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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00340-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00340-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha trece (13) de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar, NEGAR las 69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves. 70 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena Hernández. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-2333-000-2016-00340-01 (6226-2019) Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: ACÉPTESE la sustitución de poder presentada por Jorge Alberto Vera Villamizar en favor de Leidy Katherine Castro Murillo, como vocero judicial del demandante, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI índice 19. Asimismo, ACÉPTESE la reasunción de poder del abogado Jorge Alberto Vera Villamizar como vocero judicial del demandante, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI índice 22. TERCERO: ACÉPTESE la renuncia de Iader Fofero Cordero como vocero judicial de la entidad demandada conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI índice 22. RECONOCER personería adjetiva para actuar a Sergio Augusto Hernández Moreno como vocero judicial de la entidad demandada, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI índice 38. CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias. QUINTA: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00340-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

Radicado: 68001-2333-000-2016-00340-01 (6226-2019)
Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-2333-000-2016-00340-01 (6226-2019)
Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
13 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del Oficio 2-2015-001203 del 9 de noviembre de 2015,
mediante el cual el SENA negó la existencia de una relación laboral con la señora
Mery Cecilia Rodríguez Velandia, así como el pago de las correspondientes
prestaciones sociales.

3. Como consecuencia de lo anterior, y en atención al principio de la realidad
sobre las formas, declarar la existencia del contrato realidad entre las partes

1 En adelante SENA.
2 Cuaderno 1 del expediente folio 527.

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Radicado: 68001-2333-000-2016-00340-01 (6226-2019)
Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
durante todo el período en que la actora prestó sus servicios en la entidad
mediante contratos de prestación de servicios.

4. A título de restablecimiento del derecho, condenar al SENA a pagar a la
demandante la diferencia que resulte entre lo cancelado y lo establecido
legalmente por concepto de: salarios; auxilios; primas; subsidio; dotación de
calzado, vestido y vacaciones; licencia de maternidad; auxilio de cesantías y
sanción moratoria por su no pago. Asimismo, requirió el pago de los dineros
cancelados por la demandante por concepto de retención en la fuente.

5. Solicitó que se condene a la entidad a afiliar a la actora a un fondo de
pensiones y que se cancelen los valores correspondientes a la reserva pensional
por el tiempo en que duró la relación laboral. Igualmente, que se le dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de
2011, y que se condene en costas y agencias en derecho.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

6. La señora Mery Cecilia Rodríguez Velandia suscribió diferentes contratos
y órdenes de prestación de servicios con el SENA entre el 9 de julio de 2004 y el
22 de noviembre de 2013.

7. Sostuvo que entre las partes existió en realidad una relación laboral, pues
se configuraron sus elementos esenciales, en tanto la demandante cumplió de
forma personal un servicio permanente indicado por la entidad, bajo condiciones
de subordinación.

8. Por lo anterior, presentó reclamación administrativa ante el SENA el 20 de
octubre de 2015, en la que solicitó el reconocimiento de la relación laboral y, en
consecuencia, se le cancelaran las prestaciones sociales a las que hubiera lugar.
Sin embargo, la entidad negó dicha petición con el Oficio 2-2015-001203 de 9 de
noviembre de 2015.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9. Se invocaron como vulneradas las siguientes normas constitucionales: 6,
13 y 53. En cuanto a las preceptivas legales, se citaron como vulnerados el
Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1045 de 1970.

10. Con respecto al concepto de violación, se explicó que con la expedición
del acto administrativo enjuiciado se desconoció la relación laboral que existió
entre las partes, con lo que se vulneraron las disposiciones normativas en cita y
los derechos fundamentales, mínimos e irrenunciables de la demandante.
Recalcando que las funciones de la actora fueron permanentes, misionales y
desarrolladas bajo subordinación.

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Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
1.4. Contestación de la demanda

11. El SENA3 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Para ello,
expuso los siguientes argumentos:

12. En cuanto a los hechos, consideró que la actora prestó sus servicios
mediante contratos de prestación de servicios entre los años 2004 y 2013; sin
embargo, no era cierto que en el desarrollo de ellos se configuraran los elementos
esenciales de la relación laboral.

13. En detalle, reprochó que en la demanda no se explicara de forma clara la
manera en cómo se habría materializado la subordinación proveniente de
personal del SENA. Por el contrario, con la lectura de los contratos de prestación
de servicios se extrae que el servicio de la actora fue desarrollado de forma
autónoma, y por fuera de las instalaciones de la entidad.

14. Por último, como excepciones de mérito propuso las siguientes: i)
inexistencia de la obligación; ii) no agotamiento de la vía gubernativa, y iii) buena
fe.

1.5. Sentencia de primera instancia4

15. El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia el 13 de agosto de
2019, por medio de la cual tomó las siguientes decisiones: i) declaró la nulidad
del acto administrativo acusado; ii) declaró probada de oficio la excepción de
prescripción de los derechos laborales de la señora Mery Cecilia Rodríguez
Velandia —diferentes a los aportes a pensión y salud— que se hubieran causado
entre el 9 de julio de 2004 y el 25 de julio de 2006; iii) declaró la existencia de una
relación laboral entre las partes, sin solución de continuidad, entre el 28 de mayo
de 2008 y el 13 de diciembre de 2013; iv) a título de restablecimiento del derecho,
ordenó al SENA a cancelar en favor de la demandante el valor de las prestaciones
sociales «y el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos
pensionales junto con el pago de las cotizaciones legales correspondientes a los
periodos efectivamente laborados(…)».

16.Adicionalmente, condenó al SENA a reconocer y pagar a favor de la
demandante el valor equivalente al porcentaje de los aportes a pensión y salud
que legalmente le correspondía trasladar como empleador. Por último, no
condenó en costas.

17. Para llegar a la anterior decisión, el a quo concluyó que con las pruebas
allegadas al caso se acreditaron los elementos de la relación laboral encubierta
de la siguiente forma:

3 Cuaderno 2 del expediente folio 579.
4 Cuaderno 2 del expediente folio 420.

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Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
18. La prestación personal del servicio de la demandante en favor del SENA,
entre el 9 de julio de 2004 y el 13 de diciembre de 2013, se probó con las
declaraciones de las testigos —quienes afirmaron que recibieron clases de la
demandante—, así como de las pruebas documentales, en las que constan las
programaciones de horas de los servicios impartidos y las planillas de control de
entrada y salida de los instructores, entre los que se encontraba la demandante.

19.La remuneración se probó con los valores determinados como tales en cada
uno de los contratos de prestación de servicios.

20. El elemento de la subordinación lo encontró acreditado el tribunal en los
períodos de la prestación del servicio a partir de los siguientes aspectos: i) los
contratos de prestación de servicios indicaron que la demandante se
comprometió a prestar su servicio en un horario determinado por la entidad; ii)
las testigos expusieron que la actora les dictó módulos que para ellas fueron
obligatorios para acceder al título al que aspiraban y que debían ceñirse de
manera estricta a los cronogramas determinados por la entidad; iii) reposan en el
plenario ciertos correos electrónicos que evidencian que los instructores estaban
obligados a permanecer en la entidad en ciertas jornadas, cumplían directrices
establecidas respecto a los alumnos y debían usar uniformes en días
establecidos de acuerdo al área que pertenecían; iv) la función realizada por la
demandante era permanente, pues estuvo vinculada al SENA por más de 8 años;
y, v) las labores desarrolladas en cumplimiento de los contratos fueron de
instrucción de aprendices, lo que asemeja sus funciones a las realizadas por los
docentes.

1.6. Recursos de apelación

21. El SENA5 presentó recurso de apelación a través del cual solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se negaran las
pretensiones. Al sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

22. Consideró que no existen pruebas categóricas que conlleven a demostrar
los tres elementos del contrato de trabajo, especialmente el de la subordinación.
De modo que el tribunal le dio al material probatorio un alcance diferente a lo que
realmente demuestran. En ese sentido, la relación de la demandante no fue
laboral, sino contractual, pues sus actividades se ciñeron a lo establecido en los
contratos de prestación de servicios.

23. Indicó que, una de las obligaciones que surge entre las partes con la
suscripción de los contratos es la supervisión y certificación del cumplimiento de
las obligaciones contractuales. Asimismo, el hecho que la actora entregara
informes no constituye una prueba de subordinación, ya que en realidad es un
requisito para el pago de los honorarios.

5 Cuaderno 2 del expediente folio 437.

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Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
24. Además, consideró que la demandante no desvirtuó la existencia de
coordinación existente entre las partes, pues desde la demanda no precisó de
manera clara como se dio la subordinación de su servicio. En detalle, no explicó
quien ejerció sobre ella las indicaciones de dependencia de forma permanente,
cuales sus jefes —si estos le dieron órdenes— y, en general, como se concretó
el direccionamiento del servicio.

25. Respecto a la alegada permanencia del servicio de la demandante,
reprochó que el a quo no se percatara que en los cuadros de los contratos de
prestación de servicios se evidencian interrupciones de meses o incluso de dos
años en las actividades.

26. Sobre la semejanza de las obligaciones realizadas por la demandante con
las actividades de los docentes a partir de la intensidad horaria del servicio,
censuró que el tribunal no tuvo en cuenta que del análisis de cada uno de los
contratos —en cuanto a sus horas y extremos— se concluye que la intensidad
de su servicio no fue superior a 5, 3 o 2 horas mensualmente. De modo que no
es cierto que la demandante prestó sus servicios todos los días y menos que la
intensidad del servicio fuera de 8 horas diarias.

27. Con respecto a las pruebas documentales, explicó que la mayoría de ellas
son ilegibles, así que no se extraen de ellas los elementos de una relación laboral.
Agregó que algunos de los correos electrónicos no eran dirigidos a la
demandante y las planillas de asistencia a clases demuestran que la prestación
del servicio no era a diario.

28. Con relación a los testimonios, realizó los siguientes análisis:

a) La señora Marleny Lesmez, aprendiz, manifestó que la actora prestó su
servicio por dos meses, mientras que el período discutido se extiende entre los
años 2004 y 2013. Además, solo conoció de su labor por las clases que
compartieron, las cuales, según indicó, tenían una duración de una o dos horas
diarias. Consideró que su declaración fue inconsistente y en todo caso, no se
derivan de su testimonio elementos de subordinación

b) La señora Leidy Katherine López, expresó haber sido alumna de la
demandante, pero su relato fue contradictorio con la otra testigo.

29. Subsidiariamente, solicitó que, de confirmarse la sentencia de primera
instancia, se realice un nuevo estudio de la prescripción, a partir de los criterios
expuestos en la sentencia del 23 de junio de 2016 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado6.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A: Radicado:

6800123333-2013-00174-01. C.P: Luis Rafael Vergara Quintero.

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Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
1.7. Trámite en segunda instancia

30. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto
de 3 de diciembre de 20197. Posteriormente, mediante proveído del 10 de febrero
de 20208, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

31. Dentro del término, la demandante9 —por conducto de su vocero judicial—
presentó escrito de alegatos, con el que solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia, reiterando los argumentos de la demanda y de los alegatos de
conclusión. En cambio, el Ministerio Público y el SENA guardaron silencio en esta
etapa procesal.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.

33. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso11, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandada, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

35. ¿Entre la señora Mery Cecilia Rodríguez Velandia y el SENA existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda, por haberse
acreditado la subordinación?

7 Cuaderno 2 del expediente folio 465.
8 Cuaderno 2 del expediente folio 473.
9 Índice 14 aplicativo SAMAI.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»

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Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
36. De resultar afirmativo lo anterior, se estudiará ¿si sobre tal vínculo
contractual acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal? y
¿si la parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas
en la demanda?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

37. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

38. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

39. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

40. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento

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debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico.

41. Con el material probatorio presentado al proceso, se evidencia que la
actora cumplió con la carga de demostrar la prestación personal de su servicio
en favor del SENA desde el 9 de julio de 2004 hasta el 13 de diciembre de 2013,
salvo interrupciones. Concretamente, los períodos en mención se prueban con
los siguientes documentos: copias de los contratos de prestación de servicios,
sus actas de inicio y finalización, y los informes de supervisión contractual12.

42. Los períodos, objetos y sumas de los contratos se relacionan de la
siguiente forma:

Número Inicio Fin Objeto del contrato Valor del
Contrato u contrato
Orden de
servicio
555 de 9 de julio de 9 de enero Impartir formación profesional en el área de: $13.286.700
200413 2004 de 2005 Producción Sostenible de Champiñones, durante
950 de horas para formación ocupacional a
jóvenes de la población rural del municipio de
Gambita, Centro Multisectorial para las provincias
Guanentina y Comunera.
Interrupción de 112 días hábiles
72 de 25 de junio 25 de Impartir formación profesional en el área de $8.800.800
200514 de 2005 diciembre Producción de Hongos Comestibles, durante 570
de 2005 horas para formación ocupacional a jóvenes de la
población rural del municipio de Valle de San
José Centro Multisectorial para las provincias
Guanentina y Comunera.
Interrupción de 16 días hábiles
34 de 25 de enero 25 de julio Impartir formación profesional en el área de $7.237.200
200615 de 2006 de 2006 emprendimiento a 6 órdenes de trabajo en los
municipios de Oiba, Onzaga, San Joaquín y
Villanueva para programa de Jóvenes Rurales.
Interrupción por un año y diez meses
95 de 25 de mayo 28 de enero Impartir 840 horas (60 en cada municipio) de $17.251.200
200816 de 2008 de 2009 formación profesional, dentro del programa de
Jóvenes Rurales, en el área de Experto en
Turismo, en el módulo de Atención al Usuario,
para los municipios de Barichara, Charala, Curiti,
Gambita, Guadalupe, Oiba, Valle de San José,
Villanueva, Cabrera, Aratoca, Pinchote, San Gil,
Simacota y Socorro.

12 Cuaderno 1 del expediente folios 133, 142, 157 y 179-195.
13 Cuaderno 2 del expediente folio 591.
14 Cuaderno 1 del expediente folio 15.
15 Cuaderno 1 del expediente folio 17.
16 Cuaderno 1 del expediente folio 21.

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Radicado: 68001-2333-000-2016-00340-01 (6226-2019)
Demandante: Mery Cecilia Rodríguez Velandia
Impartir 120 horas de formación en el Centro
Agroturístico del SENA, regional Santander,
dentro del programa de formación
complementaria en el área de Gestión
Empresarial, municipios, provincias de
Guanentina y Comunera.
Interrupción 10 días hábiles
77 de 12 de 11 de Prestación de servicios, como instructora $4.837.500
200917 febrero de mayo de contratista, impartiendo formación en el Centro
2009 2009 Agroturístico del SENA Regional Santander, en el
área de servicio al cliente, municipios provincia
Guanentina y Comunera
185 de 13 de abril 12 de Prestación de servicios, como instructor a término $18.920.000
200918 de 200919 diciembre fijo, impartiendo formación, dentro de los
de 2009 programas de formación titulada en la jurisdicción
del Centro Agroturístico
Interrupción 28 días hábiles
32 de 23 de enero 4 de Prestación de servicios temporales, como $25.833.333
201020 de 2010 diciembre instructor a término fijo, para la ejecución de
de 2010 programas de formación titulada y/o
complementaria, en la jurisdicción del Centro
Agroturístico
Interrupción 38 días hábiles
6 de 201121 31 de enero 30 de junio Prestación de servicios temporales, como $13.500.000
de 2011 de 2011 instructor a término fijo para la ejecución de
programas de formación titulada y/o
complementaria, en la jurisdicción del Centro
Agroturístico Regional Santander.
Interrupción 16 días hábiles
460 de 27 de julio 15 de Prestación de servicios temporales, como $7.571.070
201122 de 2011 diciembre instructor contratista, para la ejecución de
de 2011 programas de formación titulada y/o
complementaria del Centro Agroturístico,
Regional Santander
Impartir 135 horas, en el área de administración;
dentro del marco de formación por competencias
y proyectos.
Interrupción 27 días hábiles
052 de 27 de enero 27 de junio Prestación de servicios temporales como $13.000.000
201223 de 2012 de 2012 instructor contratista, para la ejecución de
programas de formación titulada
y/complementaria, en la jurisdicción del Centro
Agroturístico, Regional Santander
Interrupción 19 días hábiles
319 de 11 de julio 15 de Prestación de servicios temporales como $15.358.933
201224 de 2012 diciembre instructor contratista para la ejecución de
de 2012 programas de formación titulada y/o
complementaria en la jurisdicción del Centro
Agroturístico, Regional Santander.
Interrupción de 14 días hábiles
858 de 22 de enero 13 de Prestación de servicios temporales como $32.974.832
201325 de 2013 diciembre instructor contratista para la ejecución de
de 2013 programas de forma titulada y/o complementaria
en la jurisdicción del centro Agroturístico

43. Del análisis de los objetos contractuales se deduce que la demandante
desempeñó funciones como instructora en programas de formación titulada y/o

17 Cuaderno 1 del expediente folio 25.
18 Cuaderno 1 del expediente folio 26.
19 De la lectura de las minutas contractuales, así como de sus actas de inicio y finalización, se evidencia una

superposición entre los contratos 77 de 2009 y 185 de 2009, pues el contrato 77 finalizó el 11 de mayo de
2009 y el contrato 185 inició 13 de abril de 2009.
20 Cuaderno 1 del expediente folio 24.
21 Cuaderno 1 del expediente folio 31.
22 Cuaderno 1 del expediente folio 34.
23 Cuaderno 1 del expediente folio 38.
24 Cuaderno 1 del expediente folio 42.
25 Cuaderno 1 del expediente folio 45.

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complementaria, en áreas como: producción sostenible de champiñones,
producción de hongos comestibles, emprendimiento, turismo —en el módulo de
atención al usuario— y servicio al cliente.

44. Por otra parte, en cuanto a la contraprestación, que se refiere a los
emolumentos recibidos por la contratista durante la ejecución de las actividades
convenidas, la Subsección observa que dicho requisito se acredita con las
cláusulas referentes a los honorarios de los contratos, así como de los
certificados de pago de los contratos celebrados en el año 201326.

45. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato».

46. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si la contratista estuvo subordinada al SENA durante la ejecución de
los contratos.

47. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

48. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que la
demandante tuvo diferentes lugares de trabajo, pues los contratos de prestación
de servicios se suscribieron para ser desarrollados en favor de población rural en
el área de jurisdicción del Centro Agroturístico regional Santander del SENA, que
para ciertos contratos fue especificado en las provincias de Guanentina y
Comunera27, y para otros en los municipios de Oiba, Onzaga, San Joaquín,
Villanueva, Barichara, Charalá, Curiti, Gambita, Guadalupe, Valle de San José,
Cabrera, Aratoca, Pinchote, San Gil, Simacota y Socorro28.

49. En relación con el horario de labores, la Subsección advierte que las
pruebas allegadas al expediente permiten acreditar la forma en que la
demandante prestó el servicio, conforme se detalla a continuación:

50. Consta en el expediente los formatos de horas programadas para la
prestación del servicio de la demandante en los meses de marzo, agosto y

26 Cuaderno 1 del expediente folios 146, 196 – 199, 207, 221 y 241.
27 Contratos: 555 de 2004 y 77 de 2009.
28 Contratos: 72 de 2005, 34 de 2006 y 95 de 2008.

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septiembre de 201129; febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre de 201230;
enero – julio, abril – mayo y octubre – noviembre de 201331.

51. De tales documentos se observa que los horarios de la actora variaban
conforme a los cursos impartidos. En algunos casos, la actividad se desarrollaba
de lunes a viernes; en otros, dos o tres veces por semana.

52. En cuanto a las franjas horarias, se evidencia lo siguiente: En 2011, la
demandante laboró en marzo y septiembre entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., y
en agosto entre las 12:30 p.m. y las 3:30 p.m. En 2012, en febrero entre las 6:30
p.m. y las 10:30 p.m.; en abril, entre las 9:30 a.m. y 12:30 p.m., y entre 1:30 p.m.
y 6:30 p.m.; en junio entre las 6:00 a.m. y las 2:00 p.m.; y en agosto entre las 7:00
a.m. y las 10:00 a.m.

53. Para el año 2013, los horarios en enero y julio fueron entre las 4:00 p.m. y
las 8:00 p.m.; y entre abril y mayo, entre las 6:30 p.m. y las 10:30 p.m. Asimismo,
obran en el expediente planillas de entrada y salida del Centro Agroturístico de
Santander correspondientes al mes de abril de 201332, en las que se indica que
la demandante prestó sus servicios generalmente entre las 3:00 p.m. y las 8:00
p.m., 9:30 p.m. o 10:30 p.m.

54. También sobre el horario de servicios, la testigo Marleny Lesmez
Salamanca —en calidad de aprendiz de la demandante en el SENA en el año
201133— indicó que los cursos se dictaban de lunes a viernes34 entre las 6:30
p.m. y las 11:00 p.m. De igual modo, la señora Leidy Katherine López Carreño,
también aprendiz de la demandante en ese año35, explicó36 que los cursos se
impartían entre 6:30 p.m. y las 11:00 p.m.

55. Así las cosas, las pruebas obrantes en el plenario permiten acreditar los
periodos en los que la demandante prestó sus servicios en favor del SENA entre
los años 2011 y 2013, los cuales variaban periódicamente según los cursos
programados. No obstante, no obran en el expediente elementos que
establezcan con precisión los periodos de prestación del servicio entre los años
2004 y 2010, sin perjuicio de que pueda inferirse que los contratos celebrados en
esos años exigían la atención de determinadas franjas horarias.

29 Cuaderno 1 del expediente folios 448-53 y 68-69.
30 Cuaderno 1 del expediente folios 211, 213, 235, 245 y 258-261.
31
Cuaderno 1 del expediente folios 131 y siguientes.
32 Cuaderno 1 del expediente folios 211, 213 y 235.
33 La testigo sobre el conocimiento del servicio de la demandante dijo: «(…) la conozco desde el año 2011

que fue donde yo hice mi grado de escolaridad allá, técnico de asistencia administrativa (...)».
34 Sobre los horarios de servicio la testigo dijo: «Ella nos dictaba clase de lunes a viernes de seis y media

de la noche hasta las once de la noche (…)».
35 Respecto a su conocimiento del servicio de la demandante, la testigo dijo: «Bueno, yo conozco a la

profesora Mary del 2011, fui estudiante de ella de la especialización de técnico de asistencia administrativa.
La profesora nos dictó archivística (…)».
36 Acerca de los horarios de cumplimiento de servicio la testigo dijo: «Pregunta: ¿Cuántos módulos le dio

ella en la especialidad? Contestó: Tres módulos, creo. Pregunta: ¿En qué horario? Contestó: El horario que
nosotros ejercíamos era de seis y media a once de la noche (…)».

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56. En todo caso, contrario a lo establecido por el tribunal, esta Subsección
considera que el hecho de que la demandante se comprometiera a prestar sus
servicios en determinados espacios temporales no configura por sí solo el
elemento de subordinación. En efecto, esta Subsección ya ha precisado en otras
ocasiones que el cumplimiento de un horario no debe entenderse como un
elemento que en su análisis particular y aislado lo configure37. Por el contrario,
ello debe entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el
contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido.

57. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas se encontraban dirigidas de manera
contundente por la entidad contratante.

58. La entidad demandada, en su recurso de apelación, censuró que en el
expediente no se evidencian pruebas suficientes para acreditar una relación
laboral, en particular porque no se demostró el requisito de la subordinación.
Según alegó, la parte demandante no logró desvirtuar la existencia de una simple
coordinación en el marco de los contratos celebrados.

59. Para la Sala, le asiste razón a la parte apelante, pues, del análisis conjunto
de las pruebas no se desprende de manera clara que funcionarios de la entidad
ejercieran de forma decisiva dirección y control efectivo sobre las actividades de
la señora Rodríguez Velandia. Por lo tanto, no se extraen los componentes de
juicio necesarios que permitan establecer la existencia del elemento de la
subordinación.

60. En relación con los testimonios, se tiene que las señoras Marleny Lesmez
Salamanca y Leidy Katherine López Carreño no precisaron en sus declaraciones
haber presenciado situaciones en las que personal del SENA emitiera órdenes o
directrices concretas a la demandante.

61. Ambas declarantes señalaron únicamente que, para la ejecución de las
actividades contratadas, a los instructores se les proporcionaban guías de
programación del servicio38. Sin embargo, no explicaron de qué manera, en el

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
38 Al respecto, la testigo Marleny Lesmez Salamanca al respecto dijo: «(…) Eran unas clases pues muy

métricas porque siempre pues el SENA nos daba pues les daba a ellos unas guías esenciales que teníamos
nosotros que cumplir en tiempo y horario tales clases, tales para que no se saliera uno del rango entonces

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caso concreto de la actora, dichas guías limitaban su autonomía. Cabe recordar
que la coordinación de tareas, en el marco de un contrato de prestación de
servicios, responde a la necesidad lógica de garantizar su ejecución adecuada,
lo cual no constituye, por sí solo, un indicio de subordinación39.

62. Además, se advierte que el conocimiento de las testigos sobre la prestación
del servicio por parte de la demandante es limitado, ya que ambas afirmaron
haber tenido contacto con ella únicamente durante el año 2011. En particular, la
señora Lesmez Salamanca indicó que recibió instrucción por parte de la actora
durante solo dos meses40. Por lo tanto, sus declaraciones tienen un alcance
probatorio reducido, en tanto se refiere a un período corto dentro de una relación
contractual que se extendió por más de ocho (8) años, lo que les resta fuerza
para acreditar una dirección efectiva de las actividades por parte del SENA

63. Por otro lado, en el expediente obran un grupo de ciento nueve (109)
correos electrónicos, los cuales se clasifican en dos, así: i) correos reenviados
por personal del SENA a un grupo numeroso de instructores; y ii) correos
enviados por personal de SENA directamente a la demandante, junto a otras
personas.

64. En el primer grupo41, la Subsección, destaca los siguientes emails: en
correo sin fecha se citó a la realización de una reunión42; correo sin fecha en el
que se citó a los destinatarios a participar en la asamblea de instructores; el 8 de
abril de 2013, se puso de presente la finalización de la oferta pedagógica del
tercer trimestre en el centro43; el 28 de junio de 2013, se referenció el
procedimiento a seguir durante la semana de receso académico en el SENA 44;
correo sin fecha en el que se solicitó la asistencia de un conversatorio a realizar
el 22 de abril (no se observa año de realización)45; el 16 de abril de 2013 se le
indicó a los contratistas la necesidad de cumplir con el número de horas
establecidas en los contratos46; el 19 de abril de 2013, se citó a la realización de
una reunión47; correo sin fecha en el que se recordó que los instructores para la
prestación del servicio debían usar bata48; el 27 de noviembre de 2013 se envió

ellos, los profesores nos dictaban aquí en esta semana tenemos que ver esto y estos temas uno tenía que
cumplir esas clases (…)».
Por su parte, la testigo Leidy Katherine López Carreño indicó: «El SENA daba unas guías específicas en el
cual debían ser cumplidas en cierto tiempo, en casos, digamos, de algunos temas que no alcanzábamos a
ver. Nos tocaba suplir tiempo de descanso, de receso de nosotros para poder terminar en sí el contenido de
cada tema».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintitrés (23) de mayo de dos mil

veinticuatro (2024). Rad. 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
40 En particular, la testigo dijo: «Pregunta: ¿Qué tiempo fue o en qué etapa fue docente la demandante? Si

no se acuerda la fecha quiero saber es el periodo, en cuanto ¿Cuánto fue la duración del módulo que le
editó? Contestó: Pues no recuerdo bien pero creo unos dos meses».
41 Correos reenviados por personal del SENA a un grupo numeroso de instructores.
42 Cuaderno 1 del expediente folio 44.
43 Cuaderno 1 del expediente folio 55.
44 Cuaderno 1 del expediente folio 50.
45 Cuaderno 1 del expediente folio 51.
46 Cuaderno 1 del expediente folio 56.
47 Cuaderno 1 del expediente folio 57.
48 Cuaderno 1 del expediente folio 57.

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material bibliográfico a los instructores del SENA49; el 12 de diciembre de 2013,
por medio del cual se invitó a los instructores a una cena de fin de año50; y correo
sin fecha, a través del cual, de manera general, se solicitó la actualización de la
hoja de vida de los instructores51.

65. La Sala observa que dichas comunicaciones fueron impersonales,
dirigidas a múltiples instructores, y contenían información general necesaria para
la prestación del servicio, lo que refleja una coordinación propia del vínculo
contractual, no subordinante.

66. De modo que no es posible concluir —como se hizo en la sentencia de
primer grado— que a través de estas misivas se le impusieron a la actora
directrices que desborden los límites de coordinación entre las partes, o que se
le obligó a permanecer en la entidad por períodos de tiempo; pues se repite, de
las pruebas aportadas, dada su impersonalidad, no es factible extraer tales
conclusiones.

67. En todo caso, el hecho de que la contratista pudiera usar una bata para la
prestación del servicio —contrario a lo establecido por el tribunal— no configura
un indicio de subordinación, pues ese elemento hace parte de las
regularizaciones coordinadas que establecen las partes para lograr el cometido
del contrato. En ese sentido, el uniforme cumple el propósito de identificar al
contratista con el servicio prestado, lo relaciona con la entidad contratante, al
mismo tiempo que lo diferencia de los usuarios o personal externo de esta.

68. Por otro lado, en el segundo grupo52, se destacan los siguientes correos
enviados por personal del SENA, entre otras personas, a la señora Rodríguez
Velandia: el 24 de junio se le indicó que tuviera en cuenta cierta información
referente a los límites de tiempo para la recepción de los documentos de cada
programa53; el 27 de junio de 2013, se le citó, junto con otros instructores a la
realización de una reunión54; el 27 de junio de 2013, se le indicó, junto a otros
instructores, el procedimiento a seguir en la prestación del servicio durante el
período de receso de instrucción de los aprendices entre el 2 a 6 de julio 55; el 2
de julio de 2013, se le citó a una reunión con el equipo pedagógico 56; el 26 de
noviembre de 2013, se le recordó a ciertos instructores, entre ellos la
demandante, la presentación del informe de gestión57; el 28 de noviembre de
2013, se citó a la demandante a la realización de una reunión el 29 de noviembre
de 201358; el 10 de diciembre de 2013, se le solicitó —entre otras personas— a

49 Cuaderno 1 del expediente folio 351.
50 Cuaderno 1 del expediente folio 343.
51 Cuaderno 1 del expediente folio 345.
52 Correos enviados por personal de SENA directamente a la demandante, junto a otras personas.
53 Cuaderno 1 del expediente folio 45.
54 Cuaderno 1 del expediente folio 46.
55 Cuaderno 1 del expediente folio 52.
56 Cuaderno 1 del expediente folio 48.
57 Cuaderno 1 del expediente folio 379.
58 Cuaderno 1 del expediente folio 371.

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la demandante la presentación del informe de gestión corregido 59; correo sin
fecha en donde se le solicitó a la demandante corregir los nombres de los
aprendices registrados en el curso impartido60; correo del 31 de agosto de 2013,
a través del cual se le indicó a la demandante el procedimiento a realizar en caso
de inasistencia de aprendices a las instrucciones61; y correo del 15 de septiembre
de 2013, donde se le pidió a la demandante la información correspondiente a la
oferta educativa impartida62.

69. De esas documentales, la Sala solo advierte los lineamientos o
procedimientos indicados a los instructores relativos a los períodos de recesos o
inasistencia de aprendices, lo cual, lejos de constituir órdenes o instrucciones
específicas sobre la forma de prestación del servicio, constituyen pautas
generales y coordinadas que se enmarcan en las facultades administrativas del
contratante orientadas al cumplimiento adecuado de las obligaciones
contractuales.

70. Lo propio ocurre con la presentación de informes de gestión del contratista,
ya que, en estricto sentido, a través de ellos se logra constatar el estado del
cumplimiento de los contratos. Por lo que solo denotan la existencia de
coordinación entre las partes63.

71. Finalmente, la circunstancia de invitación a reuniones tampoco permite
concluir la existencia de direccionamientos sobre el servicio de la demandante;
pues, más allá de esas citaciones, no existe dentro del expediente otros
elementos de juicio que determinen el objeto de ellas; si la actora acudió a estas;
o recibió órdenes por parte de la entidad o no acudió y por esta última tuvo o no
algún llamado de atención.

72. Por lo demás, en los restantes documentos que obran en el expediente
solo se encuentran: los contratos de prestación de servicios con sus respectivas
actas de inicio y finalización; constancias e informes de ejecución contractual;
reportes de actividades; pólizas; un documento relativo a un curso de
actualización pedagógica titulado «Taller guías de aprendizaje e instrumentos de
evaluación»64; una tabulación de información sobre factores de calificación de
instructores en el SENA65 —sin que se evidencie relación directa con la
demandante— y la Resolución 02130 de 2013, «por medio de la cual se
determinan los tipos de oferta de programas de formación profesional del SENA
y sus categorías»66. De estos elementos no se desprenden indicios de
subordinación sobre el servicio prestado por la actora.

59 Cuaderno 1 del expediente folio 350.
60 Cuaderno 1 del expediente folio 380.
61 Cuaderno 1 del expediente folio 422.
62 Cuaderno 1 del expediente folio 453.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29

de julio de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
64 Cuaderno 1 del expediente folio 270.
65 Cuaderno 1 del expediente folio 127.
66 Cuaderno 1 del expediente folio 360.

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73. Igualmente, no es de recibo el argumento expuesto en la sentencia de
primera instancia, según el cual el hecho de que la demandante hubiera prestado
sus servicios durante aproximadamente ocho años se configure la existencia de
una relación laboral. Al respecto, debe recordarse que, en la jurisdicción
contencioso-administrativa, quien pretenda la declaratoria de una relación laboral
encubierta con entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución
del servicio, se configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal,
remuneración y, especialmente, subordinación.

74. Esto, pues el ordenamiento jurídico nacional permite que las entidades del
Estado cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con
personas distintas a las que integran su planta de personal, mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades
requieran conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el
personal empleado.

75. También se desvirtúan el argumento relativo a que la subordinación se
encuentra implícita en el servicio de la demandante, en tanto que su labor se
asemeja a la realizada por los docentes. Al respecto, la Sala aclara que el
ejercicio de instrucción de la demandante en favor del SENA no es equiparable
a las actividades de docente, dado que las funciones ejercidas por los
educadores vinculados en planteles educativos del Estado se encuentran
precedidos por múltiples estamentos que imponen en la actividad las condiciones
en que en tiempo, modo y lugar se presta el servicio.

76. Igualmente, la Subsección ha sostenido que la vinculación de instructores
al ser indispensable para dar ejecución al objeto principal de la institución es
dable que se dé mediante una relación legal o reglamentaria o por medio del
contrato de prestación de servicios, en tanto, es permitido y reglamentado por el
Estatuto General de Contratación, así como los manuales de funciones y
circulares expedidos por el SENA67.

77. Por lo tanto, la Corporación68 ha explicado que en los casos de los
formadores del SENA que fueron beneficiaros de contrato de prestación de
servicios, se debe cumplir con la carga de acreditar que la relación contractual se
ejecutó bajo la continuada subordinación y dependencia de los funcionarios de la
institución.

78. Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era

67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 26 de septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023). CP Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.

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a la actora a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona
con la entidad a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso,
tal y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes69.

79. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»70.

80. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
negarlas.

81. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás problemas
jurídicos.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

82. En anteriores oportunidades, esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas;
no obstante, actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es
procedente verificar la carencia de fundamento legal.

83. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de
primera instancia, no hay lugar a condenar en costas en ambas instancias, toda
vez que se sustentaron las razones esgrimidas por las partes en defensa jurídica
de sus intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

84. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha trece (13) de agosto de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar, NEGAR las

69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
70 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.

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pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: ACÉPTESE la sustitución de poder presentada por Jorge Alberto
Vera Villamizar en favor de Leidy Katherine Castro Murillo, como vocero judicial
del demandante, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el
aplicativo SAMAI índice 19. Asimismo, ACÉPTESE la reasunción de poder del
abogado Jorge Alberto Vera Villamizar como vocero judicial del demandante,
conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI
índice 22.

TERCERO: ACÉPTESE la renuncia de Iader Fofero Cordero como vocero
judicial de la entidad demandada conforme lo consignado en el expediente digital,
visible en el aplicativo SAMAI índice 22. RECONOCER personería adjetiva para
actuar a Sergio Augusto Hernández Moreno como vocero judicial de la entidad
demandada, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el
aplicativo SAMAI índice 38.

CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

QUINTA: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

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