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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2022-00621-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2022-00621-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolivar, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 13001-23-33-000-2022-00621-01 (0409-2026) Demandante: Ruth Marina Leal Jotty «SEGUNDO: DECLARAR la existencia de la relación encubierta entre las partes del 12 de septiembre de 2006 y el 12 de enero de 2007; entre el 30 de enero de 2007 y el 30 de diciembre de 2007; entre el 19 de febrero de 2008 y el 19 de marzo de 2008; entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2008; entre el 19 de febrero de 2009 y el 17 de agosto de 2009; entre el 31 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009; entre el 22 de enero de 2010 y el 21 de julio de 2010; entre el 29 de julio de 2010 y el 29 de diciembre de 2010; entre el 23 de febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2011; entre el 23 de junio de 2011 y el 20 de diciembre de 2011; entre el 15 de febrero de 2012 y el 15 de junio de 2012; entre el 23 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012; entre el 6 de marzo de 2013 y el 6 de septiembre de 2013; entre el 23 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; entre el 23 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014; entre el 19 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2015; entre el 22 de junio de 2015 y el 22 de septiembre de 2015; entre el 12 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015; entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016; entre el 21 de julio de 2016 y el 21 de noviembre de 2016; entre el 6 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; entre el 28 de septiembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2017; entre el 25 de enero de 2018 y el 25 de julio de 2018; y entre el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a reconocer y pagar a favor de la señora Ruth Marina Leal Jotty la suma de doce millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos diez pesos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2022-00621-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicado: 13001-23-33-000-2022-00621-01 (0409-2026)
Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2022-00621-01 (0409-2026)
Demandante: Ruth Marina Leal Jotty
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el
1.

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2.
Como pretensiones principales, la demandante solicitó declarar la nulidad del
acto ficto configurado por el silencio administrativo de la entidad demandada ante
la petición presentada el 14 de abril de 2021. Como consecuencia de lo anterior,
que se declare la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes
desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2018, período en
el cual la actora laboró en favor de la entidad mediante contratos de prestación
de servicios.

3.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
vacaciones, bonificaciones y subsidios recibidos por los empleados de planta;
prima de navidad, prima de servicios, cesantías y sus intereses, así como la
sanción moratoria por su no pago; auxilio de transporte, la sanción de que trata
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, devolución de los dineros

1
Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI índice 2 segunda instancia – 01Demanda

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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

pagados por concepto de seguridad social y retención en la fuente. También
solicitó la indexación de todas las sumas reconocidas, que la actora fuera
ingresada en la nómina de planta de la entidad en un cargo con funciones iguales
a las que realizó y que se condenara en costas a la demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.
La señora Ruth Marina Leal Jotty prestó sus servicios en favor del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, específicamente en la Secretaría de
Participación y Desarrollo Social, dentro del programa de Familias en Acción,
entre el 12 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2018, mediante
órdenes y contratos de prestación de servicios mediante los que se desempeñó
como auxiliar de limpieza, aseo y mensajería, así como de apoyo a la gestión
para el desarrollo del mencionado programa.

5.
Durante toda su vinculación realizó los servicios para los cuales fue
contratada de manera personal, continua e ininterrumpida y bajo subordinación,
debido a que para su ejecución debía cumplir las instrucciones de sus superiores
y solicitar permisos para asistir a citas médicas o en caso de inasistencia.
Además, cumplió un horario comprendido entre las ocho de la mañana y las doce
del mediodía, y entre las dos y las seis de la tarde.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6.
Invocó como vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 48, 53, 84,
122, 123, 125, 209 y 228 de la Constitución Política; las Leyes 1285 de 2009,
1395 de 2010 y 1437 de 2011.

7.
En el concepto de violación indicó que la demandada a través de los contratos
de prestación de servicios que suscribió con la demandante, buscó encubrir una
auténtica relación laboral —en cuyo desarrollo existieron los elementos
esenciales que la caracterizan: prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación— con el fin de desconocer el pago de las prestaciones sociales a
las que esta tenía derecho, producto de la naturaleza de su servicio, en virtud del
principio de la realidad sobre las formas de que trata el artículo 53 de la
Constitución Política.

1.4. Contestaciones a la demanda

8.
El Distrito de Cartagena de Indias contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. En cuanto a los hechos, adujo que la relación que existió entre las
partes no fue laboral, sino contractual por un término determinado, ya que las
actividades de la actora fueron ejecutadas de manera autónoma e independiente;
de modo que no tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales reclamadas.

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9.
Asimismo, negó que la demandante cumpliera un horario, que hubiera recibido
llamados de atención o memorandos por su incumplimiento, o que debiera pedir
permiso para ausentarse.

10.
Propuso como excepciones de mérito las siguientes: i) inexistencia de la
relación laboral; ii) inexistencia de la obligación por parte del Distrito de
Cartagena; iii) deficiencia probatoria; iv) cobro de lo no debido; y, finalmente, v)
la innominada o genérica, respecto de cualquier otro hecho que encuentre
probado el fallador.

1.5. Sentencia de primera instancia

11.
El Tribunal profirió sentencia el 29 de noviembre de 2024, a través de la cual
declaró la nulidad del acto administrativo ficto demandado y, como consecuencia,
la existencia de una relación laboral entre las partes entre el 12 de septiembre de
2006 y el 30 de diciembre de 2018. A título de restablecimiento del derecho,
ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de orden legal
tomando como base los honorarios percibidos en los períodos en que no operó
el fenómeno de la prescripción, es decir, entre el 28 de septiembre de 2017 y el
25 de julio de 2018, y del 17 de octubre de 2018 al 30 de diciembre de 2018.

12.
Asimismo, ordenó que la entidad consignara en el fondo de pensiones de la
demandante los aportes que le correspondían depositar como empleador, en
todos los períodos en que se declaró la existencia de la relación laboral, tomando
como ingreso base de cotización los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas.

13.
Para arribar a esta decisión, el a quo concluyó que se acreditó la existencia de
los elementos que componen la relación laboral encubierta en este caso, con el
Distrito de Cartagena de Indias como real empleador, de la siguiente manera:

14.
Prestación personal del servicio: de acuerdo con los documentos que
reposan en el expediente, se acreditó que la demandante prestó su servicio entre
el 12 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2018, período en que se
presentaron varias interrupciones entre la finalización de un contrato y el inicio
del siguiente.

15.
Remuneración: de los contratos se extrajo las cláusulas de honorarios que
recibió la actora, lo que acreditaba este elemento.

16.
Subordinación: el a quo encontró acreditado este elemento, cuyo sustento se
explicó en las siguientes premisas: i) de los documentos y los testimonios se
extraía que los contratos suscritos entre las partes buscaron que la demandante
desarrollara su servicio como auxiliar para limpieza, aseo y mensajería, así como
apoyo a la gestión para el desarrollo del programa de Familias en Acción; ii) los
testigos indicaron que ella cumplió un horario y acató las órdenes e instrucciones
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de la coordinadora del programa, su jefa inmediata, y a quien debía solicitar
permiso para ausentarse de su trabajo.

17.
Consideró que las funciones de la actora fueron de carácter permanente y
necesarias para la entidad, debido a que se desarrollaron a través de 26 contratos
continuos durante más de diez años y hacían parte del manual de funciones de
esta con la denominación de «auxiliar de servicios generales», cuyo propósito
principal era «mantener el orden y aseo general de las dependencias a su cargo,
para lograr un ambiente agradable y de excelente presentación». Lo anterior fue
suficiente para tener por probada la existencia de la relación laboral entre las
partes.

18.
Posteriormente, determinó que las prestaciones sociales del 28 de septiembre
de 2017 hacia atrás estaban afectadas por la prescripción; por ello reconoció
únicamente las causadas entre el 28 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de
2018, y entre el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018. Su
reconocimiento se hizo sobre aquellas «de orden legal».

1.6. Recurso de apelación

El Distrito de Cartagena de Indias interpuso recurso de apelación con el fin
19.

de que se revocara la sentencia de primera instancia, por cuanto con las pruebas
que reposan en el expediente se desvirtuó la existencia de la subordinación que
se tuvo por probada.

20.
Que con los testimonios y documentos se demostró únicamente una relación
contractual entre las partes; pues los declarantes Beatriz Jiménez y Reynel
Velasco no dieron fe de la relación contractual de la actora con el Distrito, debido
a que ambos ingresaron en tiempos diferentes; además, en sus dichos existieron
contradicciones respecto de los tiempos, actividades y lugares donde la
demandante desarrolló sus funciones.

21.
Que durante la prestación del servicio de la actora existieron interrupciones
todos los años y, en concreto, los períodos anteriores al 14 de abril de 2021 se
encuentran prescritos, por lo que no pueden ser objeto de pronunciamiento
judicial.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2.

23.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

En ese sentido, dado que solo apeló la demandada, la resolución del caso se
24.

ceñirá a los argumentos expuestos en el recurso.

2.2. Problema jurídico

25.
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

26.
¿Entre la señora Ruth Marina Leal Jotty y el Distrito de Cartagena de Indias
existió una relación laboral encubierta en los períodos reclamados en la
demanda?

De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
27.

en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

28.
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

29.
En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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30.
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

31.
En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
32.
Conforme a los documentos que obran en el plenario, especialmente los
contratos de prestación de servicios y los certificados del 3 de abril de 2018 y del
6 de septiembre de 2023, expedidos por la Alcaldía Mayor de Cartagena, se dejó
constancia de que la demandante laboró entre el 12 de septiembre de 2006 y el
30 de diciembre de 2018 —salvo interrupciones— en los períodos, valores y
objetos que a continuación se relacionan:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
613 de 2006 LA CONTRATISTA se obliga a prestar el 12 de septiembre de 12 de enero de 2007 $3.000.000 total
servicio en las labores de aseo, limpieza 2006 del contrato
y entrega y distribución de documentos,
en las oficinas, ubicadas en el barrio el
Pozón y el centro recreacional el Eden en
cumplimiento del proyecto "Programa
Familias en Acción. Barrio El Pozón" con
el que se persigue implementar y ejecutar
en el barrio El Pozón de la ciudad de
Cartagena el Programa de la Presidencia
de la República FAMILIAS EN ACCION,
con el cual se proyecta entregar subsidios
de alimentación y estudios a 6.349
familias del Sisbén 1 que habiten en dicho
barrio
Interrupción de 11 días hábiles
144910 de La contratista se obliga a prestar a la 30 de enero de 2007 30 de diciembre de $6.600.000 total
2007 Alcaldía de Cartagena el servicio en 2007 del contrato
labores de limpieza y entrega distribución
de documentos, en las oficinas ubicadas
en el Barrio el Pozón y en el Centro
Recreacional el Eden en cumplimiento del
proyecto "Programa Familias en Acción.
Bamo El Pozón y población en situación
de desplazamiento", con el que se
persigue implementar y ejecutar en el

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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

barrio El Pozón de la ciudad de
Cartagena el Programa de la Presidencia
de la República FAMILIAS EN ACCION.
con el cual se proyecta entregar subsidios
de nutrición y escolares a 5160 familias
del Sisbén 1 que habiten en dicho barrio
y 2532 familias en situación en
desplazamiento
Interrupción de 34 días hábiles
1412 de 2008 El contratista se obliga para con el Distrito 19 de febrero de 19 de marzo de 2008 $600.000 total del
a la prestación de servicios de apoyo a la 2008 contrato
gestión que desarrolla el programa de
Familias en Acción4.
Interrupción de 7 meses y 21 días
590 de 2008 El contratista se obliga para con el Distrito 10 de noviembre de 31 de diciembre de $2.400.000 total
a la prestación de servicios de apoyo a la 2008 2008 del contrato
gestión en el programa Familias en
Acción
Interrupción de 33 días hábiles
80 de 2009 Prestación de servicios de apoyo a la 19 de febrero de 17 de agosto de $6.000.000 total
gestión que desarrolla el programa de 2009 2009 del contrato
familias en acción
Interrupción de 9 días hábiles
73531 de Prestación de servicios de apoyo a la 31 de agosto de 31 de diciembre de $4.234.000 total
2009 gestión para el programa de familias en 2009 2009 del contrato
acción
Interrupción de 13 días hábiles
2022 de 2010 Prestación de servicios profesionales y de 22 de enero de 2010 21 de julio de 2010 $6.000.000 total
apoyo a la gestión del contrato

Interrupción de 5 días hábiles
45334 de Prestación de servicios profesionales y de 29 de julio de 2010 29 de diciembre de $5.000.000 total
2010 apoyo a la gestión 2010 del contrato

Interrupción de 38 días hábiles
4519 de 2011 Prestación de servicios de Apoyo a la 23 de febrero de 31 de mayo de 2011 $4.000.000 total
Gestión para El Programa Familias en 2011 del contrato
Acción que desarrolla la Secretaría de
Participación y Desarrollo Social de la
Alcaldía Mayo de Cartagena
Interrupción de 15 días hábiles
2827 de 2011 Prestación de servicios de apoyo a la 23 de junio de 2011 20 de diciembre de $4.000.000 total
gestión para el Programa de Familias en 2011 del contrato
Acción que desarrolla la Secretaría de
Participación y Desarrollo Social de la
Alcaldía Mayo de Cartagena
Interrupción de 39 días hábiles
504 de 2012 Prestación de servicios profesionales y de 15 de febrero de 15 de junio de 2012 $6.000.000 total
apoyo a la gestión 2012 del contrato

Interrupción de 22 días hábiles
1133 de 2012 Prestación de servicios profesionales y de 23 de julio de 2012 31 de diciembre de $7.150.000 total
apoyo a la gestión 2012 del contrato

Interrupción de 44 días hábiles
1556 de 2013 Prestación de servicios de apoyo a la 6 de marzo de 2013 6 de septiembre de Pago mensual por
gestión para el desarrollo del proyecto de 2013 $1.300.000
inversión «Proyecto apoyo para la
ejecución y desarrollo del programa más
Familias en Acción en el Distrito de
Cartagena de Indias»
2848 de 2013 Prestación de servicios de apoyo a la 23 de septiembre de 31 de diciembre de $3.900.000 total
gestión para el desarrollo de inversión 2013 2013 del contrato
«proyecto apoyo para la ejecución y
desarrollo del programa más familias en
acción en el Distrito de Cartagena de
Indias
Interrupción de 9 meses y 22 días
1388 de 2014 Prestación de servicios de apoyo a la 23 de octubre de 31 de diciembre de $2.600.000 total
gestión en desarrollo del programa 2014 2014 del contrato
familias en acción
Interrupción de 10 días hábiles

4
Se deja constancia que, conforme los certificados del 3 de abril de 2018 y del 6 de septiembre de 2023, expedidos por
el Distrito de Cartagena de Indias, la demandante prestó su s servicios a través del contrato 18710 de 2008 entre el 17 de
abril de 2008 y el 11 de agosto de 2008. Sin embargo, este contrato no se incluyó al determinarse los tiempos de
prestación de servicios por el Tribunal, como tampoco en el cálculo de la prescripción. Por lo tanto, respetando la condición
de apelante único de la entidad demandada, este contrato no se tendrá en cuenta en la acreditación de la prestación del
servicio de la actora.

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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

273 de 2015 Prestar servicios de apoyo a la gestión del 19 de enero de 2015 31 de mayo de 2015 $6.500.000 total
programa apoyo a las F amilias en Acción del contrato
en el Distrito
Interrupción de 13 días hábiles
2613 de 2015 Prestación de servicios de apoyo a la 22 de junio de 2015 22 de septiembre de Pago mensual por
gestión del programa apoyo a las familias 2015 $1.200.000
en acción en el Distrito
Interrupción de 34 días hábiles
3234 de 2015 Prestación de servicios de apoyo a la 12 de noviembre de 31 de diciembre de $2.400.000 total
gestión apoyo a las Familias en Acción en 2015 2015 del contrato
el Distrito de Cartagena
Interrupción de 60 días hábiles
3289 de 2015 Está el contrato, pero no la primera 1 de abril de 2016 1 de junio de 2016 Pago mensual por
página (pág. 93). Constancia de los $1.400.000
tiempos en el certificado expedido por la
alcaldía
Interrupción de 32 días hábiles
5500 de 2016 Prestación de servicios de apoyo a la 21 de julio de 2016 21 de noviembre de Pago mensual por
gestión en el programa Familias en 2016 $1.400.000
Acción en el Distrito de Cartagena
Interrupción de 10 días hábiles
8444 de 2016 Prestación de servicios de apoyo a la 6 de diciembre de 31 de diciembre de Pago mensual por
gestión en el programa Familias en 2016 2016 $1.500.000
Acción en el Distrito de Cartagena
Interrupción de 8 meses y 27 días
4738 de 2017 Prestación de servicios de apoyo a la 28 de septiembre de 30 de diciembre de $4.200.000 total
gestión en el programa Más Familias en 2017 2017 del contrato
acción en el Distrito de Cartagena
Interrupción de 16 días hábiles
1887 de 2018 Prestación del servicio de apoyo a la 25 de enero de 2018 25 de julio de 2018 Pago mensual por
gestión, para el desarrollo de las $1.500.000
actividades en el programa Más Familias
en Acción
Interrupción de 56 días hábiles
4712 de 2018 Prestación de servicios de apoyo a la 17 de octubre de 30 de diciembre de $4.500.000 total
gestión para el desarrollo de las 2018 2018 del contrato
actividades del programa Más Familias
Adición al en Acción
contrato 4712
de 2018

33.
Conforme a la anterior información se constata que las actividades de la
demandante fueron ejecutadas entre el 12 de septiembre de 2006 y el 30 de
diciembre de 2018 en favor del Distrito de Cartagena de Indias, de la siguiente
manera: i) entre el 12 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2007 —
salvo interrupciones— en labores de limpieza, entrega y distribución de
documentos; y, ii) desde el 19 de febrero de 2008 hasta el 30 de diciembre de
2018 —salvo interrupciones— cumplió actividades de apoyo a la gestión en los
programas de Familias en Acción y Más Familias en Acción en favor del Distrito
de Cartagena de Indias.

En cuanto a la contraprestación, esto es, a los emolumentos recibidos por
34.

quien ejecuta las actividades convenidas, para la Subsección este requisito se
encuentra acreditado en el caso de la demandante con los valores que recibió
por concepto de honorarios en desarrollo de los contratos de prestación de
servicios.

35.
Respecto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato».

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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
36.

subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación entre la parte actora con el
hospital demandado. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios expuestos por
esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021.

37.
Respecto al lugar de trabajo, los testigos coincidieron en que las funciones
de la demandante eran realizadas en diferentes lugares, debido a que se
ejecutaban en las instalaciones de Familias en Acción, así como en lugares
externos cuando en el curso del programa se efectuaban apoyos a la comunidad
en campo.

38.
En efecto, la señora Beatriz María Jiménez, quien indicó que conoció del
trabajo realizado por la demandante entre los años 2006 y 2011 en el programa
de Familias en Acción 5, explicó que las actividades eran ejecutadas, en primer
lugar, en el «barrio El Pozón», pero, a medida que el programa creció, se
realizaron en otras oficinas 6, con lo cual concuerdan los contratos de prestación
de servicios suscritos entre las partes, especialmente los dos iniciales, 613 de
2006 y 14410 de 2007. Asimismo, adujo que la demandante acompañaba en
campo la ejecución de las actividades del programa con el material logístico que
se distribuía en la comunidad y en la realización de servicios varios 7.

39.
Y el señor Reynel Velasco Flórez por su parte explicó que conoció de las
actividades de la demandante entre los años 2008 y 2012 o 2013 8, porque
ejecutaba labores similares a ella, las cuales realizaba en las instalaciones de la
dependencia y en terreno 9.

40.
En ese orden, la Subsección considera que no le asiste razón al recurrente
cuando afirmó que los testigos fueron contradictorios al indicar los lugares de
prestación del servicio de la actora; pues ellos explicaron que las funciones de la
actora se desarrollaron en diferentes lugares, dependiendo de las necesidades
del servicio y del sitio —interno o externo—, de acuerdo con la necesidad del
programa a cargo de la entidad, lo que lejos de denotar contradicciones evidencia
coherencia entre las declaraciones.

5
«pregunta: ¿Desde qué momento hasta que momento compartió esa oficina con la señora Ruth? contestó: Estuvimos
trabajando a partir del año 2006, que es cuando yo la conozco y empezamos a trabajar conjuntamente, ella en sus labores
y yo en las mías, pero siempre apoyándonos, no sólo a mí, sino también al resto de profesionales (…) estuve con ella
hasta el 2011, cuando fallece nuestra jefe. En ese momento nombran a otra persona y ya ella fue asignada a otras
oficinas».
6
«(…) Inicialmente el programa, la prueba piloto que se hizo, fue en el barrio El Pozón, después el programa fue creciendo,
se atendieron muchos más beneficiarios y pues estuvo en las oficinas en Blas de Lezo, estuvimos en varias oficinas de
trabajo, en el centro también estuvimos, ella también estuvo ahí trabajando con nosotros y apoyándonos».
7
«pregunta: ¿En el tiempo que estaba en el trabajo de campo, como le consta, la prestación del servicio continuo de la
señora demandante a la entidad? contestó: Pues Ruth siempre estuvo acompañándonos en las labores que ejercíamos,
si nos tocaba dirigirnos hasta la comunidad nos apoyaba con el material logístico, con el material de campaña que
mandaban también de la Presidencia a distribuirlos en la Comunidad (…) pregunta: ¿Aparte de servicios generales, ella
también iba a la Comunidad? contestó: Si, hacía servicios varios, pero si nosotros necesitábamos desplazarnos hasta la
comunidad y necesitábamos que ella nos apoyara, que nos llevara el material, pues ella lo hacía y nos acompañaba».
8
«(…) Duré de 2007 a 2015 o 16 más o menos. (…) Yo entré en 2008 y ya la señora Ruth estaba en el programa, hasta
el 2012 o 13 que me mandaron a otra dependencia».
9
«(…) Las oficinas que tiene el programa son en los barrios, tienen diferentes localidades, en cada oficina tienen un
coordinador y estaban todos los funcionarios que cumplían una función (…) En el caso de ella, más que todo era archivo,
cuando había eventos, pues todo el mundo salía la actividad que se iba a realizar visitando a las madres líderes campañas,
jornadas y todos los funcionarios tanto nomin a como OPS estábamos presentes».

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41.
Respecto al horario de trabajo, la señora Beatriz María Jiménez indicó que
la actora cumplía un horario comprendido entre las ocho de la mañana y las
cuatro de la tarde 10. En similar sentido, el señor Reynel Velasco Flórez adujo que
la demandante prestó su servicio en franjas de tiempo que se extendían entre las
ocho de la mañana y las doce del mediodía, y entre las dos y las cuatro de la
tarde 11.

42.
En ese orden, tampoco le asiste razón al recurrente, pues los testigos fueron
claros e inequívocos al expresar los horarios en que la demandante desarrolló su
labor. A pesar de ello, la Subsección ha considerado que el horario no debe
considerarse como un aspecto que, en su análisis particular y aislado, configure
el elemento de la subordinación en la relación laboral encubierta. Por el contrario,
ello debe entenderse como un parámetro lógico que guarda relación con la
coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta
ejecución del objeto convenido 12. De manera que es necesario analizar si, en la
ejecución de los contratos, se presentaron direccionamientos y controles
efectivos de las labores contratadas a efectos de acreditar el requisito de la
subordinación.

43.
Respecto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la entidad
contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es un
requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar este vínculo debe la parte demandante
probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y organizativo de
la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades ejecutadas eran
dirigidas de manera contundente por la contratante.

44.
En el recurso de apelación, la entidad demandada estimó que las pruebas que
reposan en el expediente no evidencian la existencia de la subordinación que se
acreditó en la sentencia de primera instancia. En especial, consideró que los
testigos eran contradictorios en cuanto a las actividades desarrolladas por la
actora.

45.
Pues bien, la valoración en conjunto de los medios probatorios evidencia que
la demandante estuvo sujeta al direccionamiento y control de la entidad
contratante respecto de las actividades ejecutadas.

En cuanto a los testimonios, se tiene que la señora Beatriz María Jiménez
46.

manifestó que la actora cumplía diferentes labores para el ente demandado, entre

10
«(…) la señora Ruth cumplía con su horario al igual que todos, ella estaba desde muy tempranas horas de la mañana
atendiendo el personal, porque es un programa que atiende muchos usuarios, era permanente la atención, incluso hasta
más de las 4:00 de la tarde a veces, porque era un horario de corrido, estábamos de 8 a cuatro de la tarde»
11
«(…) cumplíamos un horario de 8 a 12 y de 2 a 4, inclusive, ella salía conmigo a terreno, ella hizo todas las labores que
hacía igual que yo (…)».
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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ellas, organizar los archivos, hacer diligencias, tramitar y trasladar documentos 13.
De igual modo, aseguró que las funciones realizadas en el programa de Familias
en Acción eran reguladas y direccionadas por quien ocupaba el cargo
denominado «enlace municipal», perteneciente a la planta del Distrito de
Cartagena de Indias, a quien identificó como jefe de la demandante 14.

47.
Por su parte, el señor Reynel Velasco Flórez explicó que dentro de las
funciones que tenía la demandante se encontraban las de gestión de archivos,
realización de diligencias y atención al público 15.

48.
De la lectura de las obligaciones contractuales, se evidencia que para los
contratos 613 de 2006 y 14410 de 2007 la actora ejerció funciones de «limpieza,
entrega y distribución de documentos» y actividades de mensajería en las
oficinas donde se desarrollaba el Programa de Familias en Acción 16. Asimismo,
para los contratos 1412 de 2008 y 590 de 2008, aunque la denominación formal
de sus objetos indicaba que las funciones eran de apoyo a la gestión, en su
ejecución la demandante continúo prestando el servicio de aseo, mensajería y
orden de la oficina de dicho programa.

49.
Posteriormente, desde el 19 de febrero de 2009 hasta la finalización del
vínculo que ocurrió el 30 de diciembre de 2018, cuando los objetos de los
contratos suscritos entre las partes se denominaron como de apoyo a la gestión,
observa la Subsección que dentro de las obligaciones pactadas la actora tenía la
atención y trámite de quejas presentadas por las madres del Programa de
Familias en Acción 17, participar en los procesos de logística requeridos en el
curso del Programa 18, organización, mantenimiento, custodia y actualización de
los archivos del Programa 19.

13
Al respecto la testigo dijo: «La conozco como una persona responsable, dedicada a su trabajo, es muy laboriosa. Ella
trabajaba en servicios varios, organizaba el archivo, hacía diligencias también de tramitar algún documento, llevarlo hasta
las oficinas de la alcaldía, muy responsable (…) pregunta: ¿Es posible que usted me especifique las labores que en sí
desarrollaba la señora Ruth Marina? (…) contestó: Le comento que Ruth era todera, ella nos apoyaba con servicios varios.
Estaba pendiente del tinto, porque hacía de todo, ella organizaba el archivo, nos ayu daba incluso con las capacitaciones,
a veces también a entregar los documentos de capacitación que había que entregarles a las madres del programa, sí
tocaba hacer alguna diligencia, enviar un documento, pues Ruth estaba ahí y ella lo llevaba, hacía muchas cosas, de todo
en el programa».
14
«Pregunta: ¿Ustedes ante quien rendían cuentas de su servicio? ¿Ante alguna autoridad del orden nacional distrital?
¿Ante quién estaban ustedes en coordinación para el ejercicio de sus labores? Contestó: El programa como era de la
Presidencia, tenía nombrado un enlace municipal, que ese era nuestro jefe inmediato. En ese entonces era la doctora
Lilian Pueyo, QEPD, era nuestra jefe inmediata, era una funcionaria de planta y era la que coordinaba el programa, l a que
nos daba las órdenes a todo el personal que estaba vinculado al programa de familias en acción. (…) Pregunta: ¿Y ella
trabajaba para el Gobierno Nacional o para la Alcaldía de Cartagena? Contestó: Para la Alcaldía Mayor de Cartagena
(…) Pregunta: ¿Puede informar al Despacho si la persona que era la jefe que usted ha dicho, funcionaria de planta del
distrito de Cartagena, le daba órdenes y de le indicaba las labores que la señora Ruth debía realizar en el programa?
Contestó: Sí, ella nos decía que teníamos que hacer».
15
«pregunta: En sí ¿Qué labores desarrollaba la señora Ruth Marina Leal? ¿Qué hacía la señora Ruth marina? ¿De qué
manera lo hacía? contestó: A ella le tocaba archivo y le tocaba salir a hacer vueltas también con los jefes, pasaba todo el
día en la oficina cumpliendo su horario, atendía público también, durante los eventos que realizaba la Alcaldía también
estábamos a su disposición, (…) ella tenía un contrato de archivo, después se lo cambiaban, pero hacíamos las mismas
funciones, atendía público, también atendía en puerta».
16
Ver cláusulas primera y segunda de estos contratos donde se detallan las obligaciones contractuales.
17
Ver, por ejemplo, Contrato 80 de 2009, cláusula segunda, obligaciones del contratista, literal g). Contrato 73531 de
2009 cláusula segunda, obligaciones del contratista, literal e), f) y g). Contratos 43334 de 2010 y 2827 de 2010, 4519 de
2011 y 2827 de 2011 cláusula segunda, obligaciones del contratista, literal c). Contrato 1133 de 2012 cláusula segunda,
obligaciones del contratista, literal c), entre otros.
18
Véase, por ejemplo, contrato 73531 de 2009 cláusula segunda, obligaciones del contratista, literal a). Contrato 113 de
2012, cláusula segunda, obligaciones del contratista, literal a), entre otros.
19
Véase, por ejemplo, contrato 1388 de 2014, cláusula segunda, numeral 1). Contrato 2848 de 2013, cláusula segunda,
literal c). Contrato 273 de 2015, cláusula segunda, literal a), e), g), h). Contrato 4738 de 2017, cláusula segunda,
numerales 1), 2) 3) 4) y 5).

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50.
Esos elementos de juicio permiten concluir que las funciones de la
demandante fueron direccionadas por parte de la entidad contratante y no podían
realizarse bajo su autonomía, pues las actividades descritas por los testigos
como ejecutadas por ella concuerdan con las que se extraen de los contratos de
prestación de servicios, entre las que se encuentran: la realización del servicio
de aseo, mensajería, trámite y traslado de documentos; la atención, dentro del
horario programado, de las quejas, peticiones y reclamos de los usuarios del
programa de Familias en Acción; la participación en los procesos de logística del
programa de acuerdo con la necesidad del servicio; y la organización,
mantenimiento, custodia y actualización de los archivos. Y aunque los testigos
dieron fe de la labor de la demandante hasta 2013, lo cierto es que la prueba
documental demuestra que siguió ejecutando funciones similares de manera
continua a aquellas sobre las cuales los declarantes testificaron, relacionadas
con el apoyo técnico de la correspondencia de la entidad, así como su archivo en
el despacho del alcalde; mantenerlo organizado y custodiado, brindar atención
oportuna a los usuarios del programa Familias en Acción, asistir a las
capacitaciones programadas (ejemplo, contrato 1399-2 de 23 de octubre de
2014, 273 de 19 de enero de 2015, de 10 de noviembre de 2015, 4738 de 28 de
septiembre de 2017, 4712 de 2018 y sus modificaciones). También debía, entre
otras, elaborar y presentar informes de las asambleas realizadas, encuentros de
cuidado y reuniones periódicas realizadas, manteniendo en estricto orden los
archivos con las actas y evidencias respectivas.

51.
En ese contexto, la Sala concluye que las funciones ejecutadas por la
demandante eran direccionadas en tiempo, modo y lugar por la demandada, en
la medida en que correspondían a actividades esenciales, mecánicas e
institucionalizadas de los procesos internos de gestión documental, atención al
usuario y aseo. Situación que de manera categórica excluye la posible
independencia y autonomía de ella en la prestación del servicio y, por el contrario,
evidencia la existencia del ius variandi en su labor, pues estas eran asignadas
y dirigidas por la entidad.

52.
Por lo tanto, se confirmará la existencia de la relación laboral encubierta entre
las partes pero en los períodos en que a continuación se precisan, dado que el
tribunal no fue especifico a la hora de excluir las interrupciones, a saber: entre el
12 de septiembre de 2006 y el 12 de enero de 2007; entre el 30 de enero de 2007
y el 30 de diciembre de 2007; entre el 19 de febrero de 2008 y el 19 de marzo de
2008; entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2008; entre el
19 de febrero de 2009 y el 17 de agosto de 2009; entre el 31 de agosto de 2009
y el 31 de diciembre de 2009; entre el 22 de enero de 2010 y el 21 de julio de
2010; entre el 29 de julio de 2010 y el 29 de diciembre de 2010; entre el 23 de
febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2011; entre el 23 de junio de 2011 y el 20 de
diciembre de 2011; entre el 15 de febrero de 2012 y el 15 de junio de 2012; entre
el 23 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012; entre el 6 de marzo de 2013
y el 6 de septiembre de 2013; entre el 23 de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013; entre el 23 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014;
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entre el 19 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2015; entre el 22 de junio de
2015 y el 22 de septiembre de 2015; entre el 12 de noviembre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2015; entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016; entre el 21
de julio de 2016 y el 21 de noviembre de 2016; entre el 6 de diciembre de 2016
y el 31 de diciembre de 2016; entre el 28 de septiembre de 2017 y el 30 de
diciembre de 2017; entre el 25 de enero de 2018 y el 25 de julio de 2018; y entre
el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018.

De la prescripción

Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre las
53.

partes, corresponde determinar si esta fue objeto o no de interrupción.

54.
Pues bien, la Sala advierte que la actora no ostentó la calidad de servidor
público y en razón de ello no es posible equiparar su forma de vinculación con
las personas que gozan de nombramiento ordinario, es decir, en los casos de
relación laboral subyacente, la exigibilidad no se analiza de forma independiente
por cada prestación social sino a partir de la culminación del vínculo contractual;
así lo preciso la Corporación en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 de 25
de agosto de 2016 al concluir que «quien pretenda el reconocimiento de la
relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones
derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a
partir de la terminación de su vínculo contractual» 20.

Igualmente, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
55.

septiembre de 2021 fijó el período de 30 días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, no obstante, dicho tiempo no es «camisa de fuerza» para determinar si
acaeció o no la solución de continuidad de la relación laboral.

56.
A partir de lo anterior, se encuentra que la señora Ruth Marina Leal Jotty prestó
sus servicios en trece bloques de tiempo separados por interrupciones superiores
a 30 días hábiles, cuyos períodos se discriminan a continuación, junto con los
lapsos de interrupción existentes entre la finalización de uno y el inicio del
siguiente:

20
Folios 79 a 83 del archivo titulado «065RADICACIONDEL_ANEXOSDEMANDAPDF», expediente digital, índice 2 de
Samai.

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1. Entre el 12 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2007
Interrupción de 34 días hábiles
2. Entre el 19 de febrero de 2008 y el 19 de marzo de 2008
Interrupción de 7 meses y 21 días
3. Entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2008
Interrupción de 60 días hábiles
4. Entre el 19 de febrero de 2009 y el 29 de diciembre de 2010
Interrupción de 38 días hábiles
5. Entre el 23 de febrero de 2011 y el 20 de diciembre de 2011
Interrupción de 39 días hábiles
6. Entre el 15 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012
Interrupción de 44 días hábiles
7. Entre el 6 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013
Interrupción de 9 meses y 22 días
8. Entre el 23 de octubre de 2014 y el 22 de septiembre de 2015
Interrupción de 34 días hábiles
9. Entre el 12 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015
Interrupción de 60 días hábiles
10. Entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016
Interrupción de 32 días hábiles
11. Entre el 21 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016
Interrupción de 8 meses y 27 días
12. Entre el 28 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de 2018
Interrupción de 56 días hábiles
13. Entre el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018

57.
Por lo anterior, es necesario que el cálculo de la prescripción de las
prestaciones sociales a las que tiene derecho la actora se haga individualmente
respecto de cada uno de los bloques de tiempo.

58.
De esa manera, la Subsección observa que, teniendo en cuenta que la
reclamación administrativa del derecho se hizo el 14 de abril de 2021 y la
demanda fue presentada el 9 de noviembre de 2021, únicamente se reclamaron
oportunamente los derechos prestacionales correspondientes a dos bloques de
tiempo, esto es: i) entre el 28 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de 2018 —
cuyo término finalizaba el 25 de julio de 2021—; y ii) el comprendido entre el 17
de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018 —cuyo término finalizaba el 30
de diciembre de 2021—.

Razón por la cual se confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la
59.

sentencia de primera instancia, que declaró la prescripción de las prestaciones
sociales a las que tenía derecho la demandante en los períodos anteriores al 28
de septiembre de 2017.

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Restablecimiento del derecho
60.
Una vez corroborada la existencia de la relación laboral y determinados los
períodos respecto de los cuales no operó la prescripción trienal, esto es, los
comprendidos entre el 28 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de 2018, y entre
el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018, procede el estudio del
restablecimiento del derecho de la parte actora. Este se materializa a través del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir con
ocasión del servicio desarrollado en favor de la entidad demandada.

61.
La Subsección ha precisado que la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios no le otorga al contratista la calidad de empleado público,
debido a que esta condición solo se adquiere previo cumplimiento de las
exigencias normativas (nombramiento y posesión en un empleo que esté
previsto en la planta de personal y tenga definidos sus emolumentos y funciones,
previo seguimiento de los mecanismos de ingreso que privilegian el mérito, por
regla general) 21, por lo que no hay lugar a la aplicación del principio «a igual
trabajo, igual salario», además, la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de
un contratista y un empleado no es equivalente 22.

62.
De esa manera, se observa que la sentencia de primera instancia, en el
numeral segundo de la parte resolutiva, reconoció prestaciones sociales
causadas entre el 28 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de 2018, y entre el
17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018, pero no discriminó cuáles
eran, aspecto que la Subsección considera necesario precisar para determinar,
en concreto, los valores a los que asciende la condena.

63.
En esa medida, se precisa que la demandante tiene derecho al pago de
aquellas prestaciones sociales de ley consagradas en los Decretos 1042 y 1045
de 1978. Estas son: cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, prima
de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados, auxilio de alimentación, dotación de calzado y vestido de labor y
auxilio de transporte.

64.
Pero el auxilio de alimentación, el auxilio de transporte y la dotación de vestido
y calzado de labor, no se reconocerá en el período comprendido entre el 17 de
octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018, por cuanto devengó más de dos
salarios mínimos legales mensuales en ese lapso.

65.
Para la dotación en los demás lapsos la entidad demandada tendrá en cuenta
el valor establecido por cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la
dotación, causados en esos períodos.

21
Artículos 122 y 125 de la Constitución Política
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).

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Radicado: 13001-23-33-000-2022-00621-01 (0409-2026)
Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

66.
Liquidación:

88.Conforme a lo anterior, la liquidación por concepto de prestaciones sociales
que debe reconocer la entidad demandada en favor de la parte actora asciende
a $12.384.510, por lo que se modificará el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia para precisar el monto de la condena.

Aportes pensionales

89.
Se recuerda que la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
sobre los porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los
aportes pensionales, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes
si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para efectos de lo anterior, la demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador34.

90.
Ahora bien, comoquiera que en esta instancia se modificaron los periodos
respecto de los cuales se acreditó la existencia de la relación laboral, se precisa
que, en atención a la imprescriptibilidad de los aportes pensionales, el Distrito de
Cartagena de Indias debe liquidar y cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, en los siguientes lapsos: entre el 12 de
septiembre de 2006 y el 12 de enero de 2007; entre el 30 de enero de 2007 y el
30 de diciembre de 2007; entre el 19 de febrero de 2008 y el 19 de marzo de
2008; entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2008; entre el
19 de febrero de 2009 y el 17 de agosto de 2009; entre el 31 de agosto de 2009
y el 31 de diciembre de 2009; entre el 22 de enero de 2010 y el 21 de julio de
2010; entre el 29 de julio de 2010 y el 29 de diciembre de 2010; entre el 23 de
febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2011; entre el 23 de junio de 2011 y el 20 de
diciembre de 2011; entre el 15 de febrero de 2012 y el 15 de junio de 2012; entre
el 23 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012; entre el 6 de marzo de 2013
y el 6 de septiembre de 2013; entre el 23 de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013; entre el 23 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014;
entre el 19 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2015; entre el 22 de junio de
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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

2015 y el 22 de septiembre de 2015; entre el 12 de noviembre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2015; entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016; entre el 21
de julio de 2016 y el 21 de noviembre de 2016; entre el 6 de diciembre de 2016
y el 31 de diciembre de 2016; entre el 28 de septiembre de 2017 y el 30 de
diciembre de 2017; entre el 25 de enero de 2018 y el 25 de julio de 2018; y entre
el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018. Por lo tanto, se modificará
el inciso primero del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, en cuanto al periodo de existencia de la relación laboral
encubierta respecto del cual se deben efectuar los aportes a pensión.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

91.
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

92.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

93.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

94.
En ese orden, como se realiza un ajuste oficioso a la condena de primera
instancia, no se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Bolivar, el cual quedará así:

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Radicado: 13001-23-33-000-2022-00621-01 (0409-2026)
Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

«SEGUNDO: DECLARAR la existencia de la relación encubierta entre las
partes del 12 de septiembre de 2006 y el 12 de enero de 2007; entre el 30
de enero de 2007 y el 30 de diciembre de 2007; entre el 19 de febrero de
2008 y el 19 de marzo de 2008; entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31
de diciembre de 2008; entre el 19 de febrero de 2009 y el 17 de agosto de
2009; entre el 31 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009; entre el
22 de enero de 2010 y el 21 de julio de 2010; entre el 29 de julio de 2010 y
el 29 de diciembre de 2010; entre el 23 de febrero de 2011 y el 31 de mayo
de 2011; entre el 23 de junio de 2011 y el 20 de diciembre de 2011; entre el
15 de febrero de 2012 y el 15 de junio de 2012; entre el 23 de julio de 2012
y el 31 de diciembre de 2012; entre el 6 de marzo de 2013 y el 6 de
septiembre de 2013; entre el 23 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre
de 2013; entre el 23 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014; entre
el 19 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2015; entre el 22 de junio de
2015 y el 22 de septiembre de 2015; entre el 12 de noviembre de 2015 y el
31 de diciembre de 2015; entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016;
entre el 21 de julio de 2016 y el 21 de noviembre de 2016; entre el 6 de
diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; entre el 28 de septiembre
de 2017 y el 30 de diciembre de 2017; entre el 25 de enero de 2018 y el 25
de julio de 2018; y entre el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de
2018.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a
reconocer y pagar a favor de la señora Ruth Marina Leal Jotty la suma de
doce millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos diez pesos
($12.384.510), por concepto de prestaciones sociales dejadas de percibir
en los períodos comprendidos entre el 28 de septiembre de 2017 y el 30 de
diciembre de 2017, del 25 de enero de 2018 al 25 de julio de 2018, y entre
el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018, por lo dicho en la
motivación.

Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido
y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en
cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación, causados
en los períodos indicados en la parte motiva».

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, en el siguiente sentido:

«TERCERO: ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias a efectuar la cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aportes a pensión, únicamente en el porcentaje que le
correspondía como empleador, durante los periodos en que se declaró la
existencia de la relación laboral encubierta, esto es: entre el 12 de
septiembre de 2006 y el 12 de enero de 2007; entre el 30 de enero de 2007
y el 30 de diciembre de 2007; entre el 19 de febrero de 2008 y el 19 de
marzo de 2008; entre el 10 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de
2008; entre el 19 de febrero de 2009 y el 17 de agosto de 2009; entre el 31
de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009; entre el 22 de enero de
2010 y el 21 de julio de 2010; entre el 29 de julio de 2010 y el 29 de
diciembre de 2010; entre el 23 de febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2011;
entre el 23 de junio de 2011 y el 20 de diciembre de 2011; entre el 15 de

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Demandante: Ruth Marina Leal Jotty

febrero de 2012 y el 15 de junio de 2012; entre el 23 de julio de 2012 y el
31 de diciembre de 2012; entre el 6 de marzo de 2013 y el 6 de septiembre
de 2013; entre el 23 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013;
entre el 23 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014; entre el 19 de
enero de 2015 y el 31 de mayo de 2015; entre el 22 de junio de 2015 y el
22 de septiembre de 2015; entre el 12 de noviembre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2015; entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016; entre
el 21 de julio de 2016 y el 21 de noviembre de 2016; entre el 6 de diciembre
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; entre el 28 de septiembre de 2017 y
el 30 de diciembre de 2017; entre el 25 de enero de 2018 y el 25 de julio de
2018; y entre el 17 de octubre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018.

Para el efecto, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al sistema de pensiones durante su vínculo contractual y, en caso de que
no las hubiese efectuado o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según corresponda, el porcentaje que le incumbía
como trabajadora».

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia, por lo ya dicho.

QUINTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la le y y el artículo 186 del
CPACA.

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