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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00522-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00522-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual se declararon probadas en su totalidad las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada. En su lugar, se dispone: DECLARAR probadas parcialmente las excepciones denominadas «legalidad del acto administrativo», «ausencia de causa para demandar», «falta de los elementos constitutivos de la relación laboral» e «inexistencia del derecho reclamado», de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda y en específico la relación laboral encubierta entre las partes. En su lugar, se dispone: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo CE- 00088-201905204-GobCesar, expedido el 30 de mayo de 2019, y de la Resolución 002738 del 22 de julio de 2019, proferidos por el departamento del Cesar, mediante los cuales se negó la existencia de la relación laboral encubierta entre las partes. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la existencia de una relación laboral encubierta entre la señora Everly Jaimes Bonet y el departamento del Cesar, por los siguientes periodos: i) entre el 28 de marzo de 2012 y el 24 de octubre de 2012; ii) entre el 22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013; iii) entre el 21 de enero de 2014 y el 19 de agosto de 2014; y iv) entre el 9 de abril de 2015 y el 29 de diciembre de 2015. TERCERO: DECLARAR probada la prescripción trienal respecto de los derechos laborales y prestacionales a los que tendría derecho la señora Everly Jaimes Bonet por los períodos en los cuales se declaró la relación laboral indicados en el numeral anterior. CUARTO: ORDENAR al departamento del Cesar que cotice al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión en los períodos en que se declaró la relación laboral encubierta entre las partes, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para tal efecto, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00522-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00522-01 (0413-2026)
Demandante: Everly Jaimes Bonet

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00522-01 (0413-2026)
Demandante: Everly Jaimes Bonet
Demandado: Departamento del Cesar

Tema: Relación laboral encubierta/- apoyo a la gestión de la
Secretaría de Salud Departamental

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del acto administrativo CE-00088-201905204-GobCesar,
expedido el 30 de mayo de 2019 y la Resolución 002738 del 22 de julio de 2019,
mediante los cuales se negó la existencia de la relación laboral encubierta entre
las partes, así como el reconocimiento de las prestaciones sociales, tanto en sede
inicial como al resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la existencia de
una relación laboral entre la actora y el departamento del Cesar desde el 14 de
noviembre de 2008 hasta el 23 de julio de 2018. A título de restablecimiento del

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derecho, pidió que se condenara a la parte demandada a pagar los valores
correspondientes a las prestaciones sociales, la sanción moratoria y la
indemnización por despido injusto, así como los demás emolumentos
debidamente indexados que dejó de devengar debido al tipo de vinculación que
tuvo con la entidad. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la parte
demandada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Everly Jaimes Bonet indicó que prestó sus servicios entre el 14 de
noviembre de 2008 y el 23 de julio de 2018 en favor del departamento del Cesar,
a través de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios.

5. Sus actividades se desarrollaron directamente en el cargo de apoyo a la
gestión de la Secretaría de Salud Departamental para coordinar actividades
propias de la sectorial, cumpliendo un horario de ocho horas, comprendido entre
las siete y cuarenta y cinco de la mañana y las doce y cuarenta y cinco del
mediodía, y entre las dos y cuarenta y cinco de la tarde y las cinco y cuarenta y
cinco de la tarde, de lunes a viernes.

6. Consideró que sus funciones se realizaron de manera continua e
ininterrumpida, bajo las órdenes e indicaciones impartidas por un superior.

7. Por lo anterior, la actora solicitó el 15 de mayo de 2019 al departamento del
Cesar la declaratoria de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales
que no le fueron reconocidas durante los periodos de su vinculación. No obstante,
la entidad negó su petición a través del acto administrativo expedido el 30 de
mayo de 2019, el cual, al ser apelado, fue confirmado mediante la Resolución
002738 del 22 de julio de 2019, que fue notificada el 16 de agosto de 2019.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8. Como normas vulneradas se citaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53 y 83 de
la Constitución Política. Respecto de las preceptivas legales, citó los artículos 23
y 24 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de
2011; el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968; el artículo 48 de la Ley 734 de 2002;
y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

9. En cuanto al concepto de violación, se estimó que entre las partes existió una
relación laboral encubierta, debido a que en el servicio ejecutado por la actora en
favor de la entidad se acreditaron los elementos que configuran su existencia, en
particular: la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente,
la subordinación, dada la manera en que se desarrollaron sus funciones.

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1.4. Contestación de la demanda

10. El departamento del Cesar contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones. En cuanto a los hechos, indicó que no era cierto que la actora
realizara de manera dependiente las actividades para las cuales fue contratada
por la entidad mediante contratos de prestación de servicios. Por el contrario,
estimó que sus funciones eran ejecutadas con plena autonomía, en tanto nunca
se le exigió el cumplimiento de horario y menos aún que hubiera sido subordinada
por el supervisor de su servicio.

11. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las
siguientes: i) legalidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 30 de
mayo de 2019, emanado de la administración departamental; ii) ausencia de
causa para demandar; iii) falta de los elementos constitutivos de la relación
laboral; iv) inexistencia del derecho reclamado; v) prescripción; y vi) excepción
genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal profirió sentencia el 11 de diciembre de 2025, a través de la cual
negó las pretensiones de la demanda y declaró probadas las excepciones
propuestas por la entidad, denominadas: «legalidad del acto administrativo»,
«ausencia de causa para demandar», «falta de elementos constitutivos de la
relación laboral» e «inexistencia del derecho reclamado». Asimismo, se abstuvo
de condenar en costas.

13. Para llegar a esta conclusión, el a quo explicó que la prestación personal del
servicio estaba acreditada porque la demandante realizó actividades en el
departamento del Cesar entre el 14 de noviembre de 2008 y el 23 de julio de
2018, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, de manera
interrumpida. Asimismo, la remuneración se probó a partir de los comprobantes
de egresos de los contratos suscritos entre las partes.

14. En relación con la subordinación, el Tribunal estimó que no se acreditaba por
lo siguiente: i) durante los extremos de vinculación, las actividades realizadas por
la demandante fueron disímiles entre un contrato y otro, y sus interrupciones
fueron superiores a tres meses; ii) el testimonio y los documentos aportados no
clarifican cuáles eran las funciones de la demandante, especialmente porque en
los contratos suscritos entre 2008 y 2009 las obligaciones fueron genéricas; entre
los años 2011 y 2015 los objetos a realizar eran diferentes, tales como: el apoyo
de equipos interdisciplinarios en varias zonas del departamento para la
promoción de hábitos saludables, vigilancia y control de riesgos profesionales y
apoyo a la operación de la oficina de salud mental; y, entre los años 2016 y 2018,
sus labores fueron de revisión, recopilación y digitalización de las actividades de
un programa realizado en los municipios del departamento, en el manejo de
biológicos antirrábicos, capacitaciones y organización de archivos y expedientes.

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15. Asimismo, iii) las pruebas no dan cuenta de la existencia de subordinación,
en especial porque como documentos únicamente se aportaron los contratos, lo
que no deja constancia de ello, y el testigo tampoco da claridad al respecto. Por
lo tanto, el Tribunal consideró que la parte actora no aportó al proceso los
elementos de juicio pertinentes que evidenciaran la existencia de la
subordinación que alegó haber padecido respecto de la entidad contratante. En
consecuencia, lo procedente era negar las pretensiones y declarar probadas las
excepciones de mérito propuestas por la entidad.

1.6. Recurso de apelación

16. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda. Ello, pues consideró que los contratos suscritos
entre las partes demuestran la estructuración de los elementos esenciales de la
relación laboral encubierta.

17. En efecto, explicó que el testimonio y los documentos aportados sí brindan
claridad sobre las funciones ejecutadas por la actora en cada uno de los
contratos.

18. Además, consideró que sobre la existencia de subordinación el testimonio
recaudado fue claro en cuanto la demandante recibía órdenes de sus
supervisores. Por consiguiente, solicitó que en segunda instancia se realizara
una nueva valoración de las pruebas aportadas en lo que respecta al elemento
de subordinación, debido a que el análisis realizado por el a quo pudo incurrir en
un defecto fáctico.

19. Finalmente, contrario a lo establecido por el Tribunal, estimó que entre cada
uno de los contratos no existieron interrupciones considerables que conlleven a
afirmar que las actividades de la demandante no fueron permanentes.

1.7. Trámite en segunda instancia

20. En el auto que se admitió el recurso de apelación 1, se dispuso que el Ministerio
Público podría rendir concepto desde esa oportunidad hasta cuando el proceso
ingresara nuevamente al despacho para fallo. En ese término, la Procuraduría
Delegada de Intervención Tercera Delegada ante esta Corporación, rindió
concepto a través del cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia. Como sustento, explicó que las pruebas que hay en el expediente no
permiten concluir que el servicio prestado por la demandante en favor del
departamento del Cesar hubiera dejado de ser independiente.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
1
Del 6 de abril de 2026.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2.

22. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el
presente caso solo apeló la parte demandante, en esta instancia la Sala se
pronunciará únicamente a los argumentos expuestos en su recurso.

2.2. Problema jurídico

23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

24. ¿Entre la señora Everly Jaimes Bonet y el departamento del Cesar existió una
relación laboral encubierta en el periodo reclamado en la demanda?

25. En caso de que se encuentre probado lo anterior, se estudiará si sobre tal
vínculo acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la
parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la
demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

26. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

27. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

28. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

29. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

30. De acuerdo con las minutas contractuales, se acredita que la demandante
cumplió con la carga de demostrar la prestación personal de su servicio en
favor del departamento del Cesar entre el 15 de noviembre de 2008 y el 3 de
diciembre de 2009, y entre el 29 de marzo de 2011 y el 23 de julio de 2018, dada
la suscripción de 10 contratos de prestación de servicios, cuyos objetos,
extremos de inicio y fin, así como valores se discriminan en el siguiente cuadro:

Número Objeto contratado Inicio Finalización Valor
contrato
903 de 2008 Prestación de servicios en el área de la salud para apoyar en la 15 de 30 de diciembre $2.550.000
organización y recolección de información generada en las noviembre de de 2008
jornadas “caminando por un Cesar saludable” en los 25 2008
municipios del departamento del Cesar, en el proyecto hábitos
saludables para prevenir las enfermedades no transmisibles y la
discapacidad
3 meses y 7 días (66 días hábiles de interrupción)

290 de 2009 Apoyar las líneas de la política de promoción de la salud y calidad 7 de abril de 3 de diciembre $13.600.000
de vida, prevención de riesgos a través de la estrategia 2009 de 2009
“Caminando por un Cesar Saludable del proyecto enfermedades
no transmisibles y discapacidades por 2009”
1 año, 3 meses y 25 días de interrupción

0600 de 2011 Brindar soporte al programa de hábitos y estilos de vida 29 de marzo de 29 de $14.904.000
saludable para participar en el afinamiento de la línea base y 2011 noviembre de
apoyo a los equipos interdisciplinario de las zonas: Norte, Centro 2011
y Sur del Departamento del Cesar para disminuir las
enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades
3 meses y 28 días (82 días hábiles de interrupción)

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0495 de 2012 Soporte a la gestión administrativa en el eje programático, 28 de marzo de 24 de octubre $ 9.723.000
prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, plan 2012 de 2012
territorial de salud del departamento del Cesar, POA 2012 (…)
4 meses y 25 días (101 días hábiles de interrupción)
0240 de 2013 Apoyo al funcionamiento y operación de la oficina salud 22 de marzo de 22 de diciembre $15.766.200
ambiental, actividad contemplada en el proyecto seguridad 2013 de 2013
sanitaria y ambiental, plan de intervenciones colectivas (PIC)
2013 (…)
18 días hábiles de interrupción
0253 de 2014 Apoyo al funcionamiento y operación de la oficina de salud 21 de enero de 19 de agosto de $14.602.700
ambiental, actividad contemplada en el proyecto seguridad 2014 2014
sanitaria y ambiental, plan de intervenciones colectivas (PIC)
2014
7 meses y 20 días de interrupción
0566 de 2015 Prestación de servicios de un técnico para apoyar en el 9 de abril de 29 de diciembre $18.667.133
funcionamiento y operación de la oficina de la dimensión de salud 2015 de 2015
ambiental de la Secretaría de Salud Departamental del Cesar,
actividad contemplada en el plan de intervenciones colectivas
(pic) 2015
3 meses (60 días hábiles de interrupción)
0643 de 2016 Apoyo en los procesos de promoción y gestión del riesgo, con 30 de marzo de 30 de diciembre $21.118.005
procesos integrales de revisión, organización, recopilación y 2016 de 2016
digitalización de las actividades diversas del programa, de la
dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, en el
marco del proyecto “protección de población mediante acciones
descritas en PDPS 2012-2021 en el departamento del Cesar –
Vigencia 2016”
2 meses y 6 días (44 días hábiles de interrupción)
0546 de 2017 Apoyo en los procesos de promoción y gestión del riesgo, con 6 de marzo de 21 de diciembre $23.298.750
procesos integrales de revisión, organización, recopilación y 2017 de 2017
digitalización de las actividades diversas del programa, de la
dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles
mediante acciones descritas en plan decenal salud pública
2012 – 2021, en el departamento del Cesar – Vigencia 2017
1 mes y 2 días (20 días hábiles de interrupción)
0798 de 2018 Apoyo en los procesos de promoción y gestión del riesgo con 24 de enero de 23 de julio de $14.712.168
procesos integrales de revisión, organización, recopilación y 2018 2018
digitalización de las actividades diversas del programa, de la
dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles
mediante acciones descritas en plan decenal salud pública
2012 – 2021, en el departamento del Cesar – Vigencia 2018

31. De la lectura de los objetos contractuales, la Subsección considera que existe
claridad sobre las obligaciones realizadas por la demandante, tal y como lo indica
la recurrente. En efecto, para los contratos 903 de 2008 y 290 de 2009, sus
actividades se cumplieron en el área de la salud, en apoyo de la organización y
recolección de información del programa «Caminando por un Cesar saludable»
en los municipios del departamento del Cesar; para el contrato 0600 de 2011,
cumplió actividades de soporte en el programa de hábitos y estilos saludables
en las zonas norte, centro y sur del departamento, cuyo objeto era la disminución
de las enfermedades crónicas no transmisibles; y, para el contrato 0495 de 2012,
ejecutó esas actividades en el área de gestión administrativa para la prevención,
vigilancia y control de riesgos profesionales, en el plan territorial de salud del
departamento.

32. Por su parte, para los contratos 0240 de 2013, 0253 de 2014 y 0566 de 2015,
las funciones de la actora se enmarcaron en los servicios técnicos de
funcionamiento y operación de la oficina de salud ambiental en la Secretaría de
Salud del departamento del Cesar. Asimismo, para los contratos 0643 de 2016,
0546 de 2017 y 0798 de 2018, sus funciones se cumplieron en los procesos de
promoción y gestión del riesgo, revisión, organización, recopilación y
digitalización de las actividades del programa de la dimensión vida saludable y
enfermedades transmisibles, en el marco del plan decenal de salud pública del
departamento del Cesar.

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33. Ahora bien, en lo que toca a las interrupciones que existieron entre cada uno
de los contratos, punto respecto del cual la recurrente manifestó su oposición
frente a la tesis del Tribunal, relativa a considerar que entre cada uno de estos
existieron períodos relevantes de cesación, la Subsección estima, como se
observa en el cuadro anterior, que en varios lapsos existieron interrupciones
superiores a tres meses (cinco exactamente) y una superior a un año entre los
contratos 290 de 2009 y 0600 de 2011.

34. Por lo tanto, no le asiste razón a la parte apelante al discrepar de la
argumentación que el Tribunal realizó sobre la temporalidad de los contratos en
la sentencia recurrida. Sin embargo, en esta instancia se estima que la
consideración e importancia de las interrupciones de los contratos debe
estudiarse en profundidad en caso de que se acrediten todos los elementos de
la relación laboral, a efectos de determinar la eventual existencia (o no) de la
prescripción de los derechos a los que tendría derecho la parte actora. Aspecto
que, por tanto, debe estar antecedido por el estudio de los otros elementos de
aquella figura.

35. Así las cosas, con las minutas contractuales, así como con los certificados de
egresos hechos por la entidad pública con motivo a los contratos de prestación
de servicios suscritos con la demandante, se prueba la contraprestación, que
se refiere a los emolumentos recibidos por el contratista durante la ejecución de
las actividades convenidas.

36. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».

37. Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

38. En esos términos, la Subsección advierte que la demandante tuvo diferentes
lugares de trabajo en el transcurso de sus vinculaciones con la entidad. Por
ejemplo, los contratos 903 de 2008, 0495 de 2012, 0240 de 2013 y 0253 de 2014
dispusieron que el lugar de ejecución de dichos convenios sería la Secretaría de

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Demandante: Everly Jaimes Bonet
Salud del departamento del Cesar; mientras que en el contrato 290 de 2009 se
estableció que se realizaría en «los 25 municipios del departamento del Cesar»;
en el contrato 0600 de 2011 se dispuso como lugar de ejecución los municipios
de San Alberto, Río de Oro, Valledupar, Manaure, Codazzi, La Gloria y El Copey
del departamento del Cesar; en los contratos 0566 de 2015, 0643 de 2016 y 0546
de 2017 indicaron que la ejecución sería en los municipios de cuarta, quinta y
sexta categoría del departamento del Cesar; y, finalmente, en el contrato 0798
de 2018 se especificó que las actividades se desarrollarían en la «Secretaría de
Salud Departamental del Cesar - Coordinación ETV y Zoonosis».

39. Respecto al horario de labores se tiene que el testigo Fabián Jesús Díaz
Fernández 4, manifestó que, si bien conocía a la demandante desde hacía catorce
años para el momento de su declaración, su conocimiento directo sobre el
servicio prestado por ella solo se circunscribió al período comprendido entre los
años 2012 y 2015 5; por lo tanto, desconoce sobre su labor en los lapsos
anteriores, esto es, entre el 15 de noviembre de 2008 y el 29 de noviembre de
2011, y los posteriores, del 30 de marzo de 2016 al 23 de julio de 2018.

40. En ese contexto, en lo que respecta a esos períodos en que el testigo no tuvo
conocimiento de la actividad ejecutada por la demandante no existe en el plenario
elemento probatorio alguno que evidencie la prestación del servicio en alguna
jornada determinada o que esta haya sido impuesta por la entidad demandada.

41. En cuanto a los lapsos comprendidos entre los años 2012 y 2015, el testigo en
mención afirmó que la demandante cumplía horario, debido a que hacía parte del
área administrativa de la entidad, el cual era similar al que acataba el personal
de planta, esto es, entre las ocho de la mañana y el mediodía, y luego desde las
tres hasta las cinco de la tarde 6.

42. Con esa afirmación la Subsección evidencia que la demandante realizó sus
actividades en determinadas franjas de tiempo, pero como lo ha reiterado 7 la sola
existencia de un horario no resulta suficiente para acreditar la configuración de

4
En la audiencia de pruebas celebrada el 19 de marzo de 2024 se inició con la declaración del señor Jaider Leonel Amaya
Ovalle, el cual se había decretado como prueba en la audiencia inicial. No obstante, esta declaración solo se pudo realizar
hasta las generalidades de ley del testigo. La audiencia se suspendió por fallas eléctricas en la sede principal donde se
encontraba el magistrado que la presidía. Al reanudarse la misma, no se pudo continuar con la declaración del testigo
Amaya Ovalle, por lo que su recaudo se reprogramó para una audiencia posterior que se realizó el 17 de abril de 2024;
sin embargo, en esa oportunidad el declarante no asistió. Por lo tanto, se le otorgó el término de ley para que se
pronunciara y excusara sobre su no comparecencia, lo cual tampoco hizo. De manera que, a través de auto del 24 de
julio de 2025 el Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 218 del CGP, prescindió de ese testimonio y cerró la
etapa probatoria.
5
Al respecto, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Cuándo empezó ella a trabajar en el departamento? Contestó:
Bueno, ella por ahí del 2008. En 2008 comenzó a laborar ahí en el área de nutrición. Luego la pasaron para el área de
hábitos y estilos de vida saludable. Después la vi en salud ambiental. Y donde compartimos los dos (…) En el año por ahí
de cuando yo llegué ella ya estaba ahí, pero yo estuve como en el año 2012 al 2015, por ahí más o menos. Y ella continúa
ahí y después la pasaron a otras áreas más. Volví a regresar a salud sexual y reproductiva. Creo que hasta ahí estuvo el
año pasado en esa dependencia (…) (SIC)».
6
Este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Podría usted, si lo recuerda, decirle al despacho si la señora
Everly Jaimes cumplía una jornada laboral? Contestó: Sí, señor, claro. Ella doble jornada porque era parte administrativa,
a pesar de que el contrato de prestaciones de servicio lo tocaba ahí dos veces (...) Pregunta: Diga al despacho si lo
recuerda, si el horario de trabajo en que ella desempeñaba sus labores, ¿era diferente o el contrario? ¿Era similar a los
empleados de planta de la entidad? Contestó: Yo digo que igual, porque llegaba a las ocho, salía a mediodía, alcanzaba
a hacer su almuerzo, regresaba a las tres, después iba a las cinco, doble jornada como los que estaban de planta».
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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una relación laboral encubierta, pues es necesario que concurran otros indicios
—como el direccionamiento y control efectivo del servicio— que, valorados en
conjunto, conduzcan al juez a la firme convicción de su existencia.

43. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

44. En el recurso de apelación, la parte actora sostuvo que, contrario a lo dicho
por el Tribunal, las pruebas aportadas —en especial, el testimonio— sí son
concluyentes respecto de la subordinación a la que estuvo sometida en la
ejecución de las actividades para las que fue contratada, por lo que es menester
que se declare la existencia de la relación laboral encubierta.

45. La Subsección considera al respecto que a la recurrente le asiste parcialmente
razón en sus inconformidades. Esto, por cuanto en las actividades que ejecutó
entre los años 2012 y 2015 se puede concluir la existencia de direccionamientos
e injerencias que excedieron los límites de la coordinación de los contratos por
parte de la entidad contratante. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de los
periodos comprendidos entre los años 2008 a 2011 y 2016 a 2018. Todo lo
anterior, por las razones que a continuación se relacionan.

46. Como se indicó al estudiarse el acápite relacionado con el horario, la
declaración del señor Fabián Jesús Díaz Fernández respecto de las condiciones
en que la demandante desarrolló su servicio solo abarca los años comprendidos
entre 2012 y 2015. De modo que su conocimiento no se extiende sobre los
períodos del servicio de la actora anteriores a ese lapso —esto es, entre el 15 de
noviembre de 2008 y el 29 de noviembre de 2011— ni a los posteriores —
comprendidos entre el 30 de marzo de 2016 y el 23 de julio de 2018—.

47. Así las cosas, respecto de estos últimos la única constancia sobre la forma en
que la demandante pudo desarrollar sus funciones se extrae de los documentos
que reposan en el expediente, particularmente de los contratos suscritos entre
las partes.

48. En ese sentido, la Sala no encuentra que de la formulación formal de las
obligaciones a las que se comprometió la actora en los contratos
correspondientes a estos períodos se desprendan indicios de subordinación.

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49. Véase que para el contrato 903 de 2008 ella debió apoyar en la organización
de los stands de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Salud
Departamental; apoyar en la orientación a la comunidad sobre la información que
contiene cada material del proyecto de hábitos saludables; apoyar en la entrega
a los profesionales del área de la salud de los formatos de recolección de la
información generada en cada una de sus áreas de intervención; y apoyar en la
recolección de la información generada en las jornadas departamentales.

50. Para el contrato 290 de 2009, realizó actividades de apoyo en las estrategias
para cumplir con las metas establecidas en el objetivo 6 del Decreto 3039,
relativas a disminuir las enfermedades no transmisibles y las discapacidades;
fortalecer la promoción de la actividad física en los servicios de salud y escenarios
educativos; y promover y apoyar la implementación de la estrategia de
instituciones educativas, espacios de trabajo y espacios públicos libres de humo
de tabaco, en coordinación con las secretarías de salud.

51. Y en el contrato 0600 de 2011 se indica que dentro de las funciones se
encuentran las relativas al apoyo en las estrategias para cumplir con las metas
establecidas en el objetivo 6 del Decreto 3039, disminuir las enfermedades no
transmisibles y discapacidades; apoyar la complementariedad a los municipios
asignados en las intervenciones, procedimientos y actividades dirigidas a
promover la salud y calidad de vida; prevenir y controlar los riesgos y daños de
alta externalidad para alcanzar las metas prioritarias; y fortalecer la promoción de
la actividad física en los servicios de salud.

52. Con fundamento en lo anterior, se evidencia que las actividades realizadas por
la demandante en los contratos anteriores se enmarcaron en el desarrollo de
metas establecidas por la administración departamental, relacionadas con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través del control de
riesgos y daños en el marco de programas guiados por la Secretaría de Salud.
Sin embargo, más allá de esa información, la literalidad de los contratos no
permite concluir que tales servicios se realizaron bajo continua dependencia de
la entidad contratante.

53. En lo que respecta a los contratos 0643 de 2016, 0546 de 2017 y 0798 de
2018, las actividades de la demandante se ciñeron al apoyo en las capacitaciones
al recurso humano «de las EAPB e IPS públicas y privadas que manejen
Agresiones y Exposiciones Rábicas»; el acompañamiento técnico al coordinador
en el manejo sistematizado de la información; el apoyo en la clasificación,
depuración, organización, salvaguarda, actualización y archivo de los
expedientes «(…) en medio físico y magnético de los procesos, contratos,
órdenes de prestación de servicio y convenios interadministrativos procedentes
de los 24 municipios del Departamento del Cesar»; el apoyo en la consolidación
de los procesos administrativos y en la realización de acciones necesarias de
direccionamiento, coordinación, monitoreo y evaluación para la ejecución
eficiente de las actividades del componente de enfermedades endemo-

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epidémicas de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles; y el
apoyo en la organización, planificación en salud pública, control de enfermedades
y factores de riesgo en salud.

54. De lo anterior la Subsección tampoco estima que, con la información que
reposa sobre la ejecución de los contratos 0643 de 2016, 0546 de 2017 y 0798
de 2018, se pueda concluir que la demandante no era independiente y autónoma
en la ejecución de los objetos contractuales mencionados.

55. Nótese que en estos períodos las actividades de la demandante se
desarrollaron en el marco del proceso de promoción y gestión del riesgo del
programa de vida saludable y enfermedades transmisibles, conforme al plan
decenal de salud pública del departamento del Cesar. En ese contexto, las
obligaciones comprendían la clasificación y organización de los archivos y
expedientes de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos en el
curso del programa; el apoyo a las capacitaciones que se debían realizar; el
acompañamiento técnico al coordinador en los procesos de consolidación
administrativa y en las acciones necesarias para la realización eficiente del
programa; así como la organización y planificación en salud pública de los
controles de enfermedades y factores de riesgo en salud.

56. La Subsección debe resaltar que la demandante, conforme a las obligaciones
antes descritas, tuvo compromisos relacionados con el manejo de documentos;
sin embargo, este solo hecho no conlleva a afirmar que sus actividades fueron
direccionadas por la entidad, en la medida en que la integralidad de sus funciones
no se circunscribió únicamente al manejo documental, sino a todo un compendio
de actividades existentes en el marco de los procesos de prevención de
enfermedades adelantados por el departamento del Cesar, tales como el manejo
de información del programa, la planificación en salud pública, el control de
enfermedades y factores de riesgo, entre otros. A ello se suma que no existe
constancia sobre la manera específica en que, en tiempo, modo y lugar, tales
servicios se pudieron concretar. De modo que tal indicio, por sí solo, no es
concluyente sobre la existencia de direccionamientos que la actora pudo recibir
en su servicio.

57. Por último, y contrario a lo concluido en los anteriores lapsos, los
comprendidos entre los años 2012 y 2015, que se refieren a los contratos 0495
de 2012, 0240 de 2013, 0253 de 2014 y 0566 de 2015, la Subsección encuentra
que la demandante cumplió sus servicios en actividades relacionadas
estrictamente con el funcionamiento y operación de la oficina de salud ambiental.

58. Al analizar las funciones ejecutadas se evidencia que se referían estrictamente
a la organización de archivos y procesos documentales de las actividades del
área de salud ambiental; el apoyo en la transcripción y registro de documentos e
información producida o recibida en desarrollo del programa; el apoyo en técnicas
de planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida

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por la oficina; la alimentación de la base de datos de estadísticas; y la gestión y
trámite de información.

59. Asimismo, del testimonio del señor Fabián Jesús Diaz Fernández se tiene que
este aseveró que la demandante realizaba funciones en el área administrativa 8 y
de manejo de archivos de la entidad 9. Al interrogársele si la actora era
subordinada o independiente en la ejecución de sus obligaciones expresó que
todas sus funciones estaban dirigidas por las disposiciones que impartiera el
coordinador del contrato 10.

60. La valoración de los anteriores medios probatorios permite concluir que en la
ejecución de los contratos los años 2012 a 2015 la demandante realizó
exclusivamente, actividades técnicas y operativas en los procesos de
organización de archivos y procesos documentales, transcripción y registro de
documentos que llegaban a su dependencia, manejo de documentación y
alimentación de la base de datos. Dichos servicios concuerdan con los descritos
por el señor Díaz Fernández como realizados por la demandante, quien agregó
que su ejecución dependía directamente de los direccionamientos dados por el
coordinador del servicio.

61. En ese sentido, para la Sala es palmario que en la ejecución de los contratos
0495 de 2012, 0240 de 2013, 0253 de 2014 y 0566 de 2015 la demandante no
era autónoma e independiente en la ejecución del servicio, pues sus funciones
eran direccionadas en tiempo, modo y lugar por la demandada, en la medida en
que correspondían a actividades mecánicas e institucionalizadas de los procesos
internos de gestión documental, pues se trataban de funciones secretariales11
que denotan la continua dependencia. En efecto, ella mantuvo algunas funciones
similares en cada uno de esos contratos que se relacionan como la de realizar la
digitación de cartas y oficios, organización de archivos y procesos documentales
provenientes de los contratos y convenios, gestión y trámite de información ante
otras dependencias, transcripción de documentos y autorizaciones para las
intervenciones de los profesionales en el desarrollo de sus funciones, apoyar en
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida en el programa de salud ambiental desde su origen hasta su
destino final. Esta situación excluye de manera categórica su posible
independencia y autonomía en la prestación del servicio y, por el contrario,

8
Sobre el particular, dijo: «(…) Ella siempre ha trabajado ahí en el área administrativa y incluso cuando estuvimos viajando
que yo siempre fui operativo y nos tocaba para los municipios de acuerdo a las necesidades»
9
«Pregunta: ¿Qué tareas desempeñaba ella en ese momento cuando empezó? Ella estaba en el área de nutrici ón, en el
área administrativa, en oficina. ¿Pero qué tareas desempeñaba? ¿Qué le tocaba hacer? Contestó: era hacer los
cronogramas de cuestiones de papel, de pura papelería ahí. Y manejar los archivos, esas cosas que yo siempre le he
visto haciendo a ella (…) Pregunta: ¿Ella tenía que producir algún tipo de documentos o de soporte o de insumos para el
desempeño de sus tareas, de las suyas? Contestó: Sí, claro, porque ahí había que. Por ejemplo, viajábamos, salíamos
con un cronograma de trabajo nosotros por toda la semana. A veces ella colaboraba en hacer esa programación con
COPE, una que quedaba en el municipio, una que recibía, que la traían a la oficina. Y si mandaban insumos, una cosa
que eso tiene que ir anotado en ese cronograma de actividades».
10
«Pregunta: ¿Podría decirle al despacho si la señora Everly Jaimes ejercía sus funciones en forma autónoma,
independiente, o por si en el contrario recibía órdenes para el cumplimiento de sus funciones? Contestó: No, órdenes
para el cumplimiento de sus funciones. Ahí no se puede hacer lo que uno diga. Ahí hay unas obligaciones que compriman
lo que diga el coordinador».
11
Sentencia 16 de abril de 2026, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 08001-23-33-000-2015-00156-01 (5864-2022).

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evidencia la existencia del ius variandi en su labor, pues estas eran asignadas y
dirigidas por la entidad.

62. Por lo anterior, se revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia
de primera instancia, debido a que en este se declararon probadas en su totalidad
las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada. En su lugar, las
excepciones denominadas «legalidad del acto administrativo», «ausencia de
causa para demandar», «falta de los elementos constitutivos de la relación
laboral» e «inexistencia del derecho reclamado» se declararán probadas solo
parcialmente.

63. Asimismo, se revocará parcialmente el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia, a través del cual se negó la existencia de la relación laboral
entre las partes. En su lugar, se declarará la nulidad parcial del acto
administrativo CE-00088-201905204-GobCesar, expedido el 30 de mayo de
2019, y de la Resolución 002738 del 22 de julio de 2019, proferidos por el
departamento del Cesar, mediante los cuales se negó la existencia de la relación
laboral encubierta entre las partes.

64. Como consecuencia de ello, se declarará la existencia de la relación laboral
encubierta entre la señora Everly Jaimes Bonet y el departamento del Cesar en
los períodos comprendidos entre el 28 de marzo de 2012 y el 24 de octubre de
2012, entre el 22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013, entre el 21 de
enero de 2014 y el 19 de agosto de 2014, y entre el 9 de abril de 2015 y el 29 de
diciembre de 2015, conforme a las razones expuestas previamente.

De la prescripción

65. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre las
partes, corresponde determinar si esta fue objeto o no de interrupción.

66. Pues bien, la Sala advierte que la actora no ostentó la calidad de servidor
público y en razón de ello no es posible equiparar su forma de vinculación con
las personas que gozan de nombramiento ordinario, es decir, en los casos de
relación laboral subyacente, la exigibilidad no se analiza de forma independiente
por cada prestación social sino a partir de la culminación del vínculo contractual;
así lo preciso la Corporación en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 de 25
de agosto de 2016 al concluir que «quien pretenda el reconocimiento de la
relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones
derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a
partir de la terminación de su vínculo contractual» 12.

12
Folios 79 a 83 del archivo titulado «065RADICACIONDEL_ANEXOSDEMANDAPDF», expediente digital, índice 2 de
Samai.

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67. Igualmente, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 fijó el período de 30 días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios. No obstante, dicho lapso no es una «camisa de fuerza» para determinar
si acaeció o no la solución de continuidad de la relación laboral.

68. A partir de lo anterior, se recuerda que en esta oportunidad la relación laboral
encubierta se tuvo por probada entre las partes respecto de cuatro contratos
suscritos entre los años 2012 y 2015, en los cuales, a su vez, se presentaron dos
interrupciones superiores a 30 días hábiles. Los períodos de estos contratos se
relacionan a continuación, junto con los lapsos de interrupción existentes entre la
finalización de uno y el inicio del siguiente:

1. Entre el 28 de marzo de 2012 y el 24 de octubre de 2012
Interrupción de 4 meses y 25 días (101 días hábiles de interrupción)
2. Entre el 22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013
Interrupción de 18 días hábiles
3. Entre el 21 de enero de 2014 y el 19 de agosto de 2014
Interrupción de 7 meses y 20 días
4. Entre el 9 de abril de 2015 y el 29 de diciembre de 2015

69. Teniendo en cuenta las interrupciones, se tiene que existieron tres bloques de
tiempo sin solución de continuidad entre ellos: i) entre el 28 de marzo de 2012 y
el 24 de octubre de 2012; ii) entre el 22 de marzo de 2013 y el 19 de agosto de
2014; ii) entre el 9 de abril de 2015 y el 29 de diciembre de 2015.

70. Ahora, la reclamación administrativa fue presentada por la demandante el 15
de mayo de 2019 y la demanda el 20 de febrero de 2020, es decir, ambas
actuaciones ocurrieron en un término superior a los tres años siguientes a la
terminación de cada uno de los bloques de servicio, lapso máximo con el que
contaba para reclamar sus derechos. Por lo tanto, respecto de todos los tiempos
de servicio se configuró el fenómeno de la prescripción trienal.

71. En consecuencia, la parte resolutiva de esta sentencia declarará la
prescripción respecto de los derechos laborales a los que tendría derecho la
demandante en los períodos comprendidos entre el 28 de marzo de 2012 y el 24
de octubre de 2012, entre el 22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013,
entre el 21 de enero de 2014 y el 19 de agosto de 2014, y entre el 9 de abril de
2015 y el 29 de diciembre de 2015. Lo anterior, sin perjuicio de lo que a
continuación se dispondrá sobre los aportes pensionales.

Aportes pensionales

72. Se recuerda que la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
sobre los porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los
aportes pensionales, por lo tanto, la parte resolutiva de esta providencia

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Demandante: Everly Jaimes Bonet
dispondrá que la Administración deberá determinar mes a mes —en los periodos
comprendidos entre el 28 de marzo de 2012 y el 24 de octubre de 2012, entre el
22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013, entre el 21 de enero de 2014
y el 19 de agosto de 2014, y entre el 9 de abril de 2015 y el 29 de diciembre de
2015— si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los
realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

73. Para efectos de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

91.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

92.
En tal virtud, la eventual condena debe imponerse a la parte vencida y su
liquidación realizarse conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA. No obstante,
como en este proceso le asistió parcialmente razón al recurrente en los
planteamientos de su recurso de alzada, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

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Demandante: Everly Jaimes Bonet
FALLA:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia del
11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante el cual se declararon probadas en su totalidad las excepciones de
mérito propuestas por la entidad demandada. En su lugar, se dispone:
DECLARAR probadas parcialmente las excepciones denominadas «legalidad
del acto administrativo», «ausencia de causa para demandar», «falta de los
elementos constitutivos de la relación laboral» e «inexistencia del derecho
reclamado», de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia
de primera instancia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la
demanda y en específico la relación laboral encubierta entre las partes. En su
lugar, se dispone: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo CE-
00088-201905204-GobCesar, expedido el 30 de mayo de 2019, y de la
Resolución 002738 del 22 de julio de 2019, proferidos por el departamento del
Cesar, mediante los cuales se negó la existencia de la relación laboral encubierta
entre las partes.

Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la existencia de una relación
laboral encubierta entre la señora Everly Jaimes Bonet y el departamento del
Cesar, por los siguientes periodos: i) entre el 28 de marzo de 2012 y el 24 de
octubre de 2012; ii) entre el 22 de marzo de 2013 y el 22 de diciembre de 2013;
iii) entre el 21 de enero de 2014 y el 19 de agosto de 2014; y iv) entre el 9 de abril
de 2015 y el 29 de diciembre de 2015.

TERCERO: DECLARAR probada la prescripción trienal respecto de los derechos
laborales y prestacionales a los que tendría derecho la señora Everly Jaimes
Bonet por los períodos en los cuales se declaró la relación laboral indicados en
el numeral anterior.

CUARTO: ORDENAR al departamento del Cesar que cotice al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión en los períodos
en que se declaró la relación laboral encubierta entre las partes, solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

Para tal efecto, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Pensiones durante los referidos periodos y, en caso de que
no las hubiese efectuado o existiere diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según corresponda, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00522-01 (0413-2026)
Demandante: Everly Jaimes Bonet
SEXTO: SIN condenas en costas en segunda instancia, conforme la parte
motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la le y y el artículo 186 del
CPACA.

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