Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02485-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02485-01 (4778-2024)
Demandante: Karen Andrea Hernández Palacio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02485-01 (4778-2024)
Demandante: Karen Andrea Hernández Palacio
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE
Tema: Relación laboral encubierta/médica
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 2 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
20181100125991 del 8 de junio de 2018, recibido el 12 de junio siguiente,
expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte —antes Hospital
Simón Bolívar III Nivel ESE—, mediante el cual se negó la solicitud presentada
el 22 de mayo de 2018, en la que se pidió el reconocimiento de una relación
laboral encubierta entre las partes y el consecuente pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir entre el 19 de septiembre de 2014 y el 31 de enero
de 2018.
3.Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declare la existencia de la
esa relación laboral entre las partes. A título de restablecimiento del derecho, se
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Folio 54, CD expediente físico.
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Demandante: Karen Andrea Hernández Palacio
le cancelen los derechos laborales dejados de percibir, tales como cesantías,
intereses a las cesantías, sanción moratoria por su no pago, vacaciones, primas
de vacaciones, de servicios y de navidad, bonificación por servicios prestados,
salario correspondiente al mes de enero de 2018, aportes al sistema de seguridad
social en pensiones y salud, indemnización moratoria por el no pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales.
4.De igual manera, solicitó el pago de la licencia de maternidad equivalente a 18
semanas de salario, conforme al artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, pidió el pago equivalente a sesenta días de salario por el despido
motivado en el embarazo, sin autorización de la autoridad competente, según lo
establecido en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.
5.Pidió a título de indemnización por lucro cesante y daño emergente, el pago
de un día del último salario devengado por cada día transcurrido desde el
momento en que se produjo la desvinculación hasta cuando se efectúe el pago.
6.Solicitó que la condena sea cumplida y actualizada conforme a los artículos
187 y 192 del CPACA.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
7.La señora Karen Andrea Hernández Palacio cumplió actividades como
«médica general – salud mental» en favor de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte —Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE—, entre el 19 de
septiembre de 2014 y el 31 de enero de 2018, mediante contratos de prestación
de servicios.
8. Que si bien los contratos fueron celebrados para desempeñar actividades
como «médica general», en realidad ejecutó funciones propias de médica
psiquiatra, las cuales corresponden al personal de planta de la entidad.
9. Sus funciones estuvieron subordinadas a la ESE, mediante órdenes
permanentes, directas, verbales o escritas, impartidas por quienes fungieron
como sus jefes inmediatos; que debía pedir permiso para ausentarse de sus
labores, y los elementos con los cuales prestaba sus servicios eran de propiedad
de la entidad.
10. En el mes de diciembre de 2017, la actora le comunicó verbalmente a la líder
de Salud Mental de la ESE, Nohelia Ortiz, su estado de embarazo. No obstante,
para ese momento, este ya era un hecho notorio y conocido por toda la Unidad
Mental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (antes Hospital Simón
Bolívar III Nivel ESE).
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11. A inicios de enero de 2018, la demandante se dirigió a las instalaciones de la
ESE para comunicarle a su supervisora contractual las condiciones relacionadas
con el pago de ese mes, así como para informarle su estado de embarazo.
Posteriormente, el 1.º de febrero de 2018, informó nuevamente a la líder de Salud
Mental, a la supervisora del contrato y a la directora técnica de la ESE su estado
de gravidez, que para ese momento ya contaba con 14 semanas de gestación,
es decir, tres meses y medio.
12. El 20 de febrero de 2018, la solicitud fue contestada por la Subred, entidad que
le indicó que debía acercarse a sus instalaciones. En marzo de 2018, la
demandante acudió a la entidad y se comunicó con quien fungió como
supervisora de sus contratos, quien le manifestó que ya se había contratado a
otra persona en su reemplazo.
13. El 18 de junio de 2018, presentó derecho de petición mediante el cual solicitó
el reintegro a la entidad, así como el pago correspondiente al mes de enero de
2018. La ESE profirió respuesta el 3 de julio del mismo año, en la que le solicitó
acercarse a la entidad para adelantar los trámites de su reingreso mediante la
firma de un nuevo contrato. En julio de 2018, sin precisar fecha, la actora acudió
a la entidad; «sin embargo, le fue alegado que, para ser reincorporada,
necesitaba allegar todos los documentos que exigía la entidad, además de ser
insultada por su estado de embarazo, manifestándole que era muy avanzado a
la fecha».
14. Por consiguiente, se censuró que la demandante «fue despedida sin justa
causa y además sin la autorización por parte del Ministerio de Trabajo, siendo
una condición sine qua non para hacer efectivo su despido, lo cual desconoció
los derechos (…) y (…) del que estaba por nacer (…)».
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
15. Indicó que el acto administrativo demandado incurrió en infracción de las
normas en que debía fundarse, por desconocimiento de disposiciones
constitucionales y legales, tales como los artículos 13, 25, 53 y 58 de la
Constitución Política, que protegen la igualdad, el derecho al trabajo y la garantía
del principio de primacía de la realidad sobre las formas, así como el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, que regula la modalidad del contrato de prestación de
servicios.
16. Que incurrió en desviación de poder y falsa motivación, pues la administración
utilizó indebidamente los contratos de prestación de servicios para beneficiarse
de las actividades de la demandante, sin pagar las prerrogativas laborales que
devengan los funcionarios de planta de la entidad. Lo anterior, en tanto que
durante el desarrollo de la vinculación se configuraron los elementos esenciales
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de la relación laboral, a saber: prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación.
17. En especial, destacó que la subordinación se acreditó debido a que las
actividades de la actora se desarrollaron en el marco del cumplimiento de horario
y de la sujeción a órdenes.
1.4. Contestación de la demanda2
18. A través de apoderado judicial, la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E contestó la demanda indicando su oposición a todas y cada una de
las pretensiones.
19. Que si bien la demandante suscribió contratos de prestación de servicios con
la ESE, no ocupó cargo alguno dentro de la entidad ni estuvo vinculada a su
planta de personal. Por lo tanto, en su calidad de contratista, gozó de autonomía
e independencia para cumplir con los objetivos contractuales propuestos. Agregó
que la existencia de parámetros para la ejecución de las actividades —tales como
horarios o tiempos para el cumplimiento del contrato— no configura, por sí sola,
subordinación.
20. Tampoco les consta que existiera personal de planta que realizara las mismas
funciones que la actora en la entidad; tampoco los hechos relacionados con la
manera en que la demandante terminó su vinculación con la ESE, ni las
circunstancias relativas a su embarazo y a las condiciones que, según la
demanda, no tuvo en cuenta la entidad y que habrían propiciado el
desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de la que gozaba. Por lo
tanto, sostuvo que todas estas circunstancias deben ser objeto de prueba.
21. En virtud de lo anterior, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i)
legalidad del acto administrativo acusado; ii) falta de causa e inexistencia de la
obligación; iii) inexistencia de vínculo laboral por no reunirse los requisitos para
su reconocimiento; iv) compensación; y v) cualquiera genérica que pueda ser
decretada por el despacho.
1.5. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 2 de mayo de
2024, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
20181100125991 del 8 de junio de 2018 y la existencia de una relación laboral
encubierta entre la ESE y la demandante. A título de restablecimiento del
derecho, condenó a la entidad a reconocer y pagar, en favor de la demandante,
una «indemnización que se cuantifica en el valor de las prestaciones sociales
2
Folio 86 expediente físico
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legales que debió recibir (…) incluidas cesantías e intereses a las cesantías, que
por la irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base los
honorarios devengados por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de
2014 y el 15 de enero de 2018, descontándose las interrupciones». Igualmente,
ordenó a la ESE pagar los honorarios que debió devengar la demandante en el
mes de enero de 2018.
23. También condenó a la entidad a reconocer a la demandante el tiempo legal
correspondiente a la licencia de maternidad, «para lo cual deberá cotizar ante la
Empresa Prestadora del Servicio de Salud a la que estaba afiliada la actora. Así
como los 60 días adicionales como sanción en los términos del artículo 239 del
CST».
24. Finalmente, ordenó que la entidad pagara los aportes a pensión en favor de la
actora, en el porcentaje que le correspondía como empleador, durante todo el
tiempo en que se desarrolló la prestación personal del servicio.
25. Paraarribar a las anteriores conclusiones, en primer lugar, el Tribunal
consideró que se acreditaron los elementos que configuran la relación laboral
encubierta, en los siguientes términos:
26. Prestación personal del servicio: Con los documentos aportados, se tuvo
por acreditado que la demandante realizó actividades como «médica general en
salud mental» y «médica general con entrenamiento en psiquiatría» entre el 19
de septiembre de 2014 y el 15 de enero de 2018.
27. Remuneración: se probó con las cláusulas de los contratos de prestación de
servicios denominadas «forma de pago e imputación presupuestal».
28. Subordinación: para el Tribunal, este elemento se acreditó a partir de los
dichos de las testigos y del interrogatorio de parte, dado que coincidieron en las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que la demandante prestó sus servicios
en la ESE. En efecto, las testigos Margarita de Jesús Duque Vásquez y Elsa
Juliana Díaz Caballero manifestaron que laboraron con la demandante en el
Hospital Simón Bolívar —hoy Subred Norte ESE—. Señalaron que la actora
prestó sus servicios como médica general con funciones de psiquiatría en los
servicios de urgencias y hospitalización de la ESE. Explicaron que, inicialmente,
cumplió horario nocturno de doce horas, entre las siete de la noche y las siete de
la mañana, y, posteriormente, horarios en la mañana y en la tarde. Además,
indicaron que los horarios eran impuestos por la coordinación de salud mental,
sin posibilidad de disponer de los turnos.
29. Que del interrogatorio de parte realizado a la actora se extrajo que estuvo
contratada hasta el 31 de enero de 2018, pero no se le pagó ese mes; que sus
servicios se realizaban en el área de psiquiatría; y que los turnos eran
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determinados y vigilados por la líder de salud mental. Además, en diciembre de
2017 puso en conocimiento de la entidad su estado de embarazo; sin embargo,
al constatar que para febrero de 2018 no fue contratada, se acercó a la entidad
en marzo siguiente, pero le informaron que ya habían contratado a otra persona.
30. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que las obligaciones de la
demandante fueron ejecutadas bajo subordinación, dado que prestaba sus
servicios en el centro hospitalario y en los turnos fijados por la entidad; que sus
actividades estaban orientadas a satisfacer servicios misionales de la ESE y que
no cumplieron con el criterio de excepcionalidad y la temporalidad que rige los
contratos de prestación de servicios.
31. Respecto al pago de la licencia de maternidad equivalente a 18 semanas,
conforme lo establece el artículo 236 del CST, el Tribunal adujo que en el
expediente reposaba el oficio 20181110147241 del 3 de julio de 2018, a través
del cual el gerente de la Subred Norte expuso que tuvo conocimiento verbal del
estado de embarazo de la demandante al momento de su retiro, por lo que fue
citada en febrero para la suscripción de un nuevo contrato. Esta circunstancia,
según el Tribunal, concuerda con las manifestaciones de la demandante en el
interrogatorio de parte.
32. Por lo anterior, consideró demostrado que la ESE, en su calidad de
contratante, tuvo conocimiento del estado de gestación de la demandante antes
de la terminación del plazo del contrato 0062 de 2017. De esa manera, estimó
procedente reconocer a la demandante la connotación de sujeto de especial
protección y, en concreto, la garantía de estabilidad laboral reforzada en su
condición de mujer embarazada, conforme a las sentencias SU-070 de 2013 y
SU-075 de 2018 de la Corte Constitucional, que preceptúan que la protección de
las mujeres gestantes se predica respecto de cualquier tipo de vinculación,
incluso frente a contratos de prestación de servicios.
33. En consecuencia, accedió al reconocimiento de la licencia de maternidad, y
también reconoció los aportes a pensión correspondientes al pago de la sanción
contenida en el artículo 239 del CST, esto es, al reconocimiento de una
indemnización equivalente a sesenta días de salario por el despido sin justa
causa. Así como el pago de los honorarios del mes de enero de 2018, dado que
la entidad, al contestar la demanda, indicó que no le constaba este hecho. Sin
embargo, para el Tribunal ello «no resulta creíble, ya que precisamente es quien
debe tenerla en su poder; por lo que se aplicará la teoría de la carga dinámica de
la prueba, que consiste en señalar que debe probar quien puede. Además, al
tratarse de un hecho negativo resulta imposible la obtención de la prueba por la
actora, habida cuenta que no podrá probarse lo que no existe».
1.6. Recursos de apelación
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34. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, mediante su vocero
judicial, presentó recurso de apelación y solicitó que la sentencia fuera revocada
para que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Los
argumentos del recurso se centraron en la inexistencia del elemento de
subordinación, la falta de prueba sobre el impago de los honorarios reconocidos
por el mes de enero de 2018 en primera instancia y la ausencia de violación de
la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada.
35. Respecto de la remuneración de la demandante en el mes de enero de 2018
ordenada en la sentencia apelada, sostuvo que debe revocarse, toda vez que la
actora no cumplió con la carga de acreditar la inexistencia de dicho pago, y que
la entidad aportó constancia de los pagos realizados durante la ejecución de los
contratos.
36. Que la demandante no probó la subordinación del servicio, que si bien en el
desarrollo de los contratos le fue asignado un supervisor, esta es una función
administrativa propia del principio de coordinación que guía los contratos de
prestación de servicios, con el fin de lograr su correcta gestión y ejecución.
37. Asimismo, afirmó que la subordinación no se configura únicamente por el
hecho de que los contratantes convengan, desde el inicio de la vinculación, el
horario o el lugar de prestación del servicio, dado que, dentro de la coordinación
que caracteriza esta tipología contractual, el contratista puede someterse a las
condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto, tales como horario,
determinadas instrucciones o la presentación de informes.
38. En consecuencia, aseveró que la demandante fue autónoma e independiente
en la ejecución de los contratos, en tanto sus actividades eran ejecutadas a su
manera y ritmo. Además, sostuvo que no existieron llamados de atención,
órdenes ni memorandos en su contra; y que aquello que las testigos consideraron
subordinación, en realidad, correspondía a circunstancias propias de la
coordinación del objeto convenido.
39. Por lo tanto, no existen en el plenario elementos de juicio que comprueben que
la actora en su servicio debió acatar las condiciones impuestas en tiempo, modo
y lugar por la ESE.
40. Finalmente, en relación con el estado de embarazo, señaló que en el
interrogatorio de parte la actora manifestó haber informado verbalmente a su
supervisora sobre dicha circunstancia, pero no entregó los soportes o la
certificación correspondiente. Por lo tanto, sostuvo que fue la demandante quien
incumplió los requerimientos exigidos para realizar la contratación de prestación
de servicios.
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41. La demandante, igualmente, presentó recurso de apelación de manera parcial
contra la sentencia, discrepó de los períodos en que el Tribunal tuvo por
acreditada la relación laboral, pues, desde la presentación de la demanda —y
con las pruebas que reposan en el plenario—, se probó que su servicio se efectuó
entre el 19 de septiembre de 2014 y el 31 de enero de 2018. Por lo tanto, solicitó
que se declarara la existencia de la relación laboral durante todo ese tiempo.
42. También discrepó que la orden de pago de la sentencia se diera con
fundamento en los honorarios percibidos como médica general, dado que, en
realidad, sus funciones en el año 2018 fueron de médica psiquiatra. En
consecuencia, solicitó que el reconocimiento de dichos emolumentos, entre el 1.º
y el 31 de enero de 2018, se hiciera con el salario que correspondía a un médico
psiquiatra que, para ese momento —y conforme a la demanda—, ascendía a
$8.505.000.
1.7. Trámite en segunda instancia
43. El auto que admitió los recursos de apelación fue proferido por el despacho
sustanciador el 2 de mayo de 20253, oportunidad en la cual se indicó que el
Ministerio Público podía emitir concepto desde la admisión hasta que ingresara
nuevamente el expediente al despacho para fallo; quien solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, por cuanto se acreditaron los
elementos que configuran la existencia de una relación laboral encubierta.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
44. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.
45. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso5, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante o, cuando ambas partes hubieran
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. Como en el
presente caso las partes presentaron reparos sobre toda la sentencia de primera
instancia, en principio, la competencia en segunda instancia sería sin
3
Índice 11 aplicativo SAMAI segunda instancia.
4
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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limitaciones. Sin embargo, antes formular el problema jurídico, la Subsección
estima procedente realizar el siguiente análisis como cuestión previa con el fin de
determinar los asuntos a estudiar en esta providencia.
2.2. Cuestión previa – Del agotamiento de la actuación administrativa como
requisito de procedibilidad para activar la competencia de la jurisdicción de
lo contencioso-administrativa en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
46. Esta Sección, en sus dos subsecciones6, ha preceptuado que la actuación
administrativa —conocida en la regulación del anterior Código Contencioso
Administrativo— es necesaria y constituye el punto de partida de una eventual
disconformidad judicial con los actos administrativos proferidos sobre una
situación jurídica concreta. En efecto, en el curso de la actuación administrativa,
el titular o interesado en un derecho particular reclama ante la entidad estatal su
reconocimiento, modificación o adecuación, lo cual exige que esta se pronuncie
de forma definitiva frente a la petición de su interés. Dicho pronunciamiento se
conoce como el principio de decisión previa.
47. Según la jurisprudencia de esta Subsección, el agotamiento de la actuación
administrativa tiene una triple función en el marco constitucional y legal
colombiano: garantía del debido proceso y del derecho de defensa del
administrado, oportunidad para que la administración revise sus propios actos y
presupuesto procesal para presentar la demanda7.
48. De esa manera, previo a la presentación de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138
del CPACA, es necesario que la administración se pronuncie sobre dicha
situación, con fundamento en las disposiciones jurídicas que regulan la materia
sometida a su consideración.
49. Lo anterior, «en consonancia con las razones de necesidad, urgencia,
pertinencia y demás elementos cuyo análisis considere relevantes para emitir los
6
Al respecto ver Sentencia de 26 de abril de 2018, Consejo de Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr.
William Hernández Gómez, radicación 52001-23-33-004-2014-00276 (3164-2015). Esta providencia en detalle, dice lo
siguiente: «(…) Ahora, debe señalarse que si bien con la Ley 1437 de 2011, desapareció el concepto de vía gubernativa,
ello no quiere decir que no subsista la obligación de pedir ante la administración el derecho que eventualmente se
reclamará en vía judicial, es decir, no se ha eliminado ese requisito, pues es claro que cuando se pretenda el
reconocimiento de un derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, este se hace a través de la solicitud de
nulidad del acto que creó, modificó o extinguió una situación jurídica para el demandante y su consecuente
restablecimiento, concepto que se ha reconocido como el principio de la decisión previa (…)».
Asimismo, puede consultarse de manera reciente auto dictado el 24 de noviembre de 2023 en proceso bajo radicado
50001-23-33-000-2017-00064-01 (5757-2022), C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez (E). Auto dictado el 29 de febrero de
2024 dentro del proceso bajo radicado 25000 23 42 000 2018 00385 01 (2085-2023), C.P: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
En cuanto a la Subsección B de esta Sección, se destaca auto del 24 de mayo de 2024, proferido dentro del proceso bajo
radicado 25000-23-42-000-2021-00100-01 (1055-2022), C.P: César Palomino Cortés.
7
Sentencia de 22 de noviembre de 2018, Consejo de Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas, radicación 080012333000201500845 01 (3906-2017).
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actos administrativos»8. Esto es fundamental, porque garantiza el principio de
autotutela que tienen las entidades del Estado para resolver de fondo las
situaciones jurídicas particulares que posteriormente podrían ser cuestionadas
en sede judicial, mediante las causales de nulidad previstas en el artículo 137
ibídem9.
50. Por lo tanto, la reclamación previa es un requisito de procedibilidad según el
cual, antes de presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el ciudadano debe solicitar a la administración el reconocimiento de un
derecho particular y concreto. De esa manera, en el evento de obtener una
decisión desfavorable, puede discutir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la legalidad de dicha determinación. En ese trámite, es necesario
interponer los recursos ordinarios obligatorios contra el acto administrativo,
conforme lo prescribe el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 201110, con
el fin de que la autoridad administrativa cuente con la posibilidad de revisar,
aclarar, modificar o revocar los yerros en que hubiere incurrido.
51. De modo que, a contrario sensu, si la administración no profiere un acto
administrativo expreso o presunto frente a la solicitud administrativa relacionada
con el derecho que el ciudadano considera desconocido, no es viable adelantar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En todo caso, de
presentarse la demanda, resulta inviable su estudio de fondo, dado que no se
agotó el paso previo, elemental y esencial para abordar el asunto
jurisdiccionalmente, esto es, el pronunciamiento del Estado mediante un acto
administrativo expedido en el curso de una actuación administrativa.
52. Sin dicho pronunciamiento, de una parte, se torna imposible estudiar
judicialmente la eventual legalidad o ilegalidad del acto acusado de desconocer
derechos subjetivos, a partir de las causales de nulidad que contemplan las
disposiciones que regulan el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. De otra parte, existe una consecuente inviabilidad de reconocer un
eventual restablecimiento del derecho respecto de eventos o circunstancias
sobre los cuales la administración no se ha pronunciado y, mucho menos, ha
negado. Ello, como se dijo, contraviene los principios de autotutela y decisión
8
Auto del 24 de mayo de 2024, proferido dentro del proceso bajo radicado 25000-23-42-000-2021-00100-01 (1055-2022),
C.P: César Palomino Cortés.
9
Según este artículo, aplicable por remisión del artículo 138 del CPACA, las causales por las que se puede endilgar la
nulidad del pronunciamiento de fondo (o definitivo) de la administración son las siguientes: i) expedidos con infracción en
las normas en las que deberían fundarse; ii) sin competencia; ii) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa;
iv) falsa motivación; v) desviación de poder de quien las profirió.
10
«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de
requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos
que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible
el requisito al que se refiere este numeral».
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previa que regulan sus actuaciones antes de cualquier sometimiento judicial
sobre el particular.
53. A partir de ese marco, la Subsección considera que en el caso se configuró la
falta de agotamiento administrativo respecto de algunas de las pretensiones
solicitadas en la demanda y, a la postre, reconocidas en la sentencia apelada.
Esto conlleva que, sobre dichas pretensiones, se configure la falta de
agotamiento de la reclamación administrativa y, por lo tanto, la inviabilidad de
decidirlas de fondo.
54. En efecto, al analizar los hechos, pretensiones y pruebas que reposan en el
plenario, se observa que la demandante presentó ante la ESE demandada
reclamación administrativa el 22 de mayo de 2018, en la que solicitó el pago de
acreencias laborales por el tiempo en que consideró haber trabajado como
empleada de la entidad. Dada su relevancia para el caso, la petición se
relacionará literal y en extenso, así:
«En mi calidad de ex empleada de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE, HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR III NIVEL E.S.E., solicito por reclamación administrativa
el reconocimiento y pago de las siguientes acreencias laborales.
1. Cesantías definitivas por todo el tiempo que trabajé como servidora del HOSPITAL SIMÓN
BOLIVAR III NIVEL E.S.E.
2. Interés a las cesantías liquidadas año a año por todo el tiempo que trabaje para el
HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR III NIVEL E.S.E.
3. Prima de servicios.
4. Prima de vacaciones.
5. Vacaciones.
6. Bonificación por servicios prestados.
7. Prima navideña.
8. Horas extras.
9. Dominicales.
10. Festivos.
11. Nocturnos.
12. Pago del salario del mes de enero de 2018.
13. Indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales.
14. Incrementos adicionales sobre salarios básicos por servicios prestados.
15. Auxilio de alimentación.
16. Aportes hechos al sistema de seguridad social en pensión y en salud.
17. Pagos efectuados por pólizas de cumplimiento y retención en la fuente efectuados por
encima de lo legal.
18. Reconocimiento y pago de nivelación de salarios por concepto de "a trabajo igual salario
igual".
19. Reconocimiento y pago de indemnización por despido unilateral sin justa causa.
20. Reconocimiento y pago de prima técnica según el cargo desempeñado.
21. Reconocimiento y pago de una suma igual al último salario diario por cada día de retardo
desde la fecha en que se produjo su desvinculación, hasta la fecha en que se produzca
realmente su pago, como reparación del daño lucro cesante y daño emergente sufrido por la
parte que aquí represento.
DERECHО:
Me apoyo en lo normado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, Ley 1437 de 2011 y
demás concordantes (…)»
55. En atención a la anterior petición, la ESE expidió el oficio 20181100125991 del
8 de junio de 2018, recibido el 12 de junio siguiente, a través del cual negó las
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solicitudes elevadas por la actora el 22 de mayo de 2018, en los siguientes
términos:
«Asunto. Derecho de Petición con Radicado No. 20183210114242 del 22 de mayo de 2018.
(…)
En atención al asunto indicado en la referencia, me permito informar que una vez consultada
la base de datos del Grupo Funcional de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E., se evidencia que la señora KAREN ANDREA HERNÁNDEZ PALACIO,
Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.962.150, suscribió dentro de los parámetros de
la autonomía de la voluntad privada, contratos de Prestación de Servicios con el fusionado
Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E., de lo que se colige, existió una relación contractual.
No obstante, dicha relación contractual por disposición normativa no puede generar relación
laboral alguna. A saber, el numeral 3 del artículo 32° del Estatuto Orgánico de la Contratación
Pública, Ley 80 de 1993, prescribe:
(…)
Con sustento en lo anterior, se puede inferir que el contrato de prestación de servicios no es
de índole laboral, por cuanto no consolida los elementos esenciales de un contrato de trabajo,
en consecuencia no genera para el contratante, la obligación de sufragar en favor del
contratista, prestación social alguna, distinto a sus honorarios (…)».
56. Posteriormente, el 5 de octubre de 2018, la actora solicitó la nulidad del
referido oficio 20181100125991, mediante el cual se negó la solicitud presentada
el 22 de mayo de 2018. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le
pagaran las prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 19 de septiembre
de 2014 y el 31 de enero de 2018, la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías, la indemnización moratoria por el no pago de las acreencias laborales,
el trabajo suplementario, los aportes a salud y pensión, y los honorarios del mes
de enero de 2018.
57. Con la demanda, adicionalmente, solicitó el pago de la licencia de maternidad
equivalente a 18 semanas de salario y el pago de la indemnización por despido
motivado en el embarazo, conforme a los artículos 236 y 239 del CST.
58. A partir de lo anterior, para la Subsección es evidente que la actora, en la
reclamación administrativa del 22 de mayo de 2018 —que ocasionó el
pronunciamiento de la ESE contenido en el oficio 20181100125991—, no solicitó
el pago de la licencia de maternidad ni la indemnización derivada del presunto
despido motivado en su estado de gravidez, según los hechos expuestos en la
demanda.
59. Véase que en la reclamación administrativa que dio origen al acto demandado
únicamente se solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a
las que la actora alegó tener derecho durante el período en que prestó sus
servicios en la ESE. En detalle, allí se discriminaron, uno por uno, los siguientes
conceptos: cesantías definitivas e intereses a las cesantías, prima de servicios,
vacaciones y prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de
navidad, trabajo suplementario —horas extras, dominicales, festivos y
nocturnos—, indemnización por el no pago de prestaciones, incrementos
adicionales sobre el salario básico por servicios prestados, auxilio de
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alimentación, aportes a salud y pensión, pago de las pólizas de cumplimiento y
retención en la fuente, y pago del salario del mes de enero de 2018. Asimismo,
pidió la nivelación salarial, la indemnización por despido sin justa causa, la prima
técnica y el pago del último salario más alto desde que se produjo su
desvinculación hasta que se efectuara el pago, a título de daño emergente y lucro
cesante.
60. Es decir, en dicha reclamación administrativa no se puso de presente, ni en
los hechos ni en las pretensiones, referencia alguna al estado de gravidez que la
demandante adujo en la demanda para el período en que terminó su vinculación
con la ESE. Tampoco se solicitó el reconocimiento de la licencia de maternidad
ni de la indemnización previstas en los artículos 236 y 239 del CST.
61. Por tanto, al proferir el acto administrativo cuya nulidad se solicita en este
proceso, la administración circunscribió su análisis a la inexistencia de la relación
laboral alegada en la reclamación administrativa, bajo la posible calidad de la
actora como «exempleada» de la entidad. En consecuencia, no realizó análisis
alguno sobre el eventual reconocimiento de la licencia de maternidad —prevista
en el artículo 236 del CST— ni sobre la prohibición de despido de mujer
embarazada por parte del empleador, so pena de indemnización —prevista en el
artículo 239 del CST—, porque tales asuntos no fueron puestos en su
consideración por la reclamante, ahora demandante.
62. Por consiguiente, para la Subsección no es posible realizar un análisis jurídico
de fondo sobre la posible nulidad del oficio 20181100125991 proferido el 12 de
junio de 2018 en lo que respecta alegado desconocimiento, de parte de la
administración, de la condición de mujer embarazada que tenía la actora, así
como de las pretensiones dirigidas al pago de la licencia de maternidad e
indemnización por despido de que tratan los artículos 236 y 239 del CST, pues
no se agotó la reclamación administrativa previa y necesaria que conllevara a la
expedición de un acto administrativo (o bien ficto negativo) o de fondo, claro y
directo, sobre los derechos que en la demanda se consideraron vulnerados.
63. En ese sentido, para la Sala no era viable ni jurídicamente procedente el
reconocimiento que hizo el Tribunal de primera instancia respecto de las
pretensiones dirigidas al pago de la licencia de maternidad y de la indemnización
contenida en el artículo 239 del CST, pues no existe acto administrativo de la
entidad referido a ese particular. Ello impide analizar, sobre este punto, la
configuración de alguna causal de nulidad y, en consecuencia, ordenar el
restablecimiento del derecho, como se hizo en la sentencia de primera instancia.
64. Además,si bien el a quo citó en la sentencia recurrida el oficio
20181110147241 del 3 de julio de 201811 —a través del cual se consideró que el
11
Folio 29 expediente físico.
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gerente de la entidad expuso que tuvo conocimiento verbalmente del estado de
embarazo de la demandante—, lo cierto es que ese acto administrativo no
resolvió las pretensiones que la demandante formuló judicialmente. Por el
contrario, a través de ese documento la entidad únicamente le solicitó a la actora
que se acercara a sus instalaciones «con el fin de tratar el tema de ingreso a la
entidad y posterior suscripción de un nuevo contrato».
65. Tampoco puede predicarse la existencia de un acto ficto negativo sobre este
particular, pues, analizada la petición presentada por la actora el 13 de junio de
201812, que dio lugar al oficio 20181110147241 del 3 de julio de 2018, se
evidencia que estuvo dirigida «al reintegro de las funciones que desempeñando
[sic], teniendo en cuenta que desde el mes de enero del año en curso no se ha
el mismo [sic] y de manera subsidiaria solicito tener en cuenta las sugerencias
realizadas por el médico tratante las cuales se encuentran anexas a este
documento». Es decir, en dicha petición no se solicitó el pago de la licencia de
maternidad ni de la indemnización reconocida en la sentencia de primera
instancia. Por consiguiente, es palmario que, a la luz de las pruebas obrantes en
el proceso, sobre este particular no hubo petición ni respuesta posterior de la
ESE, de forma que, se insiste, es imposible realizar en esta instancia un estudio
de fondo sobre ello.
66. Para la Subsección es importante precisar que, si bien la mujer en estado de
gestación goza de especial protección constitucional antes y después del
embarazo13, dicha protección se desarrolla dentro de los cauces que la propia
Constitución y el legislador —en ejercicio de su libertad de configuración
normativa— han dispuesto al respecto.
67. En esa medida, la protección de los derechos fundamentales que la
demandante aduce desconocidos debe estudiarse y garantizarse en el marco del
debido proceso —artículo 29 de la Constitución Política— y de los mecanismos
dispuestos por el legislador para hacerlos efectivos. Para el caso particular, dicho
mecanismo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
cual, como se indicó previamente, requiere un pronunciamiento previo de la
administración que niegue un derecho subjetivo para habilitar el control
jurisdiccional. Esto no ocurrió en el presente asunto, pues no existe un acto
administrativo que resuelva desfavorablemente a la demandante la situación
jurídica cuya protección solicita. Por lo tanto, es inviable que esta Jurisdicción
emita un pronunciamiento de fondo sobre ese particular.
68. En ese sentido, se revocará el inciso tercero del numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, que ordenó el reconocimiento y
pago de la licencia de maternidad, así como el pago de la indemnización
12
Folio 27 expediente físico
13
Artículo 43 de la Constitución.
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correspondiente a sesenta días de salario, en los términos de los artículos 236 y
239 del CST. En su lugar, se declarará la falta de agotamiento de la reclamación
administrativa previa respecto de dichas pretensiones, como requisito de
procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
69. Clarificado lo anterior, se procederá a delimitar el problema jurídico a resolver
en el asunto bajo estudio, de la siguiente forma:
2.3. Problema jurídico
70. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, así
como la cuestión previa anterior, el problema jurídico se contrae a resolver los
siguientes interrogantes:
71. ¿entre la señora Karen Andrea Hernández Palacio y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte ESE existió una relación laboral encubierta?, de ser así
¿se determinará si ella ocurrió entre el 19 de septiembre de 2014 y el 15 de enero
de 2018, como se indicó en la sentencia apelada? o ¿entre el 19 de septiembre
de 2014 y el 31 de enero de 2018, como lo solicitó la demandante en el recurso
de apelación?
72. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
73. Por último, se analizará si la actora tiene derecho al pago de los honorarios
correspondientes al mes de enero de 2018 y, de ser así, sí estos deben
reconocerse con base en lo devengado por un médico general o un médico
especialista.
2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente
74. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
75. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
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configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
76. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
77. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
78. Conforme los documentos que obran en el plenario, se concluye que la
demandante prestó personalmente sus servicios como médica en favor de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (antes Hospital Simón Bolívar
III), entre el 19 de septiembre de 2014 y 15 de enero de 2018, mediante contratos
de prestación de servicios, cuyos objetos, períodos y valores recibidos se
proceden a exponer.
Número de Inicio Fin Objeto del contrato Valor del
Contrato contrato
1654 de 2014 19 de 9 de noviembre Prestación de servicios como $2.835.000
(contratos 2014) septiembre de de 2016 médico general - salud mental.
2014
Contrato suscrito
con el Hospital 30 de
Simón Bolivar III septiembre de
Nivel Empresa 2014
Social Del Estado (180 horas)
ASP 0306 de 2015 1 de enero 31 de enero Médico general con $3.960.000
(Contrato suscrito 2015 2015 entrenamiento en psiquiatría
entre la
demandante y el
Hospital Simón
Bolivar III Nivel
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Empresa Social
Del Estado
ASP 1683 de 2015 1 de febrero 31 de diciembre Médico general – entrenamiento $5.400.00015
(contratos 2014- de 2015 de 201514 en psiquiatría.
2015, pág. 8)
Hospital Simón
Bolivar III Nivel
Empresa Social Del
Estado
ASP 0566 de 2016 1 de enero de 30 de Médico general – entrenamiento $2.700.000
(contratos 2016, 2016 septiembre de en psiquiatría.
pág. 1 y 4) 2016
Contrato suscrito
con el Hospital
Simón Bolivar III
Empresa Social Del
Estado
1665 de 2016 30 mayo de 30 de junio de Médico general - salud mental en $5.670.000
(contratos 2016, 2016 2016 la unidad de prestación de
pág. 7) Servicios de Salud Simón Bolivar
ESE.
Contrato suscrito
con la Subred
Integrada de Salud
Norte Unidad de
Prestación de
Servicios de Salud
Hospital de
Envatiga E.S.E.
01445 de 2016 1 de julio de 31 de julio de Médico general - Salud mental en $5.283.500
(Contrato suscrito 2016 2016 la unidad de prestación de
con la Subred servicios de salud Simón Bolívar
Integrada de E.S.E.
servicios de Salud
Norte ESE)
Pág. 7
506 de 2016 1 de agosto 31 de agosto de Médico general - Salud mental en $2.835.000
de 2016 2016 la unidad de prestación de
(Contrato suscrito servicios de salud Simón Bolívar
con la Subred E.S.E.
Integrada de
servicios de Salud
Norte ESE)
Pág. 10
0062 de 2017 01 de enero 15 de enero de Prestar servicios profesionales y $46.879.00017
de 2017 201816 de apoyo a la gestión como
(Contrato suscrito Médico General - Salud mental
con la Subred dentro de los diferentes procesos
Integrada de y procedimientos de la Subred
servicios de Salud Integrada de Servicios de Salud
Norte ESE) Norte E.S.E. de acuerdo con las
necesidades de la Institución
Pág. 9 contrato
2017
79. En el recurso de apelación, la actora discrepó de la posición del Tribunal de
declarar la existencia de la relación laboral únicamente hasta el 15 de enero de
2018, cuando, en realidad —a su juicio—, esta se extendió hasta el 31 del mismo
mes y año.
14
Prórroga 006 al contrato de prestación de servicios 1683 de 2015.
15
Valor del contrato inicial.
16
De acuerdo con el otrosí 9 del contrato de prestación de servicios 0062 – 2012 pág. 20 de la carpeta de contratos 2017.
1717
Valor del primer contrato.
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80. Para la Subsección no le asiste razón, pues su afirmación no encuentra
respaldo probatorio en el plenario. En efecto, con los documentos ni con los
testimonios18 se puede determinar que la actora estuvo vinculada durante todo
el mes de enero de 2018, pues con los primeros se acredita que el vínculo duró
hasta el 15 de enero de 2018, en la medida en que la cláusula primera del otrosí
9 al contrato de prestación de servicios 0062 de 2017 extendió su período hasta
esa fecha.
81. De otro lado, el elemento de la remuneración entre el 19 de septiembre de
2014 y 31 de diciembre de 2017 se acredita con las cláusulas contractuales y los
certificados de tiempo de servicio y valores devengados19 que dejan constancia
de los honorarios que recibió la actora por las actividades ejecutadas en favor de
la ESE.
82. En lo que se refiere a la contraprestación del servicio recibida por la actora
entre el 1 y 15 de enero de 2018, la Subsección estima que este particular debe
ser resuelto luego de que se determine si se configuró o no la relación laboral,
comoquiera que la demandante solicitó el pago todos los conceptos
prestacionales y salariales a título de restablecimiento del derecho, una vez se
acreditara la existencia de aquella. Es decir, dicho punto es consecuencial a la
acreditación del contrato realidad entre las partes.
83. En ese orden, con relación a la continuada subordinación y dependencia,
se recuerda que consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle
al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».
84. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de determinar
si la señora Karen Andrea Hernández Palacio estuvo subordinada a la entidad
demandada. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios fijados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.
85. Con las pruebas aportadas se deduce que la demandante tuvo como lugar de
trabajo las instalaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE
(antes Hospital Simón Bolívar III).
18
Véase que si bien las testigos afirmaron prestar el servicio con la demandan, ambas dijeron que esto ocurrió hasta el
año 2017, por lo que sus dichos no puede ser extensivos hasta el 31 de enero de 2017, como se pretende en el recurso
de apelación. En efecto, Margarita De Jesús Duque Vásquez dijo lo siguiente: «(…) Y con ella labore 2014, 2015, 2016,
2017, siempre los fines de semana, porque ella trabajaba generalmente en la noche, pero cubría turnos de fines de
semana diurnos».
Elsa Juliana Díaz Caballero indicó que trabajó con la actora desde el año 2016 y ella en particular dejó de prestar sus
servicios en la ESE el 30 de octubre de 2017, al respecto dijo: «Sí, claro que sí. Yo ingresé al hospital Simón Bolívar más
o menos como en abril del 2016 para trabajar como psiquiatra en el servicio de urgencias de ahí del hospital Simón Bolívar
y Karen ya se encontraba trabajando para ese entonces como médica general (…) Y pues cuando yo me fui del hospital
más o menos como el 30 de octubre del 2017 (…)».
19
Folios 5 – 9 del expediente físico.
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86. Respecto al horario de labores, en el expediente obran los cuadros de turnos
de la demandante correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo
y septiembre de 2017, en los que se advierte que su servicio se realizó en turnos
de doce horas, entre las siete de la noche y las siete de la mañana, cada cinco
días20. También obra el turno del mes de octubre de 2017, en el que se identifica
que la demandante prestó el servicio en jornadas de la tarde durante los días de
semana21. Asimismo, se encuentran los turnos del mes de noviembre de 2017,
en los que se referencia que, entre semana, cumplió turnos de seis horas tres
veces a la semana, así como un turno de doce horas22. Finalmente, existe
constancia de los cuadros de turnos del mes de enero de 2018, en los que se
aprecia que cumplió turnos de doce horas cada cinco días23.
87. De otra parte, la señora Margarita de Jesús Duque Vásquez indicó que era
enfermera en la ESE y que, entre los años 2014 y 2017, prestó servicios junto
con la actora, siempre los fines de semana, en horarios que generalmente
correspondían a turnos nocturnos24 y, en ocasiones, a jornadas de 24 horas25.
88. Por su parte, la señora Elsa Juliana Díaz Caballero indicó que cumplió
funciones de médica especialista en psiquiatría entre abril de 2016 y octubre de
2017, por lo que conoció las actividades de la demandante durante ese período.
Respecto del horario, señaló que, en un primer momento, ella prestó sus servicios
en las noches y los fines de semana, y posteriormente en las tardes durante los
días de semana26.
89. A partir de lo anterior, la Subsección considera que las pruebas evidencian que
la demandante prestó sus servicios en diferentes periodos. Entre febrero y
septiembre de 2017, y en enero de 2018, los realizó en jornadas de doce horas,
dos veces por semana, a razón de una vez cada cinco días; en octubre de 2017,
sus actividades se desarrollaron en la jornada de la tarde; y en noviembre de ese
mismo año, cumplió turnos de seis horas tres veces por semana y un turno de
doce horas.
20
Folio 15 expediente físico.
21
Folio 19 expediente físico.
22
Folio 14 expediente físico.
23
Folio 13 expediente físico.
24
Sobre este punto la testigo dijo lo siguiente: «Entonces ella llegó a las 7 de la mañana, se nos presentó, que era la
nueva médico de turno que nos iba a acompañar ese día, y estuvo con nosotros hasta las 7 de la noche. Haciendo, yo
pasaba siempre con los psiquiatras, pasaba revistas desde el punto de vista de enfermería de cada uno de los pacientes.
Pues, y a sus compañeros, en un libro que ellos llevaban, también le hacían entrega de los pacientes más críticos. Y yo
le hacía entrega desde el punto de vista de enfermería. Y con ella labore 2014, 2015, 2016, 2017, siempre los fines de
semana, porque ella trabajaba generalmente en la noche, pero cubría turnos de fines de semana diurnos. A veces,
inclusive, se quedaba 24 horas».
25
Al respecto, la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Habla usted que había una lista de turnos de psiquiatría, es decir.
Sí, señor. La señora Karen cumplía estos turnos del área de psiquiatría en las jornadas que usted anteriormente
mencionó? Contestó: Sí, señor (…) Es decir, la doctora Karen, si tenía turno el 15 de marzo, sábado de 7 de la mañana
a 7 de la noche, yo lo podía constatar porque estaba en el cuadro de turno que estaba pegado en el consultorio del
psiquiatra».
26
Al respecto la testigo dijo lo siguiente: «Ella trabajaba, cumplía los turnos que nos ponían en el cuadro de turnos
asignados. Ella un tiempo trabajaba por las noches y fines de semana. Luego ya llegó a cubrir horas de la tarde y
realizábamos todas las indicaciones que nos daba para esa época nuestro jefe, nuestro coordinador, seguimiento estricto
de los horarios, en qué servicio nos correspondía, todo lo relacionado con el seguimiento y las instrucciones que nos
daban ahí en la unidad».
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90. Ahora bien, la señora Duque Vásquez afirmó que la actora, eventualmente,
cumplía sus actividades en turnos de 24 horas. Sin embargo, dicha situación no
fue corroborada por la segunda declarante —señora Díaz Caballero—, aunado a
que los documentos no demuestran la prestación del servicio en turnos de tal
magnitud. Por el contrario, lo que se advierte es que estos turnos se extendían a
seis y máximo doce horas diarias y que, cuando eran de doce horas, el servicio
se cumplía cada cinco días.
91. Así las cosas, aunque los documentos anteriores permiten a la Sala tomar
como referencia los tiempos en que la demandante prestó sus servicios en favor
de la ESE, no son suficientes para considerar que todas sus actividades se
ejecutaron en esas mismas condiciones durante todo su período de vinculación.
Ello, dados los limitados extremos temporales que clarifican los cuadros de
turnos, la extensión del conocimiento que tuvo la testigo Díaz Caballero sobre el
servicio de la actora —solo entre 2016 y 2017— y la falta de correlación entre lo
dicho por la testigo Duque Vásquez y las demás pruebas aportadas.
92. En todo caso, la Subsección no desconoce que, por tratarse de un servicio
médico, la existencia de jornadas era necesario en las actividades de la
demandante27. Sin embargo, dicha situación —contrario a lo considerado por el
Tribunal— por sí sola no acredita la existencia de subordinación, porque el
cumplimiento de horario o jornadas de servicios en los contratos de prestación
de servicios, en especial en los temas de salud, debe entenderse como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido 28. Por lo
tanto, es necesario estudiar si la actora estuvo sujeta al direccionamiento y
control efectivo de sus actividades de parte de la ESE.
93. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
94. Pues bien, en el recurso de apelación, la ESE censuró la posición adoptada
en la sentencia recurrida en cuanto a la declaratoria de la relación laboral
27
Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada determinada por
los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación de servicios y su incidencia en
la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintisiete (27) de
febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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encubierta entre las partes, dado que, a su juicio, la demandante no acreditó la
existencia de subordinación. En efecto, adujo que no se probó la existencia de
órdenes, llamados de atención, memorandos o cualquier otro elemento que
denote este requisito. Antes bien, sostuvo que aquello que las testigos
consideraron subordinación, en realidad, correspondía a aspectos que, en el
marco del principio de coordinación, son acordados entre el contratante y el
contratista.
95. Para la Subsección, le asiste razón a la entidad recurrente, y sus reproches
están llamados a prosperar, por cuanto del análisis integral de las pruebas no se
concluye de manera contundente que la ESE hubiera ejercido dirección o control
efectivo sobre las actividades realizadas por la demandante durante el período
reclamado en la demanda.
96. En efecto, respecto de posibles llamados de atención en el desarrollo del
servicio, la señora Duque Vásquez explicó que, cuando existía alguna calamidad
doméstica o evento personal, debía solicitarse permiso y, en caso de que las
personas se ausentaran de sus labores sin autorización, ello daba lugar a un
llamado de atención, aunque centró sus afirmaciones al caso de las enfermeras.
Esto fue expuesto, en extenso, de la siguiente manera:
«Pregunta: ¿Sabe usted cómo era el trámite cuando existía alguna calamidad doméstica o
algún evento personal? ¿Cómo era el trámite para ausentarse de estos turnos? Contestó:
Bueno, yo lo puedo decir desde el punto de vista de enfermería. Desde el punto de vista de
psiquiatría, de los psiquiatras, pues no sé exactamente cómo sería. Pero, por ejemplo, para
enfermería, si había una calamidad, uno informaba inmediatamente a su jefe inmediato y luego
llevaba constancia de lo que había sucedido. Pero una hospitalización o fallecimiento o alguna
calamidad que se haya presentado, uno llevaba constancia o prueba de lo sucedido por la
ausencia que se había presentado. Me imagino que sería igual con los psiquiatras. Pregunta:
¿Siempre tenían que justificar ustedes esto? ¿Siempre? Contestó: Sí, señor. Siempre había
que justificar si no había un llamado de atención. Pregunta: ¿Cómo eran esos llamados de
atención? Contestó: Pues mi jefe... Bueno, es que yo jamás me ausenté sin justificación, pero
lo que yo me enteraba de compañeras es que los llamaban atención y si eran de contrato, les
descontaban el día. O sea, de OPS, como les dicen. Ellas me decían que como no llevaron
justificación, les descontaban el día. Y a las que éramos de carrera, pues se les hacía un
llamado de atención verbal y de pronto se les hacía reponer el turno otro día».
97. Por su parte, la señora Díaz Caballero, al explicar las condiciones del servicio
de la demandante —y las suyas—, así como sus particularidades, manifestó lo
siguiente: «(…) realizábamos todas las indicaciones que nos daba para esa época
nuestro jefe, nuestro coordinador, seguimiento estricto de los horarios, en qué servicio
nos correspondía, todo lo relacionado con el seguimiento y las instrucciones que nos
daban ahí en la unidad. Era cumplimiento de una de la tarde, si mal no recuerdo, una
cero a las siete de la noche. Eso era lo que había que cumplir. Yo trabajaba en ese
momento de (…) tenía que estar de siete de la mañana a una de la tarde y ella me
recibía. Yo tenía que encontrarme con ella para hacerle entrega de los pacientes que
quedaban pendientes, hacerle como quien dice la entrega formal del turno y además
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debía ser la entrega formal a través de un cuaderno y notificaciones a través de un chat
a la jefe ahí del momento».
98. Asimismo, esta testigo agregó que, en caso de que los médicos especialistas
no cumplieran con los turnos asignados, se configuraba una falta y debían buscar
a una persona que los reemplazara. Esto se explicó de la siguiente forma:
«Pregunta: Teniendo en cuenta que usted cumplió la misma función según respuestas
anteriores, ¿qué pasaba con ustedes especialistas si ustedes no cumplían esos turnos
asignados por la persona indicada? Contestó: Nosotros pues en una falta muy grave
pues teníamos que buscar a otra persona, a otro colega que nos cubriera. Realmente en
el tiempo que estuve, fue muy poco el tiempo en que yo me ausenté, pero no era muy
difícil. Teníamos que buscar la manera de que esa actividad quedara cubierta y realizada
por otra persona».
99. De las anteriores declaraciones, la Subsección no encuentra elementos que
permitan concluir la posible existencia de algún direccionamiento ejercido por la
ESE sobre la demandante, al punto de anular su autonomía.
100. En efecto, si bien la señora Duque Vásquez adujo que, en caso de
calamidades o fuerza mayor, debía solicitarse permiso a los superiores y que, en
caso de no asistir al servicio, ello generaba llamados de atención, lo cierto es que
su relato estuvo enfocado en las particularidades del servicio de las profesionales
del área de enfermería, labor que no cumplió la demandante. De esa manera, su
declaración no indicó situaciones concretas y reales en las que la demandante
recibió llamados de atención o direccionamiento, con conocimiento directo en
tiempo, modo y lugar. Por lo tanto, este aspecto de la declaración no resulta
suficiente para probar la subordinación.
101. De otro lado, la señora Díaz Caballero expresó que, para el cumplimiento
del servicio, tanto ella como la demandante acataban todas las indicaciones
dadas por el coordinador. Sin embargo, más allá de esta expresión, no explicó
qué tipo de actividades eran dirigidas por aquel ni en qué consistían los
direccionamientos para poder determinar si estos sobrepasaron la línea del
principio de coordinación que guía los contratos de prestación de servicios, de la
misma manera, no se explicó que repercusión tuvo la demandante por parte de
la entidad a la hora de inasistir a algún turno programado.
102. Además, el hecho de que los contratistas pudiesen enviar un reemplazo
en caso de ausencia denota un margen de autonomía y coordinación en la
ejecución del objeto contractual, que contradice la ausencia absoluta de
autonomía alegada por la demandante.
103. Por lo demás, la Sala no encuentra en el plenario otros elementos
probatorios que den cuenta de la existencia de algún direccionamiento o control
que pudo recibir la demandante. Pues los documentos enviados por la actora a
la entidad el 31 de octubre de 2017 tenía por objeto «culminación de mis
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actividades prestadas en la tarde»29 y el del 15 de noviembre solicitó el «pago
por prestación de servicios».
104. Asimismo, la Sala considera que no le asiste razón al Tribunal al concluir
que, por el hecho de que las actividades de la demandante fueran esenciales
para la entidad y se realizaran entre finales del año 2014 e inicios del año 2018,
se configuró la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes. Por
el contrario, se estima que, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, las entidades del Estado pueden celebrar contratos de prestación de
servicios para «desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad». De tal manera que, el hecho de que una actividad
guarde relación con la administración o funcionamiento de la entidad no basta,
por sí solo, para configurar una relación laboral encubierta, siempre que su
ejecución se mantenga dentro de los límites propios de la contratación estatal y
no se acredite subordinación, lo cual no ocurrió en este asunto.
105. Por manera que, no basta con que los servicios ejecutados sean
misionales a la entidad para configurar el contrato realidad, antes bien, es
necesario que quien pretende su declaratoria demuestre que se configuraron en
su caso los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y,
especialmente, subordinación. Pues en el ordenamiento jurídico permite que las
entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue asignado
excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta de
personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios,
cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados o (ii) no
puedan realizarse con el personal empleado.
106. Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General
del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al
actor a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración
de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores30.
107. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma
e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
29
Folio 21 expediente físico.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
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instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»31.
108. Por tanto, al no probarse el elemento de subordinación durante el periodo
reclamado en la demanda, la Subsección considera pertinente revocar la
sentencia de primera instancia que declaró la existencia de una relación laboral
encubierta entre las partes. En consecuencia, por sustracción de materia, se
abstendrá de estudiar el segundo y tercer problema jurídico.
109. En suma, la Subsección revocará toda la sentencia apelada, para en su
lugar, negar las pretensiones conforme los argumentos antecedentes.
2.6. De la condena en costas en ambas instancias
110. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
111. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
112. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
113. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante, pues no prosperó su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
31
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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Demandante: Karen Andrea Hernández Palacio
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de mayo de 2024, en cuanto ordenó el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, así como el pago de la
indemnización correspondiente a sesenta días de salario, en los términos de los
artículos 236 y 239 del CST. En su lugar, DECLARAR la falta de agotamiento de
la reclamación administrativa previa respecto de dichas pretensiones, como
requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante
y a favor de la entidad demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo
ya dicho.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y
el artículo 186 del CPACA.
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