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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00319-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00319-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar, NEGAR las pretensiones invocadas por Edgar Manuel Sandoval Flórez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo. TERCERO: ACEPTAR la renuncia del abogado Sebastián Herrera Maldonado como apoderado de los intereses del Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP.18 CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00319-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00319-01 (4392-2024)
Demandante: Edgar Manuel Sandoval Flórez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00319-01 (4392-2024)
Demandante: Edgar Manuel Sandoval Flórez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Niega pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra
la sentencia de 16 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2.Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 2-2016-
011146 del 3 de octubre de 2016 y de la Resolución 3493 de 14 de diciembre de
2016 expedidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje que negó la existencia
de una relación laboral entre el 17 de marzo de 1999 y el 20 de febrero de 2013.

3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se liquide y pague al
accionante el auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios,
vacaciones y subsidio de transporte, al igual que la devolución de las retenciones
en la fuente, en iguales condiciones a los instructores grado 8 de la entidad.

4. Asimismo, reclamó la cancelación de los aportes a pensión y salud,
indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa,
sanción moratoria, también pidió que en ejercicio de las facultades ultra y extra
petita se reconozcan todos los emolumentos a que tenga derecho el trabajador o
condenar al pago de sumas mayores a las pretendidas.

1 Demanda visible en las páginas 1 a 11 del archivo «01ExpedienteDigitalizado», adjunto en el índice 23 del

aplicativo SAMAI-Primera instancia.
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Demandante: Edgar Manuel Sandoval Flórez

5. Finalmente, requirió el reintegro al mismo empleo, la indexación de las sumas
reconocidas, la condena en costas y el cumplimiento de la decisión en los
términos del artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

6. Manifestó que el señor Edgar Manuel Sandoval Flórez prestó sus servicios
personales y remunerados en favor del Servicio Nacional de Aprendizaje en
calidad de instructor docente, a través de la suscripción de 14 contratos de
prestación de servicios durante el período de 17 de marzo de 1999 a 20 de
febrero de 2013.

7.Señaló que los servicios se realizaron en el centro agroempresarial y turístico
de los Andes «CATA» de la regional Santander, ubicado en el municipio de
Málaga, en la formación titulada del nivel técnico en áreas relacionadas con la
gestión, desarrollo y mercadeo empresarial del programa de jóvenes rurales
emprendedores.

8. Aseveró que en la prestación del servicio se ejerció una continuada
subordinación por parte de los directivos de la entidad o el supervisor contractual
que actuaba en calidad de coordinador académico, quiénes se excedían en sus
facultades de vigilancia y control, exigían el cumplimiento de horario, atender los
lineamientos temáticos o la participación en la organización de eventos públicos
como la feria de emprendimiento «Expoturimo» y otras funciones que no estaban
establecidas en las cláusulas y objetos del contrato.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9.Se invocó la vulneración de los artículos 1°, 2°, 13, 25, 48, 53, 122, 123 y 125
de la Constitución; 32-3 de la Ley 80 de 1993 y los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1042 de 1978.

10.Explicó que la autoridad administrativa no garantizó el derecho al trabajo y
ocultó una relación laboral pública, con lo cual afectó la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos y la primacía de la realidad sobre las formas consagrada en
el artículo 53 constitucional.

11. Aseguró que conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la
tipología contractual es procedente cuando: i) el contratista es autónomo en el
cumplimiento del contrato; ii) se perciben honorarios; iii) la labor encomendada
no puede llevarse a cabo con el personal de planta o se requiere de
conocimientos especializados. Sin embargo, si la administración celebra
contratos de prestación de servicios para encomendar el ejercicio de funciones
permanentes que son atribuibles a los funcionarios de planta, y los directivos de
la institución imparten órdenes al contratista sobre la cantidad y forma de ejecutar
el trabajo, la vinculación contractual queda desprovista de la autonomía que la
caracteriza.

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1.4. Contestación de la demanda2

12.El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual desarrolló los siguientes
argumentos:

13.Indicó que, como consecuencia de la coordinación de actividades, el
contratista puede recibir instrucciones para desarrollar el contrato, de ahí que, la
asignación del supervisor tiene como propósito vigilar el cumplimiento del objeto
y las obligaciones contraídas, en ese sentido, no existe independencia total frente
al contratante.

14.Explicó que cuándo el objeto contractual corresponde al montaje de unidades
productivas, ello se lleva a cabo en las veredas o municipios fuera de las
instalaciones de la institución, que el contratista coordina con la comunidad que
será beneficiaria la unidad los lugares en que funcionará ésta, así como, los días
en que se realizará acompañamiento y las horas de la visita.

15.Afirmó que ante la necesidad de satisfacer para la entidad y por no existir un
funcionario de carrera administrativa o de planta que pudiera desarrollar las
funciones, o ante la insuficiencia de estos, era necesaria la suscripción de
contratos de prestación de servicios.

16.Señaló que la relación contractual fue interrumpida, dado que, entre la
finalización de un contrato y el inicio del siguiente acaecieron lapsos de 2, 3 y 6
meses, y entre los años 2001 a 2009 un espacio superior a 9 años, por lo tanto,
en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, la prescripción no
deberá analizarse desde el último contrato sino en cada uno de aquellos de
manera particular.

17.Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) inexistencia de contrato realidad y ii) prescripción extintiva.

1.5. Sentencia de primera instancia3

18.El Tribunal dictó sentencia el 16 de noviembre de 2023, accediendo
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en consecuencia, declaró la
nulidad de la Resolución 3493 de 2016 y del oficio 2-2016-011146, la existencia
de una relación laboral entre las partes, y en ese sentido, a título de
restablecimiento del derecho ordenó que la entidad pagara a favor del
demandante las prestaciones sociales del lapso de 1 de marzo a 30 de
septiembre de 2013, tomando como base el valor pactado en los contratos de
prestación de servicios.

19.Del mismo modo, ordenó reconocer y consignar a la entidad prestadora de
salud y al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el demandante los

2 Contestación visible en el archivo «03MemorialContestacionDdaSENA 17-07-2020», adjunto en el índice

23 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
3 Providencia observada en el archivo «012_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA», adjunto en el índice 32

del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
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aportes a seguridad social en salud y pensión en el porcentaje correspondiente
al empleador, causados en virtud de los contratos de trabajo constituidos por los
periodos comprendidos en los vínculos contractuales.

20.Además, declaró probada la excepción de prescripción de los derechos
laborales con antelación al 1 de marzo de 2013, la cual no afectaba los aportes
pensionales, en tal razón, la autoridad administrativa debe tomar el ingreso base
de cotización o IBC pensional del demandante dentro de los períodos
efectivamente laborados por contratos de prestación de servicios, incluidos
aquellos sobre los cuales operó el fenómeno de la prescripción, mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes a pensión realizados por el actor como
contratista y los que se debieron efectuar, debe cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, sólo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
21.

condenar en costas.

Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió los elementos
22.

que componen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:

23.La prestación personal del servicio sostuvo que el actor se vinculó con el
SENA a través de contratos de prestación de servicios con el propósito de ejercer
funciones como instructor y acompañamiento de procesos académicos
asignados, en los períodos de 17 de marzo de 1999 a 27 de diciembre de 2001
y del 18 de junio de 2009 a 30 de septiembre de 2013, sin consideración de las
interrupciones.

La remuneración por el servicio se probó, en la medida que en los mismos
24.

contratos se pactaron los honorarios recibidos por el actor.

25.En cuanto a la subordinación, en lo concerniente a los contratos pactados
por horas que correspondieron a los identificados con los números 0313 de 1999,
1272 de 1999, 513 de 2000, 977 de 2001, 1448 de 2001 y 1738 de 2001, verificó
que en cada uno de ellos fue contratado para laborar un número determinado de
horas; y concluyó que en los anteriores lapsos la prestación del servicio no fue
continua e ininterrumpida, que no estuvo sujeto a condiciones de dependencia y
subordinación, pues las horas pactadas en cada contrato, develó que el tiempo
de servicios efectivo y la dedicación a la actividad contratada no se desarrolló en
condiciones que permitieran evidenciar un cumplimiento de horarios estricto y en
igualdad de condiciones a los instructores de planta, motivo por el que no se
configuró la relación laboral en los citados lapsos.

26.Frente a los contratos pactados en meses y días, es decir, los suscritos entre
el 18 de junio de 2009 al 30 de septiembre de 2013, estableció que la prestación
se desarrolló de manera personal con el fin de dar cumplimiento al objeto
contratado, según las condiciones establecidas en cada contrato. Además, las
labores estaban sujetas a una programación que era dispuesta por el coordinador
académico, la subdirección, gestión educativa y el supervisor.

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27.Igualmente, constató que el interesado no tenía libertad para ejecutar sus
funciones al encontrase sujeto a las políticas misionales de la autoridad
administrativa, adicionalmente debía asistir a las reuniones programadas y
brindar apoyos a la institución, razón por la que, en el desarrollo de las
actividades, no era autónomo e independiente, pues las actividades no las podía
ejecutar con libertad.

28.También, hizo hincapié en que el cumplimiento de una jornada laboral de 8
horas constituye el mayor indicio del ejercicio de la potestad derivada de la
subordinación del empleador, oculta bajo la figura del contratante sobre el
trabajador bajo la denominación de contratista.

Y al estudiar la excepción de prescripción indicó que hubo interrupciones
29.

superiores a 30 días hábiles en los siguientes contratos; i) 130 de 2009, 48 días
hábiles; ii) 312 de 2011, 53 días hábiles; iii) 141 de 2012, 54 días hábiles; iv) 393
de 2012, 57 días hábiles. En ese orden, determinó que como la reclamación
administrativa se radicó el 8 de septiembre de 2016 y entre el contrato 393 de
2012 y 1406 de 2013 transcurrieron 57 días hábiles, se presentó solución de
continuidad, lo cual generó la declaración de la excepción de prescripción
extintiva del derecho de las prestaciones sociales con antelación a 1 de marzo
de 20134.

1.6. Recursos de apelación

30.La parte demandada5 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

31.El a quo consideró que el demandante prestó sus servicios de forma sucesiva
y prolongada en el lapso de 1 de marzo a 30 de septiembre de 2013, sin embargo,
la vinculación fue del orden contractual, transitoria, excepcional y por el término
estrictamente necesario, siendo la coordinación o supervisión de actividades un
requisito para la verificación de los compromisos.

32.La relación de coordinación que debe existir entre el contratista y la entidad a
través del supervisor o interventor del contrato es diferente a la relación de
subordinación o dependencia, de modo que afecte la autonomía e independencia
que éste debe tener durante la ejecución del contrato.

No se acreditó que el actor cumpliera funciones en iguales o similares
33.

condiciones al personal de planta.

34.El Tribunal no realizó valoración probatoria, se desconoce si existen pruebas
testimoniales o interrogatorio de parte, tampoco se encuentran documentos que
demuestren el cumplimiento o imposición de horarios u órdenes de mandato o
jerárquicas.

4 El tiempo de vigencia del contrato de prestación de servicios 1406 de 2013 fue del 1° de marzo a 30 de

septiembre de 2013.
5 Índice 38 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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35.No se probó cuál sería el cargo del accionante en la organización de la
institución o las funciones misionales desarrolladas, tampoco se contaban con
elementos probatorios para llevar a cabo el parámetro comparativo entre el
demandante y los empleados de planta, por ello, no era dable concluirse el
cumplimiento de actividades en idénticas condiciones a los empleados de planta
y que las labores se encontraran dentro de la órbita del objeto social de la
demandada.

36.De otro lado, la parte demandante6 en su recurso de apelación adhesiva
expresó que el juez de primer grado inobservó la pretensión 1.10 relativa al
ejercicio de facultades extra y ultra petita para el reconocimiento de emolumentos
laborales diferentes a los pretendidos o la condena por un valor superior al
reclamado, por el contrario, desconoció la aplicación de los principios de
favorabilidad e indubio pro operario, además, no fue reconocida la sanción
moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ni la
indexación de los valores reconocidos durante el período de 1 de marzo a 30 de
septiembre de 2013.

1.7. Trámite de segunda instancia

Los recursos de apelación se admitieron en auto del 17 de octubre de 20247,
37.

oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo.

38.Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

39.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.

40.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, si bien en el presente caso apelaron
ambas partes, no lo fue sobre toda la sentencia, por lo tanto, en esta instancia la
Sala se pronunciará sobre los reparos expuestos en cada uno de los recursos.

6 Índice 45 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
7 Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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2.2. Problema jurídico

41.De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

42.¿entre el señor Edgar Manuel Sandoval Flórez y el Servicio Nacional de
Aprendizaje existió una relación laboral encubierta en los períodos en los que el
a quo la declaró?

De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o
43.

en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene derecho al
pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

44.Por último, se analizará si procede el uso de las facultades extra y ultra petita,
el pago de la sanción moratoria y la indexación de los conceptos reconocidos.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

45.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

46.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

47. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
48.

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
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trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

49.La Sala precisa que como la parte demandante y demandada en los recursos
de apelación únicamente centraron sus reproches en el período comprendido
entre el 1 de marzo al 30 de septiembre de 2013, se delimitará al análisis en
dicho lapso, a pesar de encontrarse acreditada la prestación de servicios del
actor a la entidad pública a favor de la institución en lapsos anteriores10.

50.Conforme a los documentos allegados al plenario se acreditó que el actor
celebró con el Servicio Nacional de Aprendizaje el contrato de prestación de
servicios 1406 de 20 de febrero de 201311 para ejercer labores como instructor
de la institución. Al respecto, el objeto contractual consistió en «prestar servicios
profesionales para desarrollar la formación y el proyecto productivo, para el
montaje de catorce (14) unidades productivas, en el área de mercadeo y
comercialización, en el marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores,
en el área de cubrimiento del centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes»,
cuyo lapso de ejecución acaeció entre el 1 de marzo al 30 de septiembre de
2013» y por el que se pactaron los honorarios de $21.572.320 M/cte.

51.Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir del referido contrato, así como de las certificaciones
de 14 de enero de 2013 y 2 de mayo de 2014 expedidas por el subdirector/a del
centro agroempresarial y turístico de los Andes de la regional Santander del
SENA, se prueban los montos percibidos por el demandante con ocasión de los
servicios ejecutados.

52.Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

53.Por lo anterior, se abordará el estudio del elemento de la subordinación a la
luz de los criterios establecidos por la Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021.

10 En efecto, se demostró la prestación del servicio como instructor de la institución en los períodos que se

indican a continuación: i) 18 de junio de 2009 a 18 de noviembre de 2009, 28 de enero de 2010 a 28 de
septiembre de 2010, 8 de octubre de 2010 a 15 de enero de 2021, 22 de febrero de 2011 a 2 de julio de
2011, 15 de julio de 2011 a 14 de diciembre de 2011, 27 de julio de 2012 a 4 de julio de 2012.
11 Folios 26 a 28 del archivo titulado «01ExpedienteDigitalizado», así mismo, el subdirector del centro

agroempresarial y turístico de los Andes certificó la prestación del servicio, folio 49 del archivo titulado
«01ExpedienteDigitalizado», expediente digital, índice 2 de Samai.
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54.En cuanto al lugar de trabajo del demandante, se tiene que lo fue las
instalaciones del centro agroempresarial y turístico de los Andes de la regional
Santander del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por otro lado, en el expediente no reposan elementos probatorios que permitan
55.

determinar el horario, franjas, períodos o la jornada de trabajo en la que se
desarrolló el servicio.

56.En ese orden, con las otras pruebas recaudadas, no es posible establecer la
imposición de un horario al demandante. En todo caso, es de resaltar que para
la Sala de Subsección el cumplimiento de un horario no debe entenderse como
un aspecto que, en su análisis particular y aislado, configure el elemento de la
subordinación en la relación laboral encubierta. Por el contrario, ello debe
entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como un parámetro
lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el contratante
a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido12.

57.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

La entidad argumentó en el recurso que con las pruebas aportadas al plenario
58.

no se extraían los componentes necesarios para determinar el elemento de la
subordinación o continuada dependencia.

59.Al respecto, la Sala considera que le asiste razón, pues de los elementos
probatorios recaudadas no se advierten los elementos de juicio que se aluden
suficientes para considerar que el actor prestó sus servicios bajo una influencia
decisiva del SENA, lo que conlleve a advertir la existencia del elemento de la
subordinación y por ende la relación laboral encubierta.

60.En el expediente solamente se aportaron los documentos relativos a la
Resolución 3493 de 14 de diciembre de 2016 que resolvió el recurso incoado en
contra del oficio 2-2016-011146, copia del contrato de prestación de servicios y
las certificaciones de ejecución contractual expedidas por el subdirector/a del
centro Agroempresarial y Turístico de los Andes de la regional Santander del
SENA, en éstos únicamente se puede deducir que atendió algunas actividades y
tareas sin ser dable predicar la asignación de órdenes sobre la cantidad de
trabajo o forma de llevar a cabo la labor, dado que, en la ejecución contractual
existe una relación de coordinación entre contratante y contratista.

12
Subsección A del Consejo de Estado, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016), consejero ponente, doctor Rafael Suárez Vargas.

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Demandante: Edgar Manuel Sandoval Flórez

En ese sentido, no se detallaron elementos de juicio con la suficiente entidad
61.

para concluir que el servicio del demandante estuvo sometido a directrices,
supervisiones o instrucciones por fuera de la coordinación inherente a los
contratos de prestación de servicios.

62.Nótese que el a quo concluyó que la subordinación se constató desde las
mismas obligaciones contractuales, sin embargo, la Sala no comparte dicho
análisis, dado que, en su literalidad únicamente se observan las estipulaciones
necesarias y pertinentes que deben existir entre las partes a fin de concretar el
objeto convenido en buen término. Aunado a que no fueron practicados
testimonios de personas que dieran cuenta de ello, con conocimiento directo
sobre las condiciones que en tiempo, modo y lugar el demandante prestó el
servicio u otro medio probatorio con el cual se pudiera llegar a esa conclusión.

63.Si bien, el Tribunal de origen estableció la equivalencia o similitud de las
funciones realizadas por el accionante con las desempeñadas por el personal de
planta, lo cierto es que no reposa en el expediente ninguna prueba que evidencie
las condiciones en las que el señor Edgar Manuel Sandoval Flórez las
desempeñó, y con las cuales se pudiera establecer tal comparación. Aunque la
Sala estima que el reconocimiento de la relación laboral encubierta no otorga la
calidad de empleado público al contratista; pues este no cumple con los
requisitos formales de ser nombrado y tomar posesión de un cargo existente en
la planta de personal para ejecutar una labor, y tampoco le asisten las mismas
responsabilidades (penal, disciplinaria y fiscal) de aquél que ingresó a laborar
legal y reglamentariamente (artículo 125 CN), de ahí que, no son procedentes
tales reconocimientos13.

64.De otro lado, el a quo concluyó que las labores ejercidas por el accionante
hacían parte del giro ordinario del objeto social del SENA, sin embargo, esta
dentro de su oferta académica cuenta con programas de formación de carácter
técnico y tecnológicas específicas, así mismo, lleva a cabo otro tipo de formación
adecuada a necesidades de los grupos sociales de interés, cuya atención se
gestiona de acuerdo a lo requerimientos de la comunidad, por ejemplo, los
cursos o capacitaciones temporales o esporádicos.

Por lo tanto, la Subsección ha sostenido que la vinculación de instructores al
65.

ser indispensable para dar ejecución al objeto principal de la institución es dable
que se dé mediante una relación legal o reglamentaria o por medio del contrato
de prestación de servicios, en tanto, es permitido y reglamentado por el Estatuto
General de Contratación, así como, los manuales de funciones y circulares
expedidos por el SENA14.

66.En la misma línea, la Corporación15 ha explicado que en los casos de los
formadores del SENA que fueron beneficiaros de contrato de prestación de

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
agosto de 2025. Expediente: 66001-23-33-000-2018-00131-01 (2032-2021). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 26 de septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023). CP Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023).
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servicios, se debe cumplir con la carga de acreditar que la relación contractual
se ejecutó baja la continuada subordinación y dependencia de los funcionarios
de la institución.

67.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores16.

68.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»17.

69.Por tanto, la Subsección considera que le asiste razón a la entidad en los
planteamientos de su recurso de alzada, en tanto dentro del plenario no obran
los elementos que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes, en especial, porque no se probó el elemento de subordinación.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

70.Por sustracción de materia no se estudiarán los demás reparos planteados por
las partes.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

71.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

72.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
17
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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Demandante: Edgar Manuel Sandoval Flórez

derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

73.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

74.Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de noviembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar, NEGAR las pretensiones
invocadas por Edgar Manuel Sandoval Flórez, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas por el a quo.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia del abogado Sebastián Herrera Maldonado
como apoderado de los intereses del Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto
allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP.18

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

18 Vista en el índice 14 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia.

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