Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00765-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00765-01 (0678-2026)
Demandante: Rubén Darío Gómez Velasco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00765-01 (0678-2026)
Demandante: Rubén Darío Gómez Velasco
Demandado: Departamento de Santander
Tema: Relación laboral encubierta/ apoyo a la gestión administrativa
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de
enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
2.Declarar la nulidad del acto administrativo núm. 20190133342 del 25 de
septiembre de 2019, proferido por la Gobernación de Santander, mediante el cual
se negó la petición formulada por el actor el 15 de agosto de 2019. Asimismo,
pidió que se declarara que entre las partes existió una relación laboral encubierta
«que dio carácter de servidor público bajo el cargo de Auxiliar Administrativo para
la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander – Oficina de
Discapacidad y LGTBI» durante el período comprendido entre el 18 de febrero
de 2015 y el 24 de abril de 2019.
De otro lado, solicitó que se declare que el actor sufrió un accidente laboral el
3.
día 9 de marzo del año 2017, el cual fue reportado por la ARL con el núm.
3045008 y que fue despedido en estado de debilidad manifiesta, el 25 de abril de
2019.
1
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Demandante: Rubén Darío Gómez Velasco
4.A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la entidad demandada
fuera condenada: i) al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no
devengadas por el actor en los períodos respecto de los cuales se declare la
relación laboral; ii) al reintegro de los valores pagados por concepto de riesgos
laborales y seguridad social; y iii) al reconocimiento y pago de la indemnización
moratoria por el pago inoportuno de las cesantías. Asimismo, pidió que dichas
sumas fueran indexadas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5.El señor Rubén Darío Gómez Velasco prestó sus servicios a favor de la
demandada mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el 18
de febrero de 2015 y el 24 de abril de 2019, cuyos objetos consistían en brindar
apoyo a la gestión administrativa de la Secretaría de Desarrollo, en el marco del
proyecto de fortalecimiento institucional, mediante servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y asistencia técnica para el departamento de
Santander.
6.Entre las actividades que, conforme a los contratos suscritos, debía realizar el
actor se encontraban, entre otras, las siguientes: «1. Brindar apoyo administrativo
en el seguimiento y ejecución de programas y proyectos que se adelantan en la
Secretaría de Desarrollo. 2. Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Desarrollo
Departamental en el cumplimiento de los programas y proyectos en materia de
desarrollo social, con énfasis en los grupos de población vulnerable en condición
de discapacidad, adulto mayor, juventud, mujer, infancia y adolescencia y
comunidad LGBTI. 3. Brindar apoyo en los procesos de seguimiento, evaluación
y gestión de las metas e inversión del Plan de Desarrollo Departamental, para el
cumplimiento de las metas de resultado, producto y gestión. 4. Presentar
informes sobre las actividades desarrolladas, de conformidad con el objeto del
contrato».
Que el demandante prestaba sus servicios en la Secretaría de Desarrollo –
7.
Oficina de Discapacidad y LGTBI, de lunes a viernes, entre las seis de la mañana
y la una de la tarde, conforme a la jornada que la supervisora del contrato le
asignaba verbalmente. De igual modo, cuando se le requería, debía permanecer
en la entidad desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Los fines de
semana en el marco del programa «Cine para todos» desde antes de las ocho
de la mañana.
En 2016 y 2017, el actor se desplazó a diferentes lugares del departamento de
8.
Santander con ocasión de la denominada «Expedición Santander», en cuyo
desarrollo se entregaban ayudas técnicas a personas con discapacidad. Según
afirmó, esas no hacían parte de sus obligaciones contractuales y fueron
consignadas en los informes de ejecución contractual.
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Demandante: Rubén Darío Gómez Velasco
9.El demandante desempeñó de manera permanente funciones previstas en el
manual de funciones de la entidad para el cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado 04.
10.El actor sufrió un accidente el 9 de marzo de 2017 durante una visita
institucional de la entidad a la Asociación de Desplazados, Discapacitados y
Personas Vulnerables del Oriente Colombiano «ASODECINCO». El accidente le
ocasionó una lesión en el pie izquierdo y le impidió desplazarse sin ayuda de
muletas. Pese a la lesión y a la intervención quirúrgica, continuó prestando sus
servicios.
11.Por lo anterior, el 15 de agosto de 2019 el actor presentó petición de
reconocimiento de relación laboral. No obstante, el 25 de septiembre de 2019 la
entidad respondió negativamente la reclamación anterior.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
12.Se invocaron como vulnerados los artículos 25 y 53 de la Constitución Política
de Colombia. En cuanto a las disposiciones legales, se citaron el artículo 138 y
los artículos 162 a 168 de la Ley 1437 de 2011.
13.En el concepto de violación se afirmó que las actividades realizadas por el
demandante eran misionales de la entidad, en tanto eran ejecutadas de manera
similar por servidores pertenecientes a su planta de personal. Que durante la
ejecución de la labor la demandada ejerció subordinación sobre el demandante.
Dicha circunstancia, a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, amerita la
declaración de la relación laboral encubierta entre las partes y el pago de los
emolumentos y prestaciones reclamados en las pretensiones.
1.4. Contestaciones a la demanda
El departamento de Santander contestó la demanda a través de apoderado
14.
oponiéndose a las pretensiones.
15.En cuanto a los hechos y al concepto de violación, adujo que no le asistía
razón al demandante al afirmar que la modalidad de vinculación encubrió una
relación laboral. A su juicio, las actividades del actor se realizaron en el marco de
auténticos contratos de prestación de servicios. Por tanto, sostuvo que no tenía
derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos solicitados en la demanda.
1.5. Sentencia de primera instancia
16.El Tribunal dictó sentencia el 22 de enero de 2026, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
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17.Para arribar a esa conclusión, en lo que respecta a la relación laboral, explicó
que las pruebas aportadas demostraban que las partes suscribieron contratos de
prestación de servicios entre el 18 de febrero de 2015 y el 24 de abril de 2019,
salvo interrupciones, con el fin de que el demandante realizara actividades de
apoyo a la gestión administrativa en la Secretaría de Desarrollo, en el marco del
proyecto de fortalecimiento institucional, mediante servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y asistencia técnica para el departamento de
Santander. La contraprestación se acreditó con los honorarios que recibió el
demandante durante esos períodos.
18.Sin embargo, no encontró acreditada la subordinación en la prestación del
servicio. En efecto, una vez estudiado cada uno de los indicios que, de acuerdo
con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, configuran este elemento,
señaló, respecto del horario, que en el expediente no obraba prueba de su
imposición. Las testigos indicaron que, si bien el actor realizaba sus actividades
en las instalaciones de la entidad durante determinadas franjas horarias, estas
no le eran impuestas por los funcionarios de la entidad. El Tribunal sustentó esta
conclusión especialmente en las declaraciones de las señoras Nancy Bohórquez
y Elsie Stella Sierra Navarro.
19.Asimismo, el Tribunal consideró que los elementos probatorios aportados por
el actor, especialmente las declaraciones no demostraban que hubiera estado
sometido a subordinación laboral por parte de la entidad contratante.
20.Así las cosas, concluyó que las labores del demandante se desarrollaron en el
marco del principio de coordinación, como se evidenciaba en los informes de
ejecución contractual. Estos demostraban que las actividades ejecutadas
correspondían a las obligaciones estipuladas en los contratos, las cuales no
coincidían con las asignadas al cargo de auxiliar administrativo, como lo había
sostenido el actor en la demanda.
21.De igual modo, advirtió que entre los contratos existieron múltiples
interrupciones, por lo que no era posible concluir que la relación entre las partes
se hubiera desarrollado de manera continua.
22.De otro lado, en lo que respecta a la pretensión de indemnización por
accidente de trabajo, explicó que al plenario se allegó copia del «Formato de
Informe para accidente de trabajo del empleador o contratante», emanado de la
Compañía de Seguros Positiva ARL, a la cual se encontraba afiliado el
demandante. En dicho documento se reportó que el 9 de marzo de 2017, hacia
las 15:05 horas, «el contratista se desplazaba a realizar unas compras de oficina
y en el camino de vuelta pisa una tapa metálica suelta, con el pie izquierdo, se
desliza y se dobla hacia adentro produciendo dolor e inflamación».
23. Frente a lo anterior, la entidad demandada indicó que el accidente se tramitó
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conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y que se adelantaron las actividades de promoción y prevención previstas
para el personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios, de
acuerdo con las disposiciones del Decreto 723 de 2013. Asimismo, señaló que,
con ocasión del accidente, la ARL Positiva brindó tratamiento al demandante y
practicó los correspondientes exámenes, cirugías y terapias de rehabilitación.
Añadió que la ARL asumió el pago de las incapacidades, por valor de
$17.222.816 al 25 de septiembre de 2019.
24.Por lo anterior, el Tribunal concluyó que el accidente sufrido por el demandante
recibió la debida atención por parte de la ARL: «(…) por ende, no es posible
predicar la existencia o configuración del despido en estado de debilidad
manifiesta que se aduce en la demanda, pues como se indicó en precedencia,
en este caso no se logró demostrar el elemento de la subordinación y por ende
no es posible declarar la existencia de una relación laboral ni pretender para el
señor Gómez Velasco la aplicación del régimen prestacional previsto para los
empleados públicos, máxime cuando se verifica en el plenario, que con
posterioridad al accidente acaecido en el año 2017 el demandante suscribió
nuevos contratos de prestación de servicios y que su desvinculación de la entidad
se produjo exclusivamente por la terminación del contrato suscrito en el año
2019». En consecuencia, negó esta pretensión.
1.6. Recurso de apelación
25.El demandante2 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia con el fin de que fuera modificada en lo que respecta a la declaratoria
de la relación laboral encubierta. Para dicho fin expuso los siguientes
argumentos.
26.Que el fallo de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho al
no tener por acreditado el elemento de subordinación, pese a que, a su juicio, se
encontraba probado, pues el departamento de Santander le impuso al actor el
cumplimiento de un horario de trabajo de lunes a viernes en las instalaciones de
la entidad, lo que implicaba que esta disponía de su tiempo de servicio y
evidenciaba el ejercicio de subordinación, según se desprendía de los informes
de ejecución contractual.
27.Las declaraciones de las testigos Nancy Bohórquez y Elsie Stella Sierra
Navarro debían analizarse teniendo en cuenta que tuvieron supervisores
contractuales distintos de los que tuvo el demandante. Añadió que las
declarantes únicamente coincidieron con el actor durante la misma jornada de
prestación del servicio, pero no conocieron las dinámicas internas de la Oficina
de Discapacidad y LGTBI.
2
Índice 54 aplicativo SAMAI primera instancia.
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28.El Tribunal pasó por alto elementos esenciales de la declaración de Mario
Cáceres Flórez que comprobaban la existencia de subordinación: i) al actor se le
permitía ingresar a la entidad los sábados con la anuencia de su personal; y ii)
tenía llaves de la Oficina de Discapacidad y LGTBI, circunstancia ajena a las
dinámicas propias de los contratos de prestación de servicios.
29.Que los informes de ejecución contractual correspondientes a los contratos
0799 de 2015; 0821 y 1806 de 2016; 0160, 1902 y 2446 de 2017; 1152 de 2018;
y 0327 de 2019 demostraban que las actividades ejecutadas no siempre
correspondían a las consignadas en las minutas contractuales, sino que eran
asignadas por quien ejercía la supervisión. Dentro de tales actividades se
encontraba la de orientar a la población en condición de discapacidad y a la
comunidad LGBTI sobre los trámites relacionados.
30.El actor desempeñó funciones permanentes de la entidad durante la ejecución
contractual, lo que desvirtuaba que los contratos suscritos por las partes hubieran
sido utilizados para atender actividades extraordinarias, ocasionales o
temporales. Esto se corroboraba mediante la comparación entre las funciones
cumplidas por él y las relativas al cargo de auxiliar administrativo, código 407,
grado 04, de la cual se desprendía que eran equivalentes.
30.1 Afirmó que el certificado expedido por el señor José Ricardo Fonseca
Rodríguez demostraba que el actor contaba con una cuenta en el Sistema de
Gestión Documental de la entidad, por medio del cual se daba respuesta a los
requerimientos, peticiones y solicitudes, circunstancia que, a su juicio, no era
propia de los contratistas.
30.2 El demandante dependía de los honorarios recibidos por su servicio en la
entidad, lo que denota que estaba subordinado.
1.7. Trámite de segunda instancia
31.Mediante auto del 10 de abril de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia. En esa oportunidad se indicó
que el Ministerio Público podría emitir concepto desde ese momento hasta antes
de que el proceso ingresara nuevamente al despacho para emitirse el fallo
correspondiente. Sin embargo, dicha entidad guardó silencio.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
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Demandante: Rubén Darío Gómez Velasco
interpuestos, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
33.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
34.En ese sentido, dado que solo apeló la parte demandante de manera parcial
la sentencia, la resolución del caso se ceñirá a los argumentos expuestos en los
recursos.
2.2. Problema jurídico
35.De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
36.¿Entre el señor Rubén Darío Gómez Velasco y el departamento de Santander
existió una relación laboral encubierta en los períodos en que se acreditó la
prestación personal del servicio?
37.En caso de que se demuestre el interrogante anterior, se estudiará si ¿el actor
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas
en la manera en que se solicitó en la demanda?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
38.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
39.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
40. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
41.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
42.Conforme las pruebas aportadas, se demuestra que el demandante prestó
sus servicios en apoyo de la gestión administrativa de la Secretaría de
Desarrollo, dentro del proyecto asesoría y asistencia técnica para el
fortalecimiento institucional en el departamento de Santander, entre el 18 de
febrero de 2015 y el 24 de abril de 2019, salvo interrupciones. Los contratos se
suscribieron por los extremos, objetos y valores que a continuación se
relacionan:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
0799 de 18 de Prestar servicios de apoyo a la 18 de febrero de 17 de diciembre $16.000.000
febrero de gestión administrativa en la 2015 de 2015
2015 secretaría de desarrollo, dentro
del proyecto de fortalecimiento
institucional a través de la
ampliación de la asesoría y
asistencia técnica en el
departamento de Santander
0821 de 01 de Prestar servicios de apoyo a la 1 junio de 2016 2 septiembre de $ 8.400.000
junio de 2016 gestión administrativa en la 2016
secretaría de desarrollo, dentro
del proyecto de asesoría y
asistencia técnica para el
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001806 de 16 Prestar servicios de apoyo a la 6 de septiembre 19 de diciembre $2.800.000
de septiembre gestión administrativa en la de 2016 de 2016
de 2016 secretaría de desarrollo, dentro
del marco del proyecto de
fortalecimiento institucional a
través de servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander.
00160 de 13 Prestar servicios de apoyo a la 13 de febrero de 15 de agosto de $10.000.000
de febrero de gestión administrativa en la 2017 2017
2017 secretaría de desarrollo, dentro
del marco del proyecto de
fortalecimiento institucional a
través de servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander.
01902 de 11 Prestar servicios de apoyo a la 11 de septiembre 10 de noviembre $5.000.000
de septiembre gestión administrativa como de 2017 de 2017
de 2017 ingeniero en la secretaría de
desarrollo, dentro del marco del
proyecto de fortalecimiento
institucional a través de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander.
02446 de 11 Prestar servicios de apoyo a la 24 de noviembre 18 de julio de $2’500.000
de noviembre gestión administrativa como de 2017 2018 (valor mensual)
de 2017 ingeniero en la secretaría de
desarrollo, dentro del marco del
proyecto de fortalecimiento
institucional a través de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander.
01152 de 23 Prestar servicios de apoyo a la 23 de agosto de 22 de noviembre $7.500.000
de agosto de gestión administrativa en la 2018 de 2018
2018 secretaría de desarrollo, dentro
del marco del proyecto de
fortalecimiento institucional a
través de servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander.
0327 de 24 de Prestar servicios de apoyo a la 24 de enero de 24 de abril de $ 7.500.000
enero de gestión administrativa en la 2019 2019
2019 secretaría de desarrollo, dentro
del marco del proyecto de
fortalecimiento institucional a
través de servicios de asesoría
profesional, apoyo a la gestión y
asistencia técnica para el
departamento de Santander
En cuanto a la contraprestación, esto es, los emolumentos recibidos por
43.
quien ejecuta las actividades convenidas, para la Subsección este requisito se
acredita con las cláusulas de los contratos que se refieren a los honorarios
pactados para la ejecución de los mismos.
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44.Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.
45.En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de determinar
si el demandante, durante la ejecución de sus servicios, estuvo subordinado a la
entidad. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
46.Con los elementos de juicio que reposan en el expediente se acredita que el
actor tuvo como lugar de trabajo las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo
del departamento de Santander, así como en otros lugares de Bucaramanga y
de diferentes municipios del departamento, cuando apoyaba las actividades
adelantadas en el marco de los proyectos de atención a la población con
discapacidad. Lo anterior se desprende de los informes de ejecución contractual
y de las fotografías aportadas por el demandante junto con la demanda, en las
que se observa al actor durante la ejecución de sus actividades contractuales en
una oficina, en el centro comercial «Cacique» de Bucaramanga, durante la
actividad «Cine para todos», y en los cascos urbanos de otros municipios5.
47.Respecto al horario, las pruebas aportadas al plenario no demuestran que
este hubiera sido impuesto por la entidad contratante al actor, como alega en el
recurso de alzada.
48.En efecto, la señora Nancy Bohórquez Ortiz, quien afirmó que prestó servicios
como contratista en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de
Santander entre 2017 y 2020, explicó que el demandante asistía a esas
instalaciones bien en la jornada de la mañana, bien en la de la tarde. Para
concurrir, el actor se ponía de acuerdo con otra persona. Sin embargo, la testigo
fue enfática en que los contratistas podían llegar a la entidad en el momento que
quisieran6.
La señora Elsie Stella Sierra Navarro manifestó que prestó servicios como
49.
contratista en la Gobernación de Santander, en el área de desarrollo social,
ubicada al lado de la oficina donde el demandante laboraba. Sobre el horario,
5
AnexoDemanda - 8. FOTOGRAFÍAS - RUBEN DARIO GÓMEZ VELASCO .pdf Expediente digital e informes
contractuales que reposan en el mismo anexo.
6
La testigo sobre el particular dijo lo siguiente: « pregunta ¿Esa ida en la mañana o ida en la tarde la definía el señor
Rubén o era impuesta por algún supervisor o algún funcionario del departamento de Santander? contestó Él pues hablaba
con la jefe y se ponía de acuerdo si iba en la mañana o iba en la tarde, pero no, o sea, él hablaba con él y le decía voy
en la mañana, voy en la tarde y él permanecía ahí en ese tiempo, en ese lapso, en horas ahí laborables (…) pregunta
Señora Nancy, usted le comentaba al despacho que efectivamente había sido compañera y de trabajo del señor Rubén
Darío Gómez. ¿Con qué frecuencia veía usted al señor Rubén Darío ahí en la Secretaría de Desarrollo? contestó Todos
los días nos veíamos, bien era en la mañana o en la tarde porque yo trabajaba todo el día. Lo veía en la mañana o en la
tarde, todos los días nos saludábamos ahí a la entrada (…) pregunta Usted nos manifiesta que el señor Rubén llegaba
antes de que usted ingresara a las 6 y 30 de la mañana. ¿Quién le manifestó a él o quién le impuso a él ese horario de
llegar tan temprano en las mañanas? contestó Nadie. Nosotros llegábamos al horario que quisiéramos llegar. Por lo
general, llegábamos bien temprano pues para agilizar trabajo». Negrillas de la Sala.
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explicó que ella prestaba sus servicios en la jornada de la mañana o de la tarde
y que desconocía si al demandante se le había impuesto alguno7.
Por su parte, el señor Mario Cáceres Flórez explicó que trabajó en la
50.
Gobernación de Santander por medio de una empresa tercerizada entre 2017 y
2019. En ese contexto, cuando se le preguntó si el demandante cumplía un
horario, respondió que era una de las primeras personas que llegaban a la
entidad en la mañana y que prestaba sus servicios de lunes a viernes y,
ocasionalmente, los sábados, para extraer documentos de la entidad 8. No
obstante, añadió que no tenía conocimiento si el horario que cumplía era o no
impuesto9.
51.Además, en el plenario no obran otros medios probatorios que acrediten que
el actor cumplía un horario y que este haya sido impuesto por la entidad
contratante.
52.Así las cosas, aunque de manera general se puede considerar que el actor
realizó sus actividades en determinados espacios de tiempo, no puede afirmarse
que ello haya sido por imposición de la entidad. Además, la Sala es del criterio
de que el cumplimiento de un horario no constituye, per se, un factor concluyente
y determinante de subordinación, pues su observancia también puede hacer
parte de la coordinación que debe existir entre el contratista y la entidad
contratante para la ejecución eficiente del objeto contractual.
53.En ese sentido, resulta necesario estudiar el elemento relativo a la dirección
y al control efectivo de las actividades ejecutadas, con el fin de determinar si
de las pruebas obrantes en el expediente se advierte la configuración del
elemento de subordinación. Debe reiterarse que este indicio se refiere al control
y manejo directo ejercido por la entidad contratante sobre las actividades
desarrolladas por el contratista, y constituye un aspecto esencial para establecer
la existencia o no de subordinación. De esta manera, para acreditar una relación
laboral encubierta, corresponde a la parte demandante demostrar que se
encontraba inserta dentro del ámbito rector, disciplinario y organizativo de la
7
La testigo dijo lo siguiente: «pregunta Bueno, recuerda cómo prestaba el señor Rubén el servicio, qué labores cumplía,
en qué horario las desarrollaba. contestó Bueno, yo en algunas ocasiones iba en las mañanas, otras iba en la tarde. Yo
siempre veía a Rubén que abría la oficina en las mañanas, pues no lo veía cuando yo llegaba, ya él estaba ahí. Y yo me
iba temprano, él pues supongo que salía más tarde (…) pregunta ¿Pero el horario del señor Rubén lo conoce? ¿Estaba
establecido el horario fijo o él decía si iba en la mañana o en la tarde? ¿Qué nos puede decir al respecto? contestó No le
puedo decir que tuviera un horario establecido, porque la verdad pues yo era contratista y salía, cumplía cinco o seis
horas, a veces llegaba de 11 de la mañana a 6 de la tarde o a veces llegaba de 7 y 30 y me iba a las 3 o 4 de la tarde. Y
él pues siempre lo veía en la oficina».
8
Este testigo sobre lo anterior dijo lo siguiente: «pregunta Señor Mario, por favor, indicarnos con qué frecuencia veía el
señor Rubén ahí en la Secretaría de Desarrollo si era solo determinados días o toda la semana o con qué frecuencia?
contestó Yo lo veía toda la semana. pregunta Para la semana, aunque toda la semana, entendiendo de lunes a viernes.
contestó De lunes a viernes y a veces iba a los sábados porque en vez de nosotros nos tocaba ir a los sábados y a veces
él iba a los sábados (…) pregunta ¿Con qué frecuencia, de qué horas a qué horas él asistía los sábados y a quién atendía
si no había? contestó No, él venía a sacar documentos. Yo ya que sacaba documentos, como él cargaba ya de
desarrollo.»
9
«pregunta. a usted le consta directamente, porque usted lo haya visto. Que al señor Rubén le hubieran impuesto un
horario de llegada y de salida. contestó No me consta, doctora, porque no sé qué contrato tendría él»
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entidad, de tal forma que pueda concluirse que sus actividades eran dirigidas de
manera efectiva por esta.
54.El apelante indicó que el Tribunal incurrió en errores de hecho y de derecho al
tener por no probado el elemento de subordinación. Al respecto, consideró que:
i) los informes de ejecución contractual demuestran que realizó funciones
diferentes de las descritas en los contratos; ii) se valoraron indebidamente los
testimonios de Nancy Bohórquez Ortiz y Elsie Stella Sierra Navarro, pues sus
circunstancias particulares no eran equiparables a las del demandante, en tanto
tuvieron supervisores contractuales diferentes; y iii) se pasó por alto que el señor
Mario Cáceres Flórez explicó que el actor ingresaba a la entidad los sábados y
tenía llaves de la oficina, aspectos ajenos a las condiciones propias de los
contratistas.
55.Para la Subsección, los argumentos del recurso de apelación no están
llamados a prosperar, pues, analizadas integralmente las pruebas que reposan
en el expediente, no puede concluirse que la entidad hubiera ejercido un
direccionamiento y control efectivo sobre las actividades realizadas por el
demandante durante todo el tiempo de su vinculación.
En cuanto a los testimonios, el actor consideró que los rendidos por Nancy
56.
Bohórquez Ortiz y Elsie Stella Sierra Navarro debían valorarse en el contexto de
que ellas y el actor tuvieron supervisores diferentes.
57.La Subsección concuerda con el actor en que las testigos manifestaron que
prestaron sus servicios en programas diferentes de aquel en el que se
desempeñaba el demandante, por lo que la supervisora de este era distinta de
las de ellas. Sin embargo, aunque tuvieron contacto prolongado con las
actividades ejecutadas por él, esa circunstancia limita el alcance probatorio de
sus declaraciones respecto de la dinámica particular de su servicio y, en cualquier
caso, no permite tener por acreditado algún direccionamiento o control.
58.Recuérdese que el inciso tercero del artículo 221 del CGP establece que las
declaraciones de los testigos deben ser exactas y completas, para lo cual estos
deben exponer la razón de sus afirmaciones. Esto se traduce en la precisión de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que conocieron cada hecho y
de la forma en que este llegó a su conocimiento. Tales exigencias no se cumplen
en las declaraciones de las señoras Nancy Bohórquez Ortiz y Elsie Stella Sierra
Navarro, pues estas no narraron circunstancias particulares presentadas en la
ejecución de los objetos contractuales por el demandante, que permitan advertir
indicios de subordinación.
59.En todo caso, ninguna de las testigos manifestó conocer algún llamado de
atención u orden que hubiera recibido el actor durante la prestación del servicio.
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Por tanto, sus relatos resultan insuficientes para acreditar la subordinación
alegada en el recurso10.
60.En lo que atañe a la declaración del señor Mario Cáceres Flórez, se tiene que
afirmó que el demandante no recibió llamados de atención11, y, que tenía llaves
de la entidad, pero este hecho a juicio de la Sala no permite concluir que estaba
subordinado a la entidad12, pues contar con llave de una oficina es también
indicativa de que podía ingresar en el horario que quisiera a la misma, lo que
denota autonomía para la ejecución de los objetos contractuales. Pues de su
relato ni el de los otros testigos se refirió que estuviese obligado a abrir y/o cerrar
la dependencia como parte de una labor impuesta por la demandada.
61.Respecto del argumento del recurso de apelación, según el cual los informes
de ejecución contractual demuestran que las actividades ejecutadas por el actor
no siempre correspondían a las consignadas en los contratos, la Subsección
estima que ello no corresponde a la realidad, pues de su contenido se advierte
que las actividades descritas se ajustaban a las obligaciones que el actor se
comprometió realizar para la satisfacción de los objetos de los contratos de
prestación de servicios13.
62.Además, de los informes de ejecución contractual14 tampoco se puede
establecer la forma ni la frecuencia con la que el demandante desarrollaba las
actividades de atención a los usuarios como lo sostiene el recurrente, pues en
ellos solamente se indicaba «se atiende y orienta a las personas con
discapacidad y a la población LGTBI, que van a la Secretaría». Más allá de esa
referencia, no precisaban la cantidad, el método ni la frecuencia de dicha
atención. Estos aspectos resultan relevantes para determinar si la actividad
ejecutada anulaba la autonomía del demandante.
Tampoco se comparte la posición del actor según la cual el hecho de haber
63.
contado con acceso a las plataformas de la entidad evidencia que estaba
10
La señora Nancy Bohórquez dijo: «pregunta ¿Conoce usted si el señor Rubén Darío fue objeto de algún llamado a
atención, algún proceso disciplinario dentro de la entidad? contestó No señor».
Elsie Stella Sierra Navarro, por su parte, manifestó: «pregunta ¿Recuerda usted si el señor Rubén Darío fue objeto de
algún llamado a atención, un proceso disciplinario? contestó La verdad, no recuerdo eso, yo no, no es que no recuerde,
no me enteré de eso».
11
«pregunta A usted le consta directamente que al señor Rubén le hubieran hecho llamados de atención. contestó Pues
la verdad, no, doctora, yo que sé».
12
El testigo sobre las llaves del actor dijo lo siguiente: «pregunta Bueno, durante ese tiempo, usted vio al señor Rubén
prestar el servicio. Vio qué horario cumplía, cómo asistía a la oficina. contestó Señor Maestro, él era uno de los primeros
que llegaba porque él cargaba llaves. Él llegaba a las seis, cinco y media. Y él tenía la oficina entrando a mano izquierda
(…)»
13
Por ejemplo, entre las actividades realizadas se encontraba la participación en el programa «Cine para todos», dirigido
a las personas con discapacidad. Esta actividad estaba comprendida en la obligación contractual denominada «apoyo de
las actividades ejecutadas dentro del marco de los proyectos de atención a la población con discapacidad y LGTBI». Ver
por ejemplo, entre otros, contrato 001806 de 16 de septiembre de 2016. Lo mismo ocurre con la información proporcionada
por el actor durante su vinculación con la entidad, relacionada con la situación de la población con discapacidad y LGTBI,
pues estas actividades también estaban descritas en los contratos como orientación a los usuarios y suministro de
información a las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI o en condición de discapacidad. A manera de ejemplo,
se cita: «4). Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los
procedimientos establecidos con la población con discapacidad y LGTBI» contrato 821 del 1 de junio de 2016.
14
002AnexoDemanda Expediente digital.
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subordinado durante la ejecución del servicio. Por el contrario, la Subsección
recuerda que, entre las actuaciones del contratante comprendidas en el principio
de coordinación que rige los contratos de prestación de servicios, se encuentra
la provisión de los insumos necesarios para lograr la correcta ejecución del objeto
contractual, como ocurrió en este caso.
64.De otra parte, tampoco se comparte la posición del recurrente según la cual
las actividades que ejecutó eran las mismas que correspondían al cargo de
auxiliar administrativo, código 407, grado 04. Al respecto, la descripción del
empleo aportada al plenario, contenida en el Decreto 111 expedido por la
Gobernación de Santander, demuestra que su propósito era «efectuar labores de
oficina, recepción y entrega oportuna de documentos y demás actividades que
se le encomienden en el área de desempeño»15.
65.En cambio, como se indicó previamente, las actividades del demandante se
desarrollaron en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional, mediante
servicios profesionales, de apoyo y asistencia al departamento de Santander en
los proyectos de atención a la población con discapacidad y LGTBI. Por tanto,
objetivamente, tales actividades no perseguían los mismos fines ni correspondían
a las asignadas al cargo de auxiliar administrativo.
66.Asimismo, es necesario precisar que la sola existencia en la planta de personal
de la entidad de un cargo con funciones similares a las desempeñadas por el
contratista demandante no es suficiente para acreditar la subordinación en la
prestación del servicio. Es la parte demandante quien debe demostrar los
elementos que configuran la relación laboral encubierta, máxime cuando el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite celebrar contratos de
prestación de servicios para «desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad». Por consiguiente, dicho
planteamiento no resulta pertinente ni suficiente, por sí solo, para acreditar la
existencia de una relación laboral en este caso.
67.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores16.
68.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
15
6. Manual específico de funciones y de competencias laborales Expediente digital.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
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aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»17.
69.Por tanto, al no haberse probado el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes durante se confirmará la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones. Por sustracción de materia no se
estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
70.Se debe precisar que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A
pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la
aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
71.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
72.En tal virtud, la eventual condena se impondrá en segunda instancia a la parte
vencida, que en este caso es la parte demandante, en tanto no prosperaron sus
reparos; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA. Para tal efecto, estas serán fijadas por el magistrado ponente de
primera instancia, conforme el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
17
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR sentencia de fecha veintidós (22) de enero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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