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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03294-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03294-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda radicada por el señor Reinaldo Marín Salazar contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, por lo expresado en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-03294-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, DC, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01 (0250–2024)1
Demandante: Reinaldo Marín Salazar
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Temas: Relación laboral encubierta. Instructor. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma sentencia que negó pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 28 de
agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la
cual se negaron las pretensiones del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda2

2.El señor Reinaldo Marín Salazar, por intermedio de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, con el objeto de declarar la nulidad del Oficio 05-2-2019-
066459 de 11 de diciembre de 2019, por medio del cual se negó la existencia de
una relación laboral y el respectivo reconocimiento y pago de prestaciones.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la relación
laboral sin solución de continuidad; la cancelación de las cesantías causadas entre
el 2 de septiembre de 2010 y el 12 de diciembre de 2017; el pago de primas de
servicio; la devolución de aportes a la seguridad social en la proporción que le
corresponde; el pago de vacaciones causadas; las primas de navidad, vida cara y
quinquenal; el auxilio de alimentación, las bonificaciones de recreación y por
servicios prestados; la indemnización por despido injusto; y la sanción moratoria por

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020200329401110
0103
2 Demanda disponible en el archivo 001 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

cesantías no consignadas. Subsidiariamente, pidió el reconocimiento de una
indemnización que compense el valor de los derechos y pensiones que hubiese
percibido como empleado público. Finalmente, reclamó el cumplimiento de la
sentencia y la condena en costas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.Explicó que prestó sus servicios como instructor del Sena desde el 2 de
septiembre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual manifestó
que fue despedido sin justa causa.

5. Señaló que como contraprestación, le era cancelado mensualmente el salario
que en promedio era de $2.800.646, el cual aumentaba anualmente. De igual
manera, precisó que su labor la desempeñó en el “Centro de Tecnología de la
Manufactura Avanzada”, y que el objeto del cargo, determinado en los contratos de
prestación de servicios, era de instructor, bajo la subordinación, dirección,
supervisión y coordinación del Sena.

6. Manifestó que radicó petición ante la entidad demandada con el fin de obtener el
reconocimiento de lo hoy reclamado, sin embargo, a través del Oficio 05-2-2019-
066459 de 11 de diciembre de 2019 le fue negado lo solicitado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7. Indicó que la actuación de la administración vulneró, entre otras, las siguientes
disposiciones: el artículo 53 de la Constitución; 1°, 5°, 8, 12 y 17 de la Ley 6ª de
1945; 5°, 6°, 8°, 9°, 11, la Ley 4 de 1966; y el Decreto 1045 de 1978.

8. Afirmó que la denominación de "contratos de prestación de servicios" no puede
ocultar la verdadera naturaleza del vínculo, además, bajo falsa motivación del acto
se vulneró su derecho a la igualdad al dársele un trato diferenciado y precario frente
a los empleados de planta de la entidad, quienes, desempeñando funciones
idénticas o similares, gozaban de la plenitud de las garantías prestacionales de las
que él fue privado, afectando con ello su derecho al trabajo en condiciones dignas
y justas.

9. Aunado a ello, declaró que en la relación laboral concurrieron plenamente: la
prestación personal del servicio, la remuneración periódica o salario y la continuada
subordinación y dependencia. Sobre este último elemento, afirmó que estuvo
sometido al cumplimiento de horarios, órdenes directas, reglamentos internos y una
fiscalización constante por parte del SENA, lo cual desvirtúa la autonomía en la
ejecución del objeto contractual.

10.Finalmente, argumentó que las funciones desarrolladas no eran temporales ni
ocasionales, sino actividades permanentes y misionales del SENA, lo que, a la luz

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Demandante: Reinaldo Marín Salazar

de la jurisprudencia, prohíbe su ejecución a través de contratos de prestación de
servicios.

1.4. Contestación de la demanda3

11. Actuando por intermedio de apoderada, el Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA se opuso a la prosperidad de las pretensiones; argumentó la inexistencia
del elemento subordinación, pues considera que la interacción con el señor Marín
Salazar se circunscribió a una necesaria coordinación de actividades para el
cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implique dependencia laboral. De
igual manera, destacó la imposibilidad física y jurídica de una subordinación
continuada, poniendo de presente que el actor fungía simultáneamente como
cotizante activo y vinculado a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) hasta el 31
de diciembre de 2019.

12. Asimismo, aclaró que la evaluación de la labor docente no provenía de una
supervisión jerárquica directa, sino de la calificación realizada por los alumnos,
desvirtuando así los indicios de dependencia alegados. De igual manera, explicó
que el vínculo contractual se rigió estrictamente por la Ley 80 de 1993, y tenía como
objeto atender las necesidades temporales de la administración que no podían ser
suplidas por personal de planta.

13. Como excepciones, propuso el “cobro de lo no debido”, la “temeridad y la mala
fe del demandante”, la “buena fe”, la “inexistencia de una sola relación laboral” y la
“prohibición material y jurídica de percibir dos asignaciones del erario público” (sic).

1.5. Sentencia de primera instancia4

14.En sentencia de 28 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

15. Luego de recopilar las pruebas allegadas al expediente, principalmente los
contratos de prestación de servicios, el a quo determinó que no se logró desvirtuar
la presunción de legalidad de aquellos, ni se acreditaron los elementos constitutivos
de la relación laboral, específicamente la subordinación continuada. De igual forma
acogió la tesis de que las actividades desarrolladas por el demandante, como el
cumplimiento de horarios de clases y la entrega de notas, obedecían a una
necesaria coordinación para la prestación del servicio educativo y no a órdenes
jerárquicas que anularan su autonomía técnica y profesional

16.Como consecuencia de la negativa de las pretensiones, el Tribunal procedió a
condenar en costas a la parte demandante, y ordenó su liquidación por Secretaría.

3 Escrito disponible en el archivo 013 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.
4 Sentencia visible en el índice 40 del expediente digital disponible en SAMAI – Primera instancia.

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Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

1.6. Recurso de apelación5

17. El señor Reinaldo Marín Salazar, por intermedio de su apoderado, presentó
recurso de apelación con el objeto de revocar la decisión de primera instancia.
Sostuvo que se desconoció el contenido del expediente contractual, el cual, a su
juicio, demuestra inequívocamente la configuración del elemento subordinación.

18. Argumentó que dentro del proceso se acreditaron los indicios de subordinación
establecidos en la sentencia de unificación de 2021. Precisó que fue contratado para
prestar sus servicios como instructor por más de 7 años; que laboró en las
instalaciones de la entidad o en los lugares que el coordinador le asignara, lo cual
se corrobora con los informes de ejecución en los que constan las fichas o grupos
a los cuales debía atender; que debía cumplir un horario en función de grupos de
aprendices en las aulas asignadas, lo cual se registraba en el formato denominado
“TIEMPOS ACAT. ACADEMICAS”, así como en los anexos descargados de la
plataforma SOFIA PLUS.

19. Que la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutadas por el
demandante provenía de la Dirección General del SENA, quien impartía los
lineamientos político-institucionales y por lo tanto dependía de ella para llevar a cabo
sus responsabilidades académicas y labores en el Centro de Formación.

20. Que el propio director general del SENA emitía anualmente una resolución que
establecía los diferentes periodos académicos y labores que los instructores, tanto
de planta como los llamados Instructores contratistas, debían cumplir, así como las
obligaciones de los aprendices. Esas resoluciones demuestran que la dirección y
programación de las actividades del demandante estaban sujetas a las directrices
emitidas por la dirección general del SENA.

21. El rol desempeñado por el demandante es el mismo que tienen los empleados
de planta y que la única diferencia existente entre estos y los contratistas es la forma
en que se contratan y no en las funciones. Por lo tanto, la labor parte del objeto
misional de la entidad.

22. Que no es cierto que solamente se tengan como elementos de juicio los
contratos, por que constan en el proceso los antecedentes administrativos, los
estudios previos, los anexos de los contratos, los informes, e incluso en los
documentos que el demandante tenía bienes y servicios a su cargo entregados por
el SENA.

23. Además, señaló que el problema jurídico que se definió para resolver el asunto,
está centrado en confirmar si en la ejecución de los contratos existió o no
subordinación, razón por la cual se pregunta el recurrente, por qué desde la
experiencia los magistrados del caso, «no decretaron pruebas desde el principio de
la inmediación, y más cuando se presenta un desequilibrio tan enorme entre un

5 Escrito visible en el índice 43 del expediente digital disponible en SAMAI – Primera instancia.

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Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

particular que pretende exigir el reconocimiento de unos derechos laborales y una
entidad del Estado» (sic).

24. Adicionalmente, puso de presente que la vinculación se extendió por más de
siete (7) años, circunstancia que desvirtúa una "temporalidad" u "ocasionalidad" del
servicio, por tanto, aduce que esta prolongación no obedeció a necesidades
coyunturales, sino a una carencia estructural de personal de planta que el SENA
cubrió irregularmente mediante contratos de prestación de servicios, utilizó al actor
para cumplir metas misionales permanentes de la institución educativa, lo cual
constituye un fraude a la ley laboral y administrativa.

25. En ese orden, concluyó que las actividades ejecutadas por el demandante no
eran de coordinación sino de subordinación, toda vez que había un control de estas
de acuerdo con un modelo pedagógico especifico; debía llenar planillas, rendir
informes, permanecer en el aula que era asignada e informar cuando tenían
dificultades para presentarse al lugar de trabajo, hacer cumplir el reglamento Sena,
cumplir con un horario de ocho (08) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales;
y, porque existe una estructura jerárquica y funcional que rige a los instructores,
independientemente si eran o no contratistas.

1.7. Trámite de segunda instancia

26. En auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación, el cual fue
notificado en debida forma sin que las partes intervinientes se pronunciaran.

Finalmente, como no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

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Demandante: Reinaldo Marín Salazar

2.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

29. ¿Entre el señor Reinaldo Marín Salazar y el Servicio Nacional de Aprendizaje
existió una relación laboral encubierta o subyacente en los períodos en que
celebraron contratos de prestación de servicios?

30. De probarse la relación laboral encubierta, debe establecerse si ¿se configuró
la prescripción trienal de las acreencias prestacionales durante el período que se
acreditó la labor?, además, ¿si tiene derecho al pago de las prestaciones sociales
invocadas en la demanda?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

31. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

32. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no es fuente de una relación laboral
ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos
de una relación de trabajo, a saber: la subordinación continuada, la prestación
personal del servicio y la remuneración.

33. En esa lógica, en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto a la condición sine qua non
para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con
la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos del contrato de
trabajo.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

34. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir « la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los
tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período, operará el
fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no
están sometidos a dicho término; iii) es improcedente la devolución de los aportes
a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista en exceso, por « constituir
estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis frente al primer problema jurídico

35. Con el material probatorio allegado al proceso se evidencia que el señor Marín
Salazar cumplió con la carga de demostrar la prestación personal del servicio
como instructor-contratista en favor del Servicio Nacional de Aprendizaje entre el 1
de septiembre de 2010 y el 12 de diciembre de 2017, salvo interrupciones.

36. En efecto, obran en el expediente copia de los contratos de prestación de
servicios que a continuación se describen: 282 de 2010, 119 de 2011, 373 de 2011,
347 de 2012, 1424 de 2013, 1041 de 2014 y 771 de 2017, así como, los certificados
expedidos el 2 de diciembre de 2013 y el 30 de diciembre de 2016 por el subdirector
del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada del Sena, Regional
Antioquia, que dejaron constancia de la suscripción de 10 de ellos entre las partes,
precisando sus extremos temporales, objeto y valor, en la forma que detalla a
continuación:

No.
Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
282 de 20 Prestar servicios como instructor y evaluador de
$7.043.750
de agosto competencias laborales para el Centro de 01/09/2010 23/12/2010
M/cte.
de 20108 Tecnología de la Manufactura Avanzada
Interrupción de 34 días hábiles
119 de 10 Prestar servicios personales como instructor en la
$9.929.200
de febrero cadena de TICs y Electrónica del Centro de 10/02/2011 30/06/2011
M/cte.
de 20119 Tecnología de la Manufactura Avanzada
Interrupción de 12 días hábiles

8 Archivo «Contrato No. 282 de 2010» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
9 Archivo «Contrato No. 119 de 2011» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

Prestar servicios personales de carácter temporal
373 de 13 de un instructor para el área de TICs y Electrónica
$12.461.146
de julio de para el programa de tecnólogo en 19/07/2011 16/12/2011
M/cte.
201110 Telecomunicaciones del Centro de Tecnología de
la Manufactura Avanzada
Interrupción de 29 días hábiles
056 de 27 Prestar servicios personales como instructor en la
$10.266.667
de enero cadena de TICs y Electrónica del Centro de 27/01/2012 23/06/2012
M/cte.
de 201211 Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Interrupción de 10 días hábiles
347 de 19 Prestar servicios personales como instructor en la
cadena de TICs y Electrónica del Centro de $15.159.466
de julio de 09/07/2012 10/12/2012
Tecnología de la Manufactura Avanzada. M/cte.
201212
Interrupción de 27 días hábiles
1424 de Prestar servicios personales como instructor del
18 de programa tecnólogo en administración de $32.358.480
ensamble y mantenimiento de redes y 21/01/2013 05/12/2013
enero de M/cte.
201313 computadores.
Interrupción de 29 días hábiles
Prestar servicios personales como instructor de
001041 diseño, implementación y mantenimiento de
de 17 de $25.404.810
sistemas de telecomunicaciones de la cadena de 20/01/2014 05/12/2014
enero de M/cte.
formación tic/electrónica del Centro de
201414 Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Interrupción de 32 días hábiles
Prestación de servicios personales de carácter
000957 temporal, como instructor para atender los
de 22 de programas de formación profesional en la cadena $27.556.620
26/01/2015 19/12/2015
enero de de tic – electrónica o formación de acuerdo con M/cte.
201515 los requerimientos del área que se imparten en el
centro.
Interrupción de 24 días hábiles
Prestación de servicios personales de carácter
temporal, como instructor para atender los
00686 de programas de formación profesional en la cadena
6 de $26.353.600
de tic – electrónica o formación de acuerdo con 26/01/2016 16/12/2016
marzo de M/cte.
los requerimientos del área que se imparten en el
201316 Centro de Tecnología de la Manufactura
Avanzada.
Interrupción de 24 días hábiles
Prestación de servicios personales de carácter
temporal, como instructor para atender los
programas de formación profesional en la cadena
771 de 21 de tic – electrónica de acuerdo con los $24.328.920
de enero 21/01/2017 12/12/2017
requerimientos de los programas de formación y M/cte.
de 201717 la ejecución de la formación profesional integral
definidos en el Centro de Tecnología de la
Manufactura Avanzada.

37. Por otra parte, la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios y las
certificaciones expedidas, se extraen los honorarios mensualmente recibidos por el
demandante por concepto de los servicios ejecutados. Con lo que se acredita este
requisito.
10 Archivo «Contrato No. 373 de 2011» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.
11 Certificado suscrito el 2 de diciembre de 2013 por el Subdirector del Centro de Tecnología de la Manufactura

Avanzada del SENA. Allegado con la demanda.
12 Archivo «Contrato No. 347 de 2012» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.
13 Archivo «Contrato No. 1424 de 2013» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.
14 Archivo «Contrato No. 1047 de 2014 parte1» de la carpeta «014AntecedentesAdministrativos, compartida por

el Tribunal Administrativo de Antioquia.
15 Certificado suscrito el 2 de diciembre de 2013 por el Subdirector del Centro de Tecnología de la Manufactura

Avanzada del SENA. Allegado con la demanda.
16 Certificado suscrito el 2 de diciembre de 2013 por el Subdirector del Centro de Tecnología de la Manufactura

Avanzada del SENA. Allegado con la demanda.
17 Copia del contrato adjuntada con la demanda por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

38. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los
entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que
deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha
obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican regularizar
algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio contratado e
incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la
comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad
jerárquica contenida de la subordinación».

39. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de determinar
si existió una relación de subordinación con el SENA. Ante ello, es menester
establecer si se configuran o no los indicios que, analizados en conjunto con las
pruebas del caso concreto, permitan llegar a esa conclusión, atendiendo lo expuesto
por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

40. En esos términos, con las pruebas aportadas se probó que, como lugar de
trabajo, el demandante tuvo las instalaciones del Centro de Tecnología de la
Manufactura Avanzada de la regional Antioquia del Servicio Nacional de
Aprendizaje. A esta conclusión se llega luego de analizar las obligaciones que
desplegó como instructor de la autoridad administrativa, según dan cuenta las
pruebas documentales allegadas al plenario.

41. Por otro lado, en cuanto al horario de labores, vale reiterar que el servicio
prestado por el demandante comprendió desde septiembre de 2010 y diciembre de
2017, no obstante, junto con los contratos de prestación de servicio no se allegó la
totalidad de los horarios de las labores realizadas, únicamente se anexó poca
información relevante sobre este asunto, ejemplo de ello son la copia de
documentos en los que figura el nombre del demandante con una franja horaria de
2010 a 2013, de 6:00 p.m. a 10:00 pm., de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., de 9:00 a.m. a
4:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y los de competencia de aprendizaje con las
horas dedicadas a la misma (9.92) para programar las actividades de mantenimiento
en la red de telecomunicaciones de acuerdo con las normas y procedimientos: que
resultan insuficientes para acreditar el cumplimiento de un horario impuesto al actor
por la demandada durante la vigencia de todos los contratos de prestación de
servicios, que se extendió hasta 2017.

1. No desconoce la Sala que el señor Marín Salazar para ejecutar los objetos
contractuales pudo haber cumplido alguna jornada de trabajo, pero como lo ha dicho
esta Subsección, el hecho de que el demandante se comprometiera a prestar sus
servicios en determinados espacios temporales no configura por sí solo la

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Radicación: 05001 23 33 000 2020 03294 01
Demandante: Reinaldo Marín Salazar

continuada dependencia, dado que el cumplimiento de un horario no debe
entenderse como un elemento que en su análisis particular y aislado lo configure18.
Por el contrario, ello debe entenderse en los contratos de prestación de servicios
como un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el
contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido.

42. Lo mismo ocurre en cuanto a la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, pues es de reiterar que el control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del círculo
rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las
actividades ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

43. Para la Sala, el análisis conjunto de las pruebas no permite determinar de
manera clara que los funcionarios de la entidad ejercieron de forma decisiva
dirección y control sobre las actividades del demandante. Por lo tanto, no se extraen
los componentes de juicio necesarios que permitan establecer la existencia del
elemento de la subordinación.

44. Lo anterior, por cuanto los documentos relacionados con la designación de un
supervisor19 e interventor para realizar el seguimiento de los contratos, quien
además suscribía junto con el demandante informe mensual de cumplimiento del
contrato20; certificaciones de capacidad e idoneidad del contratista21, así como los
certificados de cumplimiento expedidos por estos, solo permiten establecer la
existencia de coordinación entre las partes22 en aras de garantizar la satisfacción
de los objetos contractuales.

45. Asimismo, la Sala recuerda que no es procedente que con fundamento en las
obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios se establezca la
sujeción y dependencia del contratista, pues en su literalidad únicamente se
observan las estipulaciones necesarias y pertinentes que deben existir entre las
partes a fin de concretar el objeto convenido en buen término.

46. Ahora, si bien reposan en el expediente copia de seis (6) contratos con
diferentes documentos sobre sus requisitos, suscripción, iniciación y desarrollo, no
se observa en ellos, ni en la ejecución fáctica de los mismos, la configuración de

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
19 Página 50 del archivo «Contrato No. 282 de 2010» de la carpeta «014Antecedentes Administrativos».
20 Página 145 del archivo «Contrato No. 119 de 2011» de la carpeta «014Antecedentes Administrativos».
21 Página 79 del contrato 1424 de 2013 visible en la carpeta «014AntecedentesAdministrativos.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29

de julio de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.

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órdenes imperativas que denoten el sometimiento de la voluntad del contratista a la
administración. Contrario a lo afirmado por la parte apelante, el cumplimiento de
"directrices político-institucionales" o la sujeción a los lineamientos del pensum
académico no constituyen per se actos de subordinación laboral, sino el
acatamiento natural del objeto contractual.

47. De otro lado, se reprochó en la apelación que el cumplimiento de las actividades
contractuales correspondieron a la labor misional del Servicio Nacional de
Aprendizaje, frente a ello la Sala expone que la autoridad administrativa dentro de
su oferta académica cuenta con programas de formación de carácter técnico y
tecnológicas específicas, así mismo, lleva a cabo otro tipo de formación adecuada
a necesidades de los grupos sociales de interés, cuya atención se gestiona de
acuerdo a lo requerimientos de la comunidad, por ejemplo, los cursos o
capacitaciones temporales o esporádicos.

48. Por lo tanto, la Subsección ha sostenido que la vinculación de instructores al ser
indispensable para dar ejecución al objeto principal de la institución es dable que se
dé mediante una relación legal o reglamentaria o por medio del contrato de
prestación de servicios, en tanto, es permitido y reglamentado por el Estatuto
General de Contratación, así como, los manuales de funciones y circulares
expedidos por el Sena23.

49. En la misma línea, la Corporación24 ha explicado que en los casos de los
formadores del Sena que fueron beneficiaros de contrato de prestación de servicios,
se debe cumplir con la carga de acreditar que la relación contractual se ejecutó baja
la continuada subordinación y dependencia de los funcionarios de la institución.

50. En consecuencia, el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades
del Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la suscripción
de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades requieran
conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el personal empleado.
Lo que conlleva a afirmar que, la sola circunstancia de que un contratista realice
funciones similares a la de los empleados de planta de una entidad, no es suficiente
para declarar la relación laboral encubierta, pues conforme al numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios se pueden celebrar
para el desarrollo de actividades de administración y funcionamiento de las
entidades públicas.

51. De otro lado no pasa por alto la Sala que la suscripción de los contratos se
extendió por un lapso considerable de 8 años, lo cual a primera vista puede ser un
indicio de permanencia y necesidad de prestación de los servicios del demandante

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de

26 de septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023).
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de

28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023).

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en la entidad, pero resulta ser insuficiente para acreditar la subordinación, de tal
manera que, al no constituirse todos los elementos de la relación laboral, no puede
concluirse que la temporalidad en sus funciones sea el único elemento de juicio para
entender configurada la relación laboral encubierta.

52. Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General
del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al demandante a quien
le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la relación
encubierta que alegó existió con el ente demandado a través de las pruebas
pertinentes, suficientes y útiles del caso.

53. Al respecto, esta Subsección ha considerado que «si bien no puede decirse que
existe una prueba reina para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia
continuada, esta Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación
laboral, deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista
no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente,
sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de
la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»25.

54. En consecuencia, se concluye que no se demostró la existencia de una relación
laboral entre el demandante y el SENA, como tampoco se advierten los elementos
de juicio de los que se extraiga con suficiencia y claridad que el demandante
estuviera imposibilitado de actuar de manera independiente. Con base en las
anteriores premisas, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el proceso.

25 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01.

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Demandante: Reinaldo Marín Salazar

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

58. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda radicada por el señor Reinaldo Marín Salazar contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje, por lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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