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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03319-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03319-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha de 10 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, por lo ya dicho. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-03319-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03319-01 (3547-2025)
Demandante: José Arístides Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03319-01 (3547-2025)
Demandante: José Arístides Pérez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA

Tema: Relación laboral encubierta/instructor

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
10 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Se solicitó la nulidad de los actos administrativos contenidos en la respuesta a
la reclamación administrativa presentada por el actor el 5 de noviembre de 2019,
bajo el radicado 05-0-2019-06323, y en la respuesta 05-2-2020-013846 del 8 de
mayo de 2020, mediante la cual se resolvieron los recursos interpuestos contra
la primera decisión. Como consecuencia, solicitó que se declarara que entre las
partes existió una relación laboral encubierta entre el 16 de septiembre de 2005
y el 16 de diciembre de 2011 y, posteriormente, otra entre el 18 de noviembre de
2013 y el 17 de diciembre de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho, se pidió que el SENA reconociera y
pagara al actor las prestaciones sociales que no recibió durante la relación
laboral; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo por el no pago de las prestaciones sociales al momento
en que terminó dicha relación; la sanción moratoria por el no pago de las

1
En adelante SENA.

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Demandante: José Arístides Pérez
cesantías; la indemnización por el despido injustificado; y «las demás que se
prueben extra petita y ultra petita».

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor José Arístides Pérez prestó sus servicios en favor del SENA, Regional
Antioquia, como instructor, mediante la suscripción de múltiples contratos de
prestación de servicios con la entidad entre el 16 de septiembre de 2005 y el 16
de diciembre de 2011 y, posteriormente, entre el 18 de noviembre de 2013 y el
17 de diciembre de 2016.

5. Explicó que, inicialmente, los contratos de prestación de servicios establecían
un número determinado de horas, pero, en realidad, las actividades se
desarrollaron de manera continua en jornadas de ocho horas diarias en las
instalaciones de la entidad o en los lugares que esta determinara.

6. Además, el actor recibió capacitaciones, asistió a reuniones y desarrolló
actividades permanentes, lo que denota el carácter necesario y misional de su
servicio, máxime porque la entidad no contaba con personal de planta que las
realizara en las mismas condiciones. Añadió que nunca existió diferencia entre
el trato que recibía y el dispensado al personal de planta de la entidad durante la
ejecución del servicio, dado que las órdenes eran impartidas directamente por el
subdirector o por un funcionario adscrito a aquella.

7.Al finalizar el último contrato, en el año 2016, el actor no fue requerido por la
entidad para el año 2017, lo que configura, a su juicio, un despido sin justa causa.

8.Por lo tanto, el actor presentó la reclamación administrativa el 5 de noviembre
de 2019, la cual fue negada mediante el acto administrativo recibido el 5 de
noviembre de 2019. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, que
también fue denegado mediante el 8 de mayo de 2020.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9. Como normas constitucionales vulneradas, se citaron los artículos 1, 2, 4, 13,
23, 25, 29, 53, 83, 122 y 123 de la Constitución Política. En cuanto a las normas
legales, se invocaron los artículos 23, 29, 62, 64, 65, 115, 127, 158, 159 y 167
del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 1 de la Ley 50 de 1990; y el inciso
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

10. En el concepto de violación expresó que los elementos de juicio que
reposaban en el expediente evidenciaban que, a pesar de que formalmente se
celebraron diferentes contratos de prestación de servicios, las actividades
ejecutadas por el demandante —de carácter misional— y la manera en que se
llevaron a cabo demostraban que, en realidad, existió una relación laboral
encubierta.

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Demandante: José Arístides Pérez
11. Por lo tanto, era menester que, ante la negativa expresada por la entidad en
el acto administrativo, en sede jurisdiccional se accediera a la declaratoria de la
relación laboral y, como consecuencia, al pago de los emolumentos derivados de
ella.

1.4. Contestación de la demanda

12. El SENA contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En cuanto a los
hechos, indicó que, si bien suscribió contratos de prestación de servicios con el
actor, su ejecución no denotaba la existencia del elemento de subordinación. En
efecto, destacó que la supervisión del objeto de los contratos no mutaba su
naturaleza ni los convertía en una relación laboral.

13. Como excepciones de mérito, propuso las siguientes: i) falta de causa para
pedir, dado que las pruebas que reposan en el expediente solo evidencian que
entre las partes se suscribieron contratos de prestación de servicios, sin que se
configurara una relación laboral; ii) buena fe exenta de culpa; iii) genérica; iv)
inexistencia de una sola relación laboral; y v) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia

14.El Tribunal profirió sentencia el 10 de noviembre de 2025, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

15. Como fundamento de su negativa explicó que si bien el actor probó la
prestación personal de su servicio y la remuneración no acreditó la
subordinación.

16. Que se probó que el demandante desarrolló sus actividades en favor del
SENA, concretamente en las instalaciones del Centro de la Innovación, la
Agroindustria y el Turismo de la Regional Antioquia, ubicado en Rionegro, en
ejecución de los siguientes contratos: 146 de 2005, 209 de 2005, 107 de 2006,
109 de 2007, 119 de 2008, 138 de 2009, 141 de 2010, 112 de 2011 y 396 de
2011. También prestó sus servicios en el Centro de los Recursos Naturales
Renovables La Salada de la Regional Antioquia del SENA, mediante los contratos
004937 de 2013, 001357 de 2014, 002664 de 2015 y 001825 de enero de 2016.

17. La remuneración se probó con los honorarios que como contraprestación
recibió el demandante por los servicios prestados.

18. No obstante, no se constató la subordinación y dependencia en la prestación
del servicio, porque ni los documentos aportados ni los testimonios recaudados
fueron concluyentes al respecto. En detalle, el Tribunal explicó que de ellos «no
logra contrastarse la imposición decisiva sobre la manera en la que [el
demandante] debía desarrollar sus actividades». Así las cosas, a pesar de que
los testimonios indicaron que la entidad «impartía órdenes, disponía de la
realización de otras actividades y fijaba los horarios y la programación de los
cursos; la restante prueba no permite corroborar tales hechos; es más uno de los

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Demandante: José Arístides Pérez
testigos afirmó que ellos concertaban con la comunidad los grupos y horarios de
las formaciones de acuerdo con la disponibilidad de tiempo que tuviera el
instructor».

19. Adicionalmente, las certificaciones y los contratos aportados evidenciaron
que las actividades ejecutadas no solo consistían en impartir formación, sino
también en crear unidades productivas con material y diseñar estrategias
comerciales en los distintos municipios en los que el SENA tenía sede. Ello
explicaba lo manifestado por los testigos acerca de que realizaban sus
actividades en otros municipios con el fin de impartir formación académica.

20. En suma, para el Tribunal, las actividades del demandante se rigieron por el
principio de coordinación que guía los contratos de prestación de servicios, dado
que no se acreditó «control de horario, ni que hubo llamados de atención,
sanciones; no se acreditó que el demandante desempeñó un cargo estructural,
ni tenía exclusividad con la entidad contratante, así como tampoco se observa
que le controlaran las actividades a ejecutar, o por lo menos ello no fue probado».

21. De igual modo, no se probó que las actividades del actor fueran desarrolladas
por el personal de planta y se acreditó la solución de continuidad, pues entre la
finalización del contrato 396 de 2011 —16 de diciembre de 2011— y el inicio del
contrato 204 de 2013 —21 de noviembre de 2013— transcurrieron casi dos años.

1.6. Recurso de apelación

22. El demandante, interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior,
con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accedieran a las pretensiones.
Como soporte de los motivos de censura, expuso los siguientes argumentos:

23. Contrario a lo estimado por el Tribunal, manifestó que sí se configuraron todos
los elementos de la relación laboral en las actividades desarrolladas por el
demandante en favor del SENA entre 2005 y 2011 y entre 2013 y 2016.

24. En cuanto al elemento de la subordinación, consideró que el a quo pasó por
alto todas las pruebas que obran en el plenario.

25. A su juicio, los testimonios recaudados explicaron que el actor cumplía, de
lunes a viernes el mismo horario que los instructores de planta; debía permanecer
en su puesto de trabajo; acataba las órdenes impartidas; rendía informes; y
asistía a reuniones y a las actividades institucionales programadas por la
Dirección de Centro y la Coordinación de Formación. Incluso, agregó que el
Tribunal también extrajo esta conclusión de los deponentes, «pero
paradójicamente concluyó que “no existía subordinación”».

26. Que realizó otras actividades ajenas a los contratos, tales como dirigir
procesos de formación y control de aprendices; ejecutar labores académicas
propias de los docentes de planta; rendir informes detallados de avance; y
participar en actividades administrativas y de coordinación interáreas. Que sus

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actividades del demandante fueron misionales y permanentes como instructor del
SENA.

27. En suma, consideró que el Tribunal incurrió en un error de hecho al no valorar
las pruebas que demostraban la subordinación y en un error de derecho porque
la sentencia exigió la existencia de sanciones disciplinarias o llamados de
atención para acreditarla, en lugar de verificar, conforme lo enseña la
jurisprudencia, la ausencia de autonomía del contratista.

1.7. Trámite en segunda instancia

28. A través del auto del 12 de febrero de 2026, la Subsección aceptó el
impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, a quien,
en principio, se le había asignado por reparto el conocimiento del recurso de
apelación, mediante escrito del 26 de enero de 2026. En este argumentó que,
para resolver el asunto, estaba incurso en la causal consagrada en el numeral
2.º del artículo 141 del CGP, debido a que, en calidad de magistrado del Tribunal
Administrativo de Antioquia, actuó durante el trámite del proceso en primera
instancia.

29. Una vez notificada la providencia anterior, el proceso ingresó al despacho del
consejero ponente para impartirle el trámite correspondiente en segunda
instancia. Acto seguido, el recurso de apelación se admitió mediante auto del 22
de junio de 2026. En esta providencia se dispuso que el Ministerio Público podría
emitir concepto desde la admisión del recurso hasta antes de que el proceso
ingresara al despacho para proferir sentencia de segunda instancia.

30. Dentro de la oportunidad correspondiente, el Ministerio Público por conducto
de la procuradora delegada ante esta Corporación rindió concepto en el que
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, debido a que las
pruebas obrantes en el expediente no demostraban que las actividades
ejecutadas por el demandante se hubieran regido por una subordinación
impuesta por el SENA.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: José Arístides Pérez
32. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

34. ¿Entre el señor José Arístides Pérez y el SENA existió una relación laboral
encubierta en el período reclamado en la demanda?

35. En caso de que sea afirmativo lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo
acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte
actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la
demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

36. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

37. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

38. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o

3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: José Arístides Pérez
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

39. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

40. De acuerdo con las minutas contractuales4, el certificado expedido por el
subdirector del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación del SENA
Rionegro el 27 de mayo de 2019 y el certificado proferido el 28 de mayo de 2019
por el subdirector del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada,
se acreditó que el demandante prestó personalmente sus servicios en favor
de la entidad demandada entre el 1.º de octubre de 2005 y el 16 de diciembre de
2011 y entre el 21 de noviembre de 2013 y el 17 de diciembre de 2016 —salvo
interrupciones—, mediante la suscripción de diferentes contratos, cuyos objetos,
extremos de inicio y terminación y valores se discriminan en el siguiente cuadro:

Número Objeto contratado Inicio Finalización Valor
contrato
146 del 16 de Como Instructor de Manejo y aprovechamiento de la Guadua 1 de octubre de 800 horas $11.220.704
septiembre de (programa Jóvenes Rurales) 2005
2005
209 del 26 de Como Instructor de Manejo y Aprovechamiento de la Guadua 9 de febrero de 500 horas $ 7.012.940
diciembre de (Programa Jóvenes Rurales) 2006
2005
107 de 24 de Como Instructor de Manejo y Aprovechamiento de la Guadua 10-de mayo de 1.200 horas $ 17.770.800 más
enero de 2006 (Programa Jóvenes Rurales) 2006 $5.035.060 valor
de la adición
109 del 12 de Instructor de Manejo y Aprovechamiento de la Guadua 16 de abril de 3 de abril de 2008 $ 18.659.942
abril de 2007 (programa Jóvenes Rurales) 2007
119 del 05 de Instructor de Manejo y Aprovechamiento de la Guadua 14 de abril de 26 de noviembre $ 13.876.284
abril de 2008 (programa Jóvenes Rurales) 2008 de 2008
138 del 20 de Instructor de Manejo y Aprovechamiento de la Guadua 3 de marzo de 30 de diciembre de $ 14.015.840
febrero de 2009 (programa Jóvenes Rurales) 2009 2009
141 del 28 de Desarrollar el componente Técnico y empresarial para el montaje 1 de febrero de 23 de diciembre de $ 28.281.475
enero de 2010 de 4 unidades productivas en el área de Guadua, en el Marco de 2010 2010
Jóvenes Rurales Emprendedores. Para la ejecución de los
proyectos (Establecimiento de viveros para la propagación y
reforestación de cuencas hidrográficas).

Obligaciones Específicas del Contrato: Realizar actividades de
formación y tutoría para la ejecución y consolidación de los
proyectos productivos, entregar los reportes mensuales
estadísticos y registro inherente al proceso formativo y
productivo de los proyectos en ejecución, entregar el plan de
ejecución mensual y avances de los proyectos, acompañar la
formalización de la forma asociativa que adopten para la
explotación de la unidad productiva, aportar la población
beneficiaria de los proyectos, gestionar fuentes de recursos en
especie o financieras para el desarrollo de los proyectos entre
otras, Gobernaciones, Alcaldías, Entidades públicas o privadas.
Presentar un plan de estrategias de fortalecimiento que permitan
la sostenibilidad de los proyectos productivos ejecutados
112 del 31 de Impartir Formación Profesional, Desarrollando el Componente 8 de febrero de 30 de junio de $ 11.271.908
enero de 2011 Técnico y Empresarial de los 2011 2011
proyectos: Emprendedor en construcciones en madera, guadua
y materias primas para la industria
de la construcción, implementar 5 unidades productivas en el
Área de la Construcción en Guadua y
Madera en el Marco de Jóvenes Rurales, Emprendedores, en el
Oriente del Departamento de
Antioquia.
(…)

4
De los contratos 112 de 2011 y 138 de 2009.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-03319-01 (3547-2025)
Demandante: José Arístides Pérez
Obligaciones Específicas del Contrato: En calidad de Gestor de
Jóvenes Rurales deberá: Diseñar estrategias para el desarrollo
de las unidades productivas tales como redes de proveedores
para garantizar la comercialización de los productos o servicios
de las mismas en los Nodos y a nivel regional o nacional,
conformar redes de cooperación regional (Fondos de capital
Semilla) con diferentes entidades para el fortalecimiento
financiero y técnico de las unidades productivas, identificar y
participar y participar en las actividades y eventos que se realizan
en el Centro, desarrollados por entidades públicas y/o privadas,
entorno al fortalecimiento empresarial rural, apoyar en la
orientación de los perfiles de proyectos a implementar en los
diferentes municipios que generen ingresos y que sean de
impacto, promover y articular con entidades gubernamentales y
territoriales alianzas y/o convenios para el apoyo y gestión en la
consolidación de unidades productivas, diseñar estrategias y
mecanismos para el mejoramiento continuo del programa en la
región y seguimiento general a las acciones del mismo en
campo, articular con el coordinador de la Unidad de
Emprendimiento los planes de trabajo que deben ejecutar los
gestores empresariales adscritos a las unidades de
Emprendimiento, asignados para la consolidación y puesta en
marcha de las unidades productivas del programa JOVENES
RURALES EMPRENDEDORES, articular con las unidades de
Emprendimiento la consecución y participación de los proyectos
en convocatoria municipales regionales y departamentales,
realizar un inventaros de tecnologías disponibles en la región
enfocado al fortalecimiento de los proyectos productivos, enviar
oportunamente los requerimientos realizados por la Dirección
General, velar por el oportuno registro( inscripción, matricula,
emisión de juicios evaluativos y certificación) en el sistema
optimizado para el aprendizaje activo SOFIA PLUS, apoyar los
procesos de supervisión técnica de contratos en el Centro de la
Innovación, la Agroindustria y el Turismo del SENA. 396 del 14 de Impartir formación profesional, desarrollando el componente 19 de julio de 16 de diciembre de $ 11.196.762
julio de 2011 técnico y empresarial de los proyectos: emprendedor en 2011 2011
construcciones en madera, guadua y materias primas para la
industria de la construcción, implementar 2 unidad productivas
en el área de construcción en el Marco de Jóvenes Rurales
Emprendedores, desarrollar estrategias y acciones relacionadas
que mitiguen la ola invernal en el Oriente del Departamento de
Antioquia, Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo. Obligaciones Específicas del Contrato: En calidad de Gestor de Jóvenes Rurales deberá:

Diseñar
estrategias para el desarrollo de las unidades productivas tales
como redes de proveedores para garantizar la comercialización
de los productos o servicios de las mismas en los Nodos y a nivel
regional o nacional, conformar redes de cooperación regional
(Fondos de capital Semilla) con diferentes entidades para el
fortalecimiento financiero y técnico de las unidades productivas,
identificar y participar y participar en las actividades y eventos
que se realizan en el Centro, desarrollados por entidades
públicas y/o privadas, entorno al fortalecimiento empresarial
rural, apoyar en la orientación de los perfiles de proyectos a
implementar en los diferentes municipios que generen ingresos
y que sean de impacto, promover y articular con entidades
gubernamentales y territoriales alianzas y/o convenios para el
apoyo y gestión en la consolidación de unidades productivas,
diseñar estrategias y mecanismos para el mejoramiento continuo
del programa en la región y seguimiento general a las acciones
del mismo en campo, articular con el coordinador de la Unidad
de Emprendimiento los planes de trabajo que deben ejecutar los
gestores empresariales adscritos a las unidades de
Emprendimiento, asignados para la consolidación y puesta en
marcha de las unidades productivas del programa JOVENES
RURALES EMPRENDEDORES, articular con las unidades de
Emprendimiento la consecución y participación de los proyectos
en convocatoria municipales regionales y departamentales,
realizar un inventaros de tecnologías disponibles en la región
enfocado al fortalecimiento de los proyectos productivos, enviar
oportunamente los requerimientos realizados por la Dirección
General, velar por el oportuno registro( inscripción, matricula,
emisión de juicios evaluativos y certificación) en el sistema
optimizado para el aprendizaje activo SOFIA PLUS, apoyar los
procesos de supervisión técnica de contratos en el Centro de la
Innovación, la Agroindustria y el Turismo del SENA. 004937 del 18 Prestar profesional de servicios temporales para orientar los 21 de 25 de diciembre de $2.876.309
de noviembre programas de formación, en la construcción en guadua en el noviembre de 2013
de 2013 programa jóvenes rurales emprendedores 2013
001357 del 17 Prestar servicios profesionales de carácter temporal como 20 de enero de 3 de diciembre de $33.329.100
de enero de instructor técnico para crear y fortalecer unidades productivas 2014 2014
2014 rurales sostenibles en el área de construcción y demás área de
su competencia mediante acciones de formación y de
fortalecimiento en el marco del programa jóvenes rurales
emprendedores
002664 de 30 Prestar servicios profesionales de carácter temporal como 3 de febrero de 18 de diciembre de $34.437.954
de enero de instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, 2015 2015
2015 para crear y fortalecer unidades productivas rurales sostenibles
en el área de construcción y demás área de su competencia
realizando acciones de formación y de acompañamiento técnico
para el desarrollo empresarial rural, en el marco de los
lineamientos del programa jóvenes rurales emprendedores
001825 del 29 Prestar servicios profesionales de carácter temporal como 8 de febrero de 17 de diciembre de $34.797.603
de enero de Instructor técnico en el área de constituciones rurales y apoyo a 2016 2016
2016 la gestión del emprendimiento rural, para crear unidades
productivas, fortalecer unidades productivas rurales, formar para
la empleabilidad en ocupaciones rurales en el área de servicios
rurales, de acuerdo al diseño curricular, y demás áreas de su
competencia, realizando acciones de formación, en el marco de
los lineamientos del programa Sena emprende rural ser.

41. Se evidencia que los certificados del 27 y 28 de mayo de 2019 no
proporcionan información exacta sobre la fecha de terminación de los contratos
146 y 209 de 2005 y 107 de 2006, sino que identifican su extensión en número

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Demandante: José Arístides Pérez
de horas, lo cual no constituye un parámetro claro para determinar sus extremos
temporales. Sin embargo, para la Subsección, la información que reposa en el
plenario es suficiente para acreditar la prestación personal del servicio del actor.
Además, la imposibilidad de establecer el extremo final de esos contratos no
impide el estudio de los demás elementos de la relación laboral.

42. Únicamente, en el evento de que se acrediten todos estos elementos, la falta
de exactitud de los extremos temporales de los contratos celebrados incidiría en
el cálculo de los factores que, a título de restablecimiento del derecho, podrían
reconocerse. Sin embargo, primero se determinará si se probaron todos los
elementos de la relación laboral encubierta y, de ser así, habrá lugar a resolver
este punto.

43. De otro lado, vistos los objetos contractuales, se colige que, en líneas
generales, las actividades desarrolladas por el demandante en favor del SENA
correspondieron a las de instructor en las áreas de manejo, aprovechamiento y
montaje de madera y guadua, así como de materias primas para la industria de
la construcción, en el Programa Jóvenes Rurales Emprendedores.

44. De otra parte, con los mismos documentos que se probó la prestación del
servicio se acredita la contraprestación —que se refiere a los emolumentos
recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas—
a partir de las cláusulas que discriminan los honorarios recibidos por el actor.

45. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

46. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

47. En esos términos, conforme las minutas contractuales y los certificados de
tiempos de servicios antes referenciados, se advierte que el demandante tuvo
diferentes lugares de trabajo.

48. En efecto, durante los períodos comprendidos entre el 1.º de octubre de 2005
y el 16 de diciembre de 2011, las actividades del actor se desarrollaron en el
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, ubicado en el municipio
de Rionegro, departamento de Antioquia. Por su parte, entre el 21 de noviembre
de 2013 y el 17 de diciembre de 2016, las ejecutó en el Centro de los Recursos
Naturales Renovables, ubicado en el municipio de La Salada, departamento de
Antioquia.

49. Sobre este punto, dos testigos expresaron haber conocido al demandante
cuando ejecutó sus actividades en las instalaciones mencionadas. Por ejemplo,

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el señor Víctor Hugo López Arias, quien manifestó haber sido contratado por el
SENA para realizar actividades en el área administrativa, señaló que conoció los
servicios prestados por el demandante como instructor durante un año y medio,
hasta 2013, en el centro del SENA ubicado en el municipio de La Salada.

50. La señora Marta Cecilia Cardona García indicó que prestó sus servicios como
instructora en especies menores en favor del SENA, en la sede ubicada en el
municipio de Rionegro, entre 2005 y 2012. Durante ese período conoció al
demandante, quien también se desempeñaba como instructor para la enseñanza
de la utilización de la guadua en dicha sede.

51. Respecto al horario de labores, el señor Víctor Hugo López Arias indicó que
el demandante debía tener disponibilidad permanente para realizar sus
actividades, dado que se le proporcionaba una programación y se le asignaban
los horarios en los que debía prestar el servicio. Estos podían extenderse desde
las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía o hasta las cinco o seis de la
tarde. Precisó que el actor no era autónomo en la realización de las
programaciones5. No obstante, en una respuesta posterior, afirmó que sus
servicios en la entidad se desarrollaron en el área administrativa, mientras que el
actor cumplía los suyos como instructor6. Por lo tanto, si bien conocía la
programación, no sabía exactamente los momentos en que el actor cumplió sus
actividades7.

52. La señora Martha Cecilia Cardona García expresó que el demandante cumplía
un horario determinado por la entidad, cuyo cumplimiento derivaba de la
asignación de grupos, por lo que podía extenderse hasta las seis o siete de la
noche8.

53. Por su parte, el señor Andrés Felipe Cadavid Álvarez —quien advirtió que
prestó sus servicios como instructor en el SENA y conoció al actor entre 2015 y
2016— estimó que el demandante no debía cumplir un horario establecido, pero
sí asistir a la entidad todos los días9. En un interrogante posterior advirtió, sin
5
Al respecto, el deponente respondió: ««pregunta: ¿Y sabe en qué horarios prestaba esos servicios? contestó: Sí, era
diurno. Inclusive debía tener hasta disponibilidad permanente en las capacitaciones. Manejaba su jornada laboral normal
y hacía los informes del caso (…) pregunta: Usted dice que él cumplía un horario diurno con disponibilidad permanente y
que para capacitaciones. ¿Usted nos puede, don Víctor, ampliar más esa información, si lo sabe? contestó: Pues a él le
daban una programación y le daban unas funciones y unos horarios que tenía que cumplir. Sí, entonces él tenía que
iniciar con un grupo capacitación, digamos, a las 8 de la mañana hasta las 12, luego otro grupo hasta las 5 o 6 de la tarde,
luego al otro día. O sea, le daban una programación que él tenía que cumplir y unas metas y unos objetivos que tenía
que cumplir (…)».
6
«pregunta: Don Víctor Hugo, usted trabajaba en la misma oficina y en el mismo tiempo en que trabajaba el señor Aristides.
contestó: Desde el 2013, no, señor. pregunta: ¿En qué tiempo coincidió usted con él tanto en el espacio, en el SENA,
como en las actividades que desarrollaba? contestó: Pues en actividades particulares, en ninguna, porque él tiene un
oficio y una formación y yo tengo otra. En la misma institución, SENA La Salada, coincidimos por algo más de un año y
medio. Yo trabajaba en la parte administrativa y él con sus capacitaciones como instructor. pregunta: ¿Y en alguna otra
parte diferente al SENA La Salada? contestó: No, señor. No hemos coincidido».
7
En este punto, el testigo dijo lo siguiente: «pregunta: O sea, siendo Rionegro un municipio aparte del de La Salada (…)
que tiene una autonomía administrativa distinta, ¿usted coincidía con eso? O sea, ¿verificaba que el horario de trabajo
que usted dijo haber ejecutado el demandante era el que él realmente ejecutaba, según usted? contestó: Ah, no. Yo no
hacía las veces de reloj donde él tuviera que marcar, sino que conocía el contrato y las obligaciones que él tenía»
8
La testigo, sobre este punto, dijo lo siguiente: «pregunta: Doña Marta, usted ahorita dijo que prácticamente cumplía un
horario estricto de 8 a 5. ¿Este horario de 8 a 5 se cumplía por parte de José Aristides todos los días de la semana?
contestó: Sí, uno tenía que cumplir el horario porque se lo asignaban. Uno tenía los grupos y los grupos, yo no digo de 8
a 5. Por ejemplo, muchas veces la clase de uno se va hasta las 6, 7 de la noche. Pero había que cumplir el horario porque
siempre habían vigilantes o pendientes de que uno sí fuera a cumplir esos horarios con la gente».
9
Este declarante, sobre el particular, dijo lo siguiente: «pregunta: ¿Qué horario tenía que cumplir el señor José Aristides
y en qué sedes que usted le conste? contestó: O sea, horario como tal establecido, no, no, pero sí que tenía que ir todos
los días, él tenía grupo en Salgar, porque ese era el grupo que recuerdo mucho porque lo tenía en compañía conmigo,

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referirse directamente al caso del demandante, que, cuando los cursos de
formación se impartían en otros lugares, la concertación de los espacios y los
horarios se realizaba entre el instructor y la comunidad10.

54. Con fundamento en esas declaraciones la Subsección considera que no se
esclarece la existencia de una imposición horaria por parte del SENA sobre el
actor. Véase que el señor López Arias, en principio, expresó que el demandante
realizaba sus actividades en un horario programado por la entidad, pero
posteriormente añadió que él laboró en el área administrativa, es decir, en un
espacio y lugar diferente al de aquél. Por consiguiente, manifestó de manera
concreta que no conocía de forma pormenorizada si este último, en efecto,
desarrollaba sus actividades en los horarios que referenció.

55. Asimismo, aunque la señora Cardona García adujo que la prestación del
servicio de los instructores académicos se desarrollaba conforme a las
asignaciones impuestas por el SENA, no explicó específicamente de qué manera
estas le fueron impuestas al demandante ni detalló los días, extremos temporales
y horarios en los que, en concreto, tuvo conocimiento de que desarrolló sus
actividades.

56. Por su parte, la exposición del señor Cadavid Álvarez se contrapone
directamente a las dos anteriores, pues afirmó que los instructores del SENA no
debían cumplir un horario fijo y estático, aunado a que la prestación del servicio
en el territorio debía concertarse con sus destinatarios.

57. Aunado a lo anterior, no existen otros elementos probatorios que permitan
esclarecer las posibles jornadas o momentos en los que el actor pudo desarrollar
sus actividades en favor de la entidad por imposición de esta. Por lo tanto, no
está acreditado, como se pretende en el recurso, que el demandante cumpliera
un horario de lunes a viernes ni, mucho menos, que este fuera similar al de los
empleados de planta de la entidad contratante.

58. Con todo, la Subsección no desconoce que, como una consecuencia lógica de
la ejecución de los contratos de prestación de servicios, el actor debió desarrollar
sus actividades dentro de determinadas franjas de tiempo. Sin embargo, la
periodicidad y obligatoriedad de estas no se encuentra acreditada con suficiencia
probatoria. Aun así, esta Sala11 ha reiterado que la sola existencia de un horario
no resulta suficiente para acreditar la configuración de una relación laboral
encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios —como el

yo era el instructor empresarial que teníamos varios grupos en Salgar, creo que tuvo grupos en Andes, que me acuerdo,
porque como fue en el 2015-2016, en Andes, no, no recuerdo qué otros municipios, pero en Andes y Salgar, si lo tengo
muy presente».
10
Al respecto, el testigo dijo: «pregunta: Decime una cosa. Ustedes que viajaron y que coincidiste con el demandante en
esos municipios a donde tenían que viajar, ¿la búsqueda del espacio físico donde dictar la clase era impuesto por el
SENA o lo tenían que buscar o concertar ustedes con la comunidad? contestó: Lo teníamos que concertar con la
comunidad. pregunta: Además del horario. contestó: Además del horario. Y según el horario nuestro. O sea, se concertaba
entre los dos (…) pregunta: Para que le quede bien claro al despacho, entonces según esas últimas respuestas era una
concertación entre ustedes como instructores y la comunidad para ambas cosas. contestó: Para los espacios y el horario.
Sí».
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en conjunto,
conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.

59. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

60. En el recurso de apelación se indicó que el Tribunal incurrió en errores de
hecho y de derecho, por cuanto no valoró integralmente las pruebas aportadas,
de las cuales se desprendía el direccionamiento y control que ejerció el SENA,
en todo momento, sobre las actividades ejecutadas por el actor.

61. Respecto de lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la parte
apelante, dado que, analizadas de manera conjunta y pormenorizada las pruebas
que reposan en el expediente, no se deduce la subordinación alegada.

62. En efecto, en lo que atañe a los testimonios, el señor López Arias expresó que
durante la prestación de sus servicios cuando se cancelaba una actividad de
instrucción el demandante debía permanecer en la sede de la entidad y rendir
informes, lo que, según el recurso de apelación, configuraba la subordinación12.

63. Por su parte, la señora Cardona García manifestó que tuvo conocimiento de
que el demandante desarrolló actividades diferentes de las contempladas en los
contratos, específicamente, la construcción de una caseta en guadua 13. Añadió
que los instructores no eran autónomos y, por el contrario, debían sujetarse a lo
que dispusiera el centro del SENA, cuyas directrices se comunicaban en las
reuniones programadas14.

64. El señor Cadavid Álvarez expresó que el SENA les imponía la obligación de
presentar informes, sin los cuales no se les pagaban los honorarios, y de asistir
12
«pregunta: Le pregunto, cuando no habían grupos para formar o para capacitar, para instruir, ¿don José Aristides podía
disponer de ese tiempo para ampliarlo en otra actividad? contestó: No, señor, si por algún motivo, digamos extremo, en
uno de los cursos aplazaban el curso o ese día no podía haber, digamos, instrucción, él tenía que estar en la sede. Tenía
que estar allá haciendo los informes, asistiendo a reuniones. O sea, cuando él no estaba enseñando tenía que estar en
la sede, en el SENA».
13
«pregunta: ¿Y cuando no había esos grupos para dictar las clases, qué actividades desarrollaba el señor José Aristides?
contestó: Era el que tenía el grupo para hacerlo. Pero yo, por ejemplo, sé que a José Aristides habían cosas que uno
decía que porque las hacía él. Por ejemplo, una vez le pusieron a hacer una construcción (…) era un espacio que
necesitaba en el SENA, una caseta en guaduas, que varios compañeros la estuvieran haciendo y eso no correspondía al
contrato»
14
«pregunta: Yo le pregunto, doña Marta, ustedes o José Aristides, todas las preguntas van para José Aristides, ¿tenían
autonomía para realizar la actividad de una u otra manera? contestó: No, en ningún momento. Pues, como decir, nosotros
que podíamos utilizar el grupo, nos podíamos dar una clase que no fuera presencial o eso, no. Pues, autonomía no había.
Porque siempre hay que estar pendiente de las directrices que le dieran a uno dentro del SENA (…) pregunta: ¿Y ese
jefe da las mismas instrucciones o los mismos lineamientos al instructor de planta y al contratista? contestó: A ver, las
reuniones nunca las hacen juntos. Muy pocas reuniones hacen juntos con instructores de planta e instructores
contratistas. Pero normalmente cuando había reuniones, en general, era para todos las mismas directrices. Por ejemplo,
hay que pagar el tiempo de Semana Santa. Entonces, nosotros en esa reunión estábamos todos. Nos decían, bueno,
entonces tienen que venir a trabajar los sábados, tienen que venir a trabajar tantos sábados a hacer esto».

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a una reunión mensual. Asimismo, explicó que los instructores recibían órdenes
y directrices de una persona llamada Diva Urrea, quien era la líder del área15.

65. Ciertamente, aunque los testigos Cadavid Álvarez y Cardona García
manifestaron que los instructores no eran autónomos en la prestación del
servicio, no especificaron concretamente por qué consideraban que el
demandante fue direccionado por la entidad. De sus exposiciones solo se
aprecian relatos generales que no resultan suficientes para concluir que el
demandante estuvo subordinado a la entidad en cuanto al tiempo, modo y
cantidad del servicio que prestaba.

66. A pesar de que en el recurso de apelación se censuró la posición del Tribunal
de no tener en cuenta que, en determinadas oportunidades, el demandante
ejecutó actividades diferentes de las especificadas en los contratos —lo que
también advirtió la testigo Cardona García—, lo cierto es que, a la luz de los
medios probatorios recaudados no le asiste razón al recurrente.

67. Analizados los contratos se evidencia que las actividades a las que se
comprometió el demandante no solo correspondían a la instrucción de
determinados cursos de formación, sino también a la orientación y el
acompañamiento de procesos de negocios, así como al apoyo en las
convocatorias y unidades productivas desarrolladas en el contexto de las
actividades de instrucción16.

68. Por consiguiente, la Sala estima que, lejos de pertenecer a labores ajenas y
propias del ius variandi por parte del contratante, las actividades ejecutadas por
el actor hacían parte de las obligaciones contractuales, desarrolladas en el
contexto del principio de coordinación que rige este tipo de vinculación.

15
Este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «pregunta: Le pregunto, Andrés, ¿los instructores o ustedes como
instructores recibían órdenes y directrices de qué personas? contestó: Nosotros teníamos un líder dentro del área que se
llamaba Diva Urrea. Realmente teníamos otra persona superior a ella, pero él casi nunca tenía contacto con nosotros. O
sea, yo lo llegué a ver dos veces. Nicolás, creo que se llamaba. Pero lo oí dos veces. O sea, yo una instrucción directa
de él, nunca»
16
A manera de ejemplo, se extraen de las certificaciones que dan cuenta de los contratos suscritos entre las partes las
siguientes obligaciones que dan cuenta de las actividades adiciones a las que se comprometió el demandante: «Contrato
004937 de 18 de noviembre de 2013. Obligaciones específicas de los contratos: «14. Realizar actividades de formación
y tutoría para la ejecución y consolidación de los proyectos productivos. 15. Acompañar la formalización de la forma
asociativa que adopten para la explotación de la unidad productiva. 16. Adoptar la población beneficiaria de los proyectos.
(…) 22. Apoyar en la realización del plan de negocios básico de los proyectos productivos. 23. Garantizar el montaje en
articulación con el instructor técnico de las unidades productivas.
Contrato 001357 de 17 de enero de 2014: «Realizar actividades de formación para el fortalecimiento de las capacidades
técnicas y empresariales de los aprendices del proyecto formativo y para la ejecución y consolidación de los proyectos
productivos (…) Orientar y acompañar al emprendedor en la elaboración del plan de negocios de la unidad productiva
resultado del proyecto formativo, en el componente técnico y financiero de acuerdo a la proyección del mercado (…)
Apoyar las ferias, eventos y las convocatorias y las giras técnicas en las que participen las unidades productivas, los
jóvenes rurales y población del programa».
Contrato 002664 del 30 de enero de 2015: «6. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia
pedagógica de “formación por proyectos” para formación complementaria especial, de acuerdo con el procedimiento de
calidad (…) 7. Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuados y
adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación
con los instructores de emprendimiento debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de
estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de materiales de formación (…) 13.
Ejecutar las acciones de acompañamiento y asesoría técnica a las unidades productiva en el marco del procedimiento de
fortalecimiento empresarial del programa JRE, orientadas a los siguientes logros: gestión tecnológica y actualización del
sistema productivo, actividades de gestión de recursos (ferias, muestras empresariales, convocatorias, concursos,
negociaciones contrataciones), adopción de esquemas o normas de buenas prácticas y otras orientadas a la producción,
refinamiento, diseño y mejora del producto y de los procesos de la unidad productiva».

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69. Lo propio ocurre con la afirmación vertida en el recurso y replicada por los
testigos López Arias y Cadavid Álvarez, según la cual la subordinación se
probaría porque el demandante debía presentar informes durante la relación
contractual; pues la Subsección ha explicado que la presentación de informes no
constituye un indicio de subordinación porque, en esencia, corresponde a la
información que el contratista debe suministrar al contratante sobre el estado de
la ejecución, aspecto inherente y necesario para garantizar la correcta realización
del objeto contractual.

70. De igual modo, tampoco se comparte en esta instancia la posición del censor
—y desarrollada por los testigos— relativo a la existencia de reuniones evidencia
el sometimiento del actor a la entidad. Esto se debe a que, ninguno de los
testigos, ni los documentos aportados, proporcionan información sobre la
asistencia determinada y concreta del demandante a agrupaciones del SENA y,
mucho menos, si en caso de asistir a ellas, su servicio hubiera sido direccionado
en cuanto al método, cantidad y calidad, al punto de anular su autonomía.

71. Asimismo, la Sala tampoco encuentra en los demás documentos que reposan
en el plenario elementos de juicio que, analizados en conjunto con los
mencionados, demuestren la subordinación alegada en el recurso de apelación
respecto de la relación contractual existente entre el demandante y el SENA.

72. Por lo tanto, tampoco se puede concluir, como lo pretende el recurrente, que
las actividades del actor correspondieran a las propias del personal docente ni
que fueran similares a las ejecutadas por empleados de planta. Sobre este
aspecto, valga añadir que no se probó la existencia de personal de planta
encargado de ejecutar las mismas actividades para las cuales fue contratado el
demandante.

73. De esa manera, es oportuno recordar que, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales de toda relación laboral: prestación
personal, remuneración y, especialmente, subordinación.

74. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.

75. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través

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de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores17.

76. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»18.

77. Por tanto, al no probarse el elemento de subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones. Por sustracción de materia, no se estudiará
el segundo problema jurídico.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

80. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

81. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
18
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha de 10 de noviembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual se negaron
las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, por
lo ya dicho.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
IMPEDIDO

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