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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00534-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00534-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00534-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00534-01 (7489-2023)
Demandante: William Castellanos Motta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00534-01 (7489-2023)
Demandante: William Castellanos Motta
Demandado: Televisión Regional del Oriente Ltda-Canal Tro

Tema: Relación laboral encubierta/director técnico y de emisión

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia no se acreditó la
subordinación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra
la sentencia 21 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad oficio 20180311 de 28 de febrero de 2018 expedido por el
gerente de la Televisión Regional del Oriente Ltda que negó la existencia de una
relación laboral entre el 16 de abril de 2012 y el 31 de enero de 2016.

3. A título de restablecimiento derecho, solicitó que se liquide y pague las
prestaciones sociales y acreencias laborales devengadas por el director de
programación y producción o el director técnico de la institución, correspondiente
a lo siguiente: i) primas legales y extralegales; ii) auxilio de cesantías; iii) intereses
a las cesantías; iv) prima de navidad; v) prima de servicios; vi) bonificación por
recreación; vii) vacaciones, asimismo, reclamó el pago de la indemnización

1
Demanda visible en el archivo «010. MEMORIAL REFORMA LA DEMANDA», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda
instancia.

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Demandante: William Castellanos Motta

moratoria por la falta de pago de las acreencias laborales, la compensación
económica por la no afiliación a Caja de Compensación Familiar y la devolución
de las cotizaciones efectuadas al sistema de general de seguridad social y a la
administradora de riesgos laborales

4. Además, en aplicación del principio de igualdad requirió el reajuste salarial de
los salarios, prestaciones y diferencias salariales entre lo cancelado en virtud de
los contratos de prestación de servicios y lo sufragado en el cargo de planta
denominado director técnico o director de programación y producción, de la
misma manera, pidió el reconocimiento de los montos dejados de percibir por
concepto de pensión en el porcentaje a cargo del empleador y la indexación de
los valores que sean reconocidos

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5.Indicó que el señor William Castellano Mora prestó sus servicios personales y
remunerados a favor de la Televisión Regional del Oriente Ltda-Canal Tro
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios desde el 16 de
abril de 2012 y hasta el 31 de enero de 2016.

6.Señaló que las funciones se desempeñaron de manera personal y bajo
subordinación, en una jornada de lunes a sábado y con disponibilidad
permanente las 24 horas del día. Con ocasión de la prestación de los servicios
percibió una remuneración.

7. Manifestó que ejecutó actividades tales como diseñar soluciones y gestionar
las herramientas para la correcta reproducción de los contenidos audiovisuales
de acuerdo al plan de emisión proporcionado por el área de programación y
producción del Canal Tro consecuente con las políticas institucionales y procesos
establecidos o dirigir las actividades propias de gestión técnica del canal en la
implementación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
producción audiovisual, eléctricos, electrónicos y de cómputo.

8. Aseguró que asistía a las capacitaciones convocadas por el canal e incluso
ser capacitador, además, la institución le entregaba elementos de trabajo y le
aportaba chaquetas, polos, y camisas con el logo del canal, debiendo usarlas en
el lugar de trabajo y fuera de éste.

9. Sostuvo que durante el tiempo de la relación contractual se encargó de dirigir
y coordinar el área de programación y producción que en la anualidad de 2016
se transformó en el área técnica, siendo el encargado y responsable de
supervisar a los contratistas con el objeto de que la emisión y grabación del Canal
Tro no fuera interrumpida.

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10. Enfatizó que mediante la Resolución 022 de 1 de febrero de 2016 la entidad lo

nombró en el cargo de dirección técnica y de emisión, código 009, grado 01 para
que continuara ejerciendo las tareas que al momento de su designación
ejecutaba.

11. Expresó que el 31 de enero de 2018 reclamó el reconocimiento de la relación

laboral y el pago de las prestaciones sociales no devengadas; sin embargo, la
institución resolvió desfavorablemente la solicitud a través del oficio 20180311 de
28 de febrero de 2018.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

12. Se invocó la vulneración de los artículos 1, 2, 3, 6, 13 y 25 de la Constitución

Política; 3 y 32-3 de la Ley 80 de 1993; 10 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 50 de
1990.

13. Explicó que el acto administrativo enjuiciado estaba afectado por la causal de

infracción de las normas en que debería fundarse, toda vez que, ejerció labores
relacionadas con el objeto social de la institución y se configuraron los elementos
de la relación laboral, estos son, la prestación personal del servicio, la
contraprestación y la continuada subordinación.

14. Especificó que tenía la responsabilidad de dirigir y coordinar el área de
programación, producción y técnica, en efecto, era el encargado de dar las
órdenes relativas a cómo, cuándo y en dónde los contratistas desempeñarían sus
funciones.

15. Detalló que las circunstancias que denotaron la subordinación consistieron en

el cumplimiento de horario, la disponibilidad las 24 horas del día para atender los
imprevistos del canal, organizar la programación del canal, prestaba sus servicios
conforme a lo estipulado por la entidad y los elementos suministrados por ésta,
fijaba y delimitaba el espacio, el modo y el tiempo en el que los integrantes del
área de producción, programación y técnica prestarían los servicios.

1.4. Contestación de la demanda2

16. La Televisión Regional del Oriente Ltda contestó la demanda oponiéndose

a las pretensiones, en efecto, puntualizó los siguientes argumentos:

17. La tipología contractual celebrada entre las partes era de naturaleza civil, de

modo que es improcedente alegar la existencia de la relación laboral pues en la
planta de personal de la institución no existía un cargo que supliera las labores
encomendadas al interesado.

2
Contestación visible en las páginas 1 a 16 el archivo «006. CONTESTACIÓN DEMANDA TRO 21-07-2020», adjunto en el índice 2 del
aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

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18. En estricto sentido acaeció una relación contractual derivada de la autonomía

de la voluntad del contratante y el contratista, además, a la planta de cargos no
estaba integrado el empleo de director técnico, el cual fue creado por
necesidades del servicio y con el propósito de la formalización laboral del
personal al servicio del canal, siendo el demandante beneficiario del mismo que
fue nombrado y posesionado en el cargo.

19. Las labores desarrolladas por el accionantes eran temporales, estas se
ajustaron a los cargos existentes en la planta de personal que no había sido
ampliada pese a la intención de la institución, toda vez que por limitaciones
presupuestales y falta de acompañamiento de la junta administradora no se
amplió la planta. Por ello, la única forma de vinculación para prestar el servicio
público de televisión, correspondió a la forma residual de vinculación hasta no
disponerse la creación del cargo.

20. Los elementos probatorios allegados al expediente no acreditaron la
subordinación a la que supuestamente fue sometido el demandante por parte de
la entidad demandada.

21. Deotro lado, formuló como excepción de mérito la prescripción trienal de
derechos laborales.

1.5. Sentencia de primera instancia3

22. El Tribunal dictó sentencia el 21 de febrero de 2023 en la que declaró no

probada la excepción de prescripción y declaró la nulidad del acto administrativo
opugnado.

23. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenó a la

entidad a reconocer las sumas que por concepto de prestaciones sociales
devengadas en el cargo de director técnico y de emisión, código 009, grado 01
de la planta de personal de la Televisión Regional del Oriente Ltda, liquidadas
con fundamento al valor mensual promedio de los honorario contractuales y de
acuerdo con el tiempo efectivamente laborado, teniendo en cuenta los festivos y
dominicales ciertamente trabajados para efectos de recargos. Asimismo, dispuso
que se realizaría el cómputo de tiempo para afectos pensionales, realizando los
descuentos de ley.

24. Igualmente, ordenó a la parte demandada a tomar (durante el tiempo
comprendido entre el 16 de abril de 2012 al 31 de enero de 2016) el ingreso base
de cotización pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y
si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por

3
Providencia vista en el archivo «25_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA», adjunto en el índice 55 del aplicativo SAMAI-Primera
instancia.

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concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Por lo anterior, el demandante debería acreditar las cotizaciones
efectuadas al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador.

25. Finalmente, reconoció la actualización de las sumas reconocidas, dispuso el

cumplimiento de la decisión en los términos de los artículos 188 y 92 del CPACA,
negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

26. Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió los elementos

que componen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:

27. Sobre la prestación personal del servicio y la remuneración, destacó que

las partes celebraron 8 contratos de prestación de servicios cuyo objeto
correspondió al desarrollo de actividades del proceso de gestión técnica, en ese
sentido, concluyó que el demandante realizó personalmente las labores para las
que fue contratado y como retribución del servicio le pagaron honorarios.

28. Respecto a la subordinación, el Tribunal infirió conforme a lo relatado por las

testigos Ana Beatriz Velasco Escalante y Leidy Johana Martínez Marin que: i) el
actor cumplía un horario establecido y asignado por la gerencia de turno que
ejercía como jefe del interesado; ii) las labores se realizaban en las instalaciones
de la entidad; iii) los elementos de trabajo no eran propios del contratista sino que
eran de propiedad de la entidad; iv) cuando se realizaba la programación del
canal, el ciudadano debía estar presente porque no podía operar sin un director
técnico y esas eran las funciones desempeñadas por el demandante; v) la
gerencia daba instrucciones al accionante para el cumplimiento de sus labores.

29. Puntualizó que, según lo explicado por las declarantes, el señor William
Castellano Motta desarrolló las mismas funciones sin importar la clase de
vinculación que ostentaba con la institución. Aclaró que a pesar de que en la
planta de personal no existía un empelo con las mismas funciones, lo cierto era
que ello ocurrió porque la institución no contaba con el cargo. Posteriormente,
por la necesidad del servició la entidad modificó su planta de personal con el
propósito de incluirlo.

30. De otro lado, en lo relativo al restablecimiento del derecho destacó que el

demandante tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales
percibidas en el cargo de director técnico y de Emisión, código 009 grado 01 de
la planta de personal de la entidad, liquidadas con base en el valor mensual
promedio de los honorarios contractuales, de acuerdo con el tiempo realmente
laborado, teniendo en cuenta los días festivos y dominicales efectivamente
laborados para efectos de recargos.

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31. En cuanto a la pretensión de la sanción moratoria por la mora en el pago de

las prestaciones sociales y por la falta de consignación del auxilio de cesantías,
negó su reconocimiento en tanto al instante de su causación el demandante no
gozaba de la calidad de empleado público y la declaración judicial tampoco le
atribuía dicha condición.

32. Por último, estudió la excepción de prescripción extintiva del derecho, y al
respecto constató que la relación laboral se produjo entre el 16 de abril de 2012
y hasta el 31 de enero de 2016 y como la reclamación administrativa se radicó el
31 de enero de 2019, no operó el fenómeno prescriptivo.

1.6. Recurso de apelación4

33. LaTelevisión Regional del Oriente Ltda interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. Al efecto, solicitó su revocatoria para
que, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para sustentar su inconformidad,
expuso los siguientes argumentos:

34. El
a quo soportó su determinación en los testimonios recaudados en el
proceso, sin embargo, el demandante no demostró la subordinación a la que
supuestamente lo sometió la entidad, toda vez que, no se aportaron pruebas
documentales que ratificaran las declaraciones rendidas.

35. Lo único demostrado fue el pago de honorarios por la prestación del servicio;

sin embargo, no se puede predicar la continuada subordinación y dependencia
por el simple hecho de coordinar el desarrollo del objeto contractual mientras se
disponía la creación del cargo.

36. Por último, sin implicar el reconocimiento de la relación laboral, debe
decretarse la excepción de prescripción extintiva del derecho de las prestaciones
sociales con anterioridad al 31 de enero de 2015, reconociéndose únicamente
las acreencias con posterioridad al 1 de febrero de 2015 y hasta el 31 de enero
de 2016, fecha de posesión del demandante como empleado público al servicio
del canal.

1.7 Trámite de segunda instancia
37. Elrecurso de apelación se admitió en auto del 2 de febrero de 2024 5,
oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo. En la citada etapa, el Ministerio Público guardó silencio.

4
Recurso visto en el archivo «28_RECEPCIONDEMEMORIAL_201900534RECURSOD», adjunto en el índice 59 del aplicativo SAMAI-
Primera instancia.
5
Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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38. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

40. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código

General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

41. Enese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

42. Deacuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

43. ¿Entre el señor William Castellano Motta y la Televisión Regional del Oriente

Ltda existió una relación laboral encubierta o subyacente en los períodos en que
celebraron contratos de prestación de servicios?

44. De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el

término de su duración, asimismo, si esa relación ¿se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción?

45. Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta

¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
percibir con ocasión a dicho vínculo en la forma indicada por el tribunal?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

46. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: William Castellanos Motta

cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

47. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

48. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

49. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

50. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor

William Castellanos Motta suscribió los siguientes contratos de prestación de
servicios con la Televisión Regional del Oriente Ltda:

No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor

El contratista se compromete para con $10.500.000
578 16/04/2012 21/07/2012
el canal Tro a desarrollar las M/cte.

8
Folios 90 a 92 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

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actividades del proceso de gestión
técnica
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $15.000.000
1349 01/08/2012 31/12/2012
actividades del proceso de gestión M/cte.
técnica
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $24.000.000
9510 15/01/2013 14/07/2013
actividades del proceso de gestión M/cte.
técnica
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $24.750.000
25811 15/07/2013 31/12/2013
actividades del proceso de gestión M/cte.
técnica
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $32.922.500
2312 15/01/2014 31/07/2014
actividades de encargado del proceso M/cte.
de gestión técnica
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $23.512.500
21913 01/08/2014 31/12/2014
actividades del proceso de gestión M/cte.
técnica
$48.880.000
11114 19/01/2015 31/10/2015
El contratista se compromete para con M/cte.
Adición al el canal Tro a desarrollar las
contrato de actividades de encargado del proceso $10.400.000
01/11/2015 31/12/2015
prestación de de gestión técnica M/cte.
servicios 11115
El contratista se compromete para con
el canal Tro a desarrollar las $4.680.000
1316 04/01/2016 31/01/2016
actividades de encargado del proceso M/cte.
de gestión técnica

51. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el señor William Castellanos

Motta prestó sus servicios para ejecutar actividades de gestión técnica en el
canal Tro entre el 16 de abril de 2012 y hasta el 31 de enero de 2016,
ininterrumpidamente.

52. Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero

recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios recibidos por el demandante por concepto de los servicios
ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.

53. Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que

consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

9
Folios 93 a 95 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
10
Folios 96 a 98 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
11
Folios 99 a 101 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
12
Folios 102 a 104 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117 adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
13
Folios 105 a 107 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
14
Folios 43 a 45 del archivo titulado «004. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA TRO 17-07-2020», adjunto en el índice 2 del aplicativo
SAMAI-Segunda instancia.
15
Folio 108 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», adjunto en el índice 2 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.
16
Al expediente las partes no aportaron el contrato de prestación de servicios; sin embargo, en la contestación de la demanda, la entidad
no reprochó la existencia del contrato, el período de éste ni su monto.

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54. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con el municipio de el Tambo.

55. Para ello se abordará el estudio del elemento de la subordinación a la luz de

los criterios establecidos por la Corporación en la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021.

56. En cuanto al lugar de trabajo del demandante, se tiene que lo fueron las

instalaciones de las sedes del Canal Tro ubicadas en los municipios de
Floridablanca y Cúcuta17.

57. Respecto al horario de labores, la declarante Ana Beatriz Velazco Escalante

especificó que el demandante tenía un horario variable que podía ser el de oficina
o de producción, el primero podía iniciar a las 8:00 a.m., o dependiendo de las
eventualidades que se presentaban, la hora de entrada podía ser más temprano,
finalizando a las 6:00 p.m. o extendiéndose hasta las 10:00 u 11:00 p.m. en el
área de producción18. La señora Leidy Johana Martínez Marín también señaló
que los horarios se extendían hasta las 6:00 PM los días de semana, y los fines
de semana los servicios se prestaban de acuerdo con las programaciones que
tuviera la entidad.

58. De lo anterior se concluye que el demandante prestó sus servicios durante los

días de semana en franjas que iniciaban a las ocho de la mañana y podían
extenderse hasta las seis de la tarde o hasta horas posteriores, dependiendo de
las actividades que estuviera realizando. Asimismo, durante los fines de semana,
conforme a la declaración de la señora Martínez Marín, los servicios podían
prestarse de acuerdo con las programaciones existentes.

59. Para la Subsección, si bien la información precedente denota que el
demandante prestó su servicio en determinadas franjas de tiempo, no se
comparte la posición del Tribunal de considerar que ese hecho sea concluyente
de la existencia del elemento de la subordinación. Lo anterior, debido a que de
tiempo atrás esta Sala ha indicado que la existencia de un horario, en la
ejecución de los contratos de prestación de servicios, debe entenderse como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido19.

17
El magistrado sustanciador le preguntó a la testigo Ana Beatriz Velazco Escalante «¿Cómo entendieron ustedes que era el cargo del
señor William? ¿Cómo lo llamaban a él? ¿El jefe de qué dependencia o jefe de qué rama?», contestando la testigo que «el director del
área técnica. El director del área técnica de las dos sedes, tanto de Cúcuta como de Florida Blanca, Él nos coordinaba, coordinaba nuestras
labores y nada se hacía sin el aval de él».
18
Sobre el punto, la deponente expresó que «nosotros no teníamos un horario porque, básicamente, estábamos allá 24-7 según las
necesidades del canal. El ingeniero William, él podía cumplir, tenía dos horarios, el de oficina y el de producción. El de oficina, él tenía que
llegar a las ocho, pero podía haber cualquier otra circunstancia por la que él tuviera que llegar a las seis, a las cinco, dependiendo del área
de producción. O a la hora de salida, según la salida del lado administrativo era a las seis, pero él no siempre salía a las seis porque a
veces había necesidades en producciones que él podía salir a las nueve, a las diez, a las once, era muy relativo con los horarios».
19
Subsección A del Consejo de Estado, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-
2016), consejero ponente, doctor Rafael Suárez Vargas.

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60. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades

a ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

61. La entidad demandada reprochó en su recurso de alzada que el Tribunal
hubiera tenido por acreditado, sin estarlo, el elemento de la subordinación. A su
juicio, los testimonios y documentos que reposan en el expediente no son
concluyentes respecto de la existencia de algún direccionamiento o control sobre
las actividades desarrolladas por el actor durante la ejecución de sus contratos.

62. Para la Subsección, le asiste razón a la entidad en sus reproches, en vista de

que, analizadas integralmente las pruebas que reposan en el expediente, se
concluye que no contienen elementos suficientes para evidenciar la
subordinación que se tuvo por probada en la sentencia de primera instancia. Lo
anterior se sustenta en los siguientes argumentos:

63. Sobre las declaraciones rendidas en el proceso, se resalta que la señora Ana

Beatriz Velazco Escalante —quien se desempeñó como contratista en el área
técnica de la entidad entre febrero de 2012 hasta marzo de 2017—20 indicó que
el demandante era el responsable del área de producciones, agregando que
posteriormente fue encargado para realizar labores relacionadas con redes y
transmisiones21. Asimismo, añadió que el actor era su jefe directo22. Finalmente,
cuando se le interrogó si el demandante era autónomo o no para prestar su
servicio, respondió negativamente, debido a que «dependía» de las indicaciones
del gerente23

64. Por su parte, la señora Leidy Johana Martínez Marín —que prestó sus
servicios en calidad de contratista de la entidad demandada a partir del año 2012
y hasta el 2017 en el área técnica24— explicó que el actor era el jefe del área

20
En efecto, el magistrado sustanciador preguntó «¿qué relación tiene o ha tenido con el señor William Castellanos Mota?», explicando la
testigo que «la relación que tuve con el señor William Castellanos Mota fue hace unos años porque él era mi jefe directo, trabajábamos en
el mismo equipo técnico», así mismo, en respuesta posterior señaló que «cuando yo estuve allá en TRO, éramos por OPS».
21
Sobre el particular, la declarante afirmó que «yo cuando entré, él era el encargado de la parte de las producciones, o sea, el área técnica
estaba dividido en dos, pero él era el encargado de toda la parte de producciones, luego él oficializó su cargo y él era el que estaba a
cargo, porque era el jefe, de todo lo que era con redes, de lo que era transmisiones, administrativo, todo».
22
«(…) él era mi jefe directo, trabajábamos en el mismo equipo técnico».
23
«¿no tenía esa autonomía de tomar decisiones cuando iba a una producción o cuando iba a otra?, (…) no, él lo hacía todo según lo
que le dijera el gerente a él».
24
Al respecto el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «¿qué relación de carácter laboral o de carácter contractual ha
tenido con la Televisión Regional del Oriente Limitada, el Canal Tro?» Contestó: «Trabajaba para el Canal Tro en el área técnica»
Preguntado: «¿En qué periodo? ¿En qué años?» Contestó: «Desde el año 2012 hasta el 2017». Preguntado: «¿Usted estuvo vinculada
mediante nombramiento o mediante una OPS?» Contestó: «Mediante una OPS».
De la misma manera, el mandatario de la parte demandad realizó los interrogantes que enseguida se señalan: «dígale al despacho, ¿para
qué fechas trabajó usted para el canal? ¿En qué periodo se desempeñó como técnica contratista del Canal TRO?» Contestó: «Hasta el
2017 en el Canal TRO». […] Pregunta del magistrado sustanciador: «Señora Johanna, ¿usted sabe en qué dependencia y qué
vinculación tenía cercana laboralmente con el señor William Castellanos? ¿Usted por qué conoce lo que él hacía?» Contestó: «Yo

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técnica, dado que ejercía funciones en las áreas técnicas y administrativas de la
entidad. Adicionalmente, consideró que el demandante actuaba con cierto grado
de autonomía cuando se trataba de las funciones propias para las que fue
contratado, pero debía estar autorizado y seguir los lineamientos de la gerencia25.

65. En cuanto a las pruebas documentales, se destaca que, en una nota interna

del 15 de mayo de 2015, en el marco de un proceso de auditoría interna, al
demandante se identificó como persona responsable del área de Gestión Técnica
del Canal Tro26.

66. De los anteriores medios probatorios, la Subsección no concluye que el
demandante hubiera sido direccionado por la entidad contratante de tal manera
que su autonomía resultara anulada. En efecto, si bien ambas testigos detallaron
las actividades que el actor cumplió durante la ejecución de sus contratos, no
explicaron de manera precisa cómo su autonomía se vio afectada por las
indicaciones de la gerencia de la entidad.

67. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que la señora Martínez Marín

hubiera indicado que el actor actuaba con cierto grado de autonomía, aunque
guiado por lo dispuesto por la gerencia de la entidad. Más allá de señalar que se
seguían determinados lineamientos, no explicó de qué manera estos impedían
que las funciones del actor se cumplieran conforme a lo pactado en los contratos
y en armonía con el principio de coordinación que guía este tipo de vinculación.

68. De otro lado, la Subsección no pasa por alto que la señora Velazco Escalante

adujo que el demandante hizo las veces de su jefe, dado que prestaban sus
servicios conjuntamente, pero no refirió algún aspecto del cual se pueda predicar
la existencia de continuada dependencia en la ejecución de su labor.

69. En cuanto a la nota interna mencionada, de esta únicamente se extrae que el

actor era responsable de los procesos de gestión técnica del canal, es decir, de
aquellos que se comprometió contractualmente a desarrollar. Lo propio ocurre
con el hecho de que debía estar pendiente de los procesos técnicos para los
cuales fue contratado, circunstancia que el Tribunal consideró como indicio de
subordinación. Ambos hechos solo evidencian que el demandante debía cumplir
sus obligaciones contractuales dentro de los parámetros previamente acordados
entre las partes, lo que en modo alguno permite concluir que hubiera estado
subordinado durante la prestación de sus servicios.

pertenecía al área técnica del Canal Tro» Pregunta del magistrado sustanciador: «¿La misma área donde estaba el señor William
Castellanos?» Contestó: «Sí, señor» Preguntado: «¿Compartían oficina? ¿Compartían alguna dependencia cuando desarrollaban las
actividades?» Contestó: «Compartíamos oficina».
25
Sobre ello, el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «Sírvase si el señor William Castellanos tenía autonomía para
desarrollar su función, es decir, para saber cuándo empezaba a hacer una producción, a qué hora llegaba, cómo la hacía» Contestó: «Si
el señor William Castellanos tenía autonomía para desempeñar su labor, siempre y cuando estuviera autorizado mediante la gerencia».
Preguntado: «Usted entiende muy bien la parte de televisión por lo que veo, entonces usted me puede enseñar sobre lo siguiente. ¿Qué
grado de autonomía tenía el señor William Castellanos para las producciones? ¿Siempre tenía que tener directrices dadas por la gerencia
o él tenía autonomía para decidir qué iba a producir?» Contestó: «Pues él tenía autonomía, pero en concordancia con la gerencia, o sea,
con lineamientos hacia la gerencia, pero él tenía autonomía para tomar decisiones frente a los eventos».
26
Folios 3 a 5 del archivo titulado «002. CDNO PPAL FLS 118 AL 344», expediente digital, índice 2 de Samai.

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70. De otro lado, la Subsección se aparta de la consideración del Tribunal según

la cual el suministro de determinados elementos de trabajo por parte de la entidad
al actor constituye un indicio de subordinación. Al respecto, debe recordarse que
la Sala ha precisado que dicho suministro no implica necesariamente la
existencia de este elemento, sino que puede corresponder al ejercicio de las
facultades administrativas de la entidad contratante dirigidas a permitir que las
actividades del contratista se desarrollen adecuadamente y de acuerdo con la
finalidad del contrato.

71. Ahora, en el expediente obra el Acuerdo 21 del 21 de diciembre de 201527 por

el cual se modificó la planta de personal de la entidad demandada, que en su
artículo 1 precisó que aquella estaría integrada, entre otros empleos, por el de
director técnico, código 009, grado 02; Y en el artículo 2 dispuso que «los
empleos creados en el presente acuerdo se proveerán durante la vigencia
2016». Asimismo, existe la Resolución 022 del 1.º de febrero de 201628 por
medio de la cual se nombró al actor en el cargo de dirección técnica y de emisión;
documentos que prueban que el actor fue vinculado como empleado público con
posterioridad al período durante el cual laboró por contratos de prestación de
servicios, pero no acreditan la continua dependencia en sus actividades.

72. Pues, la creación del cargo en la planta de personal denota la necesidad del

servicio de una labor que, si bien venía siendo contratada pero no en iguales
condiciones, y si aún fuere así lo determinante es la acreditación en el lapso del
vínculo contractual de actos efectuados por la entidad dirigidos a controlar la
forma y condiciones de la prestación del servicio del contratante, a imponer
direccionamientos que anularan su autonomía y el principio de coordinación
contractual.

73. Deesa forma, es oportuno recordar que, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales de toda relación laboral: prestación
personal, remuneración y, especialmente, subordinación.

74. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del

Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado, lo que ocurrió en este caso, respecto al periodo en que se
solicitó la declaratoria de la relación laboral. No obstante, de cara al análisis antes
referenciado, la figura de los contratos de prestación de servicios suscritos entre
las partes no fueron desvirtuados.

27
Folios 7 y 9 del archivo titulado «002. CDNO PPAL FLS 118 AL 344», expediente digital, índice 2 de Samai.
28
Folios 120 y 121 del archivo titulado «001. CDNO PPAL FLS 1 AL 117», expediente digital, índice 2 de Samai.

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75. Por lo anterior, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General

del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la
parte actora a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona
con la entidad a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso,
tal y como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores29.

76. Ello,pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»30.

77. Por tanto, al no probarse el elemento de subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Por
sustracción de materia, no se estudiará el tercer problema jurídico.

2.6. De la condena en costas en ambas instancias

78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

80. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de noviembre de 2024.
Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
30
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena Hernández.

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81. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a

la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el a quo.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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