Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2014-00118-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2014-00118-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2014-00118-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2014-00118-02 (1038-2022)
Demandante: Martha Isabel Díaz Cuartas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formas –
legalidad del acto demandado
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones de la demanda porque la actora no acreditó
que se haya configurado ninguna causal de nulidad en el
acto demandado, ni que la entidad accionada fuera la
propietaria de la institución educativa en la cual se
desempeñó como docente de preescolar y, por lo tanto, no
demostró los elementos que generan la existencia de una
relación de naturaleza laboral
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio 24450 MDSGDALGPO-20 del 15 de marzo de 2012, expedido por la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, por medio del
cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el
2 de febrero de 1997 hasta el 22 de noviembre de 20091, lapso durante el cual
se desempeñó como docente de preescolar en el Jardín Infantil BIAYA Mis
Amiguitos ubicado en el Batallón de Infantería n.° 22 Batalla de Ayacucho.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo laboral entre ella y la demandada; ii) pagar a su favor las cesantías y los
intereses a las cesantías correspondientes a todo el tiempo laborado, las primas
de servicio y las vacaciones del último año de servicio, las «cuotas de afiliación
a la seguridad social» por el período comprendido entre 1997 y 2004, la
indemnización moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales al
1
En el acto administrativo acusado se indicó lo siguiente: «Dando alcance al oficio N°
61534/MDSGDALGPO- del 14 de julio de 2011, con fundamento en la información suministrada por el
Segundo Comandante del Batallón de Infantería N° 22 “Batalla de Ayacucho”, contenida en el oficio N°
0945/MD-CGFM-DE-DIV3-BR8-BIAYA-OCJM.44 del 28 de febrero de 2012, me permito manifestar que el
Jardín Infantil “Batallón Ayacucho” es una dependencia de Acción Social del Ejército Nacional, que
corresponde a una asociación sin ánimo de lucro que goza de personería jurídica y se encuentra registrada
en la Cámara de Comercio de Armenia mediante la Resolución N° OJ-041 de 1974». Índice 2 de SAMAI,
página 24 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno 1.
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término del «contrato de trabajo» y los intereses moratorios que se causen desde
la ejecutoria de la sentencia; iii) dar cumplimiento al fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); y iv) condenar en costas a
la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró
normas superiores2, teniendo en cuenta que estuvo vinculada de manera verbal
durante casi 13 años como docente de preescolar en la entidad accionada, y fue
retirada del mismo modo sin que se le reconocieran los derechos laborales que
ahora reclama.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la
actora no prestó sus servicios como personal civil del Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, pues el Jardín Infantil BIAYA Mis Amiguitos es una institución
de derecho privado que pertenece a la Acción Social del Ejército Nacional, la cual
es una entidad sin ánimo de lucro y cuenta con personería jurídica propia. Por lo
tanto, si bien el mencionado jardín funciona en el Batallón de Infantería n.° 22
Batalla de Ayacucho, no es de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
aunque su construcción constituye una mejora en un predio fiscal de este
ministerio.
5. Sostuvo que entre ella y la demandante no ha existido relación laboral
alguna, ya que esta última desarrolló su actividad docente en el marco de un
contrato individual de trabajo a término indefinido celebrado con una persona
jurídica sin ánimo de lucro diferente a la entidad accionada.
6. Puso de presente que en este caso no se celebraron contratos de
prestación de servicio, razón por la cual no está acreditada la subordinación.
7. Planteó las excepciones de falta de competencia, «inepta demanda por
indebida proposición jurídica», no comprender la demanda todos los
litisconsortes necesarios, prescripción extintiva e inexistencia de los elementos
del contrato de trabajo, de la relación laboral y de la obligación.
Decisión de las excepciones previas
8. Por auto del 31 de julio de 2020, el Tribunal declaró no probadas las
excepciones previas de falta de competencia, «inepta demanda por indebida
proposición jurídica» e «indebida integración del contradictorio».
Sentencia apelada
2
Artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 13 de la Ley 344 de 1996; 112, 113, 115 y 116 del
Decreto 2339 de 1971; los Decretos 2247 de 1984, 1214 de 1990, 1792 de 2000, 1919 de 2002, 091 de
2007 y 1666 de 2007.
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9. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2021, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y la existencia de una relación laboral entre la actora y la entidad
accionada desde enero de 1995 hasta el 20 de octubre de 2006.
10. Por otra parte, encontró probada la excepción de prescripción extintiva de
las prestaciones causadas durante ese mismo lapso y le ordenó a la demandada
efectuar los aportes a pensión que le correspondían como empleadora, en caso
de que existieran diferencias respecto de las cotizaciones que realizó la
demandante, quien tendría que asumir el porcentaje que le correspondía como
trabajadora. Para tales efectos, precisó que el ingreso base de cotización para
los años 2000 y 2002 era de $ 600.000 COP y $ 800.000 COP, respectivamente,
mientras que para los demás años habría de aplicarse el salario mínimo legal3,
ante la falta de prueba de la retribución.
11. El Tribunal negó las demás pretensiones y decidió no imponer condena en
costas dada la prosperidad parcial de las súplicas de la demanda.
12. Como fundamento de lo anterior, señaló que la entidad accionada es la
propietaria de las instalaciones del Jardín Infantil BIAYA Mis Amiguitos, pues las
construyó y dotó para prestar el servicio de educación en el Batallón de Infantería
n.° 22 Batalla de Ayacucho, previa obtención de la licencia de funcionamiento.
13. Destacó que la accionante laboró como profesora de preescolar en el
jardín mencionado desde el año 1995 hasta el 20 de octubre de 2006, labor por
la cual recibió una remuneración mensual.
14. Indicó que toda relación de trabajo personal se presume que está regida
por un contrato laboral, de acuerdo con el artículo 24 del Código Sustantivo del
Trabajo; y que el Consejo de Estado ha considerado que la actividad del «docente
contratista» no es independiente ni se ejerce bajo la lógica del principio de
coordinación que impera en los contratos de prestación de servicios, sino que se
desarrolla de manera subordinada al cumplimiento de las instrucciones,
directrices y orientaciones impartidas por los superiores de los centros escolares,
las secretarías de educación territoriales y el Ministerio de Educación Nacional.
15. Estimó que la labor docente que ejerció la accionante permite presumir la
subordinación, elemento que está reforzado con el indicio de temporalidad o
habitualidad, pues la actora prestó el servicio desde 1995 en una jornada que
iniciaba a las 7:30 a. m., sin que exista prueba de solución de continuidad alguna.
16. Sostuvo que la entidad accionada no desvirtuó la presunción de que trata
el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo ni demostró que la demandante
estuvo vinculada por una entidad sin ánimo de lucro diferente.
3
En la parte considerativa de la sentencia de primera instancia se precisó lo siguiente: […] como
restablecimiento del derecho se condenará a la entidad demandada a: (i) tomar mes a mes el ingreso base
de cotización (IBC) pensional de la accionante, para el año 2000 como salario $600.000, para el año 2002
como salario $800.000, y para los períodos comprendidos entre 1995 a 1999, 2001 y 2003 a 2006 se tendrá
como IBC el salario mínimo, ello toda vez que, al proceso no fue arrimado ningún medio de prueba que
señalara el salario que la demandante devengó en esos años, por lo tanto se presumirá que devengó el
salario mínimo, ello para garantizar los derechos mínimos e irrenunciables […]».
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17. Aclaró que la actora no acreditó el tiempo de servicio hasta el 22 de
noviembre de 2009, ya que las certificaciones allegadas al proceso solo informan
el período comprendido entre enero de 1995 y el 20 de octubre de 2006. Además,
la certificación expedida el 2 de junio de 2010 no resulta creíble en tanto no
concuerda con las demás pruebas.
18. Concluyó que se configuró la prescripción extintiva de las prestaciones
causadas con ocasión a la relación laboral, salvo los aportes a pensión, debido a
que transcurrieron más de tres (3) años entre la terminación del vínculo laboral
(20 de octubre de 2006) y la presentación de la reclamación administrativa (5 de
julio de 2011).
Recurso de apelación
19. Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron sendos recursos
de apelación por las siguientes razones:
20. La demandante adujo que la prescripción se interrumpió el 5 de julio de
2011, fecha desde la cual empezó un nuevo término de tres (3) años, dentro del
cual presentó la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral (25 de abril de
2013), pues creyó que esta era la competente para conocer de la controversia;
sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura definió que el asunto debía ser
resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, decisión que tardó
varios años y «trastocó» los términos procesales.
21. Señaló que se reconoció la vinculación laboral hasta el 20 de octubre de
2006, pero las jornadas académicas en el jardín infantil se desarrollaban hasta el
mes de noviembre de cada año, razón por la cual afirmó que su contrato terminó
el 22 de noviembre de 2009.
22. Manifestó que la prescripción no puede ser declarada de oficio, de acuerdo
con el artículo 2513 del Código Civil y el principio de favorabilidad previsto en el
artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo; y que hacerlo oficiosamente
desconoce el debido proceso y la validez de las normas laborales.
23. Indicó que la argumentación del Tribunal confirma que la controversia
debía ser resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral, puesto que los contratos
de prestación de servicios no son verbales.
24. Puso de presente que se declaró la existencia de la relación laboral desde
enero de 1995, pero se condenó a la parte demandada a tomar el ingreso base
de cotización pensional a partir del año 2000.
25. La entidad accionada solicitó revocar los ordinales segundo, tercero,
cuarto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sobre la base de
que la demandante no desvirtuó la naturaleza del contrato de prestación de
servicios, teniendo en cuenta que no ejecutó sus tareas en igualdad de
condiciones a los servidores de planta ni acreditó que recibía instrucciones ni que
presentaba informes de resultados, pero, en todo caso, ni estas circunstancias ni
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el cumplimiento de horarios configuran la subordinación. Por lo tanto, como no
se probaron los extremos laborales ni los elementos esenciales del vínculo de
trabajo, se mantiene la presunción de legalidad del acto acusado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. Por auto del 4 de agosto de 2022 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
27. Las partes no se pronunciaron sobre los recursos de apelación en esta
fase procesal4 y el Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Cuestión previa
29. La demanda se radicó el 10 de febrero de 20145 y su conocimiento le
correspondió al Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo de Manizales, el cual remitió6
el asunto al Tribunal Administrativo de Caldas por competencia.
30. Posteriormente, el Tribunal declaró la falta de jurisdicción7 y envió el
proceso al Juzgado Primero (1.°) Laboral del Circuito de Manizales, pero este
propuso un conflicto de jurisdicciones8, el cual fue resuelto por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de
asignar la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo9.
4
El 8 de septiembre de 2022, la entidad demandada radicó un memorial que denominó «alegatos de
conclusión en segunda instancia»; sin embargo, este fue presentado de manera extemporánea, pues el
plazo para pronunciarse sobre el recurso de apelación terminó el 7 de septiembre de 2022, cuando quedó
ejecutoriado el auto del 4 de febrero de 2022. En consecuencia, se tendrá por no presentado el citado
memorial.
5
Acta de reparto del 10 de febrero de 2014. Índice 2 de SAMAI, página 4 del archivo PDF que contiene la
primera parte del cuaderno 1.
6
Auto del 26 de marzo de 2014. Índice 2 de SAMAI, página 41 del archivo PDF que contiene la primera
parte del cuaderno 1.
7
Auto del 29 de abril de 2014. Índice 2 de SAMAI, página 46 del archivo PDF que contiene la primera parte
del cuaderno 1.
8
Auto del 13 de junio de 2014. Índice 2 de SAMAI, página 53 del archivo PDF que contiene la primera parte
del cuaderno 1.
9
Auto del 21 de agosto de 2014. Índice 2 de SAMAI, página 5 del archivo PDF que contiene el cuaderno del
conflicto de jurisdicciones. De la citada providencia se extrae lo siguiente: «Así las cosas, en el caso que
nos ocupa, se sabe que la actora prestó sus servicios personales y subordinados en calidad de personal
civil, al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – en el JARDÍN INFANTIL BIAYA MIS AMIGUITOS adscrito
al BATALLÓN DE INFANTERÍA AYACUCHO No. 22 con sede en Manizales, en el cargo de DOCENTE
PREESCOLAR – ADJUNTO ESPECIAL-, durante 13 años aproximadamente, y por ende se encuentra
exceptuada del Sistema Integral de Seguridad Social a que hace referencia la Ley 100 de 1993, por modo
que la controversia objeto del litigio debe ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues el
régimen de expedición del artículo 279 involucra tanto el tema de pensión como de salud y riesgos
profesionales, esto es, todo el Sistema Integral de Seguridad Social, y no una parte de él.
En síntesis la posición reiterada y pacífica frente al alcance del artículo 2° numeral 4° de la Ley 712 de 2001,
es que si bien asignó a la jurisdicción del trabajo, el conocimiento de las diferencias surgidas entre las
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31. Así las cosas, en esta instancia procesal no es posible desconocer ni
controvertir la decisión que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura en torno
a la jurisdicción competente para resolver el asunto en litigio, con independencia
de si esta Sala comparte dicha solución o no.
Problema jurídico
32. La Sala debe definir si la demandante acreditó los tres (3) elementos que
podían haber dado lugar a una relación de trabajo entre ella y la entidad
demandada, para lo cual será imprescindible determinar si esta tenía la condición
de empleadora y si el Oficio 24450 de 15 de marzo de 2012 debe declararse nulo
con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011.
33. En caso en el que se advierta que efectivamente hay lugar a declarar la
nulidad del acto enjuiciado, será necesario establecer si la declaratoria de la
prescripción extintiva de prestaciones sociales observó los criterios legales y
jurisprudenciales aplicables.
Análisis del problema jurídico
34. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará
las pretensiones por las siguientes razones:
35. En primer lugar, porque no se demostró que en el Oficio de 15 de marzo
de 2012, el Ministerio de Defensa haya obrado con infracción de las normas en
que debería fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de sus atribuciones.
36. Al respecto, se advierte que en este se le indicó a la señora Martha Isabel
Díaz lo siguiente:
«Dando alcance al oficio N° 61534/MDSGDALGPO- del 14 de julio de 2011,
con fundamento en la información suministrada por el Segundo Comandante
del Batallón de Infantería N° 22 "Batalla de Ayacucho", contenida en el oficio
N° 0945/MD-CGFM-DE-DIV3-BR8-BIAYA-OaM-44 del 28 de febrero de 2012,
me permito manifestar que el Jardín Infantil "Batallón Ayacucho" es una
dependencia de Acción Social del Ejército Nacional, que corresponde a una
asociación sin ánimo de lucro que goza de personería jurídica y se encuentra
registrada en la Cámara de Comercio de Armenia mediante la Resolución N°
OJ-041 de 1974».
entidades públicas y privadas del régimen de seguridad social integral y sus afiliados, el asunto en conflicto
no se encuentra amparado por dicha norma, puesto que el mismo no aplica a los miembros de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, luego la prosperidad
o no de la pretensión la decidirá la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se itera, por encontrarse
dentro de las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
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37. Al respecto, se advierte que en la demanda no se cuestionó el contenido
de la comunicación. Es decir, no se indicó, por ejemplo, que se haya incurrido en
una falsa motivación y que el referido Jardín Infantil, sea una dependencia del
Ejército Nacional, y que su propiedad no corresponda a una persona jurídica
distinta, como se afirmó en el acto demandado.
38. En ese orden de ideas, se advierte que la demandante no acreditó que
hubiera prestado un servicio personal para la entidad accionada, como tampoco
probó que era esta última quien le pagaba una remuneración y ejercía conductas
subordinantes.
39. En primera instancia se escuchó en interrogatorio a la demandante y se
recibió el testimonio de la señora María Victoria Mejía Sánchez, de los cuales se
destaca lo siguiente:
i) La accionante relató que laboró en el jardín infantil desde 1995 hasta 2000
y los últimos pagos fueron de $ 950.000 COP, aunque no recuerda muchas
cosas porque sufrió varios «infartos cerebrales»; que nunca le pagaron
vacaciones y solo durante los últimos cuatro (4) años le pagaron salud;
que su remuneración dependía de la cantidad de niños que había; que
cuando iba a renunciar, la directora «Piedad Gómez» le decía que no lo
hiciera porque esta última se iba a retirar y a ella (la actora) la iban a
nombrar en esa vacante de los «liceos patrios», que son los colegios del
Ejército; que la directora le decía a ella (la actora) que necesitaba
certificaciones de su trabajo como profesora en el jardín para poder
presentarse a los liceos patrios, entonces aquella se las expedía; y que en
una ocasión le dijeron que tenía que llevar una carta del jefe de personal
en la que constara que trabajaba en el jardín, pero, como este no estaba,
la directora del jardín se la firmó.
Indicó que estuvo vinculada «directamente con el jardín, con la directora»,
pero no suscribió ningún contrato, sino que esta última le decía que
asistiera al jardín, donde cumplía jornadas de 7:00 a. m., a 1:00 p. m., y
en diciembre todo el día (de 7:00 a. m., a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m., a
8:00 p. m.), pues había cursos vacacionales con los niños; que en prejardín
tenía entre 15 y 20 niños a su cargo; que en el jardín había más profesoras,
a saber: Edna Cecilia Gómez y Luz Piedad Gómez, quienes estaban
vinculadas a los «liceos patrios», hecho que conoce porque a estas les
llegaban los desprendibles de pago de la remuneración; y que no le
pagaban primas de servicios ni cesantías, prestaciones que no reclamó
porque le decían que al año siguiente la iban a vincular.
Manifestó que en una oportunidad el general Pinto preguntó por qué a ella
(la actora) no la tenían vinculada ni le tenían contrato, entonces hizo que
la señora Luz Piedad Gómez la afiliara a salud; y que la retiraron porque
le dijeron que firmara un contrato de $ 550.000 COP y se fuera para
Armenia a una entidad sin ánimo de lucro, a lo cual se opuso porque venía
devengando $ 950.000 COP, entonces la despidieron.
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ii) La señora María Victoria Mejía Sánchez expuso que conoció a la
demandante porque esta tenía un puesto de perros y hamburguesas y le
comentó que trabajaba en el jardín del batallón del Ejército; que su hijo (de
la testigo) estudió en dicho jardín entre 1998 y 1999 y la actora era su
profesora, quien lo recogía en la casa y lo llevaba al jardín, ya que vivían
cerca; que en el jardín había otras profesoras: Piedad, Edna y la
accionante; que la demandante era ama de casa y se desempeñaba como
profesora en el jardín entre semana, y durante el fin de semana vendía
«los perritos en el condominio»; que la accionante trabajaba como
profesora en la mañana y se iba para el jardín a las 7:30 a. m., u 8:00 a.
m.; que «Piedad» era la directora o rectora del jardín; que el proceso de
matriculación era como en cualquier institución y ella (la testigo) firmaba el
recibo de la matrícula y le pagaba una mensualidad al jardín; que no
recuerda el nombre exacto del jardín, pero «decía Batallón Ayacucho o era
del batallón, pues…pertenecía al batallón»; y que no recuerda si había
algún requisito especial para ingresar al jardín, si era para civiles o
particulares.
Frente a la pregunta sobre la fecha en que la demandante se retiró del
jardín, refirió que ella (la testigo) se fue del condominio a otra parte de
Manizales y desde entonces se vio con la actora esporádicamente; que la
accionante era la profesora de preescolar y «manejaba» a los niños más
pequeños y ayudaba en otras áreas; que no sabe cuál fue la causa del
retiro de la actora; que la demandante le enseñó a su hijo (de la testigo)
estimulación temprana, a jugar didácticamente, a aprender los colores, lo
básico de un niño en esa etapa de crecimiento; y que no sabe si la
accionante laboraba como profesora en una entidad diferente o tenía otra
actividad.
40. Por otra parte, con la demanda se aportaron varias certificaciones
suscritas por la señora Luz Piedad Gómez Vélez, quien se desempeñaba como
directora del Jardín Infantil BIAYA Mis Amiguitos, en las cuales se indicó lo
siguiente:
Fecha de la certificación Contenido
«[…] que la Señora Marta Isabel Díaz […] se encuentra
vinculada en la entidad de Jardín Infantil Batallón
26 de julio de 200010
Ayacucho Como docente desde 1.995 y cuyo ingreso
mensual es de $ 600.000».
«Que la Señora ADJUNTO ESPECIAL MARTHA
ISABEL DÍAZ CUARTAS […] se encuentra vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, en la actualidad se
23 de enero de 200211 desempeña como PROFESORA DEL JARDÍN
INFANTIL del BATALLÓN AYACUCHO llevando un
tiempo de servicio de SIETE (07) Años, devengando un
salario mensual de $800.000,00».
10
Página 26 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno 1.
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Página 25 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno 1.
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Demandante: Martha Isabel Díaz Cuartas
«La señora Martha Isabel Díaz Cuartas […] Profesional
en educación preescolar labora actualmente en el
JARDÍN INFANTIL BIAYA. Desde el mes de enero de
20 de octubre de 200612 1995 desempeñándose como PROFESORA DE
PREJARDÍN. Devengando un sueldo de $ 1.370.000 (un
millón trescientos setenta mil pesos). Con un contrato a
término indefinido».
«[…] la Sra Marta Isabel Díaz […] laboró en el Jardín
2 de junio de 201013 Infantil Batallón Ayacucho de febrero del 2.002 a
Noviembre del 2.009».
41. También se encuentran en el expediente los siguientes documentos:
i) Oficio 155055/CEDIG-TEC-615 del 12 de enero de 1993, por medio del
cual el segundo comandante y «JEM» del Ejército Nacional le informó al
comandante del Batallón de Infantería n.° 22 Batalla de Ayacucho que se
autorizaba la construcción de un jardín infantil en la Unidad Táctica; que la
obra debía ejecutarse según los planos remitidos al Comando del Ejército
y no se podía dejar inconclusa, por lo que tenía que estar completamente
financiada; y que «la construcción» quedaba de propiedad del Ejército
mediante las «alta[s]» de almacén14.
ii) Resolución 004739 del 18 de junio de 1993, a través de la cual la
gobernadora del departamento de Caldas concedió una «LICENCIA PARA
INICIACIÓN DE LABORES, al Nivel de Educación Pre-escolar del JARDÍN
INFANTIL BIAYA», el cual funcionaba en el «Batallón de Infantería
Ayacucho» y era un «Instituto Docente de carácter Mixto, Calendario A,
jornada de la Tarde, de propiedad del citado Batallón y bajo la Dirección
de la Profesora LUZ PIEDAD GÓMEZ VÉLEZ»15.
iii) Informe de actividades del período 1994-1995 del Batallón de Infantería
n.° 22 Batalla de Ayacucho, en el cual la señora Luz Piedad Gómez de
Londoño, en condición de directora del jardín infantil, indicó que se había
construido y dotado dicha institución, la cual albergaba 60 niños hijos de
oficiales, suboficiales y civiles; que la obra estaba ubicada dentro del
parque infantil del batallón; que tuvo un costo aproximado de $ 30.000.000
COP, fue entregada el 9 de junio de 1994 y su construcción fue posible
gracias a la colaboración de varias entidades y empresas privadas del
departamento de Caldas16, y que un grupo de oficiales prepararon y
adecuaron el terreno17.
iv) Resolución 1703 del 8 de marzo de 2000, mediante la cual la Unidad de
Rentas del municipio de Manizales exoneró del pago del impuesto de
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros «al
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Página 30 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno 1.
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Comité Departamental de Cafeteros, Productora de Gelatinas Progel, Corporación Financiera de Caldas,
Colombit SA, Cementos Caldas SA, Central Hidroeléctrica de Caldas y Comité de Apoyo al Batallón.
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EJÉRCITO DE COLOMBIA BATALLÓN DE INFANTERÍA AYACUCHO»,
por los ingresos percibidos en ejercicio de la actividad de educación a
través del jardín infantil.
En dicha resolución se invocó el numeral 5 del artículo 222 del Decreto
Extraordinario 760 de 1991 del municipio de Manizales, conforme al cual
«la educación privada» estaba exenta de los impuestos mencionados; y
se indicó que el Batallón de Infantería Batalla de Ayacucho era propietario
del jardín infantil18, cuya representante legal era la señora Luz Piedad
Gómez.
v) Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito por
la Asociación Acción Social del Ejército, por medio del cual se pretendió
vincular a la demandante como docente en el «Jardín Infantil Batallón
Ayacucho»; sin embargo, este documento no está firmado por la actora19.
vi) Contrato suscrito el 2 de agosto de 2016, a través del cual el comandante
del Batallón de Infantería n.° 22 Batalla de Ayacucho le arrienda a la
Corporación Damas del Voluntariado Batallón Infantería n.° 22 Batalla de
Ayacucho el bien inmueble denominado La Manga de Milán, de propiedad
del batallón y ubicado en dicha unidad militar, «para prestar el servicio de
JARDÍN INFANTIL» por el término de cuatro (4) meses.
En el acápite de consideraciones del contrato se indicó que el batallón
había recibido una carta de solicitud de arrendamiento de un bien inmueble
para prestar el servicio de jardín infantil en beneficio de los oficiales,
suboficiales, soldados profesionales, retirados, pensionados y personal
civil que laboraba en las instalaciones del batallón.
Por medio del contrato mencionado, la arrendataria se comprometió a que
el personal encargado de la administración y funcionamiento del bien
inmueble, «sobre el cual no se [entendía] relación laboral alguna con el
arrendador», no se desplazaría dentro de las áreas no permitidas; y a
mantener indemne a la entidad arrendadora de reclamaciones originadas
en las causas del arrendatario, quien tenía «bajo su responsabilidad y
autonomía las obligaciones contraídas con el personal que[desempeñaba]
labores propias de su objeto, incluyendo pagos a seguridad social
integral»20.
vii) Certificado de existencia y representación de la Asociación Acción Social
Ejército, Seccional Armenia Quindío, entidad sin ánimo de lucro con
personería jurídica y domicilio en Armenia, la cual fue constituida mediante
documento del 21 de abril de 1997 e inscrita en la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío en la misma fecha.
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Página 32 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno 1.
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En dicho certificado se observa que la entidad sin ánimo de lucro obtuvo
su personería jurídica el «30 de julio de 1974» y fue disuelta y liquidada
por medio de actas del 20 y 21 de febrero de 2017, registradas el 21 de
febrero y el 1.° de marzo de 2017, respectivamente21.
42. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, no existe una
manera específica de demostrar la existencia de una relación laboral encubierta,
pues esta puede deducirse a partir de medios de prueba diversos, incluso en
ausencia de contratos u órdenes de prestación de servicios, siempre que se
demuestren los tres (3) elementos propios de los vínculos de trabajo, esto es:
prestación personal del servicio, remuneración y continuada subordinación22.
43. En ese contexto, aunque entre las partes no se celebraron contratos de
prestación de servicios ni contratos de trabajo escritos, las certificaciones de
tiempos de servicio expedidas por la directora del Jardín Infantil BIAYA Mis
Amiguitos y la prueba testimonial permiten concluir que la demandante laboró
como docente de preescolar en el jardín mencionado.
44. Ahora bien, la certificación laboral del 23 de enero de 2002 pierde
credibilidad en tanto fue suscrita por la señora Luz Piedad Gómez Vélez como
jefe de personal del batallón, calidad que no tenía, pues ella era la directora del
jardín infantil. Además, la entidad accionada certificó que entre el 1.° de enero y
el 31 de julio de 2002 fungieron como jefes de personal los sargentos Ricardo
Giraldo Rodríguez y Jaime Arcila, información que concuerda con la declaración
de la demandante, quien relató que en una oportunidad la señora Gómez Vélez
le certificó un tiempo de servicio como jefe de personal porque el verdadero jefe
de personal no se encontraba presente.
45. De igual manera, la certificación laboral del 2 de junio de 2010 también
pierde credibilidad debido a que en ella se indicó que la actora laboró en el jardín
infantil desde febrero de 2002 hasta noviembre de 2009; sin embargo, la fecha
de inicio no coincide con la información relacionada en las certificaciones
expedidas el 26 de julio de 2000 y 20 de octubre de 2006, en las que se señaló
que la accionante venía trabajando en dicho jardín desde 1995; y tampoco
concuerda con el relato de la testigo María Victoria Mejía Sánchez, quien expuso
que la demandante se desempeñaba como profesora en el jardín entre 1998 y
1999.
46. Sumado a lo anterior, la certificación del 2 de junio de 2010 fue suscrita
por la señora Luz Piedad Gómez Vélez sin que esta indicara en qué condición
acreditaba el tiempo de servicio, pues no se dejó ninguna constancia acerca de
si esta última seguía siendo la directora del jardín infantil para entonces y, por lo
tanto, si tenía la facultad de expedir dicho documento.
47. Así las cosas, al desecharse las certificaciones del 23 de enero de 2002 y
2 de junio de 2010 debido a su poca credibilidad, quedan sin sustento probatorio
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Página 12 del archivo PDF que contiene la segunda parte del cuaderno 1.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021).
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los hechos relacionados con que la demandante hubiera estado vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional en condición de «adjunto especial» mientras
ejercía como profesora del jardín infantil ubicado en el Batallón de Infantería n.°
22 Batalla de Ayacucho, y que hubiera laborado en dicha institución hasta
noviembre de 2009.
48. En ese orden de ideas, la Sala resalta que, aunque la certificación del 20
de octubre de 2006 permitiría dar por acreditado el tiempo de servicio hasta ese
momento, la demandante no demostró en qué fecha exacta empezó a trabajar
como profesora de preescolar en el jardín ubicado en el batallón, ya que la
certificación citada y la del 26 de julio de 2000 solo indican que aquella comenzó
esa tarea en enero de 1995.
49. Al respecto, resulta necesario precisar que la parte actora debía probar
con claridad la fecha de inicio de la prestación del servicio, pues la incertidumbre
sobre ese aspecto no solo dificulta un posterior cumplimiento de la decisión
(como ocurre con la orden que impartió el Tribunal en el fallo apelado), sino que
refleja la gran incertidumbre que existe en torno a la prestación del servicio
durante todo el tiempo relacionado en la demanda, lo que significa en últimas que
la actora no cumplió a satisfacción la carga probatoria de que trata el artículo 167
del CGP, norma que establece que cada parte debe demostrar los hechos que
alega.
50. De igual manera, en el marco del estudio de la prestación personal del
servicio, era necesario que la demandante probara que las labores de docente
de preescolar eran realizadas para la entidad accionada, deber que no cumplió,
pues no es claro si el Jardín Infantil BIAYA Mis Amiguitos era de propiedad del
Batallón de Infantería n.° 22 Batalla de Ayacucho o si este solamente era dueño
de las instalaciones en que aquel funcionaba, mas no de la institución educativa
propiamente.
51. Sobre el particular, vale la pena destacar que mediante el Oficio
155055/CEDIG-TEC-615 del 12 de enero de 1993 se autorizó la construcción de
una edificación dentro de la sede del batallón para que allí funcionara un jardín
infantil, y se precisó que la construcción (no la institución educativa) quedaría de
propiedad del Ejército una vez terminaran las obras, por lo cual se ordenaron las
correspondientes gestiones ante el área de almacén.
52. Asimismo, si bien en la Resolución 004739 del 18 de junio de 1993 la
gobernadora del departamento de Caldas concedió la licencia de funcionamiento
al jardín infantil y dio a entender que este era de propiedad del batallón, lo cierto
es que en ese acto no se afirmó que dicha institución educativa tenía naturaleza
oficial, como sí se precisó que la representante legal era la señora Luz Piedad
Gómez Vélez.
53. Además, mediante la Resolución 1703 del 8 de marzo de 2000, la Unidad
de Rentas del municipio de Manizales exoneró al jardín infantil del pago de
impuestos de industria y comercio y complementarios en aplicación de un decreto
municipal según el cual «la educación privada» estaba exenta de dichos tributos,
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circunstancia que agudiza la incertidumbre acerca de la naturaleza oficial o no
del jardín infantil, ya que, se insiste, no es claro si la institución educativa era de
propiedad del Ejército Nacional o si este solo era dueño de la edificación donde
funcionaba.
54. De igual manera, no está demostrado quién le pagaba la remuneración a
la demandante y de qué manera ello se hacía, aspecto que resultaba crucial para
esclarecer si el servicio se prestó realmente para el Ejército Nacional o para un
particular.
55. A diferencia de lo que explicó el Tribunal, el hecho de que el jardín infantil
funcionara dentro de las instalaciones del batallón no demuestra que aquel era
una institución educativa oficial de propiedad de la entidad demandada, pues es
claro que la creación de entidades o dependencias públicas requiere por lo
menos de actos de constitución, definición de funciones, planta de personal, etc.,
el cual se echa de menos en el expediente, y que en la respuesta que le fue
proporcionada a su apoderado expresamente se le manifestó que existía una
persona jurídica distinta a la de la Nación – Ministerio de Defensa, que
administraba el Jardín Infantil.
56. También vale la pena resaltar que la accionante no demostró qué vínculo
tenía la señora Luz Piedad Gómez Vélez con el Batallón de Infantería n.° 22
Batalla de Ayacucho, a fin de definir si esta organizaba la prestación del servicio
de educación en representación del batallón o en ejercicio de alguna función
pública delegada por este.
57. Por otro lado, si bien en el acto administrativo acusado se indicó que el
jardín infantil es una dependencia de Acción Social del Ejército Nacional,
asociación sin ánimo de lucro que goza de personería jurídica y se encuentra
registrada en la Cámara de Comercio de Armenia, el certificado de existencia y
representación no da cuenta de que aquella institución educativa sea de
propiedad de la asociación mencionada; sin embargo, esto no significa que se
deba aceptar que el jardín infantil tiene naturaleza oficial o que es de propiedad
del batallón, pues la carga probatoria recaía en la parte actora, de acuerdo con
el artículo 167 del CGP, la cual no se ve suplida por el hecho de que la afirmación
de la entidad accionada sobre la propiedad del jardín infantil no haya sido
probada tampoco.
58. En tales condiciones, la Sala concluye que la accionante no demostró que
sus tareas como profesora de preescolar en el jardín infantil suponían la
prestación personal de un servicio para la entidad demandada, lo cual es
suficiente para entender que no se acreditó la existencia del vínculo laboral.
59. En gracia de discusión, es relevante destacar que tampoco se probó la
remuneración que habría recibido la demandante, circunstancia que llevó al
Tribunal a ordenar la liquidación de los aportes pensionales con base en el salario
mínimo legal mensual, solución que no resulta apropiada en tanto la
remuneración es un elemento que debe demostrar quien pretende que se declare
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la existencia de un vínculo de trabajo conforme al principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades.
60. En cuanto a la subordinación, toda vez que no se comprobó quién era el
propietario del jardín infantil, si el batallón o un particular, no está acreditado que
la entidad accionada haya definido el modo en que la actora tenía que desarrollar
sus tareas como docente de preescolar a través de la emisión de órdenes e
instrucciones.
61. Finalmente, la Sala estima innecesario pronunciarse sobre los argumentos
que planteó la demandante en su recurso de apelación, ya que estos estaban
relacionados principalmente con el fenómeno de la prescripción extintiva de
prestaciones sociales y partían de la base de haberse demostrado la existencia
del vínculo de trabajo, lo cual no ocurrió, como se expuso previamente.
La condena en costas de segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
64. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por
cuanto se revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 14 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Martha
Isabel Díaz Cuartas, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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