Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00127-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00127-01 (0180-2024)
Demandante: Alan Armando Ávila Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00127-01 (0180-2024)
Demandante: Alan Armando Ávila Torres
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó
pretensiones de la demanda por no acreditarse el elemento de
la subordinación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
7 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
La parte demandante solicitó que se declarara la nulidad del oficio OAJ 28253
2.
del 11 de julio de 2019. Como consecuencia, pidió que se declarara la existencia
de una relación laboral entre las partes durante los períodos comprendidos entre
el 1 de febrero de 2015 y el 19 de agosto de 2017, y entre el 4 de enero y el 30
de diciembre de 2018, sin solución de continuidad durante cada uno de ellos.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la demandada le
3.
reconociera y pagara al actor la totalidad de los salarios, las prestaciones sociales
y las demás acreencias laborales, junto con sus respectivos intereses causadas
1
01. DemandaYAnexos.pruebas – Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
en el tiempo de prestación de sus servicios. Entre ellas, relacionó las vacaciones,
el subsidio de transporte, la dotación, las primas de Navidad y de vacaciones, la
bonificación por servicios prestados, la devolución de las sumas retenidas en la
fuente, los aportes al Sistema General de Seguridad Social, la indemnización por
despido sin justa causa y la sanción moratoria por el no pago de las acreencias
laborales.
Finalmente, solicitó que se condene en costas a la parte demandada, los
4.
perjuicios y agencias en derecho.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5. El señor Alan Armando Ávila Torres suscribió contratos de prestación de
servicios con el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entidad adscrita al Ministerio
de Transporte, entre el 1 de febrero de 2015 y el 19 de agosto de 2017, y desde
el 4 de enero hasta el 30 de diciembre de 2018.
6. La relación contractual se desarrolló sin solución de continuidad, con la
ejecución de actividades como abogado en la Oficina Asesora Jurídica, labor que
el demandante calificó de permanente e indispensable para el cumplimiento del
objeto y de las funciones institucionales de la entidad.
7. Afirmó el actor que se le asignó un puesto de trabajo; recibía instrucciones de
funcionarios directivos y coordinadores de la entidad; debía cumplir los horarios
establecidos y no podía ausentarse sin permiso, y se le suministraron los
elementos necesarios para ejecutar los contratos, tales como computador,
teléfono y correo electrónico.
8. Entre las funciones desarrolladas se encontraban las siguientes: apoyar la
elaboración de respuestas a los requerimientos de la Contraloría General de la
República; emitir conceptos jurídicos escritos y verbales; asistir a las reuniones
convocadas por la jefa de la oficina; responder los requerimientos de entidades
públicas y privadas; impartir instrucciones al personal de planta; revisar
documentos jurídicos, y atender derechos de petición y requerimientos de los
organismos de control.
9. Por lo anterior, el 17 de junio de 2019 presentó reclamación administrativa ante
el INVÍAS, en la que solicitó que se declarara la existencia de una relación laboral
encubierta. No obstante, mediante el oficio OAJ 28253 del 11 de julio de 2019, la
entidad respondió negativamente su petición.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Se invocaron como vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29,
10.
48, 53, 83 y 209 de la Constitución Política. En cuanto a las disposiciones legales,
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
se citaron los artículos 3 y 4 del Decreto 1919 de 2002; el artículo 51 del Decreto
1848 de 1969; los artículos 5 y 8 del Decreto 1045 de 1978; el Decreto 1042 de
1978; los artículos 1 y 2 del Decreto 1252 de 2002; el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990; los artículos 40, 43 y 51 del Decreto 2127 de 1945; la Ley
6 de 1945; el artículo 1 del Decreto Reglamentario 797 de 1949, y «las demás
disposiciones que apliquen en la relación laboral derivada entre el actor y el
INVÍAS de derecho público».
11. Explicó que el acto demandado se encontraba incurso en las causales de
nulidad de «violación de normas superiores», «infracciones de las normas en que
debía fundarse» y «falsa motivación», dado que, para su expedición, no se
tuvieron en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política, ni las leyes y los decretos que regulan los presupuestos
para declarar la existencia de una verdadera relación laboral y reconocer las
prestaciones sociales consecuentes.
Reprochó que, si bien celebró contratos de prestación de servicios con el
12.
INVIAS, en la práctica su vinculación fue laboral y no contractual, pues se
acreditaron los tres elementos inherentes a la relación laboral, a saber: prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación.
1.4. Contestación de la demanda
13.El Ministerio de Transporte2 contestó la demanda por conducto de
apoderado y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dado que, en su
criterio, carecían de sustento jurídico, fáctico y probatorio.
14.En cuanto a los hechos relatados en la demanda, expuso que no le constaban,
pues, si el actor suscribió contratos de prestación de servicios con el Estado, lo
hizo con una entidad distinta del Ministerio de Transporte. Por tanto, solicitó que
se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
15.INVÍAS3 contestó la demanda de forma extemporánea según lo decidido por
el a quo el 22 de agosto de 20224, confirmado en auto del 27 de septiembre de
20225.
1.5. Sentencia de primera instancia6
16.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
«D» dictó sentencia el 7 de diciembre de 2023, mediante la cual declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
2
08.ContestacionDemandaMin.Transporte.pdf – Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
3
11. ContestacionDemandaInvias.pdf – Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
4
22. 2021-00127 OK FijaFechaA.pdf - Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
5
29.AutoResRepoReproAudInicial.pdf - Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
6
51.SentenciaPrimeraInstancia.pdf - Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
Transporte, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida.
17.Preliminarmente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto del Ministerio de Transporte, porque el acto objeto de
censura fue expedido por el INVÍAS, entidad que cuenta con personería jurídica
y autonomía administrativa, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2171 de
1992. Además, fue con esta última entidad con la que el demandante suscribió
los contratos de prestación de servicios respecto de los cuales reclamó la
existencia de una relación laboral. En consecuencia, como el Ministerio no
participó en la relación contractual ni expidió el acto administrativo demandado,
no estaba legitimado para responder por las pretensiones.
18.En cuanto al fondo del asunto, expuso que el demandante prestó sus
servicios en favor del INVÍAS mediante contratos celebrados durante los
períodos comprendidos entre el 1 de febrero de 2015 y el 19 de agosto de 2017,
y desde el 4 de enero hasta el 30 de diciembre de 2018. Durante esos lapsos
desarrolló actividades de apoyo jurídico en la Oficina Asesora Jurídica.
19.No obstante, el demandante no cumplió la carga de demostrar que la entidad
ejerció sobre él subordinación. En detalle, explicó que los declarantes no dieron
cuenta de que al actor le impartieran órdenes específicas que implicaran
dependencia o que los direccionamientos fueran diferentes a los establecidas en
los contratos. Tampoco señalaron que cumplieran un horario; por el contrario,
manifestaron que las actividades desarrolladas se ceñían a las pactadas
contractualmente.
20.Asimismo, indicó que el cumplimiento de un horario no se demostró mediante
los reportes de marcación de ingreso y salida, en los que se observa que el
demandante ingresaba a la entidad entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m., mientras
que su salida no tenía una hora determinada.
21.Las pruebas documentales, por su parte, únicamente demostraron la
existencia de correos electrónicos enviados por la jefa de la Oficina Asesora
Jurídica con diferentes instrucciones relacionadas con las actividades
contratadas; documentos relativos a los requerimientos de la Contraloría General
de la República en los que intervino el actor; memorandos de asignación de
actividades, y correos relacionados con solicitudes y autorizaciones para
ausentarse, así como con la asistencia a reuniones y la presentación de reportes.
A juicio del Tribunal, estos documentos tampoco acreditaban la subordinación en
la prestación del servicio.
Recalcó el a quo que la presentación de informes no era suficiente para
22.
demostrar la existencia de una relación laboral, pues formaba parte de la
supervisión necesaria durante la ejecución de los contratos y estaba consagrada
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
como una obligación legal en los numerales 1 y 4 del artículo 4 de la Ley 80 de
1993.
23.Además, atendiendo a la naturaleza de los contratos y a que el demandante
poseía los conocimientos necesarios para ejecutar las actividades contratadas,
concluyó que estas se desarrollaron con autonomía, sin que pudiera sostenerse
válidamente lo contrario, pues no obraban pruebas que así lo demostraran.
24.Tampoco se probó la equivalencia entre las funciones desarrolladas por el
actor y las asignadas al empleo de «asesor, código 1020, grado 10». Además,
los testigos señalaron que las actividades del demandante no eran
desempeñadas por personas vinculadas a la planta de personal de la entidad.
1.6. Recurso de apelación
25.El demandante7, por medio de su apoderado, presentó recurso de apelación,
solicitando que se revocara la decisión de primera instancia. Para tal fin, propuso
los siguientes argumentos:
26.En cuanto a la legitimación en la causa de las demandadas, solicitó que se
revocara la decisión mediante la cual se declaró probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación–Ministerio de Transporte y que, en su lugar,
se declarara a esta entidad solidariamente responsable de la eventual condena,
toda vez que «para este tipo de entidades bastará eliminar al INVÍAS, para burlar
los derechos de los trabajadores y hasta aquellos que sean reconocidos en
sentencias judiciales». Además, sostuvo que en la sentencia no se tuvo en cuenta
que el INVÍAS es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, circunstancia
que, a su juicio, resultaba relevante para garantizar los derechos laborales del
demandante.
27.En lo relacionado con la declaratoria de la relación laboral encubierta, explicó
que el Tribunal pasó por alto la presunción de subordinación contenida en el
artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, según el cual el «contrato de trabajo se
presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o
aprovecha; corresponde a este último destruir la presunción». Por esta razón,
solicitó que dicha presunción fuera aplicada en segunda instancia.
Reprochó la escasa valoración de los testimonios y de los más de 800 folios
28.
que integran el expediente, pues, de haberse realizado un análisis adecuado, se
habría concluido que el demandante estuvo sometido a subordinación.
Explicó que las declaraciones fueron espontáneas y libres, y que daban cuenta
29.
de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que el demandante prestó sus
7
53RecursoApelacionParteDemandante.pdf - Expediente digital Visible en el aplicativo SAMAI de primera instancia.
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
servicios y, especialmente, de la subordinación a la que estuvo sometido. En
concreto, señaló que de ellas se desprendía que el actor: i) tenía personal a su
cargo; ii) revisaba las actividades desarrolladas por el personal de planta y los
contratistas; iii) recibió elementos de trabajo sujetos a inventario y no podía
delegar las actividades contratadas; iv) no era autónomo en el ejercicio de sus
actividades como abogado, pues era supervisado por la jefa de la Oficina Asesora
Jurídica del INVÍAS y por el supervisor del contrato, y v) cumplía un horario.
Sobre los documentos, adujo que en el expediente obran dos informes de
30.
actividades presentados por el demandante, en los que se evidencian las labores
que desarrolló y que corresponden con lo manifestado por los testigos.
31.Asimismo, señaló que en el expediente reposan correos electrónicos que
evidencian lo siguiente: i) la señora Claudia Isabel Marín, empleada de planta
que se desempeñaba como secretaria, se dirigía al demandante como jefe y le
solicitaba orientación acerca del abogado al que debía asignarse un
requerimiento; ii) mediante un correo enviado por el demandante, este ordenó a
la secretaria de la entidad asignar una entrada a la abogada Yeine Barbosa; iii)
en otro correo se autorizó al actor para ausentarse del trabajo con el fin de
sustentar su tesis de maestría, y iv) existen otros mensajes en los que se
evidencia que solicitaba permiso para ausentarse del servicio.
32.Finalmente, censuró que el Tribunal no aplicara respecto del INVÍAS la
presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión, derivada de la
falta de contestación oportuna de la demanda, en los términos del artículo 97 del
CGP.
1.7. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación se admitió a través de auto del 4 de marzo de 2024,
33.
en el que se puso de presente que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde la admisión hasta el momento en que el proceso ingresara al despacho
para proferirse el fallo. No obstante, guardó silencio.
34.Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
36.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, comoquiera que
solamente apeló la parte demandante, la resolución del caso en esta instancia se
ceñirá a los argumentos expuestos en el recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
37.De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
38.¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Transporte en el asunto que se debate en esta oportunidad,
respecto a las pretensiones que soportaron la demanda del actor?
39.Resuelto lo anterior, se estudiará si, ¿entre el señor Alan Armando Ávila Torres
y alguna de las entidades demandadas (o ambas) existió una relación laboral
encubierta en el período reclamado en la demanda por configurarse sus
elementos esenciales?
De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
40.
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocados en el líbelo inicial y si la
entidad responsable de la imputación de la condena.
2.3. Primer problema jurídico – Legitimación en la causa de la Nación –
Ministerio de Transporte
De la legitimación en la causa
41.La legitimación en la causa constituye uno de los presupuestos necesarios
para que puedan prosperar las pretensiones de la demanda. Desde la
perspectiva activa, supone que quien acude al proceso sea el titular del interés
jurídico que se debate; y, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico-
procesal, implica que el demandado sea el sujeto llamado a responder, con
fundamento en la relación jurídica sustancial discutida, por el derecho o interés
objeto de controversia.
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
42.Por consiguiente, la figura de la legitimación en la causa es la capacidad
subjetiva para ser parte en el proceso y, además constituye un presupuesto
procesal para que se profiera decisión de fondo en la litis.
43.La jurisprudencia del Consejo de Estado10, ha diferenciado la legitimación en
la causa de hecho y material. Ha entendido la primera como la relación procesal
que se establece entre el demandante y el demandado, mediante la pretensión
procesal; o, en otras palabras, la relación jurídica nacida de la atribución de una
conducta en la demanda y de la notificación de esta al demandado.
44.Por lo tanto, se aduce que quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho
por activa, y a quien se cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva,
después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Y por la segunda,
legitimación ad causam material, alude a la participación real de las personas.
45.De esa manera, esta Corporación ha sostenido que la legitimación en la causa
de hecho se refiere a la relación procesal entre el demandante y el demandado y
nace con la presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio una
vez se traba la litis. En contraste con esta, la legitimación en la causa material
alude a la relación que nace entre las partes como consecuencia de los hechos
que dan lugar al litigio.
Del agotamiento de la actuación administrativa como requisito de
procedibilidad para activar la competencia de la jurisdicción de lo
Contencioso-administrativa en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
46.Esta Sección, en sus dos subsecciones11, ha preceptuado que la actuación
administrativa es necesaria y constituye el punto de partida de una eventual
disconformidad judicial con las manifestaciones de voluntad proferidas en actos
administrativos sobre situaciones jurídicas concretas y determinadas. En efecto,
en el curso de la actuación administrativa, el titular o interesado en un derecho
particular reclama ante la entidad estatal su reconocimiento, modificación o
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de
dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23- 31-000-1993-
0090-01(14452).
11
Al respecto ver Sentencia de 26 de abril de 2018, Consejo de Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr.
William Hernández Gómez, radicación 52001-23-33-004-2014-00276 (3164-2015). Esta providencia en detalle, dice lo
siguiente: «(…) Ahora, debe señalarse que si bien con la Ley 1437 de 2011, desapareció el concepto de vía gubernativa,
ello no quiere decir que no subsista la obligación de pedir ante la administración el derecho que eventualmente se
reclamará en vía judicial, es decir, no se ha eliminado ese requisito, pues es claro que cuando se pretenda el
reconocimiento de un derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, este se hace a través de la solicitud de
nulidad del acto que creó, modificó o extinguió una situación jurídica para el demandante y su consecuente
restablecimiento, concepto que se ha reconocido como el principio de la decisión previa (…)».
Asimismo, puede consultarse de manera reciente auto dictado el 24 de noviembre de 2023 en proceso bajo radicado
50001-23-33-000-2017-00064-01 (5757-2022), C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez (E). Auto dictado el 29 de febrero de
2024 dentro del proceso bajo radicado 25000 23 42 000 2018 00385 01 (2085-2023), C.P: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
En cuanto a la Subsección B de esta Sección, se destaca auto del 24 de mayo de 2024, proferido dentro del proceso bajo
radicado 25000-23-42-000-2021-00100-01 (1055-2022), C.P: César Palomino Cortés.
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adecuación, lo cual exige que esta se pronuncie de forma definitiva frente a la
petición de su interés.
47.Según esta Subsección, el agotamiento de la actuación administrativa tiene
una triple función en el marco constitucional y legal colombiano: garantía del
debido proceso y del derecho de defensa del administrado; oportunidad para que
la administración se pronuncie sobre las solicitudes de los administrados para los
cuales están legitimados y, posteriormente, revise sus propios actos —conocido
como el principio de decisión previa o autotutela—; y presupuesto procesal para
presentar la demanda12.
48.De esa manera, previo a la presentación de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138
del CPACA, es necesario que la administración se pronuncie o bien directamente
y de fondo —«en consonancia con las razones de necesidad, urgencia,
pertinencia y demás elementos cuyo análisis considere relevantes para emitir los
actos administrativos»13—, con la respectiva interposición de los recursos que al
efecto dispone el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 14, o a través
de la ficción legal del silencio administrativo. Lo anterior configura y materializa
el principio de autotutela y el presupuesto procesal de la acción, necesario para
que el pronunciamiento contenido en un acto administrativo pueda ser atacado
en sede judicial mediante las causales de nulidad previstas en el artículo 137
ibídem15.
49.De modo que, a contrario sensu, si la administración no profiere un acto
administrativo expreso o presunto, debido a que ante ella no fue reclamado el
desconocimiento de un derecho particular que activara su competencia, no es
viable adelantar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
respecto de la entidad correspondiente. Y, en caso de presentarse la demanda,
resulta inviable su estudio de fondo, dado que no se agotó el paso previo,
elemental y esencial para abordar el asunto jurisdiccionalmente, esto es, el
pronunciamiento del Estado mediante un acto administrativo expedido en el curso
de una actuación administrativa.
12
Sentencia de 22 de noviembre de 2018, Consejo de Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas, radicación 080012333000201500845 01 (3906-2017).
13
Auto del 24 de mayo de 2024, proferido dentro del proceso bajo radicado 25000-23-42-000-2021-00100-01 (1055-
2022), C.P: César Palomino Cortés.
14
«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de
requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos
que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible
el requisito al que se refiere este numeral».
15
Según este artículo, aplicable por remisión del artículo 138 del CPACA, las causales por las que se puede endilgar la
nulidad del pronunciamiento de fondo (o definitivo) de la administración son las siguientes: i) expedidos con infracción en
las normas en las que deberían fundarse; ii) sin competencia; ii) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa;
iv) falsa motivación; v) desviación de poder de quien las profirió.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00127-01 (0180-2024)
Demandante: Alan Armando Ávila Torres
50.Sin dicho pronunciamiento, de una parte, se torna imposible estudiar
judicialmente la eventual legalidad o ilegalidad del acto acusado de desconocer
derechos subjetivos, a partir de las causales de nulidad que contemplan las
disposiciones que regulan el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. De otra parte, existe una consecuente inviabilidad de reconocer un
eventual restablecimiento del derecho respecto de eventos o circunstancias
sobre los cuales la administración no se ha pronunciado y, mucho menos, ha
negado. Ello, como se dijo, contraviene los principios de autotutela y decisión
previa que regulan sus actuaciones antes de cualquier sometimiento judicial
sobre el particular.
51.Todo lo anterior se resume en que, si no existe un acto administrativo
producido por una entidad pública que resuelva de fondo la situación jurídica
concreta que persigue un particular, no es procedente demandarla o
posteriormente condenarla dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, debido a la simple razón de que no se pronunció
de fondo —ni expresa ni presuntamente— a través de un acto administrativo que
comprometiera la manifestación de su voluntad.
52.Por esa razón, es improcedente considerar también su legitimación material
en la causa por pasiva para responder por posibles condenas en caso de ser
demandada, en tanto que, si previamente no hubo un acto administrativo,
procesal y materialmente no existe un pronunciamiento previo que permita
vincular su actuación con la posible vulneración de un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica del demandante, en los términos que dispone
el artículo 138 del CPACA.
Solución del primer problema jurídico
53.En el recurso de apelación, el actor discrepó de la decisión del Tribunal
mediante la cual declaró probada la falta de legitimación material en la causa por
pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte. A su juicio, la eventual condena
que se imponga a su favor, a título de restablecimiento del derecho, debe recaer
solidariamente sobre esta entidad y el INVÍAS, pues este último es un
establecimiento público adscrito al Ministerio. Agregó que bastaría con que se
suprimiera el INVÍAS para que se desconocieran los derechos invocados como
vulnerados.
La Subsección considera que no le asiste razón al recurrente en este punto
54.
del recurso de alzada, por las siguientes razones:
55.Como se explicó, para demandar a una entidad pública mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, se requiere que el interesado
formule previamente una reclamación administrativa y que esta dé lugar a un
pronunciamiento de fondo contenido en un acto administrativo, expreso o
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presunto, que, a juicio de la parte, desconozca algún derecho y se encuentre
incurso en una o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 137
del CPACA.
56.Sin este presupuesto, no existe una manifestación de voluntad de la
administración susceptible de ser demandada ante la jurisdicción. Por
consiguiente, aun cuando se vincule al proceso una entidad que no expidió el
acto ni resolvió la reclamación, esta carece de legitimación material en la causa
por pasiva, porque no existe una actuación que la relacione con la pretensión
principal del medio de control, esto es, la nulidad del acto acusado.
57.Esta condición no se cumple respecto de la Nación – Ministerio de Transporte,
pues la pretensión de nulidad no recae sobre un acto expedido por esta entidad,
sino sobre el oficio OAJ 28253 del 11 de julio de 2019, proferido por el INVÍAS,
establecimiento público del orden nacional, descentralizado por servicios, con
personería jurídica y autonomía administrativa, de conformidad con el artículo 52
del Decreto Ley 2171 de 1992.
58.Por tanto, no puede sostenerse que exista una relación material entre la
Nación – Ministerio de Transporte y las pretensiones del demandante, dado que
aquella entidad no se pronunció administrativamente sobre sus reclamaciones,
presupuesto previo para acudir a la jurisdicción mediante este medio de control.
59. Además, como el INVÍAS cuenta con personería jurídica y autonomía
administrativa y presupuestal, tiene capacidad para comparecer autónomamente
al proceso judicial, de conformidad con el artículo 159 del CPACA, y se encuentra
legitimado materialmente en la causa por pasiva. Máxime cuando fue la entidad
que expidió el acto administrativo demandado.
60.Asimismo, el hecho de que el INVÍAS sea un establecimiento público adscrito
al Ministerio de Transporte se refiere a la tutela administrativa que ejerce el
organismo central sobre el cumplimiento de sus funciones misionales. Sin
embargo, ello no permite afirmar que dicho control se extienda a las posibles
responsabilidades derivadas de la actuación del INVÍAS, pues este cuenta con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente para
responder por ellas. Con mayor razón cuando se trata, como en este caso, de un
asunto de naturaleza laboral derivado del desarrollo cotidiano de las actividades
propias de la entidad.
61.En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para despachar
desfavorablemente la petición del recurrente de declarar legitimado en la causa
por pasiva a La Nación – Ministerio del Transporte. Como consecuencia, se
procederá a estudiar si, a la luz del marco jurídico y las pruebas que reposan en
el expediente, se acreditó una relación laboral encubierta entre el INVÍAS y el
demandante.
11
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2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente
62.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
63.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
64. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral.5
65.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
66.Con el material probatorio allegado al proceso, se evidencia que el actor
cumplió con la carga de demostrar la prestación personal de su servicio entre
el 10 de febrero de 2015 y el 30 de diciembre de 2018, para ejecutar actividades
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profesionales de apoyo jurídico a la Oficia Asesora Jurídica del INVÍAS. A partir
de los contratos y órdenes que obran en el expediente, se desprende que los
períodos, valores y objetos de la prestación del servicio son los siguientes:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
318 de 2015 Prestar los servicios profesionales de 10 de febrero de 9 de noviembre de $45.000.000
apoyo jurídico a la a la Oficina Asesora 2015 2015
Jurídica del INVIAS (…) Obligaciones del
contratista. 9.1) Cumplir a cabalidad con
el objeto y con las obligaciones derivadas
del contrato 9.2). Apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en el estudio y
respuesta a los requerimientos realizados
por los diferentes entes de control,
Entidades públicas y privadas, y por las
diferentes Unidades ejecutoras del
INVIAS 9.3). Proyectar los actos
administrativos que le sean requeridos
por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
9.4). Elaboración y análisis de conceptos
escritos sobre los interrogantes jurídicos
sometidos a consideración de la Oficina
Asesora Jurídica, y atención de consultas
verbales. 9.5). Asistir y participar en todas
las reuniones que le solicite la Oficina
Asesora Jurídica del INVIAS. 9.6).
Efectuar los aportes a Seguridad Social
en salud, pensión y riesgos laborales en
los porcentajes correspondientes y
entregar copia de los mismos junto con el
informe que presente. 9.7). Atender las
recomendaciones y sugerencias
relacionadas con el objeto y las
obligaciones del contrato de prestación
de servicios que realice el Supervisor del
mismo. 9.8) Entregar al supervisor del
contrato, una vez finalice el mismo, los
archivos físicos y magnéticos y
documentos que tenga a su cargo en
virtud del desarrollo del objeto del
presente contrato.
1589 de 2015 17 de noviembre de 31 de diciembre de $8.000.000
Prestar los servicios profesionales de 2015 2015
apoyo jurídico a la Oficina Asesora
0291 de 2016 Jurídica del INVIAS (…) Obligaciones del 22 de enero de 2016 30 de diciembre de $57.630.000
contratista: 9.1) Cumplir a cabalidad con 2016
el objeto y las obligaciones derivadas del
0328 de 2017 contrato. 9.2) Apoyar la Oficina Asesora 20 de enero de 2017 19 de agosto de $52.780.000
Jurídica en el seguimiento, estudio y 2017
respuesta a los requerimientos realizados
0126 de 2018 por la Contraloría General de la 5 de enero de 2018 30 de diciembre de $73.666.666
República. 9.3) Proyectar la respuesta a 2018
los a los requerimientos presentados por
Entidades Públicas y Privadas, y por las
diferentes Unidades Ejecutoras del
INVIAS. 9.4) Emitir conceptos escritos y
atender consultas verbales sobre los
interrogantes jurídicos sometidos a
consideración de la Oficina Asesora
Jurídica y que le sean encomendados.
9.5) Asistir y participar en todas las
reuniones que le solicite la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del INVIAS. 9.6)
Efectuar los aportes a Seguridad Social
en salud, pensión y riesgos laborales en
los porcentajes correspondientes y
entregar copia de los mismos junto con el
informe que presente. 9.7) Atender las
recomendaciones y sugerencias
relacionadas con el objeto y las
obligaciones del contrato de prestación
de servicios que realice el supervisor del
mismo. 9.8) Entregar al supervisor del
contrato, una vez finalice el mismo, los
archivos físicos y magnéticos y
documentos que tenga a su cargo en
virtud del desarrollo del objeto del
presente contrato.9.9) Las demás
actividades que sean necesarias y/o
solicitadas por el supervisor del contrato.
9.10). Presentar un informe mensual de
conformidad con las obligaciones
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contractuales, informando de manera
detallada las actividades realizadas para
el seguimiento a las tareas
encomendadas evaluación del presente
contrato; dirigido al Director General del
Instituto Nacional de Vías, previo visto
bueno del supervisor del contrato y del
Jefe de la Unidad Ejecutora. 9.11).
Emplear las bases de datos y sistemas de
información puestos a disposición por el
INVIAS, manteniendo actualizada la
información referente a oficios,
memorandos y demás asuntos a su
cargo, bajo la aplicación SICOR y demás
sistemas de información con que llegaré
a contar el Instituto. conforme a las
condiciones de usos de cada
herramienta, presentando para el efecto
informes (…)».
De otro lado, la contraprestación, que se refiere a los emolumentos recibidos
67.
por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, se acredita
con las cláusulas de honorarios de los contratos antes referenciados.
68.En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.
69.En el recurso se argumentó que la parte demandada no desvirtúo la
presunción de subordinación que rigió la relación contractual, conforme lo
previsto en el artículo 20 del Decreto 2127 de 194516, replicado, en el artículo 24
del Código Sustantivo del Trabajo.
70.No obstante, para la Sala no le asiste razón al recurrente, en tanto que esta
Sección ha precisado17 que la presunción de relación de trabajo establecida en
esas disposiciones no se aplica cuando en la discusión media un acto
administrativo proferido por la administración pública, habida cuenta de que,
conforme al artículo 88 del CPACA18, dichos actos gozan de presunción de
legalidad y, por tanto, quien pretenda su nulidad tendrá que probarla.
71.Es decir, el contratista que pretenda la nulidad del acto administrativo mediante
el cual la administración negó la existencia de una relación laboral, debe probar
la existencia de los elementos que lo configuran, en especial la subordinación, ya
que, como se dijo, es el factor determinante que condiciona su existencia.
Adicionalmente, tampoco es procedente la aplicación de la presunción de
72.
veracidad de los hechos de la demanda de acuerdo con el artículo 97 del CGP,
16
Por medio del cual se reglamenta la Ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general.
17
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, Rad:
66001-23-33-000-2016-00953-01(1061-2019). C.P: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
18
ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida
cautelar.
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en razón a la falta de contestación del INVÍAS, habida cuenta que el artículo 195
ibidem expresamente lo prohíbe, al indicar que «[no] valdrá la confesión de los
representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas».
73.Por lo tanto, en el caso concreto, se deben analizar los elementos de juicio,
sin la aplicación de las presunciones solicitadas, y determinar si el actor estuvo
subordinado al INVÍAS en el cumplimiento de los objetos contractuales. Para ello,
es menester establecer si se configuran o no los indicios que, analizados en
conjunto con las pruebas, permitan llegar a esa conclusión, atendiendo los
criterios determinados por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-
025-CES2- 2021.
74.En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar de
trabajo, el demandante tuvo las instalaciones del INVÍAS.
En cuanto al horario de labores, se tiene que la señora Jahanis Paola Lobo
75.
España —quien adujo que prestó su servicio en la entidad entre el 12 de febrero
de 2016 y 31 de marzo de 2018, como profesional universitario grado 1 y en ese
periodo conoció al actor19— expresó que podía ver al demandante entre las ocho
de la mañana y las doce del mediodía, y entre la una de la tarde hasta «más o
menos» las seis20.
76.Por su parte, la señora Lucía Perea Chala —quien manifestó que estuvo
contratada por la entidad como abogada entre febrero de 2015 y marzo de 2016,
periodo durante el cual conoció al demandante— señaló que, aunque los horarios
no constaban por escrito, tanto ella como el actor ingresaban a las ocho de la
mañana y, en determinadas ocasiones, asistían los sábados a las instalaciones21.
77.En cuanto a las pruebas documentales, obra en el expediente el «Reporte de
marcaciones ingresos y salidas» del demandante, correspondiente al período
comprendido entre el 11 de febrero de 2015 y el 28 de diciembre de 2018. Los
registros se presentan en formato de cuadros y contienen una columna
denominada «hora», en la que aparecen, de manera secuencial, distintas
marcaciones efectuadas durante la mañana, la tarde o la noche, junto con la
fecha correspondiente.
19
«Pregunta: ¿Y más o menos en qué fecha se retiró? Contestó: Yo me retiré el primero o el 31 de marzo, me parece
que fue. Pregunta: ¿De qué año? Contestó: Estoy entre 18 y 19. Creo que fue el 2018 que me retiré (…) Pregunta:
Preguntarle a Jahanis, tu dijiste al principio de la declaración que trabajaste más o menos hasta el 2018 o 2019, ¿ya te
acordaste si era hasta 2018 o 2019? Contestó: (…) Yo terminé la especialización en el 2018 (…) en el 2018, sí».
20
«Pregunta: Usted mencionó que el doctor Allan cumplía horario. ¿Usted sabe en qué horario cumplía el doctor Allan?
Contestó: Bueno, muchas veces llegó primero. Yo entraba normalmente a las ocho de la mañana y muchas veces él
estaba primero que yo. Sí. Más o menos, y salía de último, salía muy tarde. O sea, todo el tiempo estaba en la oficina.
Podríamos decir de 8 (…) a 12, diría yo, como de 1 a podría ser, a veces se iba... pues nunca lo vi, así que se fuera
diríamos a las 6 de la tarde. Más bien se iba muy tarde. Sabía que se iba tarde porque a veces yo me quedaba más tarde
en la oficina y veía dónde él pasaba (…)».
21
«(…) Teníamos horario, no es por escrito, pero ingresábamos a las ocho, igual que todos los demás funcionarios. A
veces nos quedábamos más tarde. A veces íbamos los sábados a trabajar. Nos tocaba inscribirnos previamente y al día
siguiente, en la portería, la persona encargada pediría la lista y verificaba que estuviéramos inscrita en ella para poder ir
a trabajar un fin de semana».
15
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78.Para la Subsección esas pruebas no acreditan que el INVÍAS le hubiera
impuesto un horario al actor. En efecto, del dicho de la señora Lobo España se
advierte que no afirmó que el demandante cumpliera una jornada impuesta, sino
que se limitó a señalar las franjas horarias durante las cuales solía verlo en las
instalaciones de la entidad. Por su parte, la señora Perea Chala manifestó que
los contratistas ingresaban a las ocho de la mañana y que, en determinadas
ocasiones, asistían los sábados; sin embargo, no explicó si esas circunstancias
obedecían a una imposición de la entidad ni precisó las horas exactas en las que
el actor iniciaba y terminaba diariamente sus actividades.
79. En lo que se refiere a los documentos, de su análisis tampoco se puede
concluir alguna imposición al respecto. Tampoco se puede determinar con ellos
si las horas que allí se referencian corresponden a la entrada o salida del actor,
dado que esa información no se proporciona. Aun en gracia de discusión, si se
toman las horas de la mañana que allí se marcan como la entrada y las horas de
la tarde y noche como de salida, la Sala evidencia que no existe uniformidad en
los momentos de ingreso y salida del actor, dado que las marcaciones en la
mañana varían entre las siete, ocho, nueve o diez; y, por la tarde, oscilaban entre
las cuatro, cinco, seis, o siete de la noche.
80.Con todo, la Subsección no desconoce que, como una consecuencia lógica de
la ejecución de los contratos de prestación de servicios, el actor debió desarrollar
sus actividades dentro de determinadas franjas de tiempo. Sin embargo, la
periodicidad y obligatoriedad de estas no se encuentra acreditada con suficiencia
probatoria. Aun así, esta Sala22 ha reiterado que la sola existencia de un horario
no resulta suficiente para acreditar la configuración de una relación laboral
encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios —como el
direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en conjunto,
conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.
81.En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas eran dirigidas de manera contundente por la entidad contratante.
82.El demandante, en el recurso de alzada, cuestionó la valoración probatoria
realizada por el Tribunal. A su juicio, de haberse considerado todas las pruebas,
se hubiera concluido, contrario a lo decidido, que el servicio del actor se ejecutó
bajo dirección y control del INVÍAS.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
16
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Sin embargo, la Subsección no comparte el criterio del recurrente, pues el
83.
análisis integral de las pruebas —testimoniales y documentales— permite
concluir que los servicios del actor se ejecutaron dentro del principio de
coordinación, lo que excluye la subordinación alegada.
84.En efecto, al analizar las declaraciones, se observa que la señora Lobo
España manifestó que las funciones del demandante comprendían la revisión de
las labores realizadas tanto por el personal de planta como por los contratistas,
pues era el encargado de dar el visto bueno a los documentos, autorizar permisos
para ausentarse del servicio y atender los requerimientos presentados por la
Contraloría General de la República23. En cuanto a la subordinación, la testigo
consideró que se evidenciaba en las funciones que la jefa de la Oficina Asesora
Jurídica le delegaba al demandante24. No obstante, añadió que no tuvo
conocimiento de llamados de atención que pudo recibir25.
85.Por su parte, la señora Perea Chala explicó que durante el período en el que
coincidió con el actor en el INVÍAS, ambos prestaron sus servicios como
abogados contratistas en condiciones similares, dentro de las instalaciones de la
entidad y en oficinas contiguas destinadas a la atención de consultas 26; con la
diferencia que cada uno tenía a cargo los requerimientos que realizaran
diferentes entes de control: el demandante la Contraloría General y la testigo la
Procuraduría; no obstante, los dos atendían requerimientos y reuniones27 y
conceptuaban sobre los diferentes temas de la entidad28.
86.Cuando fue interrogada acerca de si el actor tenía personas a su cargo, la
testigo respondió negativamente. Precisó que, en lugar de personal subordinado,
existía un grupo de personas pertenecientes a la entidad que acudía al
23
«Pregunta: ¿Usted sabe qué tipo de funciones o qué órdenes le daba? Contestó: Bueno, por lo que yo siempre
verificaba, era que él era el encargado de revisar todo lo que hacían tantos funcionarios como contratistas, o sea, los
coordinadores de coactiva, el coordinador de judiciales. Yo estaba directamente a cargo de la dirección, porque mi cargo
en ese momento pertenecía a la dirección y era él el encargado directamente de todo lo que yo hacía. Si yo necesitaba
un permiso, si yo necesitaba algo, él siempre era quien me decía las cosas e igual me colocaba también el trabajo. Tienes
que hacer estas resoluciones, todo iba con el visto bueno de él. Pues yo, por lo que veía, puedo decir yo que ahí
prácticamente no se movía algo sin que el doctor Alan no diera la autorización, porque era, por decir la mano derecha, la
doctora María Eugenia».
24
«Pregunta: Además de eso que describes sobre la subordinación, que fue, o sea, describiste, de acuerdo con respuesta
anterior, que hubo una reunión donde estaba la doctora María Eugenia, el doctor Alan y tú, y que la doctora María Eugenia
te dijo, por favor, repórtele al doctor Alan. Además de eso, ¿cómo más, si tú te consta o lo sabes qué otras manifestaciones
o cómo más viste la subordinación que decías que había contra el doctor? Contestó: cuando yo le iba a pedir permiso a
la doctora María Eugenia, ella me decía, hable con el doctor Alan, yo le decía, doctora, voy a hacer esto, hable con el
doctor Alan, todo el tiempo era con el doctor Alan. Cualquier contratista, muchas veces vi que necesitaban algo, hablen
con el doctor Alan. O sea, todo lo que se movía en la oficina jurídica se movía si el doctor Alan daba la autorización o si
tenía el visto bueno»
25
«Pregunta: ¿Tú sabes o te consta si la doctora María Eugenia le hizo un llamado de atención por escrito al doctor Alan?
¿Un llamado de atención por escrito? Contestó: No recuerdo, no. No recuerdo, no tengo conocimiento».
26
«Pregunta: ¿puede describirle, por favor, al honorable magistrado cómo era el lugar de trabajo del doctor Alan Ávila en
el INVIAS? Contestó: Él tenía asignada una oficina individualmente con una sala para atender visitas y absorber consultas.
Y contigua a la de él, estaba la mía, en las mismas condiciones. Entonces las personas iban a hacerle los requerimientos,
preguntarle la información que necesitaran, y él las suministraba».
27
«Nos tocaba responder los requerimientos, atender a las visitas de dichas entidades. Nos colaborábamos mutuamente
(…) También nos tocaba conceptuar jurídicamente sobre los asuntos de INVÍAS. Participábamos en las reuniones
laborales, igual que todos los empleados. Aprendíamos conceptos jurídicos (…)».
28
«(…) también conceptuamos sobre actividades del ÍNVIAS, por ejemplo, de carreteras, de contratos de obra, lo que
nos colocaron a conceptuar, todos conceptuamos. Y con el coordinador, el Dr. Miguel, que no me acuerdo el apellido, nos
daban las instrucciones y nos daban el término, en qué condiciones. Y luego en varias ocasiones nos reunimos con la
Dra. María Eugenia y ella daba pautas sobre el sentido de que debíamos ahondar en tal punto, en tal aspecto, colóqueles
más jurisprudencia, colóqueles más doctrina, era instrucción general para los abogados de la oficina jurídica»
17
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00127-01 (0180-2024)
Demandante: Alan Armando Ávila Torres
demandante para formularle consultas jurídicas, actividad para la cual había sido
contratado. También señaló que lo acompañaba en la atención de las visitas
efectuadas por la Contraloría General de la República29.
87.Por otro lado, respecto de la existencia de posibles órdenes, la señora Perea
Chala señaló que estas provenían de la señora María Eugenia Vera, jefa de la
Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS, y del coordinador del grupo. Explicó que
ambos impartían instrucciones a los abogados acerca de la elaboración de los
conceptos jurídicos y de la atención de los requerimientos formulados por los
organismos de control30. Finalmente, al ser interrogada sobre la autonomía del
actor en la toma de decisiones, respondió que era relativa, pues los conceptos
jurídicos elaborados por los contratistas eran revisados inicialmente por el
coordinador y, posteriormente, por la jefa de la Oficina Asesora Jurídica31.
88.Véase que en el recurso de apelación el actor indicó que la subordinación a la
que estuvo sometido se evidenciaba en las declaraciones, dado que en ellas se
demostraba que tenía personal a su cargo, sobre quienes ejercía actividades de
revisión jurídica.
No obstante, al analizar los testimonios se advierte, por una parte, que la
89.
señora Lobo España no adujo que el demandante tuviera personas a su cargo,
más bien indicó que él era el encargado de revisar los documentos jurídicos que
se proyectaban, lo que no es equivalente. Por su parte, la señora Perea Chala
explicó que algunas personas de la entidad acudían al actor para solicitar su
opinión profesional y afirmó expresamente que no tenía personal a su cargo, lo
que contradice la tesis del recurrente.
29
«Pregunta: ¿Sabe usted si el doctor Alan tenía personal a su cargo del INVIA? Contestó: Personal a su cargo no, pero
sí un grupo de personas iban a hacerle requerimientos y que él debería acceder y resolver las consultas que se le sometían
a su consideración. Esa era su función. Pregunta: ¿Usted dice que un grupo de personas, qué personas eran, qué áreas
o cómo las puede describir? Contestó: Pues estábamos en el área jurídica, iban personas de otras dependencias de la
oficina jurídica y algunas veces de por fuera, a quienes él les asesoraba (…) Pregunta: ¿Esas otras dependencias puede
describirlas más específicamente, por favor, si lo recuerda? Contestó: Recuerdo que había secciones o grupos, no
recuerdo si eran secciones o grupos, y algunas de esas personas iban a pedirle a él la información que requerían para
sus trabajos. Pregunta: Usted dijo que también había otras personas de afuera. ¿Esas otras personas de afuera eran
ajenos al INVIAS o tenían algún vínculo con el INVIAS? Contestó: No, eran personas del INVIAS, salvo que fuesen las
visitas oficiales de la Contraloría, y a esas yo le acompañaba a recibir las visitas de la Contraloría».
30
«Pregunta: ¿Usted vio en algún momento, presenció oportunidades en las que la Dra. María Eugenia Vera le diera
órdenes al doctor Alan? Contestó: Pues la Dra. María Eugenia nos daba órdenes a todos porque ella era la jefe inmediata.
Entonces nos reuníamos, ella impartía instrucciones a contratistas y a empleados y todos la cumplíamos. No solamente
ella, sino también el coordinador directo de nosotros, el Dr. Miguel, se me olvidó el apellido, el coordinador de nosotros
era el Dr. Miguel, no me acuerdo el apellido. Él trabajaba directamente con nosotros y a veces, y las instrucciones eran
para todos nosotros. Pregunta: O sea que esas órdenes, en esas reuniones que usted dice que les daban órdenes, la
Dra. María Eugenia estaba presente y el Dr. Alan también. Contestó: Así claro, porque era para el grupo de abogados,
era para el grupo de juristas. Nos dan instrucciones, aparte Alan y a mí, aparte de los órganos de control, nos dan
instrucciones sobre los conceptos, cómo sustentar los conceptos, si eran sólidos, si no eran sólidos, fundamentarlo mejor
con jurisprudencia, con doctrina, con todo lo que quisiéramos estableciéramos. La instrucción era para todo el mundo,
para todos los abogados».
31
«Pregunta: Usted como es abogada y tiene una especialización, entonces puede hacer una pregunta un poco más
técnica. ¿Usted considera que el demandante tenía autonomía para realizar las labores? Contestó: Una autonomía muy
relativa porque teníamos un coordinador y luego teníamos la jefe de jurídica. O sea que él debía hacer su función, sus
actividades, realizar sus actividades, pero teníamos a alguien que tenía que revisar y luego coordinar con la jefe jurídica.
Por ejemplo, con los conceptos. Yo, como jurista, emito mi concepto, pero no necesariamente tenía que ser del agrado
de la señora directora jurídica. Tocaba mirarlo con el coordinador y con otro asesor que tenía ella, ambos empleados,
funcionarios públicos. Ellos revisaban los conceptos de nosotros»
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
90.Conviene precisar que, en sentido contrario a lo planteado en el recurso, el
hecho de que el actor emitiera conceptos jurídicos o revisara los elaborados por
otras personas no demuestra que la entidad ejerciera direccionamiento sobre él.
En efecto, los contratos que celebró con el INVÍAS tenían por objeto,
precisamente, el desarrollo de esas actividades, de modo que su ejecución
materializaba el giro ordinario del objeto contractual convenido.
91. Adicionalmente, la Subsección no encuentra que las testigos hubieran descrito
de manera clara cómo la entidad ejerció actos de subordinación sobre el
demandante durante la prestación de sus servicios. En efecto, la señora Lobo
España refirió que estas correspondían en la asignación de actividades que la
jefe de la Oficina Jurídica delegaba en el demandante; sin embargo, su relato no
detalló en concreto el tipo de asignaciones dadas al actor, más bien, fue general
al indicar que todos los asuntos de la oficina debían pasar por el visto bueno del
demandante.
92.Por tanto, para la Subsección, la declaración no resulta suficientemente clara
y exacta para determinar que las actividades del demandante superaron los
límites propios de los contratos de prestación de servicios.
93.En cuanto al dicho de la señora Perea Chala se tiene que ella señaló que las
instrucciones impartidas al grupo de abogados se relacionaban con la manera de
sustentar los conceptos jurídicos y de atender los requerimientos formulados por
los organismos de control, circunstancia en la que también fundamentó su
afirmación acerca de que la autonomía de los contratistas era relativa. Pero ello
no conlleva a concluir que la entidad impartía la forma de ejecutar la labor, si no
los lineamientos necesarios que debe ejercer el contratante sobre la actividad
contratada en aras de la satisfacción del objeto convenido.
94.Y si bien la testigo manifestó que los contratistas debían asistir a reuniones
programadas por la entidad, no explicó detalladamente su naturaleza ni relató
circunstancias concretas, conocidas directamente por ella, en las que se le
hubieran impuesto al actor funciones adicionales o distintas de las pactadas en
los contratos de prestación de servicios. En consecuencia, sus afirmaciones no
permiten concluir que la realización de reuniones configurara, per se, un
direccionamiento indebido de las actividades del demandante.
95.De igual modo, las afirmaciones de ambas declarantes respecto a la
proporción de elementos dados por la entidad al actor para cumplir con su
servicio32 no son indicativos de subordinación, pues la Subsección ha
32
Al respecto, la señora Jahanis Paola Lobo España dijo: «(…) Tenía su escritorio, tenía un computador. Tenía escritorio,
computador y silla (…) ellos le tenían que dar un certificado a uno de que uno era quien tenía la silla esa también. Y el
escritorio y todo lo que uno tenía a cargo». Mientras que Lucía Perea Chala, de manera general, explicó: «(…) teníamos
que asignar un puesto de trabajo. Y en mi caso, cuando terminé el contrato, tuve que entregar el puesto de trabajo, los
inventarios que tenía en mi cargo. Y para el doctor Alan era igual para todos los contratistas. Restituir los bienes que
teníamos con inventario».
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considerado que la entrega de instrumentos al contratista busca garantizar la
ejecución correcta del contrato.
96.De otro lado, en lo que atañe a las pruebas documentales, el recurrente
sostuvo que demostraban el direccionamiento al que estuvo sometido. En
concreto, explicó que una empleada de planta se dirigía a él como «jefe» y le
solicitaba orientación acerca del abogado al que debían asignarse los
requerimientos recibidos diariamente.
97.Al respecto, la Subsección destaca que en el expediente reposa una basta
cantidad de correos electrónicos —más de 430, muchos de ellos repetidos— en
los que se aprecian diferentes interacciones en las que se tuvo como remitente,
destinatario o con redirección al demandante en el curso de su vinculación en la
entidad.
98.En lo que atañe al planteamiento referido del recurso de apelación, se
destacan tres correos: i) correo del 8 de junio de 2018, a través del cual la señora
Claudia Isabel Marín le remite al actor un memorando de entrada a la entidad
relativo al «Proyecto de Actualización TRD Oficina Asesora Jurídica» y este como
respuesta, en correo del 8 de junio de 2018, le indicó que se lo asignara al señor
Mario José Martínez Ramón y Alexander Bolaños33; ii) correo del 26 de julio de
2017, a través del cual la señora Claudia Isabel Marín remitió memorial de
entrada al demandante proveniente de la Dirección Operativa y le indica «jefe a
quien le asigno este memorial», como respuesta el demandante le indicó «(…)
por favor asignar al dr. Miguel Ernesto Sánz con carácter urgente por tratarse de
asuntos disciplinarios (…)»34; y, iii) correo remitido el 17 de marzo del 2017 por
parte del actor a la señora Claudia Isabel Marín, en la que le precisó que la
asignación del requerimiento realzado por la Contraloría General de la República
correspondía a la señora Yeini Barbosa, el cual fue reseñado en el recurso de
apelación especialmente.
99.Ciertamente, aunque la remitente de los dos primeros correos denominó al
actor como «jefe», esto por sí solo no es indicativo de continuada dependencia
del demandante con la entidad y tampoco resulta ser suficiente para considerar
que, en efecto fungía como tal. Al analizar el contenido de los dos primeros
documentos, se evidencia que, en la práctica, lo que realizaba el demandante
con la redirección de los memorandos que llegaban al área de la Oficina Jurídica
era apoyar en el trámite de los requerimientos realizados por los diferentes entes
privados, públicos, por los organismos de control o por las otras dependencias
de la misma entidad.
Respecto al tercer correo, se evidencia que, además de referirse a
100.
obligaciones de apoyo a requerimientos de la Oficina Jurídica —por lo que se
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asemeja en ese sentido con los dos primeros—, concretamente hacían referencia
a las actividades de atención, estudio y respuesta de los documentos remitidos
por la Contraloría General de la República, lo que también, directamente, a partir
del contrato 1589 de 2015 hasta el año 2018, hacían parte de las obligaciones
específicas que cumplió el demandante. De suerte que, la ejecución de todas
las anteriores diligencias, materializaban los objetos contractuales y en modo
alguno conllevan subordinación.
El recurrente también puso de presente otros correos electrónicos en los
101.
cuales pidió permisos a personal de la entidad para ausentarse de sus labores.
102.Sobre el particular, destaca la Sala los siguientes correos electrónicos: i) el 19
de enero de 2018, el demandante envió correo electrónico al «jefe jurídico
encargado» en el que pone de presente que el 24 de enero de 2018 realizaría la
sustentación de maestría. Por lo tanto, solicitó permiso para ausentarse para ese
día. Como respuesta, el señor Miguel Ernesto Sanz le indicó «ok. No hay
problema con gusto»35; y, ii) el 29 de julio de 2018 el actor remitió correo
electrónico en el cual solicitó a la jefe de Oficina Asesora Jurídica, entre las nueve
y las once de la mañana, en razón a una cita que tenía programada con el director
editorial de a la revista de la Universidad del Rosario para la publicación de un
libro. Como respuesta, la señora Vera Castro le contestó: «Adelante! (sic) A las
8:00 a.m. estamos con la visita de la PGN. Pero a lo mejor alcanzamos a vernos
antes o en la tarde fijo para la presentación del informe del semestre del Grupo
de Litigio»36.
La Subsección considera que las anteriores pruebas no son concluyentes para
103.
probar la pretendida subordinación. Véase que líneas atrás se explicó que en el
plenario no existían pruebas concluyentes sobre la posición del actor relativo a
que la entidad le impuso un horario para cumplir su servicio: ni en los testimonios
ni en los documentos, lo que incluye los correos electrónicos citados. Tampoco
se probaron requerimientos de personal de la entidad sobre el actor relativo a
que debía pedir permiso para ausentarse de sus instalaciones.
En consecuencia, el hecho de que el demandante informara que necesitaba
104.
ausentarse y que los destinatarios le asintieran su petición, no conduce a concluir
que ello se debía a imposiciones de la entidad, dado que ello no se probó con el
material allegado al proceso. Pero para la Sala la circunstancia de que ello se
hiciera resulta ser más por organización de la demandada dado el rol
desempeñado en la Oficina Jurídica por el actor, en la medida que su labor se
cumplía en gran medida en sus instalaciones, por lo que, en caso de ausencia,
era razonable que lo pusiera en conocimiento con el fin de que no se afectara la
prestación del servicio.
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En ese sentido, lo que aprecia la Sala es la existencia de la coordinación
105.
existente entre las partes del contrato, en aras no solo de garantizar su ejecución,
sino también de prever y remediar los imprevistos que pudieran afectar el mismo.
Por otra parte, no son de recibo los argumentos relativo a que la presentación
106.
de los informes contractuales y el desarrollo de las actividades que ejecutó el
demandante demostraban el direccionamiento y control de sus servicios. Al
respecto, no debe pasarse por alto que la presentación de informes debe
entenderse como un aspecto esencial de la ejecución de los contratos, porque a
través de ellos se pormenoriza el estado de su cumplimiento y, por tanto, se
encuadra dentro del principio de coordinación, ajeno a la finalidad que pretende
darle el recurrente.
Por lo demás, se observa que los otros documentos que reposan en el plenario
107.
se refieren, a parte de los temas reseñados, a múltiples correos de remisión de
información relacionada con los requerimientos y análisis jurídicos para los
cuales fue contratado el demandante, relacionados con los procesos de control
fiscal realizados por la Contraloría General de la República y diferentes
conceptos jurídicos sobre los procedimientos realizados diariamente por la
entidad.
En ese sentido, siguiente lo establecido en el artículo 167 del Código General
108.
del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al
actor quien debía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con el ente
demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal
y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes37.
Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
109.
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»38.
Por tanto, al no probarse los indicios subordinantes sobre las actividades
110.
realizadas por la recurrente, de conformidad con los argumentos del recurso de
apelación, los planteamientos esbozados en el recurso no tienen vocación de
prosperidad.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
38
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
22
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
De modo que se confirmará la sentencia de primera instancia, y consecuencia,
111.
no se estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
112.
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
113.
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
114.
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en esta instancia a la
115.
parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el artículo
366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
de primera instancia que conoció de este proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha siete (7) de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva.
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Demandante: Alan Armando Ávila Torres
SEGUNDO.: RECONOCER al abogado Anderson Muaricio Rincón Castañeda,
como representante de los intereses de la Nación – Ministerio de Transporte,
conforme los documentos que así lo establece, dispuestos en el índice 11 del
aplicativo SAMAI de segunda instancia.
TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, por
lo ya dicho.
CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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