Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00996-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00996-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00996-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00996-01 (5528-2023)
Demandante: Jorge Cabarca Montemiranda
Demandado: E.S.E Región de Salud Soacha (antes E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yagas de Soacha)
Tema: Relación laboral encubierta - existencia de la relación laboral
– médico especialista
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de 14 de
marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
• Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio radicado
No. G-570-2021 expedido el 28 de junio de 2021, suscrito por la Gerente de la
E.S.E Hospital Mario Gaitán Yaguas.
• Como consecuencia de lo anterior, se declare la existencia de una relación
laboral encubierta entre las partes.
• A título de restablecimiento del derecho, solicitó se cancelen en favor del actor
todas las prestaciones sociales establecidas en la ley (cesantías, intereses a las
cesantías, prima de servicio, prima de navidad, vacaciones, bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación) correspondientes a los 7 años y
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Demandante: Jorge Cabarca Montemiranda
4 meses en los cuales prestó sus servicios como médico especialista en
ginecología en favor de la E.S.E enjuiciada.
• Que se cancele en favor del demandante el pago del recargo salarial por el
trabajo nocturno, dominical y festivo conforme a la programación del servicio
realizada por el coordinador del servicio de ginecología.
• Que se condene a la E.S.E demandada al pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social durante los 7 años y 4 meses que duró la relación
laboral encubierta entre las partes.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
Como premisas fácticas en torno al caso bajo estudio se expusieron las
siguientes:
• Desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2021, el señor Jorge
Cabarca Montemiranda prestó sus servicios como médico especialista en
ginecología en favor de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha,
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios.
• Alude que, a pesar de la denominación que se les dio a los contratos, entre las
partes lo que existió fue una relación laboral, dado que el actor no tuvo autonomía
e independencia para la concreción del objeto contractual.
• La vinculación entre las partes fue de manera continua y permanente, es decir,
sin que existiera solución de continuidad entre la finalización de un contrato y el
inicio del siguiente.
• El servicio del actor fue ejecutado en las instalaciones del hospital, utilizando
los equipos médicos e insumos que le fueron proporcionados y en los turnos
establecidos por el coordinador del área de ginecología, los cuales se cumplían
en días ordinarios, domingos o festivos, días diurnos, nocturnos o turnos de 24
horas.
• Durante todo el período en que transcurrió la relación contractual, el actor acató
órdenes y siguió las instrucciones impartidas por las directivas del hospital y por
el coordinador del área de ginecología. De manera que, las actividades
desarrolladas en los turnos eran las que le indicaba el coordinador, observando
las formalidades y protocolos para cada procedimiento establecido por el
hospital.
• Sostiene que los servicios prestados son propios de la misión de la E.S.E, por
tratarse de la prestación del servicio de salud.
• Aduce que las funciones que ejecutaba eran idénticas a las realizadas por los
médicos ginecólogos de la planta de la entidad.
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• Por lo anterior, mediante apoderado judicial presentó reclamación administrativa
a la entidad, en razón al tiempo en que prestó sus servicios como médico
especialista en ginecología. No obstante, la entidad emitió respuesta negativa
mediante oficio G-570 el 28 de junio de 2021.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Se indica que el acto administrativo demandado vulneró las siguientes
disposiciones: los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política. De orden legal
y reglamentario: Ley 65 de 1946; Decreto 3118 de 1968 artículos 28 y 33; Decreto
3135 de 1968 artículos 5, 8, 9, 11 y 14; Decreto 1848 de 1969, artículos 47 y 51;
Decreto 1950 de 1973, artículos 6 y 7; Decreto Ley 1045 de 1978 artículos 8, 20
numeral 2, 25, 28, 29, 30, 32 y 40; Ley 80 de 1993, artículos 32 y 39; Ley 909,
artículos 2, 17 y 19.
Como concepto de violación, se expuso que con la expedición del acto enjuiciado
se desconocieron los artículos de la Constitución Nacional que protegen la
igualdad, el debido proceso y el principio de la realidad sobre las formas. En la
medida que, por haber desempeñado el actor funciones misionales e inherentes
a la entidad como médico ginecobstetra en iguales condiciones que el personal
de planta, con la existencia de los elementos de una relación laboral2, se vulneró
su derecho a recibir las prestaciones sociales que perciben aquellos empleados
públicos.
1.4. Contestación de la demanda3
A través de apoderado judicial, la E.S.E Región Salud de Soacha (antes E.S.E
Hospital Mario Gaitán Yanguas) contestó la demanda indicando su oposición a
todas y cada una de las pretensiones.
Alegó que, entre las partes no se configuraron los elementos propios de una
relación laboral y, en cambio, lo que existió fueron unos contratos de prestación
de servicios, por medio de los cuales el actor cumplió actividades como médico
especialista en ginecobstetra de la E.S.E. Añadiendo que, para el desarrollo de
sus funciones el demandante no recibió órdenes de parte de las directivas o del
coordinador del área de ginecología de la entidad.
Sostuvo que las disposiciones normativas en las que se fundamenta la demanda
no resultan aplicables al caso bajo estudio, porque el demandante prestó sus
servicios en desarrollo de unos contratos de prestación de servicios de orden
civil. Al tiempo que no se demostró la aludida vulneración de sus derechos, ya
que el servicio se surtió con autonomía e independencia del médico especialista
como profesional en medicina.
2 Es decir, con la configuración de los elementos consignados en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
3 CONTESTACIÓN DEMANDA 23_ 250002340002021 Expediente digital.
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Por último, se presentaron como excepciones de fondo las siguientes: i)
existencia de unos contratos de naturaleza civil y comercial; ii) inexistencia de
vinculación laboral; iii) inexistencia del elemento de subordinación para el
surgimiento de una relación laboral; iv) excepción innominada o genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
dictó sentencia sobre el presente asunto el 14 de marzo de 2023, mediante la
cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia,
accedió a las pretensiones de la demanda (sin condenas en costas). Así, en la
parte resolutiva de su decisión, expuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLÁRASE la existencia de una relación laboral entre el señor
Jorge Cabarca Montemiranda, (…) y el Hospital Mario Gaitán Yanguas E. S.
E. – hoy Empresa Social del Estado Región Salud de Soacha, por el periodo
comprendido entre el 14 de noviembre de 2013 al 31 de enero de 2021.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio G-570-2021 de fecha 28 de
junio de 2021 proferido por la Gerente del Hospital Mario Gaitán Yaguas, que
negó la existencia de la relación laboral y el consecuente pago de los
derechos prestacionales derivados de la misma.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al
Hospital Mario Gaitán Yanguas E. S. E. – hoy Empresa Social del Estado
Región Salud de Soacha a:
1. Reconocer y pagar a favor del señor Jorge Cabarca Montemiranda,
identificado con la cédula de ciudadanía número 73.574.318, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, los emolumentos que
devenga un empleado de planta que desempeñe el cargo de Profesional
Especializado en Ginecología y Obstetricia, incluyendo una compensación en
dinero por concepto la (sic) vacaciones y los recargos nocturnos, liquidados
con el valor de los honorarios mensuales pactados en cada contrato.
Adicionalmente, las prestaciones se calcularán solamente por los estrictos
períodos contractuales, sin que sea viable incluir los períodos en que hubo
interrupción contractual, así:
No. Contratos Periodo Interrupción
561 DE 2013 14 de noviembre al 31
de diciembre de 2013
123 de 2014, 2 de enero de 2014 al 1 día
888 de 2014, 30 de marzo de 2018
1067 de 2014,
662 de 2014,
617 de 2015,
982 de 2015, 11
de 2016, 667 de
2016, 251 de
2017, 525 de
2017, 615 de
2017, 834 de
2017 y 169 de
4 103_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES.pdf Expediente digital
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2018
833 de 2018, 1 de abril de 2018 al 31 1 día
1466 de 2018, de enero de
166 de 2019, 2021
144 de 2020,
994 de 2020 y
52 de 2021
2. Realizar los aportes pensionales al respectivo Fondo de pensiones, con
base en los honorarios pactados, durante los períodos en que estuvo
vinculado, para lo cual la Entidad demandada deberá establecer los
porcentajes de cotización omitidos, informando al demandante los pagos que
adeuda, si a ello hay lugar. Una vez el demandante demuestre haber
efectuado la totalidad de los aportes a su cargo, la Entidad condenada
efectuará la cotización, por el monto que corresponda. Esto es por el periodo
señalado anteriormente.
Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en su valor,
dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=RH x índice final/ índice inicial
En donde el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar,
por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia),
por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago)
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia (…)».
Para arribar a las anteriores conclusiones, consideró el tribunal de instancia que
con las pruebas presentadas al proceso se acreditó la existencia de los
elementos esenciales de una relación laboral.
En efecto, sobre la prestación personal del servicio expuso que, conforme a
las pruebas documentales, se acreditó que el actor prestó sus servicios como
médico especialista en ginecología y obstetricia en favor del Hospital Mario
Gaitán Yanguas E. S. E. – hoy Empresa Social del Estado Región Salud de
Soacha, en el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2013 y el 31 de
enero de 2021, sin solución de continuidad, en la medida que, entre la finalización
de un contrato y el inicio del siguiente no transcurrió un término superior a 30 días
hábiles.
Señaló además que, conforme a las mismas pruebas documentales, se corroboró
el requisito de la remuneración por los servicios prestados.
Por último, en torno a la subordinación expresó que, revisado el contenido de
los contratos, las obligaciones pactadas entre las partes no podían considerarse
como esporádicas, ya que hacen parte de los servicios para el funcionamiento
del hospital. Asimismo, se pactaron obligaciones que llevan implícitas el
cumplimiento de órdenes.
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En relación con las declaraciones testimoniales, expuso que la solicitud de tacha
propuesta por la entidad contra la declaración rendida por el testigo Manuel
Antonio Nitola Martínez no prosperó, en la medida que las manifestaciones del
deponente se acompasaron con lo dicho por la otra testigo Lida Yaneth Cantor
Olarte, en torno a las agendas de turnos y las actividades a ejecutar por los
ginecólogos de la entidad. Así como lo expuesto por el declarante Néstor Raúl
Valero Zuluaga, quien añadió que no existió diferencia entre las actividades
realizadas por los médicos contratistas.
Así las cosas, consideró que con las declaraciones testimoniales se evidenciaba
que el demandante no podía definir el lugar y el horario de labores; y si bien los
ginecólogos manifestaban el día en que podían prestar sus servicios, lo cierto era
que el demandante cumplía con una jornada laboral que era asignada por la
E.S.E los jueves y algunos sábados en el turno de la mañana. Lo que denota que,
la entidad ejercía un control efectivo sobre las actividades realizadas, por lo que
se cumple el presupuesto de subordinación establecido en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-20215.
De modo que, aunque se suscribieron contratos de prestación de servicios,
analizadas las pruebas del caso, en las funciones ejecutadas se desbordó el
criterio de autonomía y coordinación, en la medida en que el demandante tenía
que cumplir con actividades académicas, seguir los lineamientos señalados en
los protocolos y guías del hospital para desarrollar sus obligaciones
contractuales, realizar revista de piso y no podía ausentarse sin la autorización
previa del supervisor del contrato.
Además, el hecho que el servicio fuera contratado para cumplir labores de
«profesional especializado en ginecología y obstetricia», implica que su
desarrollo era permanente en la entidad. Así que concluyó el a quo que el servicio
fue ejecutado en igualdad de condiciones a los servidores públicos de la planta
de personal que hacían esas funciones.
En suma, concluyó que el demandante desarrolló una función habitual de la
entidad, que corresponden a sus funciones y objeto social; el trabajo fue
desarrollado sin autonomía e independencia, al cumplir con las órdenes
impartidas por el coordinador como superior jerárquico; debió acatar un horario
controlado y percibía una remuneración por el servicio prestado. De ahí que, se
acreditó la existencia de una relación laboral simulada en un contrato de
prestación de servicios.
Como restablecimiento del derecho, se condenó a la entidad al pago en favor del
demandante de las prestaciones sociales a las que tiene derecho un médico
especialista de planta durante el periodo del vínculo contractual, liquidados con
base en los honorarios percibidos en desarrollo de los contratos; al pago de los
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021. 9 de septiembre
de 2021. Radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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recargos nocturnos, con un incremento del 35%, por acreditarse que el actor
prestó sus servicios en turnos de 6 pm a 6 am, las cuales se deben liquidar con
el promedio de las horas realmente laboradas y al pago de los aportes en pensión
en los periodos efectivamente probados, solo en el porcentaje que le corresponde
como empleador.
Por el contrario, se negó el pago a recargos en días dominicales y festivos,
porque con las pruebas del expediente solo se acreditó la prestación del servicio
del actor los días jueves y sábados y, al pago por concepto de salud, dada la
improcedencia de la devolución de tales rubros.
Se desestimó la prosperidad de la excepción de prescripción, existencia de unos
contratos de naturaleza civil y comercial, inexistencia de vinculación laboral e
inexistencia del elemento de subordinación para el surgimiento de una relación
laboral.
1.6. Recurso de apelación
1.6.1 La E.S.E Región de Salud Soacha6 (antes E.S.E Hospital Mario Gaitán
Yagas de Soacha) presentó recurso de apelación, con el que solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la
demanda. Como argumentos del recurso, se expusieron los siguientes:
• El desacuerdo con la sentencia de primer grado se finca en aspectos
probatorios. Considera que, si bien con las pruebas se logra acreditar la
prestación personal del servicio y la remuneración, no ocurre lo mismo con el
requisito de la subordinación.
Lo anterior, comoquiera que en la sentencia se mencionan «meros indicios como
si fueran pruebas para la demostración de la subordinación». Sin embargo, la
permanencia, la similitud y el horario son simples indicios que no se encuentran
debidamente probados en el proceso. De ahí que, el fallador de instancia dio por
supuesto dicho elemento sin estarlo.
• No se probaron las supuestas órdenes en cuanto al modo, tiempo y cantidad de
trabajo impartidas al demandante por los «superiores». En cambio, lo que se
consideró en la sentencia como órdenes, en realidad son aspectos que denotan
la coordinación necesaria para que el contratista cumpliera con sus actividades.
• No es cierto que el contratista no pudiera ausentarse sin tener autorización
previa del supervisor del contrato. Por el contrario, simplemente informaba a la
coordinación del cambio de turno que él mismo gestionaba con otro compañero.
6 59_59_250002342000202100996002RECIBEMEMORIALRECIBEMEM20230629143947.pdf Expediente
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• Resalta que el servicio prestado por el demandante fue de manera autónoma,
porque sus actividades como médico especialista en ginecología no se realizaba
bajo dirección de superiores jerárquicos. Por tanto, el tribunal «confunde» los
conceptos de coordinación con la dirección de actividades. En la medida que de
los testimonios recaudados no se puede concluir la existencia de subordinación
y, por el contrario, si la existencia de coordinación, pues es claro que les
corresponde a los supervisores velar por el estricto cumplimiento de obligaciones
financieras, económicas, técnicas y legales derivadas del contrato a cargo del
contratista, a efectos de logar el correcto desarrollo del mismo.
De esa manera, no puede configurarse la existencia de subordinación con la
mera coordinación de turnos del personal asistencial. Aunado al hecho que eran
los especialistas quienes informaban su disponibilidad para ejecutar las
actividades contractuales, a partir del cual se realizaba la programación
correspondiente.
• En cuanto a los protocolos y guías de atención médica, no se comparte la
consideración realizada en primera instancia, en la medida que tales documentos
son acogidos por la entidad de acuerdo con los lineamientos señalados en el
Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, no demuestra la
subordinación de un directivo o supervisor de contrato, porque para los
profesionales de la salud, aquellas disposiciones son de obligatorio cumplimiento
con independencia de la naturaleza del vínculo en que se halle.
• Que en el caso bajo estudio se configuró el fenómeno de la prescripción,
teniendo en cuenta que, pese a que el actor suscribió varios contratos de
prestación de servicios, en la sentencia se trató el asunto como si existiese un
solo vínculo. Al respecto, aclaró que esta solicitud no conlleva a la aceptación del
contrato realidad por la entidad demandada.
1.7 Trámite en segunda instancia
1.7.1 Luego de admitido el recurso de apelación mediante auto de 23 de octubre
de 20237, el agente delegado del Ministerio Público ante esta Corporación rindió
concepto8 en el cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia,
por considerar que con los elementos probatorios allegados al proceso se
encontró acreditada la relación laboral encubierta entre las partes.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
7 Ver índice 04 aplicativo SAMAI segunda instancia.
8 Ver índice 09 aplicativo SAMAI segunda instancia.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como solamente
apeló la parte demandada, la resolución del caso se ceñirá siguiendo los
planteamientos que allí se expusieron.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Entre el señor Jorge Cabarca Montemiranda y la E.S.E Región Salud de
Soacha (antes E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas) existió una relación laboral
encubierta en el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2013 y el 31
de enero de 2021, cuando el primero ejecutó actividades como médico
especialista en ginecología y obstetricia al servicio de la E.S.E demandada
mediante contratos de prestación de servicios?.
• De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta, se
estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció en todo o en parte el fenómeno
de la prescripción trienal y si el actor tiene derecho al pago de las prestaciones
sociales que devenga un funcionario de planta de la entidad.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
9 « E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
10 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á p r o n u n c i a r s e
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,11 constituye, junto con otros principios convencionales,12 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política13.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
13 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
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A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201614, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización15, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término16.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
• Reclamación administrativa presentada por Jorge Cabarca Montemiranda al
Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, mediante apoderada judicial, en el
cual solicitó, en virtud del principio de la realidad sobre las formas, que se le
reconociera y pagaran todas y cada una de las prestaciones sociales
14 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
15 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
16 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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establecidas en la ley para los servidores públicos, en razón al período que
ejecutó como médico especialista en ginecología en favor de la entidad desde el
1 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2021.
• Oficio radicado No. G-570-2021 expedido el 28 de junio de 2021 por la gerente
de la E.S.E Hospital Mario Gaitán17, mediante el cual se da respuesta negativa
a la reclamación presentada por Jorge Cabarca Montemiranda.
• Certificado expedido por la Oficina Jurídica de la E.S.E Hospital Mario Gaitán
Yaguas de Soacha el 2 de noviembre de 202018, en el cual se deja constancia
que Jorge Cabarca Montemiranda cumplió actividades como médico especialista
en ginecobstetricia mediante contratos de prestación de servicios entre el 14 de
noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Certificado No. 132 expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de
la E.S.E Región de Salud Soacha el 21 de julio de 202219, en el que se indicó
que revisados los archivos se encontró que el señor Jorge Cabarca
Montemiranda suscribió contratos de prestación de servicios con la E.S.E Región
Salud Soacha para prestar el servicio de médico especialista ginecobstetra en
los períodos comprendidos entre el 14 de noviembre de 2013 al 31 de enero de
2021.
• Certificado expedido por la subgerente (e) de la E.S.E Red de Salud Soacha,
en el que deja constancia que «revisados los archivos que reposan en el área de
Talento Humano (sic), el Dr. Jorge Cabarca Montemiranda (…) no ha estado
vinculado en la planta de personal de la Empresa Social del Estado Región de
Salud Soacha»20.
• Certificado CERT-370-2022 expedido el 22 de noviembre de 2022 por la E.S.E
Región Salud de Soacha21, mediante el cual deja constancia que Jorge Cabarca
Montemiranda prestó sus servicios como médico especialista en ginecología y
obstetricia mediante contratos de prestación de servicios en el período
comprendido entre el 14 de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2021
ininterrumpidamente.
• Cuadro de turnos del servicio de ginecología asignados al demantante en la
E.S.E Región Salud de Soacha (antes E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas).
En tales cuadros se advierte que para la ejecución de sus funciones el
demandante cumplía con turnos de 24 horas los días jueves de cada semana y
un turno de 12 horas un sábado cada mes22.
17 02DemandaConAnexos.pdf Expediente digital pág. 20.
18 03DocumentosPrueba.pdf Expediente digital.
19 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf-Certificados Expediente Digital. Se aclara que
mediate Ordenanza 07 del 31 de marzo de 2020 y el Decreto 221 del 9 de junio de 2021 la E.S.E Hospital
Mario Gaitán Yaguas de Soacha cambiara de razón social a partir del 1 de julio de 2022 y al mantener la
misma persona jurídica según deja constancia el Acuerdo 019 expedido por la junta directiva de la entidad.
20 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf-Certificados Expediente Digital.
21 CERTIFICACION JORGE CABARCA MONTEMIRANDA.pdf. expedido en el tránsito del proceso judicial.
22 39_ (…) Cuadro de turnos Dr Jorge Cabarca Montemiranda.pdf y 04TurnosGinecología 2010-2018.
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• Contratos de prestación de servicios suscritos entre Jorge Cabarca
Montemiranda y la E.S.E Región Salud de Soacha (antes E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas) como médico especialista en ginecobstetricia:
No. órdenes Inicio Fin Objeto del contrato Valor del
prestación contrato
de servicios
561-201323 14 de 31 de El contratista se $10.424.000
noviembre diciembre de compromete para con el
de 2013 2013 hospital con total autonomía
123-201424 2 de enero 1 de julio de e independencia realizar las $41.184.000
Adición 001 al de 2014 2014 actividades propias del $3.500.000
contrato de objeto contractual,
prestación de prestación de servicios
servicios 123- profesionales asistenciales
201425 como médico especialista
Adición y 2 de julio de 30 de ginecobstetra de la E.S.E $29.760.000
prorroga No. 2014 septiembre Hospital Mario Gaitán
001 al de 2014 Yanguas de Soacha.
contrato de
prestación de
servicios 123-
201426
888-201427 1 de 31 de Prestar los servicios $9.000.000
octubre de octubre de profesionales como médico
2014 2014 ginecólogo en la E.S.E
Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
1067-201428 1 de 30 de Prestar los servicios $10.000.000
noviembre noviembre profesionales como médico
de 2014 de 2014 ginecólogo en la E.S.E
Adición y 1 de 31 de Hospital Mario Gaitán $ 5.000.000
prorroga No. diciembre diciembre de Yanguas de Soacha
001 al de 2014 2014
contrato de
prestación de
servicios
1067-201429
66-201530 1 de enero 30 de junio Prestar los servicios $55.800.000
de 2015 de 2015 profesionales como médico
ginecólogo en la E.S.E
Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
617-201531 1 de julio de 31 de agosto Prestación de servicios $19.000.000
2015 de 2015 profesionales como médico
ginecólogo en la E.S.E
23 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 1
24 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 5
25 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 10
26 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 11
27 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 12
28 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 22
29 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 32
30 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 12
31 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 38
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Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
982-201532 1 de 31 de Prestación de servicios $40.000.000
septiembre diciembre de profesionales como médico
de 2015 2015 ginecólogo en la E.S.E
Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
11-201633 1 de enero 30 de abril Prestación de servicios $38.772.812
de 2016 de 2016 profesionales como médico
Adición y 1 de mayo 30 de junio ginecólogo en la E.S.E $19.386.159
prorroga No. de 2016 de 2016 Hospital Mario Gaitán
001 al Yanguas de Soacha
contrato de
prestación de
servicios No.
11 de 201634
667-201635 1 de julio de 30 de Prestar los servicios como $39.000.000
2016 septiembre médico ginecólogo en la
de 2016 E.S.E Hospital Mario Gaitán
Adición No. 1 de 31 de Yanguas de Soacha $14.238.000
001 al octubre de diciembre de
contrato de 2016 2016
prestación de
servicios No.
667-201636
Prorroga No.
001 al
contrato de
prestación de
servicios No.
667 de 201637
251-201738 1 de enero 31 de enero Médico ginecólogo en la $6.630.000
de 2017 de 2017 E.S.E Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
525-201739 1 de 30 de abril Médico ginecólogo en la $36.576.000
febrero de de 2017 E.S.E Hospital Mario Gaitán
2017 Yanguas de Soacha
615-201740 1 de mayo 31 de agosto Prestación de servicios $39.200.000
de 2017 de 2017 profesionales asistenciales
Adición y 1 de 31 de como médico especialista $9.400.000
prorroga al septiembre octubre de en ginecología y obstetricia
contrato 615- de 2017 2017 de la E.S.E Hospital Mario
2017 Gaitán Yanguas de Soacha
32 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 43
33 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 44
34 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 49
35 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 51
36 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 56
37 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 57
38 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 58
39 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 62
40 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 65
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Demandante: Jorge Cabarca Montemiranda
834-201741 1 de 31 de Prestación de servicios $25.920.000
octubre de diciembre de profesionales asistenciales
201742 201743 como médico especialista
ginecología y obstetricia de
la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha
169-201844 1 de enero 30 de marzo Prestación de servicios $27.000.000
de 2018 de 201845 profesionales asistenciales
como médico especialista
ginecología y obstetricia de
la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha
833-201846 1 de abril 15 de agosto Prestación de servicios $45.100.000
de 2018 de 201847 profesionales asistenciales
como médico especialista
ginecología y obstetricia de
la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha
1466-2018 16 de 31 de Prestación de servicios $25.987.500
agosto de octubre de profesionales asistenciales
2018 2018 como médico especialista
Prórroga 1 de 31 de ginecología y obstetricia de $12.150.000
No.1 del noviembre diciembre de la E.S.E Hospital Mario
contrato de de 2018 2018 Gaitán Yanguas de Soacha
prestación de
servicios No.
1466-201848
Adición No. 1
del contrato
de prestación
de servicios
No. 1466-
201849
166-201950 1 de enero 30 de junio Prestación de servicios $63.000.000
de 2019 de 2019 profesionales asistenciales
41 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 69
42 Si bien en la cláusula octava del contrato de prestación de servicios en cita se dispone que su ejecución
transcurrió desde la suscripción de su acta de inicio, lo cierto es que en el expediente no obra constancia
de la existencia de tal documento. Por lo tanto, aunque para el periodo de celebración del contrato No. 834-
2017, esto es, el 1 de octubre de 2017, se encontraba en ejecución la adición y prorroga al contrato 615-
2017 que transcurrió entre el 1 y el 31 de octubre de 2017, la Sala tomará como fecha de su inicio igualmente
el 1 de octubre de 2017. Ello, pues además de ser la fecha de suscripción del acuerdo, concuerda con las
fechas indicadas en los certificados de 2 de noviembre de 2020 y 21 de julio de 2022 expedidas por la
entidad demandada que se encuentran en el expediente. Con lo que se concluye que, para el mes de octubre
de 2017, de forma concomitante se ejecutaron tanto el contrato No. 834-2017 como la adición y prorroga al
contrato No. 615-2017.
43 Según deja constancia el certificado CERT – 370-2022 expedido por la E.S.E Región Salud de Soacha,
luego de ser requerida en el tránsito del proceso a efectos especificara sobre los periodos en que el actor
prestó sus servicios como médico especialista en la entidad. 39_(…) Certificado - Expediente digital.
44 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 72.
45 Según deja constancia el certificado CERT – 370-2022 expedido por la E.S.E Región Salud de Soacha,
luego de ser requerida en el tránsito del proceso a efectos especificara sobre los periodos en que el actor
prestó sus servicios como médico especialista en la entidad. 39_(…) Certificado - Expediente digital.
46 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 75.
47 Según se advierte en la cláusula octava del contrato. 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 76.
48 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 81.
49 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 82.
50 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 83.
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Adición y 1 de julio de 31 de julio de como médico especialista $2.200.000
prorroga No. 2019 2019 ginecología y obstetricia de
1 al contrato la E.S.E Hospital Mario
de prestación Gaitán Yanguas de Soacha
de servicios
No. 166-
201951
Prórroga No. 1 de agosto 31 de $30.600.000
2 del contrato de 2019 octubre de
166-201952 2019
Adición No. 2
del contrato
166-2019
Adición y 1 de 30 de $10.800.000
prorroga No. noviembre noviembre
3 al contrato de 2019 de 2019
de prestación
de servicios
No. 166 de
201953
Prórroga No. 1 de 31 de $4.100.000
4 del contrato diciembre diciembre de
166-201954 de 2019 2019
Adición No. 4
del contrato
166-201955
144-202056 1 de enero 30 de Prestación de servicios $28.800.000
Adición y de 2020 septiembre como profesional $28.875.000
prorroga No. de 2020 especializado en
2 al contrato ginecología y obstetricia en
de prestación la E.S.E Hospital Mario
de servicios Gaitán Yanguas de Soacha
No. 144 de
202057
Adición No. 3 $6.300.000
al contrato de
prestación de
servicios No.
144 de 202058
994-202059 1 de 31 de Prestación de servicios $14.400.000
octubre de diciembre de profesionales asistenciales
2020 202060 como médico especialista
en ginecología y obstetricia
51 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 86
52
24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 87
53 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 89
54 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 90
55 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 91
56 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 92
57 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 95
58 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 96
59 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 106
60 Fecha que se extrae de la lectura conjunta de los certificados de 2 de noviembre de 2020 expedido por la
Oficina Jurídica y de 31 de julio de 2022 expedido por la subgerente administrativa y financiera, en los que
se deja constancia de forma coherente que el contrato suscrito entre las partes se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2020.
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Demandante: Jorge Cabarca Montemiranda
de la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha
52-202161 1 de enero 31 de enero Prestación de servicios $14.400.000
de 2021 de 2021 como profesional
especializado en
ginecología y obstetricia en
la E.S.E Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha
• En la audiencia de pruebas llevada a cabo en primera instancia, fueron
recaudados los testimonios de Lida Cantor y Manuel Antonio Nitola Martínez
citados al proceso por la parte demandante. Así como lo de los señores Jorge
Eduardo Caro Caro, Juan Manuel Mendieta Novoa, Néstor Raúl Valero Zuluaga.
Citados por la parte demandada. Además, fue practicado el interrogatorio de
partes al demandante.
Ahora bien, con el material probatorio reseñado se demuestra la prestación
personal del servicio del demandante, dado que ejecutó actividades de manera
personal en la E.S.E Región Salud de Soacha (antes E.S.E Hospital Mario Gaitán
Yanguas) como ginecólogo entre el 14 de noviembre de 2013 y el 31 de enero
de 2021, según dan cuenta los 19 contratos de prestación de servicios suscritos
entre las partes y sus respectivas prórrogas. Así como los certificados expedidos
por la E.S.E demandada en los años 202062 y 202263, y con los dichos de los
testigos que manifestaron también haber prestado sus servicios a la demandada
en ciertos lapsos de la época en que lo hizo el demandante.
Igualmente, se prueba el elemento de la remuneración, pues por la prestación
personal del servicio se pactaron unos montos como honorarios en los contratos
celebrados entre las partes, sus adendas, lo que también aparece registrado en
certificados expedidos en los años 202064 y 202265 por la entidad enjuiciada.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
61 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf Expediente Digital Pág. 117
62 Certificado expedido por la Oficina Jurídica de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha el 2 de
noviembre de 2020: 03DocumentosPrueba.pdf Expediente digital.
63 Certificado No. 132 expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E Región de Salud
Soacha el 21 de julio de 2022: 24_CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.pdf-Certificados
Expediente Digital y Certificado CERT-370-2022 expedido el 22 de noviembre de 2022 en el tránsito del
proceso judicial por la E.S.E Región Salud de Soacha: CERTIFICACION JORGE CABARCA
MONTEMIRANDA.pdf Expediente digital.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
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Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»66.
En el caso concreto, se tiene que la entidad demandada recurrió la decisión de
primera instancia, al considerar que en el estudio del tribunal existió una indebida
valoración probatoria que conllevó a que se tuvieran por acreditados, sin
estarlos, los elementos necesarios para declarar la relación laboral encubierta,
en especial el atinente a la subordinación.
Ante ello, es menester establecer indicios que, analizados en conjunto con las
pruebas del caso concreto, permitan determinar la existencia de subordinación
en la ejecución de las labores llevadas a cabo por el actor cuando prestó sus
servicios en favor del SENA, atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la
sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios
los siguientes:
“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante
el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del
objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.”
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la sana
crítica, se puede establecer que el demandante ejecutó las actividades
encomendadas en las instalaciones de la E.S.E Región Salud de Soacha (antes
E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas).
ii) Horario de trabajo: En el expediente se encuentran los cuadros de turnos del
período comprendido entre agosto de 2014 y marzo de 2018, en los que figura
el demandante con asignación de turnos de 24 horas el día jueves de cada
semana y, eventualmente, uno al mes los días sábados o domingos diurno (de
6 horas) o nocturno (de 12 horas).
Sobre la asignación de turnos los testigos de la parte demandante Lida Cantor
Olarte y Manuel Antonio Nitola Martínez, expresaron lo siguiente. La primera:
«Pregunta: ¿Cómo era la prestación del servicio? Contestó: Él ingresaba a
cumplir su turno asignado a las 7 de la mañana y entregaba turno a las 7 de la
mañana del siguiente día. Durante el día se realizaban actividades como
atención de partos, pasar revista clínica en piso donde están hospitalizados los
pacientes, atención de urgencias y realizar las cirugías que se venían día tras
día. Pregunta: Y cómo establecía él qué cirugías le correspondían, cómo era
todo el trabajo del mes en esta vinculación, durante esta vinculación. Contestó:
En el horario de turno hay asignado qué actividad se debe realizar, si es cirugía
programada o si está de urgencias, que es el turno de 24 horas. Entonces, en
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este turno primero se pasa revista clínica en sala de partos. Pregunta: ¿cómo
se establece primero si a él le corresponde el turno o cómo se hace? Contestó:
Cada mes nos pasan una lista de turnos. En la lista de turnos aparece el día en
el que se está programado. Si está programado para el jueves, él asiste el
jueves…».
Mientras que el segundo dijo:
«Pregunta: Cuéntenos cómo era un día de trabajo del señor Jorge. Contestó: En
las oportunidades que, pues nos encontrábamos en el hospital, porque pues
teníamos diferentes horarios, Jorge desempeñaba, al igual que yo y todos los
demás ginecólogos, diferentes funciones. Como les expliqué, cuando estaba de
turno pues uno tenía turnos de 12, a veces 24 horas en la sala de partos. En la
sala de partos pues se atendían todas las urgencias obstétricas que se
presentaban en el hospital…. Pregunta: ¿Cada cuánto tenían turno y cuánto
demoraban en lo demás, si era cirugía programada o la revista del piso de la que
hablaba o la atención en consulta? Contestó: Como le expliqué, pues nosotros
siempre éramos dependientes de las agendas que el doctor Arismendi (…).
Nosotros hacíamos turnos de 12 o 24 horas entre semana. Generalmente
teníamos un turno fijo el lunes, martes, miércoles, jueves (…) y los turnos de fines
de semana o festivos pues eran rotados. Entonces, se hacía cada cuarto, cada
quinto sábado, al igual cada cuarto, cada quinto domingo…».
El demandante dijo:
«Pregunta: ¿Cómo sabía usted qué día tenía que ir a cumplir con esas
actividades? ¿Cómo se coordinaba esto para que usted cumpliera con el contrato
en la entidad demandada? Contestó: Nosotros teníamos una agenda de turnos
en los cuales nos era asignado el turno (…) por parte de nuestro coordinador, ya
uno sabía en su secuencia qué día le tocaba. En el caso mío, yo hacía un turno
de semana y un turno de fin de semana. Pregunta: Es decir, se programaban
estos turnos, estas agendas, ya estaban establecidas y usted llegaba y cumplía
con sus actividades en la institución. ¿Es así? Contestó: Sí, ya en esa agenda se
establecía el horario que uno debía cumplir, de horario de entrada, de horario de
salida y pues obviamente las actividades dependiendo de donde le tocaba uno el
turno, las actividades inherentes al área».
De los testigos de la parte demandada, solo Jorge Eduardo Caro de manera
expresa se refirió al tema de los turnos manifestando:
«Contestó: Yo estaba como ginecólogo con actividades más en coordinación, en,
digamos, dirección y asesoría y acompañamiento en desarrollar actividades de
todo el servicio de ginecología y obstetricia (…) Pregunta: ¿Dentro de esta
coordinación incluía la realización de turnos a los médicos ginecólogos?
Contestó: Yo hacía distribución de actividades de las diferentes personas que
estaban vinculadas de varias formas con el hospital. Pregunta: ¿Y cómo se
hacía? ¿Qué criterio? ¿Cómo decía usted? ¿Este médico va el día de hoy para tal
actividad y este otro va el día de mañana para otra? Contestó: No, usualmente
ellos me decían su disponibilidad. Usualmente ellos coordinaban los días en que
podían desarrollar las actividades. Y yo revisaba que sumando las días y
disponibilidades y las actividades que estaba cada uno proponiendo para su
desarrollo en sala de partos, en piso, eso, pues, se distribuyeran las, digamos,
funciones de acuerdo con las que estaban presentes cada día».
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De esas manifestaciones se tiene que la de Lida Cantor coincide con la del propio
demandante y la prueba documental acompañada al proceso, en cuanto el señor
Cabarca cumplía turnos los días jueves y algunos fines de semana en el mes.
Lo que igualmente adujo el testigo Manuel Antonio Nitola Martínez, pues este
afirmó que todos los especialistas del servicio tenían diferentes números de
horas a ejecutar, a partir de las cuales se determinaban los turnos del servicio.
Y si bien señaló que el actor cumplía con turnos de 24 horas los jueves, añadió
que también los tenía los días los lunes cuando realizaba actividades de
ecografía en la mañana de 7 a 1 de la tarde y «posteriormente consulta externa»
y los miércoles por la mañana tenía jornadas de cirugía programada.
A lo anterior, considera la Sala que si bien sus manifestaciones no guardan
coherencia con las demás pruebas que obran en el expediente en cuanto al
cumplimiento de actividades del actor en días distintos a los jueves de cada mes.
Ello, en la medida que la testigo Lida Cantor Olarte y el demandante en su
interrogatorio de parte precisaron que el cumplimiento del servicio se realizaba
un solo día de la semana y un turno de fin de semana, sin añadir que prestaba
sus servicios en días adicionales, no le resta la credibilidad a su dicho, pues
coincide parcialmente con las revelaciones de otros elementos probatorios.
Pero lo que sí permite concluir es que el demandante solo prestaba sus servicios
el día jueves y ocasionalmente fines de semana como bien lo aseveró éste en
su declaración.
De cualquier modo, debe advertirse que esta Subsección ha indicado que el
cumplimiento de horarios no lleva consigo el elemento de la subordinación, pues
entre las partes contratantes puede existir una «relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias
para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello
no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación»67
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».
67 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
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En esos términos, en línea con lo sustentado por la entidad demandada en su
recurso, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer que el demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes
de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las condiciones impuestas
por la entidad.
En efecto, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar
por parte de la entidad sobre el señor Jorge Cabarca Montemiranda, a partir de
los cuales se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario del ente demandado. Por el contrario, de las documentales
únicamente se observan los cuadros de turnos en los que aparece su nombre y
los contratos de prestación de servicios. Elementos que, en modo alguno,
pueden considerarse como indicios de acciones subordinantes por parte de la
entidad, pues, al contrario, los mismos resultan ser actividades que devienen de
la coordinación inherente que debe existir en la ejecución de los objetos
contractuales.
Por tanto, no se puede concluir, tal y como lo expuso el tribunal de instancia, que
las actividades ejecutadas por el demandante llevan «implícito» el cumplimiento
de órdenes, pues con la lectura de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes, lo que se advierte únicamente es la descripción del
objeto y las obligaciones para las cuales fue contratado. Sin que adicional a ello,
se demuestre que existieron requerimientos, órdenes o imposiciones que
desbordaran los límites propios de coordinación que debe imperar en este tipo
de contratación.
En cuanto a los testimonios, para la Sala tampoco se logra determinar la falta de
autonomía del actor en la ejecución de su servicio. Ello, pues, aunque los testigos
de la parte actora Lida Cantor Olarte y Manuel Antonio Nitola Martínez,
manifestaron que Jorge Cabarca Montemiranda era direccionado por el
coordinador del servicio médico del área correspondiente, no expresaron
razones o eventos particulares que de manera clara y suficiente denoten el
elemento de la subordinación.
Por ejemplo, la testigo Lida Cantor Olarte al ser interrogada sobre el la forma de
cumplimiento de labores del demandante señaló que hay unos turnos asignados
en los cuales se deben atender los pacientes que hay en sala de partos como en
piso. Al ser preguntada por quien daba instrucciones afirmó lo siguiente:
«Contestó: Nuestro coordinador de ginecología. Pregunta: ¿El coordinador de
ginecología decía diariamente o lo decía por meses o al momento de ingreso o
cómo era que ustedes sabían? Contestó: Cuando uno lo contratan, entonces le
hacen a uno la inducción, la inducción siempre es por el coordinador y el
coordinador de una vez deja las actividades que se deben realizar y le explica a
uno cómo cuáles son los pasos que se deben realizar en el servicio. Lo hace el
coordinador de ginecología. Pregunta: Y cómo saben en qué momento, o sea,
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¿cómo son, eran varios ginecólogos en un mismo turno o era un solo ginecólogo?
Contestó: Un solo ginecólogo de turno. Pregunta: ¿Quién emitía esas agendas
y de qué manera se las dan a conocer a los ginecólogos? Contestó: El cuadro de
turnos lo realiza el coordinador de ginecología y nos lo enviaba en algunas
oportunidades al correo o lo coloca en la cartelera que está en el servicio de
ginecología. Pregunta: Usted sabe si el doctor Cabarca participaba en la
elaboración de esas agendas ¿Él se sentaba con el coordinador a elaborar la
agenda para, para escoger sus turnos? Contestó: Nosotros teníamos ya
establecidos los días que teníamos que ir a trabajar, por lo cual ya era como una
secuencia de turnos que se tenía. Pregunta: O sea, el hospital le establecía el día
y la secuencia y todo eso. Contestó: Pues una vez uno ingresa le piden qué días
puede estar laborando y de ahí para adelante ya se convierte en una secuencia,
la cual uno durante el mes no puede variar porque ya hay una secuencia de turnos
y tampoco puede, o durante el año ya uno dice que esa es la secuencia de cada
ginecólogo. indicaciones de directivos de la entidad en el desarrollo de los
contratos, señaló que las obligaciones realizadas por los especialistas «estaban
relacionadas en el contrato y estaban impartidas también por el coordinador del
servicio». Sin exponer de manera expresa y clara la existencia de requerimientos
concretos sobre el actor que denoten que la ejecución de los contratos fue sin
autonomía».
Evento que se refuerza con el hecho que, al ser interrogada particularmente
sobre su conocimiento de órdenes y/o llamados de atención que pudo recibir el
demandante en el desarrollo del servicio, respondió: «no tengo conocimiento si
tenía otras indicaciones» y «yo no recuerdo en ningún momento que fue
amonestado o llamado por alguna causa, no recuerdo», respectivamente.
Por su parte, el testigo Manuel Antonio Nitola Martínez expuso que el servicio
prestado por los médicos especialistas era organizado por el coordinador
médico, quien por medio de agendas determinaba las funciones realizadas por
cada especialista. De modo que, en su criterio, la subordinación en el servicio
devenía del cumplimiento de los turnos. De la misma manera, sobre el
direccionamiento de la labor del demandante afirmó:
«...Pregunta: Ustedes como se informaban de cada actividad que debían hacer
semanal o mensualmente. Contestó: Por las agendas que el médico
coordinador realizaba mes a mes (…) Pregunta apoderado parte
demandante: Hemos hablado aquí de agendas, el doctor ha mencionado las
agendas. ¿Podría indicarnos qué es una agenda? ¿Qué contenía la agenda?
¿Qué más elementos señalaba la agenda para los ginecólogos? Contestó: A
ver, la agenda era como el horario que teníamos que desarrollar nosotros mes
a mes. En la agenda se contenía el nombre de todos los médicos que
trabajábamos en el servicio de ginecología, tanto los especialistas como los
médicos hospitalarios que trabajaban dentro del servicio, con su horario
determinado, como le expliqué a la magistrada, podía ser de 6, 12 horas, 18
horas o 24 horas (…) Pregunta: En la medida en la que usted nos está
exponiendo, ¿el doctor Jorge Cabarca era independiente para el desempeño
de sus actividades como ginecólogo en el hospital de Soacha? Contestó: No,
ninguno éramos independientes. O sea, todos estábamos dependiendo del
médico coordinador y las agendas y los horarios establecidos dentro de la
agenda. No podíamos hacer actividades de tipo independiente. Eso tiene una
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organización previa y nadie podía llegar a hacer lo que quisiera. Obviamente
dependíamos del horario y la agenda que estaba establecida. (…) ».
De esas declaraciones no es posible extraer el elemento de la subordinación
estuviese presente en la actividad desplegada por el demandante en el ente
hospitalario demandado, pues, los testigos no expresaron de manera directa que
en la ejecución de la labor del demandante como médico ginecólogo se le
impartieran órdenes o directrices de cómo ejecutar la labor, pues solo se observa
la existencia de un coordinador que establecía los turnos que debía cumplir, los
cuales eran consensuados, así como la coordinación de indicar los lugares de
prestación de servicios, esto es, urgencias, hospitalización u otra dependencia
de la entidad según la necesidad del servicio.
De otro lado, porque el solo cumplimiento de un horario no acredita en sí mismo
la dependencia del trabajador frente al empleador, pues es natural que para la
ejecución del contrato de prestación de servicios el contratista se someta a ello
para la realización eficiente del objeto convenido.
Ello ha sido considerado por esta Subsección al establecer que los turnos de
prestación de servicios en el caso de los contratistas que fungen como médicos
especialistas, resultan ser un parámetro lógico y natural de la ejecución de sus
funciones, dado que son necesarios para la correcta atención del servicio de
salud a partir de la distribución de turnos entre los profesionales que la necesidad
del servicio requiera68.
Por otra parte, aunque los testigos en mención69 manifestaron que en el
desarrollo del servicio recibieron capacitaciones por parte de la entidad, no
fueron claros ni directos a la hora de expresaron la frecuencia de ellas, o si el
demandante era obligado a participar de las mismas y cuál era la consecuencia
que se generaba en caso de que él no participara de las mismas.
En efecto, Lida Cantor Olarte expuso que las capacitaciones que recibían eran
enviadas «al correo, nos notificaban que debíamos acudir a capacitaciones, a
reinducciones». Empero, en el expediente no obra constancia de requerimientos
al actor para su asistencia e inasistencia u otro elemento probatorio que
corrobore que fue citado a alguna capacitación de carácter obligatoria por la
entidad. Situación que se puede corroborar con lo manifestado por el testigo
Manuel Antonio Nitola Martínez, quien, a pesar de referir que la entidad realizaba
actividades extracurriculares, su no asistencia «no tenía ningún inconveniente»
dado que «no eran de carácter obligatorio».
Adicionalmente, la Sala advierte que si bien los testigos refirieron que podían
estar ateniendo pacientes en hospitalización y debían suspender para ir al área
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1
de septiembre de 2022, expediente: 1994-2017, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas
69 Lida Cantor Olarte y Manuel Antonio Nitola Martínez
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de urgencias, ello no implica que el demandante se encontraba subordinado,
pues el médico especialista contratado en turnos estará sometido a las
necesidades del servicio que se presenten en el mismo. Lo cual se advierte de
la manifestación del testigo de la parte demandada señor Jorge Eduardo Caro
Caro, quien manifestó:
«Pregunta apoderado entidad demandada: Dentro de su vinculación con el
hospital, ¿estuvo usted siempre como ginecólogo o desempeñó otro rol en la
institución? Contestó: Yo estaba como ginecólogo con actividades más en
coordinación, en, digamos, dirección y asesoría y acompañamiento en desarrollar
actividades de todo el servicio de ginecología y obstetricia (…) Pregunta: ¿Dentro
de esta coordinación incluía la realización de turnos a los médicos ginecólogos?
Contestó: Yo hacía distribución de actividades de las diferentes personas que
estaban vinculadas de varias formas con el hospital. Pregunta: ¿Y cómo se
hacía? ¿Qué criterio? ¿Cómo decía usted? ¿Este médico va el día de hoy para tal
actividad y este otro va el día de mañana para otra? Contestó: No, usualmente
ellos me decían su disponibilidad. Usualmente ellos coordinaban los días en que
podían desarrollar las actividades. Y yo revisaba que sumando las días y
disponibilidades y las actividades que estaba cada uno proponiendo para su
desarrollo en sala de partos, en piso, eso, pues, se distribuyeran las, digamos,
funciones de acuerdo con las que estaban presentes cada día. Pregunta: Usted
acaba de decir, abro comillas, ellos me decían su disponibilidad. ¿Eso significa
que no era impositivo, sino que se hacía algo de manera coordinada? Contestó:
No, nunca una orden de días específicos ni horarios específicos, sino que cada
quien decidía más o menos qué días asistía al hospital para desarrollar sus
actividades».
De la misma manera, frente a la manifestación del testigo Manuel Antonio Nitola
Martínez «…No el doctor Arismendi, realizaba algunas funciones de tipo
administrativo, al igual que asistenciales, pero obviamente, es un servicio muy
grande que no lo podía hacer una sola persona y éramos aproximadamente entre
12 a 15 ginecólogos que estábamos vinculados con el hospital que realizamos
las diferentes actividades. Entonces, una revista del piso como teníamos
actividades de tipo académico, siempre tuvimos estudiantes de
universidades que iban al hospital, también teníamos que, durante la
revista en el piso, hacer la parte académica y teníamos que realizar charlas
de tipo académico con los estudiantes y la actividad docente. Y la revista
del piso eran más o menos unas tres, cuatro horas. La cirugía programada, se
llevaba una mañana, una tarde, se realizaba de lunes a viernes. Obviamente, los
fines de semana no había actividad de cirugía programada, solamente la cirugía
de urgencia que la realizaba el ginecólogo que estuviera de turno»; la Sala
considera que es generalizada y no compromete directamente al demandante,
quien nada refirió al respecto en su interrogatorio de partes como tampoco la otra
testigo Lida Cantor.
De tal manera que, esas manifestaciones no se pueden considerar como hechos
ocurridos al demandante en la prestación de su servicio, por el contrario, es un
relato basado en situaciones particulares del testigo, lo que en modo alguno
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Demandante: Jorge Cabarca Montemiranda
puede considerarse como un conocimiento directo, asertivo y suficiente frente al
caso del señor Cabarca.
En este orden de ideas, no existen en el expediente elementos de juicio
adicionales que denoten el direccionamiento de la entidad enjuiciada sobre el
actor y configuren la existencia del «ius variandi» en el desarrollo de sus
funciones o el requerimiento adicional a actividades por fuera del contrato.
En ese sentido, para la Sala tampoco está acreditado que en el desarrollo de sus
servicios el demandante estuvo sujeto a direccionamientos de tipo administrativo
por parte del personal de la E.S.E demandada. Al respecto, el testigo Néstor
Valero Zuluaga, quien fungió como subgerente de la entidad, indicó que su
actividad principal era garantizar la cobertura del servicio médico, por lo que se
limitaban a la contratación del personal sin que se tradujera en órdenes
concretas sobre el actor en el desarrollo de sus funciones.
Por su parte, Lida Cantor Olarte al ser interrogada sobre si los directivos del
hospital realizaban indicaciones directas al demandante en la manera de prestar
el servicio, respondió lo siguiente: «No tengo conocimiento, igual muy poco se le
veía a la gerente pasar por el área de trabajo». A su turno, Manuel Antonio Nitola
Martínez al ser interrogado sobre la incidencia de la subgerencia científica en las
actividades que desarrollaron los médicos ginecólogos y en especial el
demandante, manifestó que «La subgerencia científica sí existía, pero la
subgerencia científica no era una médico especialista. Entonces, su criterio no
podía ir por encima del ginecólogo. Ella realizaba cosas más de tipo
administrativo, que se pasara la revista, por ejemplo, que las pacientes se les
diera salida hasta tal hora para que la rotación de las camas fluyera y ese tipo de
cosas, pero ya dentro de conductas y cirugías y cosas de esas pues no tenía
cabida».
De esas expresiones no encuentra la Sala direccionamiento alguno sobre el
demandante para la ejecución de la labor, y si bien los testigos refirieron que
debían seguirse los protocolos o guías médicas, ello no configura la dependencia
del trabajador, pues esos documentos son directrices provienen del Ministerio de
Salud para ser tenidos en cuenta por todos los médicos en la prestación de sus
servicios quienes de acuerdo al caso concreto en su saber aplican los
conocimientos en aras de la recuperación del paciente.
Al respecto, esta Subsección ha considerado en decisiones precedentes70 que
el criterio profesional de los médicos al realizar su trabajo no constituye prueba
que confirme o desvirtúe la subordinación. En la medida que, sobre su criterio
profesional el empleador no tiene la autoridad para impartir órdenes y subordinar
sus funciones. Siendo solamente los factores administrativos en los cuales el
empleador puede subordinar al trabajador, independientemente de su formación.
70 Sección Segunda, Subsección del Consejo de Estado, sentencia de 6 de marzo de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2020-00234-01 (5639-2022), consejero ponente doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez
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De otro lado, si bien los testigos Lida Cantor Olarte, Manuel Antonio Nitola
Martínez y Néstor Valero Zuluaga manifestaron que en la planta de personal
existía el cargo de médico especialista en ginecología, quien realizaba las
mismas funciones que los contratistas de esa área, no es menos cierto que esas
aseveraciones por si solas no resultan suficientes para configurarse la
equivalencia de funciones entre ambos profesionales, si se tiene en cuenta por
ejemplo, que en gran parte de sus relatos expresaron que el médico de planta
se encargaba de realizar la coordinación del servicio de los especialistas que
ejecutaban las funciones, labor que resulta distinta a ejecutar el acto médico
propiamente dicho.
De esa manera, para dilucidar la equivalencia de funciones era necesario que se
aportaran al proceso elementos de juicio adicionales, tales como el manual de
funciones del cargo en la entidad o certificación que precise las funciones
realizadas por el médico especialista de planta; para así poder determinar las
diferencias y similitudes entre las funciones del cargo con las obligaciones
contractuales para los cuales fue contratado el demandante.
Lo anterior, máxime cuando la realización de funciones misionales en las
entidades del Estado con personas distintas a la planta de personal ha sido
permitida excepcionalmente por el ordenamiento jurídico71, mediante contratos
de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades no puedan realizarse con
el personal empleado o (ii) requieran conocimientos especializados. De manera
que, en estricto sentido, es factible que las entidades del Estado contraten a
personal externo para la ejecución de sus funciones inherentes cuando se
requieran de conocimientos especializados -tal y como ocurre en el presente
caso- siempre y cuando no se advierta en su ejecución los elementos que
pongan en tela de juicio la autonomía en la ejecución del contratista a partir de
la imposición de órdenes o direccionamiento en cuanto al tiempo, modo o
cantidad de trabajo72.
Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era el
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.
Al respecto, esta Subsección de tiempo atrás ha considerado que «si bien no
puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para
acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que
71 Sentencia C – 154 de 1997.
72 Sentencia de 12 de octubre de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 85001-23-33-000-2019-
00156-01 (3997-2021) C.P Gabriel Valbuena Hernández
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permitan acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad,
para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía
someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la
entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»73
Así las cosas, para la Sala le asiste razón al recurrente en esta instancia, pues la
parte demandante no cumplió con la carga probatoria de acreditar los elementos
probatorios suficientes que permitan advertir indicios subordinantes en la
ejecución de sus actividades durante el período que prestó el servicio de médico
especialista en ginecología en la E.S.E Región de Salud Soacha (antes E.S.E
Hospital Mario Gaitán Yagas de Soacha).
De manera que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones.
En consecuencia, no se estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, por
tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de sentencia de 14 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda presentada por Jorge Cabarca Montemiranda en contra de la E.S.E
Región Salud de Soacha (antes E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas). En su
lugar. NEGAR las pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la
motivación.
73 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007
01 C.P Gabriel Valbuena Hernández.
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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero de Estado en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley, y el art. 186 del CPACA.
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