República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03272-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín
Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
falta de legitimación en la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Wilson López Londoño contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Wilson López Londoño presentó escrito en el que afirmó actuar en
representación de Reinaldo Marín Salazar, con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 26 de febrero de 2026 dictada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con núm.
05001-23-33-000-2020-03294-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Reinaldo Marín Salazar prestó sus servicios como instructor del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) desde el 2 de septiembre de 2010 hasta el
12 de diciembre de 2017, fecha en la cual, según afirma, fue despedido sin justa
causa.
3. El señor Marín Salazar solicitó al Sena el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales, petición que fue negada
mediante Oficio núm. 05-2-2019-066459 del 11 de diciembre de 2019.
4. El señor Reinaldo Marín Salazar, por conducto de su apoderado judicial Wilson
López Londoño, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Sena, con el objeto de que se declarara la
nulidad del Oficio núm. 05-2-2019-066459 del 11 de diciembre de 2019 y, a título de
restablecimiento del derecho, se reconociera la existencia de una relación sin
solución de continuidad con la entidad y se ordenara el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales correspondientes.
5. El conocimiento de la demanda correspondió a la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante sentencia del 28 de agosto de
2023, negó las pretensiones de la demanda. A juicio de la autoridad judicial, no se
logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, ni se
acreditaron los elementos constitutivos de una relación laboral.
6. El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 26
de febrero de 2026, la confirmó al compartir los argumentos expuestos por el a quo
y condenó en costas al recurrente.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad,
al Acceso a la Administración de Justicia, al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas,
y el principio constitucional de Primacía de la Realidad sobre las Formas Art. 53 C.P.
del señor REINALDO MARÍN SALAZAR, los cuales fueron vulnerados por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 26
de febrero de 2026.
SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la autoridad
1 Samai, índice 2.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
accionada, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado [Insertar Radicado] (sic), por configurar un defecto fáctico derivado de una
valoración arbitraria de las pruebas y un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente de unificación fijado en la Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021.
TERCERA: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de la
notificación de este fallo, proceda a proferir una nueva providencia de reemplazo. En
dicho fallo, la autoridad deberá observar estrictamente la regla de unificación vigente,
reconociendo la unidad vinculatoria derivada de los calendarios académicos y
absteniéndose de imponer cargas probatorias exorbitantes, que desnaturalicen la
protección al trabajador misional del Estado.
CUARTA: DEJAR SIN EFECTO de manera inmediata la condena en costas impuesta
a mi poderdante en la providencia accionada, por cuanto dicha carga económica
resulta desproporcionada, punitiva y constituye una barrera infranqueable para el
ejercicio legítimo del derecho de acceso a la administración de justicia. Se solicita la
exoneración total de costas, dado que su imposición en este escenario de asimetría
procesal configura un obstáculo económico de carácter inhibitorio.
Castigar financieramente al trabajador que acude a la jurisdicción en busca de la
Primacía de la Realidad es una medida que profundiza la precarización laboral y
vulnera el núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, al convertir el
reclamo de derechos mínimos e irrenunciables en una carga onerosa que
desincentiva la defensa del trabajo en condiciones dignas.
QUINTA: SOLICITO que, en virtud del principio de autonomía judicial y primacía del
derecho sustancial, se conmine a la autoridad accionada a valorar integralmente el
Manual de Funciones del SENA como norma de orden público y las certificaciones de
inexistencia de personal de planta, como plena prueba de la necesidad permanente
y la subordinación funcional alegada2.
8. Como fundamento de sus pretensiones, el señor Wilson López Londoño alegó
que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico, pues en la sentencia del 26 de febrero de 2026 consideró que no se
aportaron suficientes medios de prueba para demostrar el cumplimiento de horarios
y, con ello, el elemento de la subordinación. En ese sentido, sostuvo que la autoridad
judicial ignoró los registros de la plataforma Sofia Plus, los cuales acreditaban que,
si bien el número total de horas dependía de la variación de días hábiles de cada
mes, la carga prestacional y operativa estaba diseñada para que el instructor
registrara, en promedio, 8 horas diarias, 40 horas semanales y 160 horas
mensuales.
9. Adujo que en la sentencia objeto de tutela se indicó que las interrupciones de
los contratos superiores a 30 días rompían la continuidad; sin embargo, a su juicio,
no analizó las resoluciones expedidas anualmente por la Dirección General del
SENA, mediante las cuales se fijaba el calendario académico centralizado y
demostraban que las interrupciones no obedecían a la ausencia de la necesidad del
servicio, sino a una orden institucional de desvincular a los instructores durante las
vacaciones de los aprendices.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
10. Indicó que la autoridad judicial tampoco dio el valor que correspondía a las
certificaciones del subdirector del centro de la entidad, a partir de las cuales se
acreditaba que el accionante suplió funciones misionales idénticas a las del personal
de planta.
11. Por otro lado, arguyó que se configuró el desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto la providencia acusada inaplicó la regla de unificación contenida
en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado, que prohíbe la
vinculación mediante contratos de prestación de servicios para la cobertura
indefinida de necesidades permanentes.
12. A partir de lo expuesto, el actor afirmó que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación desnaturalizó el concepto de subordinación y vulneró
el artículo 53 de la Constitución Política al negarse a aplicar los principios de in dubio
pro operario y primacía de la realidad sobre las formas, pues resolvió trasladar la
carga derivada de la insuficiencia probatoria a la parte débil de la relación.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 30 de abril de 20263, admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionada, esto es, a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; vinculó al trámite como terceros
con interés a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y
al Sena. Adicionalmente, requirió al abogado Wilson López Londoño para que
aportara el poder que lo facultara para actuar en representación del señor Reinaldo
Marín Salazar.
2.4. Intervenciones
14. El Sena4 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo o, en su defecto,
negar las pretensiones, al considerar que el actor no acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales que invocó y, por el contrario, reprodujo los argumentos
expuestos en el proceso ordinario. En ese sentido, manifestó que lo pretendido por
el accionante era utilizar la acción constitucional como una tercera instancia y reabrir
un debate probatorio decidido por el juez natural.
15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado5 pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo, en razón a que la intención del actor
era convertirla en una instancia adicional para insistir en argumentos resueltos en
el proceso ordinario. Con todo, indicó que en la providencia cuestionada se
revisaron los requisitos estructurales de la relación laboral encubierta y se valoraron
los elementos probatorios recaudados en el proceso.
3 Samai, índice 4.
4 Samai, índice 13, certificado núm. 9F14DA57643185EA 8B94716041304594 1D123E558DBEE609
24E522CED5EFF9CA.
5 Samai, índice 15, certificado núm. 51B1FC7165B91C0A 124F68261F00CAF1 3873C572FC57047C
646F067FFF1166C2.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 rindió informe en el que manifestó que
el accionante no está legitimado en la causa por activa por cuanto no aportó el poder
que lo facultaba para actuar en representación del señor Reinaldo Marín Salazar.
Agregó que, en todo caso, la tutela era improcedente, por cuanto no se configuró
defecto alguno y, por el contrario, la decisión dictada por esa corporación se
fundamentó en la valoración integral y conjunta del acervo probatorio, de
conformidad con las reglas de la sana crítica.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Wilson López Londoño contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la acción de tutela tiene su fundamento en el artículo 867 de
la Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que sus
derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, por la
acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá
interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.
19. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por
la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder8.
20. La Corte Constitucional en la sentencia T-292 de 2021 se pronunció sobre la
posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:
[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento
especial y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado
que “la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un
apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no
lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante
y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede
6 Samai, índice 16, certificado núm. 1B487D5D12927C4C 20E93565443E218E 7F50228953691061
A2B16FA9A7572BCE.
7 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
8 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
tutela tienen el deber de acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.
21. Conviene mencionar que la jurisprudencia constitucional ha manifestado
desde hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerce a través
de apoderado judicial, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el
profesional del derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso
ordinario para solicitar el amparo constitucional, pues «es necesario contar con
poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería
para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del
apoderamiento otorgado para un asunto diferente»9.
22. De manera excepcional, la acción de tutela puede promoverse mediante
agencia oficiosa cuando el titular del derecho carece de la posibilidad real y efectiva
de ejercer directamente su propia defensa. La Corte Constitucional10 ha precisado
que esta figura constituye un mecanismo extraordinario, reservado para situaciones
en las que se acredite un estado de indefensión o una condición física o mental que
impida al afectado acudir, por sí mismo, a los medios disponibles para la protección
de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que esta procede cuando concurren los siguientes elementos:
(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal.
(ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar
expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa.
(iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los
agenciados titulares de los derechos.
23. Conforme a las reglas anteriores, quien acude a la acción de tutela en su
condición de apoderado, debe presentar el escrito respectivo en los términos que
exige el artículo 74 del CGP, es decir, que, si se trata de un poder especial en él se
describirán los asuntos para el que fue conferido de manera clara y determinada.
Por su parte, si es en condición de agente oficioso, se exige que el agente manifieste
actuar en tal calidad y, en lo posible, cuente con el consentimiento del titular del
derecho.
24. En el caso bajo estudio, el abogado Wilson López Londoño presentó la
solicitud de tutela en nombre de Reinaldo Marín Salazar. El accionante pretende la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso
a la administración de justicia, así como del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 26 de febrero de
2026, proferida dentro del proceso con radicado núm. 05001-23-33-000-2020-
03294-01, en el cual el señor Marín Salazar actuó como demandante.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2002.
10 Sentencia T-614 de 2012
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
25. El despacho ponente, mediante auto admisorio del 30 de abril de 2026, requirió
al abogado López Londoño para que aportara el poder especial otorgado por el
señor Reinaldo Marín Salazar que lo facultara para promover la presente acción de
tutela. Para tal efecto precisó: «se observa que el apoderado de la parte accionante
no adjuntó el poder que lo facultara para actuar en representación del accionante,
por lo que será requerido para que lo aporte al presente trámite. No obstante, en
aras de garantizar sus derechos al debido proceso y de contradicción será admitida
la presente acción».
26. No obstante, el abogado Wilson López Londoño no atendió el requerimiento
del citado auto admisorio.
27. En esas condiciones, la Sala observa que el mencionado abogado no es titular
de los derechos cuyo amparo reclama, toda vez que el eventual afectado con la
providencia objeto de tutela es Reinaldo Marín Salazar, quien tenía la calidad de
demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
aquella fue proferida. En ese contexto, corresponde únicamente a este promover la
acción constitucional si considera vulneradas sus garantías fundamentales.
28. Conviene precisar que el hecho de que el abogado López Londoño hubiera
actuado como apoderado del señor Reinaldo Marín Salazar en el proceso ordinario,
no lo habilitaba para promover la presente acción de tutela en su nombre.
29. Además de lo expuesto, la Sala advierte que el solicitante tampoco afirmó
actuar como agente oficioso del señor Marín Salazar ni acreditó, siquiera
sumariamente, que este se encontrara imposibilitado física o mentalmente para
asumir su propia defensa, por lo que no es viable reconocerle dicha calidad para
efectos de estudiar los cuestionamientos formulados en el escrito de tutela.
30. En consecuencia, la Sala concluye que el abogado que suscribe el escrito de
tutela carece de legitimación en la causa por activa para promover este mecanismo
constitucional en representación de Reinaldo Marín Salazar y, por lo tanto, no
resulta procedente efectuar un estudio de fondo de los reproches planteados contra
la sentencia cuestionada.
4. Conclusión
31. Por lo expuesto, la solicitud de amparo resulta improcedente por falta de
legitimación en la causa por activa del señor Wilson López Londoño para promover
la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y al acceso a la administración de justicia del señor Reinaldo Marín Salazar,
cuya vulneración atribuyó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-00 (5118)
Accionante: Wilson López Londoño, en representación de Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Wilson
López Londoño contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
8
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