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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00713-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00713-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00713-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00713-01 (2883-2022)
Demandante: Eisenhower D’janon Zapata Valencia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas –UAEGRTD–
Temas: Relación laboral encubierta – Profesional de Apoyo a la Gestión.
REVOCA SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Eisenhower D’janon Zapata Valencia instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas –UAEGRTD–, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio URT-DTVC-01975 del 27 de junio de 2019 y,
en consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral del 24 de enero
de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar las
prestaciones sociales correspondientes a un servidor público de planta nombrado
en el cargo de Profesional Especializado Grado 18 o 21, o similar, sin que sean
inferiores al concepto que por honorarios percibía en los contratos de prestación de
servicios.

Que se liquiden todas las prestaciones sociales correspondientes a un servidor de
planta nombrado en el cargo Directivo Grado 19 teniendo en cuenta todas las
comisiones devengadas.

Subsidiariamente, en caso de no demostrarse que las funciones del demandante
son equiparables a las de un funcionario de planta, se reconozcan y paguen las
prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías e intereses, e indemnización
moratoria por no pago, de un cargo similar o equivalente de ley, sin que sean

Radicación: 66001-23-33-000-2019-00713-01 (2883-2022)

inferiores al valor que por concepto de honorarios percibió, teniendo en cuenta las
comisiones devengadas.
HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas de manera continua e ininterrumpida desde el 24
de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, a través de contratos de
prestación de servicios profesionales. Que las funciones que ejercía eran similares
a las del cargo de Directivo Grado 19.

Que, durante la ejecución de esas actividades estuvo sometido a un horario de
trabajo y a directrices e instrucciones generales y recibía de manera mensual una
remuneración a título de honorarios por el servicio prestado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 12 de diciembre de 2019 y notificada a la entidad
demandada, quien manifestó que el actor única y exclusivamente prestó sus
servicios a la entidad en calidad de contratista, vinculado mediante contratos de
prestación de servicios de forma interrumpida con notorios intervalos de tiempo
entre uno y otro y de acuerdo a la necesidad del servicio planteada desde los
estudios previos, sin que de ello se infiera la existencia de un contrato realidad.

Que, pese a que fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios
profesionales, no hay lugar a concluir identidad de funciones con personal de planta
adscrito a la entidad.

Que, si bien mediante resolución 893 de 2012 fue establecido el horario de trabajo
para los servidores públicos de la URT, el demandante no era destinatario de dicho
acto administrativo como quiera que no tuvo la calidad de servidor público.

Que, si trabajaba los fines de semana, era porque tenía la libertad de manejar su
tiempo, pues lo que le interesaba a la entidad era el cumplimiento de los productos
convenidos y no la sujeción estricta a un horario, pues las actividades realizadas se
enmarcaban en el objeto contractual y él tuvo la libertad de suscribirlo o no; además,
el hecho de que realizaran comisiones a su nombre no generaba una vinculación
laboral.

Que el demandante no recibía instrucciones para el fiel cumplimiento de sus
actividades de contratista generadas únicamente por el supervisor de su contrato,
en tanto gozaba de autonomía técnica para el cumplimiento de los objetos
contractuales.

Propuso como excepciones, la de inexistencia de relación laboral, prescripción y la
genérica.

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Se celebró audiencia inicial el 11 de mayo de 2021; allí se aclaró que el 12 de marzo
de 2021 se emitió pronunciamiento sobre las excepciones previas propuestas por
la entidad demandada y en lo que tiene que ver con la excepción de prescripción,
difirió su estudio al momento de la sentencia en caso de prosperar las pretensiones
de la demanda.

Luego, fijó el litigio, se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas
solicitadas y se programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo
probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó
sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 30 de septiembre
de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones, indicando que de acuerdo a la
jurisprudencia citada y las pruebas recaudadas en el proceso, el demandante
desarrolló sus labores al servicio de la entidad bajo la figura de contratos de
prestación de servicios para cumplir una relación de tipo laboral, en cuanto no fue
desvirtuado por la demandada el hecho de la prestación de los servicios de forma
permanente y personal.

Que, su actividad no era realizada con la independencia y autonomía propia de un
contratista a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto se exigió una
subordinación que atañe a la naturaleza de una relación laboral y le correspondía
desvirtuarla a la URT.

Que, aunque no se evidenció un cargo en la planta de personal de la entidad con
idénticas funciones a las desempeñadas por el actor durante el vínculo contractual,
no puede desconocer que las labores conforme fueron asignadas, previstas en cada
uno de los contratos, son propias del nivel profesional.

Que los medios de prueba ponen de manifiesto el elemento de subordinación que
comporta el cumplimiento de los contratos celebrados entre las partes para el
desarrollo de unas actividades que consideró inherentes y necesarias conforme a
la naturaleza y objeto misional de la entidad demandada y que además llevan
implícito un elemento de subordinación y dependencia del servicio, ante la
naturaleza de la función.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que de la
valoración integral de todos los soportes de la actividad contractual desarrollada por
el demandante, es posible establecer que la vinculación de este con la entidad se
enmarcó estrictamente en un contrato público de prestación de servicios, el cual en
el desarrollo real de sus actividades nunca configuró relación laboral alguna, pues
no existen pruebas que acrediten los elementos constitutivos de la misma.

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Que la sentencia de primera instancia desconoce flagrantemente la verificación de
toda la actividad precontractual, contractual y de ejecución que se efectuó dentro de
la relación laboral entre las partes, la cual se desarrolló en virtud de lo establecido
en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Que al no existir personal de planta que desarrollara las actividades relacionadas
con la administración y funcionamiento y bajo el amparo del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, la UAEGRTD efectuó la contratación del demandante.

Que en cada uno de los contratos suscritos puede corroborarse que existe una
certificación emitida por el área de talento humano en la que se señala la necesidad
de realizar esta contratación debido a la inexistencia de personal de planta que
pudiese desarrollar estas mismas actividades.

Que al suscribir contratos de prestación de servicios se pactan unos honorarios con
los contratistas, sin que estos constituyan “salario” como contraprestación a la
realización de actividades por parte de estos.

Que no se encuentra dentro del plenario prueba alguna de que haya existido una
subordinación, por el contrario, las actividades señaladas por él como ejemplo de
esta, demuestran que únicamente se exigía el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, pues tampoco se aporta prueba alguna que de cuenta de que el
demandante, durante el tiempo que mantuvo su vínculo con la entidad haya
manifestado en algún momento que esa autonomía técnica y administrativa propia
del contrato que estaba ejecutando, se estuviera rompiendo.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de junio de 2022 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la
demandada y se dispuso que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión, el expediente pasaría al Despacho para dictar sentencia y el Ministerio
Público podría rendir concepto hasta antes de dicha actuación.

El Ministerio Público rindió concepto, solicitando confirmar la sentencia de primera
instancia; expresó que se configuran los elementos de la subordinación en el
contrato de trabajo. Que es necesario analizar complementariamente los medios
probatorios con los que es posible determinar las circunstancias de espacio, modo
y tiempo en que se ejecutaron las obligaciones o funciones por parte del
demandante y se tomaron las correspondientes decisiones en primera instancia,
pruebas que fueron abiertamente controvertidas por el apelante, en especial la
declaración del señor Juan Pablo Saldarriaga.

Las partes guardaron silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.

Se analizará también lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos, por
esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales
que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se
destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

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• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución al caso concreto

Con las pruebas documentales se establece que el demandante estuvo vinculado
con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, mediante los siguientes contratos de prestación de servicios:

No. Contrato Objeto del Servicio Duración Interrupción Valor
en días
hábiles
7441 Prestación de servicios profesionales para 24/01/2014 al $ 62.062.650
asesorar, gestionar y acompañar la 30/09/2014
implementación de la política de restitución
de tierras despojadas en el Eje Cafetero, de Prorrogado
conformidad con los parámetros hasta el 12 días Adicionado por
establecidos por la Dirección Territorial Valle 31/12/2014 valor de
del Cauca de la Unidad Administrativa $15.630.593
Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas.
7642 Prestar sus servicios profesionales con 21/01/2015 al $ 14.246.800
14 días
plena autonomía técnica y administrativa 15/03/2015

1 Índice SAMAI 0019. Gestión en otros despachos. Archivo 2_002LINKCDFL71(.PDF).pdf / 10.CTO
744.2014.pdf.
2 Índice SAMAI 0019. Gestión en otros despachos. Archivo 2_002LINKCDFL71(.PDF).pdf / 11.CTO

764.2015.pdf.

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para apoyar gestionar y liderar las
actividades propias del proceso
administrativo y judicial a cargo de la
Dirección Territorial Valle del Cauca de la
Unidad Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, en el marco de lo
establecido en la Ley 1448 de 2011, sus
decretos reglamentarios, decreto 4801 de
2011, así como ejercer la supervisión que le
sea designada bajo los parámetros
definidos por la Ley 1474 de 2011
12973 Prestar sus servicios profesionales con 08/04/2015 al $64.110.600
plena autonomía técnica y administrativa 31/12/2015
para brindar asesoría, apoyo,
acompañamiento en cada una de las
actividades a cargo de la Dirección
Territorial Mega, de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, que coadyuven en su
correcto funcionamiento y cumplimiento de
su misión, en el marco de lo establecido en
9 días
la Ley 1448 de 2011, sus decretos
reglamentarios, decreto 4801 de 2011, y en
la supervisión de contratos a cargo del
Director (a) Territorial, para los municipios
en los que se ampliará la cobertura de la
Unidad, sin perjuicio de los que en la
actualidad se están interviniendo, así como
ejercer la supervisión que le sea designada
bajo los parámetros definidos por la Ley
1474 de 2011.
8594 Prestar sus servicios profesionales con 18/01/2016 al $ 63.576.345
plena autonomía técnica y administrativa, 30/09/2016
para asesorar, liderar, gestionar y
acompañar la implementación de la política Prorrogado
de restitución de tierras despojadas en la hasta el Adicionado por
oficina principal y/o sede alterna y/u oficina 31/12/2016 valor de $
satélite de conformidad con los parámetros 22.438.710
establecidos por la Dirección Territorial de la
Finalización
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, en el
marco de lo previsto por la Ley 1448 de
2011, sus decretos reglamentarios y en los
decretos ley en temas étnicos; así como
ejercer la supervisión que le sea designada
bajo los parámetros definidos por la Ley
1474 de 2011.

De lo anterior se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a obtener la
prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración.

Se cuenta en el expediente con actas de Comité Operativo Local de Restitución y
Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016; comisiones de servicios, registro
fotográfico, planes de acción, acto administrativo por el cual se fijó el horario de
trabajo para los servidores públicos del Nivel Nacional y de las Direcciones
Territoriales de la URT, Decreto por medio del cual se determinó la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, acta de posesión del Director Territorial Valle del Cauca, manual de
funciones de la URT, contratos e informes de actividades, entre otros5.

3 Índice SAMAI 0019. Gestión en otros despachos. Archivo 2_002LINKCDFL71(.PDF).pdf / 12.CTO 1297-

2015.pdf.
4 Índice SAMAI 0019. Gestión en otros despachos. Archivo 2_002LINKCDFL71(.PDF).pdf / 12.CTO 859-

2016.pdf.
5 Índice SAMAI 0019. Gestión en otros despachos. Archivo 2_002LINKCDFL71(.PDF).pdf.

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Revisados los anteriores documentos, estos no son suficientes para determinar la
existencia de una relación laboral, pues de su simple lectura no logra desprenderse
por sí mismos la subordinación y dependencia continuada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien se encontraban vigentes durante el
periodo de vinculación del actor, en documentos tales como el acto administrativo
que fijó el horario laboral de la entidad, el que creó la planta de personal y el manual
de funciones, no se encuentra que alguno de ellos tuviera información relacionada
con el desarrollo de las funciones del demandante o que haya registro de que se le
impartieran órdenes particulares para el desarrollo de las actividades para las que
fue contratado; por el contrario se encuentra acreditado que la divulgación de dicha
información se hacía de forma general porque la misma se relacionaba con el
funcionamiento de la entidad.

Por lo tanto, se procederá a examinar si con los demás medios de prueba, se
encuentra acreditada la subordinación.

Advierte la Sala que los objetos contractuales variaron en algunos de los acuerdos
suscritos, sin que resulte posible agrupar las actividades en una sola, pues si bien
la función se relacionó siempre con el apoyo a la gestión de la Dirección Territorial
Valle del Cauca, es claro que las funciones fueron diversas y el objeto contractual
varió en alguno de los contratos.

Se tiene entonces que, según las obligaciones descritas en estos, el actor
desempeñó funciones de asesoría, gestión y acompañamiento en la
implementación de políticas de restitución de tierras y apoyo a la gestión de
actividades propias del proceso administrativo y judicial a cargo de la territorial Valle
del Cauca de la URT.

En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones de los
señores Juan Pablo Saldarriaga Cortés y Jorge Hernán Buitrago Rodríguez, quienes
fueron contratistas de la Unidad de Restitución de Tierras entre el 2014 y el 2018 y
manifestaron haber conocido al demandante como contratista de la entidad
demandada y quien ejercía funciones de jefe inmediato de la Dirección Territorial
Valle del Cauca.

Ambos declararon de manera general sobre la forma en la que se prestaban los
servicios por parte de los contratistas y la modalidad de contratación de la entidad
para suplir los servicios que eran requeridos.

De los testimonios rendidos, se destaca lo siguiente:

El señor Juan Pablo Saldarriaga Cortés, indicó que comenzó a trabajar con la
URT el 8 de enero de 2014 y ese día conoció al demandante quien fue contratado
como el coordinador de la sede de Pereira, adscrita a la URT de Valle del Cauca,
que era el cargo más alto dentro de dicha sede.

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Que el demandante terminó de trabajar el 31 de diciembre de 2016, duró tres años
en la entidad, era una figura de autoridad dentro de la sede y quien tenía la posición
de dirección, era la persona que tenía el cargo y los honorarios más altos y a él se
le rendían cuentas de las labores que hacían los demás contratistas de los procesos
que llevaban y a quien se le pedía permisos.

Que siempre era la primera persona contratada y la que estaba en la sede, porque
los contratos terminaban el 31 de diciembre y empezaban los primeros días de
enero entre el 8 y el 10, aproximadamente. Siempre había una persona que debía
seguir de corrido y era el demandante con algunos de atención al público para seguir
coordinando; por tal razón muchas veces iba sin contrato, por ejemplo, él empezaba
a trabajar el 2 de enero y el contrato le salía el 10 de enero.

Que el tema de horarios era generalizado para todos, en ese momento se utilizaba
un sistema de registro que solo se permitía utilizar en los equipos de la oficina y por
esa razón todos tenían que permanecer allí para trabajar y buscar cualquier tipo de
información.

Que el demandante tenía una subordinación porque recibía órdenes vía telefónica,
o correo electrónico por parte del director que en esa época era el señor Sergio
Rodríguez. Todas las directrices que este daba en Cali, el demandante las
implementaba en Pereira, porque aquel solamente viajaba dos veces a la semana
a la sede Pereira a revisar los avances del equipo y a hacer reuniones generales,
pero era el demandante la persona de autoridad que estaba dentro de la misma
oficina.

Que en esa época alguien que se desempeñaba en el área de talento humano
rendía informes a una funcionaria de Cali, sobre quién estaba o no en la oficina; a
su vez, esta le pasaba el informe al director en el mismo sentido y la persona que
no estuviera recibía los ajustes correspondientes por llamada telefónica o correo
electrónico para informar los motivos por los cuales no se encontraba en la oficina.

Que el demandante no tenía que pedir autorizaciones para retirarse de la oficina por
ser la figura de autoridad dentro de la sede, otras veces salía a hacer diligencias
propias de la Unidad.

El señor Jorge Hernán Buitrago Rodríguez, indicó que ingresó a la URT
aproximadamente en el mes de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 en
el área étnica, específicamente en la dirección territorial de Valle del Cauca.

Que cuando ingresó a la entidad el demandante era uno de los coordinadores y uno
de los jefes inmediatos para el caso de los diversos procesos étnicos y de ruta
individual.

Que tenían una condición de subordinación permanente que se podía evidenciar en
la revisión constante de los distintos productos por parte, tanto de la dirección
territorial, como de la dirección de asuntos étnicos. Que no tenía una autonomía

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específica porque cualquier tipo de acción que emprendiera en función de la
institucionalidad tenía que pedir permiso para poder asumir dicha acción.

Que los contratistas estaban dispuestos laboralmente no solo para la construcción
específica de las condiciones que se establecían dentro de esa línea contractual,
sino que, existía un referente que establecía que como contratistas podían apoyar
lo que fuera; por tal razón debían permanecer todo el tiempo en la oficina y si no,
era por fuera haciendo todo el relacionamiento con las comunidades e instituciones.

Que no le consta si el demandante debía solicitar permisos para ausentarse de la
entidad pues él era el jefe encargado de la oficina en su momento quien asumía
toda la responsabilidad de esta.

Que el cumplimiento de horario no era una situación oficial, pero todos se enteraban
de que debía ser de esta manera al momento de las firmas de las cuentas de cobro
y de las reuniones que internamente se establecían. Para los funcionarios de planta,
había registro de acceso y a los contratistas se les exigía el cumplimiento de horario,
pero nunca los hacían registrar dentro del sistema que tienen para ello, pero si
estaban en una continua observación del cumplimiento.

Que todos los profesionales vinculados a los procesos tenían una orientación
específica medida mediante metas para su respectiva evaluación y el demandante
debía pasar reporte del cumplimiento de esas metas al director territorial. En caso
de que no se cumpliera con las metas tenían problemas con las cuentas de cobro.

Que no le consta si el demandante en algún momento recibió llamados de atención.

La Sala considera que las declaraciones no ofrecen suficientes elementos para
concluir la subordinación o dependencia a la que dice estuvo sometido el
demandante mientras atendió las labores contractuales en la entidad; pues, aunque
constantemente se refieren al cumplimiento de mandatos, las manifestaciones no
dan cuenta de las órdenes específicas que le eran dadas al actor, por el contrario
se refieren a que una de sus funciones era dirigir la sede de Pereira adscrita a la
Dirección Territorial de Valle del Cauca y la labor de los contratistas vinculados a
esta.

Aunque los testigos se refirieron de manera reiterada al cumplimiento de un horario
que fue impuesto por la entidad para la totalidad del personal que laboraba en la
Unidad de Restitución de Tierras, así como estar presente durante la misma jornada
del personal de planta y al cumplimiento de órdenes por parte de los superiores,
tales como el director territorial, esto por sí solo no ofrece claridad sobre la inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad o la imposición de
condicionamientos para la ejecución de la labor contratada y no es indicativo de la
existencia de una relación subordinada.

En ninguno de los contratos o en los demás documentos aportados, se delimita por
parte de la entidad el modo, tiempo y plazo para cumplir con las funciones de donde

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pudiera concluirse el direccionamiento y control sobre la labor a la que alude la
parte demandante.

Ahora, el posible establecimiento de un horario o la permanencia del actor en las
instalaciones de la entidad en las jornadas de los trabajadores de planta, podría
considerarse como un indicio de subordinación, sin embargo, estos supuestos
resultan acordes con la coordinación inherente que debe existir en el desarrollo de
un contrato de prestación de servicios, más aún, en el caso, teniendo en cuenta
que las labores se desarrollaban en el marco de apoyo a la gestión de la dirección
territorial correspondiente y en una sede específica.

Los documentos contractuales y los informes de gestión muestran que el actor
desarrolló ciertas tareas en el espacio de tiempo delimitado, pero no que la entidad
direccionó y controló de manera decisiva esa ejecución o impuso las condiciones
sobre el tiempo, modo y lugar en que el contratista debía realizar las tareas
definidas en cada uno de los contratos.

La Subsección advierte que los dos testigos, en algunos temas, señalaron que
desconocían circunstancias tales como solicitudes de permisos o llamados de
atención concretamente en el caso del demandante.

Nótese también que no narran las condiciones en que el demandante ejecutó todas
sus obligaciones, solo se refirieron a la labor desarrollada como director de la oficina
en la que aquellos laboraron bajo su supervisión

Aunque el contrato contempla el reconocimiento de ciertos gastos de
desplazamiento, es importante precisar que estos no constituyen propiamente
viáticos en el sentido estricto del término, ya que estos son propios de una relación
laboral y se derivan de la subordinación del trabajador frente al empleador. En este
caso, el pago obedece a una estipulación contractual o a la propia naturaleza de
las obligaciones asumidas, y responde únicamente a la necesidad de cubrir los
costos en que incurre el contratista para cumplir con las actividades encomendadas.
Por tanto, no implica la existencia de un vínculo laboral ni de subordinación, sino
una compensación de gastos razonables para la ejecución del objeto contractual.

Así las cosas, para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de las
condiciones pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues se echa de
menos elementos de convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo,
la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi.

Por lo tanto, se revocará la decisión y, en su lugar, se negarán las pretensiones
invocadas.

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De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202151 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4° del artículo 365 del CGP, y observando los
argumentos esbozados por las partes en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En consecuencia, no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar, NEGAR
las pretensiones formuladas.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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