Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2021-00250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2021-00250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-006-2021-00250-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
Radicado: 63001-33-33-006-2021-00250-01 (1968-2024)
Demandante: Julián Alberto Larrota Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 63001-33-33-006-2021-00250-01 (1968-2024)
Demandante: Julián Alberto Larrota Garzón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
1 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1 Pretensiones de la demanda
2.Declarar la nulidad de los Oficios radicados 2021-01-173376 y 2021- 01-
195054, a través de los cuales el SENA negó la existencia de una relación laboral
con el demandante.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó: i) que se declare la existencia de
una relación laboral entre las partes entre el 26 de julio de 2012 y el 19 de
diciembre de 2018; ii) a título de restablecimiento del derecho, que el SENA
reconozca y pague al actor los salarios y prestaciones sociales —cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicios— dejados de percibir
durante dicho período; iii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
1 En adelante SENA.
2 Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia.
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Demandante: Julián Alberto Larrota Garzón
el no pago oportuno de las cesantías y de la indemnización por despido sin justa
causa; y iv) la condena en costas a la parte demandada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
4. El señor Julián Alberto Larrota Garzón prestó sus servicios como instructor en
favor del SENA, específicamente en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de
la Construcción y la Industria del Quindío, entre el 26 de julio de 2012 y el 19 de
diciembre de 2018.
5. Sostuvo que las actividades desarrolladas se asemejaban a las
desempeñadas por los docentes oficiales de la entidad, por lo que eran
permanentes, necesarias y se encontraban subordinadas a la demandada,
circunstancias que permitirían acreditar la existencia de una relación laboral
encubierta.
6. Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó a la entidad la
declaratoria de la existencia de la relación laboral; sin embargo, mediante Oficio
radicado 2021-01-173376 del 20 de mayo de 2021, el subdirector del referido
centro la denegó.
7.Contra esta decisión el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación. En respuesta, la entidad expidió el Oficio radicado 2021-01-195054
del 8 de junio de 2021, mediante el cual confirmó la decisión inicial.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
8. El demandante sostuvo que, conforme a los supuestos fácticos del caso, entre
las partes existió una relación laboral encubierta, en tanto se acreditaron sus tres
elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación.
9. Lo anterior, por cuanto las funciones realizadas por el actor, si bien se
ejecutaron mediante contratos de prestación de servicios, estaban esencialmente
relacionadas con la docencia y comprendían, en su desarrollo, el elemento de
subordinación.
1.4. Contestación de la demanda
10. El SENA3 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Explicó que
el demandante desarrolló los contratos suscritos con la entidad con autonomía
técnica y financiera, y sin subordinación.
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11. Indicó, además, que de la lectura de los contratos se advierte que estos no
tuvieron un único objeto, sino que variaron en el tiempo; por lo tanto, los servicios
prestados no se limitaron a un solo ámbito funcional, sino que atendieron distintas
necesidades de la entidad.
12. Resaltóque cada uno de los contratos fue suscrito por los períodos
estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos encomendados.
13. Sostuvo que no obra prueba que evidencie la imposición de órdenes, horarios
o llamados de atención por parte de la entidad al demandante durante la
ejecución de los contratos; antes bien, afirmó que la relación se desarrolló bajo
el principio de coordinación.
14. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i) caducidad
de la acción; ii) prescripción; iii) inexistencia de la obligación; iv) buena fe y
presunción de legalidad; v) cobro de lo no debido; vi) insuficiencia probatoria; y
vii) excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia4
15. El Tribunal profirió sentencia el 1 de febrero de 2024, mediante la cual declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y la existencia de una
relación laboral entre las partes durante el período comprendido entre el 26 de
julio de 2012 y el 19 de diciembre de 2018.
16. Para concluir lo anterior, el a quo estudió los elementos esenciales de la
relación laboral encubierta de la siguiente manera:
17. Prestación personal del servicio: Con los contratos allegados al proceso y
los testimonios recaudados se acreditó que el demandante prestó sus servicios
en favor del SENA, en calidad de instructor, desde el 26 de julio de 2012 hasta el
19 de diciembre de 2018.
18. Remuneración: Este elemento se tuvo por acreditado con base en las
cláusulas contractuales relativas a los honorarios pactados, los registros
presupuestales de los contratos y los planes de pago.
19. Subordinación: El Tribunal consideró que el demandante se encontraba
subordinado al SENA, con fundamento en los siguientes aspectos: i) recibía
órdenes de los supervisores de los contratos; ii) existía una programación de la
jornada académica en horarios definidos, con una intensidad máxima de 160
horas, que debía cumplir en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la
Construcción y la Industria; iii) debía asistir a reuniones programadas, según se
advierte en los informes de ejecución contractual; iv) estaba obligado a presentar
informes; v) portaba carné institucional y la entidad le suministraba elementos
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para la prestación del servicio; vi) conforme al testimonio de Jaime Alberto Ángel
Londoño, debía solicitar permiso para ausentarse del servicio; vii) se le
reconocían viáticos cuando el objeto contractual debía ejecutarse en un lugar
distinto al dispuesto por la entidad; y viii) se le otorgó una mención de honor como
resultado del diseño arquitectónico de la Escuela Nacional para la Calidad del
Café, construida en el Centro Agroindustrial de la Regional Quindío, circunstancia
que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, constituye indicio de
subordinación5.
20. Asimismo, el Tribunal destacó que las funciones desempeñadas por el
demandante se desarrollaron por un lapso superior a cinco (5) años, lo que
desvirtúa la temporalidad propia de los contratos de prestación de servicios y, por
el contrario, evidencia el carácter misional de sus labores, equiparables a las
realizadas por los servidores de planta de la entidad.
21. Adicionalmente, señaló que a los instructores del SENA les resulta aplicable
la presunción de subordinación, dada la similitud de sus funciones con las de los
docentes oficiales, lo cual refuerza la declaratoria de existencia de la relación
laboral.
22. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó el reconocimiento, liquidación
y pago de todas las prestaciones legales dejadas de percibir por el demandante
«en iguales condiciones a las percibidas por los empleados públicos de la entidad
(…)» tomando como base los honorarios recibidos durante en el período
comprendido entre el 26 de julio de 2012 y el 19 de diciembre de 2018, dado que
no se probó la prescripción de los derechos prestacionales.
23.Se ordenó el pago de los aportes a pensión que le correspondía realizar al
SENA como empleador del demandante en el porcentaje respectivos.
24. Por último, se negó el reconocimiento de la sanción moratoria, el pago de los
aportes a salud realizados, la devolución de sumas por concepto de retención en
la fuente y el despido sin justa causa.
1.6. Recurso de apelación6
25. ElSENA interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia con el propósito de que se revoque y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditaron los elementos
esenciales de la relación laboral. Para sustentar su inconformidad, expuso los
siguientes argumentos:
5 Para sustentar esta decisión citó la siguiente providencia proferida por esta Corporación: «C.E.2.M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez, Radicación número: 25000-23-25-000-2008-00653-01(2696-11), 07 de
febrero del 2013».
6 Índice 65 aplicativo SAMAI primera instancia.
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26. En primer lugar, censuró la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
respecto de los testimonios rendidos en el proceso, y solicitó que estos fueran
apreciados nuevamente, en los siguientes términos:
a) En relación con la declaración de Carlos Fernando Cuartas Gómez, señaló
que el testigo manifestó, en esencia, que: i) los instructores se reunían con
el coordinador para ejecutar las obligaciones contractuales; y ii) no le
constaba que el demandante hubiera recibido llamados de atención por parte
del personal del SENA. Añadió que gran parte del interrogatorio se refirió a
su situación particular, sin aportar elementos concretos sobre las condiciones
en que el actor prestó sus servicios.
b) Frente al testimonio de Faryd Alonso Guevara Correa, quien se
desempeñó como coordinador del servicio del demandante, indicó que este
contaba con autonomía en la ejecución contractual y que la entidad no
disponía de personal de planta para desarrollar dichas actividades.
27. De otro lado, destacó que, conforme a decisiones recientes de la Sección
Segunda del Consejo de Estado7, la presentación de informes mensuales sobre
la ejecución de actividades o la utilización de aplicativos para el cumplimiento de
los contratos no comporta, por sí sola, la acreditación del elemento de
subordinación en los contratos de prestación de servicios. Además, la
Corporación8 ha precisado que los instructores del SENA tienen la carga de
demostrar la subordinación a la que alegan haber sido sometidos, dado que sus
funciones no se asimilan a las de los docentes oficiales.
28. Sin perjuicio de lo anterior —y únicamente en el evento en que se confirme la
declaratoria de existencia de la relación laboral— solicitó que se declare la
prescripción de las prestaciones sociales reconocidas en la sentencia de primera
instancia, por cuanto la solicitud administrativa de reconocimiento de la relación
laboral se presentó el 7 de mayo de 2021, esto es, con posterioridad al término
de tres (3) años contados desde la finalización del último contrato, ocurrido el 19
de diciembre de 2017.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
7 Sentencia del 18 de octubre de 2023, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 Sentencia del 7 de julio de 2022, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. C.P: Gabriel Valbuena Hérnandez.
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interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.
30. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandada, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.
2.2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
32. ¿Entre el señor Julián Alberto Larrota Garzón y el Sena existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda?
33. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo
o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
34. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
35. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
36. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
37. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la solicitud en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo
en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
38. En el expediente obran certificado de tiempo de servicios expedido por el
SENA11 y los contratos suscritos entre las partes12 de los que se extrae que estos
estuvieron orientados a satisfacer los objetos, períodos y valores que a
continuación se relacionan:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato u
orden de
trabajo
1142 del 24 Prestar los servicios profesionales de carácter 26 de julio 15 de $14.900.398
de julio de temporal, impartiendo formación profesional integral en de 2012 diciembre de
2012 las modalidades de titulada y complementaria, en el 2012
área de construcción mediante el desarrollo de
procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación,
basados en Competencias Laborales y Aprendizaje por
Proyectos, conforme al Anexo 2 Plan de contratación
11 Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia, anexo de la demanda.
12 Índices 19-26 aplicativo SAMAI primera instancia.
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de instructores, en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico de la Construcción y la Industria
131 del 21 de Prestación de servicios profesionales de carácter 23 de 16 de $33.150.406
enero de temporal, para impartir formación profesional integral enero de diciembre de
2013 en las modalidades de titulada y/o complementaria, en 2013 2013
las áreas de la construcción e infraestructura mediante
el desarrollo de procesos de Enseñanza-Aprendizaje-
Evaluación, basados en Competencias Laborales y
Aprendizaje por Proyectos
141 del 15 de Prestación de servicios profesionales de carácter 20 de 13 de $33.210.000
enero de temporal, para impartir formación profesional integral enero de diciembre de
2014 en las modalidades de titulada y/o complementaria, en 2014 2014
los programas que orienta el Centro, mediante el
desarrollo de procesos de Enseñanza Aprendizaje-
Evaluación, basados en Competencias Laborales y
Aprendizaje por Proyectos.
409 del 26 de Prestación de servicios personales de carácter 2 de 19 de $32.981.938
enero de temporal, para impartir formación profesional integral febrero de diciembre de
2015 mediante el desarrollo de procesos de Enseñanza- 2015 2015
429 del 27 de Aprendizaje Evaluación, basados en Competencias 1 de 17 de $34.202.309
enero de Laborales y Aprendizaje por Proyectos en los febrero de diciembre de
2016 programas de formación titulada y/o complementaria 2016 2016
306 del 25 de asociados a la red tecnológica de materiales para la 30 de 19 de $36.997.707
enero de construcción y/o acciones de formación afines de enero de diciembre de
2017 acuerdo a los requerimientos del sector productivo y/o 2017 2017
0218 del 17 demanda social. 22 de 30 de junio de $18.934.732
de enero de enero de 2018
2018 2018
792 del 3 de 5 de julio 19 de $19.649.251
julio de 2018 de 2018 diciembre de
2018
39. De lo anterior se concluye que el demandante suscribió diversos contratos con
el SENA entre el 26 de julio de 2012 y el 19 de diciembre de 2018, mediante los
cuales prestó sus servicios como instructor en las modalidades de formación
titulada y complementaria, dentro de los procesos de «Enseñanza–Aprendizaje–
Evaluación”, basados en competencias laborales y aprendizaje por proyectos».
40. Con los anteriores documentos se acredita también la contraprestación —
que se refiere a los emolumentos recibidos por el contratista durante la ejecución
de las actividades convenidas— a partir de las cláusulas que discriminan los
honorarios recibidos.
41. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.
42. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.
43. En esos términos, conforme se advierte de los contratos celebrados entre las
partes, el actor tuvo como lugar de trabajo el Centro para el Desarrollo
Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío.
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44. Para determinar la existencia o no de un horario de labores del demandante
en la ejecución de su servicio, es necesario remitirse a las declaraciones rendidas
en el proceso.
45. Al respecto, los señores Carlos Fernando Cuartas Gómez y Jaime Alberto
Ángel Londoño manifestaron que, al igual que el demandante, se desempeñaban
como instructores contratistas de la entidad, razón por la cual conocían la
estructura de los horarios del servicio. En ese contexto, ambos testigos
coincidieron en que tanto a ellos como al actor les era remitido trimestralmente
por parte del SENA un horario para el desarrollo de las actividades de instrucción,
comprendido en cuarenta (40) horas semanales y ciento sesenta (160) horas
mensuales13.
46. Asimismo, señalaron que los horarios programados por el SENA no podían ser
modificados por los instructores contratistas14.
47. De otra parte, el señor Faryd Alonso Guevara Correa expuso que fungió como
supervisor de los contratos del actor. Al ser interrogado sobre si el demandante
debía cumplir un horario en desarrollo de los contratos, respondió de manera
negativa. Explicó que el instructor contratista no cumplía un horario impuesto,
sino que este se programaba en función del grupo al cual se impartía la
formación, de modo que, especialmente en los cursos de formación
complementaria, el instructor debía coordinar con las comunidades destinatarias
y estructurar las jornadas de trabajo15.
48. Para la Sala, las anteriores declaraciones no brindan claridad suficiente
respecto de los momentos específicos en los que el demandante prestó sus
servicios, ni permiten establecer que dichos horarios hubieran sido impuestos de
manera unilateral por la entidad.
13 El señor Carlos Fernando Cuartas Gómez indicó lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted sabe si el señor Julián
Alberto Larrota Garzón, cómo prestaba su vínculo con el SENA? ¿Cuál era su horario? Contestó: Pues lo
que pasa es que nosotros nos regían con unos horarios. Cada trimestre nos asignaban un horario. Nosotros
debíamos cumplir con 40 horas semanales de formación. Total de 160 el mes. Y cada 3 meses ese horario
variaba. Entonces se ajustaban los horarios a diferentes horas».
El señor Jaime Alberto Ángel Londoño al respecto dijo: «Pregunta: ¿Usted sabe si Julián Alberto tenía algún
horario de trabajo? Contestó: Pues es que todos teníamos horarios en términos generales, porque cada
uno, cada tres meses nos daban un horario, un horario de formación en donde nosotros debíamos cumplir
ese horario de 40 horas semanales para 160 mensuales».
14 El señor Carlos Fernando Cuartas Gómez indicó lo siguiente: «Pregunta: Usted no puede precisar si el
señor Larrota podía hacer una fijación de horario de trabajo para la prestación de servicio diferente al que
se le asignaba por parte del coordinador. Contestó: No, no, nosotros no podíamos alterar el horario que
nos asignaban. Nosotros ya teníamos estipulados qué días y a qué horas debíamos atender las formaciones.
Cada tres meses nos lo rotaban, como le decía anteriormente».
El señor Jaime Alberto Ángel Londoño al respecto dijo: «Pregunta: ¿El señor Julián, como instructor, podía
modificar ese horario de acuerdo a su conveniencia, o tenía que cumplir el horario que se le asignaba?
Contestó: No, no, nosotros no podíamos modificar ese horario. A nosotros, trimestralmente, cada trimestre
que era que comienza la formación, nos daban un horario, y ese horario era obligatorio, que es en términos
generales, no podíamos delegar ni nada a nadie»
15 Este testigo en detalle dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Él tenía un horario para desarrollar sus tareas?
Contestó: Pues horario como tal él no tiene, porque uno de contratista goza de autonomía para el desarrollo
del contrato. El que tiene horario es el grupo. Y ya, el grupo al cual se le imparte formación, el instructor
debe buscar su formación complementaria y acordar con la comunidad en qué jornadas atiende la
comunidad. Es un trabajo concertado entre la comunidad y el instructor».
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49. En efecto, si bien los señores Carlos Fernando Cuartas Gómez y Jaime Alberto
Ángel Londoño coincidieron en afirmar que ellos y el actor recibían un horario
inmodificable por parte del SENA cada tres meses, de sus exposiciones no se
advierte una referencia directa y concreta a las franjas, días o momentos en los
que el demandante prestó efectivamente sus servicios, pues sus relatos fueron
de carácter general y no precisaron a qué situaciones particulares de ejecución
contractual —propias o del actor— se refería.
50. A ello se suma que el señor Faryd Alonso Guevara Correa —quien afirmó
haber sido supervisor del contrato del demandante— indicó que, en el desarrollo
de los contratos, más que existir una imposición de horarios, estos debían ser
acordados con la población beneficiaria de los cursos de formación, afirmación
que resulta contradictoria frente a lo señalado por los dos primeros declarantes.
51. Con todo, la Subsección no desconoce que, como una consecuencia lógica de
la ejecución de los contratos de prestación de servicios, el actor debió desarrollar
sus actividades dentro de determinadas franjas de tiempo. Sin embargo, la
periodicidad y obligatoriedad de estas no se encuentra acreditada con suficiencia
probatoria. Aun así, esta Sala16 ha reiterado que la sola existencia de un horario
no resulta suficiente para acreditar la configuración de una relación laboral
encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios —como el
direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en conjunto,
conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.
52. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
53. En el recurso de apelación, el SENA censuró la valoración probatoria
efectuada por el Tribunal, al considerar que esta condujo, sin soporte suficiente,
a declarar la existencia de una relación laboral con el demandante.
54. Para la Sala, le asiste razón a la recurrente pues del análisis conjunto de las
pruebas obrantes en el expediente no se desprenden elementos de juicio claros
que permitan afirmar que el SENA ejerció de manera decisiva la dirección y el
control efectivo de las actividades desarrolladas por el señor Julián Alberto
Larrota Garzón, al punto de desdibujar su autonomía.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós
(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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55. En efecto, respecto a las órdenes que pudo recibir el demandante de parte del
personal de la entidad, el señor Carlos Fernando Cuartas Gómez indicó lo
siguiente: «Pregunta: Usted hoy indicaba que tenían un coordinador académico. Quiero
que nos explique específicamente si el señor Julián Larrota como instructor docente
cumplía órdenes impartidas de algún superior general como funcionario del SENA. ¿Qué
tipo de indicaciones u órdenes podía impartir de ser como coordinador académico en el
cumplimiento de esas actividades? Contestó: Pues, a ver, órdenes que nos impartieran,
no, o sea, él lo que hacía era coordinarnos a todos los instructores, nos asignaban los
horarios para cumplir, nos citaban a reuniones para darnos indicaciones para el
cumplimiento de las actividades».
56. El señor Jaime Alberto Ángel Londoño, a preguntas similares, respondió:
«Pregunta: Precise si el señor Julián, cuando prestaba su labor como instructor docente,
cumplía las directrices impartidas por el SENA. Contestó: Sí. Julián, como nosotros en
términos generales, éramos los instructores del SENA en algunas formaciones, y
mediante el ingeniero Fari Alonso Guevara, que era el coordinador inmediato de
nosotros, era el que nos daba la formación, nos daba las directrices para qué pautas
debíamos tomar en la formación como tal (…) Pregunta: ¿Y cómo él les daba las
instrucciones? Contestó: (…) normalmente eran mediante correos. Otras mediante
reuniones que se hacían frecuentemente en el centro y otras directamente allá en la
oficina, en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria (…)
Pregunta: Precise si el SENA, como contratante, ejercía alguna subordinación durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios celebrados por el señor Julián,
con respecto a la ejecución de la labor contratada de las capacitaciones y docencia.
Contestó: Sí, él era, nosotros éramos empleados del SENA directamente. Allá nos
daban nuestras directrices como tal. Nosotros firmamos un contrato cada seis meses o
cada año, dependiendo del contrato, y ellos eran los que nos daban las directrices para
la formación como tal (…)».
57. Por su parte, el señor Faryd Alonso Guevara Correa al interrogársele si en
algún momento impartió órdenes al demandante, dijo: «Pregunta: ¿Usted le daba
instrucciones, órdenes al señor Julián? Contestó: No, señor, porque él era contratista.
Ellos tienen autonomía, yo gozo de autonomía en este momento por ser contratista».
58. De las anteriores declaraciones, la Subsección no advierte elementos claros
que permitan afirmar la existencia de órdenes impartidas por el SENA al
demandante en desarrollo de los contratos.
59. En efecto, el señor Guevara Correa indicó que, en su calidad de supervisor,
no impartió órdenes al actor; mientras que el señor Cuartas Gómez señaló que
tanto él como el demandante no recibían órdenes del personal de la entidad, sino
coordinaciones relacionadas con el cumplimiento de las actividades
contractuales.
60. A su turno, el señor Ángel Londoño adujo que los instructores recibían
directrices de su coordinador directo; sin embargo, no precisó de manera
particular si tenía conocimiento directo sobre eventos en los que tales
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indicaciones las recibió el demandante, de modo que no es posible establecer si
estas excedieron o no la relación contractual.
61. De otro lado, los señores Cuartas Gómez y Ángel Londoño manifestaron que,
durante la ejecución de los contratos, la entidad citaba a los contratistas a
reuniones; no obstante, para la Subsección dichas manifestaciones, por sí solas,
no resultan concluyentes para acreditar la existencia de subordinación respecto
del actor.
62. Ello, en la medida en que los testigos no detallaron la naturaleza de las
reuniones, el tipo de indicaciones que se pudieron dar en ellas, y menos aún, si
estas fueron dirigidas al demandante con motivo y ocasión a las actividades
contractuales ejecutadas, al punto que la Sala pueda deducir de ellas
direccionamientos ajenos al contrato de prestación de servicios. Además,
tampoco existen documentos que den cuenta de lo anterior, pues si bien obran
los informes de ejecución contractual y en ellos se enuncia la realización de
reuniones, no se detalla su contenido y desarrollo.
63. De otra parte, observa la Sala que la sentencia de primera instancia sostuvo
que el direccionamiento del servicio del demandante se evidenciaba en el hecho
de que debía pedir permiso para ausentarse del servicio. Para examinar dicha
premisa, estima necesario citar los apartes literales de los testimonios que se
refirieron a este aspecto:
64. El señor Jaime Alberto Ángel Londoño al ser interrogado sobre lo anterior, dijo:
«Pregunta: ¿a usted le consta si el señor Julián Alberto debía pedir permiso? O sea,
¿adelante de usted llegó a pedir permiso para poder ausentarse cuando impartía clases?
Contestó: Pues, a ver, nosotros directamente, cuando teníamos alguna necesidad o
alguna urgencia que no podíamos dar a la formación, primero consultamos a nuestro
jefe inmediato, que era Farid, y él decía si se podía o no se podía. Lo más seguro,
durante todo ese tiempo que él estuvo, 2012, 2018, esos 6, 7 años que estuvo allá, me
imagino que pediría permiso en algún momento. Pregunta: Pero ¿le consta? Contestó:
No me consta que lo haya pedido, porque yo me acuerdo de que directamente, no» (sic).
65. Asu turno, el señor Faryd Alonso Guevara Correa manifestó a similar
pregunta: «Pregunta: Sírvase informarle al despacho si el señor Julián Alberto Larrota
debía, si él se ausentaba, debía consultarlo con usted, debía pedirle permiso, cómo
funcionaba. Contestó: No, señora, porque la figura genera autonomía total. Él acuerda
con el grupo. Le dice al grupo, yo necesito irme porque tal cosa. La coordinación
académica no interviene en esa situación» (sic).
66. Las anteriores declaraciones para la Sala no permiten concluir que el
demandante debiera solicitar permiso a la entidad para ausentarse del servicio,
ello por cuanto, el señor Ángel Londoño indicó expresamente que no le constaba
que el actor hubiese solicitado autorización alguna, mientras que el señor
Guevara Correa afirmó que el demandante no debía pedir permiso, dado que su
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condición de contratista le otorgaba autonomía e independencia frente al
contratante.
67. En cuanto a tener como indicio de subordinación la presentación de informes
del contratista, esta Sala17 ha sostenido que la exigencia de informes no
comporta, por sí misma, la existencia de subordinación; antes bien, constituye un
mecanismo orientado a garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, en
atención al deber de seguimiento que asiste al contratante respecto del desarrollo
del contrato. Ello, más que evidenciar ese elemento del contrato laboral—como
lo consideró el a quo—, da cuenta de una relación de coordinación entre las
partes y, por tanto, dicho planteamiento tampoco resulta suficiente para advertir
una injerencia desnaturalizada de la entidad sobre las actividades que debía
cumplir el contratista.
68. De igual forma, el Tribunal estimó que en el expediente obraba constancia de
felicitaciones dirigidas al actor por parte del SENA, circunstancia que, a su juicio,
denotaba la existencia de subordinación.
69. Al respecto, advierte la Subsección que en el expediente obra un correo
electrónico18 remitido por el SENA a varios destinatarios, titulado «Nota de la
crónica de reconocimiento a proyecto Escuela Nacional de Café», mediante el
cual se difunde una noticia relacionada con el diseño arquitectónico de la Escuela
Nacional de la Calidad del Café del SENA Regional Quindío, proyecto que recibió
una mención de honor en la Bienal Colombiana de Arquitectura realizada en la
ciudad de Cartagena. En dicho mensaje se indicó que la obra fue desarrollada
por un grupo de aprendices del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la
Construcción y la Industria, así como por instructores, entre ellos el demandante,
razón por la cual se le invitó a asistir al evento.
70. En ese sentido, no se advierte que ese documento contenga una felicitación
directa por parte del SENA al demandante, por el contrario, de su contenido se
desprende que la mención fue otorgada por la Sociedad de Arquitectos de
Colombia, entidad externa y ajena al SENA, en reconocimiento al proyecto
arquitectónico en el que uno de los participantes es el actor19.
71. En consecuencia, para la Subsección, la participación del demandante —en
desarrollo de sus obligaciones como instructor— en un proyecto arquitectónico
que posteriormente fue reconocido por una entidad externa e independiente de
su contratante no permite concluir la existencia de un direccionamiento ni de un
control efectivo por parte del SENA sobre sus labores contractuales.
17 Entre otras, se cita a manera de ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves, rad. 25000-23-42-000-2015-05534-02 (1428-2025).
18 Índice 21 aplicativo SAMAI primera instancia - 019CONTRATO 429-2016 Folios 162-173
19 Para efectos prácticos se relaciona la naturaleza, estatutos, misión y visión de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos (https://sociedadcolombianadearquitectos.org/nosotros/) y su relación con la realización de
los encuentros «Bienal Colombiana de Arquitectura»
(https://sociedadcolombianadearquitectos.org/bienalXXV/ActaSelecciondeProyectos.pdf)
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72. En cuanto a los «viáticos», recibidos por el demandante y que fueron
considerados a juicio del a quo como prueba de la existencia de subordinación
se advierte que en el expediente obra constancia de que, en desarrollo de los
contratos 1142 de 2012, 429 de 2016 y 306 de 2017, el SENA expidió tres
órdenes de viaje en favor del actor —una por cada contrato—20, los cuales, lejos
de considerarse «viáticos»21 corresponden a estipulaciones propias de los
contratos de prestación de servicios, previstas para los eventos en que el
contratista debía ejecutar el objeto contractual en lugares distintos a la sede de
la entidad22. De modo que tales estipendios no pueden configurar la existencia
de la relación laboral, sino una compensación de gastos razonables para la
ejecución de los contratos23.
73. De igual forma, si bien es cierto —como lo sostuvo el Tribunal— que las
actividades desarrolladas por el actor se cumplían con la utilización de elementos
suministrados por la entidad, también lo es que dicha circunstancia, o el hecho
de que se utilizaran distintivos institucionales —como el carné—, no permite, por
sí soo, acreditar la existencia de subordinación. Ello, en tanto tales elementos
deben entenderse como herramientas necesarias para la correcta ejecución del
servicio contratado, pues dentro de los márgenes propios de la coordinación el
contratante puede suministrar al contratista ciertos insumos o identificaciones
frente a la comunidad, sin que ello implique subordinación24.
74. Igualmente, la Subsección considera que no es posible equiparar las
actividades de los instructores del SENA con los docentes de las entidades
oficiales, es necesario que estos comprueben la existencia de la relación laboral.
Ello, en la medida que, al ser la actividad de los instructores indispensable para
el objeto principal del SENA, es dable que se dé mediante una relación legal o
reglamentaria o por medio del contrato de prestación de servicios, en tanto, es
permitido y reglamentado por el Estatuto General de Contratación, así como, los
manuales de funciones y circulares expedidos por el Sena25.
20 Se excluye de este concepto lo que el Tribunal consideró como viáticos en favor del actor en desarrollo del contrato
de prestación de servicios 409 de 2015. Esto, porque si bien el demandante indicó en el informe de ejecución
contractual del mes de diciembre de 2015 que se desplazó a un lugar diferente a la entidad para ejecutar sus
actividades de instructor, no existe constancia de alguna orden o constancia de pago expedida por el SENA que
acredite la realización un desplazamiento del actor.
21 Que se configuran en el sector público en el desarrollo de una relación legal y reglamentaria de acuerdo con el
Decreto 1042 de 1978 y disposiciones consecuentes
22 Véase que en todos los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes se pactó en el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta lo siguiente: «PARAGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el desplazamiento del
contratista para desarrollar actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, este será informado por
parte del supervisor a fin que se adelanten las gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, bien sea dentro
del territorio nacional o fuera de este, de conformidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se
encuentre vigente».
23 A similar conclusión llegó esta Subsección en decisión precedente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de julio de 2025, consejero ponente Jorge Iván Duque
Gutiérrez, rad. 66001-23-33-000-2019-00713-01 (2883-2022).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 26 de
septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023).
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75. Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual, el hecho de que el
demandante hubiera prestado sus servicios durante seis (6) años, acredite la
misionalidad y temporalidad del servicio y, por tanto, configura la relación laboral.
76. Alrespecto, debe recordarse que, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación.
77. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.
78. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores26.
79. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»27.
80. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas.
81.Finalmente, como se negarán las pretensiones, no hay lugar a estudiar el
segundo problema jurídico planteado.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
27 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
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2.5. De la condena en costas en segunda instancia
82. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
83. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
85. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, al demandante. Para el efecto, conforme con el artículo
366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
de primera instancia que conoció de este proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se accedió a las
pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.
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TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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