Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2022-00020-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00020-01 (4461-2024)
Demandante: Carolina Castaño Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00020-01 (4461-2024)
Demandante: Carolina Castaño Pérez
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
20 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto de la ESE Hospital
2.
Santa Mónica de Dosquebradas, producto de la reclamación administrativa
realizada el 10 de junio de 2021 por la señora Carolina Castaño Pérez, mediante
el cual se negó la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes.
3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la ESE liquide y pague en
favor de la actora, durante el período en que se declare la existencia de la relación
laboral, las diferencias salariales, recargos nocturnos, dominicales y festivos,
horas extras y «las prestaciones sociales liquidadas conforme a los derechos
laborales de los empleados de planta» que realizaban las mismas actividades
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que ella cumplió, así como el pago de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías, la indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones
sociales y la indemnización por el despido sin justa causa.
Que se reliquiden los porcentajes de cotización de la demandante conforme al
4.
reajuste salarial solicitado y que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato
de obra o labor mediante intermediario se compute a su favor para efectos
pensionales.
Finalmente, que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del
5.
artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la ESE.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
6.La señora Carolina Castaño Pérez prestó sus servicios como profesional en
odontología en favor de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas entre el
1 de marzo de 2017 y el 28 de julio de 2019.
Las vinculaciones de la demandante para cumplir con el servicio en la ESE se
7.
dieron a través de la empresa de servicios temporales Misión Plus SAS por
contratos de trabajo por obra o labor.
8. Adujo que las funciones de odontología eran realizadas de manera similar por
el personal de planta de la ESE, en tanto dicho cargo se encontraba previsto en
su manual de funciones con la denominación «Profesional en Odontología Nivel
– Profesional, Código 214, Grado 17».
9.Indicó que los salarios y prestaciones sociales recibidos eran inferiores a los
del personal de planta, a pesar de que sus funciones eran iguales.
10.Sostuvo la demandante que el 10 de julio de 2019, radicó una solicitud de
licencia no remunerada desde el 29 de julio hasta el 16 de agosto de 2019, la
cual, adujo, fue aceptada de manera verbal por su jefe directo.
11.A pesar de lo anterior, se indicó que fue «despedida sin justa causa» del cargo
el 28 de julio de 2019, bajo el argumento de que abandonó su puesto de trabajo.
12.El 10 de junio de 2021 la demandante presentó reclamación administrativa
ante la ESE con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral
entre las partes, así como el consecuente pago de las acreencias e
indemnizaciones laborales. Sin embargo, la entidad no profirió respuesta, por lo
que, se configuró el silencio administrativo negativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
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13.Se invocó la vulneración del artículo 53 de la Constitución Política y de los
artículos 27 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo.
Expresó que las actividades realizadas por la demandante no se ejercían de
14.
manera autónoma ni eran temporales o transitorias, dado que estaban previstas
en el manual de funciones de la ESE con la denominación «Odontología, Nivel -
Profesional, Código 214, Grado 17» y eran indispensables para cumplir con la
misionalidad de la entidad. En consecuencia, tales actividades no debían
satisfacerse a través de contratos por obra o labor con una empresa distinta a la
beneficiaria del servicio.
En suma, consideró que por las funciones ejecutadas se configuró una
15.
verdadera relación laboral con la ESE, por lo que la empresa Misión Plus SAS
Servicios Temporales actuó como simple intermediaria.
1.4. Contestación de la demanda2
16.La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual desarrolló los siguientes
argumentos:
Negó que la actora hubiera estado relacionada con la entidad o que realizara
17.
actividades en las mismas calidades del personal de planta; al tiempo que
desconoció el tipo de vinculación que pudo tener con la empresa Misión Plus SAS
Servicios Temporales.
Asimismo, negó que la entidad haya determinado las actividades realizadas
18.
por la actora, o que hubiese actuado como su empleadora.
19.Consideró que, para acreditar la existencia de una relación laboral entre las
partes, es necesario que la parte interesada pruebe la vinculación con la entidad
y que desempeñó sus actividades en las mismas condiciones que cualquier otro
servidor público; sin embargo, en el caso bajo estudio únicamente se probó, como
relación de conexidad entre las partes, el lugar de trabajo, de modo que no
existen elementos de juicio suficientes para acreditar la existencia de la relación
laboral, dado que no se acreditó prueba de subordinación o dependencia del
servicio de la actora respecto de posibles actuaciones de la ESE.
20.En cuanto a las pruebas aportadas con la demanda, censuró el hecho de que
la demandante hubiera allegado aparentes mensajes enviados a personal de la
ESE. A su juicio, estos documentos no permiten establecer si la persona que
señala como gerente en realidad lo fuera, dado que no existen elementos que así
lo acrediten. Lo propio ocurre con el mensaje de alguien identificada como «Jefe
2
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Martha», respecto de quien tampoco puede garantizarse con lo aportado que en
realidad fuera algún superior de la demandante.
21.Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inexistencia de
infracción de disposiciones legales; iii) cobro de lo no debido; iv) imposibilidad de
condenar a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas; y v) genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
22.El Tribunal dictó sentencia el 20 de junio de 2024, mediante la cual declaró la
nulidad del acto ficto demandado y la existencia de la relación laboral encubierta
entre las partes entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de julio de 2019. Como
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que la ESE
pagara a la demandante el valor que corresponda por concepto de prestaciones
sociales (prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de
transporte «y las demás prestaciones legales a que haya lugar») durante el
periodo en que se declaró la relación laboral; como base para su liquidación,
indicó que debían tomarse los salarios recibidos por el personal de planta que
desempeñara las mismas funciones.
23.Asimismo, ordenó: i) el pago de las diferencias salariales que resulten entre lo
recibido por la actora y lo que debió recibir, con base en el cargo equivalente en
funciones en la planta de la ESE; ii) la cotización por parte de la ESE en favor de
la actora de las diferencias existentes en los aportes a pensión que le
correspondía realizar como empleador; y iii) el ajuste de los valores de la condena
conforme al IPC, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA.
Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
24.
condenar en costas.
Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió los elementos
25.
que componen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:
Prestación personal del servicio: Se acreditó que la actora prestó sus
26.
servicios como odontóloga en la ESE Hospital Santa Mónica entre el 1 de marzo
de 2017 y el 28 de julio de 2019. En efecto, las pruebas demuestran que ella
suscribió contratos de trabajo con Misión Plus SAS para prestar sus servicios en
misión en el área médico-asistencial de la ESE enjuiciada.
27. Remuneración: Al plenario se allegaron las constancias de pago de los
salarios recibidos por la demandante, cuyo pagador fue la empresa Misión Plus
SAS.
28. Subordinación: Para el Tribunal se acreditó la subordinación del servicio de
3
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la demandante conforme al testimonio de la señora Luisa Fernanda Giraldo
Castañeda, quien, respecto del servicio de aquella indicó lo siguiente: i) cumplió
un horario entre las siete de la mañana y las doce del mediodía, sin perjuicio de
que este variara por reemplazos o cambios indicados por el coordinador
encargado; ii) los elementos de trabajo eran entregados por la ESE; iii) tanto ella
como la demandante recibieron órdenes y directrices del coordinador de
odontología sobre las actividades a desarrollar; iv) a la actora le correspondía
realizar las mismas funciones de los odontólogos de planta, con la única
diferencia de que estos tenían un salario superior; y v) que en una ocasión recibió
un llamado de atención verbal por parte del gerente de la ESE.
29.Asimismo, explicó que las actividades de la actora también eran satisfechas
por la entidad mediante personal de planta, lo que acreditó la permanencia, la
intemporalidad y similitud del servicio.
30.Consideró el Tribunal que, cuando se pretende demostrar la existencia de una
relación laboral cuyo sustento son contratos de prestación de servicios suscritos
entre una entidad del Estado y un particular, lo esencial es que este último
demuestre la existencia de subordinación. Sin embargo, cuando lo que se
pretende es demostrar la existencia de una relación laboral derivada de vínculos
entre el demandante y un tercero que se aduce como simple intermediario, «el
peso probatorio gira alrededor de si se da el abuso, extralimitación o si se trata
de un enmascaramiento con fines de evadir derechos laborales».
31.En ese sentido, de acuerdo con las pruebas, concluyó que la actora durante
todo el periodo de contratación (más de dos años) estuvo vinculada mediante
empresa de servicios temporales, lo que desvirtúa sus vinculaciones, en tanto
que, si bien las actividades realizadas eran permanentes y propias de la
administración, fueron ejecutadas bajo esta modalidad por un término mayor al
permitido (un año). Por consiguiente, el Tribunal adujo que la ejecución del
servicio se realizó bajo subordinación y dependencia del empleador, lo que a su
vez denota la condición de simple intermediario de la empresa que contrató a la
demandante.
1.6. Recurso de apelación4
32.La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Al efecto, solicitó su
revocatoria para que, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para sustentar
su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:
33.Difirió de la posición adoptada por el Tribunal en cuanto a acreditar la
existencia de subordinación en el servicio de la demandante proveniente de la
ESE, así como la existencia de una tercerización laboral a través de empresas
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de servicios temporales, dado que, a su juicio, en el plenario no hay pruebas que
sustenten dichas premisas.
34.En efecto, respecto del testimonio practicado, indicó que sobre este se formuló
tacha de sospecha, pero el Tribunal no la resolvió en la sentencia, por lo que
solicita que se resuelva en segunda instancia.
35.Que si bien en la declaración se relataron las circunstancias en que la actora
debía cumplir sus actividades en misión en la ESE, tales afirmaciones no fueron
concluyentes respecto de la existencia de subordinación. En realidad, la testigo
se limitó a realizar manifestaciones sin que se determinara la ciencia de su dicho,
esto es, las razones por las cuales le constaban los hechos relatados.
36.Igualmente, tanto del testimonio como de los demás documentos aportados al
plenario no se desprende que la demandante estuviera subordinada a la ESE
mediante asistencia a reuniones o sujeta al cumplimiento de metas o potestades
disciplinarias.
37.Finalmente, adujo que la existencia de un horario, de acuerdo con el
precedente dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, no es un aspecto que denote por sí solo
subordinación, pues las actividades realizadas estaban relacionadas con el
servicio de salud5.
1.7. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación se admitió en auto del 17 de octubre de 20246,
38.
oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo.
39.Dentro de esa oportunidad, la agente del Ministerio Público delegado ante esta
Corporación7 rindió concepto a través del cual solicitó revocar la sentencia de
primera instancia, pues, a su criterio, no se acreditó la subordinación que se
predica de la ESE sobre la demandante.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
5
Al respecto citó la sentencia proferida por esta Subsección el 23 de octubre dentro del radicado interno 2842-2017, con
ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.
6
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2.1. Competencia
40.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
41.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
42.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
43.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
44.¿Entre la señora Carolina Castaño Pérez y la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas existió una relación laboral encubierta en el período reclamado
en la demanda por configurarse en su servicio los elementos del contrato de
trabajo, a pesar de haber sido contratada por una empresa de servicios
temporales?
De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
45.
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
46.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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47.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
48. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
49.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.4. De las empresas de servicios temporales
50. El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido
en la Ley 50 de 28 de diciembre de 199010 y el Decreto 24 de 199811, modificado
por el Decreto 50312 de esa misma anualidad.
51. Es así como en el artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que
es una Empresa de Servicios Temporales en los siguientes términos:
«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo
10
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
11
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
12
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el ejercicio de la
actividad de las Empresas de Servicios Temporales.
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de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con
respecto de éstas el carácter de empleado».
52. Del mismo modo, el artículo 74 ibídem, establece la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:
«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en misión,
que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias
de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».
53. De acuerdo con lo anterior, la contratación de servicios con las empresas de
servicios temporales conforma una modalidad de trabajo en la que no existe
vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo realiza
o presta el servicio.
54. Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y el
trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera una
relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el trabajador y la
Empresa de Servicios Temporales.
55. Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente entre
la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la
prestación personal del servicio existe un verdadero contrato de trabajo o relación
laboral, regido por la normativa laboral del Código Sustantivo del Trabajo13.
56. Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que «[…] los trabajadores en misión tendrán derecho a
un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad», así como los beneficios que la usuaria tenga
en materia de transporte, alimentación y recreación14.
2.5. La figura del simple intermediario
57. De otra parte, el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso:
«ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.
13
Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley.
14
Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la
empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores
en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación. (se aclara que estos párrafos van de pie de
página solo que al copiar directo, lo tomó de esta manera)
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1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un {empleador}.
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios
de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador}
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del {empleador}. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas».
58. En relación con esta figura jurídica, la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 proferida por esta Corporación precisó lo siguiente:
«199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018, sobre la
figura del simple intermediario, sostuvo lo siguiente:
[…] son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador
para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.
200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de
Justicia, la Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al presente,
luego de analizar el elemento de la remuneración cuando el pago lo realiza el
contratante, pero el beneficiario de los servicios no es él, sino un tercero ajeno a
la relación contractual, concluyó lo siguiente:
[…] no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios,
desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral,
al verificarse que el pago se realiza por un tercero aparentemente solo por la labor
cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado
personalmente en la entidad que efectivamente se benefició de la labor, así,
concluye la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica
pagada por un tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la
entidad en la que se ejecuta el servicio asuma la responsabilidad por la
desfiguración del contrato primigenio y, en tales condiciones, la entidad
beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado contratista está en
la obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del
contrato de trabajo.112 [Negrillas fuera del texto].
201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en
favor de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos
los requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión
se ampara en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formas, como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores».
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59. De acuerdo con lo anterior, cuando la administración pública acude a la figura
del simple intermediario para contratar suministro de personal, la existencia de
un contrato de prestación de servicios en favor de un tercero ajeno a este contrato
no impide que, encontrándose acreditados los requisitos de la relación laboral,
se declare su existencia en aplicación del principio constitucional de la realidad
sobre las formas.
2.6. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
60.La entidad en el recurso de alzada reprochó que el Tribunal no hubiera
analizado en la sentencia recurrida la tacha por sospecha presentada contra la
testigo Luisa Fernanda Giraldo Castañeda, por lo que solicitó que en segunda
instancia se realizara tal estudio.
61.Pues bien, la Sala negará la petición del recurrente, dado que no se observa
que, al decretarse la prueba testimonial o en curso de la audiencia de pruebas
celebrada el 29 de noviembre de 2022 por el a quo, la entidad hubiera propuesto
la tacha en los términos del artículo 211 del CGP15. De manera que no le era
posible al Tribunal —y ahora a esta Subsección— resolver una solicitud que no
fue propuesta en la oportunidad procesal correspondiente por la parte
interesada.
62.En todo caso, la Sala precisa que la tacha del testigo no conlleva al
desconocimiento de ese medio probatorio, sino a la valoración rigurosa del
mismo. De tal manera que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en
relación con el marco jurídico aplicable y las demás pruebas que reposan en el
plenario, la Subsección realizará la valoración probatoria del testimonio conforme
a su pertinencia, utilidad y conducencia.
Ahora, con los documentos aportados al plenario se acredita que la
63.
demandante prestó sus servicios como odontóloga en la ESE Hospital Santa
Mónica entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de julio de 2019, a través de la
suscripción de contratos de obra o labor con la empresa Misión Plus SAS.
En efecto, reposa en el expediente el certificado expedido el 20 de noviembre
64.
de 2019 por la coordinadora de Recursos Humanos de la empresa Misión Plus
15
Al respecto la doctrina ha señalado frente a la oportunidad de la tacha, lo siguiente: «Con la supresión de algunas
expresiones, los arts. 210 y 211 del CGP prevén que solamente la tacha por inhabilidad absoluta podrá formularse con
anterioridad a la diligencia, la cual de encontrarse probada impedirá la recepción de la declaración; en cambio, la tacha
por motivos que afecten la imparcialidad podrá ser formulada antes o durante el testimonio y será apreciada al momento
de fallar». Derecho probatorio. Introducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad. Nattan
Nisimblat. Ediciones doctrina y Ley ltda. Bogotá D.C., Colombia. Página 287.
Asimismo, el doctor Hernan Fabio López Blanco enseña sobre este particular lo siguiente: «La tacha debe ser presentada
en el curso de la audiencia en la cual se va a practicar la declaración y no existe una precisa oportunidad para hacerlo,
porque puede ser al iniciar o finalizar la misma, limitándose la intervención a expresar "las razones en que se funda.", de
manera concisa, concreta y sin necesidad de adjuntar pruebas y mucho menos de solicitar su práctica, lo que es suficiente
para que el juez analice "el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias decada caso.", sin que
cambie en nada la recepción de la declaración». Código General del Proceso. Pruebas. Edición DUPRE Editores Ltada.
Bogotá D.C., Colombia., página 303 y siguientes.
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SAS, que deja constancia de esta vinculación16. Igualmente, la actora aportó
junto con la demanda las copias de trece (13) contratos de obra o labor suscritos
por ella con Misión Plus SAS durante el periodo de actividades en la ESE 17, a
efectos de prestar sus servicios odontológicos con base en los contratos de
compraventa de servicios de personal asistencial suscrito entre Misión Plus SAS
y la ESE Hospital Santa Mónica18.
Asimismo, se encuentran los «contratos de compraventa de servicios de
65.
personal para el desarrollo del programa de plan de intervenciones colectivas»
suscritos con la empresa Misión Plus SAS entre los años 2017 y 201919.
66.Con relación a la contraprestación recibida por la demandante en la
ejecución de sus actividades como odontóloga se encuentra acreditada a partir
de los certificados de tiempo de servicio, los contratos suscritos entre ella y
Misión Plus SAS —previamente referenciados— y los certificados de pagos por
nómina realizados por la mencionada empresa20.
67.Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.
68.Pues bien, como la vinculación de la demandante se dio por medio de
empresa de servicios temporales, la Sala recuerda que si bien ha sostenido21
que el ordenamiento jurídico prohíbe el uso del trabajo asociado o de
cooperativas como mecanismos para que el Estado evada sus obligaciones
laborales, también lo es que la ejecución de funciones a través de dichas
empresas no es suficiente por sí sola para acreditar la existencia de una relación
laboral, pues es necesario que quien lo pretenda demuestre la configuración de
los elementos del contrato de trabajo, en especial la subordinación con la entidad
pública que se señala como empleadora real.
69.Por lo anterior, se abordará el estudio del elemento de la subordinación a la
luz de los criterios establecidos por la Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021.
16
Índice 1 del aplicativo SAMAI – Primera instancia Demanda y anexos pág. 26.
17
En detalle, estos contratos tiene como fechas de inicio, respectivamente, las siguientes: 01/03/2017, 17/06/2018,
01/09/2018, 08/09/2018, 22/10/2018, 15/11/2018, 01/12/2018, 15/12/2018, 29/12/2018, 01/01/2019, 15/01/2019,
01/06/2019 y 09/06/2019.
18
Índice 1 del aplicativo SAMAI – Primera instancia Demanda y anexos págs. 28 - 53.
19
Índice 32 aplicativo SAMAI – Primera instancia.
20
Índice 36 aplicativo SAMAI – Primera instancia.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y 76001-23-33-
000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
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70.En cuanto al lugar de trabajo de la demandante, se tiene que lo fue las
instalaciones de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, según los
contratos y los certificados de tiempo de servicios aportados al proceso.
71. Respecto al horario de servicio, no se observa en los documentos que se
haga referencia a ello. Solo la testigo Luisa Fernanda Giraldo Castañeda, indicó
en su declaración que la jornada de la demandante comprendía entre las siete
de la mañana y las doce del mediodía; y que este podía variar en las horas de la
tarde, en función de los reemplazos o los cambios de lugar de trabajo22.
72.A pesar de que la testigo expresó lo que conocía sobre el horario de la actora,
la Sala difiere de la postura asumida por el Tribunal de darle validez y eficacia
probatoria a sus dichos a efectos de tener por acreditado no solo el horario, sino
también las demás particularidades del servicio de la demandante durante todo
el tiempo de su vinculación, dado que se observan en su declaración
inexactitudes que afectan su credibilidad.
73. En efecto, la testigo indicó que ella prestó el servicio de odontóloga en la ESE
demandada desde el año 2009 hasta el año 2017, cuando tuvo que dejar el
servicio por limitaciones en su salud23. Al preguntársele sobre su conocimiento
respecto de la labor de la actora en diferentes oportunidades, respondió que esta
última inició sus actividades entre febrero y marzo de 201624, y a pregunta
posterior indicó que ambas prestaron el servicio desde la mitad de ese año, es
decir, del 2016 hasta mayo de 2017, cuando ella (la testigo) salió del servicio por
licencia de maternidad, aunque con posterioridad en ese año siguieron
viéndose25.
En ese contexto, la Subsección no puede considerar la declaración de la
74.
señora Giraldo Castañeda como suficiente y útil para concluir que, durante todo
22
La testigo sobre este particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted recuerda qué horario? Usted mencionaba que sí
tenía horario, la doctora Castaño Pérez tenía horario. ¿Cuál era ese horario? Contestó: Sí señor, de 7 de la mañana a
12 del día. Pregunta: ¿Solamente? Contestó: Esto podía variar, porque a veces había que hacer reemplazos o a veces
se cambiaba el horario o el lugar de trabajo, entonces se podía trabajar en el horario de la tarde».
23
En detalle la testigo dijo: «Pregunta: ¿A qué se dedica actualmente? Contestó: En este momento estoy incapacitada
por una condición médica (…) Soy odontóloga, pero en este momento no estoy ejerciendo la odontología porque tengo
una discapacidad visual. Pregunta: Antes de su incapacidad, ¿dónde se desempeñaba su profesión? Contestó: En el
Hospital Santa Mónica. Pregunta: ¿Desde qué época? Contestó: Desde el 2009. Pregunta: ¿Hasta qué época? Contestó:
Y aún sigo por medio de la temporada. Pregunta: ¿Cuándo empezó su incapacidad? Contestó: Con la discapacidad
empecé en el 2017».
24
«Pregunta: ¿Usted se acuerda en qué fecha empezó ella a trabajar allá? Contestó: En el 2016. Pregunta: ¿En qué
fecha? Contestó: En febrero o marzo del 2016 (…) Pregunta: ¿Usted por qué tiene tan presentes las fechas de inicio de
la señora Carolina en las que ella desarrolló las funciones en el hospital? Atendiendo también, usted nos comentaba que
es incapacitada desde el 2019, ¿qué la hace recordar tan puntualmente esos periodos? Contestó: Yo lo recuerdo muy
bien porque en el año del 2016 yo quedé en embarazo de la segunda niña y ella al siguiente año quedó en embarazo
también de la bebé de ella. Entonces yo recuerdo muy bien esas fechas y más que al año siguiente pues empecé yo con
mis limitaciones visuales».
25
«Pregunta: ¿Ustedes compartían lugar de trabajo o quedaban en sedes diferentes? Contestó: Sí señor, nosotros
compartíamos lugar de trabajo un tiempo, sí señor. Pregunta: ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué estamos hablando cuando
dicen que compartían el mismo lugar de trabajo? Contestó: En el 2016, más o menos después de mitad de año, yo estaba
primero en Santa Mónica cuando ella entró a la inducción, que yo vi cuando a ella le empezaron la inducción. Y de ahí yo
estaba primero allá en la sede principal y luego pasé con ella a Santa Teresita, nos tocaba trabajar allá en Santa Teresita.
Y pues todo el tiempo, debido a que nosotros trabajamos allá en 2017, yo salí de la licencia de maternidad en mayo. Y
después ya debido a lo de los ojos míos y eso, entonces yo cuando volví a entrar entré pues con unas restricciones
laborales, pero igual yo me tenía que ver todo el tiempo con ella en Santa Teresita, porque yo iba allá pues a estar por
los cepillos. Bueno, tenía que estar en constante, pues me veía con ella siempre allá en Santa Teresita».
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el período de vinculación, la actora cumplió un horario en las condiciones
relatadas; dado que las contradicciones palmarias en su dicho respecto de los
tiempos en que adujo que compartió con la demandante no se avienen a la
realidad fáctica que se soporta con las otras pruebas arrimadas al plenario.
75.En efecto, véase que, mientras en la demanda y en las pruebas documentales
aportadas al proceso se indica que el servicio de la actora ocurrió entre el 1 de
marzo de 2017 y el 28 de julio de 2019, la testigo, de forma categórica y en varias
oportunidades, indicó que el inicio de las actividades de la demandante fue entre
los meses de febrero y marzo de 2016; incluso indicó que tenía certeza de dicho
conocimiento debido a que compartió actividades en ese periodo con la actora.
76.Así las cosas, se concluye que, aunque la testigo26 afirmó que la demandante
prestó su servicio hasta el año 2019, no hay claridad de la razón de su dicho si
fueron compañeras de trabajo hasta 2017. En otras palabras —tal como indicó el
recurrente en el escrito de alzada— no existen circunstancias objetivas por las
que la declarante conoció de forma directa ello, así como de las condiciones de
modo y lugar en que la actora ejerció sus actividades como odontóloga hasta el
año 2019, siendo esto una de las reglas necesarias para la composición y
posterior eficacia del testimonio27.
77.En ese orden, se considera que sus declaraciones también son insuficientes
para acreditar la existencia de un horario impuesto por la ESE a la demandante,
porque si bien indicó que este se extendía entre las siete de la mañana y las doce
del mediodía, no concretó qué días en específico debía asistir la actora, cuál era
la frecuencia con que se relacionaban en el servicio, quién imponía la obligación
de cumplir una jornada.
En todo caso, la Subsección no desconoce que, por tratarse de un servicio
78.
médico, la existencia de jornadas era necesario en las actividades de la
demandante28. Sin embargo, dicha situación por sí sola no acredita la existencia
de subordinación, porque en los temas de salud, debe entenderse como un
26
En detalle, sobre este aspecto dijo la declarante: «Pregunta: ¿Usted se acuerda en qué fecha empezó ella a trabajar
allá? Contestó: En el 2016. Pregunta: ¿En qué fecha? Contestó: En febrero o marzo del 2016. Pregunta: ¿Y hasta qué
fecha estuvo vinculada? Si lo recuerda, que usted le conste. Contestó: En el 2019»
27
Debe recordarse que para que el testimonio sea útil e idóneo para probar la teoría de un caso, es necesario que sea
responsivo, exacto y completo, para lo cual no basta que el declarante conozca las circunstancias objetivas que expone
(que para el caso concreto son las particularidades del servicio de la demandante) sino también que sustente la razón de
la ciencia de sus dichos, es decir, los motivos por los cuales particularmente conoció en tiempo, modo y lugar los hechos
que conoce. Devís Echandía H., Teoría General de la Prueba Tomo II (2022). Editorial Temis P.112 y siguientes.
Esta regla esta incorporada dentro de nuestra codificación procesal, en tanto que el numeral tercero del artículo 221 del
CGP dispone como reglas para la recepción del testimonio el hecho de que el juez al interrogar al deponente «debe poner
especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la
ciencia de su dicho, con la explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan ocurrido cada hecho
y la forma en que llegó a su conocimiento (…)».
28
Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada determinada por
los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación de servicios y su incidencia en
la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintisiete (27) de
febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES.
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parámetro lógico que guarda relación con el fin de lograr la correcta ejecución del
objeto convenido29.
79.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
80.En el recurso de apelación, la ESE disintió de la decisión adoptada por el
Tribunal de tener por acreditada la existencia de una relación laboral encubierta
con la demandante, en tanto no obran en el plenario los elementos de juicio que
de manera clara evidencien algún direccionamiento o control efectivo por parte
de la entidad sobre las actividades de la actora.
81.La Subsección considera que le asiste razón a la entidad, porque, analizadas
en conjunto las pruebas que reposan en el expediente no se evidencian
circunstancias que ameriten concluir que la demandante estuvo sujeta a la
voluntad y disposición de la entidad demandada en cuanto a las condiciones de
tiempo, modo y lugar de la ejecución de sus servicios.
82.Al respecto a la declarante se le preguntó si ella y la demandante tenían algún
jefe de la empresa de servicios temporales, y respondió que no, pero que sí lo
tenían del hospital en el área de cirugía. Posteriormente, se le preguntó sobre
quién supervisaba la cantidad, forma y calidad del trabajo de ellas, y dijo que
estaba a cargo del coordinador de jefes de odontología30.
83.Si bien la testigo afirmó que tenían un jefe del hospital, no precisó qué
direccionamientos, órdenes o requerimientos le daba a la demandante, tampoco
refirió de qué manera se realizaba la supervisión de su trabajo, de modo que no
se puede concluir que estas fueran propias de una relación de subordinación
proveniente de la ESE.
Por otra parte, aunque la testigo31 indicó que la entidad le proporcionaba a la
84.
demandante los insumos y elementos necesarios para desarrollar sus
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
30
En detalle la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Ustedes tenían jefes de la empresa de servicios temporales?
Contestó: No señor, jefes allá de la temporal no, pero si había pues la jefe del hospital del área de cirugía, era como la
intermediaria que ya era de planta, era la intermediaria allá con el hospital y la temporal. Pregunta: ¿Quién supervisaba
la cantidad, la forma y la calidad del trabajo de ustedes? Contestó: El coordinador de jefes de odontología, César Augusto
Zapata».
31
Sobre el particular se indicó lo siguiente: «Pregunta: manifiéstale al despacho los elementos que ustedes utilizaban
para realizar la labor de quién, eran o a quién pertenecían, si eran de la temporal o eran del hospital. Contestó: Del
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actividades, la Subsección considera que este hecho no configura subordinación
de la ESE, dado que tales circunstancias se encuentran dentro de los parámetros
de coordinación necesarios para lograr los objetivos convenidos, que en este
caso corresponden a la prestación del servicio de salud32.
85.Es pertinente mencionar que el Tribunal, para sustentar la acreditación del
elemento de subordinación, indicó que la señora Giraldo Castañeda presenció
que la demandante recibió un llamado de atención. Sin embargo, la Subsección,
luego de estudiar la audiencia de pruebas, encuentra que la declarante no realizó
manifestación alguna sobre posibles llamados de atención a la demandante. En
realidad, se observa que fue la propia demandante quien, al surtirse su
interrogatorio de parte y ante pregunta formulada por el magistrado ponente
sobre si recibió llamados de atención, contestó afirmativamente33.
86.No obstante, la sola afirmación de la actora no es suficiente para probar la
existencia de un supuesto fáctico que coadyuve la tesis que pretende demostrar,
pues no existen otros elementos probatorios que permitan establecer la continua
dependencia de la demandante con la demandada.
87.De otro lado, sobre los documentos que obran en el plenario, la Subsección
destaca el escrito fechado el 10 de julio de 2019, firmado por la señora Carolina
Castaño Pérez y dirigido a Misión Plus SAS, que tuvo como asunto «solicitud de
licencia no remunerada» y a través del cual se detalla que, con motivo de viaje,
la actora solicitó licencia no remunerada desde el 29 de julio hasta el 16 de agosto
de 2019. De manera informal, y sin que se advierta firma de receptor, aparece
también en el documento un recibido de la misma fecha34, pero no se evidencia
que hubiese sido remitida o recibida por la ESE y que esta directamente hubiese
autorizado o no lo pedido por la aquí demandante.
88.En el expediente también aparecen dos documentos que evidencian capturas
de pantalla de chats de WhatsApp. Para su valoración, es necesario poner de
presente que, sobre el particular, la Corte Constitucional expresó lo siguiente35:
«49. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse
específicamente sobre el valor probatorio de las capturas de pantalla
extraídas de WhatsApp. En este sentido, acudiendo a doctrina especializada,
ha señalado que la aplicación WhatsApp “se constituye como ‘un software
multiplataforma de mensajería instantánea pues, además del envío de texto,
hospital, todos nos lo daban en el hospital, los instrumentales y pues ya las demás cosas, ionómeros, amalgamas, resinas,
anestesias, todo lo daba el hospital».
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
33
En detalle, la demandante dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted en algún momento llegó a recibir algún llamado de
atención? Contestó: Ese llamado de atención fue una vez que me dijo, se retrasó el vuelo que venía desde San Andrés.
Se me retrasó el vuelo, el gerente de ese día se presentó al puesto de salud donde yo estaba trabajando y tuve esa
llamada de atención y un descuento en mi salario por ese día que no pude ir a trabajar. Solo fue eso. Pregunta: ¿Me
aclara usted el llamado de atención fue por cuenta de qué persona? Contestó: Del gerente Javier Alejandro, sí señor».
34
Índice 1 del aplicativo SAMAI – Primera instancia Demanda y anexos pág. 64.
35
Sentencia T-189/24, Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Expediente: T-9.802.563,
magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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permite la trasmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del
usuario’”.36 Adicionalmente, que dada la informalidad de las capturas de pantalla
y las dudas que pueden generar sobre su autenticidad, se les debe otorgar un
valor de prueba indiciaria y analizarse de manera conjunta con los demás
elementos y medios de prueba obrantes en el expediente.37
50. Posteriormente, en sede de revisión, la Corte reiteró que las capturas de
pantalla de los mensajes de texto enviados a través de una aplicación de
mensajería instantánea como WhatsApp sí tienen valor probatorio y precisó
que al no ser aportado en su formato original, deben ser valoradas según las
reglas generales de los documentos y las reglas de la sana crítica. 38 Así, su
fuerza probatoria dependerá del “grado de confiabilidad que le pueda asignar
el juez atendiendo a las particularidades de cada caso” y esta se determinará
por: (i) la autenticidad, es decir, la identificación plena del creador del
documento o, en otras palabras, la certeza que debe tener el juez respecto
de la persona a quien se le atribuye la autoría del documento y (ii) la
veracidad de la prueba, entendida como “la correspondencia con la verdad de
la declaración o representación del hecho allí expresados”39».
89.De lo anterior se puede concluir que la valoración probatoria de los
documentos que evidencian una conversación de WhatsApp dependerá del
grado de confiabilidad que le pueda asignar el juez atendiendo las
particularidades de cada caso, teniendo en cuenta: i) la autenticidad, entendida
como la certeza del origen y la autoría del documento y ii) la veracidad de la
prueba, esto es, la coherencia interna de los conceptos que contiene el
documento. Sin embargo, ante la existencia de dudas sobre la autenticidad del
documento, a dicha prueba se le otorga la calidad de prueba indiciaria, lo que
amerita que esta se analice en relación con las otras pruebas del expediente.
90. Bajo ese marco, se pone de presente que el primero de los chats de WhatsApp
indica como receptora a alguien identificada como «Jefa Martha» a quien el
emisor —que en el acápite de pruebas de la demanda se indicó que era la
actora— le indicó: «Jefe le estaba marcando para recordarle que este viernes
salgo a la licencia no remunerada que solicité también quería preguntarle si le
tengo que avisar a la dra Lina Rendón o ud le informa» (sic en la cita), a lo que
la receptora responde: «Si dra usted al fin le dijo al Gerente?» (sic en la cita), lo
que la actora contesta «Si señora yo le comenté» y la receptora responde, por
último: «Ok»40.
La segunda captura de pantalla se identifica como receptor a «Gerente Gaviria
91.
S…», quien, en todo caso, no se advierte que haya respondido al siguiente
mensaje enviado por el remitente: «Doctor buenos días, como está? (…) Que
pena escribirle por este medio pero me queda imposible ir hablar con usted
personalmente, la jefe Martha me comento que para solicitar una licencia
36
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-043 de 2020. Citando a Federico Bueno de Mata, “Prueba electrónica y proceso
2.0”, editorial Tirant lo Blanch, primera edición, 2014, p. 165.
37
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-043 de 2020.
38
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-467 de 2022.
39
Ibidem.
40
Índice 1 del aplicativo SAMAI – Primera instancia Demanda y anexos pág. 65.
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remunerada debemos tener su aprobación, los días que necesito son del 29 de
julio al 16 de agosto (…) O tengo que hacérselo llegar por escrito o es solo con
su autorización? (…) Perdón, licencia no remunerada» (Sic en toda la cita)41.
Esos documentos para la Sala no son suficientemente claros sobre su origen,
92.
pues en su contenido no se identifica plenamente al emisor ni a los receptores,
aspecto que alegó la entidad demandada al contestar la demanda. De manera
que, ante la informalidad de la prueba y las dudas sobre su autenticidad, la Sala
hará su valoración como prueba indiciaria en relación con los demás documentos
que obran en el plenario.
93.En esa medida, respecto al primer chat42, la Subsección observa que su
receptor figura «Jefa Martha», nombre que la testigo en su declaración refirió
como jefa del área de cirugía (Martha Benjumea), quien hacía parte de la planta
de la entidad y servía de conexión entre el hospital y la empresa temporal 43. Sin
embargo, en su dicho no indicó que esa persona fuera jefa directa de la actora ni
que le hubiera impartido órdenes sobre la manera de prestar el servicio, como
tampoco obran en el plenario otros elementos probatorios que así lo denoten.
Además, este documento no contiene la fecha de su remisión, a efectos de
establecer si ocurrió o no dentro de los extremos reclamados en la demanda
como de relación laboral encubierta, por lo tanto, no es posible construir con su
contenido indicio alguno de subordinación.
94.Sobre el segundo mensaje44, tampoco se observan detalles sobre el momento
en que fue enviado; no hay evidencia de que en la entidad demandada hubiese
un gerente de apellido Gaviria y mucho menos sobre su posible relación con la
demandante en la ejecución de su servicio. De manera que, este documento no
tiene la virtualidad de probar la existencia de algún direccionamiento o control de
la ESE sobre la actora.
95.En ese orden de ideas, para la Sala no está acreditado que la entidad
demandada hubiese actuado como verdadera empleadora de la demandante, por
haber dado órdenes o direccionamiento en la prestación de su servicio, o que le
impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de los objetos
contractuales. Por lo que, la existencia del Acuerdo número 14 del 18 de
septiembre de 201945 «por medio del cual se aprueba el manual específico de
funciones y competencias laborales de la planta de empleos de la Empresa Social
del Estado Hospital Santa Mónica», donde figura el cargo de Odontólogo Código
41
Índice 1 del aplicativo SAMAI – Primera instancia Demanda y anexos pág. 66.
42
Párrafo 90.
43
La testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: Carolina nos comentaba que también tenía como cuando yo
le preguntaba de su jefe o de su coordinador, ella nos hacía mención a una persona que se llamaba Martha Benjumea,
¿usted la conoce, sabe quién es ella, también fue su jefe? Contestó: Sí señora, la jefe de Martha Benjumea, ella era la
jefe que coordinaba el área de cirugía. Ella es una jefe de planta y ella era como la intermediaria que había entre el
hospital y la temporal».
44
Párrafo 91.
45
Índice 42 aplicativo SAMAI – Primera instancia pág. 85.
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214, Grado 10, tampoco acredita la continuada dependencia de la demandante
con la demandada.
96.En todo caso, es necesario recordar nuevamente que es responsabilidad de
quien pretende la declaratoria de una relación laboral con el Estado demostrar
que, durante la ejecución del servicio, se configuraron los tres elementos
esenciales: prestación personal, remuneración y, especialmente, subordinación.
Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, en el proceso de regularización de
las plantas de personal de las entidades del Estado el Decreto 1376 de 201446 el
Decreto 1376 de 2014 autorizó a las Empresas Sociales del Estado (ESE) la
satisfacción de sus funciones mediante la contratación de terceros en los
términos del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, disposición que, al ser estudiada
por la Corte Constitucional en la sentencia C–171 de 201247 fue declarada
exequible con una interpretación similar al contenido del artículo 32 inciso 3 de la
Ley 80 de 1993, esto es, que se podrán realizar estas vinculaciones siempre que
los servicios a satisfacer no puedan cumplirse con el personal de planta o
requieran servicios especializados.
97.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores48.
98.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
46
En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1610 de 2013
47
En detalle esta sentencia dice lo siguiente sobre el particular: «La norma acusada, tal y como está enunciada, se
encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para
el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere
la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes. Así las cosas, la Corte concluye que, tal y como se
encuentra redactada la norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio
procedería una declaratoria de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables
oportunidades la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad condicionada, en
aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al
principio pro legislatore, y siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo
del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en
constitucional. Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma
acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia
de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas
Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones
permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta
de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutiva
de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado».
48
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
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instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»49.
99.Por tanto, la Subsección considera que le asiste razón a la entidad en los
planteamientos de su recurso de alzada, en tanto dentro del plenario no obran
los elementos que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes, en especial, porque no se probó el elemento de subordinación.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.
100. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás reparos del apelante.
2.5. De la condena en costas en ambas instancias
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
101.
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
102.
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
103.
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
104.
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.
49
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió a las
pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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