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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00234-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00234-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil veintidós (2.022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00234-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2024

Radicación: 25000234200020200023401 (5639-2022)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00234-01 (5639-2022)
Demandante: Ricardo Ernesto Flórez Bernal
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-Médico General. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veintidós (2.022), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
medio de la cual se concedieron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Ricardo Ernesto Flórez Bernal instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 20192100167861 del 9 de octubre de 2019, por
medio del cual se le negó la existencia de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales dejadas de cancelar entre 2011 y 2017, cuando se
desempeñó como médico general de la entidad.

Que se declare existió una relación laboral subordinada y, como consecuencia, la
entidad está obligada a pagar las prestaciones sociales dejadas de percibir en el
período antes definido, entre esas, las cesantías e intereses, primas de navidad, de
junio, servicios y vacaciones.

Que reembolse los aportes al Sistema de Seguridad Social realizados y reconozca
la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995. Además, que la
demandada pague las diferencias y sumas ajustadas al Índice de Precios al
Consumidor e indexe mes a mes, al tratarse de pagos de tracto sucesivo.

HECHOS

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Radicación: 25000234200020200023401 (5639-2022)

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios al Hospital de Fontibón como médico general en el servicio
de pediatría entre el 8 de noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2017, a través de
múltiples contratos de prestación de servicios.

Que recibió una remuneración mensual, cumplió un horario de trabajo y atendió las
funciones y el reglamento de trabajo impuestos por la entidad.

Que la entidad terminó la relación laboral de manera abrupta, unilateral e irregular
y no reconoció ninguna prestación social.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por auto del 8 de julio de 2020 y notificada a la entidad
demandada, quien indicó que no se configuró una relación laboral, sino un vínculo
regido por el derecho privado.

Que el demandante conoció y aceptó desde un principio la vinculación y las
obligaciones contractuales pactadas, estaba enterado de que la ejecución del objeto
contractual sería con absoluta independencia y autonomía y, por esa razón, no se
configuraba una relación de trabajo ni se reconocerían prestaciones sociales.

Que las instrucciones impartidas al contratista evidenciaban una simple
coordinación entre las partes, necesaria para la consecución de los fines del
contrato. Que la supervisión y el cumplimiento de un horario tampoco indicaban por
sí solos la configuración de un vínculo laboral, por cuanto atendían la naturaleza de
la actividad contratada.

Que fue contratado por su perfil profesional y la necesidad del centro hospitalario
en el área de medicina pediátrica, por lo que era lógico que estuviera obligado a
prestar personalmente el servicio contratado.

Propuso como excepciones, la falta de configuración de los elementos esenciales
del contrato de trabajo, inexistencia de las obligaciones reclamadas, inexistencia del
derecho, pago de lo no debido, mala fe, prescripción y la genérica.

Se celebró audiencia inicial el 26 de mayo de 2021, en la que se fijó el litigio, se
agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para
su práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil veintidós (2.022) accedió
a las pretensiones, al encontrar acreditados los tres elementos de una relación
laboral, porque el señor Flórez Bernal prestó sus servicios como médico general en
el área de pediatría en forma remunerada y esa actividad estaba estrechamente
relacionada al objeto social y a la actividad misional del entonces Hospital de

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Fontibón.

Que las pruebas testimoniales confirman que el demandante laboró de manera
permanente en el centro asistencial en el turno de la tarde, no podía delegar sus
funciones a un tercero y, en caso de ausentarse, debía solicitar permiso o cambio
de la programación con uno de sus compañeros.

Que cumplió un horario, el cual era asignado previamente por la entidad y ejecutó
sus actividades profesionales en el área de interconsulta, urgencias y
hospitalización del hospital, empleó los elementos suministrados y estuvo bajo la
dirección y dependencia de sus superiores y coordinadores.

Que si bien tuvo un consultorio médico privado y, presuntamente, prestó sus
servicios en la Clínica del Niño, tales situaciones no desvirtúan la subordinación a
la que estuvo sometido, pues el artículo 2 de la Ley 269 de 1996 define que el
personal de la salud puede desempeñar más de un empleo en entidades de derecho
público, con una jornada laboral de máximo doce horas diarias, sin exceder las
sesenta y seis en los dos empleos y, en el caso particular, no se probó que la
prestación del servicio excediera dicho tiempo.

Que la prescripción extintiva debía contabilizarse de manera separada frente a los
períodos de prestación de servicios comprendidos entre el 8 de noviembre de 2011
al 31 de octubre de 2015 y, del 14 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2017, al
presentarse entre esos una interrupción de ochenta y nueve días hábiles. Así, frente
el primer lapso declaró probado el fenómeno prescriptivo, pues entre la finalización
de ese vínculo contractual y la presentación de la reclamación administrativa, el 20
de septiembre de 2019, transcurrieron más de tres años, más no ocurrió lo mismo
por el segundo tiempo.

Por lo anterior, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia
de una relación laboral entre las partes y ordenó a la demandada reconocer las
prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 14 de marzo de 2016 y el 30 de
junio de 2017, teniendo en cuenta para la liquidación el valor de los honorarios
pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios.

Ordenó a la entidad, calcular la diferencia entre los aportes realizados por el
contratista por concepto de pensiones durante el 8 de noviembre de 2011 y hasta
el 30 de junio de 2017 y los que debió efectuar como empleador, mes por mes y, en
caso de encontrar alguna, que realizara las respectivas cotizaciones.

Negó la sanción moratoria, la devolución de los aportes de salud y caja de
compensación familiar y la retención en la fuente. Condenó en costas a la entidad
demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación expresando que existió una
indebida valoración probatoria porque el demandante no cumplió funciones como
médico pediatra, sino que su contratación estuvo limitada a la ejecución de
actividades de apoyo a la gestión programadas por turnos mensuales, por lo que
tenía libre disposición y autonomía.

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Que no atendió un horario en sentido estricto, sino unos turnos coordinados entre
las partes, para contar con personal profesional disponible para la prestación del
servicio y, que, en todo caso, ese aspecto, por sí mismo no implicaba la
configuración de una relación laboral. Que, además, el contratista pudo ausentarse
de su labor y escoger sus reemplazos, posibilidad que no aplica para el personal de
planta.

Que los testimonios no son creíbles, objetivos ni imparciales. Que contrario a lo
expuesto por el juez de primera instancia, evidencian la existencia de una simple
coordinación entre las partes contratantes en aspectos de organización y propios
de las obligaciones adquiridas, siendo claro que los profesionales de la salud que
prestan sus servicios en la entidad no pueden actuar a su arbitrio sin ninguna clase
de indicación o instrucción.

Que no se aportaron pruebas que soportaran las declaraciones y, en ese sentido,
no existían reclamaciones del demandante, llamados de atención, solicitudes de
permisos, descuentos por ausencias o constancia de autorización. Que tampoco se
acreditó que las condiciones en las que se prestaba el servicio eran idénticas a las
del personal de planta o que las instrucciones o indicaciones impartidas iban más
allá de las obligaciones y compromisos contractuales adquiridos.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del primero (1) de noviembre de dos mil veintidós (2.022), se admitió el
recurso de apelación y al no haber pruebas que decretar, no se hizo necesario
otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad con lo establecido en la
Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

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«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones

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sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de

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jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades

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relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)

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remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución al caso concreto

Según las pruebas, se puede establecer que el demandante prestó sus servicios al
Hospital de Fontibón, a través de los siguientes contratos y órdenes de prestación
de servicios:

• Contrato No. 1566 de 2011, cuyo objeto fue «prestar servicios profesionales de
médico general de apoyo en el servicio de pediatría del hospital en las áreas
hospitalaria y consulta externa». El plazo de ejecución fue del 8 de noviembre de
2011 hasta el 31 de enero de 2013.

• El anterior contrato fue adicionado en seis oportunidades, el plazo inicial
pactado fue de un mes y veintitrés días (8 de noviembre al 31 de diciembre
de 2011); posteriormente, se prorrogó por períodos de uno, dos y hasta cinco
meses, respectivamente.

• Contrato No. 937-13, cuyo objeto fue «la prestación como médico de apoyo en el
servicio de pediatría, prestando el servicio de hospitalización, atención de urgencia
y las interconsultas que de ellas se deriven, con la complejidad inherente al nivel II».
El plazo de ejecución fue del 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de enero de 2014.

• Este, fue adicionado cuatro veces. El plazo inicial fue de tres meses y las prórrogas
fueron por tiempos entre dos y tres meses.

• Contrato No. 594-14, con el mismo objeto que el acuerdo anterior. El plazo de
ejecución fue del 1 de febrero de 2014 hasta el 28 de febrero de 20152.

• Contrato No. 828-15, con el mismo objeto del segundo acuerdo suscrito. El tiempo
de ejecución fue del 1 de marzo hasta el 31 de octubre de 20153.

• Contrato No. 932-16, cuyo objeto fue «la prestación de los servicios como médico
general de apoyo al servicio de pediatría en horario diurno y nocturno». El plazo de
ejecución fue de dos meses, desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo de 2016.

1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2Índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. Archivo
(2_250002342000202000234001RECIBEMEMORIAL20220523145458); (Contrato 592-2014 Adiciones y
Prorrogas).
3 Índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. Archivo
(2_250002342000202000234001RECIBEMEMORIAL20220523145458); (pdf. Contrato 828-2015 Adiciones).

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Radicación: 25000234200020200023401 (5639-2022)

• Contrato No. 932-16, cuyo objeto fue «la prestación de los servicios como médico
general de apoyo al servicio de pediatría en horario diurno y nocturno». El plazo de
ejecución fue de dos meses, desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo de 2016.

• Contrato No. 1046-16, con el mismo objeto del anterior. El plazo de ejecución fue
desde el 16 de junio y hasta el 25 de noviembre de 2016.

• Contrato No. 4-2434, con el objeto de «prestar servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como médico general con experiencia en pediatría dentro de los proceso
y procedimiento de la SUDRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la Institución». El plazo de
ejecución fue desde el 26 de noviembre de 2016 hasta el 10 de enero de 2017.

• Contrato 4-0788, con el mismo objeto del anterior. El plazo de ejecución fue de 2
meses y 20 días, esto, desde el 11 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de ese
mismo año.

• Contrato 4-3664, con el mismo objeto que el anterior. El plazo de ejecución fue de
tres meses, esto, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017.

En este asunto existió una prestación personal del servicio, pues la demandada
contrató al demandante para que éste prestara sus servicios profesionales como
médico general y, como contraprestación de la labor, se fijó una remuneración.

Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.

En ese sentido, la Sala evidencia que en los contratos de prestación de servicios se
puntualizaron diferentes obligaciones a cargo del contratista:

(i) Participar activa y proactivamente en todas las actividades programadas por la
institución en el proceso de acreditación, que apuntan al mejoramiento continuo
de la entidad.
(ii) Cumplir con instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato
que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo4.
(iii) Prestar el servicio médico de apoyo en el servicio de pediatría, según la agenda
de atención acordada.
(iv) Cumplir estrictamente las horas programadas.
(v) Participar en la elaboración y actualización del Manual de Normas y
procedimientos del área.
(vi) Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los
servicios de salud.
(vii) Diligenciar y llenar completamente los formularios y registros estadísticos de
acuerdo con lo establecido en la institución5.
(viii) Asistencia obligatoria a reuniones6.
(ix) Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier
órgano externo o reglamento interno, código o directriz interna de la E.S.E.
(x) Cumplir con adherencia a las guías de manejo, manuales, instructivos,
protocolos, procesos y procedimientos institucionales7.

Adicionalmente, se observan los antecedentes contractuales de los diferentes

4 Las obligaciones de los ordinales I y II establecidas en el Contrato 1566 de 2011.
5 Las obligaciones de los ordinales III al VI contenidas en los Contratos 937-13 y 592-14.
6 Prevista en los Contratos 592-14, 828-15 y 932-15.
7 De acuerdo con el contenido de los Contratos 4-2436-2016, 4-0788-2017 y 3664-2017.

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acuerdos suscritos entre las partes y, entre esos, los cuadros de programaciones
del actor en 2014 y 2015, en los que se asignaron turnos. En esos listados se
registraron las horas de atención correspondientes al profesional, que oscilaron
entre seis y doce horas diarias, incluidos algunos fines de semana.

De otra parte, se tiene el interrogatorio absuelto por el demandante y los testimonios
de los señores Martha Catalina Ramos Peláez, Kimberly Vanessa Ruíz Vega y
Fredy Alexander Pinzón Cruz.

El demandante señaló que prestó sus servicios en la entidad como médico general
desde el 2011 hasta el 2017 en el área de pediatría, cumplió un horario diario de
ocho horas, en turnos distribuidos en la semana y durante las jornadas de día o de
noche. Que, tuvo una buena relación con su jefe inmediato, el médico pediatra y,
con sus compañeras enfermeras y auxiliares. Que, en algún momento tuvo un
consultorio privado y lo atendía en horas de la mañana.

Los testigos coincidieron en afirmar que el actor laboró en el Hospital de Fontibón,
en pediatría, cumplía con un horario estipulado en la programación de turnos, de
lunes a viernes y algunos fines de semana, habitualmente en la jornada de la tarde,
asignado por el encargado del área. Que el coordinador médico de pediatría era el
jefe inmediato del actor y, en el trato del personal de enfermería, no existía ninguna
diferencia entre los médicos contratista y el personal de planta.

El señor Fredy Alexander Pinzón Cruz, auxiliar de enfermería de la Subred, expuso
que el demandante al igual que el personal de salud debía seguir las guías y
protocolos de manejo definidos por la entidad hospitalaria y las instrucciones del
jefe coordinador del área.

A partir de tales pruebas, la Subsección extrae que las actividades a las cuales se
dedicaba el demandante, además de ser permanentes, constituyen la función
misional de prestación de servicios de salud de la entidad, para los cuales contaba
con personal de planta, tal como se reconoció con la contestación de la demanda.

De igual manera, puede advertirse que en los contratos de prestación de servicios
se fijaron las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que el actor debía ejecutar
el objeto contractual.

En efecto, en las estipulaciones que refieren las obligaciones generales y
específicas del contratista, se expresa, textualmente, que aquel debía acatar las
instrucciones impartidas por el hospital, cumplir con las horas programadas y seguir
las guías de manejo, procesos y procedimientos de la institución hospitalaria en la
ejecución de su labor asistencial.

Igualmente, en los contratos suscritos a partir de 2016 se enlistaron como deberes
del demandante, entre otros, cumplir con el reglamento interno y cualquier otra
normativa interna emitida por la entidad y asistir y aprobar los procesos de
actualización definidos por aquella.

No es cierto como lo expone la entidad apelante que las actividades del demandante
se limitaban a la prestación del servicio médico asistencial por turnos y, que, solo
existió una relación de coordinación entre los contratantes.

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La Sala logra evidenciar la falta de autonomía en la prestación del servicio, debido
al direccionamiento, a través de las estipulaciones contractuales, frente a la forma
y el desarrollo de las actividades comprendidas en el objeto contractual y las
condiciones de tiempo, modo y lugar para la prestación del servicio contratado, entre
esas, atender la programación o turnos asignados, como se explicó antes.

A propósito de esto, se resalta que, si bien es cierto que la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que el cumplimento de un horario no involucra por sí
mismo prueba de la subordinación, así como ha establecido que ciertos servicios
específicos deben sujetarse a la prestación dentro de las instalaciones de la entidad
contratante y bajo unos parámetros mínimos de coordinación que permitan
supervisar el cumplimento del objeto contratado, también lo es que estas
condiciones de coordinación no pueden despojar al contratista de la libertad técnica
y administrativa, que son diferencia fundamental de la prestación dependiente del
servicio.

Todo este contexto, valorado de manera conjunta, excede lo que en sana crítica se
puede entender como la coordinación necesaria para la prestación de un servicio y
denotan las potestades unilaterales del ius variandi y sancionatoria, propias de un
verdadero empleador.

Se advierte que el criterio profesional de los médicos para realizar su trabajo no es
prueba que desvirtúe la subordinación, pues una cosa es la autonomía profesional
y científica, sobre la que el empleador no tiene criterio profesional ni autoridad para
impartir órdenes y subordinar y otra muy diferente las relaciones administrativas de
subordinación, a las que pueden someterse todos los trabajadores
independientemente de su formación.

Conviene precisar que, aunque el demandante prestó sus servicios profesionales en
otras entidades a la vez que lo prestó en la demandada, tal situación no desvirtúa la
existencia de un vínculo subordinado, ya que la exclusividad no es esencial para
configurar una relación laboral.

Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una relación
laboral entre las partes, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en este sentido.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

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Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, que de los
argumentos de la parte vencida no se presenta una carencia de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, se expusieron
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil veintidós
(2.022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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