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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04721-02

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04721-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia de la sentencia de primera instancia del 11 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán de la siguiente manera: «PRIMERO: DECLÁRENSE probadas parcialmente las excepciones de prescripción extintiva de la acción respecto de las prestaciones sociales, inexistencia del contrato de trabajo e inexistencia de las obligaciones demandada frente a los periodos de vinculación contractual comprendidos entre el 4 de noviembre de 2008 y el 30 de diciembre de 2012, por lo dicho en la motivación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2015-04721-02 (3699-2024) Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el 018 de 12 de febrero de 2015, por medio del cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. - Hospital de Tunjuelito, decidió no reconocer la existencia de una relación laboral encubierta y los consecuentes derechos prestacionales pretendidos por Leidy Johanna Rivera Sánchez únicamente en lo que respecta a los periodos comprendidos entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de octubre de 2008, cuando la demandante prestó sus servicios como secretaria de la Oficina Jurídica. TERCERO: En consecuencia, DECLÁRESE la existencia de una relación laboral encubierta entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. - Hospital de Tunjuelito y Leidy Johanna Rivera Sánchez únicamente en los periodos comprendidos entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de diciembre de 2012, cuando la demandante prestó sus servicios como secretaria de la Oficina Jurídica. CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a CONSIGNAR en el fondo de pensiones en que se encuentre afiliada Leidy Johanna Rivera Sánchez las diferencias si las hubiere en el porcentaje que le correspondía sufragar como […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04721-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2015-04721-02 (3699-2024)
Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04721-02 (3699-2024)
Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia. Liquida
prestaciones sociales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
del 11 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2.
Se solicitó declarar la nulidad del oficio 018 del 12 de febrero de 2015,
mediante el cual la ESE demandada negó la existencia de una relación laboral
con la señora Leidy Johanna Rivera Sánchez entre el 9 de diciembre de 2005 y
el 30 de diciembre de 2012.

3.
Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
ordenar a la ESE pagar en favor de la demandante: i) las prestaciones sociales
dejadas de percibir durante su vinculación contractual —cesantías, intereses a
las cesantías, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, bonificación por
servicios prestados y bonificación por recreación—; la devolución de los aportes

1
Folio 236 y siguientes, cuaderno 1 del expediente físico.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

efectuados al Sistema de Seguridad Social durante el tiempo laborado; y, iii) el
pago de la sanción mora por el no pago oportuno de las cesantías.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.
Según lo expuesto en la demanda, la señora Leidy Johanna Rivera
Sánchez estuvo vinculada a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
—antes Hospital Tunjuelito II Nivel ESE— a través de setenta y seis (76)
contratos de prestación de servicios, celebrados entre el 9 de diciembre de 2005
y el 30 de diciembre de 2012.

5.
Durante dicho período, desempeñó labores en distintos cargos, a saber: i)
secretaria del área jurídica, ii) técnica en el área de Recursos Físicos, y iii)
profesional de apoyo en Recursos Físicos del Hospital de Tunjuelito.

6.
Afirmó que la prestación de su servicio fue continua, sin interrupciones
entre la finalización de un contrato y el inicio del siguiente.

7.
Manifestó que, para la ejecución de sus funciones: i) acataba las órdenes
e instrucciones impartidas por las directivas del hospital, entre ellas el jefe de la
Oficina Jurídica y el subgerente administrativo y financiero; ii) utilizaba los
elementos y equipos suministrados por la ESE, tales como computadores,
archivadores y demás herramientas de trabajo; iii) cumplía un horario de lunes a
viernes entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.; y iv) desarrollaba sus labores en
condiciones equivalentes a las del personal de planta.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8.
La parte actora alegó que el acto acusado vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como el principio de
primacía de la realidad sobre las formas, en tanto las condiciones efectivas de su
servicio desvirtuaron la naturaleza de los contratos suscritos.

9.
A su juicio, la ejecución contractual reflejaba una verdadera relación
laboral caracterizada por la subordinación y permanencia, puesto que su
autonomía fue restringida y las funciones desarrolladas durante más de siete
años evidenciaban la necesidad institucional del cargo.

1.4. Contestación de la demanda2

10.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE (Hospital Tunjuelito
II Nivel ESE) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones.

2
Folio 269 y siguientes, cuaderno 2 del expediente físico.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

11.
En relación con los hechos, manifestó que entre las partes existió una
relación de naturaleza estrictamente contractual, encaminada a la atención de
necesidades específicas de la entidad.

12.
Añadió que entre cada contrato se presentaron interrupciones, que los
objetos contractuales variaron con el tiempo y que la demandante no desarrolló
actividades similares a las del personal de planta.

13.
En consecuencia, sostuvo que la entidad no está obligada a reconocer ni
a pagar las prestaciones sociales reclamadas.

14.
Finalmente, propuso como excepciones de mérito: i) prescripción extintiva
de la acción; ii) inexistencia del contrato de trabajo; iii) inexistencia de las
obligaciones demandadas; iv) cobro de lo no debido; v) inexistencia de la
indemnización moratoria; vi) buena fe; vii) mala fe; y, viii) cobro de lo no debido.

1.5. Sentencia de primera instancia3

15.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 11 de abril
de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En la parte
resolutiva estableció lo siguiente: i) declaró no probadas las excepciones de
mérito propuestas por la ESE; ii) declaró la nulidad del acto administrativo
acusado y la relación laboral encubierta entre las partes desde el 9 de diciembre
de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2012; iii) a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la Subred a pagarle a la actora las siguientes prestaciones
sociales: a) prima de servicios, b) prima de navidad, c) vacaciones, d) cesantías
e intereses a las cesantías, e) bonificación por servicios prestados y f)
bonificación por compensación durante todo el periodo en que transcurrió la
relación laboral; iv) ordenó a la ESE tener en cuenta los honorarios de todos los
contratos celebrados para calcular el Ingreso Base de Cotización (IBC) pensional,
y efectuar los aportes faltantes al fondo de pensiones. Para ello, la actora deberá
acreditar las cotizaciones realizadas al sistema durante los vínculos contractuales
y, en caso de existir diferencia en su contra, asumir el porcentaje que legalmente
le corresponde como trabajador; v) ordenó la actualización de las sumas
adeudadas conforme el artículo 187 del CPACA; vi) negó las demás pretensiones
de la demanda; vii) no condenó en costas.

16.
Para arribar a esta conclusión, el a quo realizó el estudio de los elementos
constitutivos de la relación laboral de la siguiente forma:

17.
Prestación personal del servicio: Se probó que la señora Rivera
Sánchez laboró en favor de la ESE mediante contratos de prestación de servicios
desde el 9 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2012, es decir, por
siete (7) años y veintiún (21) días.

3
Folio 497 y siguientes, cuaderno 2 del expediente físico.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

18.
En este periodo cumplió dos funciones: 1) secretaría de oficina jurídica,
dentro de sus obligaciones se encontraban: la atención al personal y telefónica
en forma oportuna al público, participar en todas las tareas y obligaciones
relacionadas con oportunidad y eficiencia, garantizar el buen manejo de los
archivos del hospital, entre otras. 2) técnica y profesional de apoyo en
recursos físicos, cuyas obligaciones se relacionaban: al apoyo en el área de
recursos físico para la consolidación de la información, apoyo de las gestiones
necesarias para solicitar cotizaciones y documentos para la compra de cualquier
producto requerido, atender a los clientes y/o proveedores externos que
requieran información, entre otras.

19.
Contraprestación: Se acreditó a partir las cláusulas consignadas en los
contratos de prestación de servicios que se refieren al pago de honorarios de la
demandante.

20.
Subordinación: El Tribunal concluyó que este elemento se acreditó, dado
que en la ejecución de los contratos: i) la actora prestó sus servicios en las
instalaciones de la entidad o en los lugares que ésta determinara, utilizando los
elementos de trabajo suministrados; ii) debía asistir a capacitaciones convocadas
por la ESE y, en ocasiones, prestar el servicio los fines de semana; y iii) desarrolló
su labor bajo supervisión constante de la entidad, recibiendo instrucciones de sus
superiores inmediatos.

21.
Indicó que la demandante fue contratada de manera continua e
ininterrumpida durante más de siete años para atender funciones misionales de
la entidad, lo que desvirtuó la temporalidad propia de los contratos de prestación
de servicios.

22.
Comprobada la existencia del contrato realidad, el a quo consideró que la
actora tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales durante todo
el período contractual —esto es, entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de
diciembre de 2012—, pues no operó la prescripción trienal. Además, concluyó
que no existió solución de continuidad entre los contratos, ya que entre uno y otro
no transcurrieron más de treinta (30) días hábiles.

23.
Así, reconoció las prestaciones sociales mencionadas y que la base de
liquidación serían los honorarios pactados en los contratos; negó el
reconocimiento de la sanción moratoria y el reembolso de los aportes a salud
realizados por la actora, dada la naturaleza parafiscal de estos rubros.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

1.6. Recurso de apelación

24.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE4 interpuso recurso
de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia y la
negación de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

25.
Alegó que la demandante desarrolló sus actividades en la entidad
mediante la suscripción de distintos contratos de prestación de servicios, cuya
naturaleza y elementos estructurales difieren de un contrato de trabajo. En
consecuencia, cuestionó la decisión del Tribunal de reconocer una relación
laboral encubierta, cuando la vinculación se ajustó a la tipología contractual
permitida por la legislación colombiana.

26.
Las pruebas no demuestran que la demandante hubiera realizado
funciones diferentes para las cuales fue contratada; por el contrario, los contratos
dispusieron su ejecución de actividades autónomas e independientes.

27.
Resaltó que la supervisión es un elemento inherente a los contratos de
prestación de servicios, en la medida en que busca garantizar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas, sin que ello configure subordinación. A su juicio, lo
que existió entre las partes fue una relación de coordinación, encaminada a
asegurar la correcta ejecución de las cláusulas contractuales.

28.
Subsidiariamente, y en cuanto al restablecimiento del derecho, explicó
que: i) no debe prosperar la pretensión tendiente a declarar a la demandante
como empleada pública; ii) no se pueden incluir las vacaciones en la liquidación
de las prestaciones sociales, pues esta no tiene connotación salarial; iii) debe
negarse la solicitud de devolución de dineros descontados por retención en la
fuente; iv) no se puede reconocer los intereses sobre las cesantías, ya que no es
dable predicar mora anterior a la configuración del derecho, el cual solo surge
con la ejecutoria de la sentencia.

1.7. Trámite de segunda instancia

29.
El recurso de apelación fue admitido por auto del 5 de agosto de 2024. El
Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia en cuanto a la declaratoria de la existencia de una
relación laboral entre las partes, debido a que, a su juicio, con las pruebas
aportadas y practicadas en el proceso se acreditó su existencia durante todo el
período de vinculación; especialmente la subordinación, a partir de los
testimonios y los documentos.

30.
También solicitó que se revocara el reconocimiento que, a título de
restablecimiento del derecho, se hizo «por mora en el pago de cesantías», pues

4
Folio 518 y siguientes, cuaderno 2 del expediente físico.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

«dicha penalidad no es procedente, en el sentido que el reconocimiento y pago
del auxilio de esta prestación está sometida a la sentencia donde la autoridad
judicial declare la existencia de la relación laboral (…)». En suma, solicitó que se
modificara la sentencia de primera instancia, únicamente, en cuanto al
reconocimiento y pago de los intereses de las cesantías.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5.

32.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso 6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

33.
En ese sentido, dado que solo apeló la entidad demandada, la resolución
del caso se ceñirá a los argumentos expuestos en el recurso.

2.2. Problema jurídico

34.
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

35.
¿Entre la señora Leidy Johanna Rivera Sánchez y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE (antes Hospital Tunjuelito II Nivel ESE) existió una
relación laboral encubierta en los periodos solicitados en la demanda?

36.
De acreditarse total o parcialmente anterior, se estudiará si sobre tal
vínculo contractual acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción
trienal y si la actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales
reconocidas en la sentencia de primera instancia o, es necesario revocar en todo
o parte de ellas conforme los argumentos del recurso de apelación.

5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

37.
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

38.
En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

39.
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

40.
Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no

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presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

41.
Del examen de los documentos que obran en el plenario se acreditó que
la señora Leidy Johanna Rivera Sánchez prestó sus servicios a favor de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE —antes Hospital Tunjuelito II
Nivel ESE— entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de diciembre de 2012 7.

42.
Durante dicho lapso, la demandante ejecutó distintos objetos
contractuales, así: i) entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de octubre de 2008,
desempeñó funciones como secretaria de la Oficina Jurídica; ii) entre el 4 de
noviembre de 2008 y el 30 de abril de 2011, cumplió actividades como técnica
en el área de Recursos Físicos; y iii) entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de
diciembre de 2012, como profesional de apoyo en Recursos Físicos.

43.
Lo anterior se desprende de los contratos de prestación de servicios
suscritos por las partes y de la constancia de tiempo de servicio expedida por la
subgerente del entonces Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, el 1 de marzo de 2013 8.
De tal manera, con las pruebas allegadas al expediente se encuentran
determinados los tiempos, extremos y valores de los contratos celebrados, que
se sintetizan a continuación:

Número de inicio final Objeto Valor
orden
3070 de 2005 9 de diciembre de 2005 30 de diciembre de Secretaria Oficina $ 900.000
2005 Jurídica
247 de 2006 2 de enero de 2006 30 de enero de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
575 de 2006 1 de febrero de 2006 28 de febrero do 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
908 de 2006 1 de marzo de 2006 31 de marzo de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
1255 de 2006 3 de abril de 2008 30 de abril de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica

1653 de 2006 2 de mayo de 2006 30 de mayo de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
2033 de 2006 1 de junio de 2005 30 do junio de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
2500 de 2006 4 de Julio de 2006 30 de julio de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
2845 de 2006 1 de agosto de 2006 30 de agosto de 2006 Secretaria Oficina $750.000
Jurídica
3273 de 2006 1 de septiembre de 2006 30 de septiembre de Secretaria Oficina $900.000
2006 Jurídica
3784 de 2006 2 de octubre de 2006 30 de octubre de 2006 Secretaria Oficina $ 1.000.000
Jurídica

7
Según da cuenta la certificación de cumplimiento de actividades mensuales del contrato de prestación de servicios 5128
de 2012 (Cd folio 445 del expediente), la minuta contractual y el certificado expedido el 1 de marzo de 2013 por la
subgerente administrativa y financiera del Hospital Tunjuelito II Nivele ESE.
8
Folio 7 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04721-02 (3699-2024)
Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

4269 de 2006 1 de noviembre de 2006 30 de noviembre de Secretaria Oficina $500.000
2006 Jurídica
4748 de 2006 1 de diciembre de 2006 30 de diciembre de Secretaria Oficina $1.500.000
2006 Jurídica
342 de 2007 2 de enero de 2007 30 de enero de 2007 Secretaria Oficina $1.000,000
Jurídica
798 de 2007 1 de febrero de 2007 28 de febrero de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
1290 de 2007 1 de marzo de 2007 31 de marzo de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
1771 de 2007 1 de abril de 2007 30 de abril de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
2314 de 2007 2 de mayo de 2007 30 de mayo de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
2822 de 2007 1 de junio de 2007 30 de junio de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
3315 de 2007 3 de julio de 2007 30 de julio de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
3813 de 2007 1 de agosto de 2007 30 de agosto de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
4312 de 2007 3 de septiembre de 2007 30 de septiembre de Secretaria Oficina $1.000.000
2007 Jurídica

4830 de 2007 1 de octubre de 2007 30 de octubre de 2007 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
5341 de 2007 1 de noviembre de 2007 30 de noviembre de Secretaria Oficina $1.000.000
2007 Jurídica
5847 de 2007 19 de diciembre de 2007 30 de diciembre de Secretaria Oficina $1.000.000
2007 Jurídica

363 de 2008 2 de enero de 2008 30 de enero de 2008 Secretaria Oficina $ 1.000.000
Jurídica
907 de 2008 1 de febrero de 2008 29 de febrero de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
1423 de 2008 3 de marzo de 2008 30 de marzo de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
1970 de 2008 1 de abril de 2008 30 de abril de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
2554 de 2008 2 de mayo de 2008 30 de mayo de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
3099 de 2008 3 de junio de 2008 30 de junio de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
3650 de 2008 1 de julio de 2008 30 de julio de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
4149 de 2008 1 de agosto de 2008 30 de agosto de 2008 Secretaria Oficina $1.000.000
Jurídica
4718 de 2008 1 de septiembre de 2008 30 de septiembre de Secretaria Oficina $1.000.000
2008 Jurídica
5272 de 2008 1 de octubre de 2008 30 de octubre de 2008 Secretaria Oficina $1.106.667
Jurídica
5874 de 2008 4 de noviembre de 2008 30 de noviembre de Técnico en recursos $1.200.000
2008 físicos
6423 de 2008 1 de diciembre de 2008 30 de diciembre de Técnico en recursos $1.200,000
2008 físicos
433 de 2009 2 de enero de 2009 30 de enero de 2009 Técnico en recursos $1.200.000
físicos
951 de 2009 2 de febrero de 2009 28 de febrero de 2009 Técnico en recursos $1.200.000
físicos
1525 de 2009 2 de marzo de 2009 30 de abril de 2009 Técnico en recursos $2.800.000
físicos
2212 de 2009 18 de mayo de 2009 30 de mayo de 2009 Técnico en recursos $1.400.000
físicos

2325 de 2009 1 de junio de 2009 30 de junio de 2009 Técnico en recursos $1.400.000
físicos
3371 de 2009 17 de Julio de 2009 30 de julio de 2009 Técnico en recursos $1.400.000
físicos
3927 de 2009 3 de agosto de 2009 30 de agosto de 2009 Técnico en recursos $1.400.000
físicos

4501 de 2009 1 de septiembre de 2009 30 de septiembre de Técnico en recursos $ 1.400.000
2009 físicos
5070 de 2009 1 de octubre de 2009 30 de octubre de 2009 Técnico en recursos $1.400.000
físicos
5647 de 2009 3 de noviembre de 2009 30 de noviembre de Técnico en recursos $1.400.000
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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

6190 de 2009 1 de diciembre de 2009 30 de diciembre de Técnico en recursos $ 1.400.000
2009 físicos
469 de 2010 4 de enero de 2010 30 de enero de 2010 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos
1030 de 2010 1 de febrero de 2010 28 de febrero de 2010 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos
1601 de 2010 1 de marzo de 2010 30 de marzo de 2010 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos

2151 de 2010 5 de abril de 2010 30 de abril de 2010 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos
2743 de 2010 3 de mayo de 2010 30 de mayo de 2010 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos
3308 de 2010 1 de junio de 2010 30 de junio de 2010 Técnico en recursos $ 1.800.000
físicos

3891 de 2010 1 de julio de 2010 30 de julio de 2010 Técnico en recursos $1.400.000
físicos
4503 de 2010 2 de agosto de 2010 30 de agosto de 2010 Técnico en recursos $1.400.000
físicos
4624 de 2010 1 de septiembre de 2010 30 de septiembre de Técnico en recursos $1.400.000
2010 físicos
5649 de 2010 1 de octubre de 2010 30 de octubre de 2010 Técnico en recursos $1.400.000
físicos

6227 de 2010 2 de noviembre de 2010 30 de noviembre de Técnico en recursos $ 1.400.000
2010 físicos
6794 de 2010 10 de diciembre de 2010 30 de diciembre de Técnico en recursos $ 1.400.000
2010 físicos
427 de 2011 3 de enero de 2011 30 de enero de 2011 Técnico en recursos $ 1.400.000
físicos
990 de 2011 1 de febrero de 2011 30 de abril de 2011 Técnico en recursos $4.500.000
físicos
1620 de 2011 2 de mayo de 2011 30 de junio de 2011 Técnico en recursos $ 3.000.000
físicos
2254 da 2011 1 de julio de 2011 30 de agosto de 2011 Profesional en $ 3.600.000
recursos físicos
2847 de 2011 1 de septiembre de 2011 30 de octubre de 2011 Profesional en $ 3.600.000
recursos físicos
3432 de 2011 1 de noviembre de 2011 30 de diciembre de Profesional en $3.600.000
2011 recursos físicos
50 de 2012 2 de enero de 2012 30 de enero de 2012 Profesional en $1.800.000
recursos físicos
604 de 2012 1 de febrero de 2012 30 de abril de 2012 Profesional en $5.400.000
recursos físicos
1804 de 2012 2 de mayo de 2012 30 de junio de 2012 Profesional en $4.000.000
recursos físicos
2406 de 2012 3 de julio de 2012 30 de julio de 2012 Profesional en $2.300.000
recursos físicos
2832 de 2012 1 de agosto de 201 30 de agosto de 2012 Profesional en $2.300.000
recursos físicos
3441 de 2012 3 de septiembre de 2012 30 de septiembre de Profesional en $ 2.300.000
2012 recursos físicos
3994 de 2012 1 de octubre de 2012 30 de octubre 2012 Profesional en $ 2.300.000
recursos físicos
4558 de 2012 1 de noviembre de 2012 30 de noviembre de Profesional en $ 2.300.000
2012 recursos físicos
5128 de 2012 3 de diciembre de 2012 30 de diciembre de Profesional en $ 2.300.000
2012 recursos físicos

44.
Por otra parte, la contraprestación, entendida como la retribución
económica percibida por la contratista durante la ejecución de las actividades
convenidas, se encuentra acreditada con las pruebas documentales obrantes en
el expediente, en las cuales constan las sumas que recibió la señora Rivera
Sánchez en remuneración por los servicios prestados.

45.
En efecto, el elemento esencial de la relación laboral es la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha afirmado que
«implica una superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien

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se atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación
«más que una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal,
por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen
cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para
garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye
facultades de carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones,
el definir horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro
de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»

46.
En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si la contratista estuvo subordinada a la ESE en la ejecución de los
contratos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

47.
Así las cosas, la demandante como lugar de trabajo tuvo las instalaciones
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE (antes Hospital Tunjuelito
II Nivel ESE) durante todos los periodos de vinculación contractual.

48.
En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

49.
Sin embargo, la ESE, al sustentar su recurso de apelación, sostuvo que
entre las partes existió una relación meramente contractual, desarrollada de
forma autónoma por la actora, sin subordinación funcional ni dependencia
jerárquica.

50.
Con el fin de resolver este aspecto, la Sala analizará de manera separada
los distintos periodos contractuales y los objetos específicos ejecutados por la
señora Rivera Sánchez, con el propósito de determinar si en cada uno de ellos
se acreditó o no la existencia de direccionamiento, control o supervisión propios
del elemento de subordinación.

51.
Primer período (9 de diciembre de 2005 a 30 de octubre de 2008):
Durante este lapso, la señora Leidy Johanna Rivera Sánchez prestó sus servicios
como secretaria de la Oficina Jurídica. Del análisis de las pruebas que obran en
el expediente, la Sala encuentra acreditado el direccionamiento del servicio por

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parte del personal de la ESE, lo que permite establecer la existencia del elemento
de subordinación.

52.
En efecto, se observa tanto del certificado del 1 de marzo de 2013 como
de los contratos suscritos en este período que la demandante desempeñó las
siguientes funciones: atención personal y telefónica en forma oportuna al público
con amabilidad y respeto; participar activamente en todas las tareas y
obligaciones relacionadas, con oportunidad y eficiencia en cuanto al recibo y
entrega de información interna y externa; garantizar el buen manejo de los
archivos del Hospital; entrega y recibo de correspondencia interna y externa en
forma oportuna y ordenada; manejo de la agenda de los superiores según el
caso; procesar documentos en el sistema que le sean entregados por los jefes
del área para tal fin, en forma ágil, oportuna y eficaz, de tal manera que ofrezca
confiabilidad.

53.
Nótese que las funciones realizadas por la demandante eran determinadas
y estructuradas de forma directa y pormenorizada por personal de la ESE, en la
medida que correspondían a servicios esenciales cuya ejecución dependía de un
jefe directo. Al efecto, se observa que la actora debía atender de forma personal
y telefónica al público con amabilidad y respeto, y manejar la agenda de sus
superiores, procesar los documentos en el sistema que le fueran entregados por
sus jefes de forma oportuna.

54.
Esta situación excluye categóricamente la posible independencia y
autonomía de la demandante en la prestación de su servicio y, por el contrario,
denotan un ius variandi en sus labores, pues estas eran asignadas y dirigidas por
el personal de planta de la entidad.

55.
En consecuencia, la Subsección confirmará la declaratoria de la relación
laboral encubierta entre las partes en el período comprendido entre el 9 de
diciembre de 2005 y el 30 de octubre de 2008, cuando la demandante prestó sus
servicios como secretaria de la Oficina Jurídica.

56.
Segundo período (4 de noviembre de 2008 a 30 de diciembre de 2012):
Preliminarmente debe precisarse que se analizarán en conjunto los periodos en
que la actora prestó sus servicios como técnica en recursos físicos y profesional
de apoyo en recursos físicos, comprendidos entre el 4 de noviembre de 2008 y
el 30 de diciembre de 2012, pues de la lectura de los contratos suscritos durante
esta etapa se advierte que las obligaciones a su cargo fueron las mismas.

57.
En efecto, los contratos describen como obligaciones especificas las
siguientes: apoyar en el área de Recursos Físicos para la consolidación de
información de los requerimientos de insumos médico quirúrgicos y papelería de
las diferentes unidades del Hospital; elaborar las gestiones necesarias para
solicitar las cotizaciones y documentos para la compra de cualquier producto o

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elemento que requieran las diferentes unidades; tramitar las diferentes gestiones
internas para la revisión y aprobación de los contratos elaborados; entregar a las
áreas de la sede administrativa los insumos de papelería y cómputo para el
funcionamiento; atender a los clientes y proveedores externos que requieran
información; apoyar el área de Recursos Físicos.

58.
A diferencia del periodo anterior —en el que la demandante se desempeñó
como secretaria—, el solo análisis de las obligaciones ejecutadas en esta etapa
no permite deducir que su servicio hubiese sido direccionado en cuanto al modo,
tiempo y lugar por personal de la entidad contratante.

59.
En efecto, los contratos indican que la actora, como técnica y profesional
de recursos físicos, debía consolidar información sobre los insumos médicos y
de papelería, gestionar su adquisición y entrega, y apoyar la operación del área
respectiva. No obstante, no se observa en estos documentos evidencia de
sujeción a órdenes directas o imposiciones de un superior jerárquico, ni
instrucciones que revelen subordinación, como sí se constató en el lapso anterior.

60.
Además, en los otros documentos que reposan en el expediente solo se
encuentran los antecedentes administrativos de los contratos, la reclamación
administrativa, el acto administrativo demandado y un grupo de correos
electrónicos.

61.
Sobre los correos, la Sala para su análisis los dividirá en dos grupos: i)
enviados por la demandante a personal de la ESE y, ii) enviados por la ESE a un
grupo numeroso de personas, entre ellos la demandante.

62.
En el primer grupo9 se encuentran únicamente dos correos electrónicos.
El primero, fechado el 6 de septiembre de 2010, mediante el cual la actora remite
un informe que elaboró; y el segundo, del 7 de septiembre de 2012, en el que
manifiesta su interés en participar en un curso básico de Excel y Word10. De este
material no se extraen indicios de direccionamiento del servicio, pues únicamente
reflejan el cumplimiento por parte de la demandante de las obligaciones
contractuales asumidas, y su intención libre y espontánea de capacitarse en el
manejo de herramientas ofimáticas.

63.
En el segundo grupo11 se destacan los siguientes correos: el 16 de marzo
de 2010 se convocó a un panel de «emergencia y equidad en salud – foro
presente y futuro de los hospitales públicos» 12; el 19 de octubre de 2011 se avisó
que el 20 de octubre de 2011 se realizaría una capacitación relacionada con el
Estatuto Anticorrupción 13; el 6 de diciembre de 2011 se invitó el 9 de diciembre

9
Enviados por la demandante a personal de la ESE.
10
Folio 208 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.
11
Enviados por la ESE a un grupo numeroso de personas, entre ellos la demandante.
12
Folio 220 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.
13
Folio 210 del cuaderno 1 del expediente.

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de 2011 a la integración del Hospital 14; el 18 de julio de 2012 se invitó a
capacitación relacionada con «la supervisión de contratos» 15; el 11 de enero de
2012 se envió la programación de turnos del primer semestre del año 16; el 13 de
agosto de 2012 se envió la programación de turnos del segundo semestre 17; y el
19 de noviembre de 2012 pone de presente la realización de una capacitación
entre el 19 – 23 de noviembre de 2012 18.

64.
La Sala sobre este grupo deduce que fueron dirigidos a múltiples
personas, por lo que su contenido era general y no especificado directamente al
servicio de la actora. Asimismo, frente a las citaciones a reuniones o
capacitaciones determinadas en los correos, se considera que este solo hecho
tampoco permite constatar la continuada dependencia; pues más allá de las
citaciones no existe en el expediente otros elementos de juicio que permitan
constatar como se desarrollaron; si la actora acudió a ellas y recibió órdenes por
parte de la entidad; o, en caso de no acudir, tuvo algún llamado de atención o
requerimiento debido a su inasistencia.

65.
En cuanto a las declaraciones rendidas dentro del proceso, la señora Libia
Marleny Figueredo, al ser interrogada sobre las órdenes que pudo recibir la
demandante, manifestó: «Sí, claro, igual que todo el mundo, pues recibíamos órdenes
de los jefes inmediatos». En sentido similar, el señor Jhon Jairo Reinel Moreno
respondió: «¿Usted tiene conocimiento de que la doctora Leidy Johanna hubiera
recibido órdenes durante el tiempo que fue contratista del hospital Tunjuelito? Contestó:
Sí, claro hasta yo se las di ella en su momento recibió órdenes ¿de quién? del jefe
recursos físicos del área de recursos físicos del jefe de la oficina jurídica del subgerente
administrativo del subgerente científico del gerente y de los cuatro asesores que tenía el
hospital la doctora Julie, el jefe de planeación (no lo recuerdo en su momento la jefe de
planeación) y yo, que era el apoyo de planeación nosotros, siempre por encima nosotros
en los hospitales tenemos varios jefes y cada uno nos da órdenes de manera distinta
nosotros estamos condicionados (…) las órdenes son subjetivas de acuerdo al estado
ánimo de la persona y al nivel jerárquico hay órdenes que son muy bien impartidas en el
ejercicio de las funciones en las cuales yo le puedo decir veía que le decían Johana,
«me haces un favor necesito que organices estos contratos», pero también vi en algunas
oportunidades de una manera un poco como altanera, si me lo permiten decirlo, un poco
irrespetuosa en la cual dejaban las carpetas y le decía «mire necesito esto o esto quedó
mal», que yo inclusive en alguna oportunidad tuve unos altercados con mis compañeros
por la forma como se expresaban a ella en particular o hacia otros en la cual era un poco
desobligante».

66.
Respecto de posibles llamados de atención, el mismo testigo indicó :
«Pregunta: ¿Usted sabe si usted se dio cuenta que la doctora Johana recibiera llamados
de atención por parte de sus jefes inmediatos alguna vez presenciaron llamados de
atención escritos Contestó: Llamados de atención escritos no, verbales sí, verbales

14
Folio 211 del cuaderno 1 del expediente.
15
Folio 212 del cuaderno 1 del expediente.
16
Folio 213 del cuaderno 1 del expediente.
17
Folio 214 del cuaderno 1 del expediente.
18
Folio 234 del cuaderno 1 del expediente.

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varios, (…) a veces cuando quedaban las cosas mal recuerdo dos casos particulares yo
sentado en mi escritorio, la doctora Johana subiendo al área jurídica a entregar unas
carpetas y el asesor jurídico devolverle las carpetas y decirle eso está mal porque lo hizo
mal necesito que eso lo arregle y lo necesito para las 5 de la tarde (…)».

67.
De esas declaraciones la Sala observa que la señora Figueredo si bien
afirmó que la demandante recibía órdenes, no precisó sobre qué aspectos
recaían ni cómo se impartían dichas instrucciones, por lo que su dicho carece de
la especificidad necesaria para acreditar subordinación.

68.
Por su parte, el señor Reinel Moreno expresó que la demandante sí recibió
órdenes de personal interno de la ESE, incluso de él mismo; sin embargo, no
aclaró en que consistían los mandatos que daba a la actora; y aunque relató un
episodio puntual en el que la demandante habría recibido un llamado de atención
por parte del asesor jurídico, ello resulta insuficiente para acreditar que durante
todo el periodo contractual la actora estuvo supeditada a órdenes o controles
jerárquicos, sumado a que el contratante en aras de obtener la satisfacción del
objeto contractual puede requerir al contratista cuando advierte que en la
ejecución existen fallas en la prestación del servicio, sin que ello pueda denotar
subordinación, pues hace parte del principio de coordinación que rige el contrato
de prestación de servicios. Asimismo, este testigo no compartió actividades con
la demandante en todo el tiempo de duración de su vínnculo, pues solo lo hizo
en limitados períodos que no precisó claramente 19— (años 2011 y 2012).

69.
En ese sentido, contrario a lo establecido por el a quo, la existencia de
supervisión del servicio contratado o la regularización de las funciones a ejecutar
a través de ciertas instrucciones en modo alguno configuran la subordinación, ya
que en realidad estas conductas hacen parte de las prerrogativas con las que
cuenta la entidad contratante para lograr el correcto funcionamiento del
contrato 20.

70.
En cuanto al argumento del tribunal de que la entidad le proporcionó al
demandante elementos para la prestación del servicio, y que asintió en su
declaración el señor Reinel Moreno 21, esta Subsección ha considerado que la
utilización de elementos suministrados por la entidad contratante no conduce a
la configuración de una relación laboral, pues tales elementos se erigen como
aspectos necesarios para la coordinación del servicio, en la medida en que

19
El testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: Por favor, indíquenle al despacho con precisión, ¿cuál es el
tiempo que usted compartió puntualmente con Lady Johanna? El periodo de tiempo, ¿a partir de cuándo? Contestó: Más
o menos entre el año 2011, como inicios del 2011 y finales del 2012. No le sabría con exactitud, ya han pasado 12 años,
darle día y mes exacto, pero sí le podría decir que fue más o menos en el tiempo que estuve como asesor del hospital de
Tunjuelito de la gerencia entre el año 2011 y 2012, inicios y finales del 2012».
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
21
El declarante al respecto dijo: «Pregunta: ¿Qué incluía ese puesto de trabajo? ¿Qué elementos incluía ese puesto de
trabajo? Contestó: Pues todos tenemos un público asignado como todo funcionario público. Uno llega a una entidad del
Estado y uno no se sienta dónde quiere. Uno tiene una silla, tiene un computador por el cual tiene que responder por el
activo y por la información de adentro, tiene un teclado, tiene un mouse, cocedora, papelera, todo lo que compone
administrativamente en insumos, elementos y su oficina. Pero nadie se puede sentar en mi puesto. Ni yo me puedo sentar
en el puesto del subgerente, ni el subgerente se puede sentar en el puesto de la secretaria (…)».

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identifican al contratista como la persona que desarrolla el objeto contractual y
garantizan, con ello, su correcta ejecución 22.

71.
La Sala tampoco comparte el criterio de la sentencia recurrida referente a
que comoquiera que la demandante realizó actividades misionales a la ESE por
más de 7 años, ello conduce a que se configure la existencia de la relación
laboral; pues los elementos probatorios demuestran que las actividades
realizadas por la actora variaron en el tiempo, de modo que no es factible
argumentar temporalidad del servicio por 7 años cuando en realidad satisfizo
objetivos diferentes en este periodo.

72.
A lo anterior se suma que el ordenamiento jurídico nacional permite que
las entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue asignado
excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta de
personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios,
cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados; o (ii) —como
ocurre en este caso— no pueden ser desarrolladas por el personal de planta, tal
y como lo señala el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

73.
Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a
la actora quien debía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con el ente
demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal
y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes 23.

74.
Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma
e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran» 24.

75.
Por tanto, al no probarse la subordinación realizadas por la demandante
cuando prestó sus servicios como técnica en recursos físicos y profesional de
recursos físicos entre el 4 de noviembre de 2008 y el 30 de diciembre de 2012,
los planteamientos del recurso de apelación tienen vocación de prosperidad
parcialmente.

22
Sentencia de 19 de junio de 2025; Sección Segunda, Subsección A, radicado 05001-23-33-000-2016-02485-01 (0468-
2025) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
24
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04721-02 (3699-2024)
Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

76.
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre
la demandante y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o
no de interrupción en alguno de sus períodos, para determinar la posible
prescripción trienal de los derechos prestacionales que deben ser reconocidos
de conformidad con lo ordenado en las sentencias de unificación de 26 de agosto
de 2016 proferida por esta Sección 25 y de 9 de septiembre de 2021 26.

77.
Como se indicó anteriormente, la relación laboral encubierta en el caso
bajo estudio se acreditó en el período comprendido entre el 9 de diciembre de
2005 y el 30 de octubre de 2008. La actora presentó la reclamación administrativa
el 6 de febrero de 2016 27, es decir, en un término posterior a los tres años
siguientes a la finalización del vínculo que se declaró como laborado. Por lo tanto,
las prestaciones sociales se encuentran afectadas por el fenómeno de la
prescripción trienal, de modo que se declarará probada esta excepción propuesta
por la entidad en la contestación de la demanda. A excepción de los aportes
pensionales de ley que debe efectuar la demandada por dicho lapso, salvo
interrupciones 28.

78.
Así las cosas, se modificará parcialmente los numerales primero, segundo,
tercero, cuarto y sexto de la sentencia de primera instancia, en el sentido de
declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la acción y
parcialmente la excepción de inexistencia del contrato de trabajo e inexistencia
de las obligaciones demandadas frente a los periodos comprendidos entre el 4
de noviembre de 2008 y el 30 de diciembre de 2012.

25
«1. Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el contrato realidad, en particular en lo
concerniente a la prescripción, en el sentido de que: (…) (vi) el estudio de la prescripción en cada caso concreto será
objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral;(…)» Consejo de Estado
Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, veinticinco 25 de agosto de dos mil dieciséis (2016). Rad Int: (0088 -
2015). C.P: Carmelo Perdomo Cueter.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, 9 de
septiembre de 2021. Rad SUJ-025-CE-S2-2021.
27
Según se extrae de la lectura del acto administrativo demandado – folio 4 y siguientes cuaderno 1 del expediente.
28
Es decir, en los siguientes periodos: Desde el 9 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2005, desde el 2 de
enero de 2006 hasta el 30 de enero de 2006, desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 28 de febrero de 2006, desde el 1
de marzo de 2006 hasta el 31 de marzo de 2006, desde el 3 de abril de 2006 hasta el 30 de abril de 2006, desde el 2 de
mayo de 2006 hasta el 30 de mayo de 2006, desde el 1 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2006, desde el 4 de julio
de 2006 hasta el 30 de julio de 2006, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 30 de agosto de 2006, desde el 1 de
septiembre de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2006, desde el 2 de octubre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2006,
desde el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2006, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de
diciembre de 2006, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 30 de enero de 2007, desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 28
de febrero de 2007, desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 31 de marzo de 2007, desde el 1 de abril de 2007 hasta el 30
de abril de 2007, desde el 2 de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2007, desde el 1 de junio de 2007 hasta el 30 de
junio de 2007, desde el 3 de julio de 2007 hasta el 30 de julio de 2007, desde el 1 de agosto de 2007 hasta el 30 de
agosto de 2007, desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2007, desde el 1 de octubre de 2007
hasta el 30 de octubre de 2007, desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2007, desde el 19 de
diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007, desde el 2 de enero de 2008 hasta el 30 de enero de 2008, desde
el 1 de febrero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008, desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 30 de marzo de 2008,
desde el 1 de abril de 2008 hasta el 30 de abril de 2008, desde el 2 de mayo de 2008 hasta el 30 de mayo de 2008, desde
el 3 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2008, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de julio de 2008, desde el 1 de
agosto de 2008 hasta el 30 de agosto de 2008, desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2008, y
desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2008.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

79.
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

80.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

81.
En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

82.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la
sentencia de la sentencia de primera instancia del 11 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán de la
siguiente manera:

«PRIMERO: DECLÁRENSE probadas parcialmente las excepciones de
prescripción extintiva de la acción respecto de las prestaciones sociales,
inexistencia del contrato de trabajo e inexistencia de las obligaciones
demandada frente a los periodos de vinculación contractual comprendidos
entre el 4 de noviembre de 2008 y el 30 de diciembre de 2012, por lo dicho
en la motivación.

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad parcial del acto administrativo
contenido en el 018 de 12 de febrero de 2015, por medio del cual la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. - Hospital de Tunjuelito, decidió
no reconocer la existencia de una relación laboral encubierta y los
consecuentes derechos prestacionales pretendidos por Leidy Johanna
Rivera Sánchez únicamente en lo que respecta a los periodos
comprendidos entre el 9 de diciembre de 2005 y el 30 de octubre de 2008,
cuando la demandante prestó sus servicios como secretaria de la Oficina
Jurídica.

TERCERO: En consecuencia, DECLÁRESE la existencia de una
relación laboral encubierta entre la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. - Hospital de Tunjuelito y Leidy Johanna Rivera Sánchez
únicamente en los periodos comprendidos entre el 9 de diciembre de
2005 y el 30 de diciembre de 2012, cuando la demandante prestó sus
servicios como secretaria de la Oficina Jurídica.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., a CONSIGNAR en el fondo de pensiones
en que se encuentre afiliada Leidy Johanna Rivera Sánchez las diferencias
si las hubiere en el porcentaje que le correspondía sufragar como
empleador durante los siguientes períodos: Desde el 9 de diciembre de
2005 hasta el 30 de diciembre de 2005, desde el 2 de enero de 2006 hasta
el 30 de enero de 2006, desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 28 de
febrero de 2006, desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 31 de marzo de
2006, desde el 3 de abril de 2006 hasta el 30 de abril de 2006, desde el 2
de mayo de 2006 hasta el 30 de mayo de 2006, desde el 1 de junio de
2006 hasta el 30 de junio de 2006, desde el 4 de julio de 2006 hasta el 30
de julio de 2006, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 30 de agosto de
2006, desde el 1 de septiembre de 2006 hasta el 30 de septiembre de
2006, desde el 2 de octubre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2006, desde
el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2006, desde el 1
de diciembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006, desde el 2 de
enero de 2007 hasta el 30 de enero de 2007, desde el 1 de febrero de
2007 hasta el 28 de febrero de 2007, desde el 1 de marzo de 2007 hasta
el 31 de marzo de 2007, desde el 1 de abril de 2007 hasta el 30 de abril
de 2007, desde el 2 de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2007, desde
el 1 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2007, desde el 3 de julio de
2007 hasta el 30 de julio de 2007, desde el 1 de agosto de 2007 hasta el
30 de agosto de 2007, desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 30 de
septiembre de 2007, desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de octubre
de 2007, desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de
2007, desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007,
desde el 2 de enero de 2008 hasta el 30 de enero de 2008, desde el 1 de

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Demandante: Leidy Johanna Rivera Sánchez

febrero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008, desde el 3 de marzo de
2008 hasta el 30 de marzo de 2008, desde el 1 de abril de 2008 hasta el
30 de abril de 2008, desde el 2 de mayo de 2008 hasta el 30 de mayo de
2008, desde el 3 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2008, desde el
1 de julio de 2008 hasta el 30 de julio de 2008, desde el 1 de agosto de
2008 hasta el 30 de agosto de 2008, desde el 1 de septiembre de 2008
hasta el 30 de septiembre de 2008, y desde el 1 de octubre de 2008 hasta
el 30 de octubre de 2008; tomando como base el valor de los honorarios
pactadas en cada uno de esos lapsos.

Para tales efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
(…)
SEXTO: DECLÁRESE que el tiempo laborado por la señora Leidy
Johanna Rivera Sánchez, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios desde el 9 de diciembre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2008,
se debe computar para efectos pensionales».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, conforme lo expuesto
en la parte motiva.

CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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