Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01767-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01767-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01767-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021)
Demandante: Gladys Judith Cuta Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación
de servicios-Pensión. Mecanógrafa. Decreto 1214 de
1990.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el dos (2) de julio de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones
y se condenó en costas a la demandante.
ANTECEDENTES
La señora Gladys Judith Cuta Rodríguez instauró demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Los actos fictos resultado de las solicitudes formuladas el 3 y 4 de noviembre de
2016, ante el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por medio de los cuales se
negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos
previstos en el Decreto 1214 de 1990, y, la existencia de una relación laboral.
Que se declare que existió una relación laboral y se condene a la entidad a pagar
las prestaciones sociales dejadas de percibir, en especial los aportes a pensión.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021)
Que se condene a la demandada a elaborar la hoja de servicios de conformidad con
lo previsto en el artículo 144 del Decreto 1214 de 1990, computando para el efecto
el tiempo laborado a través de orden de prestación de servicios durante 1994.
Que se condene a la entidad a reconocer y pagar la pensión de jubilación, a partir
del 1 de febrero de 2014, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo
98 del Decreto 1214 de 1990 o de ser el caso, desde el 12 de noviembre de 2016
tal y como lo prevé el artículo 99 de la misma normativa.
Que se condene al pago del retroactivo de las mesadas pensionales a partir de las
fechas descritas anteriormente, según corresponda, con inclusión de las mesadas
adicionales.
Que se ordene a la entidad a afiliar a la demandante al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares.
Que se condene al pago de los intereses moratorios de conformidad con lo previsto
en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, o subsidiariamente, indexar el total de las
sumas reconocidas teniendo en cuenta el IPC.
Que se condene a pagar las costas, agencias en derecho y se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos descritos en los artículos 192 a 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a través de
orden de prestación de servicios, durante el periodo comprendido entre el 1 de
febrero y el 15 de diciembre de 1994 como mecanógrafa y del 15 de diciembre de
1994 en adelante fue vinculada como auxiliar administrativa en dicha entidad.
Que durante el tiempo que estuvo vinculada por contrato de prestación de servicios,
ejecutó sus funciones de manera personal y bajo continua subordinación, debía
cumplir un horario establecido por la entidad y las órdenes de esta sobre la forma
de cumplirlas.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 13 de diciembre de 2017 y, notificada
a la entidad demandada quien se opuso a las pretensiones bajo el argumento de
que su actuación ha estado ceñida a los postulados constitucionales y legales y,
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que no obra prueba que evidencie la configuración de alguna de las causales de
nulidad que invalide los actos demandados.
Se celebró audiencia inicial el 16 de mayo de 2019, en la que se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas, agotado el
periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se
dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 2 de julio de
2020, negó las pretensiones bajo el argumento de que las pruebas no eran
suficientes para tener la certeza de las funciones que como mecanógrafa desarrolló
la demandante, a través de la orden de prestación de servicios que manifiesta haber
suscrito en 1994.
Que solo se cuenta con un certificado de egreso en favor de la actora del 24 de
noviembre de 1994, un certificado de disponibilidad presupuestal del 16 de
diciembre del mismo año y los testimonios de las señoras Deyanira Alvarado y
Holanda Mariño que coinciden en afirmar que la demandante laboró a través de
OPS para la Brigada XVI de Yopal entre febrero y diciembre de 1994.
Que, como no se encontró demostrada la relación contractual antes del 1 de abril
de 1994, no era posible analizar si esta mutó en una relación laboral que permita
examinar a su vez si su vinculación fue anterior a la entrada en vigor del régimen
general de pensiones.
Condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que se
desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y la
jurisprudencia que sobre la relación laboral encubierta ha desarrollado el Consejo
de Estado. Para el efecto citó la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016.
Que exigir que se cumplan los elementos formales que dan existencia y validez a
los contratos estatales, según la redacción de la Ley 80 de 1993 para encontrar
probada la relación laboral, desconoce los principios de irrenunciabilidad de los
beneficios laborales, in dubio pro operario, igualdad y no regresividad.
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Que la relación laboral que tuvo la demandante con el Ministerio de Defensa entre
febrero y diciembre de 1994 quedó probada con las declaraciones de las señoras
Deyanira Alvarado Vega y Holanda Mariño Granados, pues indicaron con claridad
los extremos temporales, las funciones ejecutadas como mecanógrafa, el horario
que debía cumplir, la remuneración recibida, las órdenes de sus superiores civiles
y militares y que su labor era igual a la desarrollada por empleadas de planta de la
entidad.
Que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 165 del CGP,
cualquier medio de prueba es admisible para la demostración de una relación
laboral, es decir, no existe tarifa legal para la demostración de los tiempos de
servicio.
Que se hicieron múltiples requerimientos de los documentos en los que constaba el
tipo de vinculación y la entidad nunca los aportó. Para ello citó la providencia del 18
de octubre de 2007, radicado: 2001-10933-01 (0485-05) proferida por el Consejo de
Estado.
Que demostrada la relación laboral entre el 1º de febrero de 1.994 y el 30 de
diciembre de 1.994 deberá computarse este lapso para efectos de la elaboración de
la hoja de servicios y, en consecuencia, reconocer, entre otros, el derecho pensional
de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del 30 de abril de 2021, se admitió el recurso de apelación, el 6 de julio de
2021 se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos
de conclusión y, posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio
Público presentara concepto.
El demandado indicó que no existen pruebas suficientes que den certeza de la
vinculación y las labores desempeñadas por la demandante en 1994.
El demandante guardó silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES
La Sala deberá determinar si entre las partes existió una verdadera relación laboral
por el periodo comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de diciembre de 1.994 y,
si como consecuencia de ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
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En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará la prescripción
de los derechos reclamados y, se determinará si tiene derecho a que se aplique el
régimen especial contenido en el Decreto 1214 de 1990 para efectos pensionales y
se revisará la condena en costas de segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre la
actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
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En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16)
CE-SUJ2-025-21, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
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102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
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siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
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del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
1 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de octubre 2021. Radicación número:
68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17). CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de que
la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, debido a la actividad
desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la existencia de la
relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando son contratados por
instituciones educativas para cumplir funciones de docentes y los celadores 2.
Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.
Resolución al caso concreto
Dentro de las pruebas aportadas, se tiene lo siguiente:
Las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Deyanira Alvarado Vega y
Holanda Mariño Granados, el 4 de abril de 2016 y del señor Ramon Heli Casas, el
14 del mismo mes y año, coinciden en que les constaba que la actora empezó a
laborar en la décimo sexto brigada desde el 1 de febrero de 1994 en la sección de
recursos humanos con sede en la ciudad de Yopal- Casanare hasta el 15 de
diciembre cuando fue nombrada en el grado de adjunto tercero como mecanógrafa. 3
Se tiene además el acta de posesión 71 del 15 de diciembre de 1994 de la señora
Gladys Judith Cuta Rodríguez como mecanógrafa del grado adjunto tercero en
virtud de la orden administrativa de personal, con efectos fiscales a partir del 3 de
enero de 1995 4 y, certificado de disponibilidad presupuestal 2766 del 16 de
noviembre de 1994 por valor de $150.000 5.
Se observa también un certificado de egreso de fondos del 24 de noviembre de
1994, emitido por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en favor de la señora
Gladys Judith Cuta Rodríguez en el que consta un pago por valor de $150.000 6.
Obra dentro del expediente una constancia suscrita por el Oficial de Sección de
Atención al Usuario DIPER del Ejército Nacional, en la que se indica que la
demandante prestaba sus servicios a la entidad desde el 3 de enero de 1995 7 y, un
certificado de devengados del mes de enero y diciembre de 2014 8.
Mediante Oficio 3627/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV8-BR16-
BASPC16-CJM-1.10 del 31 de julio de 2019, proferido por el comandante del
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación
05001233100020040374201.
3 Folios 6 a 8.
4 Folio 9.
5 Folio 10.
6 Folio 11.
7 Folio 12.
8 Folio 13.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021)
Batallón de A.S.P.C. Núm. 16 del Ejército Nacional, se indicó que:
«[…] en atención a lo solicitado en el oficio del asunto, remitido por competencia
por parte de la Décima Sexta brigada, relacionado con documentación de
contratación y comprobantes de pagos, correspondientes a la /señora Gladys
Judith Cuta Rodríguez para la vigencia de 1994, me permito informar que en el
Batallón de A.S.P.G. No. 16, el archivo data desde el año 1996, ya que fue
creado mediante disposición No. 00009 del 2 de octubre de 1995; razón por la
cual la documentación de la vigencia solicitada, no existe en la unidad»9
El 29 de agosto de 2019 el Oficial de Sección de Atención al Usuario certificó que
la demandante ha prestado sus servicios al Ejército Nacional, así 10:
OAP No. UNIDAD FECHA INICIO FECHA FIN
1719 TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO 07-JUL-15
1039 BATALLON DE POLICIA MILITAR #3 GR. EUSENIOBORRERO 16-APR-97 06-JUL-15
1142 BATALLON DE ASPC #16 TE.WILLIAM RAMIREZ 01-AUG-95 16-APR-97
1183 COMANDO DECIMA SEXTA BRIGADA 03-JAN-95 01-AUG-95
Los documentos anteriores no ofrecen sustento frente a la configuración de la
relación laboral, contrario a lo expuesto por la recurrente, a partir de esto no se
puede concluir que prestó sus servicios personales como mecanógrafa en el periodo
solicitado y que fue sometida a un control o algún tipo de direccionamiento sobre
cómo ejercer esa actividad.
Por su parte, de los testimonios rendidos por las señoras Deyanira Alvarado Vega,
en calidad de compañera de trabajo de la demandante y Holanda Mariño Granados,
en su condición de amiga y también compañera de labor, es razonable concluir -
pues en ello coinciden las declarantes-, que la señora Cuta Rodríguez prestó sus
servicios personales como mecanógrafa a la Brigada XVI del Ejército Nacional, sede
Yopal, entre febrero y diciembre de 1994, a través de una orden de prestación de
servicios. Que, durante el referido lapso recibió una remuneración mensual, la cual
provenía de un «fondo interno».
Pues bien, como lo sostiene la apelante, para demostrar la existencia de la relación
laboral encubierta no existe una manera específica, toda vez que ello puede inferirse
de forma razonable de diferentes medios de prueba, tales como certificaciones,
documentos, testimonios y la conducta de las partes.
Lo que implica que, incluso ante la ausencia de un contrato u orden de prestación
de servicios, haya lugar a reconocer la existencia de una verdadera relación laboral,
siempre que se comprueben los tres elementos propios de esta, a saber, prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación. Así lo ha desarrollado tanto
9 Folio 151.
10 Folio 187.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021)
esta corporación en sentencias del 30 de noviembre de 2023 11 y 30 de mayo de
202412, como la Corte Constitucional en providencia T-366 de 202313.
Descendiendo al caso concreto se advierte que como lo manifestó el Tribunal no
existe contrato de prestación de servicios por medio del cual se pueda verificar en
qué condiciones y durante qué períodos prestó los servicios la demandante. Sin
embargo, esto no impide que se efectúe un análisis de las demás pruebas a fin de
dilucidar dichas circunstancias. Máxime cuando la entidad demandada a través de
diferentes oficios indicó que no tiene en sus archivos información sobre la
demandante durante el año 1994.
Por lo tanto, con las declaraciones recibidas, para la Sala es posible concluir que la
demandante sí prestó los servicios personales a la entidad por el periodo
comprendido del 1º de febrero de 1.994 hasta el 30 de diciembre de 1.994.
Aclarado este primer elemento, se analizará si esta prestación se realizó de manera
subordinada, para lo cual solo se tienen las mismas declaraciones de las señoras
Alvarado y Mariño quienes indicaron:
Frente a las funciones del empleo, la primera señaló que consistían en elaborar
listas de personal, nómina, fichas médicas de los uniformados y hojas de vida y, la
segunda testigo, dijo que las actividades de la demandante, en su condición de
contratista, eran diferentes a las desempeñadas por las empleadas de planta.
Aun cuando concurren en aseverar que un Mayor del Ejército era identificado como
el jefe de la unidad de trabajo, no determinaron con claridad en qué consistían sus
órdenes o directrices, sino que se limitaron a señalar que su función era asignar las
fechas en las que se debía entregar la labor encomendada.
La señora Alvarado indicó que la demandante cumplía un horario de lunes a viernes,
de 8:00 am hasta las 6:00 pm y los sábados hasta medio día, y la otra, la señora
Mariño indicó que este iniciaba a las 8:00 am, pero no tenían hora de salida, y que
hubo ocasiones en las que se trabajaron sábados y domingos.
Del testimonio de la señora Alvarado se puede inferir la intervención de terceros en
la contratación que hubo entre las partes, pues ella habla de «otras compañías»,
sin embargo, no las identifica ni ofrece otra información, lo que dificulta determinar
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Radicación:
47001-23-33-000-2018-00036- 01 (0701-2020). CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25000-23-42-000-2017-06139-01 (0713-
2021). CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13 Sentencia del 14 de septiembre de 2023, expediente T-9.168.163. Corte Constitucional, Sala Séptima de
Revisión.
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su rol en el asunto.
En ese entendido, con la prueba testimonial relacionada en párrafos precedentes
no es posible determinar que la demandante hubiera estado sometida a un horario,
a reglamentos de trabajo ni tuvo llamados de atención que evidenciaran que su labor
estuvo subordinada por el Ejército Nacional. En ese orden, no se demostró la
configuración del elemento de la subordinación. De ahí que haya lugar a confirmar
la decisión de primera instancia.
Ahora, en relación con la pretensión encaminada a obtener el derecho a la pensión
de jubilación bajo los postulados del Decreto 1214 de 1990, la Sala estima
pertinente recordar que el régimen allí previsto solo es aplicable al personal civil que
haya estado vinculado bajo la calidad de empleado público antes de la entrada en
vigencia del Sistema General de Seguridad Social, caso en el cual, si se satisfacen
las exigencias propias de la norma en cada caso particular (Artículos 98 y 99), los
servidores no uniformados consolidarían el derecho al reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación por tiempo continuo o discontinuo.
De acuerdo con lo anterior, al no encontrarse probado dentro del proceso que la
demandante se vinculó al Ejército Nacional, Ministerio de Defensa, en calidad de
empleada pública con anterioridad al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia
el Sistema General de Pensiones, es razonable concluir que no tiene derecho a
beneficiarse de las disposiciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
Con lo anterior, se da respuesta a todas las inconformidades planteadas en el
recurso de apelación.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01767-01 (1150-2021)
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de julio de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuesta
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
correspondientes en el aplicativo «SAMAI».
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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