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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2018-01144-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2018-01144-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte demandante, por lo ya dicho. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2018-01144-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicado: 76001-23-33-004-2018-01144-01 (2458-2025)
Demandante: Ana Rita Patiño García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-004-2018-01144-01 (2458-2025)
Demandante: Ana Rita Patiño García
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. No se probó la
subordinación en la prestación del servicio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 5 de
junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1.1 Pretensiones de la demanda

2.Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios 2-
2018-000481 de 7 de marzo de 2018 y 2-2018-000383 de 28 de febrero de 2018,
mediante los cuales el SENA negó la existencia de una relación laboral con la
demandante y el pago de las prestaciones sociales. Como consecuencia, solicitó
que se declarara la existencia del contrato realidad entre las partes por el período
comprendido entre el 3 de octubre de 2012 y el 15 de diciembre de 2017.

3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada a pagarle las prestaciones sociales a que tenía derecho, las
1
En adelante SENA.
2
Página 1 en adelante cuaderno 1, expediente físico.

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Demandante: Ana Rita Patiño García
diferencias salariales, la devolución del dinero de las pólizas que suscribió para
los contratos, las horas extras y nocturnas, viáticos, y la devolución de los aportes
al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales.
Asimismo, solicitó el pago de la indemnización por despido injustificado de que
trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la condena a la demandada
en costas y agencias en derecho y, finalmente, la actualización de los dineros
que se reconozcan.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

4.La señora Ana Rita Patiño celebró contratos de prestación de servicios con el
SENA, para el desarrollo de actividades como instructora del Centro
Agropecuario de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, entre el 3 de
octubre de 2012 y el 15 de diciembre de 2017, sin solución de continuidad.

5.Durante la ejecución de la labor cumplió con las indicaciones y órdenes dadas
por sus superiores del Centro Agropecuario, especialmente por los coordinadores
del servicio, de manera que siempre estuvo bajo continua subordinación.
Además, prestó su servicio en horarios nocturnos y en diferentes lugares
externos al municipio de Buga; y cumplió sus funciones en las mismas
condiciones de los empleados de planta del SENA.

6. Por lo anterior, la demandante solicitó el 26 de febrero de 2018 el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales
dejadas de percibir, así como la indemnización por despido injustificado. No
obstante, la entidad demandada, a través de los oficios demandados, negó tales
solicitudes.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7. Como normas vulneradas se citaron los artículos 1, 2, 6, 13, 14, 23, 25, 29, 53,
122, 125, 209 y 277 de la Constitución Política; Decreto 3135 de 1968; Decreto
2400 de 1968, artículos 26, 40, 46 y 62; Decreto 1848 de 1969, artículos 31, 35
y 60; Decreto 1950 de 1973, artículos 108, 180, 215, 240, 241 y 242; Decreto
1042 de 1978, artículos 58 y 60; Ley 4 de 1990; Ley 80 de 1993; Ley 115 de
1994; Ley 119 de 1994; Ley 909 de 2004; Decreto 1225 de 2005; Ley 1071 de
2006, artículo 2; Ley 437 de 2011; Decretos 1072 y 1083 de 2015.

8. Como concepto de violación, explicó que los actos administrativos acusados
adolecen de nulidad, debido a que vulneraron el principio de la realidad sobre la
forma consagrado en el artículo 53 de la Constitución; por cuanto su servicio se
cumplió en condiciones de subordinación y en similares condiciones a la de los
empleados públicos de planta de la entidad.

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Demandante: Ana Rita Patiño García
1.4. Contestación de la demanda3

9. El SENA contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En cuanto a los
hechos, indicó que los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes fueron temporales y no permanentes, y tenían por objeto la realización de
determinadas actividades sin la presencia de los elementos esenciales de la
relación laboral, especialmente la subordinación, en tanto que las actividades las
realizó la contratista de manera autónoma e independiente. Respecto al horario,
consideró que su cumplimiento no era impuesto por la entidad, debido a que no
se pactó en los contratos celebrados.

10. Con base en lo anterior, estimó que la entidad no ha vulnerado los derechos y
disposiciones jurídicas que se invocan en la demanda. Por lo tanto, presentó
como excepciones de mérito las siguientes: i) inexistencia del vínculo o relación
laboral; ii) cobro de lo no debido; iii) prescripción trienal, sin que implique el
reconocimiento de una relación laboral; y, iv) la innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia4

11. El Tribunal profirió sentencia el 5 de junio de 2025, a través de la cual declaró
la nulidad del Oficio 2-2018-000383 del 28 de febrero de 2018 y la existencia de
una relación laboral encubierta entre las partes entre el 4 de octubre de 2012 y
el 15 de diciembre de 2017, sin perjuicio de las interrupciones que existieron entre
los contratos. De igual modo, declaró la prescripción extintiva de los derechos
causados con anterioridad al 9 de septiembre de 2013. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago a cargo del SENA
y en favor de la actora de las prestaciones sociales «que devengan los
instructores de la entidad» con base en los honorarios recibidos, a partir del 9 de
septiembre de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2017, exceptuando las
interrupciones que existieron entre los contratos.

12. Finalmente, ordenó al SENA tomar como ingreso base de cotización
pensional los honorarios pactados entre las partes durante todo el periodo en que
se declaró la relación laboral, y realizar los aportes que le correspondían como
empleador real, mes a mes, en el fondo de pensiones donde la demandante
realizó los aportes. Negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.

13. Para arribar a la anterior conclusión, el a quo consideró que se acreditó la
existencia de los tres elementos esenciales de la relación laboral encubierta de
la siguiente manera:

14. Prestación personal del servicio: de acuerdo con los documentos y los
testimonios recaudados, se acreditó que la señora Ana Rita Patiño prestó sus

3
Página 254 en adelante cuaderno 1, expediente físico.
4
Índice 18 del aplicativo SAMAI primera instancia.

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servicios a favor del SENA como instructora que impartía formación profesional y
asesoría en los programas del área de atención a la primera infancia, salud
ocupacional y regencia en farmacia, en el período comprendido entre el 4 de
octubre de 2012 y el 15 de diciembre de 2017.

15. Remuneración: este requisito se probó, igualmente, con las cláusulas de los
contratos que se referían a los dineros que recibió la actora como honorarios.

16. Subordinación: para el Tribunal, conforme a los testimonios se probó que
las funciones realizadas por la demandante fueron ejecutadas de manera
subordinada, debido a lo siguiente: i) se requería de su presencia física en las
instalaciones de la entidad o de las entidades con las que el SENA hubiera
realizado convenios; ii) debía cumplir con el horario especificado en las fichas; iii)
cumplió con las directrices y órdenes que daba el coordinador académico, quien
convocaba reuniones semanalmente.

17. Además de lo anterior, estimó que las actividades efectuadas por la actora
eran permanentes en el SENA, ya que, si bien sus obligaciones no hacían parte
del manual de funciones, se desarrollaron por más de cinco años de manera
sucesiva, lo que desdibujaba la modalidad de vinculación a través de contratos
de prestación de servicios.

18. Lo anterior fue suficiente para que el Tribunal considerara que los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes, en realidad, encubrieron
una relación laboral. En consecuencia, en aplicación del principio de la realidad
sobre las formas declaró la nulidad del oficio 2-2018-000383 del 28 de febrero de
2018 y accedió al pago de las prestaciones solicitadas únicamente entre el 9 de
septiembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2017, debido a que las causadas
antes del 9 de septiembre de 2013 se encuentran afectadas por el fenómeno de
la prescripción trienal.

19. Asimismo, reconoció el pago de los aportes a pensión durante todo el periodo
de la relación laboral, dada su imprescriptibilidad; negó el pago de la devolución
de los aportes realizados por la actora al Sistema de Seguridad Social en salud
y riesgos laborales; consideró improcedente el pago en favor de la actora de los
salarios ajustados a los percibidos por empleados de planta, la sanción moratoria
por el no pago de las prestaciones sociales y la indemnización por despido sin
justa causa.

1.6. Recursos de apelación

20. El SENA, a través de su vocero judicial, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia con el fin de que se revocara íntegramente y,
en su lugar, se negaran las pretensiones.

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21. Expresó que a pesar de que se probó la prestación personal del servicio y la
remuneración, no se acreditó la subordinación del SENA frente a la demandante
con las pruebas que reposan en el expediente, dado que no existe constancia
documental o testimonial de imposiciones horarias de la entidad sobre la actora,
equivalentes a las exigidas a los empleados de planta. Si bien se probó que ella
realizó sus actividades en determinadas horas, ello no acredita que fueron
impuestas.

22. Tampoco se probó la existencia de órdenes o imposiciones por parte del SENA
a la actora, pues en la ejecución contractual solo emitió determinadas
instrucciones generales dentro del parámetro de coordinación.

23. Respecto a las reuniones de servicio, según la declaración del señor Carlos
Alberto Polanco, se evidencia que estas eran para asuntos relacionados con las
planillas de pago y no para dar indicaciones sobre la manera de desarrollar el
servicio.

24. Explicó que la verificación por parte del SENA de las obligaciones adquiridas
por la actora en los contratos de prestación de servicios no excede su objeto ni
demuestra la existencia de subordinación. Además, tampoco se probó que en la
ejecución de la labor se desarrollaran actividades diferentes a las pactadas.

25. Finalmente, en gracia de discusión, y en caso de que se confirme la existencia
de la relación laboral entre las partes, solicitó que se mantenga la decisión de no
reconocer el reajuste de salarios, el pago de la sanción moratoria y la
indemnización por despido injustificado.

26. La demandante presentó recurso de apelación parcial contra la sentencia de
primera instancia, únicamente en lo que respecta al restablecimiento del derecho.
Explicó que, a su juicio, sí tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste
salarial, el pago de la sanción moratoria por el no pago de las prestaciones
sociales producto de la terminación del contrato y la indemnización por el despido
sin justa causa.

1.7. Trámite en segunda instancia

27. En el auto que se admitió los recursos de apelación5, se dispuso que el
Ministerio Público podría rendir concepto desde esa oportunidad hasta cuando el
proceso subiera nuevamente al despacho para fallo.

28. En ese término, la Procuraduría Delegada ante esta Corporación rindió
concepto a través del cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia. Como sustento, explicó que, conforme a la naturaleza de las funciones
ejecutadas y las pruebas que hay en el expediente permiten advertir la

5
Del 6 de febrero de 2026.

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concurrencia de los tres elementos esenciales de la relación laboral en el servicio
de la actora.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

30. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan recurrido toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como el recurso lo
presentaron ambas partes, pero únicamente en puntos determinados de la
sentencia de primera instancia, la resolución del caso se ceñirá a cada uno de
sus planteamientos.

2.2. Problema jurídico

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

32. ¿Entre la señora Ana Rita Patiño García y el SENA existió una relación laboral
encubierta en el periodo reclamado en la demanda?

33. En caso de que se encuentre probado lo anterior, se estudiará si sobre tal
vínculo acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la
parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la
demanda, así como los emolumentos reiterados en el recurso de alzada.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

34. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

35. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

36. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

37. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

38. De acuerdo con las minutas contractuales, sus actas de inicio y finalización,
así como el certificado del 5 de octubre de 2017 expedido por el subdirector del
Centro Agropecuario de Buga, se acredita que la demandante cumplió con la
carga de demostrar la prestación personal de su servicio en favor del SENA
entre el 3 de octubre de 2012 y el 15 de diciembre de 2017, por la suscripción
de 9 contratos de prestación de servicios, cuyos objetos, extremos temporales y
valores se discriminan en el siguiente cuadro:

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Número Objeto contratado Inicio Finalización Valor
contrato
000371 del 3 de Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, por 3 de octubre de 15 de diciembre $7.724.700
octubre de 2012 horas como instructor para impartir formación profesional, 2012 de 2012
asistencia técnica, asesoría a las empresas y jornadas de
divulgación tecnológica para las acciones de formación
programadas por el Centro Agropecuario de Buga en los
programas de oferta regular, en el área de ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
001986 del 6 de Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, por 6 de septiembre 13 de diciembre $7.956.300
septiembre de horas como instructor para impartir formación profesional, de 2013 de 2013
2013 asistencia técnica, asesoría a las empresas y jornadas de
divulgación tecnológica para las acciones de formación
programadas por el Centro Agropecuario de Buga en los
programas de oferta regular, en el área de ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
001498 del 21 Prestación temporal de servicios profesionales por horas para 21 de enero de 15 de julio de $11.739.000
de enero de impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las 2014 2014
2014 empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programada por el
Centro Agropecuario de Buga en los programas de oferta regular
titulada yo complementaria y/o virtual: Atención Integral a
Primera Infancia. 003425 del 21 Prestación temporal de servicios profesionales por horas para 21 de julio de 13 de diciembre $11.739.000
de julio de 2014 impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las 2014 de 2014
empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programadas por el
centro agropecuario de buga en los programas de oferta regular
titulada y/o complementaria y/o virtual: atención integral a
primera infancia. 000801 del 22 prestación temporal de servicios profesionales por horas para 22 de enero de 30 de junio de $14.059.500
de enero de impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las 2015 2015
2015 empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programadas por el
Centro Agropecuario de Buga en los programas de Oferta
Regular formación titulada y complementaria en el área Salud
Ocupacional. 002798 del 6 de prestación temporal de servicios profesionales por horas para 6 de julio de 5 de diciembre $11.247.600
julio de 2015 impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las 2015 de 2015
empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programadas por el
Centro Agropecuario de Buga en los programas de Oferta
Regular formación titulada y complementaria en el área Salud
Ocupacional. 001436 del 30 Prestación temporal de servicios profesionales por horas para 1 de febrero de 30 de junio de $9.267.200
de enero de impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las 2016 2016
2016 empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programadas por el
Centro Agropecuario de Buga en los programas de Oferta
Regular Formación titulada y complementaria en el área Salud
Ocupacional
002775 del 19 Prestación temporal de servicios profesionales como instructor 19 de julio de 17 de diciembre $13.032.000
de julio de 2016 por horas para impartir formación profesional, asistencia técnica, 2016 de 2016
asesoría a las empresas y jornadas de divulgación tecnológica
para la ejecución de las acciones de formación programadas por
el Centro Agropecuario de Buga en los programas de oferta
regular, formación titulada y complementaria en el área de: salud
ocupacional.

001737 del 6 de Prestación temporal de servicios profesionales por horas para 7 de febrero de 15 de diciembre $28.337.550
febrero de 2017 impartir formación profesional, asistencia técnica, asesorar a las 2017 de 2017
empresas y jornadas de divulgación tecnológica para la
ejecución de las acciones de formación programadas por el
Centro Agropecuario de Buga en los programas de oferta regular
formación titulada y complementaria en el área de Regencia de
Farmacia.

39. De la lectura de los objetos contractuales, se evidencia que la actora, durante
todo su período de contratación, desarrolló el servicio de instructora en el SENA
en tres áreas diferentes: i) entre el 3 de octubre de 2012 y el 13 de diciembre de
2014 —salvo interrupciones— en los programas de formación titulada y
complementaria en atención integral a la primera infancia; ii) entre el 22 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2016 —salvo interrupciones— en los programas
de oferta regular, formación titulada y complementaria en el área de salud
ocupacional; iii) entre el 7 de febrero y el 15 de diciembre de 2017 en los
programas de formación titulada y complementaria en el área de regencia de
farmacia.

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40. De otra parte, con los mismos documentos que se probó la prestación del
servicio se acredita la contraprestación —que se refiere a los emolumentos
recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas—
a partir de las cláusulas que discriminan los honorarios recibidos por la actora.

41. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

42. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

43. En esos términos, se advierte, como lugares de trabajo, la Subsección
observa que los contratos suscritos entre las partes entre el 3 de octubre de 2012
y el 31 de diciembre de 2014 consignaron en sus cláusulas que las obligaciones
de la actora se podían realizar en la ciudad de «Guadalajara de Buga y/o área de
cobertura del Centro»8. En consonancia con esto, los documentos que se
aportaron con el CD a folio 76 del expediente físico y que se refieren a los
informes de ejecución contractual dejan constancia de que, para los años 2012,
2013 y 2014, las actividades de la demandante se realizaron en diferentes
municipios del departamento del Valle del Cauca, tales como Darién, Restrepo,
Guacarí, Buga y San Pedro.

44. Posteriormente, entre los años 2015 y 2017, los informes de ejecución
contractual de la demandante indican que sus actividades eran realizadas en las
instalaciones del Centro Agropecuario de Buga, perteneciente al SENA.

45. Ahora bien, para la Subsección, contrario a lo considerado por el Tribunal en
la sentencia recurrida, el hecho de que la demandante hubiera realizado las
actividades contractuales en determinados lugares —bien fuera en las
instalaciones del SENA o por fuera de ellas— no es concluyente para acreditar
la subordinación en el servicio, debido a que, como se vio, dentro de las
obligaciones contractuales expresamente se dispuso que la contratista debía
cumplir con el objeto convenido, primero, en diferentes lugares de cobertura del
centro y, posteriormente, al interior de este. Por lo tanto, se considera que ello
hacía parte de las obligaciones a las que se comprometió la contratista para
lograr el correcto desarrollo del servicio. De modo que, para determinar la
existencia de la subordinación, es necesario analizar los otros elementos que
reposan en el expediente.

8
Véase, por ejemplo, la cláusula vigésima primera del contrato 003425 de 2014.

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46. Respecto al horario de labores, la señora Rosalba Mondragón Zúñiga —
quien indicó que conoció a la demandante porque ambas fueron instructoras del
SENA— explicó que aquella prestaba sus servicios en franjas de tiempo variables
de acuerdo con la programación de la entidad; de manera que las actividades de
instrucción podían realizarse tanto en horas del día como en la noche 9.

47. En el mismo sentido testificó la señora Mónica Durán Payán —quien adujo que
conoció a la demandante debido a que prestó el servicio en la coordinación del
área donde esta ejecutó sus contratos—, ya que, al ser interrogada sobre el
horario de servicio de la actora, explicó que este variaba dependiendo de la oferta
que impartía el centro de formación10.

48. De igual modo, el señor Carlos Alberto Polanco Huertas —manifestó haber
sido el coordinador del servicio de la demandante— y explicó que las
programaciones del servicio eran realizadas conforme la necesidad11.

49. En cuanto a los documentos, la Subsección advierte que con la demanda se
aportaron diferentes capturas de pantalla de la plataforma Sofia Plus, que, según
se indicó en la demanda, correspondían a las programaciones de servicio de la
actora; no obstante, de su lectura no es viable determinar si, en efecto, ellas
correspondían a la prestación de su servicio, y si así lo fuera, la Sala12 ha
reiterado que la sola existencia de un horario no resulta suficiente para acreditar
la configuración de una relación laboral encubierta, pues es necesario que
concurran otros indicios —como el direccionamiento y control efectivo del
servicio— que, valorados en conjunto, conduzcan al juez a la firme convicción de
su existencia.

50. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

9
«Pregunta: ¿recuerda usted si esa modalidad era, es decir, ella dictaba clase todo el día o iba por horas? ¿Cómo era?
Contestó: Ella sus clases las dictaba de acuerdo con la ficha en la cual estaba vinculada. Si la ficha era de un programa
de la mañana, de un horario de la mañana, le tocaba ir en la mañana. Si era de la tarde, igual, o en la noche (…) Pregunta:
¿qué horario tenía la señora Narrita? Si de pronto usted se puede recordar. O sea, ¿normalmente qué horarios tenía la
señora Narrita para impartir sus clases? Contestó: El horario variaba, ¿sí? Teniendo en cuenta que si ella tenía asignado
una ficha y el grupo era de la jornada de la mañana, pues debía asistir en la jornada de la mañana. Pero si habría una
ficha en la jornada de la tarde o de la noche, pues ella debía asistir en la tarde o en la noche».
10
«Pregunta: ¿podría informarle qué horarios manejaba la señora Narrita para impartir sus clases? Contestó: Bueno, esos
horarios variaban de acuerdo a cómo habían hecho la oferta desde el centro, entonces ya el coordinador asignaba si era
la jornada de la mañana, de la tarde o de la noche, así mismo se impartía la formación»
11
«Pregunta: Señor Carlos Alberto, en esas funciones que realizaba la doctora Ana Rita, ¿qué horarios tenía ella para
impartir esas funciones? Contestó: No, ella, de acuerdo a la necesidad y la disponibilidad que tenía la empresa, nosotros
programábamos. Podía ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Y ellos estaban disponibles a la hora que el
coordinador los programara».
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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51. En el recurso de apelación, el SENA indicó que con las pruebas que reposan
en el expediente no se acreditó que la entidad hubiera ejercido subordinación
sobre la demandante en la forma en que cumplió con el objeto contractual.

52. Para la Sala, le asiste razón a la entidad, pues del análisis en conjunto del
material probatorio no se desprende que sus funcionarios ejercieran dirección y
control efectivo sobre las actividades de la actora. Por lo tanto, no se extraen los
elementos de juicio necesarios que conduzcan a determinar la existencia del
elemento de subordinación en el caso concreto.

53. En cuanto a los testimonios, y en lo que toca a la existencia de órdenes o
instrucciones que pudo recibir la demandante, encuentra la Subsección que la
señora Mondragón Zúñiga, al ser interrogada sobre la existencia de personas
que vigilaran el servicio realizado por la demandante, indicó que de dicha labor
se encargaba el coordinador del servicio, a quien identificó como Carlos Alberto
Polanco, quien era la persona encargada de coordinar el trabajo de los
instructores y el cumplimiento de las obligaciones13.

54. No obstante, la Sala no extrae de esta declaración elementos que den cuenta
de posibles órdenes o condicionamientos sobre la demandante y, antes bien, de
su literalidad únicamente se aprecia que las funciones del coordinador de la
entidad eran velar por el cumplimiento de los contratos, aspecto que, por sí solo,
no desvirtúa la naturaleza de los contratos de prestación de servicios y, por el
contrario, se enmarca dentro de los parámetros de acción necesarios que debe
realizar el contratante para garantizar la correcta ejecución del objeto convenido.

55. Porsu parte, la señora Mónica Durán Payán no refirió directamente la
existencia de órdenes o direccionamientos que pudo recibir la demandante,
debido a que su relación con el servicio de aquella se reducía a la realización de
reportes de los programas ejecutados por los instructores, como apoyo al
coordinador del servicio14.

56. Asimismo, el señor Carlos Alberto Polanco Huertas tampoco explicó en su
declaración si ejerció directamente sobre la demandante direccionamientos,
control o imposiciones en cuanto al tiempo, modo y lugar de las actividades que
eran desarrolladas por aquella. Únicamente se limitó a informar que las

13
«Pregunta: ¿Conoce usted si existió alguna persona encargada de vigilar el contrato de prestación de servicios que
ejerció la doctora Ana Rita en el tiempo que usted dijo, que lo ha dicho que desde octubre del 2012 al 2017? ¿Usted
conoce si ella se vinculó bajo qué contrato y quién vigilaba esos contratos? Contestó: El contrato era un contrato de
prestación de servicios y lo vigilaba el coordinador académico, el señor Carlos Alberto Polanco (…) Pregunta: Esa
persona que usted menciona, que es el señor Carlos Polanco, ¿qué funciones tenía en el SENA? Él era para esa época,
¿qué era para esa época? Contestó: Para esa época, el coordinador académico del comercio y servicios. Pregunta: ¿Y
qué funciones realizaba él como coordinador académico en ese momento? Contestó: En ese momento, sus funciones
estaban representadas por la asignación de fichas, por la coordinación del trabajo de cada uno de los instructores, de
velar por el cumplimiento de los horarios, del cumplimiento del trabajo programado a cada uno de los instructores»
14
«Pregunta: ¿En qué consistía, digamos, la coordinación que usted ejercía frente a la señora Ana Rita? Contestó: Pues
yo no ejercía coordinación, porque pues yo lo único, mi función era apoyar al coordinador académico en algunos puntos
pues muy específicos en cuanto a generar reportes de los programas que ejecutaban los instructores. Eso se lo pasaba
yo al coordinador para que para que ya revisara pues esa parte. Sí se hacía lo que era la revisión de informes. Sí se
recibían los informes de los contratistas para poder generar lo que era el pago mensual, entonces se revisaba ese informe
y todos los reportes me los pedía lo que era el coordinador para él hacer todo el segmento a los instructores, tanto de
planta como contratistas»

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actividades realizadas por él consistían en la coordinación de las áreas en las
que la demandante prestó sus servicios15.

57. Ahora bien, la Subsección no pasa por alto que los tres testigos indicaron que
en la entidad se programaban reuniones semanales que tenían por objeto tratar
las directrices curriculares y generales de la entidad16; sin embargo, se considera
que el solo hecho de que se hubieran realizado dichas reuniones no es motivo
suficiente para predicar que, en ellas, se impartieron direccionamientos sobre la
labor de la demandante, pues más allá de la enunciación de su existencia, los
testigos no explicaron si ella recibió mandatos en cuanto al modo y tiempo de
ejecución de sus actividades como instructora.

58. Y aunque en el expediente reposa correo electrónico del 15 de enero de 2015,
a través del cual el coordinador académico del Centro Agropecuario de Buga citó
a múltiples personas a una reunión, con el fin de dar a conocer la programación
para el primer semestre de 2015, dicho documento tampoco brinda claridad sobre
si la demandante asistió a esa reunión y mucho menos si se dieron órdenes o
direccionamientos sobre la manera de desarrollar sus actividades.

59. Asimismo, en el proceso se encuentran otros documentos, un total de 40
correos electrónicos, dentro de los que se destaca un grupo que no se refiere
directa o indirectamente al servicio de la demandante17.

60. Otro grupo de correos fue remitido a un número plural de personas, entre ellas
la demandante, en los que se indicaron diferentes circunstancias y
eventualidades propias del desarrollo de los contratos de prestación de servicios,
lo cual, no constituye indicio de subordinación. Por ejemplo, de dichas misivas se
destacan las siguientes: correo del 3 de septiembre de 2013, a través del cual se
solicita a una lista de instructores la información que se debe presentar para
realizar el proceso de contratación; correo del 29 de mayo de 2014, a través del

15
«Pregunta: ¿Recuerda usted el área que ella dictaba?
Contestó: Usted dice que era instructora. Sí, ella estaba en el área de comercio y servicios, que era el área que yo
coordinaba».
16
Sobre este punto, la señora Mondragón Zúñiga dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted podría indicar si la instructora Narita
era citada a reuniones donde se impartían directrices administrativas y académicas?
Contestó: Sí, ella asistía. Pregunta: Pero entonces esas reuniones, ¿de qué se trataba? ¿Me puede contar acerca de
eso? Contestó: Eran reuniones programadas desde la coordinación académica. Además de que semanalmente había
una reunión para desarrollo curricular. Y esas reuniones siempre eran enfocadas a dar todas las directrices que desde la
dirección general pues llegaban para impartir la formación y el desarrollo curricular para programar todas las actividades
con los diferentes grupos en los cuales ella debía atender. O debíamos atender cada uno de los instructores».
La señora Mónica Durán Payán dijo: «Pregunta: ¿Usted podría decirle si se daba cuenta si a la doctora Ana Rita la citaban
para algunas reuniones, ya que usted laboraba también en esa coordinación académica, y si la convocaban algunas
reuniones, bajo qué modalidad la convocaban y cada cuánto?
Contestó: Sí, las reuniones siempre las convocaba el coordinador académico por medio de correo electrónico y esas
reuniones se hacían cada ocho días porque se maneja la parte de desarrollo curricular que es donde se da pues toda esa
formación a los mismos instructores para que puedan dar pues sus clases con pedagogía y si entonces pues por parte
de la coordinación o ya o si era la subdirección de centro también lo podían hacer o la coordinación misional también lo
podía hacer».
El señor Carlos Alberto Polanco Huertas dijo: «Pregunta: Cuéntenos al despacho si que usted como director académico
convocaba a reuniones para impartir directrices. Contestó: Exactamente, cada ocho días se citaba reuniones. Los lunes
en la mañana»
17
A modo de ejemplo, correo del 26 de marzo de 2012, mediante el cual, la oficinista Grado 4 del Área Administrativa del
Sena, remite información relacionada con la apertura del Programa de Formación Titulada, o correo del 17 de abril de
2013, a través del cual Luz Yanet Avila Aguilar, instructora del SENA, remite información relacionada con la Apertura del
Programa de Formación Complementaria; sin embargo, en ambas misivas no se aprecia constancia del destinatario, por
lo que no se puede determinar si en efecto fueron remitidos a la actora.

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cual el coordinador del servicio remite información relacionada con los ambientes
y horarios de prestación del servicio; correo del 15 de agosto de 2014, a través
del cual el «profesional contratista apoyo técnico» remite a múltiples personas
información relacionada con el desarrollo curricular; correo del 22 de agosto de
2014, a través del cual el subdirector del Centro Agropecuario de Buga informó
sobre la visita que iba a realizar la Contraloría General de la República a las
instalaciones de la entidad; correo del 30 de junio de 2015, a través del cual el
coordinador del Grupo Formación Integral pone de presente la propuesta para la
semana de planeación; correo del 2 de septiembre de 2015, por el que se le
solicita a múltiples personas, entre ellas la demandante, la información
relacionada con su experiencia profesional; correo del 30 de marzo de 2016, a
través del cual la coordinadora de Formación Integral remite a múltiples personas
una lista con la información relacionada con el Plan Estratégico de la entidad para
el año 2016; correo del 19 de noviembre de 2017, enviado por la coordinadora
académica – Comercio y Servicios, en el que se indica la necesidad de atender
el proceso formativo de aprendiz en la etapa lectiva.

61. Así las cosas, la Subsección estima, contrario a lo dicho por el Tribunal de
instancia, que los testimonios y documentos aportados al proceso no contienen
información suficiente que permita concluir que la demandante estuvo
subordinada al SENA en el período en que suscribió contratos de prestación de
servicios.

62. De igual modo, no comparte la Sala los argumentos de la sentencia recurrida
relativos a que, en tanto la demandante cumplió con las actividades contratadas
durante cinco años, pueda predicarse la permanencia de su servicio y, por tanto,
la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes; pues en la
jurisdicción contencioso-administrativo, quien pretenda la declaratoria de ella con
entidades del Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio, se
configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y,
especialmente, subordinación. Máxime porque el ordenamiento jurídico nacional
permite que las entidades del Estado cumplan excepcionalmente el cometido que
les fue asignado con personas distintas a las que integran su planta de personal,
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: i) las
actividades requieran conocimientos especializados o ii) no puedan realizarse
con el personal de planta.

63. Ello se corrobora con el hecho de que, según lo ha explicado la Subsección
en otras oportunidades el servicio prestado por los instructores del SENA puede
realizarse tanto por conducto de una relación legal y reglamentaria como de un
contrato de prestación de servicios, dado que ello está permitido y reglamentado
por el Estatuto General de Contratación, así como por los manuales de funciones
y circulares expedidos por dicha entidad18.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 26 de
septiembre de 2024. Expediente: 08001-23-33-000-2015-90067-01 (0573-2023). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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64. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Por lo tanto, para la
Subsección es claro que era a la actora a quien le correspondía probar los
supuestos de hecho de la configuración de la relación encubierta que alegó que
existió entre su persona con la entidad a través de las pruebas pertinentes,
suficientes y útiles del caso, tal y como se ha sostenido la Subsección en casos
anteriores19.

65. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»20.

66. En consecuencia, debido a que en el presente asunto no se probó el
elemento de subordinación entre las partes, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia que tuvo por acreditada la existencia de una relación laboral
entre las partes, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

67. Finalmente, por sustracción de materia, no hay lugar a estudiar el recurso de
alzada propuesto por la parte demandante y, en suma, el segundo problema
jurídico planteado.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

69. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
20
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

71. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su lugar NEGAR las pretensiones
de la demanda, conforme los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, por lo ya dicho.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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