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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00682-02

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00682-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «E», mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00682-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00682-02 (5171-2024)
Demandante: Wilber José Martínez Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00682-02 (5171-2024)
Demandante: Wilber José Martínez Martínez
Demandado: Bogotá. D.C. – Secretaría Distrital de integración

Tema: Relación laboral encubierta – labor de trámite de
incapacidades no subordinación.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Niega pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 10 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección «E» mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2.Declarar la nulidad de los oficios S2020031724 del 8 de abril de 2020 y
S2020039552 del 4 de mayo de 2020, proferidos por la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá D.C. y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
respectivamente, mediante los cuales se negó y posteriormente se confirmó, al
resolverse el recurso de reposición, la inexistencia de una relación laboral con el
señor Wilber José Martínez Martínez.

1Índice 2 aplicativo SAMAI primera instancia.

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Demandante: Wilber José Martínez Martínez

Como consecuencia, declarar la existencia de una relación laboral entre las
3.

partes, sin solución de continuidad, entre el 30 de mayo de 2012 y el 3 de
diciembre de 2019; ordenar el reintegro del demandante a un cargo igual o
equivalente a las funciones desempeñadas; pagar todas las prestaciones
sociales dejadas de percibir liquidadas en la misma forma en que se realiza para
el cargo de (Profesional Universitario, Código 2019, Grado 09).

4.Asimismo, pidió el pago de la indemnización por terminación unilateral sin justa
causa y de los intereses moratorios derivados del pago tardío de tales derechos,
junto con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social conforme a la Ley
100 de 1993; se indexen las sumas reconocidas, se paguen intereses moratorios
y se condene en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Wilber José Martínez Martínez prestó sus servicios para la Secretaría
5.

Distrital de Integración Social de Bogotá D.C., entre el 30 de mayo de 2012 y el
3 de diciembre de 2019, mediante la suscripción de contratos de prestación de
servicios.

Desempeñó sus funciones en el Área de Nómina de la Subdirección de Gestión
6.

y Desarrollo del Talento Humano, atendiendo los asuntos relacionados con la
elaboración de nómina y pre-nómina de incapacidades de los funcionarios de la
entidad. En el desarrollo de sus labores, debía presentar informes periódicos a la
Oficina de Asuntos Disciplinarios e ingresar la información correspondiente a su
cargo en los sistemas institucionales.

7.Resaltó que su servicio se caracterizó por lo siguiente: i) cumplió un horario
laboral dentro de las dependencias de la entidad de lunes a viernes entre las 7:00
a.m. y las 4:30 p.m., la cual se extendía hasta las 9:00 p.m. cuando se elaboraban
las nóminas previo al pago; ii) utilizó los elementos físicos y los aplicativos
institucionales que le fueron proporcionados; iii) sus funciones eran equivalentes
al cargo de planta de la entidad denominado Profesional Universitario Código
2019 Grado 09 - Profesional Novedades de Nómina; iv) cumplió las órdenes
impartidas tanto por el jefe de la entidad como por otros funcionarios; v) asistía a
reuniones programadas por sus superiores cuya asistencia era obligatoria, y en
caso de no acudir, debía presentar excusa; y, vi) participó en los eventos
realizados por el área de Bienestar de la entidad a los funcionarios del área a la
que hacía parte.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8.Se invocó la vulneración del artículo 53 Constitución Política. Igualmente citó
como vulneradas las siguientes disposiciones legales: Decreto 1848 de 1969,

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Decreto 1045 de 1978, Decreto ley 1045 de 1978, Decreto 451 de 1984, Decreto
420 de 1979.

9. Indicó que los actos acusados vulneraron las normas en que debía fundarse e
incurrieron en falsa motivación, con lo que transgredieron los derechos laborales
del demandante al inaplicar el principio de la realidad sobre las formas para
declarar la existencia del contrato realidad.

1.4. Contestaciones a la demanda

Bogotá. D.C. – Secretaría Distrital de integración2 contestó la demanda
10.

oponiéndose a las pretensiones.

11.En relación con los hechos, sostuvo que las partes únicamente suscribieron
contratos de prestación de servicios, cuya duración y objeto se encontraban
claramente definidos, y en los cuales cada contratista cumplió a cabalidad las
obligaciones pactadas de manera autónoma e independiente.

12.En consecuencia, afirmó que no era cierto que el actor hubiera recibido
órdenes, llamados de atención o directrices sobre la prestación del servicio o el
cumplimiento de horario por parte de la entidad.

13.Concluyó que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los
actos administrativos acusados, motivo por el cual no procede acceder a las
pretensiones de la demanda.

14. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i) legalidad
del contrato de prestación de servicios; ii) inexistencia del contrato realidad; iii)
inexistencia de las obligaciones reclamadas; iv) cobro de lo no debido; v)
prescripción; vi) no configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero
ni indemnización; vii) buena fe de la demandada; viii) enriquecimiento sin causa;
ix) compensación; x) y, la genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3

15.El Tribunal dictó sentencia el 10 de mayo de 2024, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, decidió en la parte resolutiva lo
siguiente: i) declaró la nulidad de los oficios demandados; ii) declaró la existencia
de una relación laboral entre las partes entre el 30 de mayo de 2012 y el 3 de
septiembre de 2019, salvo interrupciones; iii) a título de restablecimiento del
derecho, condenó a la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital de
Bogotá. D.C. a reconocer y pagar al actor las prestaciones sociales de carácter
legal que recibe el empleado de la entidad denominado profesional novedades

2 Índice 19 aplicativo SAMAI primera instancia.
3 Índice 93 aplicativo SAMAI primera instancia.

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de nómina- profesional universitario código 219 grado 09, que dejó de percibir en
el período en que se declaró la relación laboral, salvo sus interrupciones4, entre
ellas las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas legales y la
compensación de las vacaciones en dinero; iv) ordenó la actualización de la
condena; v) condenó a la entidad a calcular si existe diferencia entre los aportes
a pensión realizados mes a mes por el contratista y los que debió efectuar como
empleador, en caso de que faltaren sumas, ordenó que se aportaran al fondo de
cotización del demandante; vi) ordenó que el tiempo laborado debía computarse
para efectos pensionales; vii) negó las demás pretensiones; viii) no condenó en
costas.

Para arribar a esta conclusión, el a quo estudió cada uno de los requisitos
16.

esenciales de la relación laboral de la siguiente forma:

Prestación personal del servicio: Con las pruebas allegadas al proceso se
17.

acreditó que el demandante prestó sus servicios profesionales en apoyo al Área
de Talento Humano, específicamente en la verificación y seguimiento de las
actividades de nómina, entre el 30 de mayo de 2012 y el 3 de septiembre de
2019, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios.

18.Para el tribunal, únicamente los contratos de prestación de servicios
permitieron establecer con certeza los períodos de ejecución, pues en ellos se
definen el objeto, las obligaciones, la duración y los extremos temporales del
vínculo. Por el contrario, los certificados allegados no constituyen prueba idónea,
pertinente ni conducente para demostrar las condiciones en que se ejecutó el
servicio.

Remuneración: Con los contratos, se acreditó los honorarios recibidos por el
19.

demandante como contratista en cumplimiento de su servicio.

20.Subordinación: Para el a quo este requisito se comprobó, ya que del análisis
conjunto de los testimonios con los documentos se concluyó que en el servicio
del actor se presentaron las siguientes particularidades: i) sus funciones se
realizaron bajo las condiciones impuestas por la entidad; ii) cumplió el horario
establecido por la entidad y no pudo disponer libremente su organización o
cumplimiento del objeto; iii) utilizó los elementos proporcionados por la entidad;
iv) era dependiente y cumplía las directrices impartidas.

21.Asimismo, se acreditó que en la planta de personal de la entidad existía el
cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 09, cuyas funciones eran
similares a las que desarrolló el demandante. Ello obedeció, según el expediente
administrativo, a la insuficiencia de personal de planta para cubrir las

4 Para el tribunal, las interrupciones ocurrieron en los siguientes periodos: «del 30 de noviembre de 2012 al

10 de diciembre de 2012, 10 al 31 de julio de 2014, 16 al 25 de enero de 2015, 11 de enero al 1º de febrero
de 2017, 2 y 3 de enero de 2018, 4 al 18 de julio de 2018 y 19 de enero al 3 de febrero de 2019».
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necesidades del área.

1.6. Recursos de apelación

22.Bogotá. D.C. – Secretaría Distrital de integración5 interpuso recurso de
apelación solicitando que se revocara la decisión de primera instancia y, en su
lugar, se negaran las pretensiones. Para tal fin, desarrolló los siguientes
argumentos:

23.Alegó que la sentencia apelada incurrió en una indebida valoración probatoria,
lo que condujo a tener por acreditado, sin estarlo, el elemento de la subordinación
en la prestación del servicio.

23.1 Que las pruebas no demuestran que la entidad hubiera impuesto un
horario al demandante, y, en todo caso, el cumplimiento de este no implica
necesariamente la existencia de subordinación.

23.2 Los contratos fueron suscritos entre las partes para atender necesidades
específicas derivadas de la insuficiencia de personal en planta. Las obligaciones
contractuales fueron cumplidas por el actor de manera autónoma y coordinada,
por lo que el Tribunal confundió las instrucciones necesarias para la ejecución
contractual con el elemento de subordinación.

23.3 En las pruebas obrantes en el expediente no se evidencia la existencia de
órdenes, requerimientos o instrucciones emitidas por la entidad hacia el
demandante. Además, aunque existió cierto control sobre las actividades
desarrolladas, ello no se traduce en una influencia decisiva en la forma de
prestación del servicio.

Por su parte, el demandante6 si bien manifestó estar de acuerdo con la
24.

decisión de declarar la existencia de una relación laboral entre las partes y la
condena en su favor al pago de las prestaciones sociales, interpuso recurso de
apelación parcial sustancialmente en los siguientes puntos:

25.Desconocimiento de períodos de servicio: Cuestionó que el Tribunal no
hubiera reconocido la prestación personal del servicio entre el 4 de septiembre y
el 3 de diciembre de 2019, razón por la cual solicitó que se declarara la existencia
del contrato realidad hasta esta última fecha.

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el a quo, obran en el expediente
26.

certificaciones expedidas por la entidad que reconocen la prestación del servicio
hasta el 3 de diciembre de 2019, en virtud de la suscripción del contrato 2019-
1871.

5 Índice 96 aplicativo SAMAI primera instancia.
6 Índice 104 aplicativo SAMAI primera instancia.

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27.Reconocimiento de emolumentos: Argumentó que los factores salariales y
prestacionales reconocidos debieron liquidarse conforme al Decreto 1498 del 3
de agosto de 2022, expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, el cual establece los elementos y factores salariales aplicables a los
empleados de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. En consecuencia, solicitó que
se le reconocieran la prima semestral y la bonificación anual allí previstas,
liquidadas con base en el último salario devengado al momento del retiro, y en
las prerrogativas del cargo Profesional Universitario, Código 2019, Grado 09 –
Profesional Novedades de Nómina.

28.De igual modo, solicitó que se ordenara la liquidación y pago de los demás
derechos legales y extralegales, factores salariales y emolumentos que le
corresponden por disposición legal y jurisprudencial, dentro de los cuales
mencionó los siguientes: prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones,
prima semestral, bonificación por servicios, prima de antigüedad, prima técnica,
cesantías, intereses a las cesantías, bonificación especial por recreación y
reconocimiento por permanencia.

29. Finalmente, solicitó que se reconozca el pago de la sanción moratoria.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30.El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

31.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

En ese sentido, ambas partes apelaron la sentencia de primer grado; sin
32.

embargo, lo hicieron en aspectos puntuales de la misma, de modo que la
competencia en esta instancia se ciñe a los argumentos desarrollados en los

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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recursos.

2.2. Problema jurídico

33.De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

34.¿Entre Wilber José Martínez Martínez y Bogotá. D.C. – Secretaría Distrital de
integración existió una relación laboral encubierta en el período en que el primero
desplegó actividades mediante contratos de prestación de servicios?

35.De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación ¿se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción? Y si ¿la parte actora tiene derecho al pago
de las prestaciones sociales invocadas en la demanda y, especialmente, en el
recurso de apelación?
|
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

36.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

37.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

38. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que

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tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

39.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

El actor, en su recurso de alzada, censuró que no se hubiera tenido por
40.

acreditada la prestación de su servicio hasta el 3 de diciembre de 2019, pese a
que en el expediente obran pruebas que así lo demuestran.

41.Por su parte, el Tribunal de primera instancia, para concluir que el período
laborado por el actor transcurrió entre el 30 de mayo de 2012 y el 3 de septiembre
de 2019, se basó en los estudios previos del contrato 2019-1871, en los cuales
se indicó una duración de seis (6) meses, y en el certificado expedido por la
Secretaría Distrital de Integración Social el 8 de abril de 2020, que señaló que
dicho contrato se extendió únicamente hasta el 3 de septiembre de 20199.

42.No obstante, para la Sala, le asiste razón al demandante, pues en la
valoración probatoria realizada por el a quo no se consideró que durante la
audiencia de pruebas se requirió a la entidad para que allegara el expediente
administrativo en su integridad y que, en atención a dicho requerimiento, esta
remitió los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes10.

43.Aunque la entidad no aportó el contrato núm. 2019-1871 —cuya extensión es
justamente la discutida en la demanda y el recurso—, sí allegó el certificado
expedido por la Subdirección de Contratación el 27 de mayo de 2022, en el que
se indica expresamente que dicho contrato se extendió hasta el 3 de diciembre
de 2019.

En consecuencia, si bien existen inconsistencias entre los certificados del 8
44.

de abril de 2020 y 27 de mayo de 2022, ambos expedidos por la entidad, la
Subsección dará prevalencia al segundo, por cuanto fue expedido con
posterioridad, dentro del proceso judicial y a solicitud del a quo, precisamente
con el fin de aclarar los períodos contractuales. De ello se concluye que las
aparentes contradicciones fueron superadas con la incorporación de este último

9 Índice 2 aplicativo SAMAI – primera instancia – archivo 8.
10 Índice 58 aplicativo SAMAI – primera instancia.

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documento, el cual acredita que el contrato 2019-1871 finalizó el 3 de diciembre
de 2019.

45.Asimismo, esta instancia se apartará de la consideración del Tribunal
referente a que solo los contratos de prestación de servicios son pruebas idóneas
para probar la prestación del servicio. Pues en reiteradas decisiones esta Sala
ha indicado que para el establecimiento de la relación laboral no existe tarifa
legal, ya que lo esencial es la acreditación de los elementos que la conforman11,
para lo cual la parte interesada puede hacer uso de los medios de prueba que
dispone el artículo 165 del CGP12 —por remisión normativa del artículo 211 del
CPACA—.

46.En esa línea, esta Subsección considera que, para acreditar la prestación
personal del servicio como elemento esencial de la relación laboral subyacente,
las certificaciones expedidas por la autoridad competente que identifiquen
claramente las partes, los extremos temporales, el objeto contractual, las
obligaciones y la cuantía, constituyen pruebas idóneas, pertinentes y útiles, al
mismo nivel que los propios contratos de prestación de servicios, tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia de esta Sala en otros asuntos13.

Teniendo en cuenta lo anterior, el material probatorio allegado devela que el
47.

demandante desarrolló sus actividades contractuales en los periodos, objetos y
por los valores que se detallan en el siguiente cuadro:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
2012- Prestar los servicios profesionales 30 de mayo de 29 de noviembre 15.964.800
444214 para apoyar el área de talento 2012 de 2012
humano en la verificación y
seguimiento a las actividades
relacionadas con los procesos de
nómina.
Interrupción 7 días hábiles
2012- Prestar los servicios profesionales 11 de diciembre 10 de marzo de 7.982.400
554115 para apoyar el área de talento de 2012 2013
humano en la verificación y
seguimiento a las actividades
relacionadas con los procesos de
nómina.

11 Ver, por ejemplo, la sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicado: 47001-23-33-000-2018-00036-
01 (0701-2020) CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 El artículo en cita dispone lo siguiente: «Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la

declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección
judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo
con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios
y garantías constitucionales».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil

veinticuatro (2024). Rad. 25000-23-42-000-2017-06066-01 (0631-2023); veintiséis (26) de junio de dos mil
veinticinco (2025) 17001-23-33-000-2015-00149-02 (6053-2024) C.P: LUIS EDUARDO MESA NIEVES.
14 Índice 2 aplicativo SAMAI – primera instancia – archivo 18.
15 Ibidem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00682-02 (5171-2024)
Demandante: Wilber José Martínez Martínez

2013- Prestar los servicios profesionales 11 de marzo de 10 de febrero de 35.002.000
335016 para apoyar el área de talento 2013 2014
Prórroga humano en la verificación y 11 de febrero de 10 de julio de 15.910.000
del contrato seguimiento a las actividades 2014 2014
2013- relacionadas con los procesos de
335017 nómina.
Interrupción 15 días hábiles
2014- Prestar los servicios profesionales 1 de agosto de 31 de diciembre 16.308.000
759418 para apoyar el área de talento 2014 de 2014
humano en la verificación y
seguimiento a las actividades
relacionadas con los procesos de
nómina.
Interrupción 15 días hábiles
2015- Prestación de servicios 26 de enero de 25 de enero de 49.908.000
153719 profesionales de verificación y 2015 2016
Prórroga seguimiento a las actividades 26 de enero de 25 de mayo de 16.636.000
del contrato relacionadas con los procesos de 2016 2016
2015- nómina de la SDIS
153720
2016- Prestación de servicios 26 de mayo de 25 de octubre de 20.795.000
925821 profesionales de verificación y 2016 2016
Prórroga seguimiento a las actividades 26 de octubre de 9 de enero de 10.397.500
del contrato relacionadas con los procesos de 2016 2017
2016- nómina de la SDIS
925822
Interrupción 17 días hábiles
2017- Prestar los servicios profesionales 2 de febrero de 1 de enero de 47.575.000
128023 en la Subdirección de Gestión y 2017 2018
Desarrollo del Talento Humano,
relacionados con las actividades de
nómina de la entidad
Interrupción 2 días hábiles
2018-3224 Prestar los servicios profesionales 4 de enero de 3 de julio de 2018 32.406.000
en la Subdirección de Gestión y 2018
Desarrollo del Talento Humano,
relacionados con las actividades de
nómina de la entidad
Interrupción 11 días hábiles
2018- Prestar los servicios profesionales 19 de julio de 18 de enero de 32.406.000
718325 en la Subdirección de Gestión y 2018 2019
Desarrollo del Talento Humano,
relacionados con las actividades de
nómina de la entidad
Interrupción 9 días hábiles
2019- Apoyar a la Subdirección de Gestión 4 de febrero de 3 de diciembre de 33.378.000
187126 y Desarrollo en las actividades de 2019 2019
nómina e incapacidades de la
entidad

16 Ibidem.
17 Modificación del contrato para una extensión de 5 meses Índice 2 aplicativo SAMAI – primera instancia –

archivo 18.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 De la extensión, valores, objeto y partes de este contrato da cuenta el certificado expedido por la

Subdirección de Contratación de la entidad del 27 de mayo de 2022 - Índice 58 aplicativo SAMAI – primera
instancia.
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Demandante: Wilber José Martínez Martínez

48.Entonces, de lo anterior, se extrae que el señor Wilber José Martínez Martínez
prestó personalmente sus servicios en favor de la Secretaría Distrital de
integración de Bogotá D.C. entre el 30 de mayo de 2012 y el 3 de diciembre de
2019, apoyando el área de Talento Humano en la verificación y seguimiento de
las actividades relacionadas con los procesos de nómina.

La contraprestación, que se refiere a los emolumentos recibidos por el
49.

contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, se comprueba a
partir de los contratos y los certificados de tiempo de servicio que precisan los
honorarios devengados por el contratista.

La subordinación y dependencia, se refiere al cumplimiento de órdenes por
50.

parte del contratista en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo. Para verificar este requisito, la Sala tendrá en cuenta los criterios
determinados por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-
CES2- 2021.

En esos términos como lugar de trabajo, el demandante tuvo las instalaciones
51.

de la Secretaría Distrital de Integración de Bogotá D.C.

52. En cuanto al horario de servicio, los testimonios indican lo siguiente: El señor
Carlos Alberto López Mariño manifestó que laboró como empleado de planta de
la Secretaría Distrital de Integración Social entre el 31 de octubre de 2008 y el 17
de noviembre de 2020, período en el cual fue compañero del demandante. Al ser
interrogado sobre el cumplimiento de horario por parte de este, respondió:
«Pregunta: El señor Wilber Martínez Martínez, ¿cada cuánto iba a la entidad a
desarrollar ese trabajo? Contestó: Desde que el empezó en el 2012 él estuvo ahí
presente horario completo, trabajaba con nosotros ahí en el mismo horario de 7:00 a.m.
a 4:30 de la tarde, y tenía su escritorio su computador y pues tenía que utilizar los
aplicativos de la entidad para desarrollar su tarea. Pregunta: Cuando usted dice horario
completo ¿qué días de la semana le tocaba ir al Señor Wilber Martínez Martínez a
trabajar? Contestó: Él iba del lunes a viernes o sea nunca faltaba ningún día y tenía que
hacer el mismo horario de nosotros los de planta».

La señora Yolanda MaldSonado señaló que fue compañera del actor entre
53.

2012 y 2018. Sobre el horario de servicio, manifestó: «Pregunta: Usted nos puede
explicar si el Señor Wilbert Martínez Martínez ¿cumplía un horario con la entidad?
Contestó: Yo era una de las primeras que llegaba, pues, primero, porque vivía lejos y
Wilber también llegaba casi que enseguida él llegaba también antes de las 7 como otros
compañeros (…) Pregunta: ¿Qué días de la semana tenía que ir el señor Wilber a la
entidad? Contestó: todos los días, eso sí él cumplía horario prácticamente porque él
llegaba temprano y salíamos a las 4:30 y a las 4:30 a veces nos encontrábamos y
salíamos en grupos, pues todos los que vivíamos en el norte teníamos que salir a las
4:30 (…)».

La señora Jenny Adriana López, funcionaria de planta y compañera de trabajo
54.

del actor entre 2012 y 2019, manifestó lo siguiente: «Pregunta: En el tiempo en el
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Demandante: Wilber José Martínez Martínez

que compartieron con el señor Wilber Martínez ¿cumplía horario con la entidad?
Contestó: Pues yo en el horario que cumplo soy de carrera yo trabajo de 7 a 4:30 y en
el horario que yo trabajaba pues siempre lo veía (…)».

La señora Jenny Adriana López, indicó que fue compañera del actor entre los
55.

años 2012 y 2019. Explicó sobre el cumplimiento de horario lo siguiente:
«Pregunta: El señor Wilber ¿cumplía horario para desarrollar estas funciones? Contestó:
(…) yo como empleada pública tengo mi horario que es de 7:00 a 4:30, y pues, lo único
que puedo decir es que veía al Señor Wilber mientras yo estaba trabajando».

56.Finalmente, la señora Fanny Rojas adujo que fue compañera del actor, y sobre
las franjas del servicio declaró: «Pregunta: El señor Wilber, ¿cumplía horario igual
que usted o él simplemente iba unos días, nos puede explicar en qué consistía esa labor
del señor Wilber? Contestó: Mientras estuve con Wilber él asistió todos los días, cuando
yo llegaba a laborar Wilber ya estaba en la oficina y yo salía y en ocasiones él ocasiones
él se quedaba, yo salía más tarde normalmente. Pregunta: ¿Qué días de la semana por
favor? Contestó: Nosotros trabajamos de lunes a viernes».

57.De las anteriores declaraciones la Subsección concluye que el demandante
prestó sus servicios en las instalaciones de la entidad, de lunes a viernes, en un
horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.

58.Sin embargo, tal y como indicó la entidad en el recurso de alzada, este solo
hecho no es suficiente para acreditar la existencia del elemento de subordinación;
pues como ya se reiterado, el cumplimiento de un horario constituye un factor
esencial a convenir entre las partes del contrato a efectos de lograr su correcta
ejecución; por lo tanto, analizado individualmente, se erige como un parámetro
natural y lógico27. De suerte que este indicio debe analizarse con los otros
elementos de prueba a efectos de establecer si, en conjunto, todos ellos acreditan
la existencia de la subordinación del servicio.

59.En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la presencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante acreditar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas eran dirigidas de manera contundente por la entidad contratante.

60.En el recurso de apelación, la Secretaría Distrital de Integración Social de
Bogotá D.C. sostuvo que el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria,
al concluir, sin sustento fáctico, que se encontraba acreditado el elemento de la
subordinación.

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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Demandante: Wilber José Martínez Martínez

61.Para la Sala, le asiste razón al recurrente, pues del análisis del acervo
probatorio no se extraen elementos de juicio que permitan concluir que la entidad,
en el desarrollo de los contratos, direccionó o tuvo control efectivo de las
actividades del demandante al punto de afectar su autonomía.

En efecto, sobre las órdenes recibidas por el demandante, solo los testigos de
62.

Carlos Alberto López Mariño, Yolanda Maldonado, Luis Gabriel López y Fanny
Rojas declararon al respecto, pues la señora Dolly Cubillos no refirieron en sus
exposiciones alguna mención sobre este particular.

63.En ese orden, el señor López Mariño indicó, respecto a la existencia de algún
jefe que pudo tener el demandante y las órdenes que recibió, dijo lo siguiente:
«Pregunta: ¿Quién era el jefe del doctor Wilber Martínez Martínez? Contestó: El jefe
directo era la coordinadora o el coordinador de nómina y después de él estaba el jefe de
talento humano. Pregunta: ¿Cómo le daba las órdenes el coordinador de nómina?
Contestó: A través de reuniones, a través de instrucciones, a través de indicaciones, y
pues también se hacía una supervisión de todos los reportes que él hacia tanto para la
EPS como para la nómina y para contabilidad, o sea se daban instrucciones, se daban
órdenes y se hacían reuniones todo pues tenía que ir muy coordinado (…), también
tocaba estar en continua relación y con los jefes porque ellos preguntaban o pedían
informes (…)» (sic).

64.Por su parte, la señora Yolanda Maldonado respondió, al indagarse si el
demandante recibió órdenes o directrices sobre personal de la entidad, lo
siguiente: «Pregunta: Por favor le explica el despacho Si el Señor Wilber Martínez
¿recibe órdenes de alguna persona o algún funcionario de la misma entidad? Contestó:
El recibía órdenes de nuestro jefe directo que era el coordinador de nóminas y
prestaciones y también del subdirector, entonces ella en los informes nos hacía como
correcciones o ajustes y pues teníamos que cumplir de acuerdo a las directrices que nos
daba el coordinador o jefe inmediato» (sic).

El señor Luis Gabriel López, relativo a posibles instrucciones que tuvo el
65.

demandante en la ejecución de su servicio, explicó: «Pregunta: Lo que a la entrega
del cargo el señor Wilber en esos casos, ¿quién hacía los documentos y si tenía algún
visto bueno o revisión como debía hacerlo? Contestó: El procedimiento que se hacía
en el momento en que yo recibo el cargo (…) eso lo hacía un jefe, el subdirector, en
donde él firmaba el memorando tenía una revisión de una jefa inmediata también que
era el que aprobaba y uno proyectaba, pasaba una revisión y la firma final del subdirector
de talento humano. Pregunta: ¿El subdirector de talento humano o coordinador podía
hacerle modificaciones a los memorandos que ustedes presentarán? Contestó: Si,
básicamente la revisión tanto del jefe inmediato como el que firmaba pues hacia los
respectivos ajustes si era necesario» (sic).

66.Finalmente, la señora Fanny Rojas al interrogársele sobre la manera en que
al demandante se le impartían las órdenes indicó lo siguiente: «Pregunta: ¿De qué
manera estás personas le daban las órdenes al Señor Wilber Martínez? Contestó: Pues

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a él le explicaron el proceso que tenía que realizar con incapacidades y ya los líderes
entendían con cada uno de lo que uno tenía que presentar, entonces me imagino que
ya Wilber le pedían informes o algo así, no sé exactamente qué es lo que le pedían a él
pero sí sé que le pegan como líder del grupo» (sic).

67.Ahora bien, si bien de esas manifestaciones la Subsección no encuentra
elementos que conduzcan a afirmar que, en el desarrollo de los contratos, el actor
fue direccionado por la entidad, excediendo los límites de los contratos de
prestación de servicios, tal y como concluyó el a quo. Nótese que, si bien el señor
López Mariño adujo que las órdenes del servicio sobre el actor se impartían en
las reuniones periódicas que se realizaban en la entidad, en detalle no precisó si
en algún momento presenció que ello hubiera ocurrido. Ello, porque sus
declaraciones fueron generales e impersonales, de modo que no especificó el
tipo de reuniones que se realizaban, si el demandante asistió, o si en su presencia
el actor recibió órdenes o direccionamientos por parte del personal de la entidad
ajenos a las finalidades de los contratos de prestación de servicios suscritos entre
las partes. Por lo tanto, su exposición no denota la existencia de subordinación.

Conclusión a la que se llega con los dichos de las señoras Yolanda Maldonado,
68.

Fanny Rojas y del señor Luis Gabriel López, pues el direccionamiento que
mencionaron ejercía el coordinador de nómina sobre el actor, es propio de la
coordinación que debe existir entre contratista y contratante, pues la presentación
de informes o los ajustes que sobre ellos se realizaban, se efectuaba como un
seguimiento necesario por parte del contratante para lograr la correcta ejecución
del objeto convenido, por lo que, más que evidenciar algún direccionamiento y
control del servicio, es una facultad de la administración en el marco del principio
de coordinación de los contratos de prestación de servicios.

69.De otro lado —y con relación a la presentación de los informes contractuales—
si bien hay constancia en el expediente de múltiples informes de las actividades
realizadas por el demandante28, lo cierto es que dicha circunstancia —contrario
a lo afirmado por los testigos— no comporta la existencia del elemento de
subordinación, tal y como lo ha sostenido esta Subsección29 dado que ello
constituye un mecanismo orientado a garantizar la correcta ejecución del objeto
contractual, en atención al deber de seguimiento que asiste al contratante
respecto del desarrollo del contrato.

70.Frente a la afirmación univoca de los testigos30 relacionada con que la entidad
le proporcionaba los elementos al demandante para la ejecución del servicio, ello

28 Índice 2 aplicativo SAMAI – primera instancia – archivo 5.
29 Entre otras, se cita a manera de ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves, rad. 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025).
30 Al respecto se destaca lo siguiente: El señor López Mariño expuso sobre este punto: «Desde que el

empezó en el 2012 él estuvo ahí presente horario completo, trabajaba con nosotros ahí en el mismo horario
de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, y tenía su escritorio su computador y pues tenía que utilizar los
aplicativos de la entidad para desarrollar su tarea». Dolly Cubillos dijo: «Pregunta: Nos puede describir,
¿cómo era el sitio de trabajo donde ustedes especialmente y el Señor Wilber Martínez? Contestó: Un
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tampoco comporta subordinación, dado que, dentro de los parámetros de
coordinación de los acuerdos contractuales se encuentra la posibilidad de que el
contratante suministre determinados elementos al contratista para la ejecución
del contrato31, tal y como ocurrió en este caso.

71. Asimismo, en el expediente tampoco obran pruebas documentales que de
manera clara y contundente evidencien que el actor fue direccionado por la
entidad. En efecto, en el plenario obran memorandos y oficios expedidos por la
Coordinadora del Área de talento humano entre 2013 y 2018, dirigidos a diversas
EPS e instituciones de salud, en los que se comunican novedades y
requerimientos relacionados con incapacidades del personal32, los cuales, si bien
indican que en su realización participó el actor, esto por sí solo no evidencia
direccionamiento del servicio, dado que la elaboración de dichos documentos fue
la razón para la cual fue contratado.

72.Además, se destaca en el expediente un total de 192 correos electrónicos33 de
los cuales, analizados detenidamente por la Subsección, se observan
interacciones de mensajes enviados y recibidos por el demandante con personal
del área de nómina de la entidad entre los años 2013 y 2019, donde se evidencian
diferentes solicitudes de información sobre las actividades para las cuales fue
contratado el actor.

73.En concreto, se observan solicitudes del actor para tramitar las incapacidades
presentadas. Asimismo, obran mensajes enviados por diferentes personas
pertenecientes a múltiples EPS, en los que se ponen en conocimiento solicitudes
de incapacidad o constancias enviadas al demandante por diferentes remitentes
—internos y externos de la entidad— respecto a recibos de pago de
incapacidades del personal en la nómina.

De todos estos correos, se destacan los enviados el 24 de octubre de 2015
74.

por parte de un remitente denominado talento humano con un mensaje
categorizado como «talento humano bienestar y capacitación» respecto a «show
central sorpresa clausura de premiación integración tiene talento»34. Sin

escritorio básico, con un computador y una silla». Jenny Adriana López expresó sobre el particular lo
siguiente: «Pregunta: Usted sabe si el señor Wilber José Martínez para cumplir las funciones de las que
estamos hablando o para cumplir las funciones ¿se le entregaban los implementos en la secretaría de
integración social o él tenía que llevar elementos o implementos propios? Contestó: Pues ahí en la oficina
de nóminas había bastantes escritorios, bastantes puestos, y bastantes computadores, entonces cada uno
de nosotros teníamos un computador diferente el generalmente llegaba se sentaba en uno de sus puestos
en un computador y ahí podía el sentarse y ejecutar sus labores». Fanny Rojas adujo: «Pregunta: ¿Qué
insumo recibió de la entidad el señor Wilber Martínez para desarrollar estas funciones, que le entregaron?
Contestó: Pues él tenía su puesto de trabajo, guardaba toda la documentación que recibía de las
incapacidades, contaba con un computador, elementos de papelería, lo que teníamos todos los demás».
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio
de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
32 Índice 2 aplicativo SAMAI – primera instancia – archivo 12.
33 Expediente digital «18 subsanación anexos – 41.Pantallazos correos electrónicos.
34 Expediente digital «18 subsanación anexos – 41.Pantallazos correos electrónicos. Correo número 71 y

72».
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embargo, de su análisis no se advierte que dentro de sus destinatarios estuviera
el demandante, y mucho menos que fuera de obligatorio cumplimiento su
asistencia.

75.Igualmente, se subraya el correo del 14 de septiembre de 2016 desde el correo
«mcala@sdis.gov.co» a través del cual se le remite al actor el instructivo de
incapacidades médicas, en el se precisó que los remitentes podrían «incluir los
demás ajustes que consideren (…)»35. Por lo tanto, no se advierte la existencia
de imposiciones sobre su servicio, sino que, por el contrario, de su literalidad se
desprende que las instrucciones allí contenidas podían ser ajustadas conforme a
su criterio, circunstancia que pone de presente la autonomía del contratista y la
coordinación que existió entre las partes en la ejecución de los contratos.

76.En suma, la Subsección se aparta de la consideración del Tribunal relativa a
que el actor no fuera independiente al ejecutar los contratos. Esto, pues, realizado
un análisis integral de las pruebas —documentos y testimonios—, no se
evidencia la sujeción que se tuvo por acreditada en primera instancia.

77.De otro lado, para la Subsección tampoco resulta de recibo la afirmación de
existencia de relación laboral encubierta con el argumento de que el actor prestó
sus servicios con vocación de permanencia o que existía en la planta de personal
un cargo con funciones similares a la del demandante, pues el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos de prestación
de servicios para «desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad». De tal manera que, pueden contratarse labores
relacionadas con actividades misionales, siempre que no sea bajo continuada
subordinación, aspecto que no fue acreditado en este asunto.

78.En ese sentido, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral
encubierta con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución
del servicio, se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación. Pues el ordenamiento jurídico
permite que las entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue
asignado excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta
de personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios,
cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados o (ii) no
puedan realizarse con el personal empleado.

79.Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad

3535 Expediente digital «18 subsanación anexos – 41.Pantallazos correos electrónicos. Correo número

126».
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enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores36.

80.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»37.

81.Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para en su
lugar negarlas. Por sustracción de materia, no se estudiará el segundo problema
jurídico.

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico costas
procesales

82.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

83.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
37 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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84.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

85.En el caso concreto procede la condena en costas en ambas instancias a la
parte demandante, pues, la sentencia de primera instancia será revocada, y
prosperan los reparos del recurso en cuanto a que no se acreditó el elemento de
subordinación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «E»,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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