Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00241-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00241-001
Accionante : Eisenhower D’janon Zapata Valencia
Accionado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Vinculados : Tribunal Administrativo de Risaralda y Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAEGRTD)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, relación laboral encubierta
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Eisenhower D’janon Zapata Valencia contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El 16 de enero de 2026, el señor Eisenhower D’janon Zapata Valencia, quien actúa
por medio de apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 17 de julio de 2025,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A revocó la
providencia de 30 de septiembre de 2021, en la que el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión accedió parcialmente a las pretensiones formuladas
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD)
[expediente 66001-23-33-000-2019-00713-01], para negarlas. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo «[…] en [el] cual se reconozcan [sus]
DERECHOS LABORALES […]».
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, prestó sus servicios a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de manera continua e
ininterrumpida entre el 24 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, mediante
contratos de prestación de servicios profesionales. Sostiene que las funciones
desempeñadas eran equiparables a las de un funcionario de planta nombrado en un
cargo de directivo grado 19.
5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (expediente 66001-23-33-000-2019-00713-01), encaminada a obtener la
nulidad del Oficio URT-DTVC-01975 del 27 de junio de 2019 y, en consecuencia, que se
declarara que entre las partes existió una relación laboral del 24 de enero de 2014 al 31
de diciembre de 2016.
6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión que mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021 accedió
parcialmente a las pretensiones, al considerar que, el demandante prestó sus servicios
la entidad bajo la figura de contratos de prestación de servicios para cumplir una
relación de tipo laboral, en cuanto no se desvirtuó por la demandada el hecho de la
prestación de los servicios de forma permanente y personal. Asimismo, estimó que la
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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actividad no se ejecutó con la independencia y autonomía propias del contratista
previstas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al evidenciarse elementos de
subordinación cuya desvirtuación correspondía a la Unidad.
7. Inconforme con esa decisión, la entidad interpuso recurso de apelación, desatado el
17 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el
sentido de revocarla, para negar las súplicas, al considerar que no existían pruebas
«[…] sobre el desbordamiento de las condiciones pactadas en los contratos de prestación de servicios,
pues se echa de menos elementos de convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi.».
8. Sobre la precedente situación, el actor sostiene que la providencia reprochada incurre
en defecto fáctico, comoquiera que «[…] no se realizó ninguna valoración de la PRUEBA
TESTIMONIAL aportada […], [la cual era] [c]lara, precisa, concreta, concordante y determinante para
acreditar los elementos del contrato realidad (especialmente la subordinación) ».
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 20 de
enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; y (ii) dispuso vincular al
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción.
2.1.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas3.
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Visible a índice 11 de SAMAI.
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10. Manifestó que, la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto pretende utilizarse como una instancia adicional para reabrir
un debate ya resuelto por el juez natural.
11. En ese sentido, afirmó que la providencia cuestionada se sustentó en un análisis
integral del acervo probatorio, en el cual la autoridad judicial accionada examinó los
elementos del vínculo contractual y concluyó que no se configuraba la subordinación,
incluso a partir de los testimonios recaudados.
2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión.
12. Guardaron silencio frente a los hechos relatados por el accionante en el escrito
de tutela; sin embargo, el Tribunal remitió el proceso ordinario.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
13. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción.
14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
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3.3 Problema jurídico.
15. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto del derecho fundamental que pueda comportar el fallo del 17 de julio
de 2025, por medio del cual la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
revocó la providencia del 30 de septiembre de 2021, en la que, el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Primera de Decisión accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
tutelante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (expediente 66001-23-33-000-2019-00713-01); y, en caso afirmativo, si se
han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
16. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el
fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad
envolvía una vía de hecho.
17. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de
todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
18. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada
como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
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inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
19. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
20. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
21. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
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22. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable
relevancia constitucional resulta procedente.
23. Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
24. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales4, rectificó su posición mediante
4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer que la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos6.
3.5 Caso concreto.
25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor, con
ocasión, a su juicio, de una indebida valoración de las pruebas aportadas en el proceso
de insistencia, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto
fáctico; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía
superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 1 de septiembre de 20257 y la solicitud de amparo se
radicó el 16 de enero de 2026, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la determinación
acusada no es de tutela.
26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por el
demandante.
3.5.1 Defecto fáctico.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010,
exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de
marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 25 de agosto de 2025, motivo por el
cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 27 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2)
del CPACA.
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27. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 8.
28. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte,
la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra9.
29. En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
defecto fáctico, por cuanto «[…] no se realizó ninguna valoración de la PRUEBA TESTIMONIAL
aportada […], [la cual era] [c]lara, precisa, concreta, concordante y determinante para acreditar los
elementos del contrato realidad (especialmente la subordinación)».
30. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…]
Se cuenta en el expediente con actas de Comité Operativo Local de Restitución y
Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente correspondientes a los
años 2014, 2015 y 2016; comisiones de servicios, registro fotográfico, planes de acción, acto
administrativo por el cual se fijó el horario de trabajo para los servidores públicos del Nivel
Nacional y de las Direcciones Territoriales de la URT, Decreto por medio del cual se determinó
la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, acta de posesión del Director Territorial Valle del Cauca, manual de
funciones de la URT, contratos e informes de actividades, entre otros.
Revisados los anteriores documentos, estos no son suficientes para determinar la existencia
de una relación laboral, pues de su simple lectura no logra desprenderse por sí mismos la
subordinación y dependencia continuada.
[…]
Por lo tanto, se procederá a examinar si con los demás medios de prueba, se encuentra
acreditada la subordinación.
[…]
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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De los testimonios rendidos, se destaca lo siguiente:
El señor Juan Pablo Saldarriaga Cortés, indicó que comenzó a trabajar con la URT el 8 de
enero de 2014 y ese día conoció al demandante quien fue contratado como el coordinador de
la sede de Pereira, adscrita a la URT de Valle del Cauca, que era el cargo más alto dentro de
dicha sede.
Que el demandante terminó de trabajar el 31 de diciembre de 2016, duró tres años en la
entidad, era una figura de autoridad dentro de la sede y quien tenía la posición de dirección,
era la persona que tenía el cargo y los honorarios más altos y a él se le rendían cuentas de
las labores que hacían los demás contratistas de los procesos que llevaban y a quien se le
pedía permisos.
[…]
Que el tema de horarios era generalizado para todos, en ese momento se utilizaba un sistema
de registro que solo se permitía utilizar en los equipos de la oficina y por esa razón todos
tenían que permanecer allí para trabajar y buscar cualquier tipo de información.
Que el demandante tenía una subordinación porque recibía órdenes vía telefónica, o correo
electrónico por parte del director que en esa época era el señor Sergio Rodríguez. Todas las
directrices que este daba en Cali, el demandante las implementaba en Pereira, porque aquel
solamente viajaba dos veces a la semana a la sede Pereira a revisar los avances del equipo
y a hacer reuniones generales, pero era el demandante la persona de autoridad que estaba
dentro de la misma oficina.
[…]
Que el demandante no tenía que pedir autorizaciones para retirarse de la oficina por ser la
figura de autoridad dentro de la sede, otras veces salía a hacer diligencias propias de la
Unidad.
El señor Jorge Hernán Buitrago Rodríguez, indicó que ingresó a la URT aproximadamente
en el mes de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 en el área étnica,
específicamente en la dirección territorial de Valle del Cauca.
Que tenían una condición de subordinación permanente que se podía evidenciar en la revisión
constante de los distintos productos por parte, tanto de la dirección territorial, como de la
dirección de asuntos étnicos. Que no tenía una autonomía específica porque cualquier tipo
de acción que emprendiera en función de la institucionalidad tenía que pedir permiso para
poder asumir dicha acción.
Que los contratistas estaban dispuestos laboralmente no solo para la construcción específica
de las condiciones que se establecían dentro de esa línea contractual, sino que, existía un
referente que establecía que como contratistas podían apoyar lo que fuera; por tal razón
debían permanecer todo el tiempo en la oficina y si no, era por fuera haciendo todo el
relacionamiento con las comunidades e instituciones.
Que no le consta si el demandante debía solicitar permisos para ausentarse de la entidad
pues él era el jefe encargado de la oficina en su momento quien asumía toda la
responsabilidad de esta.
Que el cumplimiento de horario no era una situación oficial, pero todos se enteraban de que
debía ser de esta manera al momento de las firmas de las cuentas de cobro y de las reuniones
que internamente se establecían. Para los funcionarios de planta, había registro de acceso y
a los contratistas se les exigía el cumplimiento de horario, pero nunca los hacían registrar
dentro del sistema que tienen para ello, pero si estaban en una continua observación del
cumplimiento.
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[…]
La Sala considera que las declaraciones no ofrecen suficientes elementos para concluir la
subordinación o dependencia a la que dice estuvo sometido el demandante mientras atendió
las labores contractuales en la entidad; pues, aunque constantemente se refieren al
cumplimiento de mandatos, las manifestaciones no dan cuenta de las órdenes específicas
que le eran dadas al actor, por el contrario se refieren a que una de sus funciones era dirigir
la sede de Pereira adscrita a la Dirección Territorial de Valle del Cauca y la labor de los
contratistas vinculados a esta.
Aunque los testigos se refirieron de manera reiterada al cumplimiento de un horario que fue
impuesto por la entidad para la totalidad del personal que laboraba en la Unidad de Restitución
de Tierras, así como estar presente durante la misma jornada del personal de planta y al
cumplimiento de órdenes por parte de los superiores, tales como el director territorial, esto
por sí solo no ofrece claridad sobre la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad o la imposición de condicionamientos para la ejecución de la labor contratada y
no es indicativo de la existencia de una relación subordinada.
En ninguno de los contratos o en los demás documentos aportados, se delimita por parte de
la entidad el modo, tiempo y plazo para cumplir con las funciones de donde pudiera concluirse
el direccionamiento y control sobre la labor a la que alude la parte demandante.
Ahora, el posible establecimiento de un horario o la permanencia del actor en las instalaciones
de la entidad en las jornadas de los trabajadores de planta, podría considerarse como un
indicio de subordinación, sin embargo, estos supuestos resultan acordes con la coordinación
inherente que debe existir en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios, más aún,
en el caso, teniendo en cuenta que las labores se desarrollaban en el marco de apoyo a la
gestión de la dirección territorial correspondiente y en una sede específica.
Los documentos contractuales y los informes de gestión muestran que el actor desarrolló
ciertas tareas en el espacio de tiempo delimitado, pero no que la entidad direccionó y controló
de manera decisiva esa ejecución o impuso las condiciones sobre el tiempo, modo y lugar en
que el contratista debía realizar las tareas definidas en cada uno de los contratos.
La Subsección advierte que los dos testigos, en algunos temas, señalaron que desconocían
circunstancias tales como solicitudes de permisos o llamados de atención concretamente en
el caso del demandante.
Nótese también que no narran las condiciones en que el demandante ejecutó todas sus
obligaciones, solo se refirieron a la labor desarrollada como director de la oficina en la que
aquellos laboraron bajo su supervisión.
Así las cosas, para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de las condiciones
pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues se echa de menos elementos de
convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi.
[…]
31. Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio, contrario a lo manifestado por el accionante, la autoridad accionada
concluyó que a partir de los testimonios rendidos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento no se encontraba acreditada la subordinación del actor, requisito
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esencial para determinar la existencia de la relación laboral.
32. Para la Sala la sentencia cuestionada no incurre en el defecto alegado, pues,
examinó de manera expresa las declaraciones rendidas y expuso las razones por las
cuales no les atribuyó certeza para configurar la subordinación. En efecto, la providencia
precisó que los testigos aludieron a directrices generales propias del funcionamiento de
la entidad y al cumplimiento de horarios, pero no identificaron órdenes concretas
impartidas al actor en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, ni relataron
actuaciones tendientes a ejercer el poder disciplinario sobre el tutelante. A ello se suma
que del material documental recaudado —contratos e informes— no se evidenció la
alteración de la naturaleza contractual del vínculo ni la existencia de instrucciones y
controles propios de una relación laboral.
33. Ahora bien, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento esencial de
la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la configuración de lo
que se ha denominado contrato realidad, por cuanto es el instrumento diferenciador de
aquel con el vínculo contractual de prestación de servicios, tal como lo explicó esta
Corporación10, en los siguientes términos:
[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato
laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que
quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede
tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un
trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la
labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se
tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya
dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
34. De acuerdo con lo anotado, al carecer el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de pruebas que dieran certeza que el vínculo contractual del actor con la aludida
entidad no concurrían los presupuestos de una relación laboral, en particular, lo
relacionado con el elemento de subordinación, por lo que era dable, como lo determinó
el accionado, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda ordinaria,
situación de la que se concluye que no se incurrió en el defecto fáctico alegado.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2016,
expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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35. Por otra parte, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el actor, no involucra
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
36. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional11 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
37. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
11
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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IV. DECISIÓN
38. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el accionante
no acreditó que la providencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A hubiere incurrido en defecto fáctico. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocados por el señor Eisenhower D’janon Zapata
Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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