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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00601-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00601-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se accedió a las pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00601-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00601-01 (2937-2025)
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00601-01 (2937-2025)
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Tema: Relación laboral encubierta/médico servicio de urgencias

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia que concedió
pretensiones, en su lugar se deniegan

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 11 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

Declarar la nulidad del acto administrativo 20202100036481 de 5 de marzo de
2.

2020, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
negó la existencia de una relación laboral encubierta con la demandante, así
como del Oficio 20202100067681 de 14 de mayo de 2020, mediante el cual se
resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra aquel acto.

Como consecuencia, declarar que entre las partes existió una relación laboral
3.

encubierta entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
4.

demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de

1 Índice 2 aplicativo SAMAI primera instancia.

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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma

percibir en ese lapso, conforme al valor pactado en los contratos de prestación
de servicios, con la respectiva indexación monetaria; así como el pago de trabajo
suplementario; el reintegro de los valores, cotizaciones y aportes al sistema de
seguridad social en pensión y salud; el pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías; y la indemnización por la terminación
injustificada de la relación laboral.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5.La señora Diana Marcela Rubiano Matoma prestó sus servicios como médica
en el servicio de urgencias del Hospital del Sur ESE entre el 12 de mayo de 2014
y el 16 de enero de 2016, a través de la suscripción de diferentes órdenes de
prestación de servicios.

Que el 6 de abril de 2016 el Concejo de Bogotá D.C. expidió el Acuerdo 641,
6.

mediante el cual modificó la personería jurídica de la entidad contratante,
producto de su fusión con otros hospitales, y la transformó en la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

7.En esa medida, a partir del 28 de abril de 2016 y hasta el 1 de diciembre de
2019, la actora suscribió contratos de prestación de servicios con la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a efectos de realizar
actividades como médica en el servicio de urgencias.

Indicó que, a pesar de que formalmente se suscribieron diferentes contratos y
8.

órdenes de prestación de servicios, lo que en realidad existió entre las partes fue
una relación laboral, dado que la actora desempeñaba funciones inherentes a la
entidad en similares condiciones que el personal de planta.

9. Además, para la prestación del servicio debió cumplir con un horario,
directrices y protocolos impuestos por la entidad, a través de las diferentes
dependencias y líderes encargados.

10.El 29 de noviembre de 2019 le fue comunicado a la actora, de forma verbal,
que sus actividades en la entidad se extenderían hasta el día siguiente (esto es,
el 30 de noviembre de 2019); sin embargo, prestó el servicio médico hasta el 1
de diciembre de 2019.

11.Por lo anterior, el 21 de febrero de 2020, la actora radicó reclamación
administrativa ante la entidad enjuiciada, con el fin de que se reconociera la
existencia de una relación laboral encubierta y el pago de las prestaciones
sociales, trabajo suplementario y demás emolumentos laborales que consideró
desconocidos durante el periodo de vinculación.

Sin embargo, la entidad profirió el 5 de marzo de 2020 —notificado el 2 de abril
12.

de 2020— un acto administrativo mediante el cual negó la petición. La actora

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interpuso recurso de reposición y, en respuesta, la administración profirió el 14
de mayo de 2020 una decisión negativa, oportunidad en la que, además, precisó
que contra esa decisión no procedía el recurso de apelación.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Se invocó la vulneración de los artículos 25, 53, 121 y 123 de la Constitución
13.

Política. En cuanto a las disposiciones legales, se consideró que, con la
expedición de los actos acusados, se transgredieron el numeral 5 del artículo 195
de la Ley 100 de 1993, el capítulo IV de la Ley 10 de 1990 y el artículo 2 del
Decreto 2400 de 1968.

14.A su juicio, los actos administrativos acusados incurrieron en las causales de
nulidad por violación de las normas en las que debían fundarse y por falsa
motivación. Esto, por cuanto desconocieron los artículos de la Constitución
Política que protegen el derecho al trabajo y determinan la prevalencia de la
realidad sobre las formas en las relaciones laborales, así como las normas
legales que impiden que las actividades permanentes de las entidades del Estado
se satisfagan mediante contratos de prestación de servicios.

15.De manera que, en atención a tales postulados, era necesario que la entidad,
mediante los actos acusados, reconociera la existencia de la relación laboral
encubierta con la demandante, con el consecuente reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales a los que tiene derecho
un empleado público.

16.Lo anterior, dado que en la ejecución del servicio de la actora se configuraron
los tres elementos esenciales de la relación laboral, a saber: prestación personal
del servicio, remuneración y subordinación, este último en atención a que,
durante todo el tiempo de prestación del servicio, cumplió horario y acató las
directrices y protocolos señalados por la ESE.

1.4. Contestación de la demanda2

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente contestó la
17.

demanda oponiéndose a las pretensiones.

18.Explicó que, a partir de lo preceptuado en el Acuerdo 641 de 6 de abril de
2016, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá D.C., se realizó una
reorganización del sector salud en el distrito, lo que conllevó a que las
operaciones antes realizadas por el Hospital del Sur ESE pasaran a ser
ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

2 Índice 12 aplicativo SAMAI primera instancia.

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19.Señaló que, contrario a lo afirmado en la demanda, no es cierto que la actora
hubiera prestado sus servicios en favor de la entidad con las mismas calidades
de un empleado público. Por el contrario, adujo que, en aplicación del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, entre las partes se suscribieron diferentes contratos de
prestación de servicios con el fin de que desarrollara los objetos plasmados en
cada uno de ellos, lo que en modo alguno configura la existencia de una relación
laboral.

20.Explicó que la ejecución de los contratos se surtió bajo los parámetros de
coordinación que guían este tipo de vinculaciones; además, consideró que, de
acuerdo con el precedente dictado sobre la materia por el Consejo de Estado, en
atención al principio de coordinación, es propio de los contratos de prestación de
servicios la existencia de lineamientos dictados por el contratante al contratista,
en aras de satisfacer el objeto convenido.

21. En atención a lo anterior, presentó como excepciones de mérito las siguientes:
i) inexistencia de la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas; ii) falta de causa e inexistencia de la obligación; iii) inexistencia de
subordinación; iv) inexistencia de causal que declare ineficaz o inválido el
contrato suscrito entre las partes; v) carencia de requisitos para configurar un
contrato realidad; vi) cobro de lo no debido; vii) inexistencia de subordinación y
existencia, en su lugar, de una coordinación de actividades entre la entidad
contratante y la demandante; viii) legalidad del acto administrativo acusado; y ix)
excepción genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3

El Tribunal dictó sentencia el 11 de julio de 2025, mediante la cual declaró la
22.

nulidad de los actos administrativos acusados, no probadas las excepciones de
mérito propuestas por la entidad y la existencia de una relación laboral entre las
partes —de forma ininterrumpida— entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de
noviembre de 2019.

23.Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
condenó a la ESE a reconocer y pagar ininterrumpidamente a la demandante las
prestaciones sociales de orden legal dejadas de percibir durante el período
comprendido entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de noviembre de 2019, entre
ellas, las siguientes: cesantías, intereses a las cesantías, «primas legales» y
compensación de vacaciones en dinero, así como las demás a las que tuviera
derecho un empleado de planta que ejerciera el cargo de médico general y/o uno
similar. Para su liquidación se ordenó tener en cuenta los honorarios pactados en
cada uno de los contratos de prestación de servicios.

24. Asimismo, se le ordenó a la entidad que calculara si existían diferencias entre

3 Índice 96 aplicativo SAMAI primera instancia.

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los aportes realizados a pensión mes a mes por la actora como contratista,
durante el periodo en que se declaró la existencia del contrato realidad, y aquellos
que debió cotizar la entidad como empleadora. De ser así, se ordenó que
realizara las cotizaciones faltantes a pensión, teniendo la demandante la carga
de acreditar las cotizaciones efectuadas, así como de realizar los aportes que le
correspondían efectuar. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda
y no condenó en costas.

25.Para arribar a dicha conclusión, el a quo explicó la configuración de los
elementos esenciales de la relación laboral en los siguientes términos:

Prestación personal del servicio: Se demostró que la actora prestó sus
26.

servicios como médica general en el servicio de urgencias en favor de la entidad
demandada entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de noviembre de 2019.

27.Remuneración: Se acreditó este elemento con el pago de los honorarios
recibidos por la actora en la ejecución de cada uno de los contratos suscritos.

28.Subordinación: Se probó este elemento a partir del análisis de las
declaraciones rendidas en el proceso y de los documentos —especialmente los
contratos—. El a quo indicó que, conforme a las pruebas, se corroboraron en el
servicio de la actora las siguientes circunstancias que denotan la subordinación
ejercida sobre ella por la entidad: i) debió cumplir un horario; ii) no podía
ausentarse del servicio, a menos que solicitara permiso para no afectar la
prestación de este; iii) el control de las actividades estaba a cargo del líder del
servicio de urgencias, quien de forma permanente supervisaba y vigilaba el
cumplimiento de las actividades asignadas, aunado a que impartía instrucciones;
iv) la demandante debía rendir cuenta de las actividades realizadas; y v) prestó
sus servicios de forma permanente como médica general en el área de urgencias
de la entidad, en iguales condiciones que el personal de planta, ya que se
acreditó la existencia del cargo de médico general código 211, grado 11, en el
área de urgencias de la ESE.

1.6. Recurso de apelación4

29.La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia a efectos de que
se revoque y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Para sustentar esta inconformidad, circunscribió los reparos bajo la premisa
30.

de la inexistencia de subordinación que se consideró acreditada en la sentencia
de primer grado, así:

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31. Censuró que el Tribunal acreditara —sin estarlo— la existencia de una
relación laboral encubierta entre las partes; pues las pruebas demuestran que
entre estas existió una relación contractual. Por lo tanto, los actos administrativos
acusados se encuentran acordes con el ordenamiento jurídico, de modo que no
era procedente declarar su nulidad.

32.Que los contratos de prestación de servicios suscritos por la ESE con la
demandante se encaminaron a desarrollar actividades relacionadas con su
funcionamiento. Sin embargo, no es cierto que esta última desempeñara
funciones en calidad de empleada pública, sino que, en realidad, realizaba
labores contractuales conforme a la programación del servicio que se
consensuaba entre las partes.

33.Consideró que la prestación del servicio debía realizarse en los espacios y en
los tiempos propicios de acuerdo con el objeto perseguido, o con la consecuente
presentación de informes. No obstante, ello no implica que se desvirtuara la
autonomía de la contratista; la existencia de lineamientos e indicaciones por parte
del coordinador constituye actividades propias de la relación existente en este
tipo de figura contractual que en modo alguno implican subordinación.

34.Adujo que en el expediente no existen elementos que demuestren claramente
la existencia de la subordinación que se habría ejercido sobre la demandante,
tales como documentos que evidencien permisos para ausentarse, llamados de
atención, entre otros.

A su juicio, en las declaraciones rendidas en el proceso no se advierten indicios
35.

de dependencia, sujeción, horario u órdenes recibidas por la demandante.

36.Finalmente, expresó que el Tribunal tuvo por acreditado que la demandante
prestó sus servicios en las mismas condiciones que el personal de planta; sin
embargo, esto no fue probado de la forma pertinente por la parte interesada.

1.7. Trámite en segunda instancia

37.El recurso de apelación se admitió en auto del 17 de octubre de 2025 5. En
dicha providencia, se dispuso que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que se ingresara el proceso al
despacho para proferir sentencia. Dentro de esta oportunidad, rindió concepto
con el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, dado que,
a su juicio, no se acreditaron los elementos de la relación laboral6.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

5 Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.
6 Índice 10 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

39.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

40.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

41.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

42.¿Entre la señora Diana Marcela Rubiano Matoma y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente (antes Hospital del Sur ESE) existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda por
configurarse la subordinación en la prestación del servicio?

De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
43.

en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

44.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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45.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios, el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la
subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración.

46. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

47.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

48.En el expediente obran las copias de los contratos de prestación de servicios
—así como de sus adiciones y prórrogas— suscritos por las partes, de los que
se advierte que aquellos estaban orientados a satisfacer los objetos, períodos,
valores que a continuación se relacionan9:
Número de Objeto contratado / Contratante Inicio Finalización Valor pagado
Contrato mensualmente
1802 de 2014 El contratista a nombre propio y de 12 de mayo de 31 de mayo de $2.800.000
manera independiente, es decir, 2014 2014
1891 de 2014 sin que exista subordinación ni 1 de junio de 2014 31 de agosto de $4.200.000
relación laboral alguna, prestará 2014

9Los contratos que se relacionan fueron aportados por la demandante con los anexos de la demanda y

posteriormente con los anexos de la reforma de la demanda. Asimismo, los contratos suscritos por la actora
con el Hospital del Sur ESE reposan en los antecedentes administrativos aportados por la entidad
demandada al contestar la demanda.
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2417 de 2014 sus servicios y conocimientos (…) 1 de septiembre 9 de enero de $4.300.000
Adición y como MÉDICO URGENCIAS – de 2014 2015
prórroga 2417 Profesional Universitario 4, que
de 2014 requiere el Hospital del Sur ESE,
para la prestación del servicio de
0526 de 2015 salud a población vinculada, 10 de enero de 28 de febrero de $4.300.000
desplazada, pobre, del régimen 2015 2015
subsidiado, escolares, APH (…) /
1419 de 2015 Hospital del Sur ESE 1 de marzo de 30 de abril de $4.300.000
2015 2015
2379 de 2015 1 de mayo de 30 de septiembre $4.300.000
2015 de 2015
3492 de 2015 1 de octubre de 30 de noviembre $4.600.000
2015 de 2015
4472 de 2015 1 de diciembre de 25 de enero de $4.600.000
2015 2016
841 de 2016 El contratista prestará los 16 de enero de 25 de noviembre $4.600.000
Adición y servicios de Médico Urgencias 2016 de 2016
prórroga del que se requiere el Hospital del Sur
30 de
ESE, para la prestación del
septiembre de
servicio de salud a la población
2016 (a través
vinculada, desplazada, pobre, del
de la cual se
régimen subsidiado, escolares,
extendió el
APH, en ejecución de los
contrato y se
contratos y convenios suscritos
subrogó las
con la Secretaria de Salud
obligaciones
Distrital, las EPS CAPITAL
de este
SALUD, HUMANA VIVIR,
contrato a la
UNICAJAS, CAPRECOM,
Subred
SOLSALUD, ha suscrito el
Integrada de
Hospital del Sur ESE, mediante la
Servicios de
implementación de acciones de
Salud Sur
promoción de salud, prevención
Occidente
de la enfermedad, vigilancia de
ESE)
salud pública y gestión de salud
pública
3274 de 2016 Prestar servicios profesionales y 26 de noviembre 10 de enero de $4.600.000
de apoyo a la gestión como de 2016 2017
2619 de 2017 médico urgencias dentro de los 11 de enero de 31 de julio de $4.600.000
Adición y diferentes procesos y 2017 2017
prorroga procedimientos de la Subred
1899 de 2017 Integrada de Servicios de Salud 1 de agosto de 31 de enero de $5.267.520
Adición y Sur Occidente ESE 2017 2018
prorroga
1884 de 2018 1 de febrero de 31 de enero de $5.482.908
Adición y 2018 2019
prorroga
2219 de 2019 1 de febrero de 30 de noviembre $5.811.942
2019 de 2019

A partir del cuadro anterior, se concluye que la demandante suscribió
49.

contratos de prestación de servicios con el Hospital del Sur ESE entre el 12 de
mayo de 2014 y el 30 de septiembre de 2016, con el fin de prestar sus servicios
como médica de urgencias.

50.Posteriormente, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2019,
la actora suscribió contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, cuyos objetos, igualmente,
correspondieron a la prestación de sus servicios como médica de urgencias.

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51.De igual manera, la contraprestación recibida por la demandante en la
ejecución de sus actividades se encuentra acreditada con las cláusulas relativas
a los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios
previamente reseñados, así como con el certificado expedido por la directora
financiera de la Subred Integrada de Servicios de Salud el 4 de febrero de 2025,
en atención a requerimiento previo realizado en el trámite de la primera instancia
judicial.

52.Ahora bien, sobre la continuada subordinación o dependencia, se recuerda
que consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador
el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del contrato.

53.Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

54.En cuanto al lugar de trabajo, la Sala encuentra que, conforme a los
documentos anteriormente relacionados, se acreditó que la actora prestó sus
servicios en las instalaciones del Hospital del Sur ESE, que posteriormente pasó
a integrar la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

55.Sobre el horario de servicio, se advierte que la señora Yenifer Carolina
Martínez Narváez —quien manifestó haber prestado el servicio como médica y
compañera de la demandante entre septiembre de 2016 y julio de 2019— indicó
que tanto ella como la actora tenían turnos de servicio que se extendían desde
las siete de la noche hasta las siete de la mañana del día siguiente, con
descansos entre cada uno de los turnos de un día10.

56.La señora Alicia del Socorro Burgos Bacca adujo que fue compañera de
trabajo de la demandante en calidad de médica general. Cuando se le interrogó
sobre el horario de servicio, en similar sentido que la testigo Martínez Narváez,
indicó que la demandante cumplía un horario que se extendía entre las siete de
la noche y las siete de la mañana, cada tercer día11.

57.El señor Jaime González Nova, por su parte, expresó que fue compañero de
labores de la demandante a partir de mayo del 2019; en ese sentido, explicó que
los horarios de servicio se extendían entre las siete de la noche y las siete de la

10 En detalle, sobre este punto la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Me comenta usted que la jornada
laboral de la doctora Diana Marcela Rubiano era jornada nocturna. ¿Nos puede explicar cómo era esa
jornada? Contestó: Nosotros recibíamos turno a las 7 de la noche y salíamos a las 7 de la mañana. Eso era
así, noche interdiaria, es decir, una noche sí, otra no, una noche sí, otra no, independientemente de si fuera
domingo, festivo, fin de semana, era una noche sí y otra no» (sic).
11 En particular, la declaración de la testigo sobre este punto indica lo siguiente: «Pregunta: ¿Recuerda usted

en qué horario la doctora Diana Marcela Rubiano prestaba sus servicios? Contestó: La doctora estaba
asignada para el turno nocturno de siete de la noche a siete de la mañana cada tercer día. Y eso se puede
verificar en los turnos que el líder publicaba en la cartelera».
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mañana del día siguiente, con noche intermedia de descanso, dependiendo de
la organización de los turnos12.

58. De otro lado, en el expediente reposan diferentes «planillas de concertación
de actividades» y cronogramas de turnos del servicio del Hospital del Sur ESE y
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en los meses
de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014; febrero, marzo,
abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero, mayo, junio,
julio, agosto, octubre y noviembre de 2016; enero, marzo, abril, mayo y junio de
2017; y abril, agosto, octubre y noviembre de 201913.

59.Estos documentos evidencian, al igual que los testimonios, que la actora
prestó sus servicios siempre en la jornada nocturna, con una intensidad de doce
horas de servicio, entre las siete de la noche y las siete de la mañana del día
siguiente, con veinticuatro horas siguientes sin servicio o, en ocasiones, cuarenta
y ocho o setenta y dos horas siguientes sin actividades médicas (por ejemplo, en
los contratos de los años 2014 y 2015).

60.Ahora bien, aunque con las pruebas aportadas se acreditan las franjas de
tiempo en que la demandante cumplió con su servicio, la Subsección discrepa de
la posición del Tribunal en cuanto consideró que dichos horarios eran impuestos
y/o controlados por la entidad contratante. Por el contrario, revisado el
expediente, no se evidencian documentos que den cuenta que ello hubiese
ocurrido de tal manera.

61.Respecto a los testigos, la Sala tampoco observa que alguno de ellos hubiera
indicado que los horarios o cronogramas eran impuestos o controlados
pormenorizadamente, en cuanto a su cumplimiento y obligatoriedad, por la
entidad contratante.

62.En efecto, la señora Yenifer Carolina Martínez Narváez al preguntársele sobre
la manera en que la entidad controlaba el cumplimiento del horario, indicó lo
siguiente: «Pregunta: ¿Cómo se controlaba el horario en ese momento de la jornada
nocturna? ¿Cómo era ese tema del control de los turnos? Contestó: No, pues digamos
que no era que tuviéramos un policía que nos dijera que teníamos que llegar a las 7, no.
Pero sí uno sabía que el compañero de la tarde terminaba su jornada a las 7. Entonces,
uno tenía que ir a recibirle el turno porque si no, pues, o sea, como responsable uno
tenía que recibirle el turno (…)».

63.La señora Alicia del Socorro Burgos Bacca indicó sobre el particular lo
siguiente: «Pregunta: Díganos cuál era la forma de controlar el horario en la atención
de la prestación de servicio, en especial para ella, Diana Marcela, que prestaba su turno

12 Este testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Nos puede indicar en qué horario la doctora Diana Marcela

Rubiano prestaba sus servicios? Contestó: Sí, éramos compañeros de turno, entonces los horarios eran
de 7 de la noche a 7 de la mañana, noche intermedia, dependiendo de la malla de turnos».
13 Índice 15 aplicativo SAMAI primera instancia.

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en la noche. Contestó: Nosotros llegamos y nos bloqueamos en el computador a la hora
de entrada y la hora de terminación de las labores».

Finalmente, el señor Jaime González Nova explicó sobre la existencia de
64.

controles de turnos por parte de la entidad contratante lo siguiente: «Pregunta:
Precísenos cómo se hacía el control del horario de los turnos de ustedes que me dice
que usted mismo también prestó el turno de médico de urgencias en la noche. ¿Cómo
era el control de esos turnos? Contestó: Pues, previamente, es decir, a finales de mes
se publicaba la malla de turnos de los turnos del siguiente mes correspondiente. Y el
control como, pues, es decir, no había un control de llegada de timbrar tarjeta o este tipo
de cosas, pero sí era necesario obviamente hacer una ronda de entrega de turno con los
compañeros que salían en ese momento. Entonces se hacía, pues, una ronda médica
paciente por paciente a las 7 de la noche, que era cuando nosotros recibíamos turno».

65.En ese sentido, la Sala concluye que, si bien con las pruebas se acreditan las
franjas en que la demandante realizó el servicio para el cual fue contratada, no
se probó que este hubiera sido producto de imposiciones por parte de la entidad.

66.En todo caso, no se desconoce que, por tratarse de un servicio médico, la
existencia de jornadas o franjas de repartición del servicio eran necesarias para
obtener el correcto desarrollo del objetivo contractual. Así, esta Subsección ha
explicado con claridad que los cronogramas, agendamientos de servicios u
horarios de actividades en el servicio de salud son indispensables para un centro
de prestación asistencial frente a su correcta organización y planificación de
servicios. Por lo que el horario, más que subordinación, debe entenderse como
un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación que existe entre
contratista y el contratante14.

67.En ese sentido, resulta necesario estudiar el elemento relativo a la dirección
y al control efectivo de las actividades ejecutadas, con el fin de determinar si
de las pruebas obrantes en el expediente se advierte la configuración del
elemento de subordinación.

Debe reiterarse que este indicio se refiere al control y manejo directo ejercido
68.

por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas por el contratista,
y constituye un aspecto esencial para establecer la existencia o no de
subordinación. De esta manera, para acreditar una relación laboral encubierta,
corresponde a la parte demandante demostrar que se encontraba inserta dentro
del ámbito rector, disciplinario y organizativo de la entidad, de tal forma que pueda
concluirse que sus actividades eran dirigidas de manera efectiva por esta.

En el recurso de apelación, la entidad sostuvo que, contrario a lo considerado
69.

por el Tribunal, las pruebas aportadas al plenario no acreditan la existencia de
subordinación, en tanto no se probó la existencia de instrucciones, órdenes o

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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sujeciones que denoten la calidad de real empleadora que se le atribuyó en la
sentencia de primer grado.

70.Para la Subsección, los argumentos expuestos en el recurso están llamados a
prosperar, dado que, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, así
como los testimonios recaudados, no se evidencian elementos contundentes que
conlleven a concluir que la entidad hubiera ejercido dirección y control efectivo
sobre las obligaciones contractuales ejecutadas por la demandante.

71.En relación con los testimonios, la Subsección observa que la señora Yenifer
Carolina Martínez Narváez, al ser indagada sobre si en la ejecución del servicio
ella o la demandante recibieron órdenes, respondió lo siguiente: «Pues órdenes
específicas diarias, no, digamos que uno no sabía cuál era su trabajo. Entonces uno
sabe, llega, recibe su turno. O sea, uno sabe qué es lo que tiene que hacer en el
transcurso del turno. Como tal, no era que nos llamara el líder a decirnos diariamente
qué era lo que teníamos que hacer, no».

72.A la misma pregunta, la señora Alicia del Socorro Burgos Bacca expuso lo
siguiente: «Sí, nosotros seguíamos cumpliendo los protocolos que tenía en el servicio
de urgencias para la atención de estos pacientes que acudían allí. El líder generalmente
es el que nos realizaba los turnos correspondientes, nos daba las directrices que
debíamos cumplir, los protocolos que debíamos cumplir y los objetivos que se tenían en
el servicio de urgencias».

73.Por su parte, el señor Jaime González Nova, al preguntársele si la demandante
recibía órdenes o directrices y, en caso afirmativo, quién se las daba, respondió
lo siguiente: «Sí, claro. Pues nosotros estábamos bajo la coordinación de la doctora
Anis González, era la líder (…) en ese momento, entonces pues todas las directrices y
órdenes venían de ella».

74.De lo anterior, la Subsección concluye que los testigos no ofrecen detalles
sobre la existencia de algún control o de órdenes que pudo recibir la demandante
en la ejecución de los contratos, de modo que con ellos no se logra acreditar que
el servicio de ella fue direccionado de forma permanente, tal y como se tuvo por
probado en la sentencia apelada.

75.Nótese que la señora Martínez Narváez indicó que no recibían órdenes en la
ejecución de su servicio, dado que cada uno sabía cuál era la labor que realizaba;
es decir, su declaración descarta la existencia de este tipo de indicaciones por
parte de la entidad. Por su parte, la señora Burgos Bacca, aunque indicó que se
recibían órdenes en el desarrollo del servicio, al explicar sus motivos señaló que
estas versaban sobre los protocolos y objetivos del servicio de urgencias; de
manera que su relato ofrece pocos detalles sobre las condiciones y
particularidades del servicio de la demandante que permitan advertir de manera
concreta si tales protocolos u objetivos desbordaban la independencia propia del
contrato de prestación de servicios.

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76.Situación similar ocurre con el testimonio del señor González Nova, dado que,
si bien indicó que tanto él como la actora estaban bajo la coordinación de la líder
del área en ese momento, quien les daba instrucciones y órdenes, no precisó en
detalle a qué se referían estas, y mucho menos indicó si conoció circunstancias
particulares en que la demandante fue objeto de direccionamientos.

77.Tampoco se evidencian documentos u otros medios probatorios que den
cuenta de la existencia de órdenes o instrucciones impartidas por el personal de
la entidad contratante a la demandante.

78.De otra parte, la Subsección también se aparta de la consideración hecha en
la sentencia de primer grado respecto al hecho de que la demandante tuviera que
solicitar permisos para ausentarse del servicio, dado que ello no está probado en
el expediente.

79.En efecto, de los documentos aportados al plenario, ninguno hace referencia
a permisos que hubiera tenido que solicitar la actora en la ejecución de su
servicio. Por su parte, los testimonios tampoco denotan con claridad la existencia
de estos episodios. En particular, la señora Martínez Narváez, al indagársele
directamente sobre este punto, manifestó no tener conocimiento15; por su parte,
el señor González Nova, tampoco hizo referencia a que tuviera conocimiento
sobre esta situación16.

80.Finalmente, si bien la señora Burgos Bacca indicó que los cambios de turnos
o permisos eran solicitados directamente a la líder del servicio, no relacionó su
respuesta con el hecho de que conociera si la demandante debió, en el contexto
de la prestación de su servicio, solicitar permisos para ausentarse17.

81.Asimismo, no se comparte que el rendimiento de cuentas de las actividades
realizadas por la demandante constituya un indicio de subordinación, como lo
concluyó el a quo, pues la Subsección ha considerado18 que la presentación de
informes constituye un mecanismo orientado a garantizar la correcta ejecución
del objeto contractual, en atención al deber de seguimiento que asiste al
contratante respecto del desarrollo del contrato.

15 La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted sabe si a Diana Marcela Rubiano se le

hicieron llamados de atención con motivo de la prestación del servicio? ¿Se le llamó atención por parte de
los superiores? Contestó: No tengo conocimiento de eso».
16 En detalle, el deponente sobre el particular dijo: «Pregunta: ¿Usted supo si Diana Marcela Rubiano en la

época en que estuvo vinculada por contratos pidió permisos en algún momento o época para no prestar el
servicio por motivos ajenos, personales, o lo prestó de manera ininterrumpida? Contestó: No, pues, siempre
surgen eventualidades obviamente, pero, pues, es decir, en solicitud de permisos digamos que teniendo en
cuenta el contrato y esto, pues, no era como muy viable. Lo que se hacía, pues, era hacer cambios de turno
con otros compañeros, o sí, es decir, cambios de turnos o pagar el turno o este tipo de cosas».
17 La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: Usted sabe si Diana Marcela, mientras usted la

conoció en la prestación de servicio, pidió permisos para ausentarse de su labor. Y en todo caso, ¿a quién
le pediría sus permisos? Contestó: Los cambios de turno o a veces permisos, se los solicitaba directamente
al líder».
18 Entre otras, se cita a manera de ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves, rad. 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025).
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82.Tampoco se comparte la posición del Tribunal, relativo a que se acreditara en
el plenario que la demandante realizó las actividades contradas en las mismas
condiciones que el personal de planta de la entidad, en concreto, que el cargo
Médico General Código 211, Grado 11.

83.Al respecto, la Subsección, luego de analizar minuciosamente el expediente,
no encontró en las pruebas aportadas con la demanda —y su reforma—,
contestación y en las pruebas allegadas al proceso, luego de los requerimientos
realizados en tránsito del proceso en primera instancia, información que
evidenciara la existencia del cargo Médico General Código 211, Grado 11 en la
entidad demandada.

84.Únicamente se observa en el expediente que, al rendir informe, la
representante legal de la Subred indicó que entre los años 2014 y 2015, conforme
a los acuerdos dictados por la Junta Directiva de la ESE Hospital del Sur, se
concluyó que en la entidad existían los cargos de médico general Código 211
Grado 08 y Grado 26; sin embargo, respecto de estos empleos no se aportó al
plenario constancia de las funciones realizadas y, en todo caso, no concuerdan
con el considerado equivalente con los servicios de la actora por parte del
Tribunal.

85.Asimismo, la representante legal de la demandada certificó que para los años
comprendidos entre 2016 y 2019, dentro de la Subred existió el cargo
denominado médico general grado 11 y grado 31, «el cual requería para su
desempeño título profesional del núcleo básico de conocimiento en Medicina,
certificado de inscripción o registro ante el ente correspondiente y matrícula o
tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley». No obstante, tampoco se
aportó constancia de las funciones correspondientes a dichos cargos.

86.En ese sentido, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral
encubierta con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución
del servicio, se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación. Pues en el ordenamiento jurídico
permite que las entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue
asignado excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta
de personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios,
cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados o (ii) no
puedan realizarse con el personal empleado.

87.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través

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de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores19.

88.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»20.

89.Por tanto, la Subsección considera que le asiste razón a la entidad en los
planteamientos de su recurso de alzada, en tanto dentro del plenario no obran
los elementos que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes, en especial, porque no se probó el elemento de subordinación.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

90. Por sustracción de materia no se estudiará el segundo problema jurídico.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

91.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

92.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
20 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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93.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

94.Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante la cual se accedió a las pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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