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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00156-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00156-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así: « (…) Tercero. - En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Universidad del Atlántico a pagar en favor del demandante, señor Carlos Angulo Andrade, a título de indemnización, la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($76.466.753), por los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral – realidad, relacionados en el párrafo anterior.». Segundo. REVOCAR los numerales quinto y sexto de la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en la parte resolutiva. Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 08001-23-33-000-2015-00156-01 (5864-2022)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00156-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00156-01 (5864-2022)
Demandante: Carlos Arturo Angulo Andrade
Demandado: Universidad del Atlántico
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Auxiliar administrativo. Presunción. Prescripción.
MODIFICA SENTENCIA.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES

1) El señor Carlos Arturo Angulo Andrade instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Universidad del Atlántico con el fin de que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2) Que se declare la nulidad del Oficio Nro. OAJ-110-2014 del 10 de
septiembre de 2014, y, en consecuencia, que entre las partes existió una relación
laboral sin solución de continuidad desde el 2007 hasta el 2011 y se paguen las
prestaciones sociales que dejó de percibir durante el periodo mencionado.

3) Que se reconozcan y paguen los aportes a seguridad social que debieron
realizarse y su respectivo reajuste e intereses moratorios; que se devuelvan los
dineros pagados por concepto de retención en la fuente e impuestos pagados por
concepto de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, tales como
estampillas departamentales y otros.

HECHOS

4) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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5) Que prestó sus servicios a la oficina de gestión documental, archivo y
correspondencia, dependencia adscrita a la Universidad del Atlántico como
coordinador del 2007 al 2011.

6) Que las labores desempeñadas fueron ejecutadas de manera personal y
permanente, bajo continuada subordinación de sus superiores, cumpliendo un
horario y percibiendo un salario mensual como retribución por sus servicios y con
la utilización de elementos de la entidad demandada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7) La demanda fue admitida el 14 de julio de 2016. La demandada manifestó
que entre las partes nunca existió contrato de trabajo, pues se produjo una
relación civil de prestación de servicios enmarcada dentro de lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993 sin que pueda estimarse que hubo subordinación por cuanto se
produjo un vínculo libremente consentido sin alcances laborales.

8) Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa
legal, excepción de pago, ausencia del vínculo de carácter laboral, relación
contractual de naturaleza no laboral y la de prescripción.

9) Se celebró audiencia inicial el 14 de marzo de 2017, se fijó el litigio, se
surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se
programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se
dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

10) El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de julio
de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones. Ordenó el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales con base en los honorarios derivados de los
contratos de prestación de servicios de 2008 a 2011 y tuvo en cuenta la
prescripción de 15 días que aplicaba el Consejo de Estado; ordenando además
cotizar las sumas faltantes por concepto de aportes a pensión.

11) Concluyó que, fueron desvirtuadas las órdenes de prestación de servicio,
por cuanto las labores desempeñadas por el demandante las llevó a cabo bajo la
evidente dependencia o subordinación a dicho centro de estudios, lo cual entraña
una relación de trabajo realidad, quedando desvirtuado así el vínculo formal
referido.

12) Que, las funciones desempeñadas de gestión documental y archivo eran
intrínsecas al giro administrativo ordinario de la universidad, y que al haberse
dado la vinculación por 4 años aproximadamente no se trataba de una necesidad
temporal, lo que desvirtúa el contrato de prestación de servicio.

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RECURSOS DE APELACIÓN

13) La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó que,
entre las partes existió una relación de coordinación que no permite configurar
una relación laboral pues, el vínculo contractual administrativo presenta como
elemento propio, la forma de actuación personal del actor que necesariamente
debe asistir a la sede física de la universidad para realizar las actividades
correspondientes al objeto del contrato celebrado, lo cual es esencial al contrato
de prestación de servicios administrativos.

14) Que el actor no probó ningún elemento propio de una relación laboral, pues
el expediente se encuentra huérfano de la más mínima prueba sobre ese
aspecto, y en tal sentido mal puede reconocérsele veracidad y efectos jurídicos
a la sola afirmación contenida en la demanda, pues, las declaraciones rendidas
por los testigos no especifican de manera clara y concreta los extremos laborales,
ni la continuidad, subordinación o la dependencia del trabajador.

15) Que la Universidad del Atlántico en documento público contestó que no
existe ningún pago realizado al actor en el período señalado en la demanda, lo
cual supone que no exista ninguna relación laboral que sea causa de ello.

16) La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que
sea revocado únicamente el numeral quinto, ya que el lapso transcurrido entre la
finalización de un contrato y la suscripción del siguiente no fue superior a 30 días
hábiles; por lo tanto, no hay lugar a decretar prescripción alguna sobre los
derechos que se deriven de cada vinculo contractual.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17) El 10 de noviembre de 2022 fueron admitidos los recursos de apelación, y
se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

18) Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público
no presentó concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

19) La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral
derivado de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, el actor
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir
con ocasión de esa relación.

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20) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

21) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las
figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

22) El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable.

23) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

24) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de
prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

25) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

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• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

26) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

27) Con las pruebas documentales es posible establecer que el demandante
estuvo vinculado a la Universidad del Atlántico del 22 de junio de 2007 al 30 de
diciembre de 2011, desarrollando actividades de apoyo a la gestión documental
a cambio del pago de unos honorarios.

28) Demostrada la prestación del servicio y la remuneración, se procede a
revisar si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal
del recurso del demandado.

29) En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones
de los señores Enrique Cabarcas Márquez y Mercedes Ávila Olivares.

30) El señor Cabarcas indicó que estuvo en la entidad del 2008 al 2015, que
el actor estaba encargado de la custodia de los documentos, del archivo, de
coordinar la recepción y distribución de la correspondencia que llegaba y salía de
la secretaría general. Que tenían un interventor, el señor Roberto Henríquez,
quien era el jefe inmediato. Que prestaba sus servicios en la oficina de la
Universidad del Atlántico y en la secretaría general con una jornada de 8 a 12 y
de 1 a 5 de la tarde de lunes a viernes porque el actor tenía una hora específica
para abrir y para cerrar.

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31) La señora Mercedes, manifestó que llegó a la universidad en el 2008 y ya
estaba el demandante en la oficina de archivo y correspondencia. Que era la
persona encargada de velar y gestionar todo lo que allí se hacía. Que allá lo
llamaban el jefe, porque el señor Hernández, quien era el superior jerárquico, era
el que le asignaba las funciones al actor y lo responsabilizó de que las cosas allí
estuvieran bien porque él estaba en otra dependencia.

32) Que el actor estaba encargado del archivo activo e inactivo, recibía la
correspondencia y la debía registrar en los libros y llevarla a su destino final. Que
él empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 5 de la tarde o más, que
a veces hasta las 7 u 8 de la noche.

33) Dentro de los contratos de prestación de servicios, se pueden observar las
funciones a prestar específicamente por el demandante, de la siguiente manera:

• Apoyar la gestión documental,
• Apoyar la organización y clasificación de documentación, codificar y dar
“signacion” topográfica a los documentos solicitados,
• Apoyar a la evaluación de la documentación archivada,
• Apoyar la reproducción y entrega de documentos solicitados

34) También se tienen oficios enviados al accionante, solicitando la entrega de
informes y documentación de manera urgente, órdenes de asignar personal para
organizar documentos y enseres en la entidad, asignación como encargado del
personal de apoyo para recibir documentación y certificación de la participación
en varios talleres dictados por la misma entidad.

35) Se tienen los informes de gestión del demandante donde se observa que
repartía correspondencia, gestionaba el archivo, entregaba fotocopias y
coordinaba personal adscrito a gestión documental, llevaba el control de los
folders con las hojas de vida que debía enviar a otras dependencias, contestaba
derechos de petición, etc.

36) Así, se extrae del acervo probatorio que el demandante actuó bajo
dependencia y subordinación, pues de acuerdo con la naturaleza de las labores
de apoyo a la gestión documental y las obligaciones impuestas las cuales se
podrían equiparar a una función secretarial, es evidente que en sus actividades
debía circunscribirse a las instrucciones de la entidad demandada y,
específicamente, a los horarios y a las necesidades de esta donde prestaba el
servicio. Además, que no podía ausentarse de sus actividades o escoger o
modificar el lugar de ejecución de aquellas de forma autónoma.

37) Al realizar una valoración conjunta de las pruebas, se concluye que en el
ejercicio de sus funciones se vio sometido a la imposición de condiciones sobre
el tiempo, modo y forma en la que debía realizarlas. Debía cumplir un horario de
trabajo y atender las directrices asignadas de forma permanente.

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38) Frente a las funciones desempeñadas por el actor, en la sentencia del 25
de enero de 2014, expediente 2014-00192-02 (radicado interno 3635-2022), esta
Sala de subsección, se pronunció de la siguiente manera:

«En efecto, las labores secretariales que desarrollaba la demandante eran
permanentes, se cumplían en las instalaciones del SENA y en el horario de
oficina fijado en la entidad, bajo la supervisión e instrucción de un superior
funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y
autonomía técnica y directiva.

Llama la atención la afirmación de la parte demandada en el sentido de que
la actora era autónoma e independiente en el desarrollo de sus tareas,
porque riñe con la naturaleza misma de los servicios pactados en las
órdenes de trabajo. Así, es evidente que las actividades secretariales a
cargo de la señora Araújo Montejo se circunscribían a las indicaciones
particulares y puntuales de su jefe inmediato, pues no de otra forma podía
elaborar los documentos solicitados, atender las llamadas telefónicas y
suministrar información al público interno y externo del centro de
formación».

39) Es evidente la falta de autonomía en la prestación del servicio, por el
direccionamiento frente a la forma y desarrollo de las actividades del objeto
contractual, excediéndose en lo que en sana crítica se puede entender como la
coordinación necesaria para la prestación de un servicio, denotando las
potestades propias de un verdadero empleador.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en este
aspecto.

De la prescripción e interrupciones contractuales

Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de prestación
del servicio:

Contratos Plazo Objeto Interrupción Salario
No. 000153 22/06/2007 - Prestación de Servicio, $8.190.000
30/12/2007 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 0076 29/01/2008 - Prestación de Servicio, 19 días hábiles $11.532.122
29/07/2008 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 00385 30/07/2008 - Prestación de Servicio, 0 días hábiles $8.356.610
30/12/2008 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 0017 05/01/2009 - Prestación de Servicio, 2 días hábiles $10.557.139
30/06/2009 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 00362 07/07/2009 - Prestación de Servicio, 4 días hábiles $10.977.026
31/12/2009 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 0040 18/01/2010 - Prestación de Servicio, 9 días hábiles $10.550.620
30/06/2010 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.

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No. 00465 08/07/2010 - Prestación de Servicio, 4 días hábiles $16.608.480
30/12/2010 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.
No. 000032 17/01/2011 - Prestación de Servicio, 10 días hábiles $32.228.649
30/12/2011 como auxiliar
administrativo en gestión
documental.

40) Se observa que el Tribunal consideró como término para calcular la
interrupción entre los contratos, el correspondiente a quince días, por tal razón,
determinó que entre el contrato 00053 que finalizó el 30/12/2007 y el 0076 que
comenzó el 29/01/2008 hubo solución de continuidad. Sin embargo, tal situación
no atiende el criterio actual de esta corporación y, el tiempo de interrupción en
esos períodos no conllevaría a una ruptura del vínculo, debiendo calcularse
conjuntamente el fenómeno estudiado.

41) Es decir, el período comprendido entre el 22 de junio de 2007 y el 30 de
diciembre de 2011 debe analizarse como un lapso conjunto y no de manera
separada, toda vez que no se presentaron interrupciones superiores a 30 días,
además, la reclamación administrativa se presentó el 6 de agosto de 2014 por lo
que se encuentra dentro de los 3 años siguientes a la culminación de la
vinculación; la respuesta por parte de la entidad fue emitida el 1 de octubre de
2014 y la demanda se instauró el 18 de diciembre de esa misma anualidad; por
lo que se revocará el numeral 5 de la sentencia apelada para en su lugar no
declarar probada la excepción de prescripción.

De las prestaciones a reconocer

42) Se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico en el
restablecimiento del derecho solo se refirió al pago de las prestaciones sociales
sin indicar a cuáles correspondían, por lo que la Sala procederá a aclarar este
punto.

43) En ese orden, el restablecimiento del derecho deberá comprender las
prestaciones de orden legal del régimen público general y, la base para su cálculo
será la compensación ordinaria que recibió el demandante, en cada uno de los
periodos en los que se acreditó la relación laboral. De igual forma, los tiempos de
labor aquí reconocidos tendrán efectos pensionales.

44) Claro esto, el demandante tiene derecho al pago de las prestaciones de
orden legal que perciben los empleados de una entidad pública de orden
territorial, por ser la demandada de este orden, según las exigencias previstas en
los Decretos 1042 y 1045 de 1978. En este caso, las vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías y la
prima de servicios.

45) Sobre el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados,
aclara la Sala que por tratarse de un empleado que desempeñó funciones en una
entidad del orden territorial, le sería aplicable la contemplada en el Decreto 2418

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de 2015; sin embargo, por disposición expresa de la misma normativa,
únicamente es procedente su reconocimiento a partir del 1 de enero de 2016, y
como el servicio se prestó solo hasta el 2011, no hay lugar a esta.

46) Frente al auxilio de transporte y subsidio de alimentación y la
dotación de calzado y vestido de labor, se tiene que su ingreso mensual
superó lo establecido por la norma para tener derecho, por lo tanto, no procede
esta prestación.

47) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $76.466.753.

48) La Sala revocará el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, a través del cual se ordenó a la demandada indexar las sumas que debe
pagar al demandante. Lo anterior, porque la liquidación realizada previamente ya
incluye la corrección monetaria.

De la condena en costas

49) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

50) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los

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demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

51) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52) En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por
cuanto no se accedió a las peticiones del recurso, aclarando que la modificación
de la decisión se dio por razones diferentes a las solicitadas y no guarda relación
con los motivos de inconformidad planteados. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el dos (2) de
julio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el
cual quedará así:

« (…)
Tercero. - En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se
condena a la Universidad del Atlántico a pagar en favor del demandante,
señor Carlos Angulo Andrade, a título de indemnización, la suma de
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($76.466.753), por los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral –
realidad, relacionados en el párrafo anterior.».

Segundo. REVOCAR los numerales quinto y sexto de la sentencia apelada,
conforme con lo expuesto en la parte resolutiva.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales deberán ser
fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

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Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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