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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-39-000-2015-00046-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2015-00046-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2015-00046-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2015-00046-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicado: 20001-23-39-000-2015-00046-02 (1165-2024)
Demandante: Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2015-00046-02 (1165-2024)
Demandante: Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea
Demandado: Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
19 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad de la comunicación del 12 de agosto de 2014, suscrita por
el subdirector de contratación del Departamento para la Prosperidad Social, y, en
consecuencia, la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes
entre el 4 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011.

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozcan todos los
emolumentos y prestaciones sociales, tales como: bonificación por servicios
prestados, auxilio de alimentación, prima de alimentación, prima de navidad,
vacaciones, prima de servicios, auxilio de cesantías y sus intereses; que las
sumas que se reconozcan sean indexadas con base en el IPC; que se cancelen

1
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia - 05Demanda.pdf.

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Demandante: Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea
los respectivos intereses moratorios y se condene en costas a la entidad
demandada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Yadelmis Sofía Carrillo Benjumea prestó sus servicios en favor de
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social entre el 5 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, a través
de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, realizando
como funciones las siguientes: coadyuvar en la atención a la población que se
encontrare en riesgo o situación de desplazamiento, así como contribuir y
colaborar en el desarrollo de las diferentes actividades propias de la Subdirección
de Atención a la Población Desplazada.

5.Indicó que, pese a que hubo interrupciones entre los contratos, en realidad su
servicio se realizó de manera ininterrumpida y que, durante los períodos en que
no existió contrato, no recibió remuneración alguna.

6. Durante la ejecución de los contratos, la actora cumplió funciones
permanentes con las mismas calidades de una empleada pública, en la medida
en que acataba horario y obedecía las órdenes e instrucciones impartidas por las
directivas de la entidad, en especial por quienes tenían cargos de dirección y
manejo.

7. El 31 de diciembre de 2011 la entidad dio por terminada de manera unilateral
la vinculación que tenía con la actora. Por lo que esta última presentó reclamación
administrativa la cual fue negada mediante el acto demandado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8. Citó como normas violadas los artículos 1, 25, 53 y 125 de la Constitución
Política; el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; el artículo 2 del Decreto 2800 de
1968; los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 40 del Decreto 3135 de
1968; los artículos 1, 2, 10, 43, 44, 45, 46, 47 y 51 del Decreto 1848 de 1969; los
artículos 2, 3, 6, 7, 13, 14 y 18 del Decreto 1950 de 1973; los artículos 5, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 44 y 45 del Decreto 1045 de
1978; los artículos 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10 de la Ley 443 de 1998; los artículos 1, 2,
3, 5, 11, 20 y 41 de la Ley 909 de 2004; y los artículos 22, 23, 161 y 204 de la
Ley 100 de 1993.

9. En el concepto de violación, expresó que en este caso se acreditaron todos
los elementos de la relación laboral encubierta entre las partes, en especial la
subordinación, por cuanto con las pruebas recaudadas se evidencia que la
demandante cumplía horarios, recibía órdenes, presentaba informes y los objetos
de sus contratos correspondían a funciones inherentes de la entidad.

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Demandante: Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea
1.4. Contestación de la demanda

10. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones. para ello, expuso los siguientes
argumentos:

11. Consideró que la demandante prestó sus servicios profesionales con
autonomía técnica y administrativa en favor de la Subdirección de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional. Sin embargo, discrepó de la consideración de la
actora relativa a que sus servicios se habrían realizado sin solución de
continuidad.

12. Indicó que las actividades contractuales correspondían a las establecidas en
cada una de las minutas, que, si bien la entidad impartió ciertas instrucciones y
lineamientos a la contratista, estos se hicieron en el marco de los contratos de
prestación de servicios sin que se afectara su autonomía.

13. Que si bien la actora afirmó que cumplió un horario o que la entidad le impartió
órdenes, no aportó elementos probatorios que lo sustentaran.

14. Finalmente propuso las siguientes excepciones de mérito: falta de acervo
probatorio, inexistencia de obligación a cargo de la demandada, pago,
inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia de vínculo de carácter
laboral, cobro de lo no debido, buena fe, la supervisión no implica subordinación,
incumplimiento de la carga procesal de explicar el concepto de violación de las
normas citadas como vulneradas y, por último, la genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal profirió sentencia el 19 de julio de 2023, mediante la cual declaró
no probadas las excepciones propuestas por la demandada, la nulidad del acto
administrativo acusado y la existencia de la relación laboral encubierta entre las
partes desde el 5 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011.

16. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada
reconocer y pagar a la actora las prestaciones sociales de orden legal que no le
fueron sufragadas durante el período en que se declaró la existencia de la
relación laboral encubierta con base en el salario devengado por el personal de
planta de la entidad que realizara funciones similares a las de la demandante «o
en proporción al periodo (horas contratadas) y al valor pactado en cada contrato
por los tiempos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral»,
salvo interrupciones.

17. Asimismo, se ordenó que la entidad —en caso de que existieran— realizara
las cotizaciones de las diferencias en los aportes a pensión de la demandante

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que le correspondían como empleador en el lapso en que se acreditó la relación
laboral. Finalmente, negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en
costas.

18. Para arribar a esta conclusión, el Tribunal explicó la configuración de los
elementos de la relación laboral de la siguiente forma:

19. Prestación personal del servicio y remuneración: Consideró que,
conforme a las pruebas allegadas y recaudadas, se concluía que la demandante
tenía la obligación de asistir diariamente a prestar el servicio de apoyo y atención
a la población víctima de violación que se dirigía al antiguo Acción Social. Por
dicho servicio recibió una remuneración, conforme se advierte en los contratos
de prestación de servicios.

20. Subordinación: Se acreditó este elemento conforme a las declaraciones
recaudadas en el proceso, dado que en el desarrollo del servicio de la
demandante se presentaron las siguientes particularidades: i) para la concreción
de las actividades encomendadas siguió las órdenes y directrices de la dirección
nacional de la entidad, las cuales eran transmitidas por su jefe inmediato, así
como mandatos provenientes de manera directa de este último; y ii) las funciones
que desempeñaba están relacionadas con la misionalidad de la entidad
contratante.

21. En ese sentido, el Tribunal concluyó que en este caso se acreditó que la
actora recibió órdenes de sus superiores jerárquicos, cumplió un horario y sus
funciones eran permanentes en la entidad, elementos suficientes para acreditar
la existencia de la relación laboral.

1.6. Recurso de apelación

22. ElDepartamento Administrativo para la Prosperidad Social interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el propósito
de que se revoque y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditaron los elementos esenciales de la relación laboral.
Para sustentar su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:

23. Consideró que el Tribunal pasó por alto aspectos esenciales de las pruebas
que conllevaron a que se acreditara —sin estarlo— el elemento de la
subordinación. En detalle, reprochó el análisis de los testimonios recaudados en
el proceso de la siguiente manera:

a) El Tribunal no tuvo en cuenta, al analizar la declaración del señor Gilberto
Antonio Barros, que al interrogársele respecto a si él impartía órdenes a la
demandante, indicó directamente que no, dado que los lineamientos para el
servicio eran definidos desde el nivel central. Por lo tanto, de este testimonio se

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Demandante: Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea
concluye que el testigo no daba órdenes, sino lineamientos determinados desde
dicho nivel.

b) Consideró que ninguno de los testigos adujo que a la demandante se le
impuso un horario.

24. Que las pruebas aportadas denotan que la entidad enviaba un plan de trabajo
para ejecutarse en las regiones, sin que existiesen órdenes, sino una supervisión
de los contratos. De modo que la coordinación de los contratos no se puede
interpretar como mandatos, dado que ciertos lineamientos del contratante no
implican subordinación.

25. Que las actividades por las que se contrató a la actora no guardan relación
con la misión de la entidad ni estaban consignadas en el manual de funciones
respecto de un cargo en específico.

26. Finalmente, solicitó subsidiariamente en caso de que en segunda instancia se
considere que sí se acreditó la existencia de la relación laboral, se declare la
prescripción trienal de los emolumentos prestacionales —diferentes a los aportes
pensionales— a los que tendría derecho la actora con anterioridad al contrato del
año 2011.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

28. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandada, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

29. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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30. ¿Entre la señora Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (antes Acción Social) existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda?

31. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o
en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

32. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

33. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la
subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración.

34. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

35. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de
manera personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en
cualquier momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al
contratista, que desbordan la coordinación que debe existir entre ellos a la hora
de ejecutar el objeto contractual, se da paso a la continuada dependencia propia

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de los vínculos de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el
contratista no ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

36. En el expediente obran diferentes certificados de tiempos de servicios
expedidos por el área de Gestión de Talento Humano del 7 de diciembre de
20114, así como las minutas contractuales5, que dejan constancia que, entre las
partes, se suscribieron desde el 4 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de
2011 diferentes contratos de prestación de servicios para que la actora cumpliera
los siguientes objetos, en los períodos y por los valores que a continuación se
relacionan:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato u
orden de
trabajo
423 – 2007 Prestar con autonomía técnica y administrativa sus 4 de abril de 31 de $20.340.000
servIcIos profesionales a la Subdirección de Atención a 2007 diciembre de
la Población Desplazada de la ACCION SOCIAL (…) 2007
LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA tendrá
como sede base para la prestación de sus servicios la
ciudad de Riohacha.
086-AS/08 Prestar a Acción Social, por sus propios medios, con 18 de enero de 31 de $ 30.000.000
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 2008 diciembre de
Profesionales en la Subdirección de Atención a la 2008
145-AS/09 Población Desplazada en el Área de Atención 23 de enero de 31 de $31 .800.000
Humanitaria de Emergencias, para apoyar en el 2009 diciembre de
territorio al Coordinador de Atención a Población 2009
Desplazada en la implementación de las tareas, metas,
como de la planificación, interlocución, evaluación, y
monitoreo de las acciones pertinentes a la Atención
Humanitaria de la Población en situación de
desplazamiento en el marco de las estrategias que se
deriven para tal fin por la subdirección, así como,
contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes
actividades propias de esta dependencia (…) LUGAR
pe EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA tendrá como sede
base para la prestación de sus servicios la ciudad de
Riohacha.
415-AS/10 Prestar a Acción Social, por sus propios medios, con 18 de enero de 31 de $41 .676.000
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 2010 diciembre de
profesionales a la subdirección de atención a la 2010
población desplazada, para coadyuvar en la atención a
la población que se encuentre en riesgo o situación de
desplazamiento, así como contribuir y colaborar en el
desarrollo de las diferentes actividades propias de esta
dependencia (…) LUGAR pe EJECUCIÓN.- El
CONTRATISTA tendrá como sede base para la
prestación de sus servicios la ciudad de Valledupar,
Cesar.
481 – 2011 Prestar a ACCION SOCIAL, por sus propios medios, 19 de enero de 31 de $42.836.000
con plena autonomía técnica y administrativa, sus 2011 diciembre de
servicios profesionales encaminados a la prevención, 2011
atención y/o reparación a población víctimas de
violación de derechos humanos y/o infracción al
derecho internacional humanitario infracción víctimas
de desplazamiento, de la forma descrita en la
necesidad y obligaciones del contratista contenidas en
los estudios previos, los cuales forman parte integral del
contrato (…) LUGAR pe EJECUCIÓN.- El
CONTRATISTA tendrá como sede base para la
prestación de sus servicios la ciudad de Valledupar,
Cesar.

4
Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI – segunda instancia - C01 Principal - 03AnexosDemanda.pdf.
5
Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI – segunda instancia - C02 Principal -
02AnexosContestacionDemandaDAPS.pdf

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37. De lo anterior se concluye que la demandante prestó sus servicios en Acción
Social (hoy representada por el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social) entre el 4 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011,
mediante contratos de prestación de servicios. En este periodo, la actora
desarrolló actividades en la Subdirección de Atención a la Población
Desplazada, que, conforme a los contratos 086-AS/08, 145-AS/09, 415-AS/10 y
481-2011, tuvieron como objeto el apoyo en territorio a la población desplazada,
con la implementación de tareas tales como la planificación, interlocución,
evaluación y monitoreo de las acciones de atención humanitaria.

38. Con los anteriores documentos se acredita también la contraprestación —
que se refiere a los emolumentos recibidos por la contratista durante la ejecución
de las actividades convenidas— a partir de las cláusulas que discriminan los
honorarios recibidos.

39. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

40. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

41. En esos términos, se concluye de los contratos de prestación de servicios que,
entre el 4 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, la demandante tuvo
como lugar de trabajo las instalaciones de la entidad en la ciudad de Riohacha;
mientras que, entre el 18 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, realizó
sus actividades en las instalaciones de la entidad en la ciudad de Valledupar.

42. Para determinar la existencia o no de un horario de labores de la demandante
en la ejecución de su servicio, es necesario remitirse a las declaraciones rendidas
en el proceso.

43. Así, se encuentra que el señor Gilberto Barros Celedón, al interrogársele sobre
el horario que cumplía la demandante, indicó lo siguiente: «Pregunta: Cuál era el
horario de trabajo que cumplía la señora Carrillo en Acción Social. Es decir, ¿a qué hora
entraba y a qué hora salía? Contestó: La hora laboral era la que teníamos todos porque
había que tender de 8 a 12 y de 2 a 6. Esa era la jornada laboral para los siete
funcionarios que estábamos ahí en esa época, tanto los de planta como los de contrato.
Pregunta: Díganle al despacho si ese horario lo cumplía todos los días hábiles de la
semana. Contestó: Sí, claro, por supuesto, porque la atención a víctimas es diaria».

44. Porsu parte, Carlos Augusto Mestre Sandoval respondió, sobre el
cumplimiento de horario de su parte como de la demandante en el desarrollo de

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sus actividades en Acción Social, lo siguiente: «Pregunta: Dígale al despacho cuál
era el horario que cumplían ustedes, como usted también fue trabajador de Acción social,
cuál era el horario de trabajo que cumplían. Contestó: Como lo mencioné ahorita
nosotros estábamos ahí de 8 a 12 y de 2 a 6, dado que nos tocaba atender público y
entonces, pues como le expliqué ahorita también a la doctora Doris, nosotros debíamos
estar ahí de manera presencial y permanente para poder atender a las personas que
llegaran allá buscando información y orientación» (sic).

45. Finalmente, el señor Edwin Mendinueta Bermúdez indicó que, junto con la
demandante, cumplió, de lunes a viernes, un horario comprendido entre las ocho
de la mañana y las doce del mediodía y entre las dos y las seis de la tarde6.

46. De lo anterior se extrae que, en principio, todos los testigos coinciden en que
prestaron sus servicios junto con la demandante en Acción Social y que por eso
conocieron la jornada en que desempeñó su labor en la entidad, cuya
obligatoriedad era para todos —incluida la actora—, y se extendía entre las ocho
de la mañana y las doce del mediodía, y entre las dos y las seis de la tarde.

47. En ese sentido, aunque es posible que ella ejecutara su labor en una
determinada jornada, la jurisprudencia de esta Corporación24 ha considerado que
el cumplimiento de un horario, analizado de manera aislada, resulta insuficiente
para declarar la existencia de un vínculo laboral, pues en los contratos de
prestación de servicios la exigencia de disponibilidad temporal constituye un
parámetro lógico de coordinación, medida con la que se busca garantizar la
correcta ejecución del objeto convenido y la armonía con el funcionamiento
institucional, por tanto, la jornada señalada por los testigos carece de la
contundencia necesaria para probar, de forma autónoma e inequívoca, la
sujeción disciplinaria propia de la subordinación.

48. A pesar de esa aparente univocidad de los testigos en cuanto el horario de
labores de la demandante, la Subsección evidencia contradicciones en sus
declaraciones que impiden otorgarle la credibilidad necesaria para tener por
ciertos los hechos que con sus afirmaciones se pretendió probar, en especial lo
relacionado con el elemento de la subordinación.

49. En efecto, el señor Barros Celedón indicó que conoció a la demandante entre
los años 2006 y 20077 en la ciudad de Riohacha, dado que en ese momento
fungió como coordinador del programa de atención a la población desplazada 8
6
«Pregunta: Dígale al despacho cuál era el horario de trabajo que cumplía la señora Yadelmis. Contestó: En Acción
Social Yadelmis, al igual que mi persona y que todos los que elaborábamos allí, laborábamos en jornada completa de 8
a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes. Pregunta: Dígale al despacho si ese horario de trabajo lo cumplieron durante todo
el tiempo de servicio. Contestó: Absolutamente durante todo el tiempo de servicio, desde el primer día hasta el último
día que estuvimos allí laborando en esa entidad» (sic).
7
Sobre el particular este testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Nos puede indicar cómo conoció a la señora Yadelmis?
Contestó: A Yadelmis la conocí cuando laboraba en el departamento de La Guajira, específicamente en Riohacha. En el
año 2006 o 2007, algo así, 2007, fue que se conformó el equipo del cual yo pude tener atención a población desplazada
(…)».
8
En detalle el testigo sobre este particular dijo lo siguiente: «Pregunta: Bueno, quisiera que me informe si a usted le
consta qué funciones desarrollaba ella mediante el contrato de prestación de servicios. Contestó: Bueno, ella tenía unas
obligaciones específicas que las coordinaba yo en ese entonces, dirigida como le manifestaba exclusivamente a población
desplazada, en donde se implementaban actividades que tenían que ver con la atención humanitaria de urgencia y
emergencia a los desplazados (…)».

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en el cual prestó sus servicios la actora. También explicó que las actividades se
desarrollaban en la cabecera municipal de la ciudad, en dos sedes diferentes 9.
Por su parte, el señor Carlos Augusto Mestre Sandoval atestiguó que conoció a
la demandante en la ciudad de Valledupar en el año 2008, en razón a que
estaban vinculados en la misma área de trabajo10.

50. Y el señor Edwin Mendinueta Bermúdez adujo que la conoció desde el año
2008 —cuando ingresó a la entidad— hasta el 31 de diciembre de 2011 trabajó
con ella en el área de acción humanitaria de Acción Social en la ciudad de
Riohacha11.

51. De esas manifestaciones advierte la Sala contradicciones relacionadas con el
conocimiento directo de los testigos de las labores ejecutadas por la actora para
la demandada, lo que incluye el cumplimiento del horario de su parte. Ello, por
cuanto los señores Barros Celedón (2006-2007) y Mendinueta Bermúdez (2008-
2011) coincidieron en afirmar que conocieron a la demandante laborando en la
ciudad de Riohacha, en épocas distintas, pero Mestre Sandoval (2008) expresó
que ella desarrollaba su actividad en la ciudad de Valledupar, es decir en misma
época que Mendinueta Bermúdez expresó que lo era en Riohacha.

52. Las declaraciones del señor Mendinueta Bermúdez se contraponen con los
documentos que obran en el plenario, pues mientras los contratos evidencian que
la demandante entre el 18 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 prestó
sus servicios en la ciudad de Valledupar, el testigo expuso con alto grado de
certeza y convicción que dichas actividades se desarrollaron en la ciudad de
Riohacha.

53. Ante estas circunstancias, debe recordar la Subsección que el artículo 221 del
CGP, inciso tercero, establece que las declaraciones de los testigos deben ser
exactas y completas, para lo cual estos deben exponer la razón de sus
afirmaciones, lo que se traduce en la precisión de las condiciones de tiempo,

9
Al respecto dijo: «Pregunta: ¿Dígale al despacho en qué lugar exactamente prestaban ustedes el servicio? ¿Dónde
funcionaban las instalaciones de la entidad? Contestó: En las instalaciones que para la época funcionaban en la cabecera
municipal de Riohacha tuvimos dos sedes uno en la calle 7 que allá se conoce como calle Ancha y la inicial fue en unos
espacios que nos dio la gobernación del departamento en el inicio pero cuando estuvo Yadelmis bien vinculada eso
funcionaba en la que se conoce como calle Ancha en las instalaciones que fueron contratadas desde luego en ese
entonces por Acción Social hoy Prosperidad Social».
10
Este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: Hace cuánto tiempo y por qué causa conoció la señora
Yadelmis Contestó: Bueno, a Yadelmis la conozco desde el año 2008 cuando entré a la entidad y fuimos compañeros de
trabajo, digamos que de alguna manera estábamos en el mismo en la misma área que era eh atención a público de las
víctimas y allí nos conocimos en la ciudad de Valledupar Pregunta: o en la ciudad de Riohacha Contestó: En la ciudad de
Valledupar».
11
En particular este declarante dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿En dónde ha laborado y durante qué periodos? Contestó:
La mayor parte del tiempo he laborado en la ciudad de Santa Marta. También me desempeñé como abogado litigante en
algún momento en la ciudad de Barranquilla, y como funcionario en Riohacha, en La Guajira. Pregunta: ¿Usted subió a
Riohacha en qué periodo? Contestó: Del año 2008 al año 2011. A 2011. Pregunta: ¿Nos puede indicar de qué manera
conoció usted a la demandante y hace cuánto tiempo? Contestó: A Yadelmis Benjumea la conocí en el año 2008, cuando
llegué a la ciudad de Riohacha a ser parte de la que era entonces la, se llamaba en ese entonces, Acción Social (…) Para
esa fecha que yo me vinculé, enero de 2008, la entidad se llamaba Acción Social (…) Pregunta: Usted trabajó, según
indicó, entre el 2008 y el 2011. Y, ¿durante cuánto tiempo estuvo la señora Yadelmis prestando servicio, si lo sabe, en la
ciudad de Riohacha? Contestó: Yadelmis se vinculó en abril del 2007, y yo me vinculé en enero del 2008. Yadel
estuvo hasta diciembre de 2011, igual que yo, 31 de diciembre de 2011. Pregunta: ¿siempre estuvo ella ubicada en
la ciudad de Riohacha? Contestó: En la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira.

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modo y lugar en que conocieron cada hecho y la forma en que llegaron a su
conocimiento.

54. Asimismo, la doctrina enseña que la eficacia probatoria de la declaración de
terceros está íntimamente relacionada con la coherencia tanto interna (es decir,
la razón del dicho del testigo respecto de su conocimiento particular de los
hechos) como externa (esto es, la coherencia y complementariedad que existe
entre los diferentes deponentes que declaran sobre los mismos hechos), dado
que, sin ello, es imposible que a través de estos se tenga certeza sobre los
hechos que se pretenden hacer valer con sus dichos:

«(…) Para la eficacia probatoria de dos o más testimonios, no basta que haya acuerdo
en la manifestación de ser cierto o de que les consta el hecho objeto del interrogatorio
o de su exposición espontánea, sino que es indispensable que todos expliquen
cuándo, en qué lugar y de qué manera ocurrió el hecho y que haya también
acuerdo en sus deposiciones sobre esas tres circunstancias, y, además, que
expliquen cómo y por qué lo conocieron.

Es decir, que aun bajo una tarifa legal el juez goza de un amplísimo campo de libertad
de criterio, para valorar el mérito de los testimonios que presenten acuerdo en el
hecho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió, según las
explicaciones que cada uno contenga y respecto a la manera como cada testigo pudo
tener conocimiento de tal hecho y de esas circunstancias (…)»12.

55. Bajo estos planteamientos, la Subsección concluye que las declaraciones
rendidas en el presente proceso por el señor Mestre Sandoval no es clara en
cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la demandante prestó
sus servicios para la demandada, razón por la cual, la Sala le resta mérito
probatorio.

56. En cuanto al dicho del señor Mendinueta Bermúdez también la Sala le resta
credibilidad, pues si bien es cierto el tiempo que afirmó conoció a la demandante
laborando para la demandada (2008-2011) lo fue en La Guajira, lo cierto es que
solo lo hizo hasta el año 2009, pues de 2010 en adelante prestó sus servicios en
Valledupar.

57. Pero como en sus afirmaciones no hubo separación de lugar alguno, sino que
específicamente se señaló como lugar de prestación de servicios La Guajira, sus
dichos no permiten acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
la demandante ejecutó su actividad. Esto es, no es posible establecer con
claridad en qué momentos cada uno de estos testigos conoció de forma directa,
con exactitud y plenitud, las particularidades del servicio de la demandante.

58. Lo que no ocurre con el dicho del señor Barros Celedón pues este afirmó
conocer a la actora en La Guajira en los años 2006 y 2007, cuando prestaba sus

12
Devís Echandía H., Teoría General de la Prueba Tomo II (2022). Editorial Temis P.114 y siguientes.

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servicios a la demandada, lo cual guarda correspondencia con el contrato
allegado al proceso de 2007, razón por la cual, la Sala valorará bajo la sana crítica
su dicho.

59. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la entidad
contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es un
requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

60. En el recurso de apelación, la entidad demandada censuró la valoración
probatoria realizada por el Tribunal, lo que conllevó a que acreditara —sin
estarlo— que la aquella le impartió órdenes y direccionamientos a la
demandante.

61. Para la Sala, le asiste razón a la recurrente, pues del análisis conjunto de las
pruebas obrantes en el expediente no se desprenden elementos de juicio claros
que permitan afirmar que la antigua Acción Social ejerció de manera decisiva la
dirección y el control efectivo de las actividades desarrolladas por la señora
Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea, al punto de desdibujar su autonomía.

62. El testigo Barros Celedón dijo que fue jefe inmediato de la demandante, porque
«fungía como coordinador de atención a esa población desplazada. Así me encargaba
de todo lo que tenía que ver con el proceso de atención a través de esos cuatro
funcionarios que fueron contratados en ese equipo para tal fin» (sic). A la pregunta
«¿manifieste al despacho si usted impartía órdenes a la señora Yadelni Sofía Carrillo
Benjumea» contestó: «sí, desde luego, había unas directrices a través de un lineamiento
a nivel nacional que se hacía por parte de la subdirección y se bajaba al territorio a través
de ese protocolo de atención humanitaria de inmediata, de urgencia y emergencia que
se hacía en ese entonces. Hacíamos una reunión mensual y se planificaba lo que se
hacía o se iba a hacer durante el mes» (sic).

63. A la pregunta: «¿manifieste al despacho si las órdenes que usted impartía a la
señora Yadelni Sofía Carrillo Benjumea estaban estipuladas en el contrato de servicios
profesionales?» contestó: «sí, todas. Tenía varias y aparte de ellas las que le
manifestaba que no estaban contempladas allí de pronto porque precisamente el
contrato decía y otras como todos los contratos se requieran para la prestación del
servicio y como le manifestaba al principio a todos nos tocaba contestar, por ejemplo,
derechos de petición que se hacían en ese entonces apoyo al área de retorno cuando
se trataba del tema de atención humanitaria para llevar a esas comunidades y las
jornadas interinstitucionales que se hacían por parte de los entes territoriales a solicitud
de comunidades confinadas como le decía del pueblo Kogi recuerdo esa, el pueblo viejo
Nubillaca y otras como la de Laguna Limón» (sic); a la pregunta: «¿manifieste al

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despacho si las funciones que usted acaba de mencionar estaban fuera del contrato de
prestación de servicios profesionales?» contestó: «esas tres que nombré al final sí
estaban por fuera del contrato a contestar derechos de petición»; a la pregunta:
¿manifieste al despacho que otras funciones cumplía la señora Yadelvis Carrillo
Benjumea que fueran fuera del contrato de servicios profesionales?» contestó «las que
le acabo de mencionar contestar derechos de petición apoyar otras áreas diferentes a
las que ella estaba como la de retorno que era lo que se hacía en ese entonces retornos
individuales y colectivos de algunas comunidades y jornadas interinstitucionales en
sector rural eso no estaba contemplado dentro del contrato».

64. Del certificado expedido en 17 de abril de 2012 por el subdirector de
contratación del DPS se hizo constar que el objeto del contrato celebrado entre
las partes del 4 de abril al 31 de diciembre de 2007 fue « prestar con autonomía
técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Subdirección de Atención
a la Población Desplazada de la ACCION SOCIAL» en el texto del contrato se
estipularon obligaciones generales del contratista, dentro de las que se destaca
como incluidas las que se encuentren en los términos de referencias, que son:

«. Cumplir con el objeto del contrato y responder por la calidad del servicio contratado.
. Elaborar y entregar al supervisor del contrato los informes requeridos, con respecto
a las actividades desarrolladas por el contratista.
. Apoyar las acciones requeridas por el coordinador, Ia de atención a población
desplazada para implementar en el territorio la atención humanitaria de la población
en condición de desplazamiento, en el marco de las estrategias que se generen por
la subdirección de atención a población desplazada de ACCION SOCIAL.
. Implementar las actividades pertinentes a la atención humanitaria en la urgencia y
emergencia en los desplazamientos individuales contempladas en la atención directa
por proveedor, alojamiento por resolución, entre otras. b) garantizar la atención cálida
oportuna y eficiente cuando ésta se presta por operador humanitario u otros a través
de convenios especiales (CHF, OPSR, CICR, Batuta o los demás que se realicen).
. Hacer seguimiento a la atención que se brinda a través del operador.
. Realizar tareas que permitan: a) reconocer la población, b) identificación y trámite
de las solicitudes de ayudas requeridas, e) planificación, acompañamiento y
monitoreo en las entregas respectivas y d) monitoreo y seguimiento de las tareas
realizadas e) otras que sean pertinentes.
. Participar en los comités operativos con el operador.
. Planificar y Coordinar las actividades establecidas en el marco de los comités locales
que surjan de los convenios establecidos para la atención humanitaria como OPSR,
BATUTA, CICR, CHF, como el seguimiento a los co-ejecutores que estén adscritos a
estos convenios.
. Elaborar los reportes cuantitativos y cualitativas requeridos por el nivel nacional en
relación con la dinámica de la atención humanitaria acaecida en el territorio.
. Apoyar la coordinación con el SNAIPD en el territorio en lo relativo a la atención
humanitaria.
. Aplicación de los instrumentos tendientes a medir satisfacción del usuario en la
atención humanitaria, el marco del procesa de mejoramiento continuo.
. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se
impartan por parte del supervisor del contrato.
. Sistematizar y llevar un registro documental de las actividades y procesos
desarrollados en cumplimiento del contrato.
. Las demás inherentes al desarrollo del objeto del presente contrato».

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65. De las obligaciones ejecutadas por la demandante y señaladas por el testigo
como no estipuladas en el contrato, constata la Sala que no es cierto que no
estuvieran contempladas, pues quedaron señaladas en una generalidad que no
permite presumir subordinación del simple clausulado, por no ser la labor de
aquellas que esta Subsección ha aceptado como tal (docentes, celadores,
secretarias, auxiliares de enfermería, entre otros) y porque para satisfacer el
objeto contractual debía atender instrucciones del supervisor del contrato, así
como apoyar las acciones requeridas por el coordinador.

66. En ese orden, contestar derechos de petición, apoyar otras áreas diferentes a
las que la demandante estaba como la de retorno de algunas comunidades y
jornadas interinstitucionales en sector rural, no son actividades ausentes de los
compromisos adquiridos en el contrato de prestación de servicios, en todo caso,
la simple ejecución de ellas no conlleva a tener por acreditada la continua
dependencia de la contratista, pues del testimonio no se advierte afirmación
alguna relacionada con que se le indicara la forma en que debía ejecutar esas
labores como tampoco que se le haya impuesto reglamento alguno. Ello se
corrobora con su propia manifestación, al contestar a la pregunta «en ese sentido,
usted impartía órdenes, o más bien lo que hacía era operar y orientar, ¿cuál de las dos?
Contestó: a ver no era que impartía órdenes había unos lineamientos impartidos desde
el nivel nacional por la subdirección de atención a población y esos lineamientos
precisamente a través de las reuniones que hacíamos eran impartidos por mí desde
luego porque era mi función como coordinador» (sic).

67. En ese contexto, se concluye que, si bien en un principio el testigo indicó que
impartió directrices a la demandante sobre la manera de desarrollar su servicio
—e incluso dijo que le daba órdenes diferentes al objeto del contrato—, ante una
pregunta posterior de aclaración modificó su posición y precisó que no le impartía
órdenes a la actora, sino que,—como coordinador—, se conocían los
lineamientos determinados a nivel nacional en las reuniones que se realizaban.

68. Asimismo, además de las declaraciones ya estudiadas, en el expediente no
existen elementos probatorios de que se infiera algún direccionamiento, control
o imposición por parte de la entidad sobre la demandante en la ejecución de sus
contratos, pues los documentos relativos a la contratación de la demandante
resultan insuficientes para acreditar ello.

69. En cuanto al argumento de primera instancia relacionado con que las labores
de la demandante coadyuvaron a la consecución del objeto misional de la
entidad, la Sala reitera que, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80
de 1993 se permite la celebración de contratos de prestación de servicios para
«desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad». Por lo que dicho planteamiento no es pertinente, por sí solo, para
acreditar la existencia de la relación laboral en este caso.

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70. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores13.

71. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»14.

72. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para en su
lugar negarlas. Por sustracción de materia, no se estudiará el segundo problema
jurídico.

2.5. De la condena en costas

73. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

74. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
14
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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75. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

76. En el caso concreto procede la condena en costas a la parte demandante,
pues, la sentencia de primera instancia será revocada, y prosperan los reparos
del recurso en cuanto a que no se acreditó el elemento de subordinación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones, en su
lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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