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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90067-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90067-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del diecisiete (2017) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-90067-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de septiembre de 2024

Radicación: 08001233300020159006701 (0573-2023)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023)
Demandante: Alfredo Joaquín Alcocer Corvacho
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES

El señor Alfredo Joaquín Alcocer Corvacho instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del SENA, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 2-2014-012228 del 10 de noviembre de
2014, por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el
pago de las prestaciones dejadas de percibir.

Que se declare que existió un vínculo laboral entre las partes desde el 9 de julio
de 2007 hasta el 25 de septiembre de 2012 y, se condene a la entidad a pagar
las prestaciones sociales.

Que cancele los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social en salud y

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pensión y el valor de los riesgos profesionales y el subsidio familiar, en la cuota
parte que debió asumir.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios al SENA del 9 de julio de 2007 al 25 de septiembre de
2012, a través de varios contratos de prestación de servicios.

Que ejecutó sus labores bajo continua subordinación, debía cumplir un horario y
todas las funciones asignadas en los contratos.

Que sus actividades eran inherentes a la misión del SENA y propias del ejercicio
profesional docente.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 10 de junio de 2015 se admitió la demanda y, se notificó a la entidad
demandada, quien manifestó que los hechos expuestos en la demanda no eran
ciertos, porque entre las partes no existió una relación laboral, sino un vínculo
contractual, que satisfizo los parámetros de la Ley 80 de 1993.

Que tampoco se presentó continuidad ni subordinación en la ejecución de la
labor contratada, pues esta fue por el tiempo estrictamente necesario y, estuvo
justificada por la insuficiencia del personal de planta y los conocimientos
especializados del contratista.

Que el horario y la programación de ciertas actividades no implicaban
dependencia o subordinación, sino una coordinación para la satisfacción del
objeto contractual.

Propuso como excepciones la inexistencia de los elementos de la relación
laboral, buena fe, cobro de lo no debido y genérica.
Se celebró audiencia inicial el 4 de octubre de 2018, en la cual se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del diecisiete (17) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), declaró probada la excepción de
inexistencia de la relación laboral y negó las pretensiones, considerando que el
demandante no acreditó, de manera fehaciente e inequívoca que, a través de las
órdenes y contratos de prestación de servicios que suscribió con el SENA, se
encubrió una verdadera relación laboral, siendo una carga probatoria que le
incumbía.

Que prestó personalmente sus servicios de manera discontinua, entre el 9 de
julio de 2007 y el 25 de septiembre de 2012, inicialmente, como administrador
de sede y, luego, como instructor y, a cambio de esas actividades, recibió una
remuneración. Que no podía tenerse por prestado el lapso comprendido en el
Contrato No. 04 de 2008, porque no podía establecerse el término efectivo de
ejecución y, de esta manera, existía una interrupción contractual de más de un
año entre el 8 de enero de 2008 y el 9 de marzo de 2009, lo cual reflejaba la
temporalidad e interrupción en la prestación.

Que no acreditó que atendió funciones similares que las de los servidores de
planta y bajo condiciones idénticas de tiempo, modo y lugar. Tampoco el
cumplimiento de órdenes provenientes de otros funcionarios, llamados de
atención o memorandos por el incumplimiento de horarios, jornadas y otros
oficios tendientes a regir la forma en que se desarrollaban los objetos
convenidos.

Que los testimonios no dan cuenta de esa situación, porque, aunque algunos
indicaron que el actor cumplió con un horario y estuvo subordinado en el
desarrollo de sus funciones, estos eran genéricos y no tenían un respaldo
probatorio adicional.

Que los objetos contractuales no fueron los mismos, de manera que era
improbable inferir la permanencia y continuidad en la ejecución de las labores.

No condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

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La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que el Tribunal
valoró de manera indebida las pruebas, porque, a partir de aquellas acreditó
todos los presupuestos de la relación laboral.

Que prestó sus servicios al SENA en apoyo a la administración de la regional de
Sabanalarga, Atlántico, y, como instructor en el Centro Industrial y de Aviación
de Barranquilla y, las obligaciones contractuales estaban relacionadas de
manera directa con misión, objetivos y funciones de la entidad. Que la
suscripción de los diferentes contratos obedeció a la insuficiencia de personal o
el requerimiento de conocimientos especializados.

Que también tenían correspondencia con las funciones asignadas a los
instructores de la planta de personal en la Resolución 000986 de 2007, la cual
fue allegada por la demandada con la contestación de la demanda y podía
consultarse en la página web de la entidad.

Que, contrario a la conclusión del juez de primera instancia, el vínculo no fue
temporal o discontinuo y debía tenerse en cuenta el Contrato No. 04 de 2008,
pues, aunque no se allegó constancia del inicio o de la aprobación de la póliza,
no fue desconocido por la entidad y se acreditó su suscripción el 11 de febrero
de 2008, con un plazo de ejecución de 9 meses. Que no se presentaron
interrupciones superiores a treinta días hábiles entre los contratos suscritos con
la entidad, por lo que, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2 del 2021, no existía solución de continuidad.

Que la prueba testimonial sí ofrece elementos e información sobre las
condiciones en las que desarrolló sus labores y la subordinación a la que estuvo
sometido. Que la declaración del señor José María González, que el juez de
primera instancia calificó como de oídas, debe valorarse de manera conjunta con
el resto de las pruebas allegadas.

Que probó la sujeción y direccionamiento de los jefes de las diferentes
dependencias, de acuerdo con las actividades y tareas del SENA y que debía
rendir informes de su labor.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 17 de febrero de 2023 fue admitido el recurso de apelación y en dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara

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a despacho para fallo.

Pronunciamiento de las partes

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, la
parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

Finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

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Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que
expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación
de servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede
tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente
sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que
se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución
de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para
la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho
al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación
de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de

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trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su
poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto
que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que
la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación

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subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto
contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.
Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio,
la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las
funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía,
sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que,
en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos
propios de la subordinación laboral.

(…)

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3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en
esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar
y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible»
para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por
el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:

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“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente
que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución al caso concreto

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
que el demandante tuvo las siguientes vinculaciones con el SENA:

No. de Objeto Plazo Valor
contrato u
orden
Sin número Prestar sus servicios como contratista del Centro de 6 meses, del 9 $ 9.000.000
del 6 de julio Atención al Sector Agropecuario (CAISA)-Regional de julio de 2007
de 2007 Atlántico como SERVICIOS PROFESIONALES al 8 de enero de
labores de apoyo para la administración de la sede 2008
multisectorial ubicada en Sabanalarga (organizar,
planear y distribuir funciones a los trabajadores de
campo y aprendiz de la sede, programación de aulas
de clases, supervisión de biblioteca, entrada y salida

1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación

número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicación: 08001233300020159006701 (0573-2023)

de materiales de formación, animales, herramientas y
otros elementos.
04 del 11 de Prestar sus servicios personales como contratista del 9 meses, desde $ 18.800.000
febrero de Centro de Atención Integral al sector Agropecuario – la aprobación
2008 Regional Atlántico, por concepto Apoyo a la formación de la garantía
profesional, para que realice los procesos de
selección, ingreso y administración de sede del SENA,
en el municipio de Sabanalarga.
137 de Para impartir formación profesional en los bloques Del 9 de marzo $ 19.350.000
20092 modulares de instalaciones eléctricas domiciliarias y al 6 de octubre
construcción dirigidas a los grupos de aprendices del de 2009
Programa Jóvenes Rurales del Centro Industrial y
Aviación
0083 del 20 Prestar los servicios de carácter temporal como 10.8 meses del $ 30.240.000
de enero de contratista del Centro Industrial y de Aviación – 20 de enero al
2010 Regional Atlántico como INSTRUCTOR en formación 14 de diciembre
profesional en el programa de construcción, Bloque de 2010
Modular: Electricista instalador de redes eléctricas
residenciales 24 horas
0120 del 4 Desarrollar formación profesional por competencias 4 meses y 10 $ 11.158.334
de febrero laborales mediante la estrategia de aprendizaje por días (del 15 de
de 2011 proyectos en los programas de Construcción, febrero al 25 de
participando en los equipos de diseño y desarrollo junio de 2011)
curricular y gestionando las actividades y proyectos a
través de las tecnologías de la información y la
comunicación que brinda la entidad
0451 del 18 Prestar sus servicios de carácter temporal al Centro 4 meses y 25 $ 12.490.466
de julio de Industrial y de Aviación Regional Atlántico como días (del 21 de
2011 instructor para “Desarrollar formación profesional por julio al 15 de
competencias laborales, mediante la estrategia de diciembre de
aprendizaje por proyectos en los programas de 2011)
integración con la media, participando en los equipos
de diseño y desarrollo curricular y gestionando las
actividades y proyectos a través de las tecnologías de
la información y la comunicación que brinda la
entidad”.
0107 del 1 Prestar los servicios profesionales de carácter 4 meses y 20 $ 12.133.333
de febrero temporal, para desarrollar formación profesional por días (del 14 de
de 2012 competencias laborales, mediante la estrategia de febrero al 4 de
aprendizaje por proyectos en los programas de julio de 2012)
470 del 13 construcción, participando en los equipos de diseño y 2 meses y 9 $ 6.066.667
de julio de desarrollo curricular y gestionando las actividades y días (16 de julio
2012 proyectos a través de las tecnologías de la al 25 de
información y la comunicación que brinda la entidad. septiembre de
2012)

De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración.

2 Certificación expedida por el subdirector del Centro Industrial y de Aviación del SENA, Regional Atlántico

el 12 de noviembre de 2009; pág. 24. Demanda y Anexos.

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La Subsección encuentra, que le asiste razón al demandante en cuanto al
desacuerdo expuesto en el recurso de apelación, relativo a que debe tenerse en
cuenta el Contrato No. 04 de 2008, porque, aunado a lo indicado por este en el
escrito, se cuenta con la fecha de suscripción del contrato, esto es, el 11 de
febrero de 2008 y con el plazo de ejecución contractual que se pactó por 9 meses
y con esta información, pueden definirse los extremos de ejecución de ese
contrato, sin que haya lugar a desconocer la prestación del servicio en ese
periodo.

Así, para la Subsección se acreditó que el señor González Contreras prestó sus
servicios al SENA, entre el 9 de julio de 2007 al 25 de septiembre de 2012, salvo
las respectivas interrupciones, en labores de apoyo para la administración de
sede e instrucción, de acuerdo con su formación profesional y, como
contraprestación de la labor recibió el pago de unos honorarios.

Pero no ocurre lo mismo con el elemento de la subordinación, pues las pruebas
aportadas son insuficientes para verificar dicha circunstancia, como pasará a
explicarse.

Ciertamente, a partir de las órdenes y contratos de prestación de servicios,
únicos documentos allegados al proceso, no es posible extraer con certeza, que
se le exigiera al demandante que ejecutara el objeto contractual con unas
condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se
demostró que el SENA hubiera ejercido una imposición decisiva sobre la manera
en la que debía desarrollar sus actividades, más allá de las instrucciones que se
le impartieron en los contratos.

Igualmente, en cuanto a las actividades a cargo del demandante, tampoco existe
evidencia que demuestre que la contratante influyó de manera decisiva en su
ejecución. A partir de los documentos contractuales, se extrae que el actor fue
contratado por el SENA, en diferentes años, con el fin de prestar sus servicios
en diversas actividades, entre esas, administración de sede, apoyo en procesos
de selección, ingreso y administración y formación o instrucción en el programa
de Jóvenes Rurales y en áreas de la construcción en la regional Atlántico y los
municipios de influencia.

Sin embargo, no se probó que al contratista se le haya impuesto la forma en que
debía ejecutar las labores, dictar cada programa o que el contenido o ejes
temáticos de los diferentes cursos de formación haya obedecido exclusivamente
a las directrices de la entidad. Adicionalmente, la diferencia en los objetos

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contractuales antes descritos desdibuja la permanencia en una sola actividad por
parte del demandante y, de esta forma, uno de los indicios del encubrimiento de
una relación laboral.

En cuanto al manual específico de funciones vigente para la época de los
hechos, al que alude la parte recurrente, se advierte que este documento no obra
en el expediente, contrario a lo expuesto por este, no fue allegado por la entidad
ni con la contestación de la demanda ni luego del requerimiento hecho por el
juez de primera instancia, lo que impide realizar un comparativo entre sus
actividades y las asignadas al cargo en el referido manual y, determinar, si las
atendió dentro iguales condiciones de tiempo, modo y lugar a las de los
funcionarios vinculados a la planta de personal, como se pretende.

Frente a las declaraciones recibidas, la Sala observa que los señores José María
González Sarabia, Manuel Salvador Bustos y Jairo Enrique Astilla Marrugo,
concordaron en que el demandante fue contratista del SENA desde 2007 y hasta
2012 y se desempeñó, inicialmente como administrador de la sede de
Sabanalarga, Atlántico y, luego, como instructor del área de construcción en el
Centro Industrial del Atlántico y con diferentes programas, entre estos, Jóvenes
Rurales y en articulación de la media en diferentes instituciones educativas del
departamento.

El primero afirmó que laboró para el SENA y se pensionó en el 2008 y, a partir
de ese año, asesora en ciertos temas a la organización sindical de la entidad.
Que fue compañero de trabajo del demandante en lo que denominó “ley 55” y,
luego, conservaron una amistad. Que sabía que cumplía un horario, el cual era
impuesto por la entidad, dependía de la jornada, la programación y el curso
asignado y semanalmente debía reportar cuarenta horas de formación.

Que tanto en la labor de administrador de sede como en la de instrucción debía
acatar las directrices de los subdirectores de centro o de los coordinadores
académicos; las funciones y actividades eran iguales a las del personal de planta
y debía seguir la programación de la entidad en el desarrollo de las actividades.

El segundo señaló que tuvo una referencia más específica del demandante,
porque la esposa fue secretaria en los periodos en que fungió como presidente
del sindicato del SENA. Relató que el actor tuvo un vínculo de carácter laboral
permanente y continuo con el SENA, que cumplía un horario establecido por el
coordinador académico y sus funciones eran iguales a las de los instructores
vinculados a través de una relación legal y reglamentaria. Que la entidad debía

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asumir la ejecución de políticas educativas del gobierno de turno y, para cumplir
con todas sus labores, se veía obligado a contratar personal a través de
contratos de prestación de servicios.

El tercer y último testigo indicó que fue contratista del SENA y compañero de
trabajo del demandante desde 1988 en el proceso «ley 55». Que sabía que las
funciones de administrador de sede que desempeñó en 2007 y 2008 eran
idénticas a las del empleado de planta encargado de esa labor.

Que los contratistas deben cumplir una jornada diaria de formación, de acuerdo
con la programación y el horario asignado por la coordinación académica. Que
tenía un jefe inmediato y recibía un pago mensual.

Los testigos reafirman la prestación de los servicios por el demandante, pero no
ofrecen elementos de juicio suficientes sobre las condiciones en las que
presuntamente se presentó una relación de carácter laboral, ni mucho menos
cuáles eran las actividades u órdenes que se le imponían al señor Alcocer
Corvacho que desnaturalizaban el contrato de prestación de servicios.

Vale la pena destacar, que las aseveraciones de los primeros dos declarantes
corresponden a situaciones de las que se enteraron o tuvieron conocimiento
indirecto, porque ambos afirmaron que estaban enterados de la vinculación del
actor por su participación en el sindicato de trabajadores de la entidad. Dicha
circunstancia impide darles mucho peso a sus manifestaciones.

En suma, a partir de la prueba testimonial no puede extraerse información sobre
las condiciones en las que presuntamente se presentó una relación de carácter
laboral, ni mucho menos cuáles eran las actividades u órdenes que se le
imponían al demandante que desnaturalizaban el contrato de prestación de
servicios.

Por otra parte, en lo que atañe al argumento del recurrente sobre el cumplimiento
de actividades propias de la función misional de la entidad, debe precisarse que
la demandada ofrece programas de formación en sus líneas técnicas y
tecnológicas específicas y, también desarrolla otro tipo de formación, la cual se
adecua a las necesidades de los grupos sociales de interés, cuya atención
gestiona conforme los requerimientos de la comunidad, como es el caso de los
cursos o capacitaciones temporales o esporádicos.

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Luego, conforme lo ha expresado esta Subsección en otras oportunidades9, la
vinculación de instructores, por ser indispensable para la ejecución de su objeto
principal, puede darse a través de una relación legal y reglamentaria o, mediante
contrato de prestación de servicios, pues ello ha sido permitido y reglamentado
por el Estatuto General de Contratación y los manuales de funciones y circulares
expedidos por el SENA.

De esta manera, dada las particularidades de la vinculación del demandante y
los objetos contractuales descritos en precedencia, no puede concluirse la
existencia de una relación laboral encubierta.

Como argumento adicional, se destaca que esta Subsección15 ha sido
consistente al señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a
través de contratos de prestación de servicios, los mismos tienen la carga de
probar que se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia
respecto de los funcionarios de la entidad.

De suerte que la Sala no encuentra elementos de convicción tendientes a
acreditar la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en
toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena
en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,

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entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del diecisiete (2017) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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