
presunta vinculación efectuada por los rectores de la institución educativa. En
ese sentido, no es posible predicar la existencia de la relación laboral pretendida.

20. Eldemandante durante el tiempo de la vinculación contractual solamente
efectuaba 4 viajes de transporte escolar y luego de dejar el bus en las
instalaciones del centro educativo realizaba sus diligencias de carácter personal.
Además, la institución educativa contaba con un conductor en la planta de
personal y no se aportaron pruebas relativas a la subordinación y dependencia.

21. Lo concerniente al tiempo acaecido después de la terminación de la relación

contractual solamente les compete a los rectores del centro educativo, pues en
el evento de que hubieren requerido los servicios ejercidos por el demandante,
la decisión de acudir a estos se encuentra en cabeza de ellos y no del ente
territorial.

22. La demanda fue radicada extemporáneamente, toda vez que, desde la
notificación del acto acusado, 27 de julio de 2018, transcurrieron más de 4 meses
para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

23. Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) inexistencia de la relación laboral; ii) inexistencia de las
obligaciones; iii) cobro de lo no debido; iv) pago. También formuló la excepción
previa de inepta demanda porque el oficio SAC 2018EE3522-G01.02.F04 del 24
de julio de 2018 no creó, modificó o extinguió una situación jurídica y en esa
medida no era pasible de control judicial.

24. El ente territorial formuló llamamiento en garantía3 contra los señores Edgardo

Abraham Criollo Cuesvas, Ruth Mariela Jurado Montero y Jorge Enrique Calpa

2
Contestación vista en las páginas 2 a 17 del archivo «03ContestaciónDemanda-Anexos-LlamamientoGarantía», adjunto
en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
3
Documento visto en las páginas 29 a 33 del archivo «03ContestaciónDemanda-Anexos-LlamamientoGarantía», adjunto
en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

Pazos, los cuales se desempeñaron como rectores de la institución educativa
Sucre del municipio de Colón. El juez de primera instancia admitió estos
llamamientos mediante auto del 14 de septiembre de 20204.

25. Al respecto, el señor Jorge Enrique Calpa Pazos5 sostuvo que laboró al
servicio del centro educativo desde el 20 de enero de 2015 como rector de la
institución; al interesado le pagaban viajes diarios y no firmó contrato alguno;
existía convenio con la alcaldía del municipio de Colón para el pago de los
recorridos efectuado por el actor; el demandante llevaba a cabo dos viajes diarios
con los estudiantes del municipio, uno en la mañana y el otro en la tarde, después
de cada recorrido se retiraba a continuar con sus actividades personales, pues la
de conductor se prestaba en 2 o 3 horas del día.

26. Frente al llamamiento en garantía, especificó que únicamente canceló los
dineros al accionante para que desarrollara las labores como conductor del bus
escolar que el municipio de Colón entregó en comodato para el transporte de los
estudiantes y que no se suscribió ningún contrato debido a que todo se llevó a
cabo de buena fe.

27. Invocó como excepciones las relativas a: i) inexistencia de la relación laboral;

ii) inepta demanda por inexistencia del acto administrativo del cual se pretende
la nulidad; iii) inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido y pago total
de las obligaciones; iv) prescripción de los derechos laborales.

28. Por su parte, el señor Edgardo Abraham Criollo Cuesvas6 señaló que trabajó

como rector del centro educativo en el período de 17 de septiembre de 1997 al
20 de octubre de 2014, coincidió con lo dicho por el señor Calpa Pazos y agregó
que el accionante no hacía ningún recorrido en época de vacaciones y que si
requería ausentarse lo manifestaba por escrito indicando la persona que lo
reemplazaría en el recorrido.

29. En cuanto al llamamiento en garantía, mencionó que solamente pagó las
sumas al interesado por sus labores como conductor del bus escolar con ocasión
de que el municipio de Colón entregó en comodato al vehículo automotor y que
no se firmó ningún contrato con el accionante.

30. Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la relación laboral;

ii) inepta demanda por inexistencia del acto administrativo del cual se pretende
la nulidad; iii) inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido y pago total
de las obligaciones; iv) prescripción de los derechos laborales.

4
Providencia observada en el archivo «09 Auto resuelve solicitud llamamiento», adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
5
Contestación vista en las páginas 2 a 11 del archivo «12ContestaciónLlamadoJorgeCalpa», adjunto en el índice 2 del
aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
6
Contestación observada en las páginas 2 a 11 del archivo «14ContestaciónLlamadoEdgardoCriollo», adjunto en el índice
2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

31. De otro lado, la ciudadana Ruth Mariela Jurado Montero7 manifestó que

laboró al servicio de la institución educativa desde el 23 de octubre de 2014 y
hasta el 19 de enero de 2015 como rectora; al interesado la pagaban viajes
diarios y no firmó contrato alguno; existía convenio con la alcaldía del municipio
de Colón para el pago de los recorridos efectuado por el actor; el demandante
llevaba a cabo dos viajes diarios con los estudiantes del municipio, uno en la
mañana y el otro en la tarde, después de cada recorrido se retiraba a continuar
con sus actividades personales, pues la de conductor se prestaba en 2 o 3 horas
del día.

32. Frente al llamamiento en garantía, aclaró que ocupó el cargo de rectora
durante la finalización del año lectivo 2014 e inicio del 2015, época en la que la
mayoría del tiempo estaban disfrutando sus vacaciones. En todo caso, si el actor
realizó algunos viajes estos fueron cancelados.

33. Formuló como excepciones las relativas a: i) inexistencia de la relación laboral;

ii) inepta demanda por inexistencia del acto administrativo del cual se pretende
la nulidad; iii) inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido y pago total
de las obligaciones; iv) prescripción de los derechos laborales.

1.5. Resolución de excepciones previas8

34. El 23 de marzo de 2021 el a quo resolvió desfavorablemente la excepción de

inepta demanda formulada por los llamados en garantía, toda vez que no
reprocharon ninguna situación configurativa de indebida acumulación de
pretensiones o de falta de requisitos formales de la demanda.

35. Asimismo, en lo concerniente al planteamiento del departamento del
Putumayo señaló que el oficio SAC 2018EE3522-G01.02.F04 del 24 de Julio de
2018 era la respuesta de la administración a la solicitud de la existencia de una
relación laboral entre las partes, la cual tenía la connotación del acto que definió
la situación jurídica del demandante, es decir, era la respuesta definitiva y de
fondo, susceptible de control judicial.

1.6. Sentencia de primera instancia9

36. El
11 de agosto de 2023, el Tribunal declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, negó las pretensiones y condenó en costas al
demandante.

37. Enprimer lugar, estudió si la demanda se radicó en término. Al respecto,
señaló que el acto administrativo enjuiciado fue notificado el 31 de julio de 2018,

7
Contestación vista en las páginas 2 a 11 del archivo «16ContestaciónLlamadaRuthJurado», adjunto en el índice 2 del
aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
8
Decisión visible en el archivo «21 AutoResuelveExcepcionesPrevias», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-
Segunda instancia.
9
Providencia observada en el archivo «007SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 34», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

por lo que la demanda debía presentarse «entre el 1 de agosto al 1 de diciembre
de 2018» y como el medio de control se presentó el 15 de julio de 2019, determinó
que la presentación era extemporánea. Sin embargo, tal situación no afectaba el
pago de los aportes pensionales, únicamente el reconocimiento de las acreencias
laborales.

38. Dicho lo anterior, la corporación estudió lo siguiente:

39. Sobre la prestación del servicio, indicó que se celebró un contrato de
prestación de servicios entre el demandante y el departamento del Putumayo en
el que se constató como servicio contratado el de conducción de bus de
transporte escolar para el período de 4 de mayo de 2009 al 3 de agosto de 2009,
actividad que de acuerdo a las declaraciones rendidas perduró hasta el 2017.

40. Respecto a la remuneración, especificó que existía claridad de la
contraprestación recibida por la vinculación contractual; sin embargo, del tiempo
posterior, lo manifestado por el actor en el interrogatorio de parte, recibía pagos
mensuales, se contraponía con lo sostenido por los deponentes que afirmaron
como periodicidad de los pagos por cada viaje efectuado y no una retribución
mensual.

41. Destacó que si bien existían recibos de pagos con ciertas intermitencias de los

años 2011, 2014 y 2017 y según lo expuesto por la testigo Olga Alicia González,
no existía claridad si el reconocimiento económico era un pago proveniente del
departamento del Putumayo para la cancelación del transporte escolar de la
institución educativa, pues, según lo afirmado por la citada deponente, se podía
inferir que la contraprestación provenía de las personas que ocuparan el cargo
de rector del centro educativo.

42. A su vez, en lo concerniente a la subordinación, precisó que, si bien existía en

la planta de personal del departamento el cargo de conductor, las actividades
ejecutadas por el demandante no eran regulares como si lo hubiere efectuado
aquél, por lo que no hubo certeza si el accionante debía permanecer en la
institución pendiente de los requerimientos dados por la rectoría.

43. A pesar de que se demostró la realización de recorridos por el actor en el bus

escolar en la mañana y en la tarde transportando estudiantes del centro
educativo, no se aportaron detalles adicionales de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de la actividad, ni la manera en la que los rectores influyeron en los
parámetros para efectuar la tarea encomendada o si fue sometido al poder
disciplinante.

44. Tampoco se allegaron elementos probatorios suficientes que vislumbraran si

luego de finalizar los recorridos en el bus escolar, el actor permanecía en la
institución o en el garaje asignado para guardar el vehículo, atento a recibir
órdenes o llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del vehículo automotor.
Además, no se suministraron copias de correos, memorandos, sanciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

advertencias o documentos en los que constara el ejercicio de facultades
correctivas laborales.

45. Finalmente, advirtió que en la demanda como pretensiones subsidiarias se

solicitó la declaración de la causación de un daño por el desconocimiento de la
presunta relación laboral entre las partes y el pago de los acreencias laborales;
no obstante, al comparar las pretensiones de la demanda con la reclamación
administrativa, las súplicas subsidiarias no se solicitaron en sede administrativo,
razón por la que no serían estudiadas dichas pretensiones en la medida que sería
afectada la garantía al debido proceso del ente territorial. Igualmente, dicha
pretensión requería el agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación.

1.7. Recurso de apelación10

46. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y se concedan las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:

47. El a quo decidió incorrectamente la excepción de caducidad de la acción, dado

que conforme a la tesis establecida por el Consejo de Estado en la sentencia
proferida el 20 de septiembre de 2018 dentro del expediente 1160/2015, el
ciudadano contaba con tres años para reclamar sus derechos, contados desde
que la obligación se hizo exigible, es decir a partir a la finalización del vínculo
contractual. En ese sentido, la relación laboral culminó el 31 de octubre de 2017,
razón por la que el ciudadano contaba hasta el 31 de octubre de 2020 para
solicitar el pago y como la demanda se radicó el 15 de julio de 2019, su
presentación es oportuna.

48. Eloficio demandado que negó la vinculación laboral y atribuyó la
responsabilidad a los rectores del centro educativo, acredita la validez del
contrato de prestación de servicios y la relación laboral entre las partes; no
obstante, la sentencia no efectuó ningún análisis de dicho oficio y valoró las
declaraciones indebidamente, las cuales corroboran los elementos de la relación
de laboral.

49. Conforme a respuesta de derecho de petición signada el 25 de septiembre de

2017 por el señor Jorge Enrique Calpa Pazos, rector de la institución educativa,
certificó que el actor percibía una remuneración por los servicios prestados y este
era mensual. Además, la retribución no era similar al salario devengado por el
conductor de la planta de personal y en el expediente reposan constancias de los
recibos de pago llevados a cabo por la institución educativa.

50. La decisión de primera instancia concluyó que las tareas ejercidas si bien

contribuían a una actividad frecuente del centro educativo, no existían elementos
de juicios suficientes del ánimo de la administración de emplear
10
Recurso visto en el archivo «009RecursoApelaciónSentenciaDte», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda
instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

permanentemente al accionante; sin embargo, es notorio que se prestaron
servicios durante 8 años, cumpliendo horario dentro del calendario escolar
establecido a los estudiantes y maestros, y realizando labores idénticas al
conductor de la planta de personal.

51. Que permanecía atento a las instrucciones impartidas por los rectores, ejercía

las funciones a partir de las 5:00 a.m. y una vez concluida la ruta debía ubicar al
vehículo automotor en las instalaciones del plantel educativo hacia las 4:00 p.m.
de lunes a viernes.

52. Los testimonios practicados dan cuenta de la prestación personal del servicio,

la falta de autonomía para fijar el horario y ejecutar el recorrido de los alumnos,
así como la constante disponibilidad de tiempo a la que era sometido, pues, debía
estar atento de las instrucciones de sus superiores en virtud de la naturaleza del
servicio.

53. El Tribunal sostuvo que como el ciudadano no recibía llamados de atención

era un indicio de que no hubo subordinación, ahora, tal situación obedecía a que
el trabajador era responsable y cumplía con sus labores.

54. Se tuvo por no acreditado el elemento de la remuneración dada la inexistencia

de un rubro presupuestal que demostrara la contraprestación; no obstante, tal
situación es ajena al actor porque es un asunto de autonomía presupuestal propia
de las autoridades administrativas y se le dio credibilidad a la declaración en la
cual se afirmó que los pagos eran realizados por los rectores de su propio
patrimonio. De esa manera, lo que realmente se denota es la desigualdad salarial
en tanto la remuneración era inferior al salario mínimo de la época de prestación
de servicios.

55. Las declaraciones expuestas por el señor Jorge Enrique Calpa Pazos (rector)

y la señora Olga Alicia González Ortega (auxiliar administrativa de la institución)
son relevantes en la medida que constatan que el rector era la persona que
disponía y asignaba las órdenes en cuanto a los horarios, recorridos y préstamos
a otros planteles, a su vez, la secretaria era quien efectuaba los pagos y explicó
con claridad que el demandante acataba órdenes, cumplía horario y recibía una
contraprestación.

56. Se omitió analizar que las respuestas emanadas por dichos testigos que eran

empleados de la institución buscaban desestimar las pretensiones y hechos de
la demanda, dada la vinculación laboral con la entidad. En todo caso, las
declaraciones corroboran la existencia de la relación laboral.

57. El juez de primera instancia no analizó las pretensiones subsidiarias de la

demanda bajo el argumento de que debía agotarse el requisito de procedibilidad
de conciliación; sin embargo, los derechos reclamados son ciertos en
indiscutibles y sobre aquellos no es exigible la conciliación extrajudicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

1.8. Trámite de segunda instancia

58. Elrecurso de apelación se admitió en auto del 20 de mayo de 202411,
oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo.

59. Dentro de esa oportunidad, la Procuraduría delegada de intervención octava

ante esta corporación12 rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, pues, a su criterio, no se acreditó la
subordinación.

60. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

61. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13.

62. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código

General del Proceso14, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

63. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandante, la

resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

64. Deacuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

65. ¿Se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción en el presente caso?

66. Luego, se estudiará si ¿entre el señor Jaime Humberto Delgado Delgado y el

departamento del Putumayo existió una relación laboral encubierta en el período

11
Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.
12
Índice 9 aplicativo SAMAI segunda instancia.
13
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

reclamado en la demanda o que ostentó la calidad de funcionario de hecho?

67. Igualmente se determinará si sobre tal vínculo acaeció en todo o en parte el

fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho al pago de
las prestaciones sociales e indemnizaciones invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

68.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

69. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

70. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

71. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico - de la caducidad

72. Previo a realizar el análisis de fondo correspondiente, resulta necesario
precisar algunos aspectos relacionados con el fenómeno de la caducidad.

73. Sobre esta figura, debe destacarse que la Corte Constitucional ha preceptuado

que la caducidad es una institución jurídico-procesal que propende por la
protección del interés general, en la medida en que establece que el derecho de
acción de quien demanda se ejerza no en cualquier momento, sino en los
términos legalmente establecidos por el legislador, en aplicación de la libertad de
configuración normativa, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar la
paralización del tráfico jurídico15.

74. El artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d), dispone que la caducidad se

configura cuando la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se interpone dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.

75. No obstante, dicha regla debe interpretarse a la luz de lo establecido por esta

Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016, en la cual se sostuvo que, en los procesos en los que se pretenda el
reconocimiento de una relación laboral y, como consecuencia de ello, el pago de
aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, dichas
reclamaciones se encuentran exceptuadas tanto de la prescripción como de la
caducidad16.

76. En consecuencia, las pretensiones orientadas al reconocimiento de una
relación laboral y, a través de ello, al pago de aportes al sistema de seguridad
social en pensiones no se encuentran sometidas a las reglas de prescripción ni
de caducidad.

77. Sin embargo, la regla de unificación jurisprudencial solo cobija las
reclamaciones de carácter pensional. Por lo tanto, la procedencia de la caducidad
respecto de los demás derechos reclamados a título de restablecimiento del
derecho debe analizarse conforme a las reglas procesales vigentes; esto es,
particularmente en materia de caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo
164 del CPACA, numeral 2 literal d).

15
Corte Constitucional C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16
En detalle, la sentencia al respecto dijo lo siguiente: « «En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad
del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados
y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

78. Esta interpretación guarda consonancia con lo que previamente ha señalado

esta Subsección, en el sentido de que, al estudiar la caducidad en demandas
dirigidas a obtener la declaratoria de una relación laboral, deben escindirse, por
una parte, las pretensiones sujetas a caducidad —como el reconocimiento de
bonificaciones, primas o sanciones moratorias— y, por otra, aquellas respecto de
las cuales no opera dicha figura, como ocurre con los aportes al sistema de
seguridad social17.

79. Por lo tanto, la Subsección considera que el estudio de la caducidad debe

realizarse de manera previa al análisis de la relación laboral. Lo anterior, en tanto
la caducidad constituye un presupuesto procesal para el ejercicio del derecho de
acción de la actora. Por ello, antes de abordar el estudio de fondo de las
pretensiones resulta necesario determinar si dicho fenómeno se configuró o no
y, en consecuencia, respecto de cuáles pretensiones se encuentra habilitada la
jurisdicción para emitir un pronunciamiento de fondo.

80. En efecto, no sería adecuado que la Sala abordara el estudio de determinadas

pretensiones bajo el argumento de que, en los asuntos en los que se solicita la
declaratoria de una relación laboral, su análisis debe realizarse con posterioridad
a la verificación de dicha relación, si respecto de algunas de ellas ya se hubiera
configurado la caducidad por no haberse presentado la demanda dentro de los
cuatro meses siguientes a la notificación o comunicación del acto administrativo
que resolvió definitivamente la situación jurídica.

81. De esa manera, el recurrente planteó que, para analizar la caducidad de la

acción, tenía 3 años para reclamar el derecho desde la culminación de la relación
laboral el 31 de octubre de 2017.

82. Sin embargo, la Sala se aparta del razonamiento debido a que confunde el

fenómeno de la prescripción-y el término de tres años con el que se cuenta para
reclamar los derechos laborales- con el de la caducidad, pues esta última es un
presupuesto procesal y extintivo para demandar judicialmente los derechos que
se consideran desconocidos. De tal manera que, el término con que se cuenta
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de 4 meses,
contados a partir del día siguiente de la notificación, comunicación o publicación
del acto demandado. Los tres años a los que alude el recurrente son para la
prescripción de los derechos prestacionales que se generan para lo que es
materia de estudio con la declaratoria de la relación laboral encubierta, en el
sentido de que su reclamación debe efectuarse dentro de ese lapso a partir de la
terminación del vínculo contractual, pues de no hacerlo, le prescribirá el derecho.

83. Enese sentido, se observa que el acto administrativo que puso fin a la
actuación administrativa y resolvió la situación jurídica que se demanda en esta

17
Ver por ejemplo Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente n.º 66001-23-33-000-2015-00124-
01 (4765- 2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de
julio de 2018. Expediente n.º 25000-23- 42-000-2017-01648-01 (4299-17) y 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19)
CP. Rafael Francisco Suárez Vargas y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre
de 2025. Expediente n.º 66001-23-33-000-2018-00083-02 (3918-2022) Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

oportunidad corresponde al oficio SAC 2018EE3522-G01.02F04 del 24 de julio
de 2018, notificado el 31 de julio de 201818.

84. Por consiguiente, el actor tenía entre el 1 de agosto de 2018 y el 1 de diciembre

de 2018 para presentar la demanda, sin embargo, ella la radicó el 15 de julio de
201919, es decir, por fuera del término legal. En consecuencia, la demanda se
encuentra afectada por el fenómeno de la caducidad, razón por la cual se
confirmará la decisión de primera instancia en este aspecto, y por tanto dicha
excepción aplica para las pretensiones orientadas a obtener el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir por el demandante salvo
lo relativo a los eventuales aportes pensionales que se causaron en el período
en que afirmó haber tenido una relación laboral con el departamento del
Putumayo.

85. Ello, porque, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ2-

005-16 del 25 de agosto de 2016, están en juego derechos de carácter
imprescriptible, respecto de los cuales no opera la caducidad, como ocurre con
los aportes pensionales.

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico – de la relación
laboral subyacente

86. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor

Jaime Humberto Delgado Delgado suscribió con la Secretaría de Educación del
Putumayo el contrato de prestación de servicios 257 del 4 de mayo de 200920
con el objeto de realizar actividades como conductor de la institución educativa
Sucre del municipio de Colón con vigencia de 3 meses, específicamente desde
el 4 de mayo de 2009 hasta el 3 de agosto de la misma anualidad.

87. Frente al otro tiempo reclamado de relación laboral encubierta comprendido

entre el 4 de agosto de 2009 y el 31 de octubre de 2017 en el que no se celebró
ningún contrato, se tiene que el señor Jaime Humberto Delgado Delgado relató
en el interrogatorio de parte que después de la terminación del contrato de
prestación de servicios continuó ejerciendo las labores de conducción para la
institución educativa. A la pregunta de la magistrada sustanciadora relacionada
con «¿quién le solicitó que siguiera trabajando?», contestó «allí en ese tiempo
estaba el señor rector Edgardo Abraham Criollo», y agregó que este le expresó
que «siguiera trabajando».

18
Conforme consta en la página 37 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», el ciudadano recibió
copia del acto administrativo el 31 de julio de 2018. Igualmente, en el escrito de subsanación de la demanda el apoderado
del sujeto procesal señaló que «me permito allegar respuesta a la solicitud de copia de la notificación del oficio efectuada
ante Secretaria de Educación del Departamento del Putumayo el 13 de septiembre de 2019 en la que se adjunta copia
del recibido del acto administrative demandado numerado con 2018EE3522 en el cual se lee en la parte superior derecha
el nombre del doctor ALVARO ESTRADA, apoderado del demandante para la solicitud y la fecha del 31 de julio de 2018
hora 2:30 pm como la fecha de recepción de este documento».
19
Según acta de reparto observada en la página 60 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800»,
adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
20
Documento visto en la página 65 del archivo «03ContestaciónDemanda-Anexos-LlamamientoGarantía», adjunto en el
índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

88. Luego a la pregunta «¿significa que siguió haciendo los recorridos que venía

haciendo normalmente?», contestó que «sí, su señoría. Sí, normalmente». Y
sobre la prestación del servicio precisó que «yo iba dónde estaba parqueado el
bus. De allí salía a hacer mis recorridos que tocaba Llano Grande, El Sagrado.
Salía por el municipio de Sibundoy, pues recogiendo alumnos. Entraba al
corregimiento de San Pedro y llegaba a la institución mínimo por ahí a las 7 de la
mañana con el primer recorrido, mi señoría. Y luego me regresaba de la
institución al corregimiento de San Pedro a traer nuevamente el resto de alumnos,
porque en un solo viaje no. Y en el segundo viaje llegaba a las 7 y media a la
institución educativa Sucre» (sic).

89. El testigo de la parte demandante, señor Julio César Ceballos expresó que el

actor se encargaba de hacer los recorridos para recoger a los estudiantes en la
zona rural del ente territorial o en el corregimiento de San Pedro, así como
transportar a los padres de familia a reuniones programadas en la institución21.

90. En esa línea, la declarante también de la parte demandante, señora Martha

Lucía Jajoy Botina explicó que este prestaba el servicio de transporte en la
institución pues, en la mañana y en la tarde, él recogía a su hijo en el
corregimiento de San Pedro22. Y el señor Edgar Lizardo Benavidez, sostuvo que
el actor también apoyaba a la administración municipal cuando se requería el bus
del plantel educativo con el objeto de atender actividades culturales, deportivas
o cívicas del ente territorial23.

91. Adicionalmente, en el interrogatorio de parte rendido por el llamado en garantía

señor Jorge Enrique Calpa Pazos que fungió como rector de la institución
educativa desde el 21 de abril de 201524 dio detalles de los recorridos efectuados
por el actor. Sostuvo que «él salía a las seis de la mañana haciendo recorrido a
dar la vuelta por las veredas, Sibundoy y regresaba porque llegaba a las siete y
cuarto porque siete y media se iniciaba las labores, se inicia. Ese es el recorrido
en la hora de la mañana», y en la tarde «él venía a llevar a los estudiantes a la
una y media. De una y media hacía el recorrido y dos y media estaba ya afuera
del servicio» (sic).

21
Al respecto, la magistrada sustanciadora le solicitó que aclarara «las razones por las cuales usted se dio cuenta de que
el señor era el conductor de la institución educativa, como usted lo dice», expresando el deponente que «pues
principalmente como le comento, como tenía a mis niños estudiando allá, siempre en las reuniones, en los diferentes
eventos culturales, don Jaime era el que hacía, prestaba el servicio ¿no? del recorrido pues para recoger a todos los
estudiantes en la zona rural y el corregimiento de San Pedro. Después de eso pues siempre él estaba pendiente en las
reuniones para recoger a los padres de familia que a veces hacía y a las diferentes reuniones que hacía la institución. En
eventos diferentes siempre pues era el conductor que estaba pendiente en la institución con uno de los buses».
22
En detalle, la testigo señaló que «a ver, a las siete y cuarto de la mañana yo entregaba a mi hijo en el corregimiento de
San Pedro, específicamente en la parroquia de nuestro corregimiento, donde yo lo entregaba a mi niño y donde yo también
lo recogía en horas de la tarde. También como hacía parte de la Junta de Padres de Familia, pues uno estaba pendiente
también de algunas situaciones que había dentro de la institución».
23
Sobre el tema, el declarante explicó que «la Administración siempre necesitaba de los servicios de los buses del colegio,
especialmente cuando había actividades culturales, deportivas o cívicas. Nuestra institución, la alcaldía municipal,
necesitaba de los servicios de los buses del colegio. Por lo cual nosotros nos dirigíamos al rector, sea por una llamada o
por algún oficio, nos dirigíamos a ellos para pedir los servicios del bus. Entonces, siempre, casi la mayoría de veces,
doctora, los rectores nos enviaban un bus y siempre era el bus nuevo, del cual era el conductor el señor Jaime Delgado».
24
En la declaración explicó el deponente que «soy docente directivo. soy el rector de la institución educativa Sucre». De
esa manera, la magistrada sustanciadora la preguntó: «¿Durante qué periodo de tiempo usted estuvo al frente del Instituto
Educativo Sucre?», especificando el testigo que «a partir del veintiuno de abril del dos mil quince».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

92. Asimismo, la testigo del citado llamado en garantía, señora Nohora Patricia

Jacanamejoy Madroñero identificó al accionante como el «conductor de uno de
los buses escolares de la institución».

93. La testigo Olga Alicia Acosta traída al proceso por la llamada en garantía,

señora Olga Alicia González Ortega, mencionó que el demandante «estuvo en la
institución no prestando servicios, sino realizando tareas de conducción del bus
escolar de placas o AK-190, el cual estaba en comodato o está todavía en
comodato con la institución educativa» (sic).

94. Igualmente, la deponente del llamado en garantía Edgardo Criollo, señora
Nelly Cecilia Muñoz Fuenmayor ante la pregunta de la magistrada sustanciadora,
relativa a si tenía «conocimiento de que el señor también hubiese prestado los
servicios del recorrido escolar en la institución educativa Sucre», explicó que él
«hacía el recorrido, porque a nuestra sede vienen estudiantes de la inspección
de San Pedro y también nos traía estudiantes del municipio de Sibundoy a
nuestra sede».

95. Si bien todos los testigos y partes reconocen que el demandante era conductor

del bus escolar, lo cierto es que los extremos temporales no están probados en
la forma reclamada en la demanda (4 de agosto de 2009 hasta el 31 de octubre
de 2017). Véase que el propio demandante en el interrogatorio de parte dijo lo
siguiente «yo inicié a trabajar el día cuatro de mayo de dos mil nueve con la
Secretaría de Educación. Y terminé en el colegio Sucre hasta el treinta y uno de
octubre del dos mil diecisiete» (sic).

96. Asimismo, el deponente Julio César Ceballos puntualizó que el actor laboró

durante las anualidades de 2009 a 201725, y con ello coincidió la testigo Martha
Lucía Jajoy Botina26. Igualmente, el declarante Edgar Lizardo Benavidez, indicó
que podía dar fe de la labor como conductor del actor desde el 2012 hasta el
2019 cuando actuó como funcionario de la administración municipal. No obstante,
cuando la magistrada sustanciadora le preguntó, «usted no sabe, pese a que se
dio cuenta de que el señor hacía los recorridos escolares, no puede decir durante
cuánto tiempo ejercía esa labor», él respondió «claro, exactamente, doctora.
Fechas exactas, no».

97. Además, en el interrogatorio de parte rendido por el llamado en garantía Jorge

Enrique Calpa Pazos a la pregunta «¿durante qué tiempo laboró para el Colegio
de Institución Educativa Sucre?», afirmó «para mí, estoy hablando desde el
momento en que llegué, desde el 2015 hasta el 2017, en que el bus de la
institución quedó fuera de servicio por las normas de tránsito nacionales».

98. De esas manifestaciones para la Sala no existe claridad en las fechas exactas

de inicio y terminación de la labor como conductor del demandante, a pesar de
25
Al respecto, el declarante mencionó que «aproximadamente en el año 2009 entró a trabajar el don Jaime Humberto
como conductor del bus, hasta el 2017 aproximadamente también estuvo trabajando, pues ya mi último niño se terminó
de estudiar en el 2016, pero sé que él trabajó hasta esa fecha».
26
Sobre el punto, la deponente especificó que «mis niños empezaron a estudiar desde el 2000 en esta institución, después
aproximadamente en el año 2009 entró a trabajar el don Jaime Humberto como conductor del bus, hasta el 2017».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

que los deponentes Julio César Ceballos y Martha Lucía Jajoy Botina
coincidieron en el año de iniciación de su actividad (2009) no ocurrió lo mismo
con la fecha de finalización, pues el primero indicó que lo fue en el 2017 y la
segunda dijo que, en 2018; el señor Edgar Lizardo Benavidez mencionó que en
el 2019 y el llamado en garantía Jorge Enrique Calpa Pazos27 dijo que 2017,
coincidiendo con el primero, pero sin generar certeza a la Sala.

99. A pesar de esas afirmaciones en el expediente reposan comprobantes de pago

expedidos por la institución educativa Sucre del municipio de Colón en los que
se evidencia los honorarios cancelados al demandante por su labor como
conductor, como se indica en el siguiente cuadro:

Fecha Cuantía
1 1° de noviembre de 2011 $150.000 M/cte. por concepto de «pago por conducir bus»28
$400.000 M/cte. por concepto de «conductor bus palcas OAK190 del
2 8 de noviembre de 2011
25 IX al 24 X/2011»29
pago efectuado el 12 de noviembre de 2011 en cuantía de $500.000
por concepto de «conductor del 25 X al 2 de XII/2011»30
$70.000 M/cte. por concepto de «gastos de conductor viaje a Las
3 18 de agosto de 2012
Lajas y Tulcán el 18 de agosto de 2012»31
$70.000 M/cte. por concepto de «gastos de conductor viaje a
4 28 de agosto de 2012
Sandoná el 19 de agosto de 2012»32
$1.000.000 M/cte. por concepto de «servicio conductor del bus
5 12 de septiembre de 2012
OAK190 de los meses julio y agosto de 2014»33
$400.000 M/cte. por concepto de «conductor un mes del 23VII al 22
6 1° de noviembre de 2012
VIII/12»34
$900.000 M/cte. por concepto de «pago 2 meses y una semana
7 24 de noviembre de 2012
conductor bus del 23 IX al 30 XI/12».
$400.000 por concepto de «un mes conductor del 23 VIII al
8 4 de diciembre de 2012
22/IX/12»35
$70.000 M/cte. por concepto de «Gtos viáticos viaje a Tulcán
9 11 de agosto de 2013
alquilado alumnos grado 11°»36
$70.000 M/cte. por concepto de «gastos viáticos conductor viaje a
10 22 de septiembre de 2014
Chachagüí»37
$500.000 M/cte. por concepto de «pago un mes conductor bus
11 7 de octubre de 2014
OAK190 de septiembre 2014»
$70.000 M/cte. por concepto de «viáticos gastos viaje a Chachagüí el
12 7 de noviembre de 2014
día 8 de noviembre de 2014»38
$70.000 M/cte. por concepto de «viáticos viaje a Chachagüí el 15 de
13 14 de noviembre de 2014
Nov.2014»39
14 23 de noviembre de 2014 $70.000 M/cte. por concepto de «viáticos viaje a Tulcán-Las Lajas»40

27
Documento visto en las páginas 36 y 37 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el
índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
28
Documento visto en la página 39 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
29
Documento visto en la página 40 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
30
Documento visto en la página 40 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
31
Documento visto en la página 45 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
32
Documento visto en la página 44 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
33
Documento visto en la página 42 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
34
Documento visto en la página 41 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
35
Documento visto en la página 41 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
36
Documento visto en la página 45 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
37
Documento visto en la página 48 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
38
Documento visto en la página 44 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
39
Documento visto en la página 44 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
40
Documento visto en la página 45 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

$500.000 M/cte. por concepto de «pago conductor mes XI/14»41; xi)
15 23 de diciembre de 2014 pago realizado el 2 de diciembre de 2014 en cuantía de $500.000
M/cte. por concepto de «pago conductor mes de octubre de 2014»42
$70.000 M/cte. por concepto de «viáticos viaje a Tulcán con grupo
16 27 de diciembre de 2014
Santiago»43
17 16 de octubre de 2015 $1.000.000 M/cte. por concepto de «conductor meses de viii y ix/15»44
$2.000.000 M/cte. por concepto de «pagos conductor bus OAK190
18 8 de noviembre de 2015
de IV-V-VI y VII/15»45
$1.120.000 M/cte. por concepto de «conductor de X y XI/15 y una
19 11 de diciembre de 2015
semana del mes de enero/2015»46
20 21 de septiembre de 2016 $1.200.000 M/cte. por concepto de «conductor de VII y VIII/2016»47
$1.200.000 M/cte. por concepto de «V-VI Pago conductor meses V y
21 11 de agosto de 2016
VI/16»48
$70.000 M/cte. por concepto de «viáticos conductor viaje
22 22 de julio de 2017
Chachagüí»49
pago efectuado el 29 de agosto de 2017 en cuantía de $1.882.000
23 29 de agosto de 2017 por concepto de «servicio conductor de 7 días enero-5 de mayo y
meses de vii y viii/17»50

100.De tal manera que con la información reportada en el cuadro que antecede
se demuestra la prestación personal del servicio, como primer elemento de la
relación laboral, del demandante en la institución educativa como conductor
desde el 2011 hasta el 201751 y que por esa actividad se le pagaron unos
honorarios, probándose así el segundo elemento de la relación de trabajo,
contraprestación que se refiere a las sumas de dinero recibidas por el
demandante durante la ejecución de las actividades. Igualmente, se acredita la
prestación personal y la remuneración en el período en que suscribió el contrato
de prestación de servicios 257 del 4 de mayo de 2009. Asimismo, del dicho del
llamado en garantía Jorge Enrique Calpa Pazos y de la señora Olga Alicia
González Ortega se comprueba que el demandante era remunerado por su labor.

101. Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

102.
En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios. Para ello se tendrán

41
Documento visto en la página 43 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
42
Documento visto en la página 43 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
43
Documento visto en la página 48 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
44
Documento visto en la página 46 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
45
Documento visto en la página 46 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
46
Documento visto en la página 46 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
47
Documento visto en la página 47 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
48
Documento visto en la página 47 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
49
Documento visto en la página 48 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el índice 2
del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
50
Ídem.
51
i) 25 de septiembre de 2011 al 24 de octubre de 2011; ii) 18 y 19 de agosto de 2012; iii) julio y agosto de 2014; iv) 23
de julio de 2012 al 22 de noviembre de 2012; v) 23 de agosto de 2012 al 22 de septiembre de 2012; vi) septiembre e
2014; vii) 8 de noviembre de 2014; viii) 15 de noviembre de 2014; ix) octubre de 2014; x) agosto y septiembre de 2015;
xi) mayo y junio de 2016; xii) julio y agosto de 2016; xi) julio y septiembre de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

103.En cuanto al lugar de trabajo del accionante, se tiene que en el contrato de
prestación de servicios 257 del 34 de mayo de 2009 especificó que los servicios
se prestarían en «la I.E.C Sucre-Colón.

104.Labor que ejecutó en el período de 2011 a 2017 en la misma institución
según se observa de las declaraciones practicadas en el proceso. En efecto, la
señora Martha Lucía Jajoy Botina explicó que el recorrido llevado a cabo por el
actor consistía en «salir por acá, por Colón, llegar a la vereda Llano Grande,
hacer un recorrido muy largo, pasar por el Sagrado Corazón de Jesús, pasar por
los barrios ya de Sibundoy, recorrer todo ese centro, pasar San Pedro, llegar a
Sibundoy. O sea, el recorrido era demasiado amplio» (sic).

105.A su vez, la testigo Olga Alicia González Ortega puntualizó que el accionante
«tenía la ruta número uno, que es Colón-Sibundoy y llegar a la vereda Sagrado
Corazón de Jesús. Más o menos un recorrido de ocho kilómetros». Y la señora
Nelly Cecilia Muñoz Fuenmayor52 relató que el actor «nos traía estudiantes del
municipio de Sibundoy y de la inspección de San Pedro y del municipio de Colón,
hacia mi sede» (sic).

106. Respecto al horario de labores, el testigo de la parte demandante, señor
Julio César Ceballos señaló que tenía conocimiento de que él iniciaba el
recorrido a las 5:00 a.m. para dirigirse a la vereda Llano Grande, ir a Sibundoy,
ingresar al corregimiento de San Pedro y llegar a la institución entre 7:00 a.m. a
7:30 a.m.

107. Dicho deponente, fundamentó su conocimiento de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio en virtud de que «hice parte
del consejo directivo de la institución y conocíamos por información pues del
mismo señor rector de que la función que cumplía don Jaime Delgado era el
conductor de uno de los buses nuevos que le llegó a la institución» (sic) y que
«como mis niños empezaron a estudiar desde el 2000 en esta institución,
después aproximadamente en el año 2009 entró a trabajar don Jaime Humberto
como conductor del bus, hasta el 2017 aproximadamente también estuvo
trabajando» (sic). No obstante, le declarante de la parte actora, señora Martha
Lucía Jajoy Botina expresó que conocía que el interesado salía muy temprano
con el objeto de iniciar el recorrido entre las 6:00 a.m. a 6:30 a.m. para finalizar
el recorrido en la institución a las 7:00 a.m. a 7:30 a.m.53. Mientras que el testigo

52
Quien es docente desde 1993 de la Escuela rural mixta Michoacán que pertenece a la institución educativa a las
preguntas: «¿usted nos puede recordar cuál es su ocupación actual?» contestó: «docente de la institución educativa,
perdón. De la institución educativa Sucre, sede primaria, sede Escuela Rural Mixta, Michoacán» preguntado: «¿Desde
cuándo se desempeña en ese cargo?» contestó: «Desde 1993» preguntado: «¿Y hasta la actualidad?» contestó: «Sí,
sí, doctora» preguntado: «¿De manera ininterrumpida?» contestó: «Sí, doctora».
53
Al respecto, la declarante sostuvo que «entonces, yo sí tenía conocimiento de que don Jaime tenía que salir muy
temprano para empezar a recoger desde las seis y veinte, seis y media, en las veredas para poder llegar a las siete y
media a la institución».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

Edgar Lizardo Benavides explicó que no le constaban en especifico el desarrollo
de la ruta escolar del plantel educativo.

108. El llamado en garantía Jorge Enrique Calpa Pazos por su parte indicó que el
actor «tenía que hacer el recorrido a seis de la mañana y entregarlos siete y
cuarto, siete y media más tardar, en la mañana. Y en horas de la tarde, él tenía
que hacer el recorrido una y media, hacer el recorrido, y dos y media ya quedaba
fuera de servicio» (sic). Especificó que el demandante «salía a las seis de la
mañana haciendo recorrido a dar la vuelta por las veredas Sibundoy y regresaba
porque llegaba a las siete y cuarto porque siete y media se iniciaba las labores,
se inicia. Ese es el recorrido en la hora de la mañana» Asimismo, «En la hora de
la tarde […] nuevamente él venía a llevar a los estudiantes a la una y media. De
una y media hacía el recorrido y dos y media estaba ya afuera del servicio».

109. Asimismo, la señora Olga Alicia González Ortega, reconoció que no tenía
conocimiento de la hora de salida de la ruta, pero si le constaba que a las 7:30
a.m. los estudiantes debían estar en la institución. En respuesta posterior agregó
que «él hacía su recorrido, llegaba, dejaba a los estudiantes y él se ausentaba
de la institución hasta la hora que tenía que regresar para hacer el otro recorrido,
que era a la 1 y 25, 1 y 20 que llegaba, para hacer el segundo recorrido en el
día». Teniendo en cuenta lo afirmado en precedencia, el apoderado de los
llamados en garantía la interrogó en el sentido de indicar si «el horario de los
recorridos del bus escolar que conducía el señor Jaime Delgado estaba
supeditado a las horas de ingreso y salida de los estudiantes de la institución»,
y ella reconoció que «sí».

110. Igualmente, la declarante Nelly Cecilia Muñoz Fuenmayor relató que el actor
recogía los estudiantes y a ella en el municipio de Colón a las 7:10 a.m. para
trasladarlos a la sede de Michoacán54 y en respuesta posterior aseveró que «yo
utilizo el bus con los estudiantes que vamos de aquí del municipio de Colón a la
Escuela Rural Mixta, Michoacán, quienes nos transportan por la mañana y nos
recogen a la una y media de la tarde».

111. Y en el interrogatorio la parte demandante explicó que él se dirigía a las 5:00
a.m. al recinto en el cual se ubicaba el vehículo automotor 55, luego iniciaba el
recorrido para ir a Llano Grande, el Sagrado, al municipio de Sibundoy,
corregimiento de San Pedro y llegaba a la institución sobre las 7:00 a.m. que era
el primer recorrido. Después regresaba del plantel educativo al corregimiento de
San Pedro a trasladar a otro grupo de alumnos56. Complementariamente la

54
En detalle, la declarante especificó que «él nos recogía aquí en el municipio de Colón a las siete y diez para llevarnos
a la sede, porque el inicio de clase es siete y media. Entonces, llegábamos antes de las siete y media y él se regresaba
al municipio», ante lo cual la magistrada sustanciadora le preguntó «¿cómo sabe usted que él se regresaba al municipio?»,
señalando la testigo que «Porque el bus no quedaba allá en la sede, sino que nos dejaba con los estudiantes en nuestra
escuela, en la vereda, y él se regresa acá al municipio con el bus».
55
Sobre el punto, el demandante señaló que «yo salía de aquí de mi casa a donde se parqueaba el bus. Y a las 5, a las
5 de la mañana estaba ya presente en el bus, allá revisando llantas, todo lo que le toca a un conductor para hacer mis
recorridos a los siguientes, al siguiente municipio. Y veredas también que me tocó».
56
En efecto, el accionante explicó que «de allí salía a hacer mis recorridos que tocaba Llano Grande, El Sagrado. Salía
por el municipio de Sibundoy, pues recogiendo alumnos. Entraba al corregimiento de San Pedro y llegaba a la institución
mínimo por ahí a las 7 de la mañana con el primer recorrido, mi señoría. Y luego me regresaba de la institución al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

magistrada sustanciadora le preguntó si «¿también llevaba alumnos a alguna
otra institución educativa o solamente a la institución educativa Sucre?», y el
relató que «sí, se hacía el recorrido y como venía de Sibundoy quedaban
alumnos en la escuela de Michoacán, que pertenece a la institución educativa
Sucre».

112.Para la Sala las manifestaciones de los testigos, de los llamados en garantía
y del propio demandante permiten afirmar que este ejercía sus actividades en
jornada de la mañana que podía oscilar entre las 5:00 a.m. o 6:00 a.m. hasta las
7:30 a.m. y en horas de la tarde entre la 1:20 p.m. a 2:30 p.m. las cuales
comprenden el ingreso y salida de los estudiantes a la institución educativa de
lunes a viernes.

113.Sin embargo, no es posible establecer que el demandante permanecía
durante toda la jornada en la institución, puesto que los llamados en garantía y
sus testigos afirmaron que una vez transportaba a los estudiantes al colegio el
actor se retiraba de éste a realizar labores personales. En efecto, el señor Jorge
Enrique Calpa Pazos expresó que el actor únicamente realizaba los recorridos y
se retiraba de la institución57. La testigo de la llamada en garantía Olga Alicia
González Ortega, señora Olga Alicia González Ortega expresó que el señor
Jaime Delgado simplemente era un colaborador para hacer el recorrido
únicamente. «Él hacía su recorrido, llegaba, dejaba a los estudiantes y él se
ausentaba de la institución hasta la hora que tenía que regresar para hacer el
otro recorrido […]. Entonces no me consta que él le hacía mantenimiento. Pero
los buses cuando requerían de mantenimiento lo hacían en un taller o se
necesitaba el lavado de buses en un lavadero de carros». Y la señora por su
parte a la pregunta «¿usted jamás vio al señor Delgado por fuera del horario del
recorrido?», contestó «no doctora».

114. Mientras que el demandante y sus testigos manifestaron que en el desarrollo
de sus funciones se encontraba sometido a disponibilidad del servicio, una vez
que finalizaba el recorrido de la mañana hasta cuando iniciaba la ruta de la
tarde58, además, el mismo demandante sostuvo que después de culminar el
recorrido a las 7:30 a.m. se dedicaba a hacer el aseo del vehículo automotor y
alistarlo para la próxima ruta, lo cual le demandaba 2 horas. Lo que expresaron

corregimiento de San Pedro a traer nuevamente el resto de alumnos, porque en un solo viaje no. Y en el segundo viaje
llegaba a las 7 y media a la institución educativa Sucre».
57
Al respecto, el sujeto procesal indicó que «lo único que hacía era el recorrido nomás, de recoger a los estudiantes y
dejarlos en la institución y quedaba libre».
58
Sobre el tema, la magistrada sustanciadora le preguntó «después de que usted hacía esos recorridos, llevaba a los
estudiantes a los colegios, ¿qué hacía después? Contestó: «Yo me tocaba hacerle mantenimiento, pues aseo, barrerlo,
porque el bus tocaba tenerlo en buen estado, mirar que esté bien, todo lo que le toca a un conductor». Preguntado: «¿Y
esas labores le tomaban cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo usted lo barría, lo limpiaba? ¿Cuánto tiempo le tomaba eso?»
Contestó: «En lo del aseo, que lo trapeaba, yo todo eso, me demoraba por ahí una hora y media, dos horas, en hacerle
su mantenimiento ahí dentro del bus, porque por la mañana me tocaba hacerle el aseo». […] Preguntado: «usted me ha
dicho que en el recorrido se demoraba más o menos dos horas, dos horas y media, y que limpiando el bus se demoraba
más o menos una hora y media o dos horas. Eso tomaría más o menos un promedio de cuatro horas en esas labores.
¿El resto del día a qué se dedicaba usted?» Contestó: «Sí, el resto del día yo me dedicaba pues a estar pendiente,
disponible, a lo que el señor rector, el jefe, me hacía llamados para salir a con él, permanecía disponible ahí. A mí me
llamaba».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

los testigos Julio César Ceballos59; Martha Lucía Jajoy Botina60 y Edgar Lizardo
Benavides61, y añadió el primero que el demandante permanecía en el plantel
educativo atento a cualquier diligencia que le solicitaran realizar62.

115. De tal manera que, solamente se pudo constatar la prestación del servicio
del demandante en las horas dispuesta para el traslado de los estudiantes de la
institución educativa que requerían del servicio. Lo que no permite afirmar que
no se encuentre probada la relación laboral encubierta, pues es necesario
establecer si en esa jornada estuvo o no direccionado por la entidad demandada.

116.En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

117.La parte demandante alegó que las pruebas aportadas al expediente
acreditaron los direccionamientos en el modo de cumplimiento de las funciones
desarrolladas por el ciudadano o la falta de autonomía en la ejecución de las
labores.

118.Sobre el cumplimiento de actividades de conductor, la Corporación ha
considerado que esta per se no conlleva la subordinación, por lo que en cada
caso particular habrá de examinarse el cumplimiento de este requisito para, de
esa manera, establecer la existencia o no de una relación laboral encubierta63.

119.En ese orden de ideas, los testigos de la parte demandante sostienen que el
actor además de recoger a los estudiantes en las jornadas de inicio y terminación
de la jornada estudiantil recibía órdenes de los rectores para realizar otros tipos

59
Manifestó «mantenimiento al vehículo, pues del bus y de cualquier diligencia que se haga durante el día, porque pues
siempre él mantenía pendiente en la institución»
60
Relató que «él tenía que estar presto a ese llamado del rector, de los docentes, entonces él siempre permanecía dentro
de la institución. Pero siempre uno llegaba y lo miraba, haciéndole mantenimiento a su carrito, bueno, que todo esté en
perfectos estados y buena presentación para los estudiantes» (sic).
61
En efecto, el apoderado de los llamados en garantía interrogó al declarante así, «¿Quiere saber, doctor, si usted conoce
qué hacía el señor Jaime desde las 7 y 30 de la mañana en la que al parecer finalizaba el recorrido de los estudiantes en
horas de la mañana hasta las horas de la tarde en la que iniciaba el recorrido de regreso de los estudiantes a sus casas?
¿Sabe usted qué hacía el señor Jaime en ese espacio de tiempo?», expresando el deponente que «muchas veces, como
le comentaba anteriormente, el bus era dejado en un parqueadero que pertenece al municipio. En muchas ocasiones, ahí
en ese mismo parqueadero existen unas bodegas que son del municipio y también ahí funcionan las oficinas de archivo.
Muchas veces nosotros desde la administración municipal nos dirigíamos ahí. Muchas veces yo me dirigía ahí y lo
encontré a don Jaime haciéndole mantenimiento al bus, lavándolo, barriéndolo, algunas cosas de mecánica. Muchas
veces lo encontré en eso».
62
Al respecto, la magistrada sustanciadora le preguntó «¿a qué se refiere usted cuando dice que mantenía en la
institución, se quedaba ahí, hasta qué horas?, ¿qué se quedaba haciendo?», relatando el deponente que «no, él pues
lógicamente se quedaba en la institución pendiente del vehículo en caso de que tenga que salir en diferentes horas y
hasta volver a recoger los estudiantes para hacer el recorrido, a dejarlos a su vivienda, eso entonces él mantenía ahí
pues en la institución durante ese horario, en el horario de clases».
63
Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección A; sentencia de 17 de mayo de 2018; radicado 15001-23-33-000-
2013-00331-01(2003-14); C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

de traslados de personal de la institución. En efecto, el señor Julio César
Ceballos puntualizó que el accionante podía movilizar el bus escolar bajo el
permiso u orden del rector del plantel educativo, cuando se le pidió que explicara
el motivo por el cual le constaba ello64, contestó que «en las diferentes reuniones
de consejo directivo, […] había padres de familia que […] solicitaban el vehículo
[…] ante el señor rector. Si no, no se podía mover el vehículo […]» (sic).
Asimismo, señaló como jefe del demandante a los rectores de la institución
educativa, señores Edgar Abraham Criollo y Jorge Calpa65. El apoderado de los
llamados en garantía le preguntó: «ha manifestado usted que el señor Jaime
Humberto Delgado requería la autorización del señor rector para movilizar el bus,
¿eso es cierto?», y él contestó «siempre, para cualquier diligencia, el único que
autorizaba el movimiento del bus era el señor rector». Asimismo, le preguntó «o
sea, que la autorización no era para él manejar el bus, sino para utilizar el bus,
¿cierto?», y el declarante dijo «no, corrijo, autorizaba al señor Jaime para que
lleve el bus, para que conduzca el bus».

120.Igualmente, la deponente Martha Lucía Jajoy Botina explicó que perteneció
a la junta de padres de familia66 y que cuando eran programadas actividades
para ir por ejemplo a Tulcán o a las Lajas, la junta tenía que dirigirse al rector
para que los autorizara, concretamente refirió que el «señor rector, el que
realmente decidía si era posible o no era posible que nos prestaran el bus y
nosotros pudiéramos hacer ese recorrido. Entonces, quien le designaba ese
trabajo al señor Jaime era el señor rector». Y aseguró que sus jefes fueron los
señores Edgar Criollo y Calpa67.

121.De otro lado, el llamado en garantía Jorge Enrique Calpa Pazos, ante la
pregunta formulada por la magistrada sustanciadora «¿existía alguna persona
de la institución educativa que le indicara al señor Jaime Humberto Delgado la
forma de hacer sus actividades de conducción en el colegio?», contestó que
«únicamente el recorrido porque lo demás pues no había necesidad. Una sola
vez que se daba el recorrido porque ya estaba establecido. Son recorridos
establecidos conjuntamente con la administración municipal y Secretaría de
Educación y Dirección de Núcleo. Son rutas que conjuntamente se establecen y
no se las puede variar» (sic). Y la testigo Nohora Patricia Jacanamejoy

64
Concretamente, la magistrada sustanciadora le preguntó «¿por qué y cómo le consta a usted que las órdenes las daba
el señor rector? Es decir, para darte de ese conocimiento, uno tendría que suponer que usted estaba presente cuando el
rector daba las órdenes o las instrucciones. Usted respondió que usted tiene entendido que era así. ¿Por qué tiene
entendido que era así?».
65
En detalle, la magistrada sustanciadora lo interrogó en el sentido de precisar «¿a usted le consta quién era el jefe
directo del señor Jaime Humberto Delgado en el Colegio Sucre?», manifestando el declarante que «pues en el tiempo
que yo estuve el jefe directo, pues era el señor rector. Primeramente, era el especialista Edgardo Abraham Criollo y luego
el especialista, actualmente el especialista Jorge Calpa, que han sido los rectores que han estado en la institución, pues,
que me consta a mí».
66
Sobre el punto, la deponente manifestó que «también como hacía parte de la junta de padres de familia, pues uno
estaba pendiente también de algunas situaciones que había dentro de la institución».
67
El apoderado de la parte demandante preguntó a la declarante, «¿sabe usted si el señor Jaime Humberto Delgado
tenía un jefe en el colegio?» «claro que sí, doctor» Preguntado: «¿Conoce usted el nombre de esa persona?» Contestó:
«Pues, miren, en el tiempo que yo estuve dentro de la institución, pues el rector y con el que nosotros trabajamos dentro
de la institución fue el señor Edgardo Criollo. Él fue el jefe del señor Delgado» Preguntado: «¿Hubo otro jefe aparte del
profesor Criollo?» Contestó: «Cuando ya llegó el señor Calpa. Después ya llegó el señor Calpa, pero ya en ese tiempo,
apenas ya pasé unos poquitos días y ya me retiré».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

Madroñero sostuvo que «no tengo conocimiento, pues, que le dieran otras
instrucciones aparte de hacer el recorrido» (sic).

122.A su vez, la testigo Nelly Cecilia Muñoz Fuenmayor, a la pregunta «¿usted
tiene conocimiento de quiénes establecían las rutas que hacía el señor Delgado?
Es decir, ¿cómo se ponían de acuerdo para recoger a los estudiantes, la forma
en la que tenía que recogerlos?», contestó «pues el recorrido, las rutas las
coordinaban pues de acá del colegio. Eran pues los que tenían que darle a
conocer dónde tenía que subir a los estudiantes, dónde tenía que dejarlos» (sic).
Sin embargo, cuando se le pidió que explicara si conocía que «el señor rector le
hubiese dado directrices, órdenes o le hubiese sugerido al señor Delgado de la
forma en la que tenía que hacer los recorridos o si le daba algún otro tipo de
orden», la declarante afirmó que «órdenes no. Simplemente … las rutas que
debía él hacer para recoger los niños» (sic).

123.Para la Sala aunque los testigos de la parte demandante afirmaron que este
recibía órdenes de los rectores de la institución educativa, sus aseveraciones
resultan insuficientes para acreditar la subordinación, pues no describen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se direccionaba su actividad;
simplemente se limitan a establecer que el rector autorizaba la movilización del
vehículo que era conducido por el actor, lo que no conlleva mandato alguno;
sumado a que los declarantes de la parte pasiva, incluso los llamados en
garantía que fungieron como rectores, atestiguaron que el actor no recibía
direccionamientos dado que únicamente se le indicaba el recorrido que debía
hacer para la recogida y entrega de los estudiantes.

124. De tal manera que la Subsección recuerda que no toda relación de servicios
en los que medien actividades de cumplimiento de deberes por parte del
contratista implica necesariamente la existencia de subordinación. Pues entre
las partes del contrato de prestación de servicios debe existir una relación de
coordinación de actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el
desarrollo de sus funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias
para el desarrollo eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario;
ii) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener
que reportar informes sobre sus resultados, tal y como ocurre en el presente
caso, sin que ello transmute la coordinación existente en subordinación68.

125.Y si bien es cierto en el expediente obran dos oficios dirigidos por los rectores
al aquí demandante, de 11 de marzo de 2016 y de 29 de noviembre de esa
anualidad, mediante los cuales se le autorizaba «…para transportar en el Bus
Escolar de Placas OAK190 de Pasto, marca CHEVROLET, el sábado 12 de
Marzo de 2016 docente y padres de familia de la sede Escuela Rural Michoacán
asumiendo la protección y los riesgos que puedan ocurrir en la salida de
Integración de la comunidad de la sede escuela rural Michoacán, a Las Lajas
Nariño, con el objeto de realizar una salida de integración de Estudiantes y

68
Sentencia de 14 de julio de 2022; Sección Segunda, radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

padres de familia» y para «…para transportar en el Bus, Escolar de placas
OAQ190 de Pasto, marca Chevrolet, el día 29 de Noviembre de 2016 a docentes,
padres de familia y estudiantes del grado Quinto 01 de la sede Instituto de Básica
Primaria Libertad de la institución Educativa Sucre a Chachaguí, con el objeto de
realizar una salida de paseo de fin de año escolar», respectivamente, no es
menos cierto que estos no se dieron de manera periódica y no contienen un
direccionamiento propiamente dicho, si se tiene en cuenta que en el primero se
le responsabilizó de los riesgos que pudieran presentarse en el traslado de la
comunidad de la sede escuela rural Michoacán a Las Lajas Nariño.

126.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores69.

127. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»70.

128.Por tanto, la Subsección considera que le asiste al tribunal al denegar las
pretensiones de la demanda, pues dentro del plenario no obran los elementos
que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes,
en especial, porque no se probó el elemento de subordinación. Por lo tanto, se
confirmará la sentencia de primera instancia.

129.En cuanto a las pretensiones subsidiarias la Sala estima que se derivan de
la nulidad del acto cuya legalidad se controvierte, y aunque el restablecimiento
que se invoca es la reparación del daño por el desconocimiento de la relación
contractual y el consecuente pago de los derechos prestacionales a que haya
lugar, se trata de las mismas pretensiones principales; por lo que no nos
encontramos frente a pretensiones con naturaleza subsidiaria. De allí que la Sala
confirme la decisión apelada.

69
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
70
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

De la condena en costas en segunda instancia

130. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

131. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

132. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

133. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el a quo y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal que conoció de este
proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme lo expresado en la motivación.:

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte demandante en segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00379-01 (1681-2024)
Demandante: Jaime Humberto Delgado Delgado

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 27
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.