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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00221-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00221-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, conforme con las razones expuestas en la parte motiva SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2014-00221-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00221-02 (5471-2024)
Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2014-00221-02 (5471-2024)
Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros1
Demandado: ESE Hospital Local de Zona Bananera

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 4 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1.1 Pretensiones de la demanda

2.Declarar la nulidad de los oficios del 17 de julio de 20123 y 27 de marzo de
2014, proferidos por el gerente de la ESE Hospital Local Zona Bananera,

1 Yesenia Isabel López Jiménez.
2 Expediente digital visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI segunda instancia - 05Demanda.pdf.
3 Se deja constancia que en la demanda únicamente se solicitó la declaratoria de nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio 27 de marzo de 2014, aunque se aportó con la demanda copia del oficio
de 17 de julio de 2012, motivo por el cual, en el tránsito de la audiencia inicial del 21 de mayo de 2015, el
Tribunal declaró probada la ineptitud sustantiva de la demanda por proposición jurídica incompleta. Sin
embargo, una vez apelada la decisión y en sede de segunda instancia, esta Subsección en auto del 11 de
marzo de 2021 revocó la decisión anterior, al considerar que en la resolución de la litis el a quo debía integrar
como demandado el Oficio 17 de julio de 2012 con base en los siguientes argumentos: «En consecuencia,
la Sala no comparte el argumento expuesto por la primera instancia en el sentido de que se está ante una
proposición jurídica incompleta, toda vez que se trata de actos administrativos autónomos que bien pueden
ser demandados por separado, o en conjunto, solo que en un caso hipotético de anulación por parte del
juez, el restablecimiento del derecho variaría respecto a la fecha de aplicación de la prescripción; no obstante
lo anterior, para este caso en concreto, si el a quo consideraba que debían demandarse los dos actos
administrativos, esta situación pudo ser corregida y subsanada desde la etapa preliminar en que se hizo el

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Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros
mediante los cuales se negó la existencia de una relación laboral entre la entidad
y el actor, así como el consecuente reconocimiento de prestaciones sociales.

3. En consecuencia, solicitó se declare esa relación laboral entre las partes y, a
título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada pagar al actor
las prestaciones sociales «legales y extralegales» correspondientes al periodo
comprendido entre el 3 de marzo de 2003 y el 28 de enero de 2011.

4. Asimismo, solicitó la devolución de los dineros que pagó el actor por concepto
de aportes a pensión, salud y retención en la fuente; el pago de las diferencias
salariales y de trabajo suplementario; los perjuicios causados en la suma
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.También se pidió a favor de la señora Yessenia Isabel López Jiménez y de su
menor hija una indemnización por perjuicios morales por la suma de cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellas.

6.Finalmente, solicitó que se condene a la ESE al pago de costas y agencias en
derecho.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

7. Se indicó en la demanda que el señor Manzur Molina Rodríguez prestó sus
servicios como médico general en favor del Hospital Local Zona Bananera ESE
a partir del 3 de marzo de 2003, mediante contratación verbal y directa realizada
por el gerente de la institución hasta 30 de septiembre de 2003.

8.Que desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 30 de julio de 2004, el actor
suscribió contratos de prestación de servicios con el fin de realizar sus
actividades como médico general en las instalaciones de la ESE.

9. Precisó que desde el 1° de julio de 2004 no hubo suscripción de contratos de
prestación de servicios, pero siguió laborando hasta el 1 de noviembre del mismo
año.

10. Desde el 2 de noviembre de 2005 fue vinculado por la ESE a la Cooperativa
de Trabajo Asociado Coopvalores. A partir del 10 de noviembre de 2006, fue

examen de la admisión de la demanda, en virtud de las facultades conferidas al juez en el artículo 42 del
Código General del Proceso, puesto que el oficio del año 2012 fue relacionado en el acápite de pruebas y,
además, fue aportado al plenario.
Así las cosas, en garantía de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el principio de
economía y la efectividad de los derechos en este caso concreto y particular, se deberá continuar el proceso
y adoptar las medidas necesarias establecidas por la ley, para que en la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 del CPACA, se tenga que el Oficio de 17 de julio de 2012, también es objeto de control de
legalidad en este asunto, a fin de que pueda ser definido el fondo de la controversia planteada a través de
este medio de control, sin que, con ello, resulten afectados los derechos al debido proceso de contradicción
y defensa de la E.S.E Hospital Local Zona Bananera».
Como consecuencia de esto, el Tribunal al reanudar la audiencia inicial el 25 de enero de 2022, luego de
que esta Subsección profiriese el auto en mención, integró dentro de la fijación del litigio la solicitud de
anulación del Oficio del 17 de julio de 2012.

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Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros
vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooservir, y desde el 7 de abril
de 2007 hasta el 28 de enero de 2011 por la Cooperativa Zona Salud.

11. La terminación de la vinculación del actor se produjo sin que existiera previo
aviso por parte de la entidad.

12. En cuanto a las funciones realizadas en los períodos de vinculación, se indicó
que desde el 5 de enero de 2004 hasta el mes de junio de 2005 el actor recibió
la orden de la gerencia de la entidad de prestar el servicio como médico de
urgencias con una intensidad de ocho horas y, simultáneamente, en consulta
externa por cuatro horas en los corregimientos de Soplador y Candelaria, cuatro
veces por semana, sin una remuneración adicional.

13. A partir del 5 de julio de 2005, el gerente de la entidad lo asignó como
coordinador de urgencias del Hospital, función en la cual debió realizar informes
trimestrales de sus actividades, planificar los turnos de otros médicos, responder
ante la Gerencia por los equipos de dotación de la sala de urgencias y participar
en el mejoramiento de la ESE; aunado a que recibía órdenes e instrucciones del
director de la entidad.

14. Entre el 7 de abril de 2007 y el 28 de enero de 2011, dijo que realizó control
prenatal ocho horas a la semana, atendía alrededor de dieciséis pacientes y
entregaba informes mensuales.

15. Explicó que, conforme al organigrama de la entidad, así como al manual
específico de funciones, la función ejecutada correspondía a la del cargo de
médico general, código 211, con una asignación mensual de $3.171.704 para el
año 2010.

16. Finalmente, explicó que el desmejoramiento laboral y el despido injusto que
sufrió ocasionó perjuicios morales a su núcleo familiar, conformado por su esposa
e hija.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

17. Como normas violadas citó los artículos 1, 6, 13, 25, 53, 90 y 125 de la
Constitución Política; la Ley 10 de 1990; el Decreto 1335 de 1990; el artículo 195
de la Ley 100 de 1993; el Decreto 1919 de 2002; el Decreto 785 de 2005; la Ley
1438 de 2011 y la Ley 80 de 1993.

18. En el concepto de violación, expresó que las actividades realizadas durante
siete años en favor de la ESE fueron propias de un empleado público de carrera
administrativa, las realizó de forma permanente, con total dependencia y
subordinación por parte de sus superiores.

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1.4. Contestación de la demanda

19. La ESE Hospital Local de Zona Bananera no contestó la demanda.

1.5. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal profirió sentencia el 4 de octubre de 2023, mediante la cual
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho en cuanto a
los salarios y prestaciones sociales reclamados en la demanda; parcialmente
probada la nulidad de los oficios demandados y, en consecuencia, la existencia
de una relación laboral entre las partes entre el 1° de abril de 2003 y el 30 de
junio de 2004; de modo que ordenó que la ESE realizara los aportes pensionales
en el período en que ocurrió la relación laboral, a partir de «los salarios por él
devengados y acreditados dentro del plenario». Negó las demás pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

21.Para arribar a esta conclusión, el Tribunal efectúo el estudio de los elementos
esenciales de la relación laboral encubierta de la siguiente manera:

22. Prestación personal del servicio y remuneración: Consideró que, de
acuerdo con los contratos de prestación de servicios que reposan en el
expediente, se acreditó la prestación personal del servicio del actor entre el 1° de
abril de 2003 y el 30 de junio de 2004 como médico general en favor de la ESE
Hospital Local Zona Bananera.

23. Para el Tribunal no se probó la prestación personal del servicio en el período
comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 28 de enero de 2011, lapso en que
el demandante dijo haber tenido vinculaciones con la cooperativa Coopvalores a
partir del 2 de noviembre de 2005, con la cooperativa Zona Salud entre el 7 de
abril de 2007 y el 28 de enero de 2011.

24. Añadió que los comprobantes expedidos por las cooperativas Cooplabores,
Coopvalores y Zona Salud hacen referencia a pagos realizados al demandante;
sin embargo, no clarificaban si en efecto entre él y la ESE existió un vínculo.
Igualmente, consideró que, si bien en el expediente obran diferentes documentos
de los que se extrae que el actor prestó algún servicio en la ESE desde abril de
2005 hasta diciembre de 2010, dichas pruebas no permiten corroborar las
condiciones de tiempo, modo y lugar de su servicio. Aunado a que tampoco
brindaban claridad sobre el objeto del contrato, la vigencia, los encargos, las
funciones, ni sobre la continuidad o temporalidad del servicio.

25. Finalmente, sostuvo, con base en precedente dictado por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado4, no es dable suponer la existencia
de una relación laboral sin que exista constancia documental de los contratos de

4 Citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de

marzo de 2022, expediente: 5593-2018, M. P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros
prestación de servicios, dado que, de acuerdo con el artículo 256 del CGP y la
interpretación jurisprudencial, dichos documentos constituyen una prueba
solemne que no puede suplirse con cualquier otra.

26. Remuneración: En el período comprendido entre el 1° de abril de 2003 y el
30 de junio de 2004, el Tribunal tuvo por acreditado este requisito a partir de las
cláusulas que en los contratos de prestación de servicios referían a los honorarios
recibidos por el actor.

27. Subordinación: consideró que, si bien las partes suscribieron contratos de
prestación de servicios, «es evidente que el trabajo realizado por el actor lo fue
en forma permanente y sus funciones obedecían a funciones propias de la
entidad que, como tal, no podían ser ejercidas de manera autónoma e
independiente (…)».

28. Que de los testimonios se advertía que en el servicio del demandante la
entidad le daba instrucciones en la ejecución del contrato, cumplía un horario y
utilizaba elementos que le fueron proporcionados. En consecuencia, reconoció la
relación laboral entre el 1° de abril de 2003 y el 30 de junio de 2004.

29. Declaró la prescripción trienal de las prestaciones sociales, dado que la
reclamación administrativa de los derechos y posteriormente la demanda se
presentaron por fuera del término procesal oportuno. Lo anterior, sin perjuicio del
reconocimiento de los aportes pensionales en la cuantía que le correspondía a la
entidad en calidad de empleadora.

1.6. Recurso de apelación

30. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el propósito de que se revoque parcialmente. En detalle, como
argumentos del recurso presentó los siguientes:

31. Censuró que el Tribunal no analizara completamente todas las pruebas que
obran en el expediente, lo que conllevó a que no acreditara —estándolo— la
existencia de una relación laboral encubierta durante todo el periodo de
vinculación, comprendido entre el 3 de marzo de 2003 y el 28 de enero de 2011.
Con ello, además, desconoció el precedente jurisprudencial dictado por el
Consejo de Estado al respecto.

32. En efecto, respecto a la prestación personal del servicio, con los documentos
y testimonios que obran en el expediente se acreditó que el actor realizó
actividades como médico general y coordinador del área de urgencias del
Hospital Zona Bananera, a partir de una contratación verbal, contratos de
prestación de servicios y vinculaciones mediante cooperativas de trabajo
asociado, respectivamente.

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33. Indicó que sus funciones eran propias de un empleado público de carrera
administrativa, lo que se corrobora con el organigrama de la entidad, que
establece que dentro de la planta existía el cargo de médico general.

34. Además, consideró que el Tribunal no aplicó el artículo 167 del CGP, que
establece la presunción de veracidad de los hechos ante la no contestación de la
demanda. Dicha situación conllevó a la vulneración del debido proceso y del
derecho de defensa del demandante.

35. Finalmente, indicó que la prescripción no podía ser declarada de oficio por el
Tribunal, conforme lo establece el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo
y los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el Convenio
158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

37. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

39. ¿Entre el señor Manzur Molina Rodríguez y la ESE Hospital Local de Zona
Bananera existió una relación laboral encubierta en los periodos no reconocidos
en la sentencia de primera instancia, es decir, entre el 3 y 30 de marzo de 2003,
y entre el 1° de julio de 2004 y el 28 de enero de 2011?

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»

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40. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o
en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

41. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

42. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración.

43. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

44. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de
manera personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en
cualquier momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al
contratista, que desbordan la coordinación que debe existir entre ellos a la hora
de ejecutar el objeto contractual, se da paso a la continuada dependencia propia
de los vínculos de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el
contratista no ejerció su labor con independencia.

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2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

45. Previoa desatar el primer problema jurídico, la Subsección precisa que
únicamente se hará pronunciamiento sobre los períodos reclamados en la
demanda y en el recurso de apelación que no fueron reconocidos como
laborados por el actor por el Tribunal. Es decir, solamente se analizará si existen
los elementos esenciales de la relación laboral encubierta entre el 3 y el 30 de
marzo de 2003, y desde el 1° de julio de 2004 y el 28 de enero de 2011.

46. Lo anterior, a efectos de garantizar, conforme al artículo 328 del CGP, la
competencia con la que cuenta esta Sala respecto de los argumentos del recurso
de apelación, así como la garantía de la no reforma en peor de los puntos
decididos en primera instancia que le fueron favorables al actor, esto es, la
declaratoria de la relación laboral entre el 1° de abril de 2003 y el 30 de junio de
2004 porque respecto de este existían los respectivos contratos.

47. En ese orden, el a quo estimó que para probar la prestación personal del
servicio, de acuerdo con una sentencia dictada por esta Sala de decisión el 17
de marzo de 20227, era necesario aportar los contratos que soportaran el vínculo,
dado que su existencia constituía una prueba solemne que no admitía
reemplazo.

48. Bajo ese contexto, en primer lugar, la Subsección considera pertinente aclarar
que, con anterioridad a la fecha de la sentencia apelada (4 de octubre de 2023)
y posterior a ella la Sala ha considerado que no es necesario que se aporte o
que existe el contrato de prestación de servicios para determinar si se configuró
o no una relación laboral encubierta, en la medida en que ello se puede acreditar
a través de los medios de prueba que para el efecto dispone el artículo 165 del
CGP «y cualquiera otro que sea útil», en tal sentido, lo indispensable es que se
demuestre la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, a
saber: prestación personal del servicio, remuneración y, sobre todo,
subordinación8.

49. En ese sentido, la Sala concluye que no era menester que el demandante
aportara determinados contratos para probar la prestación de su servicio, ya que,
al no existir tarifa probatoria, el convencimiento del juez pudo producirse con
cualquier otro medio de prueba —o conjunto de estos—, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 165 del CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del
CPACA.

7 Citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de

marzo de 2022, expediente: 5593-2018, M. P. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Ver por ejemplo, como decisión relevante al respecto la sentencia del 30 de noviembre de 2023, expediente

con radicación número 47001-23-33-000-2018-00036- 01 (0701-2020) del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez. Posteriormente, sentencia del 30 de mayo de
2024, expediente con radicación número 25000-23-42-000-2017-06139-01 (0713-2021) del mismo
consejero y en oportunidades más recientes sentencia del 5 de febrero de 2026, en expediente bajo radicado
17001-23-33-000-2014-00118-02 (1038-2022) de la misma subsección con ponencia del consejero Juan
Camilo Moral Trujillo.

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50. De esa manera, la Subsección considera que, al analizar de forma conjunta
las pruebas que obran en el plenario, contrario a lo considerado por el Tribunal,
sí se acreditó la prestación del servicio del demandante en las instalaciones
de la ESE demandada entre el 1° de julio de 2004 y el 28 de enero de 2011,
pero no entre el 3 y el 30 de marzo de 2003, como lo pretende el recurrente, tal
y como se procede a explicar.

51. Los declarantes indicaron que conocieron del servicio del demandante entre
los años 2003 y 2011. Por ejemplo, el señor José Lobo Guerrero expuso que
laboró en la entidad entre los años 2002 y 2011, tiempo durante el cual tuvo
conocimiento directo del servicio prestado por el demandante como médico y
coordinador del área de urgencias a partir del año 2003. En detalle, el testigo
manifestó lo siguiente:

«Pregunta: indica por favor su nombre completo, su apellido, la edad, dónde vive,
ocupación, estudios que haya realizado y qué relación existe entre los demandantes y
usted. Contestó: Bueno, mi nombre completo es José Estalín Lobo, nacido en Santa
Marta. Soy médico general (…) Y la relación con él, con el colega es que nosotros
laboramos juntos en el Hospital Local Zona Bananera. Pregunta: ¿Cuándo comenzó
usted a laborar en el Hospital Zona Bananera? Contestó: Yo empecé, empecé por
prestación de servicio, empecé como en el 2002, pero ingresé a la nómina en el 2003,
3 de febrero del 2003. Pregunta: ¿pasó de contrato prestación de servicio a estar
vinculado directamente? Contestó: Directamente, sí, en 2003. Pregunta: ¿Hasta cuándo
trabajó usted en el hospital? Contestó Trabajé hasta el 2011, agosto del 2011
aproximadamente…Pregunta: Cuénteme ¿cómo fue, cómo era, cómo era el trabajo,
cómo conoció y en qué momento veía usted al doctor Manzur? Contestó: Bueno,
nosotros, cuando yo ingresé a la nómina del hospital, a mí me pusieron la coordinación
médica del hospital, ya. Después que ingresó Manzur, entonces se le dio la
coordinación médica de la parte de urgencia del hospital al doctor Manzur. Entonces,
entre luego yo, manejaba la parte de la consulta externa, como eran 11 puestos de
salud, me tocaba y yo les, les decidimos darle la urgencia del hospital al doctor Manzur,
que manejaba la coordinación, entonces, esa parte era el vínculo laboral que teníamos.
Él lo hacía, lo hacíamos, entre los dos hacíamos los horarios, porque eran bastante,
como eran 11 centros de salud que había que organizar, coordinar, entonces siempre
trabajábamos juntos (…) Pregunta: ¿Por cuánto tiempo trabajaron juntos? ¿O se veían
en el hospital Zona Bananera? Contestó: Lo veíamos todos los días, todos los días
prácticamente. Él entró en el 2003, bueno, con hasta el, yo salí en agosto del 2011,
todo ese tiempo estábamos trabajando juntos. Fueron como, por ahí más o menos,
aproximadamente» (sic).

52. Por su parte, la señora Nohemi Arévalo Ascanio indicó que laboró en la ESE
entre febrero de 2002 y febrero de 2011, período durante el cual tuvo
conocimiento de que el demandante prestó sus servicios como médico en la
entidad. En extenso, la testigo manifestó lo siguiente:

«Pregunta: ¿Qué clase de vinculación tuvo? ¿Usted tuvo órdenes de prestación
de servicio, contrato de prestación de servicio o estuvo nombrada en el hospital
de planta? Contestó: Yo inicié en el hospital Zona Bananera haciendo el servicio
social obligatorio en el 2002 al 2003. Continué trabajando con ellos, con el hospital
Zona Bananera por orden de servicio, Como hasta el 2004 con el hospital Zona
Bananera. En el 2005, creo, o incluso el 2004, final del 2004, comenzamos (…)

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Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros
Pregunta: Pero siempre por órdenes de prestación de servicio, o contratos de
prestación de servicio. ¿Alguna vez estuvo vinculada usted directamente?
Contestó: Vinculada con el año rural, el servicio social obligatorio. Pregunta: ¿Del
resto fueron órdenes de prestación de servicio o contratos de prestación de
servicio? Contestó: Órdenes de servicio. Pregunta: ¿Cómo conoció al señor
Manzur Molina Rodríguez? Contestó: Bueno, yo en esos momentos cuando
terminé el servicio social, a mí me llamaron, yo lo terminé el 28 de febrero y los
primeros días de noviembre me llamaron y comencé a laborar y ya como a los 15
días llamaron al médico, al doctor Manzur y de ese entonces comenzamos a
trabajar. Estaba yo trabajando precisamente en el mismo hospital porque el
hospital tiene unos puestos de salud también en cada uno de los corregimientos.
Yo estaba trabajando personalmente en el hospital Zona Bananera donde él
ingresó como médico. Por lo general lo conocí fue en urgencias, trabajando él en
urgencias y hasta el momento estuvimos juntos. Precisamente también salimos
en la misma época. Él salió como el 25 de enero o febrero, no me acuerdo
exactamente, pero yo estuve hasta el 28 de febrero con el hospital trabajando del
2011».

53. De otro lado, reposan documentos del 2 de septiembre de 2004, en los cuales
se hace referencia al demandante como coordinador de urgencias de la ESE
Hospital Zona Bananera y se formulan ciertas sugerencias respecto del
diligenciamiento de las historias clínicas de la entidad9.

54. En abril de 2005, el actor firmó un informe de gestión del servicio de urgencias;
allí se precisan las actividades realizadas en la entidad, así como las
desarrolladas por él directamente como médico tratante, entre ellas la asistencia
a partos y la atención de urgencias10. En mayo de 2005, mediante documento
expedido por el almacenista de la ESE, se le entregó al actor un tensiómetro de
mercurio en su calidad de coordinador de urgencias11.

55. Entre junio y julio de 2005 se emitió un documento titulado «Distribución de
recurso humano brigadas del mes de junio y julio de 2005», en el cual se
referencia el nombre del demandante —entre otras personas— como
responsable de realizar diferentes brigadas médicas entre el 26 de junio y el 30
de julio de 200512. También se encuentran informes de actividades realizadas
por el área de urgencias de la entidad en el mes de abril de 2009, en los que se
reseña al actor como coordinador13.

56. Igualmente, reposan en el plenario múltiples planillas de turnos de servicios
del Hospital Local Zona Bananera correspondientes a los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2005; febrero y abril de 2006; mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; junio, septiembre
y octubre de 2009; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre,
octubre y diciembre de 2010. En todos estos documentos aparece el nombre del

9 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 68.
10 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 114.
11 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 119.
12 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 120.
13 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 150.

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demandante, bien como coordinador de urgencias o como médico dentro de los
turnos programados.

57. De esa manera, para la Subsección no se acredita con claridad que el
demandante hubiera prestado sus servicios en favor de la ESE mediante una
vinculación verbal entre el 3 y el 30 de marzo de 2003. Esto, porque en el
expediente no obran documentos que den cuenta de actividades en esa data,
como tampoco los testigos dan cuenta de ello. Pues, aunque el señor Guerrero
indicó que el demandante inició su servicio en el año 2003, no estableció a una
fecha determinada.

58. En similar sentido se encuentra la declaración de la señora Arévalo Ascanio,
ya que, en términos generales, indicó que su servicio en la entidad inició en el
año 2002 y que poco tiempo después fue vinculado el demandante; sin embargo,
su declaración no precisó el momento en que este comenzó a laborar; de manera
que sus declaraciones resultan insuficientes para establecer que el actor ejecutó
su actividad como médico en la entidad hospitalaria en el lapso indicado por el
recurrente.

59. En cuanto al período comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 28 de enero
de 2011, que el demandante alega haber laborado sin contrato y por medio de
cooperativas de trabajo, se tienen los siguientes elementos probatorios:

60. En el expediente reposan múltiples colillas de pago expedidas en favor del
actor por Cooplabores en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2006; por Coopvalores en enero, febrero, marzo, abril
y mayo de 2007; por Zona Salud en octubre de 2007, mayo, junio y octubre de
2008; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, así
como enero, febrero y marzo de 201014.

61. Todos estos documentos, si bien no indican expresamente que provienen del
servicio prestado por el demandante en la ESE, sí precisan que fueron pagados
con ocasión de su servicio como médico, pero la Sala no puede concluir con ellos
que fue por ejecución de labor a favor de la demandada.

62. Como existe un certificado de pago de julio de 2005 de la cooperativa
Coopentra, en la que se hace se hace referencia a la remuneración recibida por
el demandante en ese mes y que tuvo como fundamento el convenio que había
suscrito con la ESE Hospital Local Zona Bananera15, la Sala estima que por este
lapso el demandante sí laboró para esta entidad.

63. Lostestigos afirmaron al unísono que el actor prestó sus servicios a la
demandada en ciertos períodos mediante cooperativas de trabajo asociado. Al
respecto el señor José Lobo Guerrero indicó sobre este particular lo siguiente:

14 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 71.
15 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 113.

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«Pregunta: ¿Y esa orden de prestación de servicios que anuncia que tenía el señor
Manzur era celebrada directamente con el Hospital Local Zona Bananera? Contestó:
Bueno, inicialmente sí, porque después ellos pasaron a una cooperativa. Una
cooperativa. Y bueno, pues quedaron a cargo de la cooperativa. El tema es bueno,
duraron como cuatro años con la OPS y pasaron a cooperativas».

64. Y la señora Nohemi Arévalo Ascanio indicó sobre el tipo de vinculación que
se tuvo en la ESE lo siguiente: «Yo inicié en el hospital Zona Bananera haciendo el
servicio social obligatorio en el 2002 al 2003. Continué trabajando con ellos, con el
hospital Zona Bananera por orden de servicio, Como hasta el 2004 con el hospital Zona
Bananera. En el 2005, o incluso el 2004, final del 2004, comenzamos, se comenzó a
trabajar con cooperativas. Cooperativas, supuestamente el hospital era el que las hacía,
o nosotros teníamos como entendido como si fueran unas bolsas de empleo. Primero
trabajamos con Copeintra, Coopvalores, Zona Salud y así otras empresas que se fueron
creando».

65. Estas afirmaciones de los testigos con las indicadas arriba permiten a la Sala
considerar que el demandante laboró para la demandada a través de
cooperativas de trabajo asociado entre 2004 y 2011 como médico general y
coordinador, pero resultan insuficientes para acreditar la existencia de una
relación laboral encubierta teniendo a la ESE como real empleadora.

66. Lo anterior, dado que si bien esta Corporación16 ha sostenido que el
ordenamiento jurídico prohíbe el uso del trabajo asociado o de cooperativas
como mecanismos para que el Estado evada sus obligaciones laborales,
también ha precisado que la existencia de una tercerización laboral exige que
quien la alega demuestre los tres elementos constitutivos de una relación laboral
directa con la entidad pública que se señala como empleadora real.

67. De manera que es necesario que el actor demuestre la existencia
principalmente del elemento de la subordinación, el cual se procederá a estudiar
a la luz de los criterios fijados por esta Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021.

68. En cuanto al lugar de trabajo del demandante, de acuerdo las pruebas
referenciadas previamente, la Subsección concluye que este correspondía a las
instalaciones de la ESE demandada.

69. Respecto al horario de servicio, como se referenció previamente, obran en
el expediente múltiples planillas de turnos de servicios del Hospital Local Zona
Bananera ESE correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre
y octubre de 2005; febrero y abril de 2006; mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2008; junio, septiembre y octubre de 2009; y
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre de
2010.

16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y

76001-23-33-000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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70. En dichos documentos se advierte que los turnos de servicio en los que
participó el demandante se realizaban entre las ocho de la mañana y las ocho
de la mañana del día siguiente, de modo que cada servicio comprendía
veinticuatro (24) horas, con períodos sin programación de cuarenta y ocho (48)
horas. En otras ocasiones —como en el año 2010— los turnos se realizaban en
jornadas de dieciséis (16) horas comprendidas entre las cuatro de la tarde y las
ocho de la mañana, con lapsos sin programación de servicios durante los dos
días siguientes.

71. En similar sentido, el señor José Lobo Guerrero indicó que el demandante
prestó su servicio en la atención médica del servicio de urgencias en turnos de
veinticuatro (24) horas, con descanso de un día por medio o de dos días
consecutivos17. Por su parte, la señora Nohemi Arévalo Ascanio indicó que no le
constaba con claridad la organización de los turnos que tenía el demandante
para la prestación de sus servicios18.

72. De lo anterior, se concluye que el demandante realizó actividades como
médico en franjas de servicio de veinticuatro (24) o dieciséis (16) horas, con
descanso de uno o dos días posteriores a cada turno.

73. Sin embargo, a pesar del hecho de que el actor hubiese realizado sus
actividades en parámetros de tiempo determinados, la Sala considera que esto
no es suficiente para acreditar la existencia de subordinación, en la medida en
que, por tratarse de un servicio médico, la existencia de jornadas era necesario
en las actividades del demandante19. En tal sentido, el cumplimiento de horario
o jornadas de servicios, en especial en temas de salud, debe entenderse como
un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista
y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido20.

74. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral

17 En detalle, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Qué labores desempeñaba el, el doctor Manzur?

Contestó: Qué labor, aparte de la coordinación, hacía la parte de atención médica en el servicio de urgencia,
y hacía los turnos de 24 horas que hacían allá, turnos de 24 horas, día por medio, cada dos días creo que
hacían los turnos. Esa era la función del doctor Manzur. Y hacía los horarios del servicio de urgencia y
coordinaba toda la parte médica en el servicio de urgencia».
18 Al interrogársele sobre el horario del servicio del actor la testigo dijo lo siguiente: «¿Cómo era el horario

del doctor Manzur Molina? Bueno, el horario de él no es que yo sepa muy bien, porque usted sabe que cada
quien en su cuento. Nosotros teníamos el horario de 8 a 5 de la tarde ellos manejaban turnos variables (…)».
19 Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada

determinada por los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación
de servicios y su incidencia en la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-
2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA NIEVES.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

75. La Subsección considera que no se observan elementos de juicio que de
manera clara sustenten la existencia de direccionamientos o control efectivo por
parte de la entidad sobre las actividades ejecutadas por aquel en el período
objeto de estudio en esta instancia, esto es, entre el 1° de julio de 2004 y el 28
de enero de 2011.

76. En efecto, la señora Nohemi Arévalo Ascanio no refirió de manera concreta
su posible conocimiento respecto de direccionamientos, controles o llamados de
atención que pudo haber recibido el demandante en la ejecución de su servicio.
De manera que su declaración, en este particular, no ofrece elementos de juicio
que corroboren la tesis del demandante.

77. Por su parte, al interrogarse al señor José Lobo Guerrero acerca de si el
demandante tenía jefe o si recibió llamados de atención en la prestación de su
servicio, indicó lo siguiente: «Bueno, como médico y como tenía la coordinación
médica, el jefe inmediato era su gerente (…). Pero, sí, eran varios, obviamente pasaron
muchas personas (…)» luego a la Pregunta «Frente al tema de los memorandos, se
¿hacían llamados de atención al doctor Mazur Molina, ¿quiénes eran los encargados de
librar ese tipo de documentos?» contestó: «Eso lo hacía el jefe personal y el gerente
daba la orden. Si había una reunión, el que mandaba el comunicado el jefe personal era
el que se encargaba de esa parte».

78. De esa manera, se observa que, si bien este testigo indicó que el jefe del
demandante era el gerente del hospital, no explicó de qué manera este le
impartió órdenes o mandatos sobre la forma en que debía ejecutar su labor,
tampoco fue claro a la hora de indicar si el demandante fue objeto del poder
disciplinante de la ESE, pues no refirió circunstancias fácticas al respecto.

79. En cuanto a los demás documentos que obran en el plenario, se destaca que
el 21 de febrero de 2006 se requirió de manera general a los médicos que
laboraban en la entidad para que asistieran a una reunión el viernes 24 de
febrero de 2006. Dicho documento, dada su impersonalidad y carácter general,
no es dable vincularlo con la situación particular del servicio del actor21.

80. Asimismo, obra constancia del acta de reunión del mes de abril de 2009, en
la que aparece como participante el demandante en calidad de coordinador del
servicio y cuyo objeto era el «avance en el proceso de Control Interno y MECI
1000:2005 en lo que tiene que ver con Manual de Procesos, Manejo de Riesgos
e Indicadores». En dicho documento no se observan, a partir de las
descripciones generales de la reunión, direccionamientos o requerimientos

21 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 128.

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realizados al demandante, ni que haya sido obligado a asistir a la misma, por lo
que no a partir de él no puede considerarse estructurada la subordinación22.

81. Por lo demás, en el plenario no obran otros elementos que permitan establecer
las particularidades del servicio del demandante entre el 1° de julio de 2004 y el
28 de enero de 2011. En otras palabras, contrario a lo considerado por el
apelante, dentro del expediente no hay constancia de las circunstancias de
tiempo, modo o lugar en que ejerció sus actividades como médico, ni de sus
obligaciones concretas, fijas y determinadas, con las cuales se pueda contrastar
si, en efecto, en su ejecución estuvo subordinado a la ESE.

82. En esa medida, la Subsección considera que, siguiendo lo establecido en el
artículo 167 del Código General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen»; contrario a lo dicho en el recurso, la interpretación de esta
disposición no conlleva a que se consideren como ciertos los hechos de la
demanda por el solo hecho de que la entidad no hubiera contestado el escrito
inicial. Por el contrario, esta misma disposición normativa establece que
corresponde a las partes probar cada uno de los hechos que sustentan sus
pretensiones, lo que no ocurrió en este caso, dado que el demandante no
demostró la configuración de la relación laboral encubierta que alegó existió
entre su persona y la entidad a través de las pruebas pertinentes, suficientes y
útiles del caso, tal y como lo ha sostenido esta Sala en casos anteriores 23.

83. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»24.

84. Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual reclamada en el recurso, se confirmará por las razones aquí
expuestas la sentencia apelada.

85. Finalmente, también se desestimará el planteamiento realizado en el recurso
de alzada relativo a que el juez de lo contencioso administrativo no está facultado
para declarar de oficio la excepción de prescripción en atención a lo dispuesto en
el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y en el Convenio 158 de la

22 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia – expediente digital – 01.2014-221 expediente pág. 151.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
24 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.

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Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pues, conforme al artículo 187 del
CPACA, el juez está facultado, al momento de proferir sentencia, para decidir
sobre todas las excepciones de mérito que encuentre probadas, incluso sobre
aquellas que no fueron solicitadas, lo que incluye la excepción de prescripción
extintiva de los derechos a los que pudiera tener derecho la parte actora.

86. Deesa manera, por sustracción de materia no se estudiará el segundo
problema jurídico.

2.5. De la condena en costas

87. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

88. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

89. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

90. En el caso concreto procede la condena en costas a la parte demandante,
pues, los argumentos del recurso de apelación fueron desestimados en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

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Demandante: Manzur Molina Rodríguez y otros
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Magdalena, conforme con las razones expuestas en
la parte motiva

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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