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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00053-02

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00053-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha once (11) de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la demandante María Quintana Tamayo, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2015-00053-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de septiembre de 2025

Radicado: 66001-23-33-000-2015-00053-02 (5788-2022)
Demandante: María Quintana Tamayo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 66001-23-33-000-2015-00053-02 (5788-2022)
Demandante: María Quintana Tamayo
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 11 de
agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del Oficio 2-2014-002533 del 4 de julio de 2014,
mediante el cual el SENA negó la petición elevada por la actora el 27 de junio de
2014, en la que solicitó la declaratoria de existencia de un contrato realidad entre
las partes.

3. Como consecuencia, declarar la existencia de la relación laboral
encubierta entre la señora María Quintana Tamayo y el SENA, entre el 1.º de
junio de 1997 y el 30 de junio de 2011 a través de la cooperativa COTRASER, y
entre el 12 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 como contratista
directa de la entidad.

1 En adelante SENA.
2 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 5 – primera instancia.

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Demandante: María Quintana Tamayo
4. Subsidiariamente, declarar la relación laboral en los extremos de servicio
que se encuentren acreditados en el expediente.

5. Condenar al SENA, a título de restablecimiento del derecho, a pagar la
diferencia entre lo recibido por la actora y lo devengado por un instructor de planta
que prestara los mismos servicios, comprendiendo salario, prestaciones sociales,
bonificaciones, auxilios y subsidios. Igualmente, condenar a la entidad a
depositar en el fondo de pensiones de la actora los rubros correspondientes a su
IBC, junto con los intereses moratorios por su no pago, así como a reajustar las
sumas reconocidas en la sentencia.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

6. La señora María Quintana Tamayo prestó sus servicios como instructora,
en forma personal y bajo subordinación, en favor del SENA, a través de la
cooperativa de trabajo asociado COTRASER, entre el 1.º de junio de 1997 y el
30 de junio de 2011.

7. Entre el 12 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, la actora
prestó los mismos servicios, de manera directa para el SENA mediante contratos
de prestación de servicios.

8. Que las actividades realizadas por la actora eran asignadas por el director
del centro, entre ellas: i) asistir a reuniones conjuntas dirigidas a instructores de
planta, contratistas y asociados; ii) desarrollar las formaciones y capacitaciones
correspondientes a los cursos asignados; iii) realizar interventorías en nombre
del SENA en procesos adelantados con otras entidades; iv) elaborar guías de
aprendizaje; y v) representar a la entidad en eventos.

9. Asimismo, se relató que la remuneración se efectuaba con base en los
reportes de horas, el grado de instrucción y los cursos asignados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

10. Señaló que con la expedición del acto administrativo acusado se
vulneraron el Preámbulo y los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.
Asimismo, los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

11. Que si bien el SENA justificó en el acto acusado la utilización de la
cooperativa debido a su especialización, la permanencia de los servicios
prestados imponía adecuar la planta de personal para vincular a los trabajadores
asociados mediante una relación legal y reglamentaria.

12. En ese sentido, el desarrollo de actividades misionales por parte de la
demandante conduce a declarar la existencia del contrato realidad con el SENA,

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en atención al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política.

1.4. Contestación de la demanda

13. El SENA3 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Para ello,
expuso los siguientes argumentos:

14. Frente a los hechos, negó que la demandante hubiera prestado sus
servicios de manera subordinada al SENA, al no existir vínculo laboral con la
entidad. Afirmó que únicamente celebró contratos de prestación de servicios
entre el 12 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, ejecutados de forma
independiente.

15. En relación con la actividad de la actora como trabajadora asociada,
explicó que el SENA no tuvo conocimiento específico de ello, pues únicamente
contrató los servicios de la cooperativa para cumplir ciertas actividades, sin
determinar las personas que esta vinculaba para ese fin.

16. Cuestionó, además, el argumento de la demandante relativo a la supuesta
subordinación, insistiendo en que no existió relación laboral con la entidad y que,
únicamente suscribió contratos de prestación de servicios ejecutados de manera
autónoma.

17. Finalmente, como excepciones de mérito propuso las siguientes: i)
inexistencia de la relación de trabajo, ii) prescripción, y iii) cobro de lo no debido.

1.5. Sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia el 11 de agosto de
2022, mediante la cual: i) declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de
una relación laboral encubierta entre las partes en los siguientes periodos: del 1.º
de junio de 1997 al 30 de junio de 2011, del 12 de agosto al 17 de diciembre de
2011 y del 25 de enero al 30 de junio de 2012; ii) a título de restablecimiento del
derecho, condenó al SENA a pagar a la demandante las prestaciones sociales
de orden legal a que tenía derecho, tomando como base los honorarios derivados
de la vinculación a través de COTRASER en los periodos en los que se demostró
la relación laboral; iv) declaró no probada la excepción de prescripción extintiva;
v) ordenó a la entidad tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos y calcular el IBC pensional de la demandante mes a mes, para
establecer si existen diferencias entre los aportes realizados por ella como
contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual «deberá cotizar la suma
faltante al fondo de pensiones respectivo»; y vi) precisó que el tiempo laborado
debía computarse para efectos pensionales.

3 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 309 – primera instancia.
4 Índice 31 aplicativo SAMAI – primera instancia.

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Demandante: María Quintana Tamayo
19. Para adoptar la anterior decisión, el a quo concluyó que las pruebas
allegadas acreditaban los elementos de la relación laboral encubierta, de la
siguiente manera:

20. La prestación personal del servicio durante el tiempo laborado a través de
COTRASER, explicó que no existían constancias de contratos, pues, aunque se
hicieron requerimientos, la cooperativa ya estaba liquidada.

21. No obstante, precisó que para acreditar este requisito no se exige tarifa legal,
dado que la apreciación probatoria se rige por la sana crítica del juez. En el
expediente obraba certificación suscrita por el gerente liquidador de COTRASER,
en la que se indicó que la demandante prestó sus servicios como trabajadora
asociada entre el 1.º de junio de 1997 y el 30 de junio de 2011, como tutora en el
área de confección del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del SENA.

22. Igual ocurrió con el período en que prestó servicios como contratista directa
del SENA, pues en el expediente no reposaban los contratos, pero sí
certificaciones expedidas por directivos de la entidad, donde consta que la actora
se desempeñó como instructora en el área de confecciones entre el 12 de agosto
y el 17 de diciembre de 2011 (contrato No. 000172) y entre el 25 de enero y el 30
de junio de 2012 (contrato No. 00123).

23.Con las pruebas precitadas, se acreditó también el elemento de la
remuneración.

24. En cuanto a la subordinación, el tribunal destacó el testimonio de la
señora Claudia Yulied Colorado Bedoya, quien afirmó que la demandante recibía
órdenes del coordinador académico, asistía a reuniones de actualización,
cumplía un horario, seguía el diseño curricular de la entidad y debía solicitar
permisos. Con ello se acreditaba este elemento.

25. Asimismo, consideró que la subordinación también se desprendía del hecho
de que las funciones de la actora eran de instrucción o docencia, actividad que
corresponde a la misión educativa del SENA. Ello implica un sometimiento
permanente a directrices, órdenes e instrucciones de las autoridades
académicas, lo que lleva implícito el elemento de subordinación.

26. Finalmente, se acreditaron la permanencia y la similitud del servicio. La
permanencia, porque desarrolló sus actividades de manera continua por más de
10 años; y la similitud, porque las certificaciones mostraban que su objeto
contractual siempre correspondió a procesos de instrucción en el área de
confección.

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1.6. Recursos de apelación

27. El SENA5 presentó recurso de apelación a través del cual solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se negaran las
pretensiones. Al sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

28. Alegó que la actora no acreditó con las pruebas necesarias el elemento de
subordinación —que, según el a quo, se encontraba implícito—, teniendo ella la
carga de hacerlo. Añadió que, en realidad, las actividades desarrolladas eran
coordinadas entre las partes, mas no subordinadas.

29. En consecuencia, sostuvo que no era procedente declarar la existencia de
un contrato realidad, pues no se demostraron de manera clara sus elementos
esenciales, ni que las actividades desempeñadas por la actora fueran iguales a
las ejecutadas por el personal de planta de la entidad.

30. Finalmente, reprochó que la sentencia de primera instancia asimilara las
funciones de los instructores del SENA a las de los docentes, señalando que
estos últimos dependen enteramente del Ministerio de Educación. En
consecuencia, al tener distinto origen orgánico y diferentes competencias, no es
posible equiparar la labor docente con la de los instructores del SENA.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

32. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandada, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

5 Índice 35 aplicativo SAMAI – primera instancia.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»

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2.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

34. ¿Entre la señora María Quintana Tamayo y el SENA existió una relación
laboral encubierta en el período reclamado en la demanda?

35. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo
o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

36. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

37. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

38. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

39. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se

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suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

40. En el expediente no obran los contratos suscritos por la actora para el
desarrollo de las actividades demandadas; sin embargo, reposan diversos
certificados de los que se desprenden los extremos temporales, el objeto y los
valores de dichos contratos:

41. Según el certificado expedido el 18 de febrero de 2014 8 por el gerente
liquidador de la cooperativa de trabajo asociado COTRASER CTA en liquidación,
la señora María Quintana Tamayo prestó sus servicios como asociada en el
área de confección del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del SENA
regional Risaralda entre el 1 de junio de 1997 y el 30 de junio de 2011.

42. También se encuentra el certificado del 11 de noviembre de 20119
proferido por la subdirectora (e) del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
Industrial de la regional Risaralda, en el que consta que la actora prestó servicios
del 12 de agosto al 11 de diciembre de 2011, en virtud del contrato de
prestación de servicios 000172. El objeto contractual consistió en la prestación
de la labor como instructora en las diferentes modalidades y programas ofertados
en dicho centro. Como remuneración, se pactó un valor total de $8.980.000.

43. Finalmente, con el certificado del 25 de junio de 201210 expedido por el
subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, se certifica
que la actora prestó servicios entre el 25 de enero y el 30 de junio de 2012, en
virtud del contrato de prestación de servicios 00123 de 2012. El objeto
contractual consistió en la atención de los procesos de formación en las

8 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 39 – primera instancia.
9 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 41 – primera instancia.
10 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 43 – primera instancia.

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diferentes modalidades y programas durante el primer semestre de 2012. Como
remuneración, se pactó la suma de $10.333.333.

44. En cuanto a la contraprestación, que se refiere a los emolumentos
recibidos por la actora durante la ejecución de las actividades convenidas, la
Subsección observa que dicho requisito se acredita con los certificados del 11
de noviembre de 2011 y 25 de junio de 2012 en los períodos que suscribió
contratos de prestación de servicios con el SENA.

45. Por otro lado, en los tiempos en que ejerció como asociada de la
cooperativa COTRASER CTA, la constancia de los emolumentos recibidos se
extrae del certificado general de horas laboradas, en las que se evidencia el
número de hora mensual, su valor y el total devengado en ese lapso11.

46. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación»42.

47. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si la contratista estuvo subordinada al SENA durante la ejecución de
los contratos.

48. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

49. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que el lugar de
trabajo de la demandante era el área de jurisdicción del Centro de Diseño e
Innovación Tecnológica del SENA regional Risaralda.

50. Para acreditar el horario de labores, en el expediente obran los siguientes
elementos:

51. Se allegaron múltiples constancias de las horas mensuales cumplidas por
la actora como asociada de la cooperativa COTRASER CTA entre 2003 y 2011.
No obstante, dichos certificados solo reflejan el número de horas y su valor, sin
11 Expediente digitalizado visible en índice 28 SAMAI – Cuaderno 1 pág. 55 y siguientes – primera instancia.

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permitir establecer la periodicidad del servicio, las franjas horarias ni la incidencia
de directrices del SENA en su estructuración.

52. En cuanto al horario de la demandante, la testigo Claudia Yulied Colorado
Bedoya respondió lo siguiente: «Pregunta: ¿Qué horario tenía la señora María?
Contestó: Bueno, lo de los horarios eso era dependiendo como del sitio. En alguna
época eran de 7 a 1 o inclusive hasta en la noche. Por ejemplo, Santa Rosa que tenía
tanta gente, en Santa Rosa siempre hubo muchas personas para capacitar, entonces se
trabajaban en dos horarios, de dos a tres horarios, eso dependía como de la demanda».

53. Al ser interrogada sobre si los horarios eran siempre los mismos o
variaban, respondió: «(…) Pues, diariamente se trabajaban (…) como el horario.
Normalmente de 10 a 1 de la tarde, normalmente era como de 7 a 1, o de 8 a 12, de 8 a
6, era como el horario de manejado. En la noche, ellos también tenían horario en la
noche, pero yo no recuerdo. Pues no, ahí sí yo no, de verdad que no. Nunca trabajé allí».

54. Para la Sala la testigo no detalló de manera clara, precisa y contundente
las particularidades del horario de la actora. Por el contrario, su respuesta mostró
un conocimiento insuficiente de los hechos, pues no identificó las franjas en que
la demandante cumplió con sus actividades, lo que conllevó a que simplemente
se limitara a enunciarlos de manera general.

55. Ahora bien, la Subsección no desconoce que el horario de servicio
constituye un factor esencial que deben establecer las partes cuando se busca
la satisfacción del objeto en los contratos de prestación de servicios, lo que, de
contera, impone concluir que la actora prestó sus servicios en ciertos períodos
de tiempo.

56. Sin embargo, contrario a lo sostenido por el a quo, ello por sí solo no puede
constituir un elemento categórico para acreditar la existencia de una relación
laboral encubierta; antes bien, dicho factor debe entenderse como un parámetro
lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante12.

57. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas se encontraban dirigidas de manera
contundente por la entidad contratante.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00053-02 (5788-2022)
Demandante: María Quintana Tamayo
58. La entidad demandada, en su recurso de apelación, censuró que la
demandante no probó el elemento de la subordinación, teniendo la carga de
hacerlo; máxime cuando las actividades realizadas fueron coordinadas entre las
partes.

59. Para la Sala, le asiste razón a la parte apelante, pues, del análisis en
conjunto de las pruebas no se desprende de manera clara que funcionarios de la
entidad ejercieran de forma decisiva dirección y control efectivo sobre las
actividades de la señora Quintana Tamayo. Por lo tanto, no se extraen los
componentes de juicio necesarios que permitan establecer la existencia del
elemento de la subordinación.

60. Referente al testimonio de la señora Claudia Yulied Colorado Bedoya, se
observa que en su declaración al ser interrogada sobre las órdenes que recibió
la actora en el cumplimiento de su servicio, dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Quién le
daba órdenes a la señora demandante? Contestó: El jefe inmediato siempre fue el
coordinador académico. Para esa época era el ingeniero Rodrigo, se me olvidó el
apellido».

61.Posteriormente, al preguntársele sobre si a la demandante a parte de las
cuestiones académicas se le daban otras órdenes, contestó: «Pregunta: ¿Usted
se enteró, por lo que le conste, si aparte de las cuestiones académicas, por parte de la
coordinación o cualquier otro funcionario del SENA, le daban órdenes a la señora
Quintana? Contestó: Sí, nos daban órdenes. Pregunta: ¿Qué órdenes? Contestó:
Bueno, pues era obligación asistir a las reuniones que normalmente eran los viernes en
la tarde, También (…) los estudiantes en el año, en el semestre, tienen unos días de
descanso. Y a nosotros en esos días de descanso nos obligaban prácticamente a
estudiar, a ir a tomar cursos. Y entonces estábamos allá todo el tiempo (…)».

62. Sobre el personal que supervisaba el servicio, la testigo explicó: «Pregunta:
¿Sabe usted si a la señora María le supervisaban que ella estuviera dictando esos cursos
en los lugares que se le hubiera asignado? Contestó: Sí. De repente tenía visita del
coordinador. Aparte del coordinador académico había otros como encargados del área,
otros coordinadores y ellos eran los que iban. Era como normal que llegara el encargado
del almacén, que llegara uno de los coordinadores y en muchas ocasiones hasta el
subdirector iba a pasar visita por los talleres».

63. Para la Sala esas afirmaciones no son suficientes ni ofrecen la claridad sobre
el sometimiento de la demandante a órdenes o imposiciones de la demandada
en la ejecución de su labor, pues si bien la testigo manifestó que la actora recibió
órdenes de su jefe inmediato (quien era el coordinador académico), no precisó
cuáles eran ni en qué consistían, por lo que no se demostró que estas excedieran
los parámetros de coordinación propios de los contratos de prestación de
servicios.

64. Y aunque la testigo también refirió que fuera del ámbito académico las
órdenes se evidenciaban en la obligación de asistir a reuniones, no existe claridad
respecto del tipo de reuniones, la participación de la actora en ellas ni si en su

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desarrollo recibió instrucciones que revelaran una relación directa de
subordinación frente al SENA.

65. Además, merece destacarse que si bien la declarante puso de presente el
posible procedimiento a realizarse cuando se solicitara un permiso en la
entidad13, lo cierto es que en toda la declaración no mencionó que la demandante
tuvo que solicitarlos; como tampoco se rememoraron episodios en que ello
ocurrió.

66. Por lo demás, en los documentos que obran en el expediente solo se
encuentran los certificados de tiempo se servicio y las planillas de horas
realizadas, de los cuales tampoco se desprende la configuración de
subordinación sobre el servicio prestado por la actora.

67. De otro lado, no es de recibo el argumento expuesto en la sentencia de
primera instancia, según el cual el hecho de que la demandante hubiera prestado
sus servicios durante aproximadamente diez años se configure la existencia de
una relación laboral, porque se probó la permanencia del servicio.

68. Al respecto, debe recordarse que, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta
con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio,
se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación.

69. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.

70. También se desvirtúa el argumento referente a que la subordinación se
encuentra implícita en el servicio de la demandante, en tanto que su labor se
asemeja a la realizada por los docentes. Al respecto, la Sala aclara que el
ejercicio de instrucción de la demandante en favor del SENA no es equiparable
a las actividades de docente, dado que las funciones ejercidas por los
educadores vinculados en planteles educativos del Estado se encuentran
precedidos por múltiples estamentos que imponen en la actividad las condiciones
en que en tiempo, modo y lugar se presta el servicio.

13 En detalle, la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Si, digamos, la señora demandante requería ausentarse,

¿qué procedimiento se requería para eso? Contestó: Pues era llamar a coordinación académica y justificar
con una incapacidad médica. Lo que fuera era directamente con el coordinador académico».

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71. Igualmente, la Subsección ha sostenido que la vinculación de instructores
al ser indispensable para dar ejecución al objeto principal de la institución es
dable que se dé mediante una relación legal o reglamentaria o por medio del
contrato de prestación de servicios, en tanto, es permitido y reglamentado por el
Estatuto General de Contratación, así como los manuales de funciones y
circulares expedidos por el SENA14.

72. Por lo tanto, la Corporación15 ha explicado que en los casos de los
formadores del SENA que fueron beneficiaros de contrato de prestación de
servicios, se debe cumplir con la carga de acreditar que la relación contractual se
ejecutó bajo la continuada subordinación y dependencia de los funcionarios de la
institución.

73. Finalmente, no pasa por alto la Sala que, según el certificado del 18 de
febrero de 2014, la actora prestó sus servicios entre el 1 de junio de 1997 y el 30
de junio de 2011 mediante la cooperativa Cotraser CTA.

74. No obstante, en decisiones precedentes esta Subsección16 ha señalado
que si bien el orden jurídico prohíbe que el trabajo asociado sea utilizado
indebidamente para que el Estado evada las obligaciones de carácter laboral a
su cargo, lo cierto es que para acreditar la existencia de una tercerización laboral
es necesario que quien la pretenda pruebe los tres elementos que configuran la
relación laboral subyacente, lo que no se corroboró en el asunto de marras, dado
que, como se viene explicando, no existen los elementos que acrediten la
presencia del requisito esencial, esto es, la subordinación.

75. Por tanto, no es posible concluir la existencia de la relación laboral entre
las partes entre 1 de junio de 1997 y el 30 de junio de 2011 a partir de una
tercerización laboral, pues, no se acreditaron los elementos constitutivos de la
relación laboral subyacente.

76. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General
del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a
la actora a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 26 de septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023). CP Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A: i) 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y

ii) 76001-23-33-000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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con la entidad a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso,
tal y como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores17.

77. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»18.

78. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, directamente con la entidad o mediante la
cooperativa de trabajo asociado, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
negarlas.

79. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás problemas
jurídicos.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
18 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: María Quintana Tamayo
82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

83. En consecuencia, el artículo 365 numeral 4 establece que «cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas en ambas instancias».

84. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

85. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha once (11) de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en su lugar, NEGAR, las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la demandante
María Quintana Tamayo, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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