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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00555-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00555-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolivar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00555-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00555-01 (0427-2026)
Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00555-01 (0427-2026)
Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1 – SENA

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del acto administrativo 13-2-2019-009506 del 27 de
septiembre de 2019, proferido por el SENA. Como consecuencia, se declare la
existencia de una relación laboral entre las partes, configurada entre el 1 de
noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 2016. A título de restablecimiento del
derecho, se solicitó el reconocimiento y pago, por parte del SENA, de las
prestaciones sociales y aportes dejados de percibir por la actora en el período en
que ocurrió la relación laboral —esto es: cesantías y sus intereses, vacaciones y
prima de servicios, así como el pago de los aportes realizados al sistema de
seguridad social integral—.

1
En adelante SENA.
2
Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00555-01 (0427-2026)
Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
1.2 Hechos que fundamentan la demanda

3. La señora Jovina Amparo Agudelo Guerrero celebró contratos de prestación
de servicios con el SENA entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de octubre de
2016, con el fin de desarrollar los programas «Jóvenes Rurales en Formación
Titulada Profesional, Formación Técnica y Formación Complementaria», dirigidos
a la Formación Profesional Integral del departamento de Bolívar en el Centro
Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.

4. Para el cumplimiento de sus labores, la actora debió acatar las políticas
institucionales, la normativa vigente y los programas de oferta educativa —tales
como la plataforma Sofía Plus—; cumplía horario de lunes a viernes, entre las
siete y las once y media de la mañana, y desde las dos hasta las seis de la tarde.

5.Por lo anterior, la demandante solicitó a la entidad en sede administrativa la
declaratoria de la relación laboral; sin embargo, dicha petición fue denegada
mediante el acto administrativo que ahora se demanda.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6.Como normas vulneradas se citaron los artículos 1, 2, 13 y 53 de la
Constitución Política; artículos 15 y 271 de la Ley 100 de 1993; artículo 3 de la
Ley 797 de 2003; artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y artículo 1 del Decreto
510 de 2003.

7. En cuanto al concepto de violación, estima que el acto administrativo acusado
adolece de ilegalidad e incurrió en una violación directa a la Constitución, debido
a que, a través de él, el SENA negó los derechos invocados por la demandante
con motivo del servicio que desarrolló entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de
octubre de 2016.

8. Que la entidad no cumplió con los procedimientos legales para vincular a la
actora como «Asesor Tutor SENA» en las mismas condiciones que los que
pertenecen a la planta de la entidad, a pesar de que, en su esencia, las funciones
que realizó se ejecutaron en las mismas condiciones y, por tanto, con la
existencia de una relación laboral. Por eso, debe declararse la nulidad del acto
acusado y, a título de restablecimiento del derecho, la existencia de la relación
laboral encubierta entre las partes, con el consecuente pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir.

1.4. Contestación de la demanda

9.El SENA contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En cuanto a los
hechos, indicó que la actora no desarrolló una relación de carácter laboral con la
entidad, sino contractual —guiada por el principio de coordinación—, de carácter
temporal e interrumpido, conforme a lo establecido en el artículo 32, numeral 3,

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, no está llamada a reconocer y pagarle las
prestaciones sociales reclamadas como si se tratase de una relación legal y
reglamentaria, máxime cuando, en el curso del vínculo, la entidad cumplió con el
pago de todos los honorarios.

10. Propuso las excepciones de mérito: i) prescripción; ii) inexistencia de la
obligación y del demandado Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Bolívar;
iii) buena fe y presunción de legalidad; iv) cobro de lo no debido; v) excepción de
insuficiencia probatoria; y, por último, vi) excepción genérica e innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal profirió sentencia el 30 de abril de 2025, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para llegar a
esta conclusión explicó que la demandante no acreditó la existencia de los tres
elementos esenciales que deben concurrir en toda relación laboral.

12.Pues si bien estaba probada la prestación personal del servicio y la
remuneración, no ocurrió lo mismo respecto de la subordinación.

13. Sobre este último requisito, explicó que las pruebas que reposaban en el
expediente eran insuficientes para acreditarlo, pues la declaración de parte
rendida por la demandante y el testimonio de la señora Agudelo Guerrero no
ofrecieron elementos concluyentes para establecer que aquella en el ejercicio de
sus actividades como instructora, fuera subordinada. Además, el hecho de que
tuviera que cumplir con las programaciones dadas por el coordinador académico
o el lugar en donde se realizaría el servicio «solo da cuenta de la facultad de
coordinación que puede ejercer la entidad contratante sobre el contratista».
Respecto del horario, si bien la testigo indicó que se debía cumplir con una
jornada de ocho horas, también dijo que era pactada con las aprendices; pero,
en todo caso, la sola existencia de este indicio no era suficiente para acreditar la
subordinación.

14. Finalmente, expresó que no se probó la existencia de órdenes, poder
sancionatorio o jerárquico de parte del SENA sobre la demandante y los
elementos proporcionados para el servicio eran indicativos de coordinación.

15. En consecuencia, para el Tribunal, de lo aportado en el proceso, solo se
colegía la existencia de una relación contractual en el período en que la actora
estuvo vinculada al SENA, por lo que negó las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

16. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda, ya que, de no accederse a ellas, se violaría el

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
principio constitucional de la realidad sobre las formas. Para el efecto, expuso los
siguientes argumentos:

17. Consideró que las pruebas que reposan en el expediente —especialmente las
declaraciones— sí son suficientes para que se acreditara el requisito de la
subordinación de la relación laboral encubierta que existió entre la actora y el
SENA:

a) La actora debió cumplir con un horario de ocho horas diarias, entre las siete
y las once de la mañana, y entre las dos y las seis de la tarde, de lunes a viernes.

b) Su servicio se cumplió bajo las órdenes directas de los supervisores y
coordinadores del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.

c) La actora debía utilizar la plataforma Sofía Plus para seleccionar las
estrategias de aprendizaje y metodologías, los ambientes de aprendizaje,
orientar los procesos, programar actividades, reportar información académica y
administrativa, evaluar a los aprendices y las demás que le fueran asignadas.

d) Debió realizar un informe que evidenciara el cumplimiento del servicio para
el pago de los honorarios.

e) Cumplió el servicio en las mismas condiciones que los empleados de planta
del ente durante más de nueve años, lo que evidencia la existencia de la
relación laboral entre las partes.

1.7. Trámite en segunda instancia

18. En el auto que admitió el recurso de apelación 3, se dispuso que el Ministerio
Público podía rendir concepto desde esa oportunidad hasta cuando el proceso
subiera nuevamente al despacho para fallo. En ese término, la Procuraduría
Delegada ante esta Corporación, rindió concepto a través del cual solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia. Como sustento, explicó que las
pruebas que hay en el expediente no permiten concluir que el servicio prestado
por la demandante en favor del SENA hubiera dejado de ser independiente.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
3
Del 6 de abril de 2026.

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.

20. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso5, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

21. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

22. ¿Entre la señora Jovina Amparo Agudelo Guerrero y el SENA existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda?

23. En caso de que se encuentre probado lo anterior, se estudiará si sobre tal
vínculo acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la
parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la
demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

24. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

25. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

26. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para

4
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

27. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

28. De acuerdo con las minutas contractuales, se acredita que la demandante
cumplió con la carga de demostrar la prestación personal de su servicio en
favor del SENA entre el 1 de noviembre de 2007 y el 30 de diciembre de 2007 y
entre el 10 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2016, dada la suscripción
de 12 contratos de prestación de servicios, cuyos objetos, extremos de inicio y
fin y valores se discriminan en el siguiente cuadro:

Número Objeto contratado Inicio Finalización Valor
contrato
513 de 2007 Se obliga a Impartir los módulos de Gestión Básica de 1 de noviembre 30 de diciembre $5.134.500
Agronegocios en el curso de Jóvenes Rurales, para la de 2007 de 2007
Elaboración de objetos artesanales, para un total de 300 horas,
en el Municipio de CARTAGENA CORREGIMINETO DE
MAGANGUE (Bolivar)
496 de 2009 Prestar los servicios como Docente Tutor en la especialidad de 10 de 19 de diciembre $4.118.200
Artesanía, para atender cursos de Formación Complementaria noviembre de de 2009
2009, Atención Programa Red Juntos Población Vulnerable, para 2009
Adición contrato desarrollar acciones de formación profesional integral en el área 20 de diciembre 28 de diciembre $700.792
496 de 2009 de Artesanías de 2009 de 2009
343 de 2010 Contratar la Prestación de servicios de un Instructor en la 29 de enero de 14 de julio de $2.180.000
Especialidad de Artesano para desarrollar el programa: 2010 2010
Adición al Formación Técnica, en los módulos de Formación Profesional 15 de julio de 29 de $5.471.800
contrato 343 de área artesanías, en la programación de Cursos para la atención 2010 septiembre de
2010 a población desplazada y vulnerable en el año 2010, que imparte 2010
el Centro Agroempresarial y Minero del SENA Regional Bolívar
(…)
450 de 2010 Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como 4 de octubre de 16 de diciembre $5.232.000
instructor impartiendo formación en los programas de Titulada y 2010 de 2010
complementaria en el área de PRODUCCION ARTESANAL, que
se desarrollará en el Departamento de Bolívar, así como brindar
apoyo cuando EL SENA lo requiera, en la elaboración y/o
actualización de diseños curriculares, la asesoría en la
formulación de planes de negocios, la evaluación y auditoría de
normas de competencia laboral, asesoría y seguimiento de las
empresas creadas por los centros de formación, en la prestación
de servicios tecnológicos, en ejercicios de investigación aplicada,
y en las demás actividades requeridas por la entidad para dar
cumplimiento a la misión institucional en el marco de la formación
por competencias y el aprendizaje por proyectos
187 de 2011 Prestar los servicios personales de carácter temporal como 28 de febrero 30 de junio de $2.245.400
instructor para la ejecución de las acciones de formación de 2011 2011
complementaria presencial en los Programas de Formación
Técnica Área Artesanías que imparte el Centro Agroempresarial
y Minero del SENA (…)

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
583 de 2011 Prestar los servicios personales de carácter temporal como 25 de julio de 20 de diciembre $10.852.767
instructor para desarrollar acciones de formación profesional 2011 de 2011
integral en complementaria presencial en el (los) programa(s) de
Formación Profesional área de producción artesanal que imparte
el Centro Agroempresarial y Minero del SENA, así como brindar
apoyo cuando el SENA lo requiera en la elaboración y/o
actualización de diseños curriculares, en el desarrollo curricular
y todas las acciones relacionadas con la FPI
137 de 2012 Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para 27 de enero de 4 de julio de $10.266.667
desarrollar competencias en los programas de Formación 2012 2012
Profesional Integral para atender a la Población Desplazada en
el área de Artesanías en los diferentes municipios del
departamento de Bolivar de acuerdo al anexo que hace parte
integral del presente contrato
607 de 2012 Prestar los servicios personales de carácter temporal para 23 de julio de 14 de diciembre $11.028.667
desarrollar acciones de formación profesional en proyectos del 2012 de 2012
Programa Jóvenes Rurales Emprendedores para el segundo
semestre de 2012, en el área de artesanías en los diferentes
municipios del departamento de Bolivar (…)
594 de 2013 Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 5 de febrero de 28 de $23.439.023
desarrollar la formación profesional en el área de artesanías y 2013 noviembre de
demás áreas de su competencia, en el marco del programa de 2013
Atención a la Población Desplazada en el área de cubrimiento
del centro
163 de 2014 Prestar los profesionales de carácter temporal para desarrollar la 16 de enero de 27 de agosto de $18.209.663
formación profesional en el área de ARTESANIAS. y demás 2014 2014
Adición al áreas de su competencia, en el marco del programa Atención a 28 de agosto de 27 de $ 7.415.700
contrato 163 de la Población Desplazada en el área de cubrimiento del centro 2014 noviembre de
2014 2014
1002 de 2015 Prestar servicios personales de carácter temporal como 13 de marzo de 28 de $21.641.485
instructor para impartir formación complementaria vulnerable en 2015 noviembre de
el área de artesanías, en el Centro de Formación profesional 2015
Adición al Agroempresarial y Minero 29 de 17 de diciembre $ 1.527.634
contrato 1002 noviembre de de 2015
de 2015 2015
1318 de 2016 25 de mayo de 31 de octubre $ 13.112.200
2016 de 2016

29. De la lectura del objeto del contrato 496 de 2009 se evidencia que la
demandante fue identificada como docente tutora. Al respecto, la Sala considera
—como lo ha expuesto en decisiones precedentes6— que no es posible
equiparar la actividad de los instructores contratistas del SENA —como la
desempeñada por la demandante— con la de los educadores de instituciones
educativas oficiales. Lo anterior, porque la actividad de estos últimos se rige por
estamentos e imposiciones en las condiciones de tiempo, modo y lugar en la
forma en que prestan el servicio. Mientras que el SENA, dada la multiplicidad de
líneas técnicas y tecnologías que ofrece en la formación, se adecua a las
necesidades temporales de los grupos en los que se imparten las capacitaciones
o cursos temporales.

30. Ello implica que el cumplimiento del objeto principal del SENA se materialice
tanto mediante relaciones legales o reglamentarias como a través de contratos
de prestación de servicios. En consecuencia, corresponde a los contratistas que
pretendan el reconocimiento de una relación laboral encubierta demostrar la
concurrencia de todos los elementos esenciales de esta.

31. Así, pese a que en el contrato previamente referenciado se identificó el
servicio de la actora como de «docente», dicha enunciación por sí sola no
acredita tal connotación —ni configura la existencia de la relación laboral
pretendida— pues, como se dijo, dada la naturaleza institucional del SENA y la
multiplicidad de las condiciones y particularidades que se presentan en su

6
Ver entre otras: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A: Rad.
17001-23-33-000-2016-00912-01 (4562-2021). C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez. Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintitrés (2023) y Rad. 17001-23-33-000-2016-00958-01 (5039-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves Bogotá, D.C. cinco (5) de junio de
dos mil veinticinco (2025).

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
servicio, este puede impartirse a través de contratos de prestación de servicios,
justo como los que en este caso se busca desvirtuar.

32. Por lo anterior, es la demandante quien tiene la carga de acreditar todos los
elementos de la relación laboral, máxime cuando el principio constitucional en
que se fundamenta su declaratoria propende por develar la realidad de las
relaciones laborales sobre aspectos meramente formales, como lo son las
cláusulas contractuales estipuladas por las partes7.

33. Ahora bien, en cuanto a las actividades realizadas, se evidencia que la actora
cumplió servicios relacionados con la «Gestión Básica de Agronegocios en el
curso de Jóvenes Rurales, para la Elaboración de objetos artesanales»8;
desarrollo de cursos de formación complementaria en el «Programa Red Juntos
Población Vulnerable»9; módulos de formación profesional en el área de
artesanías en cursos a población desplazada y vulnerable10; impartición de
cursos en el área de producción artesanal y elaboración y actualización de
diseños curriculares11; acciones en el área de formación complementaria en
producción artesanal que imparte el Centro Agroempresarial y Minero del
SENA12; y prestación del servicio de formación complementaria «vulnerable» en
el área de artesanía en el Centro de Formación Profesional Agroempresarial y
Minero13.

34. De otra parte, con los mismos documentos que se probó la prestación del
servicio se acredita la contraprestación —que se refiere a los emolumentos
recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas—
a partir de las cláusulas que discriminan los honorarios recibidos por la actora.

35. En cuanto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

36. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

37. En esos términos, se advierte, como lugares de trabajo, la demandante tuvo
los diferentes municipios del departamento de Bolívar. Esto es así, debido a que
los contratos de prestación de servicios y la declaración de la señora Hernández
Castaño así lo permiten concluir.

7
A esta misma conclusión llegó la Subsección en la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 dentro del proceso identificado bajo
el radicado 05001-23-33-000-2021-00090-01 (1366-2025).
8
Contrato 513 de 2007.
9
Contrato 496 de 2009.
10
Contrato 343 de 2010 y contrato 137 de 2012.
11
Contrato 450 de 2010 y contrato 187 de 2011.
12
Contrato 583 de 2011.
13
Contrato 1002 de 2015 y contrato 1318 de 2016.

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
38. En efecto, para el contrato 513 de 2007 las actividades se realizaron en la
ciudad de Cartagena. Para los contratos 583 de 2011 y 594 de 2013, la cláusula
tercera dispone que la concreción del objeto se realizaría en diferentes
municipios del departamento de Bolívar; asimismo, la adición y modificación del
contrato 163 de 2014 dispuso, en su cláusula tercera, que la ejecución y el
domicilio respectivo para la ejecución de las obligaciones convenidas serían
«todos los municipios del departamento de Bolívar». Finalmente, la cláusula
vigésima del contrato 1002 de 2012 estableció como lugar de trabajo «los 46
municipios del departamento de Bolívar (…)».

39. En sintonía con lo anterior, la señora Doris Hernández Castaño indicó que
conoció a la demandante desde el año 2008, debido a que fue su compañera en
diferentes veredas del departamento de Bolívar, cerca del municipio de María La
Baja, en tanto también prestó su servicio en favor del SENA como instructora
artesana14.

40. Respecto al horario de labores, la señora Hernández Castaño indicó que,
tanto en su caso como en el de la demandante, conocía que se debía cumplir
con una jornada de ocho horas diarias, de lunes a viernes. Sin embargo,
posteriormente añadió que, cuando los cursos a impartir eran con personas
vulnerables, los horarios eran pactados con los aprendices15.

41. Para la Subsección, contrario a lo dicho por la demandante en el recurso de
alzada, esta información no es suficiente para comprobar que estuvo sujeta al
cumplimiento de un horario irrestricto por parte del SENA. Véase que la testigo
indicó que la imposición de los horarios y de los días del servicio devenía de los
contratos suscritos por los instructores con la entidad. No obstante, revisados
estos no encuentra la Subsección la imposición de jornadas diarias o mensuales
a la actora, sino únicamente —y en determinados contratos— la indicación de
que debía cumplir con un número de horas mensuales —en concreto, 160—16;
de modo que es dable concluir que la información que reposa en el expediente
no corrobora las exposiciones hechas por la única testigo del caso sobre este
particular.

42. Asimismo, debe enfatizarse que no se aportaron al proceso otros elementos
—bien fueran testigos o documentos— que brinden claridad adicional sobre este
punto.

43. Con todo, la Subsección no desconoce que el hecho de que se acredite en
determinados contratos que la actora cumplía mensualmente un número de

14
Al respecto, la testigo dijo lo siguiente: «Como artesana la conocí desde el 2008 más o menos cuando entró a participar en el SENA
como instructora, se desempeñaba como artesana en fibras naturales en diferentes partes del Departamento, fui su compañera mucho
tiempo en María la Baja, en distintas veredas, nos tocaban casi las mismas competencias entonces siempre nos juntábamos,
desarrollábamos que era lo que íbamos a enseñar y en esa forma la conocí (…) María la Baja compartíamos vivienda, trabajamos en
diferentes veredas muchas veces, pero las competencias eran muy similares entonces laborando casi siempre salía en el transporte que
era una moto, la llevaba a la vereda y la regresaba en la tardecita».
15
«PREGUNTADO: ¿Cuál era el horario de entrada y cuál era el horario de salida? CONTESTÓ: Como se trabajaba con gente vulnerable,
mujeres cabeza de familia, casi siempre el horario lo pactábamos con las mismas estudiantes, pero en la institución estábamos las ocho
horas, unas entraban, otras salían, pero siempre estábamos con el personal».
16
Tal es el caso de la Cláusula cuarta del contrato 583 de 2011.

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horas para satisfacer las obligaciones adquiridas con la entidad denota que su
servicio debía satisfacerse en determinadas franjas de tiempo. Sin embargo, la
periodicidad y obligatoriedad de estas no se encuentra acreditada con suficiencia
probatoria. Aun así, esta Sala17 ha reiterado que la sola existencia de un horario
no resulta suficiente para acreditar la configuración de una relación laboral
encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios —como el
direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en conjunto,
conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.

44. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

45. En el recurso de apelación se indicó que la demandante estuvo bajo
subordinación del SENA, debido a que cumplió las órdenes de sus supervisores
y coordinadores, utilizaba la plataforma establecida por la entidad y realizaba
informes que condicionaban el pago de los honorarios.

46. Sin embargo, la Subsección discrepa de la posición de la recurrente, pues,
contrario a lo dicho en su recurso, las pruebas que reposan en el expediente —
tal como lo adujo el Tribunal en la sentencia recurrida— no son elementos de
juicio pertinentes, útiles y conducentes que conduzcan a afirmar la existencia de
algún tipo de direccionamiento y control por parte del SENA, al punto de concluir
que la demandante no era autónoma en la ejecución de sus obligaciones
contractuales.

47. En efecto, respecto de la posible existencia de órdenes de parte de sus
superiores, en el expediente no existe constancia documental de eventuales
requerimientos, imposiciones o llamados de atención.

48. En cuanto a la declaración de la señora Hernández Castaño, de ella se destaca
que tanto ella como la actora tenían un jefe inmediato que hacía seguimiento,
quien podía acercarse en cualquier momento a la institución para inspeccionar la
manera en que los instructores realizaban el servicio18. Para la Sala esta

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
18
Al respecto la testigo dijo lo siguiente: «PREGUNTADO: ¿Tenían ustedes un jefe inmediato, un coordinador que les hacía seguimiento?
CONTESTÓ: Si, un jefe inmediato que en cualquier momento se aparecía en el trabajo, el SENA haca seguimiento a los instructores (…)
PREGUNTADO: ¿Le comentó la señora Jovina si ella tenía un coordinador o jefe inmediato? CONTESTÓ: Si, depende del sitio de trabajo,
si era el Sur de Bolívar tenía un jefe inmediato, todos tienen un jefe inmediato, varía en el sitio que se laboraba, teníamos un coordinador
y un jefe inmediato, el coordinador en cualquier momento llegaba a la institución a ver que estaba uno desarrollando, a mirar las guías,
hacían un seguimiento continuo, al SENA a los 30 días había que darle un informe tanto de las competencias, había que llegarle con la
carta del sitio donde uno laboraba, se pasaba una información de lo que uno estaba haciendo».

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exposición no contiene indicios determinantes y contundentes de algún
direccionamiento y control efectivo sobre las actividades de la demandante, en
tanto que solo se refirió en términos generales a la existencia de supervisiones
sobre el servicio de los instructores, sin precisar la forma en que, de manera
particular, concreta y específica, pudo conocer que dichas instrucciones se
replicaban sobre la actora, a efectos de que, en esta instancia, la Sala pueda
establecer si ellas excedieron o no los límites de coordinación que caracterizan
los contratos de prestación de servicios. Ello, por cuanto la misma declarante
explicó a pregunta posterior que los servicios ejecutados por los instructores en
el SENA eran realizados con autonomía19.

49. Lo propio ocurre con la utilización de la plataforma Sofía Plus, pues, para
sustentar en el recurso de alzada los posibles direccionamientos que a través de
ella existieron, ello se limitó a desarrollar las actividades contractuales a las que
se comprometió la demandante; por lo que la existencia de instrumentos en los
que se consignaran y regularizaran las obligaciones a ejecutar no denota la
existencia de subordinación.

50. Asimismo, la Subsección considera que la presencia de informes o
verificaciones para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la actora no
condiciona su independencia, sino que se inserta dentro de los parámetros de
coordinación que caracterizan los contratos de prestación de servicios. Ello,
debido a que dentro de dicha facultad —en aras de lograr la correcta ejecución
de los contratos— la entidad contratante puede «regularizar algunas funciones,
el definir horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro
de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»20.

51. Asimismo, la Sala no comparte la consideración de la parte actora relativa a
que realizó las actividades para las que se le contrató en las mismas condiciones
que el personal de planta. Esto, debido a que, más allá de la información que
rindió en la declaración de parte sobre este particular21, no existe prueba en el
plenario que así lo corrobore.

52. De cualquier modo, para la Subsección es palmario que —aun en gracia de
discusión— no es de recibo el argumento según el cual la existencia de
equivalencia entre las funciones realizadas por un contratista y el personal de
planta de una entidad pública —o que el contratista hubiera realizado actividades

19
«PREGUNTADO: Usted sabe si la señora Jovina en el momento de impartir su formación a los campesinos, y a la población desplazada,
madres cabezas de familia ¿era autónoma en enseñar esas artesanías? CONTESTÓ: A nosotros nos daban en si la competencia, pero la
desarrollábamos de acuerdo con nuestra experiencia, ella era la instructora de artesanías y era autónoma en desarrollar las competencias,
no cambiaba la competencia, pero si la desarrollaba a su manera».
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-
42-000-2015-05534-02 (1428-2025) C.P: LUIS EDUARDO MESA NIEVES.
21
«PREGUNTADO: A usted le consta o tuvo conocimiento, o conoció a alguien de planta del SENA que desempeñara la misma labor de
usted CONTESTÓ: Si, está Mónica Torre Negra, creo que es la única que está de planta, no sé si ahorita habrá otras, pero cuando yo
estaba allá la que estaba de planta era ella».

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inherentes a aquella— sea suficiente para configurar la existencia de
subordinación y, por tanto, de una relación laboral encubierta.

53. Lo anterior, debido a que, en la jurisdicción contencioso-administrativa, quien
pretenda la declaratoria de una relación laboral encubierta con entidades del
Estado debe demostrar que, durante la ejecución del servicio, se configuraron los
tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y, especialmente,
subordinación. Máxime porque el ordenamiento jurídico nacional permite que las
entidades del Estado cumplan excepcionalmente el cometido que les fue
asignado con personas distintas a las que integran su planta de personal,
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: i) las
actividades requieran conocimientos especializados o ii) no puedan realizarse
con el personal de planta.

54. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Por lo tanto, para la
Subsección es claro que era a la actora a quien le correspondía probar los
supuestos de hecho de la configuración de la relación encubierta que alegó que
existió entre su persona con la entidad a través de las pruebas pertinentes,
suficientes y útiles del caso, tal y como se ha sostenido la Subsección en casos
anteriores22.

55. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»23.

56. En consecuencia, debido a que en el presente asunto no se probó el
elemento de subordinación entre las partes, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó la declaratoria de existencia de una relación laboral
encubierta y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda.

57. Finalmente, por sustracción de materia, no hay lugar a estudiar el segundo
problema jurídico planteado.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

58. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de noviembre de 2024.
Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
23
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Jovina Amparo Agudelo Guerrero
no obstante, actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es
procedente verificar la carencia de fundamento legal.

59. En ese orden, comoquiera que en este caso el recurso de apelación no
prosperó, se condenará en esta instancia a la parte vencida, es decir, a la
demandante. Para el efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de primer grado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolivar, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la demandante,
conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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