Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01020-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023)
Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Decisión: Confirma sentencia
Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral/ Instructor
del SENA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de
diciembre de 2022 proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
Primero: DECLARAR la nulidad del oficio N° 5-1010 del 16 de octubre de 2015,
Rad: 2-2015-015012, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena
Regional Antioquia, mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral
con el señor Gustavo Alfonso Valencia Valencia.
SEGUNDO: Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se
condene al Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena Regional Antioquia al
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre dicha entidad y el
señor Gustavo Alfonso Valencia Valencia, a partir del momento en que fue
vinculado, con el reconocimiento prestaciones económicas y laborales que
deriven de ella.
TERCERO: Que se condene al Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena Regional
Antioquia al reconocimiento y pago en favor del demandante de una suma
1
Fls 87-109 del expediente
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
equivalente a los siguientes conceptos: auxilios de cesantías, intereses a las
cesantías, subsidio de alimentación, primas semestrales, prima navidad,
bonificación servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación
de recreación.
CUARTO: Que, a título de indemnización, se condene al Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena Regional Antioquia a pagar al señor Gustavo Alfonso Valencia
Valencia los valores que por cotización debió efectuar por concepto de la
seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones canceladas por el
demandante y que le correspondía a la demandada.
QUINTO: Que se condene en costas al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena
Regional Antioquia.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
A manera de síntesis, se expone que el señor Valencia Valencia fue vinculado a
través de distintos contratos de prestación de servicios al Servicio Nacional de
Aprendizaje durante el período comprendido desde el 29 de enero de 2010 hasta
el mes de diciembre de 2013 en calidad de instructor.
Que el objeto contratado fue realizado de manera satisfactoria, según dan cuenta
las actas de liquidación de los contratos ejecutados. Su condición de instructor
de formación profesional integral se constata con los certificados emitidos por la
supervisora de los contratos suscritos, quien a su vez fungía como coordinadora
académica del SENA.
Asimismo, se señala que para la ejecución de los contratos debía llenar formatos
en donde se consignaron, mes a mes, los horarios de las actividades realizadas;
de las cuales rendía informes donde establecía las fechas, labores, acciones y
resultados de su labor como instructor.
Sostiene que, mediante formulario de trabajador independiente, fue vinculado a
una aseguradora de riesgos laborales y debía presentar los respectivos pagos a
seguridad social.
Finalmente, afirma que fue presentada reclamación administrativa el 6 de agosto
de 2015 ante el SENA a efectos de solicitar las acreencias laborales de la relación
encubierta pedida. La cual fue resuelta de manera desfavorable por medio del
oficio No. 5-1010 de 16 de octubre de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Constitución Política, artículos 1, 5, 8, 12 y 17; Ley 6 de 1945, 5, 6, 8, 9, 11, 14;
Decreto 3135 de 1968; Ley 4 de 1966; Decreto 1045 de 1978 artículos 42, 52,
58, 59 y 60.
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
Como concepto de violación, en resumen, se sostiene que el Servicio Nacional
de Aprendizaje vulnera el derecho fundamental al trabajo del actor, dado que no
reconoce, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas
establecido en el artículo 53 de la Carta Política, la existencia de la evidente
relación encubierta con el actor.
A tal fin, se recalcó la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios
establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para concluir que bajo dicha
figura no es posible que el SENA, en su calidad de entidad del Estado, desatienda
los postulados constitucionales de protección de derechos.
Expuso que la sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional determinó los
criterios para establecer cuando se está en presencia de una relación laboral con
el Estado o, por el contrario, se desarrollan labores de manera independiente.
Destacando que la jurisprudencia de las altas cortes ha precisado que cuando se
desarrollan funciones misionales de las entidades, como es el caso de la
instrucción en el SENA, necesariamente esta se desenvuelve bajo subordinación.
Por lo que no se puede predicarse en el presente asunto la independencia del
actor al ejecutar las funciones que se le fueron encomendadas.
1.4. Contestación de la demanda
El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)2, respondió el libelo inicial
a través de apoderado, oponiéndose a las pretensiones invocadas. En su lugar,
destacó la legalidad del oficio No. 5-1010 de 16 de octubre de 2015 demandado.
Indicó que el demandante tuvo con la entidad una relación de carácter
contractual, la cual se cumplió a cabalidad, sin que esta última deba algún
emolumento por tales servicios.
Advirtió que tanto los aportes realizados por el demandante al ejecutar el
contrato, como las verificaciones realizadas a las labores ejecutadas, son
obligaciones contractuales adquiridas a fin de garantizar el cumplimiento de las
mismas.
Finalmente, propuso las excepciones de: i) cobro de lo no debido, ii) buena fe, iii)
inexistencia de una sola relación laboral y iv) prescripción trienal.
1.5. Sentencia de primera instancia3
La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia dictó
sentencia en el presente asunto el 2 diciembre de 2022, oportunidad en la cual
fueron negadas las pretensiones de la demanda (sin condenas en costas).
2
Fls 128-135 del expediente.
3
Fls 223-242 del expediente
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
A efectos de llegar a la anterior conclusión, determinó el tribunal de instancia que
le correspondía al demandante demostrar que al ejecutar los contratos de
prestación de servicios con el SENA se presentaron los elementos propios de
una relación laboral, estos son, la actividad personal, un salario y la
subordinación.
En cuanto a la prestación personal del servicio, indicó que de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes se evidencia que el demandante
prestó sus servicios en la especialidad de profesional de deportes durante el
período que comprende desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 13 de diciembre
de 2013.
Sin embargo, recalcó que, de las órdenes y contratos de prestación de servicios,
por sí mismos, no es posible determinar la prestación continua e ininterrumpida
del servicio.
En cuanto a la remuneración, expuso que, de la lectura de las distintas órdenes
y contratos de prestación de servicios, se evidenciaba que el demandante por la
ejecución de los contratos pactados recibía una contraprestación.
Sobre la subordinación, encontró que para su configuración se requiere que el
contrato se ejecute de manera continua e ininterrumpida, es decir, que exista una
sujeción o dependencia entre quien ejecuta el contrato y el contratante. Por lo
cual, si bien en la demanda se había resaltado que el actor cumplía una jornada
y que su labor de instructor estaba bajo la supervisión de un coordinador, para el
a quo, el simple hecho de prestar el servicio en la jornada indicada y de estar
sujeto a una coordinación para la organización de la prestación del servicio, no
implica subordinación.
Contrario a ello, se consideró que la coordinación entre contratista y contratante
envuelve la sincronización de actividades, dentro de las cuales se pueden incluir
el cumplimiento de un horario, recibir una serie de instrucciones o tener que
reportar informes sobre sus resultados; e indicó que de las pruebas
documentales del proceso no se alcanza a vislumbrar los suficientes elementos
de juicio que denoten subordinación, tales como permisos, llamados de atención,
memorandos, entre otros, los cuales permitieran colegir la calidad de
subordinado del actor. Aunado al hecho que el demandante no solicitó otros
medios de prueba, tales como el interrogatorio o los testimonios que, apreciados
en su conjunto, llevaran a tal conclusión.
De modo que, se advirtió que no existía del expediente material probatorio
suficiente para considerar una posible relación encubierta entre el actor y el
SENA, lo que se traduce en que el demandante no desvirtuó su autonomía e
independencia, transitoriedad u ocasionalidad en la prestación de su servicio con
el SENA.
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1.6. Recursos de apelación
1.6.1 La parte demandante4 presentó escrito de apelación en contra de la
sentencia proferida en primera instancia. Para tal fin, expuso dos puntos de
inconformidad:
En primer lugar, consideró que yerra el a quo al considerar que no hay pruebas
en el expediente que demuestren la subordinación del demandante al prestar su
servicio en el SENA. Por el contrario, considera que la subordinación se prueba
en la coincidencia funcional y misional entre la labor del actor como contratista y
las del empleo público, pruebas que se encuentran en los contratos de prestación
de servicios suscritos.
En efecto, destaca que la labor de instructor, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 1426 de 1998, es de carácter misional, de modo que hace
parte del empleo público dentro de la planta global del SENA. Por lo cual, resalta
que el Decreto 2400 de 1968 en el último inciso de su artículo 2 prohíbe la
contratación de funciones permanentes a través de contratos estatales; es decir,
misionales. De modo que, alega que al no tenerse en cuenta ello por parte del
tribunal de instancia, se desconoció el precedente constitucional y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
En segundo lugar, expuso la existencia de un desconocimiento y desobediencia
del precedente proferido por la Corte Constitucional, Corporación que en
sentencia C-614 de 2009 estableció las reglas jurisprudenciales obligatorias al
momento de realizar el análisis del contrato realidad. De forma que indicó ninguna
autoridad judicial puede omitir las sentencias de la Corte Constitucional en
materia de derechos fundamentales, tal y como es el caso del derecho al trabajo
y a la seguridad social.
Destaca que el actor cumplía con los criterios de habitualidad, excepcionalidad y
continuidad que establece la Corte Constitucional en la aludida sentencia, por lo
que de haberse tenido en cuenta dicha hermenéutica jurisprudencial, se hubiera
concluido que este sostuvo una relación laboral encubierta con el SENA, dada la
evidente equivalencia funcional entre la labor de instructor de planta y las
ejecuciones contractuales que tuvo aquel en la prestación de su servicio.
Por lo anterior, solicitó que en segunda instancia se revocara la decisión tomada
por el a quo y, en su lugar, se declare la existencia de la relación laboral
reclamada.
4
Índice 0054 SAMAI Primera Instancia.
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1.7 Trámite de segunda instancia
Admitido el recurso de apelación propuesto por la parte actora en esta instancia,
mediante proveído de 23 de octubre de 20235, se advierte que el Ministerio
Público rindió concepto en el cual solicitó que fuera confirmada la sentencia de
primera instancia6. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso8,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que en el presente caso solo apeló la parte
demandante, en esta instancia la Sala se pronunciará únicamente a los
argumentos expuestos en su recurso.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre el señor Gustavo Adolfo Valencia Valencia y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) existió una relación laboral encubierta o subyacente en los
períodos en que el primero prestó sus servicios a través de distintos contratos
de prestación de servicios en la entidad demandada?
De probarse la relación laboral encubierta, debe determinarse si ¿se configuró
la prescripción trienal de las acreencias prestacionales durante el período que
se acredite como laborado de manera encubierta por el actor?
5
Índice SAMAI 03
6
Índice SAMAI 08
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
8
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,9 constituye, junto con otros principios convencionales,10 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica),
Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual
en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política11.
11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
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dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201612, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización13, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término14.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso relevante demuestra lo siguiente:
12
Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
13
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de prestación de
servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores,
que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
14
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado de forma
expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren causadas, mes a
mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como empleadora.
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
• Reclamación administrativa presentada por el señor Gustavo Adolfo Valencia
Valencia, a través de apoderado judicial, ante el SENA el 06/08/2015, mediante
la cual se solicitó el reconocimiento de una relación laboral encubierta con la
entidad demandada SENA. Así como el pago de las prestaciones sociales y de
las acreencias laborales, la reliquidación de los salarios y prestaciones
sociales15.
• Respuesta a la reclamación administrativa mencionada expedida por el SENA
de 16 de octubre de 201516, por medio de la cual fueron negadas las solicitudes
incoadas por el demandante, con los siguientes argumentos:
“En atención a comunicación radicada en la Oficina de Administración de Documentos
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Dirección General, bajo número 1-2015-
022558, у remitida a la Regional Antioquia por competencia, mediante el cual hace una
serie de peticiones derivadas de los contratos de prestación de servicios personales
suscritos entre su poderdante señor Gustavo Adolfo Valencia Valencia y la Entidad, de
manera atenta informo lo siguiente:
Reclama el pago inmediato de todas las prestaciones sociales: Cesantías, interés a las
cesantías, vacaciones, primas de servicios, primas de vacaciones, prima de navidad
legalmente establecidas así como también el reembolso de dineros que pago como
aportes a la seguridad social e indemnización moratoria.
Como fundamento de su reclamación, enumera una serie de hechos y circunstancias a
los cuales no vemos necesidad de referirnos, pues los mismos eran los indispensables
para ejecutar los contratos de prestación de servicios a que hace referencia en su escrito.
El Sena Regional Antioquia, no puede acceder a sus pretensiones, puesto que su
poderdante ejecutó en esta Entidad contratos de prestación de servicios personales
regidos por lo dispuesto la Ley 30 de 1993. Ley 1150 de 2007 y demás normas que las
reglamentan o modifican”.
• Contratos de prestación de servicios suscritos entre el SENA y el demandante
relativos a los períodos que a continuación se relacionan:
No. De Contrato Plazo de Extremos Objeto contractual Valor
ejecución temporales del
contrato
1 294-2010 (fls 17-19) 10 meses y 17 1 de febrero de El contratista se obliga $30.923.200
días 201017 – 20 para con el SENA a
diciembre de 2010 prestar sus servicios de
INSTRUCTOR
TURISMO Y
RECREACIÓN por
periodo temporal en el
centro de Recursos
Naturales Renovables la
Salada del SENA
37 días de interrupción
2 105-2011 (fls 56-59) 4 meses y 2 11 de febrero de Prestar los servicios $11.250.000
semanas 2011 – 14 de junio profesionales o técnicos
2011 de carácter temporal para
15
Fls 3-11 del expediente.
16
Fl 14 del expediente.
17
Fls 20-21 del expediente (Acta de iniciación y Modificación al contrato de prestación de servicios No.
294-2010)
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01020-01
Número interno: (1379-2023)
Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
3 Adición y prorroga (fl 5 días 15 junio de 2011 – PROFESIONAL EN $418.344
CD 110) 29 julio de 201118 DEPORTES PARA
ACOMPAÑA LOS
APRENDICES EN LA
JORNADA DEL DÍA, para
el desarrollo integral de
los aprendices del
Centro, como parte de la
formación profesional
integral para fortalecer la
dimensión humana y
ética de los mismos
vigencia 2011.
4 166-2011 (fls 61-62) 5 meses y 9 días19 8 de julio de 2011 “Prestación de los $13.333.333
– 16 diciembre de servicios profesionales
2011 como profesional en
deportes para aprendices
en la jornada diurna del
Centro Tecnológico del
Mobiliario”
33 días de interrupción
5 086-2012 (fls 63-66) 4 meses y 27 días 03 de febrero de “prestación de servicios $15.190.000
(sin exceder el 29 2012 – 30 de junio profesionales como
de junio de 2012) de 2012 apoyo profesional en
deportes para los
aprendices del Centro
Tecnológico del
Mobiliario"
2 días de interrupción
6 266-2012 (fls 67-68) 5 meses (sin 05 de julio de 2012 “prestación de servicios $14.950.000
exceder el 31 de – 31 de diciembre profesionales como
diciembre de de 2012 apoyo profesional en
2012) deportes para los
aprendices del Centro
Tecnológico del
Mobiliario"
7 días de interrupción
7 042-2013 (fls 70-73) 10 meses y 23 14 de enero de “prestación de servicios $33.899.360
días20 (sin exceder 201321 – 16 de personales de carácter
el 16 de diciembre diciembre de 2013 temporal como instructor
de 2013) en la línea de aprendizaje
de interacción idónea,
consigo mismo, con los
demás y con el entorno
en el Centro Tecnológico
de Mobiliario”
• Formulario de vinculación de trabajador independiente a la Administradora de
Riesgos Profesionales Positiva diligenciada por el señor Gustavo Adolfo
Valencia Valencia con fecha de 18 de febrero de 2010.
• Informes realizados por el demandante sobre la gestión de actividades
ejecutadas con motivo a los contratos de prestación de servicios No. 294-2010
durante los períodos comprendidos entre el 01/02/2010 al 28/02/2010 22;
01/03/2010 al 31/03/201023; 01/04/2010 al 30/04/201024; 01/05/2010 al
18
Según da constancia la adicción y prórroga del aludido contrato, además del certificado de disponibilidad
presupuestal y acta de liquidación del contrato en CD a folio 110 del expediente.
19
Según da constancia el contrato la modificación al contrato de prestación de servicios No. 166-2011 en
CD a folio 110 del expediente.
20
Según da constancia la modificación de contrato de prestación de prestación de servicios Fl 173 CD
expediente pag 81
21
Según da constancia acta de inicio de ejecución del contrato Fl 173 CD expediente pag 40
22
Fl 23 del expediente.
23
Fl 26 del expediente
24
Fl 28 del expediente
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
31/05/201025: 01/06/2010 al 15/06/201026; 15/06/2010 al 30/06/201027;
01/07/2010 al 15/07/201028; 16/07/2010 al 31/07/201029; 01/08/2010 al
15/08/201030; 16/08/2010 al 31/08/201031; 01/09/2010 al 15/09/201032;
16/09/2010 al 30/09/201033; 01/10/2010 al 15/10/201034; 16/10/2010 al
31/10/201035; 01/2011/2010 al 15/11/201036; 16/11/2010 al 30/11/201037; y del
01/12/12010 al 17/12/201038.
• Certificado emitido por el coordinador del Centro de los Recursos Naturales
Renovables La Salada, en el cual se deja constancia del cumplimiento por parte
del demandante de “los objetivos, parámetros y términos” establecidos en el
contrato de prestación de servicios No. 294-2010 para los períodos
comprendidos entre el 1 al 15 de febrero de 201039; 19 al 28 de febrero 201040;
16 al 30 de abril de 201041; 1 al 15 de mayo de 201042 y 16 al 31 de mayo de
201043.
• Acta de inicio44, modificación45 y liquidación de contrato de prestación de
servicios No. 294-2010 suscrito entre el demandante y el SENA46.
• Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 105-201147.
• Acta de inicio, adición y prorroga, certificado presupuestal No. 546 y acta de
finalización del contrato de prestación de servicios No. 166-201148.
• Acta de inicio de contrato de prestación de servicios No. 086-201249.
25
Fl 31 del expediente
26
Fl 32 del expediente
27
Fl 33 del expediente
28
Fl 34 del expediente
29
Fl 35 del expediente
30
Fl 36 del expediente
31
Fl 37 del expediente
32
Fl 38 del expediente
33
Fl 39 del expediente
34
Fl 40 del expediente
35
Fl 41 del expediente
36
Fl 42 del expediente
37
Fl 43 del expediente
38
Fl 44 del expediente
39
Fl 24 del expediente
40
Fl 25 del expediente
41
Fl 27 del expediente
42
Fl 29 del expediente
43
Fl 30 del expediente
44
Fl 173 CD expediente “294-2010” pág 41
45
Fl 20 del expediente
46
Fl 45 del expediente
47
Fl 173 CD expediente
48
CD fl 110 expediente
49
CD fl 110 expediente
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
• Acta de inicio50 y modificación51 del contrato de prestación de servicios No. 42-
2013.
• Formato Para GANTT MAESTRO en el cual se deja constancia de los días y
las horas ejecutadas por el señor Gustavo Adolfo Valencia Valencia como
instructor del Centro de los Recursos Renovables La Salada del SENA durante
los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 201052.
• Expediente administrativo del señor Gustavo Adolfo Valencia Valencia en el
tiempo en que estuvo vinculado al SENA a través de distintos contratos de
prestación de servicios53. En el cual se destacan los siguientes:
• Cursos y capacitaciones de competencia laboral realizados en el SENA
por el demandante durante su período como instructor, tales como:
“Estrategias pedagógicas para la formación profesional”; “estrategias
pedagógicas para la formación profesional”; “técnicas y herramientas para
la formación en nuevos ambientes de aprendizaje”; “bienvenida instructores
SENA”; “interactuar con clientes de acuerdo con políticas y estrategias de
servicio de la compañía” 54.
• Certificado emitido por la subdirectora del Centro Tecnológico del
Mobiliario – Regional Antioquia de 13 de enero de 2011, por medio de cual
se certifica que en esa dependencia “se requiere contratar los servicios de
apoyo a la gestión del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de un
profesional en deportes para acompañar los aprendices de la jornada del
día para el desarrollo integral para fortalecer la dimensión humana y ética
de los mismos”. Lo anterior, en razón a que se dejó por sentado que para
las “actividades anteriormente señaladas, no existe el personal de planta
necesario para el desarrollo de las actividades”55.
• Certificado emitido por la subdirectora del Centro Tecnológico del
Mobiliario – Regional Antioquia, de 24 de mayo de 201256 en el cual se deja
constancia de la inexistencia o insuficiencia del personal de planta en la
entidad para el cuidado integral de los aprendices, sustentado en los
siguientes términos:
“[r]evisada la planta del Centro Tecnológico Mobiliario, no existe personal
suficiente ni con la especialización, competencias, aptitudes y habilidades
necesarias para prestar los servicios personales de carácter temporal (…) por lo
que se hace necesario contratar a un Profesional en Deportes para los
50
Fl 69 del expediente
51
CD fl 110 expediente
52
Fls 46-56 del expediente
53
CD Fl 173 del expediente.
54
Fl 173 CD expediente “042 -2013” Pag 19-22
55
Fl 173 CD expediente “105-2011” Pág 5
56
Fl 173 CD expediente “0266-2012” pág. 9 -14
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
aprendices de la jornada nocturna y fin de semana, como parte de su cuidado
integral, de acuerdo con el plan de trabajo de área de Bienestar al aprendiz del
Centro Tecnológico del Mobiliario.
Esta certificación se sustenta:
La Inexistencia de personal de planta: por lo cual es imposible atender la
actividad a contratar con personal de planta, porque de acuerdo con el Manual
de Funciones, Competencias y Requisitos Mínimos de la Entidad, y los cargos
existentes, no hay persona que pueda desarrollar esta actividad.
El Personal insuficiente: se ha dado un aumento en la gestión y metas que es
imposible atender con las personas que existen en la planta de personal que
cumple con este perfil (…)
• Pago de honorarios de contrato de prestación de servicios contentivo a la
ejecución de los contratos No. 105-201157, No. 294-201058 por parte del
señor Gustavo Adolfo Valencia Valencia.
• Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato
105-2011, suscrito por el señor Gustavo Adolfo Valencia con el SENA. De
los deberes del contratista59 se destacan las siguientes:
«1. Cumplir el objeto del contrato descrito en las cláusulas primera y segunda,
en los horarios y lugares que el SENA indique.
2. Prestar los servicios profesionalidad y eficiencia. con seriedad,
responsabilidad,
3. Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el
cumplimiento del objeto contratado.
4. Efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral.
5. Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por
programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar
integralidad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades
de aprendizaje, el diseño de talleres e items que alimentarán los bancos de
pruebas para la selección de aprendices, entre otras.
6. Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de
aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos
siempre y cuando cumpla con el objeto contractual de ejecutar acciones de
formación durante la inducción.
7. Reportar en el Sistema de Sofia Plus en un plazo máximo de tres (3) días,
todas las actividades que de acuerdo a los procesos son su responsabilidad,
garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso
formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos, Creación de rutas y
asociación de aprendices, Comunicar al Supervisor de Contrato oportunamente
anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro
de la información (…)”.
• Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato 266-
2012, suscrito por el señor Gustavo Adolfo Valencia con el SENA. De las
obligaciones realizadas por el actor60, se destacan las siguientes:
57
Fl 173 CD expediente “105-2011” pág 51, 57, 60, 65, 66, 69
58
Fl 173 CD expediente “294-2011” pag 43, 46, 52, 55, 57, 61, 67, 72, 73, 78, 79, 84, 90, 91, 96, 97, 102 y
103.
59
Fl 173 CD expediente “105-2011” pág 53, 56, 59, 68
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
«1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato en la forma y lugares que EL
SENA le indique.
2. Prestar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalidad,
eficiencia, oportunidad y calidad.
3. Desarrollar las actividades de acuerdo con los planes que se elaboren
previamente y de conformidad con el modelo pedagógico y la estrategia de
aprendizaje del SENA.
4. Seleccionar estrategias de enseñanza aprendizaje evaluación, según el
programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado.
5. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados
propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
6. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas
en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas
curriculares.
7. Programar las actividades de enseñanza aprendizaje - evaluación, de
conformidad con los proyectos formativos y el calendario de formación
institucional.
8. Reportar la información académica y administrativa requerida dentro del
proceso de formación.
9. Presentar mensualmente los informes estadísticos y de actividades
inherentes al objeto contractual.
10. Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinarios y
extraordinarios que se programen para los aprendices a su cargo.
11. Ejercer las actividades con estricta observancia del reglamento de
aprendices del SENA.
12. Informar a los aprendices acerca de los resultados de aprendizaje y
acciones evaluativas desarrollados dentro de la formación profesional (…)».
• Verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato
42 de 14 de enero de 201361, suscrito por el señor Gustavo Adolfo Valencia
con el SENA. De las obligaciones realizadas por el actor, se destacan las
siguientes:
«1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato en la forma y lugares que EL SENA
le indique. (…)
3. Desarrollar las actividades de acuerdo con los planes que se elaboren
previamente y de conformidad con el modelo pedagógico Formación por
Competencias y la estrategia de aprendizaje Proyectos de Formación que el SENA
ha determinado.
4. Seleccionar estrategias de enseñanza aprendizaje evaluación según el
programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado. (…)
7. Programar las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación, de
conformidad con los proyectos formativos y el calendario de formación institucional
(…).
9. Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinarios y extraordinarios
que se programen para los aprendices a su cargo.
10. Ejercer las actividades con estricta observancia del reglamento de aprendices
del SENA (…)
14. Reportar en el aplicativo Sofia Plus todas las actividades que de acuerdo con
los procesos que son de su responsabilidad, garanticen la calidad de la información
y su coherencia con el proceso formativo, tales como creación de rutas de
aprendizaje, asociación de aprendices a las rutas de aprendizaje y registro de
juicios evaluativos, comunicando oportunamente al supervisor del contrato las
anomalías, inconsistencias y novedades halladas en el registro de la información
(…)
17. Atender oportunamente al supervisor del contrato en los requerimientos que se
le hagan respecto del contrato y entregar los informes que se le soliciten de acuerdo
con el objeto pactado (…)
22. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato
y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato Las demás necesarias
para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
23.Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual».
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
Del anterior material probatorio, se tiene por constatado el elemento de la
prestación personal del servicio del demandante durante el período
comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 16 de diciembre de 2013,
comoquiera que fue vinculado como contratista por la entidad demandada, a
efectos de prestar los servicios de instructor – profesional en deportes para el
desarrollo integral de los aprendices en los centros de Recursos Naturales
Renovables la Salada y Tecnológico del Mobiliario del SENA Regional Antioquia,
a través de 6 contratos de prestación de servicios, el cual uno de ellos,
propiamente el No. 294-2010, fue extendido por una prórroga realizada.
Aunado a ello, del expediente se extraen distintos documentos relativos a las
gestión de informes de las actividades realizadas por el actor, los certificados
emitidos por el coordinador del Centro de los Recursos Naturales Renovables La
Salada, propiamente en cuanto a la ejecución de sus actividades y los formatos
de cumplimiento de horario al impartir la instrucción, los cuales analizados en su
conjunto dan cuenta de la prestación personal del servicio del señor Valencia
Valencia en el SENA como instructor durante el período ya especificado.
En segundo lugar, con los elementos de juicio allegados al plenario, entre ellos
los distintos contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes y
sus respectivos pagos de honorarios se comprueba sin mayor elucubración el
segundo elemento de la relación laboral subyacente, es decir, la
contraprestación o remuneración.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esta consiste en la facultad que
le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»60.
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
En el caso concreto, se tiene que la parte actora presentó recurso de apelación,
expresando que, contrario a lo considerado en primera instancia, en el
expediente si obran las pruebas que demuestran la existencia de la
subordinación que ejerció el SENA. Al tiempo que, anota que dicho elemento a
su vez se constata con la coincidencia de las actividades que realizó como
contratista con la función misional de instructor de la entidad.
Ante ello, es menester establecer indicios que, analizados en conjunto con las
pruebas del caso concreto, permitan determinar la existencia de subordinación
en la ejecución de las labores llevadas a cabo por el actor cuando prestó sus
servicios en favor del SENA, atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la
sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios
los siguientes:
“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante
el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del
objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.”
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
i) El lugar de trabajo: De las pruebas obrantes en el expediente, se observa que
el demandante prestó sus servicios en las instalaciones de los centros de
Recursos Naturales Renovables la Salada y Tecnológico del Mobiliario del SENA
Regional Antioquia.
ii) El horario de labores: Vale reiterar que el servicio prestado por el
demandante comprendió desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 16 de diciembre
de 2013.
Así entonces, dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor Gustavo
Valencia en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010, le fueron señalados unos horarios según dan cuenta las
documentales visibles a folios 46 a 55 del expediente, empero, esa sola
circunstancia per se no constituye subordinación alguna, pues recuérdese que el
cumplimiento de un horario también hace parte de la coordinación que debe
existir entre contratista y contratante en la ejecución eficiente del objeto
contractual.
Sobre los demás lapsos de la relación laboral encubierta no existen documentos,
testimonios u otro medio probatorio con el cual se pueda establecer que el
demandante estuvo sometido a un horario impuesto por el SENA.
En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento de
un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular y
aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los
contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda
relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la
correcta ejecución del objeto convenido61.
61
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós
(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01020-01
Número interno: (1379-2023)
Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Al respecto,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.
En ese sentido, observa la Sala que, contrario a lo aducido por el demandante
en su recurso, del análisis en conjunto del material probatorio no se puede colegir
que el SENA a través de sus funcionarios ejerció una dirección y control efectivo
de las actividades ejecutadas. Por lo que no se puede observar la existencia de
los componentes de juicio necesarios que conlleven a colegir la existencia del
elemento de subordinación en el caso concreto.
En efecto, en el expediente obran constancia de los contratos de prestación de
servicios suscritos por las partes; informes de gestión de las actividades
realizadas; actas de inicio, modificación y liquidación de los contratos de
prestación de servicios; y certificado de objetivos y parámetros de realización de
actividades pactadas. Atendiendo ello, para la Sala, dichas pruebas no resultan
suficientes para demostrar la existencia de un direccionamiento por parte del
SENA en cuanto al contenido, cantidad, forma o actividades concretas y
específicas con las que el actor debía ejecutar las funciones convenidas en los
respectivos contratos de prestación de servicios.
En esa línea, según el artículo 167 del Código General del Proceso «[…] incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen»; siendo en consecuencia, carga del actor demostrar
la existencia de la relación laboral encubierta a través de los medios probatorios
pertinentes, con los cuales de manera precisa y suficiente se pudiera establecer
las condiciones subordinantes en las que estuvo sometido el actor al ejecutar sus
funciones y que probaran de forma clara el poder direccional, correctivo y
disciplinario de la entidad en la concreción del objetivo contractual propuesto.
De ahí que, las pruebas aportadas al plenario, tales como la realización de
informes mensuales sobre la ejecución de actividades, no constituyen acciones
que denoten un control y direccionamiento efectivo de la entidad contratante
sobre el contratista, a partir del cual se pueda construir la configuración de la
relación laboral encubierta. Por el contrario, dichos elementos probatorios deben
ser entendidos como piezas resultantes del principio de coordinación que
gobierna la celebración y ejecución de los contratos de prestación de servicios, a
fin de cumplir con su objeto de manera correcta y eficaz.
Así entonces, es claro que en el caso concreto con las pruebas aportadas no se
logró probar la existencia de una subordinación del demandante en la ejecución
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
de sus actividades de instructor al servicio del SENA. Por el contrario, de lo
allegado al plenario se concluye que el señor Gustavo Valencia Valencia realizó
el objeto contratado de manera autónoma e independiente, guiado únicamente a
partir del principio de coordinación.
iv) Las actividades o tareas a desarrollar corresponden a las que tienen
asignadas los servidores de planta: En el recurso de alzada, el demandante
indica que la labor de instructor realizada hace parte de las funciones misionales
del SENA. Por lo que tal circunstancia, aunado a los criterios establecidos por la
Corte Constitucional, en torno al cumplimiento de funciones misionales de
entidades públicas por contratistas, son motivos suficientes para declarar la
existencia de la relación laboral encubierta.
Para resolver se recuerda que en la sentencia de unificación de 9 de septiembre
de 2021 se aclaró que el hecho que la prestación de las labores por las que se
demanda al Estado sea ejercida en idénticas calidades y funciones por
empleados de planta de la entidad, es un indicativo de la existencia de relación
laboral encubierta, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan
todos los elementos esenciales de una relación laboral.
En ese sentido, es claro que al demandante no le asiste razón al considerar que
tiene derecho a que se declare la existencia de la relación laboral subyacente,
situando únicamente como elemento de juicio para tal fin en la circunstancia de
haber ejecutado labores misionales de la entidad contratante; pues al margen de
haber desempeñado o no funciones propias del personal de planta del SENA, lo
cierto es que debía acreditar la configuración de los elementos esenciales de la
relación laboral prestación personal del servicio, remuneración y subordinación,
para luego entrar a considerar si las funciones asignadas corresponden a las
ejercidas por el personal de planta de la entidad demandada.
En consecuencia, se confirmará la decisión recurrida, al no encontrarse
acreditado con los elementos de juicio el de la subordinación.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
En lo que se refiere a las costas, se advierte que en vigencia del CPACA la
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.
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Demandante: Gustavo Adolfo Valencia Valencia
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala considera que no es dable condenar en
costas de segunda instancia, pues luego de revisar los argumentos de la parte
demandante, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, no siendo dable condenarlo en costas a pesar de ser la parte
vencida.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre de 2022 proferida por
la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio
del cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERA: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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