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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05230-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05230-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «A», que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2017-05230-01 (0239-2025) Demandante: María Sandra Dávila Cerón SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la demandante María Sandra Dávila Cerón, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05230-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05230-01 (0239-2025)
Demandante: María Sandra Dávila Cerón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05230-01 (0239-2025)
Dema ndante: María Sandra Dávila Cerón
Demandado: E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha – hoy
Región de Salud Soacha

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección «A», mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

Declarar la nulidad del Oficio G-149 de 2017, de 7 de abril de 2017, expedido
2.

por el gerente de la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, Nivel II, por
medio del cual se negó la petición presentada por la señora María Sandra Dávila
Cerón, en el que solicitó el reconocimiento de una relación laboral con la entidad
y el consecuente pago de las prestaciones sociales.

1Folio 172 y siguiente expediente físico.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05230-01 (0239-2025)
Demandante: María Sandra Dávila Cerón

3.Declarar que los acuerdos y convenios de tercerización celebrados entre el
Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha ESE y distintas cooperativas de trabajo
asociado, suscritos entre el 1.º de abril de 2007 y el 16 de febrero de 2014,
tuvieron como finalidad subcontratar a la demandante para la prestación de sus
servicios como médica especialista o médica patóloga por cuatro horas.

4.Declarar la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 17 de
febrero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2017, pese a la celebración, en
apariencia, de distintos contratos de prestación de servicios, mediante los cuales
la actora laboró como médica especialista.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
5.

solicitó que la entidad reconociera y pagara a la actora los salarios y demás
emolumentos laborales y prestacionales dejados de percibir durante el tiempo en
que prestó sus servicios como médica especialista. Asimismo, pidió que se
reconociera y pagara una indemnización por perjuicios morales equivalente a
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la angustia que —a
su juicio— le generó la contratación irregular a la que fue sometida.

Que se actualicen las pretensiones reconocidas conforme a la norma procesal
6.

aplicable y que se condene en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

7.La señora María Sandra Dávila Cerón prestó sus servicios de forma
ininterrumpida como médica patóloga por cuatro horas en favor de la ESE
Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, Nivel II, entre el 1.º de abril de 2007 y
el 28 de febrero de 2017.

Durante este periodo, la demandante tuvo diferentes modalidades de
8.

vinculación para el desarrollo de sus funciones, a saber: contratos de prestación
de servicios, así como vinculaciones a través de cooperativas o empresas de
servicios temporales, tal como se discrimina a continuación:

8.1 Entre el 1.º de abril de 2007 y el 30 de junio de 2007, mediante vinculación
tercerizada con la Unión Temporal Cootras C.T.A.
8.2 Entre el 1.º de junio de 2007 y el 30 de julio de 2010, mediante vinculación
tercerizada con la Cooperativa de Trabajo Asociado E.S.P.
8.3 Entre el 1.º de agosto de 2010 y el 31 de octubre de 2011, mediante
vinculación tercerizada con el Grupo Laboral Cooperativa de Trabajo.
8.4 Entre el 1.º de noviembre de 2011 y el 31 de enero de 2012, mediante
vinculación tercerizada con la Cooperativa Sistemas Productivos en Salud
S.A.S. Siprosalud.
8.5 Entre el 1.º de febrero de 2012 y el 31 de octubre de 2012, mediante
vinculación tercerizada con la Cooperativa SET Laboral.

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Demandante: María Sandra Dávila Cerón

8.6 Entre el 1.º de noviembre de 2012 y el 28 de febrero de 2017, mediante la
celebración de contratos de prestación de servicios de manera directa con
la ESE.

Explicó que, en el desarrollo de su actividad, se configuraron los elementos
9.

esenciales de una relación laboral, en tanto prestó personalmente el servicio,
recibió una remuneración por dicha labor y estuvo sometida de manera constante
a las directrices impartidas por sus superiores jerárquicos, entre los cuales se
encontraban el coordinador del Centro de Salud de Sibaté, la Subdirección
Comunitaria y el gerente general de la ESE.

10. En relación con el horario de prestación del servicio, indicó que inicialmente
era de cuatro horas; no obstante, al adicionarse el tiempo destinado a reuniones
y a otros requerimientos de la entidad, dicho lapso se extendía hasta sobrepasar
la jornada legal correspondiente.

Por lo anterior, la actora solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el
11.

consecuente pago de las prestaciones sociales que, a su juicio, le fueron
desconocidas; sin embargo, la entidad dio respuesta negativa a su solicitud
mediante el acto administrativo demandado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Se invocó la vulneración del preámbulo y de los artículos 1.º a 6.º, 13, 25 y 53
12.

de la Constitución Política; del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; así como de la
Ley 79 de 1988 y la Ley 50 de 1990.

13.Se censuró que, a pesar de que las funciones desempeñadas por la
demandante eran inherentes a la entidad demandada, esta utilizó distintas
formas de vinculación —todas ellas, a su juicio, ilegales— para satisfacer su
misionalidad.

14.Con ello, sostuvo que se buscó evadir la responsabilidad de la entidad
respecto del pago de las prestaciones sociales a las que, como consecuencia del
servicio prestado, tenía derecho la demandante, al tiempo que se desconocieron
derechos constitucionalmente consagrados a su favor, que la entidad enjuiciada
estaba obligada a proteger.

1.4. Contestación de la demanda

La ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha2 contestó la demanda
15.

oponiéndose a las pretensiones.

2 Folio 217 y siguientes expediente físico.

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Demandante: María Sandra Dávila Cerón

16.Indicó que las vinculaciones que tuvo la demandante mediante entidades
distintas a la ESE se encontraban autorizadas por las disposiciones normativas
que regulan dichas figuras. En todo caso, manifestó que se atenía a lo que
resultara probado en el curso del proceso.

17.En relación con el período en el que la actora suscribió contratos directamente
con la ESE, reprochó que se considerara acreditada la existencia de una relación
laboral, por cuanto aquella no aportó elementos probatorios que lo sustentaran.
Por el contrario, sostuvo que entre las partes existió una relación de coordinación
en la ejecución de los contratos de prestación de servicios, orientada a su
adecuada satisfacción.

18.En particular, controvirtió que se afirmara la existencia de subordinación
respecto de la demandante, pues, si bien esta debía presentar informes durante
la ejecución contractual, dicha exigencia constituía un mecanismo propio de la
entidad contratante para verificar el estado de ejecución de los contratos.

19.Finalmente, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i) inexistencia
de la vinculación laboral; ii) ausencia de los elementos del contrato de trabajo
frente al Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha; iii) inexistencia de las
obligaciones demandadas; iv) inexistencia del derecho reclamado; y v) cobro de
lo no debido.

1.5. Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 24 de octubre
20.

de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas.

21.Para arribar a dicha conclusión, el a quo explicó la configuración de los
elementos esenciales de la relación laboral en los siguientes términos:

22.Prestación personal del servicio: Con las pruebas recaudadas se demostró
que la actora prestó sus servicios como médica patóloga en el Centro de Salud
de Sibaté, el cual hacía parte de la red de atención del Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha, entre el 23 de marzo de 2007 y el 28 de febrero de 2017.
Sus vinculaciones se dieron entre el 23 de marzo de 2007 y el 16 de febrero de
2014 mediante cooperativas —Cootras, Cootraescun, Grupo Laboral, Sipro
Salud, Set Laboral y Soluciones de Trabajo— y, entre el 17 de febrero de 2014 y
el 28 de febrero de 2017, a través de contratos de prestación de servicios.

Remuneración: Se consideró acreditado este elemento, en la medida en que
23.

«por las actividades realizadas [por la demandante] recibía una contraprestación
que, independientemente de su denominación, correspondía a una retribución

3 Folio 320 y siguientes expediente físico.

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por su labor».

24.Subordinación: Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, este constituye el elemento esencial de la relación laboral, de modo que,
al no acreditarse, no se configuraría aquella 4.

Analizadas las pruebas, el a quo concluyó que dicho elemento no se
25.

encontraba acreditado. Para ello, expuso que, si bien la actora prestó sus
servicios por más de diez (10) años como médica patóloga —lo cual en principio
denota continuidad—, dicha circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para
demostrar la existencia de subordinación.

26.Asimismo, indicó que no se acreditó respecto de la demandante: i) la
existencia de personal de planta que desempeñara las mismas funciones; ii) el
cumplimiento de un horario determinado; y iii) que a los testigos les constaran las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que prestó el servicio, ni mucho menos
que este fuera impuesto por personal de la entidad. En consecuencia, para el a
quo no se probó el elemento de la subordinación.

1.6. Recurso de apelación5

27.La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Al efecto, solicitó su revocatoria y que, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda. Para sustentar su inconformidad, circunscribió su
reproche exclusivamente a la no acreditación del elemento de subordinación, en
los siguientes términos:

28.Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
la subordinación se presume una vez acreditada la prestación personal del
servicio y la remuneración6. De modo que, quien tiene la carga de desvirtuar la
existencia de la relación laboral es la entidad contratante.

29.Sin perjuicio de lo anterior, explicó que, durante la ejecución de los contratos,
la demandante estuvo materialmente subordinada, en tanto la entidad le
asignaba los horarios, solicitaba informes, programaba la atención de pacientes,
suministraba los equipos esenciales y le impartía órdenes.

Reiteró que la existencia de la relación laboral también se desprende del
30.

carácter misional del servicio prestado por la actora durante más de diez (10)
años. En contraste, sostuvo que la entidad desnaturalizó la figura de los contratos

4 Al respecto citó la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección A el 21 de febrero de 2019, C.P:

William Hernández Gómez.
5 Folio 344 y siguientes expediente físico.
6 Al efecto citó la sentencia SL577-2020 (68636) del 12 de febrero de 2020 proferida por la Corte Suprema

de Justicia.
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Demandante: María Sandra Dávila Cerón

de prestación de servicios, los cuales solo deben emplearse para el desarrollo de
actividades excepcionales y ajenas a la administración.

1.7. Trámite en segunda instancia

31.El recurso de apelación se admitió en auto del 28 de febrero de 2025 7. En
dicha providencia se dispuso que el Ministerio Público podía rendir concepto
desde la admisión del recurso y hasta antes del ingreso del expediente al
despacho para fallo.

32.Ante esto, el Ministerio Público allegó su concepto en el que solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, la demandante no acreditó la
existencia de subordinación en la ejecución de su servicio para con la ESE8.
Añadió que, contrario a lo solicitado en el recurso, en la jurisdicción de lo
Contencioso-administrativo no se aplica la presunción de subordinación; antes
bien, quien pretende la declaratoria de un contrato realidad con entidades del
Estado debe probar los elementos esenciales que lo componen.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.

34.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

35.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandante, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

7 Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.
8 Índice 10 aplicativo SAMAI segunda instancia.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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2.2. Problema jurídico

36.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

37.¿Entre la señora María Sandra Dávila Cerón y la ESE Región de Salud
Soacha (antes E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha) existió una
relación laboral encubierta en el periodo reclamado en la demanda por
configurarse en su servicio los elementos del contrato de trabajo?

De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
38.

en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

39.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

40.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

41. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

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42.Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

43.Conforme con el certificado del 14 de octubre de 202011, expedido por la
Oficina de Talento Humano de la ESE demandada, se acredita que la señora
María Sandra Dávila Cerón prestó sus servicios como médica patóloga (4
horas) en favor de la entidad, entre el 29 de marzo de 2007 y el 16 de febrero de
2014 a través de las siguientes cooperativas de trabajo asociado y empresas de
servicio temporal:

COOTRAS 29-03-2007 30-06-2008
COOTRAESCUN 01-07-2008 20-06-2010
GRUPO LABORAL 21-06-2010 26-10-2011
SIPRO SALUD 27-10-2011 22-02-2012
SET LABORAL 23-02-2012 04-10-2012
SOLUCIONES DE 05-10-2012 16-02-2014
TRABAJO

44.Frente a lo anterior, debe precisarse que la demandante solicitó en la
demanda la declaratoria de la existencia de una relación laboral a partir del 1.º
de abril de 2007; no obstante, el certificado referido da cuenta de que su
vinculación con la cooperativa de trabajo asociado COOTRAS se inició el 29 de
marzo de 2007.

Ante eso, la Subsección considera pertinente tomar como fecha la solicitada
45.

por la actora en la demanda (1.º de abril de 2007), para garantizar la concreción

11 Folio 236 y siguientes expediente físico.

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del principio de congruencia consignado en el artículo 281 del CGP (aplicable
por remisión del 306 del CPACA) el cual dispone que «la sentencia deberá estar
en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
(…)». Esto, teniendo en cuenta que las funciones de la demandante a partir del
1.º de abril de 2007 están probadas, de modo que no desconoce los hechos que
se acreditaron en el caso, al tiempo que garantiza que lo decidido guarde
consonancia con lo pretendido en la demanda.

En ese contexto, la Subsección concluye que la actora prestó sus servicios
46.

como médica patóloga en la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha (hoy
Región de Salud Soacha) entre el 1.º de abril de 2007 y el 16 de febrero de 2014.

De otro lado, en el expediente también obran distintos contratos de prestación
47.

de servicios suscritos directamente entre la actora y la ESE, orientados a
satisfacer los objetos, períodos y valores que a continuación se relacionan12:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
183 – 2014 Prestación de servicios como 17 de febrero de 1 de julio de 2014 15.946.666
médico patólogo en el centro de 2014
salud Sibaté para la ESE Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha
749 – 2014 Prestación de servicios como 2 de julio de 2014 31 de octubre de 9.200.000
médico patólogo en el centro de 2014
salud Sibaté para la ESE Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha
960 – 2014 Prestación de servicios como 1 de noviembre de 31 de diciembre 4.600.000
médico patólogo en la 2014 de 2014
subgerencia comunitaria de la
ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
22 – 2015 Prestación de servicios como 2 de enero de 30 de junio de 14.141.000
médico patólogo en la 2015 2015
subgerencia comunitaria de la
ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
769 – 2015 Prestación de servicios como 1 de julio de 2015 31 de diciembre 14.220.000
médico patólogo en el centro de de 2015
salud Sibaté para la ESE Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha
188 – 2016 Prestación de servicios como 1 de enero de 30 de junio de 14.788.800
médico patólogo en la 2016 2016
subgerencia comunitaria de la
ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
731 – 2016 Prestación de servicios como 1 de junio 2016 31 de octubre de 9.859.200
médico patólogo en la ESE 2016
Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha
1312 – 2016 Prestación de servicios como 8 de noviembre de 31 de diciembre 3.532.880
médico patólogo en la ESE 2016 de 2016
Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha
284 – 2017 Prestación de servicios como 1 de enero de 31 de enero de 2.464.800
médico patólogo en la ESE 2017 2017
Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha

12 Todos los contratos se encuentran entre los folios 23 – 61 del expediente.

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488 – 2017 Prestación de servicios como 1 de febrero de 28 de febrero de 2.464.800
médico patólogo en la ESE 2017 2017
Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha

A partir de lo anterior, se concluye que entre el 17 de febrero de 2014 y el 28
48.

de febrero de 2017 la actora prestó igualmente sus servicios como médica
especialista en patología en favor de la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de
Soacha (hoy Región de Salud Soacha), mediante la suscripción de diversos
contratos de prestación de servicios.

Por otro lado, la contraprestación recibida por la demandante en la ejecución
49.

de sus actividades como médica se encuentra acreditada, de una parte, en el
período en que desarrolló sus funciones a través de cooperativas y empresas de
servicios temporales, mediante las certificaciones de pago expedidas por dichas
entidades, en las cuales se detallan los emolumentos percibidos entre abril de
2007 y febrero de 201413.

50.De otra parte, las cláusulas relativas a honorarios contenidas en los contratos
de prestación de servicios previamente reseñados, así como el certificado de
contratación expedido por la Oficina de Contratación de la ESE respecto de los
servicios prestados por la actora, dan cuenta de la remuneración recibida durante
los períodos en los que suscribió dichos acuerdos con la entidad demandada.

51.Ahora bien, sobre la continuada subordinación y dependencia, se recuerda
que consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador
el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del contrato.

52.En el recurso se argumentó que la entidad demandada no desvirtuó la
presunción de subordinación que rigió la relación contractual, conforme lo
previsto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como lo ha
dispuesto la H. Corte Suprema de Justicia en sus decisiones.

53.Respecto de esa afirmación esta Sección ha precisado14 que la presunción de
relación de trabajo establecida en el artículo citado no se aplica cuando en la
discusión media un acto administrativo proferido por la administración pública,
habida cuenta de que, conforme al artículo 88 del CPACA15, dichos actos gozan

13 Véase al respecto los diferentes certificados expedidos por Sistemas Productivos en Salud en Salud

SIPROSALUD (folio 66 y 71), empresa grupo Laboral Salud CTA (folios 67, 68, 69, 72 y 78), Empresa de
servicios temporales SET (folio 80), Soluciones de Trabajo (folios 62, 63, 64 y 65).
14 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección

B, Rad: 66001-23-33-000-2016-00953-01(1061-2019). C.P: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
15 ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos

administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente
sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
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Demandante: María Sandra Dávila Cerón

de presunción de legalidad y, por tanto, quien pretenda su nulidad tendrá que
probarla.

54.Es decir, el contratista que persiga la nulidad del acto administrativo mediante
el cual la administración negó la existencia de una relación laboral, debe probar
la existencia de los elementos que lo configuran, en especial la subordinación, ya
que, como se dijo, es el factor determinante que condiciona su existencia.

55.Por consiguiente, para la Subsección es la demandante quien, a partir de los
elementos probatorios aportados al proceso, debe demostrar la existencia de una
relación laboral con la ESE y, en tal medida, obtener la nulidad del acto
administrativo demandado que negó dicha pretensión.

56.Así las cosas, resulta necesario examinar en el presente caso los supuestos
fácticos obrantes en el expediente a la luz de los criterios fijados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, con el fin de
determinar si se configuró o no el elemento de la subordinación.

En cuanto al lugar de trabajo de la actora, encuentra la Sala que, de los
57.

certificados de pago de la demandante en el período en que llevó a cabo sus
actividades a través de las cooperativas y empresas de servicio temporal, el lugar
de actividades era la unidad de negocios de la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas
de Soacha (hoy Región de Salud Soacha) ubicado en el municipio de Sibaté,
Cundinamarca.

En los períodos en los que la actora suscribió contratos de prestación de
58.

servicios directamente con la ESE, la ubicación de la ejecución de sus actividades
se desprende de las minutas contractuales y de los informes de ejecución, en los
cuales se precisa que aquellas se realizaban en «el Centro de Salud de Sibaté
para la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha.

59. En ese orden, se concluye que el servicio prestado por la actora, durante todo
el tiempo de vinculación, se desarrolló en el centro de salud o unidad de negocios
con la que contaba la ESE demandada en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

60. En cuanto al horario de servicio, la Subsección no advierte en el acervo
probatorio algún elemento que permita establecer las franjas horarias en las que
la demandante desarrolló sus actividades.

Tampoco se desprenden de los testimonios rendidos constancias sobre el
61.

cumplimiento de horarios específicos. Por el contrario, las dos declarantes que
comparecieron a la audiencia de pruebas fueron coincidentes en señalar que la

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demandante no estaba sujeta a un horario impuesto por la entidad, sino que
desarrollaba el objeto contractual conforme a su propio criterio16.

Bajo este contexto, para la Subsección carece de sustento fáctico lo alegado
62.

por la actora en el recurso de alzada, en cuanto a que —a su juicio— cumplía un
horario impuesto por la entidad demandada.

En todo caso, la Subsección no desconoce que, por tratarse de un servicio
63.

médico, la existencia de jornadas era necesario en las actividades de la
demandante17. Asimismo, dicha situación por sí sola no acredita la existencia de
subordinación, porque el cumplimiento de horario o jornadas de servicios en los
contratos de prestación de servicios, en especial en los temas de salud, debe
entenderse como un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación
entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto
convenido18.

64.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

16 Al respecto, la señora Rosana Alexandra Santos Ángel dijo lo siguiente: «Pregunta: Señora Roxana,

Alexandra Santos, ¿tiene usted conocimiento si para los servicios de patología que eran contratados por el
hospital necesitaban órdenes, indicaciones de este coordinador para cumplir con esas actividades?
Contestó: No, no, nunca, nunca porque cuando son contratados ellos realizan sus actividades
independientemente, pero no solamente que vigila el coordinador es que realicen las actividades, pero
nunca horarios (…)».
Por su parte, Johanna Maxily Caicedo dijo: «Pregunta: Usted figura, según la demanda al solicitar las
pruebas, como supervisora del contrato. De la doctora Sandra Dávila. ¿Cuál fue concretamente su función
como supervisora? Contestó: Doctor, como lo manifestaba anteriormente, todos los contratistas, al finalizar
como el periodo del mes, ellos envían una cuenta de cobro y unos soportes. Lo que hacíamos en la
sugerencia comunitaria era verificar, por decir algo, si ella decía que había hecho el análisis de, no sé,
diciendo algo, diez muestras. Pues entonces se confirmaba que esas diez muestras habían sido analizadas
y que había un soporte del resultado. Eso es básicamente en el contrato de ella, porque pues ella, digámosle,
ella hacía su análisis de sus pruebas. Cuando ella consideraba, digámosle, no era que estuviera ahí de
manera permanente, ella iba en sus tiempos, cuando ella lo hiciera, hacía su análisis y nos entregaba
en físico los soportes en esa época (…) Pregunta: Usted como subgerente comunitaria o los
coordinadores que usted hizo mención que estaban en estos puestos de salud, ¿le exigían un horario de
entrada y de salida a la demandante, la doctora María Sandra Dávila Cerón? ¿Tiene usted conocimiento de
ellos? Contestó: Tengo referencia que no cumplía horario, de hecho, ella en algunas visitas que yo hacía,
digamos que yo programaba y hacía visitas a mis puestos de salud, no la encontraba. No sé exactamente
qué horario o qué días, pero no iba todos los días, no iba todos los horarios».
17 Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada

determinada por los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación
de servicios y su incidencia en la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-
2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA NIEVES.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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65.Antes de abordar el análisis jurídico del direccionamiento, la Sala recuerda
que, si bien esta Corporación19 ha sostenido que el ordenamiento jurídico prohíbe
el uso del trabajo asociado o de cooperativas como mecanismos para que el
Estado evada sus obligaciones laborales, también ha precisado que la existencia
de una tercerización laboral exige que quien la alega demuestre los tres
elementos constitutivos de una relación laboral directa con la entidad pública que
se señala como empleadora real.

66.Bajo esta premisa, la Sala advierte que, en tanto la actora solicitó la
declaratoria de una relación laboral encubierta durante todo el tiempo en que
prestó sus servicios —lo que incluye el período comprendido entre el 1.º de abril
de 2007 y el 16 de febrero de 2014, cuando desarrolló sus actividades a través
de cooperativas y empresas de servicios temporales—, resulta necesario que
acredite la existencia del elemento de subordinación frente a la ESE demandada,
tanto en el período de vinculación mediante entidades tercerizadas como en
aquel en el que estuvo directamente vinculada mediante contratos de prestación
de servicios.

67.Pues bien, en el recurso de apelación la actora sostuvo que, a su juicio, la
subordinación de su servicio se materializó en la medida en que personal de la
entidad le impartía órdenes, le agendaba las actividades con los pacientes que
atendía, le exigía la presentación de informes y le suministraba los elementos
necesarios para ejecutar el servicio.

68.Para la Subsección, los argumentos expuestos en el recurso no están
llamados a prosperar, en tanto del análisis integral del material probatorio no se
desprende que la ESE hubiera ejercido dirección o control efectivo sobre las
actividades desarrolladas por la señora María Sandra Dávila Cerón.

69.En efecto, frente a las supuestas órdenes que aduce que recibió del personal
de la entidad, la Sala no extrae de las pruebas documentales alguna que haga
referencia al particular, al tiempo que las declarantes en sus exposiciones
directamente explicaron que la demandante no recibió órdenes o
direccionamientos20.

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y

76001-23-33-000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Al respecto, la señora Rosana Alexandra Santos Ángel dijo lo siguiente: «Pregunta: Señora Roxana,

Alexandra Santos, ¿tiene usted conocimiento si para los servicios de patología que eran contratados por el
hospital necesitaban órdenes, indicaciones de este coordinador para cumplir con esas actividades?
Contestó: No, no, nunca, nunca porque cuando son contratados ellos realizan sus actividades
independientemente, pero no solamente que vigila el coordinador es que realicen las actividades, pero nunca
horarios, órdenes, nada de eso, porque son actividades que se contratan entonces, las desarrollan en
cualquier momento, solamente muestran el trabajo realizado»
Por su parte, Johanna Maxily Caicedo dijo: «Pregunta: Informaba usted que la demandante, la señora María
Sandra, realizaba unos análisis de acuerdo con lo que le había sido contratado. Mi pregunta es, ¿para
realizar estos análisis, ella recibía órdenes o instrucciones de personal directivo del hospital Mario Gaitán
Yangua? Contestó: No, no señor. Ella como profesional tenía autonomía y claridad de cómo funcionan sus
obligaciones contractuales. Ella lo hacía, me imagino yo, que bajo su conocimiento, experticia y en su
decisión de su manejo de tiempo. Nunca, por lo menos desde mi sugerencia, jamás le he comunicado con
ella para coordinar la entrega de los resultados o para determinar cómo, cuándo. Nunca se hizo».
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70.Tampoco se advierte en los documentos obrantes en el expediente ni en los
testimonios rendidos circunstancias que permitan concluir que la entidad,
desviando la finalidad del vínculo contractual o extralimitándose en su ejercicio,
le impusiera agendas o funciones que evidenciaran la existencia de
subordinación.

71.De otro lado, en relación con la presentación de informes, del análisis del
expediente se establece que, en efecto, durante el período en que la demandante
estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios, tuvo que hacer
distintos informes de ejecución contractual21, pero esta Subsección22 ha
sostenido que la exigencia de informes no comporta, por sí misma, la existencia
de subordinación; antes bien, constituye un mecanismo orientado a garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual, en atención al deber de seguimiento
que asiste al contratante respecto del desarrollo del contrato. Ello, más que
evidenciar subordinación —como lo afirma la recurrente—, da cuenta de una
relación de coordinación entre las partes y, por tanto, dicho planteamiento
tampoco resulta suficiente para advertir una injerencia desnaturalizada de la
entidad sobre las actividades de la contratista.

72.Igualmente, pese a que la actora manifestó que la entidad le proporcionaba
los insumos y elementos necesarios para desarrollar sus actividades, no existe
constancia de ello en los documentos aportados al proceso; aunado a que las
testigos explicaron no tener conocimiento de dicha situación23.

73.Sin perjuicio de lo anterior —y aun en gracia de discusión—, la Subsección
considera que el hecho de que el contratante suministre determinados elementos
al contratista para la ejecución del contrato no resulta concluyente para acreditar
la existencia de subordinación, puesto que, dentro de los parámetros propios de
la coordinación contractual, el contratante se encuentra facultado para
suministrar algunos insumos necesarios para la satisfacción del objeto
convenido24.

21 Ver, por ejemplo, a folios 12, 18, 29 y siguientes.
22 Entre otras, se cita a manera de ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves, rad. 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025).
23 Al respecto, la señora Rosana Alexandra Santos Ángel dijo lo siguiente: «Pregunta: Señora Roxana,

Alexandra Santos, ¿tiene usted conocimiento si para los servicios de patología que eran contratados por el
hospital necesitaban órdenes, indicaciones de este coordinador para cumplir con esas actividades?
Contestó: No, no, nunca, nunca porque cuando son contratados ellos realizan sus actividades
independientemente, pero no solamente que vigila el coordinador es que realicen las actividades, pero nunca
horarios, órdenes, nada de eso, porque son actividades que se contratan entonces, las desarrollan en
cualquier momento, solamente muestran el trabajo realizado».
Por su parte, Johanna Maxily Caicedo dijo: Pregunta: Informaba usted que la demandante, la señora María
Sandra, realizaba unos análisis de acuerdo con lo que le había sido contratado. Mi pregunta es, ¿para
realizar estos análisis, ella recibía órdenes o instrucciones de personal directivo del hospital Mario Gaitán
Yangua? Contestó: No, no señor. Ella como profesional tenía autonomía y claridad de cómo funcionan sus
obligaciones contractuales. Ella lo hacía, me imagino yo, que bajo su conocimiento, experticia y en su
decisión de su manejo de tiempo. Nunca, por lo menos desde mi sugerencia, jamás le he comunicado con
ella para coordinar la entrega de los resultados o para determinar cómo, cuándo. Nunca se hizo».
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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74.Tampoco resulta de recibo el argumento conforme al cual la prestación del
servicio por parte de la demandante durante más de diez (10) años configura, por
sí sola, la existencia de una relación laboral, bajo la sola consideración de que se
acreditó la permanencia del servicio.

Al respecto, debe recordarse que, en la jurisdicción Contencioso-
75.

administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación.

76.
Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado. Lo que conlleva a afirmar que, la sola circunstancia de que
un contratista realice funciones similares a la de los empleados de planta de una
entidad, no es suficiente para declarar la relación laboral encubierta, pues
conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de
prestación de servicios se pueden celebrar para el desarrollo de actividades de
administración y funcionamiento de las entidades públicas.

77.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores25.

78.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»26.

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
26 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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79.Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

80. Por sustracción de materia no se estudiará el segundo problema jurídico.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

81.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

82.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

83.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

84.Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
«A», que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.
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Demandante: María Sandra Dávila Cerón

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la demandante
María Sandra Dávila Cerón, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia, devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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