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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05534-02

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05534-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE a la señora Sandra Liliana Camacho Rodríguez en segunda instancia a las costas procesales, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05534-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de octubre de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025)
Demandante: Sandra Liliana Camacho Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025)
Demandante: Sandra Liliana Camacho Rodríguez
Demandado: Nación – Ministerio del Deporte

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 31
de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad de la comunicación del 20 de mayo de 2015 proferida
por Coldeportes (hoy representada por la Nación – Ministerio del Deporte) que
negó las peticiones formuladas por la actora el 4 de mayo de 2015.

3. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad a reconocer
y pagar a favor de la señora Sandra Liliana Camacho Rodríguez los siguientes
emolumentos laborales: auxilio de cesantía y sus intereses; sanción moratoria
por el no pago de las cesantías; prima de Servicios; prima de navidad; vacaciones
y prima de vacaciones; bonificación por servicios prestados; devolución de

1 Folio 156 del expediente físico.

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Demandante: Sandra Liliana Camacho Rodríguez
aportes realizados al Sistema de Seguridad Social Integral; e indemnización por
despido sin justa causa.

4. Ordenar que las sumas reconocidas sean indexadas, así como el pago de
los intereses moratorios; y declarar que, para todos los efectos, no existió
solución de continuidad entre las partes.

5. Pretensiones subsidiarias: Declarar la nulidad del acto administrativo
enjuiciado y, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad al
pago de indemnización de perjuicios por concepto de los salarios y prestaciones
sociales del cargo de la entidad equivalente a las funciones realizadas por la
demandante.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

6. La señora Sandra Liliana Camacho Rodríguez prestó servicios de asesoría
y apoyo jurídico a la Secretaría General de Coldeportes entre el 12 de mayo de
2009 y el 5 de mayo de 2012, mediante la suscripción de varios contratos de
prestación de servicios.

7. Adujo que las funciones desempeñadas eran propias de la dependencia
en la que estuvo vinculada. En particular, señaló que en la planta de personal
existía el cargo de abogado asesor, cuyas funciones eran semejantes a las que
cumplió la demandante.

8. Indicó que estuvo subordinada a la entidad, pues debía cumplir horario,
recibía órdenes de los directivos y debía presentar informes mensuales de
gestión, todo ello para dar cumplimiento a las metas y actividades previamente
establecidas.

9. Sostuvo que desempeñar funciones esenciales de la entidad bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios ocasionó a la demandante
perjuicios económicos significativos.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

10. Adujo que, con la expedición del acto administrativo acusado, se
vulneraron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 122, 124, 125, 209 y 269 de la
Constitución Política, así como los artículos 19, 35 y 37 de la Ley 24 de 1993; 13,
14, 20, 22, 24, 29 y 56 de la Ley 941 de 2005; 5 y 8 del Decreto 3135 de 1968;
1, 2 y 7 del Decreto 1848 de 1969; 32 de la Ley 80 de 1993; y el Decreto 1042
de 1978.

11. Argumentó que, aunque se suscribieron contratos de prestación de
servicios, estos excedieron la naturaleza temporal y excepcional de dicha
modalidad, y en realidad la actora estuvo subordinada a la entidad, pues debía

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cumplir horario, acatar órdenes y desempeñar funciones propias de un cargo de
planta.

12. En consecuencia, solicitó que, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formas, se declarara la existencia de un contrato realidad.

1.4. Contestación de la demanda

13. Coldeportes2 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Para
ello, propuso las siguientes excepciones:

i) Firmeza e intangibilidad de las decisiones de la administración: Señaló
que las pretensiones de la demandante no tienen la capacidad de desvirtuar la
firmeza de la comunicación acusada ni de sustentar el reconocimiento de los
derechos y acreencias reclamadas.

ii) Error en la escogencia de la decisión administrativa anulable: Adujo que
el concepto de violación carece de viabilidad, pues la actora sostuvo que debía
existir una relación legal y reglamentaria y no contractual; sin embargo, demandó
una comunicación cuyo contenido se limitó a negar derechos derivados de
contratos de prestación de servicios ya liquidados. En criterio de la entidad, el
acto que debió ser objeto de demanda era aquel que liquidó los contratos, y el
medio de control procedente era el de controversias contractuales y no el de
nulidad y restablecimiento del derecho3.

iii) Indeterminación de las acreencias laborales: Sostuvo que la demandante
no precisó cuáles eran las acreencias laborales reclamadas ni cuáles constituían
salario, lo que hace imposible condenar a la entidad por factores que no fueron
determinados.

iv) Inexistencia de los elementos constitutivos de una relación laboral:
Afirmó que en el caso no concurren los elementos propios de una relación laboral,
en especial la subordinación. Explicó que la actora solo debía ejecutar los objetos

2 Folio 191 del expediente físico.
3 Debe precisarse que estos argumentos fueron propuestos igualmente como excepciones previas, por lo

que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 30 de mayo de 2018 los resolvió
negativamente, y luego esta decisión fue confirmada por esta Subsección en proveído del 22 de marzo de
2023, con los siguientes argumentos: «(…) En el expediente se observa que el documento que da respuesta
a la solicitud presentada, no corresponde a uno de carácter general, sino por el contrario, se trata de una
determinación por parte de Coldeportes de carácter particular y concreto, que contiene una respuesta
negativa frente al reconocimiento de una relación laboral y, en consecuencia, al pago y reconocimiento de
las prestaciones sociales (…) Por lo anterior, este despacho considera que dicho documento, a través del
cual se dio respuesta a la solicitud del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, cumple con los
requisitos pretendidos, dado que es una respuesta unilateral expedida conforme a la función administrativa
que ejerce la entidad y va encaminada a negar y poner de presente la presunta inexistencia de la relación
laboral, la cual, por consecuencia, tiende al no reconocimiento de las prestaciones laborales lo cual conduce
a producir un efecto jurídico (…) Aunado a lo anterior, se encuentra que al considerase la respuesta de
Coldeportes un acto administrativo que produce efectos jurídicos, lo hace susceptible del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, porque como bien se ha dicho, el medio de control persigue la
anulación de la manifestación de la administración que produjo violación de algún derecho y a su vez el
restablecimiento del mismo».

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Demandante: Sandra Liliana Camacho Rodríguez
contractuales de manera independiente, sin que se acreditara la existencia de
una jornada regular ni de órdenes impartidas. Agregó que la presentación de
informes o la supervisión de los contratos no constituyen prueba de
subordinación.

1.5. Sentencia de primera instancia4

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 31 de marzo
de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.

15.Para adoptar esta decisión, el a quo analizó cada uno de los elementos
constitutivos de la relación laboral de la siguiente manera:

16. Prestación personal del servicio: La demandante sostuvo que suscribió
contratos únicamente con Coldeportes; sin embargo, del expediente se observa
que el contrato 002 de 2009, celebrado entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre
de 2009, fue suscrito con la Junta Administradora Seccional de Deportes del Valle
del Cauca, persona jurídica distinta de Coldeportes y que no fue demandada. En
consecuencia, dichos períodos no fueron objeto de estudio de fondo en la
sentencia, por cuanto no existe acto administrativo expedido por esa entidad que
resolviera la situación jurídica, ni fue demandada en el proceso.

17. Por otra parte, se demostró que la actora suscribió contratos de prestación
de servicios directamente con Coldeportes entre el 20 de enero de 2010 y el 5 de
mayo de 2012 (con algunas interrupciones), en los que ejecutó labores de
abogada en la oficina jurídica de la entidad.

18. Remuneración: Se acreditó que en los contratos se pactaron honorarios
periódicos, los cuales fueron recibidos por la demandante.

19. Subordinación: El Tribunal consideró que este requisito no se probó, con
fundamento en lo siguiente:

i) De las pruebas se desprende que la actora ejecutó las actividades previstas en
los contratos, relacionadas con procesos de cobro coactivo, atención de
derechos de petición, representación judicial de la entidad y liquidación de juntas
administradoras seccionales de deporte.

ii) Aunque en la demanda se indicó que la actora desempeñó funciones propias
del cargo de «abogado asesor» de planta, la entidad certificó que no existía tal
empleo en su estructura. Además, la testigo Ismenia Merchán señaló que la
demandante no cumplió funciones propias de los abogados de planta, y Perla
Álvarez manifestó que sus labores se limitaron a lo estipulado en los contratos.

4 Índice 117 aplicativo SAMAI primera instancia

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Demandante: Sandra Liliana Camacho Rodríguez
iii) En cuanto a las supuestas órdenes impartidas por personal de la entidad, el
Tribunal concluyó que no se probó subordinación, pues los testimonios indicaron
que los supervisores no impartían órdenes a los contratistas.

iv) Los testimonios señalaron que el supervisor emitía instrucciones para la
adecuada ejecución de los contratos, lo cual se entendió como parte de la
supervisión contractual y no como subordinación laboral; y que la presentación
de informes o radicación de planillas de seguridad social no acreditan la
subordinación.

20. Equivalencia de funciones: El a quo concluyó que no se probó que existiera
personal de planta encargado de funciones similares a las desempeñadas por la
actora. En ese sentido, consideró que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza
la celebración de contratos de prestación de servicios para atender asuntos que
no pueden ejecutarse con personal de planta o que requieren conocimientos
especializados, como ocurrió en este caso.

21. Por lo anterior, se negaron las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

22. La demandante5 interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria
de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones
formuladas en la demanda. Al sustentar el recurso, presentó los siguientes
argumentos:

23. Reconoció que se acreditó la prestación personal del servicio en calidad
de abogada de la Oficina Jurídica de Coldeportes entre el 20 de enero de 2010 y
el 5 de marzo de 2012, así como la remuneración pactada en los contratos
correspondientes.

24. No obstante, cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual no se probó
el elemento de la subordinación, pues en el expediente existen pruebas
suficientes que, valoradas en conjunto, permiten demostrar su existencia. Para
sustentar esta afirmación, expuso lo siguiente:

i) La prestación personal del servicio se acreditó entre el 20 de enero de 2010
y el 5 de marzo de 2012, tiempo en que no hubo interrupciones considerables.
Por tanto, fue permanente, lo cual contradice el artículo 32 numeral 2 de la Ley
80 de 1993, que indica que los contratos de prestación de servicios solo se
suscriben por el término estrictamente indispensable.

Además, del análisis de los contratos, se extrae que las funciones realizadas
por la demandante fueron permanentes y esenciales a la entidad, pues

5 Índice 159 aplicativo SAMAI primera instancia

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versaban sobre asesoría y apoyo jurídico. Situación que se evidencia en que
una de las funciones de la actora era la de conceptuar y proyectar actos
administrativos.

ii) Alegó que no se puede considerar como prueba el certificado expedido por
la entidad, donde se expuso que no existía personal de planta que realizara
las mismas funciones que la actora; dado que se constituye como una prueba
fabricada por la propia parte para su beneficio.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

28. ¿Entre la señora Sandra Liliana Camacho Rodríguez y la Nación –
Ministerio del Deporte (antes Coldeportes) existió una relación laboral encubierta
en el período comprendido entre el 20 de enero de 2010 y el 5 de marzo de
2012?

29. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo
o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»

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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

30. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

31. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

32. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

33. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,

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salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico.

34. Así las cosas, de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, la Sala encuentra que la demandante cumplió con la carga de
demostrar la prestación personal de su servicio en favor del Coldeportes entre
el 20 de enero de 2010 y el 5 de mayo de 2012, salvo interrupciones, mediante
la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios. Los objetos,
extremos y valores de dichos contratos se exponen de la siguiente manera:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato u
orden de
trabajo
042-2010 Prestación de servicios profesionales de asesoría y 20 de 31 de diciembre $2.700.000
apoyo jurídico a la Secretaría General - Grupo Jurídico enero de de 2010 (pagados
y Agenda Legislativa y el desarrollo y ejecución de las 2010 mensualme
funciones en el Artículo 4 de la Resolución 00163 de 28 nte)
de febrero de 2008, de conformidad con el estudio de
oportunidad y conveniencia, y la propuesta presentada
por la contratista, los cuales hacen parte integral del
presente contrato
020-2011 Brindar asesoría y apoyo jurídico a la Secretaría 19 de 31 de diciembre $3.370.500
General - Grupo Jurídico y Agenda Legislativa. enero de de 2011 (pagados
2011 mensualme
nte)
046-2012 Adelantar los trámites administrativos de cobro coactivo 13 de 12 de febrero de $3.370.500
de: coactivo No. 68 seguido contra Jorge Montes enero de 2012 (pagados
Agresor, coactivo No. 98, 45 y 66 seguido en contra 2012 mensualme
Pedro Nel Mejía Toro, coactiva No. 36 seguido contra nte)
Jaime Francisco Dangona Dangon, coactivo No. 13
seguido en contra de Carlos Humberto Acevedo Casas
Aguilar, coactivo No. 67 seguido en contra de Alejandro
Ruiz Porras y coactivo No. 58 seguido en contra de
Hernando Acevedo Lievano, así como en la elaboración
del decreto reglamentario del que trata el artículo 5 de
la Ley 1389 de 2010, junto con sus correspondientes
memorias justificativas de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 1345 de 2010
115-2012 El contratista se compromete con COLDEPORTES a 6 de marzo 5 de mayo de $3.497.000
prestar los servicios profesionales de asistencia y de 2012 2012 (pagados
apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica del mensualme
Departamento, así como el apoyo jurídico para la nte)
liquidación e incorporación de las Juntas
Administradoras Seccionales de Deporte, de
conformidad con la propuesta presentada por la
CONTRATISTA y el estudio previo elaborado por la
Oficina de Jurídica de Coldeportes.

35. De la lectura de los objetos contractuales se observa que la actora prestó
diferentes servicios en el tiempo, a saber: i) en los contratos 042 de 2010 y 020
de 2011, desarrolló actividades de asesoría y apoyo a la Secretaría General,
particularmente en el Grupo Jurídico y Agenda Legislativa; ii) en el contrato 046
de 2012, actuó como abogada en los trámites administrativos de cobro coactivo
adelantados contra personas determinadas; y por último, iii) en el contrato 115
de 2012, prestó apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica del Departamento y
en la liquidación e incorporación de las Juntas Administradoras Seccionales de
Deporte.

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36. En cuanto a la contraprestación, que se refiere a los emolumentos
recibidos por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, la
Subsección observa que dicho requisito se acredita con las diferentes cláusulas
contractuales que detallaron los honorarios recibidos.

37. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».

38. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si la contratista estuvo subordinada a la entidad demandada durante
la ejecución de los contratos.

39. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

40. En cuanto al lugar de trabajo, de las pruebas documentales no se
desprende información sobre el espacio físico en que debían cumplirse los
contratos.

41. Y si bien las testigos concuerdan en que la entidad disponía de su sede
para cumplir el objeto contractual, no existe claridad respecto a la imposición que
sobre la demandante pudo existir para su asistencia de forma recurrente a la
misma.

42. En efecto, la señora Ismenia Merchán manifestó que conoció del servicio
prestado por la demandante, pues ambas estuvieron vinculadas como
contratistas a Coldeportes. Al ser interrogada sobre el lugar físico de las
funciones, indicó que estas se realizaban en las oficinas de la entidad8; sin
embargo, no precisó la periodicidad o frecuencia con la que se asistía a la sede.

8 Al respecto la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Cuando usted trabajaba para Coldeportes, ¿en qué

oficina trabajaba, en qué piso? Y si en ese piso trabajaba también la demandante Liliana, Sandra Liliana
Camacho. Contestó: Sí, doctor. Nosotros trabajamos en la oficina jurídica. Si no estoy mal, es en el segundo
piso o tercero. No recuerdo bien, pero sí era en uno de esos dos pisos (…)»

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43. De otro lado, la señora Perla Esther Álvarez Cervantes afirmó que, aunque
la entidad contaba con espacios físicos para que los contratistas prestaran sus
servicios, no era estrictamente necesario asistir a ellos para ejecutar el objeto
contractual9.

44. En ese sentido, se concluye que la demandante prestó sus servicios en
instalaciones de la entidad. No obstante, las pruebas obrantes en el expediente
no acreditan que estaba obligada asistir de manera permanente a la misma para
cumplir los objetos de los contratos.

45. Respecto al horario de labores, la Sala observa que los documentos que
obran en el expediente no permiten precisar los extremos del servicio prestado
por la demandante.

46. Los testimonios sobre este punto presentan contradicciones que impiden
determinar con claridad las franjas horarias en que la actora desarrollaba sus
actividades.

47. En efecto, la señora Ismenia Merchán manifestó que los supervisores de
los contratos les indicaban, tanto a ella como a la demandante, que debían
cumplir un horario de trabajo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 10; sin embargo,
en una pregunta posterior afirmó que no le constaba que a la demandante se le
hubieran impuesto tales horarios11.

48. Por su parte, la señora Perla Esther Álvarez Cervantes sostuvo que, a su
juicio, la demandante, en calidad de contratista, no estaba obligada a cumplir un
horario, pues lo relevante era la satisfacción de los objetos contractuales12.

9 La testigo sobre este punto explicó: «Pregunta: Pregunta: En el caso de Sandra Liliana Camacho, ¿ella

por qué iba a las instalaciones de Coldeportes a prestar su servicio? Contestó: Su señoría, porque la entidad
tiene espacios, para que puedan venirse a reunir, para que puedan venir a interactuar con los demás
colaboradores y las demás dependencias. No somos ajenos a que podamos tener esa posibilidad. Entonces,
antes y durante todo este tiempo hay posibilidades para que ellos puedan venir, no a cumplir unas funciones
ni tampoco una subordinación, sino para que puedan tener interrelación con sus supervisores, con las
diferentes dependencias, para que puedan reunirse con los demás contratistas o profesionales que estén
asignados (…) Pues absolutamente. Para cumplir con el objeto contractual no hace falta estar aquí en la
entidad como ya se ha expresado anteriormente. Tienen unos entregables y se lo entrega al supervisor del
contrato. El supervisor del contrato le certifica el cumplimiento y le genera el pago de manera mensual».
10 Sobre este punto, la testigo dijo: «Pregunta: ¿En esos contratos de prestación de servicio quedaban

estipulados que ustedes debían cumplir con un horario? Contestó: No, no, pero nuestro supervisor sí nos
indicaba que teníamos que estar en el horario de 8 a 5 de la tarde».
11 En extenso la testigo dijo: «Pregunta: ¿Sabe si a la señora Sandra Camacho, en algún momento algún

supervisor le indicó, a través de un correo electrónico o a través de un oficio, un memorando, que ella debía
cumplir con un horario? Contestó: Que sepa no, señor, pero si hacían de mismo manejo conmigo, pues lo
hacían verbalmente. Pregunta: Pero no le consta que se lo hacían, no le consta usted, usted acaba de decir
que sí lo hacían con usted, entonces también lo hacían con ella. La pregunta es, ¿a usted no le consta que
a la señora Sandra Liliana Camacho le impusieron un horario? Contestó: No, no me consta (…)».
12 La testigo en detalle expuso lo siguiente: «Pregunta: Durante ese mismo interregno de tiempo que se hizo

alusión, es decir, año 2010-2012, o que usted coincidió con la señora demandante, ¿esta, si lo sabe, cumplía
algún tipo de horario? Contestó: Pues digamos que durante el tiempo que yo llevo dentro del ministerio, los
contratistas no cumplen horario. Los contratistas tienen una libertad frente al trabajo y tienen la posibilidad
de poder cumplirlo en las mañanas, en las tardes, los fines de semana, en la noche, pero exigencia frente a
horario, pues desconozco de verdad que se produzca algún lineamiento, digamos, frente al tema. Ni antes,
incluso ahorita, pues los contratistas manejan su tiempo, los contratistas manejan sus espacios. Eso sí,
tienen que entregar los productos que se les solicita de acuerdo con los contratos. Sí tienen unos tiempos

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49. En ese sentido, se concluye que en el expediente no existen elementos
probatorios que acrediten de manera contundente la imposición de un horario a
la actora. Aun así, la Subsección no desconoce que sus servicios debieron ser
concretados en ciertos espacios de tiempo, pero ello por si solo no configura la
relación laboral encubierta; pues dicho factor debe entenderse como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante13.

50. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas se encontraban dirigidas de manera
contundente por la entidad contratante.

51. En el recurso de apelación se alegó que las pruebas obrantes en el
expediente acreditaban la subordinación. Sin embargo, para la Sala no le asiste
razón al recurrente, pues del estudio de los medios de prueba no se evidencia de
manera clara que la entidad hubiera ejercido un control decisivo y efectivo sobre
las actividades de la demandante.

52. La señora Ismenia Merchán, interrogada sobre las órdenes que pudo recibir
la actora, declaró: «Pregunta: Infórmele al despacho de quién recibía órdenes Sandra
Liliana, a quién debía reportar sus funciones, su cumplimiento del contrato de prestación
de servicio, a qué persona y qué cargo tenía. Contestó: Ellos eran los supervisores de
nuestros contratos, eran los, el jefe de la oficina jurídica».

53. A pregunta similar, la señora Perla Esther Álvarez Cervantes manifestó:
«Pregunta: Teniendo en cuenta que usted manifestó a preguntas formuladas por el
despacho, la señora Sandra Camacho estuvo en el mismo espacio físico durante un
interregno de tiempo con usted en la Secretaría General de la Oficina Jurídica.
Manifiéstele, por favor, al honorable magistrado si en ese periodo de tiempo algún
funcionario del Deporte le impartió órdenes a la demandante para el desarrollo de la
prestación de sus servicios. Contestó: Yo realmente con certeza lo diría, tanto como una
orden, es más es una indicación frente a lo que hay que hacer, porque necesariamente,
si bien es un contrato de prestación de servicio, a través de la supervisión se generan
indicaciones en cuanto a modo, tiempo, fechas de entrega, porque siempre la dinámica
lo impone y para eso tenemos, digamos, contratados profesionales que puedan apoyar
y suplir en cualquier momento cualquier dificultad en el trabajo. Entonces, más que más
que de pronto ese tipo de indicaciones subordinantes son indicaciones frente a las
actividades contractuales que los contratistas deben de acometer, porque hay unas

para poder entregarlo, incluso en algunos contratos se pactan los momentos de entrega. Frente a eso es lo
que yo podría, digamos, manifestar (…)».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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obligaciones, porque de esas obligaciones se desprende el cumplimiento obligacional y
porque necesariamente hay que entregarlo en unos momentos específicos» (sic en la
cita).

54.De lo anterior se desprende que la testigo Merchán, aunque señaló que la
demandante recibía órdenes de los supervisores de la entidad, no precisó hechos
concretos que permitan concluir que tales indicaciones superaban la mera
coordinación contractual propia de esta clase de vínculos.

55. A su vez, la señora Álvarez Cervantes explicó que más que órdenes, los
supervisores emitían indicaciones necesarias para la correcta ejecución de los
contratos, lo cual, en criterio de la Sala, no desconoce el alcance y naturaleza de
los contratos de prestación de servicios.

56. Por lo demás, la Sala no encuentra en los documentos que obran en el
expediente elementos de juicio adicionales que acrediten direccionamiento o
control sobre las actividades de la actora. En esencia, solo reposan los
certificados de los contratos suscritos y los informes de ejecución contractual, los
cuales no constituyen prueba de subordinación, sino controles propios de la
ejecución contractual para asegurar su cumplimiento.

57. Tampoco es de recibo el argumento del recurso según el cual el hecho de
que la demandante hubiera prestado sus servicios durante tres (3) años configura
per se una relación laboral encubierta, con base únicamente en la permanencia
del servicio.

58. Debe recordarse que, en la jurisdicción contencioso-administrativa, quien
pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta con entidades
estatales debe demostrar que durante la ejecución del servicio se configuraron
los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y, de manera
especial, subordinación.

59. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.

60. En ese sentido, aunque —como se indica en el recurso— para los contratos
0020 de 19 de enero de 2011 y 0115 de 2012 14 la demandante se comprometió
a «conceptuar y proyectar los actos administrativos requeridos en el desarrollo

14 Visible en el certificado expedido el 12 de junio de 2012 por la asesora de dirección con funciones en el

grupo interno de Contratación de Coldeportes – folio 50 y siguientes expedientes físicos.

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de las funciones propias de la oficina», lo cierto es que no se acreditó que tales
funciones fueran ejecutadas bajo subordinación.

61. Por el contrario, dadas las premisas planteadas, al ser los asuntos por los
cuales fue contratada la actora, propia de un área de un conocimiento
especializado (como lo es el derecho) y dado que la entidad no contaba con
personal de planta para desarrollarlos15, se encontraba facultada para atenderlos
mediante contratos de prestación de servicios.

62. Asimismo, para la Subsección no es de recibo el argumento del recurso
según el cual no pueden valorarse las certificaciones de la entidad sobre la
inexistencia de personal de planta encargado de dichas funciones, por cuanto —
según la apelante— fueron expedidas para favorecer la posición de la
demandada.

63. En efecto, se observa que las certificaciones de inexistencia de personal
obrantes a folios 237 a 239 del expediente fueron expedidas como soporte para
la celebración de los contratos de prestación de servicios. Posteriormente, en el
trámite procesal, la entidad certificó mediante memorial del 27 de mayo de 2024
la inexistencia del cargo de «abogado asesor»16, en cumplimiento de un
requerimiento judicial realizado previamente por el a quo.

64. Así, no se advierte que dichas pruebas se hubieran expedido para favorecer
la posición de la entidad, sino como soporte para la contratación y,
posteriormente, en cumplimiento de una orden judicial.

65. En consecuencia, con fundamento en los medios de prueba17 y su valoración
bajo la sana crítica18, tanto en primera como ahora en segunda instancia se
concluye que no se acreditó la existencia del cargo de planta que la actora afirma
haber desempeñado como contratista, lo cual impide reconocer equivalencia de
funciones y, de contera, que se acceda a las pretensiones de la demanda.

66. En ese sentido, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
15 Se observa en el expediente que de forma sucesiva la entidad, previo a suscribir los contratos de
prestación de servicios con la demandante, dejó constancia la inexistencia de personal de planta para
satisfacer las actividades por las que a la postre se suscribieron los contratos: Ver las verificaciones visibles
a folio 237, 238 y 239 del expediente físico.
16 Folio 435 del expediente físico.
17
Artículo 165 CGP, aplicable por remisión normativa artículo 306 CPACA, dice lo siguiente: «Medios de
prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros,
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen
medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales»
18 Artículo 176 CGP, aplicable por remisión normativa artículo 306 CPACA, dice lo siguiente: «Apreciación

de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba (Revisar tamaño y tipo de
fuente para que coincida en todos los pies de página)

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las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; de modo que
era la demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho que
configuran la relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la
entidad a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores19.

67. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»20.

68. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

69. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás problemas
jurídicos.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

71. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
20 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.

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72. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

73. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia
a la demandante Sandra Liliana Camacho Rodríguez, ya que se confirmará en
todas sus partes la sentencia de primer grado. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE a la señora Sandra Liliana Camacho Rodríguez en
segunda instancia a las costas procesales, conforme la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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