Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00164-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00164-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00164-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, DC, seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2022 00164 01 (5594–2024)1
Demandante: Ximena Arias Martínez
Demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Caldas – INFICALDAS
Temas: Relación laboral encubierta
Decisión: Confirma decisión que concede parcialmente pretensiones.
Condena al aporte de cotización pensional por caducidad del
medio de control.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Caldas – INFICALDAS en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda2
2.En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Ximena Arias Martínez demandó la nulidad de los oficios GG-395 de 21 de
septiembre de 2020, JOJ-64 de 22 de junio de 2021 y JOJ-122 de 10 de septiembre
del mismo año, por medio del cual el Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Caldas – INFICALDAS negó la existencia de la relación laboral y el
pago de acreencias reclamadas.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió declarar la existencia de una
relación laboral por los períodos comprendidos entre el 7 de febrero y el 29 de
agosto de 2003, y desde el 19 de julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019; el
pago de la nivelación salarial; el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000202200164011100103
2
Demanda visible en las páginas 177 a 185 del archivo adjunto en el índice 32 del expediente digital disponible en SAMAI –
Tribunal.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Ximena Arias Martínez
adeudadas; el pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo ante la falta de consignación oportuna y el retardo en
el pago de las acreencias laborales.
4. Asimismo, exigió ordenar a INFICALDAS la liquidación y transferencia de los
aportes pensionales al fondo respectivo, junto con la devolución directa de los
dineros omitidos por concepto de salud; la indexación de todas las sumas objeto de
condena y el pago de las costas procesales.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5. Explicó la demandante que prestó sus servicios personales en el Instituto de
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas como “recepcionista,
controladora de puertas y apoyo a la gestión” del Aeropuerto La Nubia de Manizales
por dos períodos: i) del 7 de febrero al 29 de agosto de 2003, y ii) desde el 19 de
julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019.
6. Indicó que ejecutó sus labores en las instalaciones del Aeropuerto La Nubia de
la ciudad de Manizales, como controladora de puertas en la sala de embarque y
encargada de la entrega de equipajes. A partir del año 2014 se desempeñó como
recepcionista y personal de apoyo en la ventanilla única para la radicación y
distribución de comunicaciones oficiales en la sede principal de INFICALDAS.
7. Afirmó que existió una verdadera relación de trabajo encubierta, toda vez que
prestó el servicio de manera personal, recibió una remuneración mensual y estuvo
sujeta a una continuada subordinación que se materializó mediante el cumplimiento
estricto de horarios, la utilización exclusiva de los elementos de trabajo
suministrados por la entidad y el acatamiento de órdenes directas emitidas por el
personal de planta de INFICALDAS y del Aeropuerto La Nubia.
8. Tras la finalización de su vinculación radicó una reclamación administrativa el 8
de septiembre de 2020 en la cual solicitó el reconocimiento de la verdadera relación
laboral por todo el tiempo servido y el pago de las prestaciones sociales adeudadas.
En respuesta, la entidad demandada negó las reclamaciones mediante los actos
administrativos atacados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
9. Se indicó que la actuación de la administración vulneró los artículos 53 de la
Constitución; 1, 5, 8, 12 y 17 de la Ley 6 de 1945; 5, 6, 8, 9, 11 y 14 del Decreto
3135 de 1968; la Ley 4 de 1966; 42, 52, 58, 59 y 60 del Decreto 1045 de 1978; y 1,
2, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 33 y 40 del Decreto 1045 de 1978, entre
otras disposiciones.
10. Que los actos demandados están viciados de falsa motivación al desconocer la
verdadera naturaleza de la relación jurídica, puesto que la demandante prestó sus
servicios de forma continua y subordinada desvirtuando así las características
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inherentes a un contrato de prestación de servicios, llevando a la configuración de
una auténtica relación laboral y el derecho irrenunciable a percibir las respectivas
prestaciones sociales.
1.4. Contestación de la demanda
11. Sibien el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas –
INFICALDAS allegó escrito dando contestación a la demanda, esta fue presentada
de forma extemporánea y así la tuvo como tal el a quo.
1.5. Sentencia de primera instancia3
12. El Tribunal dictó sentencia el 22 de agosto de 2024, declaró la nulidad de los
actos demandados y condenó a la entidad demandada al pago de las acreencias
laborales reclamadas en la demanda.
13. El a quo del análisis de las pruebas determinó que INFICALDAS ejerció un poder
directivo y de subordinación real sobre la señora Ximena Arias Martínez, quien
ejecutó sus labores bajo estrictas condiciones de dependencia, cumplimiento de
horarios y sujeción a órdenes, circunstancias que trascendieron la simple
coordinación propia de un contratista independiente.
14. Al comprobar la concurrencia simultánea de la prestación personal del servicio,
la remuneración y la subordinación, el Tribunal concluyó la existencia inequívoca de
una verdadera relación laboral. Consecuencialmente, otorgó a la demandante el
derecho a percibir el mismo trato económico de los empleados de planta y ordenó
el pago de las respectivas prestaciones sociales.
15. Al analizar el historial de contratos entre 2003 y 2019, el tribunal evaluó los lapsos
de inactividad entre cada orden de trabajo, constando la existencia de interrupciones
contractuales superiores al límite temporal aceptado por la jurisprudencia para
mantener la unidad del vínculo, por tanto, descartó la existencia de una única
relación laboral ininterrumpida desde el año 2003 y declaró prescritos los derechos
de los períodos antiguos.
16. A título de restablecimiento del derecho declaró la existencia de un verdadero
contrato de trabajo y limitó el reconocimiento del vínculo laboral a los lapsos
comprendidos entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, y desde el
15 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia,
condenó a la entidad a reconocer y pagar las prestaciones y los factores salariales
equivalentes a los percibidos por los empleados de planta de igual categoría y
ordenó liquidar estas acreencias tomando como base el valor de los honorarios
pactados en los respectivos contratos estatales. Adicionalmente, impuso a
INFICALDAS la obligación de efectuar el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en pensiones por el tiempo reconocido.
3
Sentencia visible en el índice 26 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
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17. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada y fijó las agencias en
derecho en cuatro millones de pesos ($4.000.000).
1.6. Recurso de apelación4
18. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas
(INFICALDAS) alegó la configuración de la caducidad, toda vez que la
administración resolvió de fondo y de manera negativa la reclamación de la señora
Ximena Arias Martínez y radicó la demanda el 21 de octubre de 2021, es decir, por
fuera del término legal de cuatro (4) meses de que trata el artículo 164 del CPACA.
Aunado a ello, explicó que los oficios expedidos con posterioridad (J.O.J. 64 y J.O.J.
122 de 2021) constituyeron respuestas informativas y reiterativas, sin virtud jurídica
para revivir los términos procesales expirados, por tanto, reprochó la omisión de
declarar este fenómeno extintivo, el cual procedía incluso de manera oficiosa.
19. De igual manera, defendió la presunción de legalidad de los vínculos
contractuales por estar amparados en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
Justificó la suscripción de los contratos de prestación de servicios hasta el año 2014
en la necesidad imperiosa de garantizar la operatividad del Aeropuerto La Nubia,
labor para la cual carecía de personal de planta con los conocimientos
especializados requeridos. Advirtió que la simple ejecución de actividades dentro de
las instalaciones de la entidad constituye un factor insuficiente para declarar la
existencia de un contrato laboral.
20. Finalmente, censuró la valoración de la prueba testimonial, porque las condenas
se justificaron en relatos aislados y generales, sin analizar de manera rigurosa y
específica la ejecución de cada contrato. La entidad advirtió que las mismas
declaraciones desvirtúan la continuada subordinación, pues los testigos
reconocieron que la actora conocía a la perfección sus funciones y ejecutaba sus
labores de manera autónoma, sin necesidad de recibir órdenes directas por parte
de la administración.
1.7. Trámite de segunda instancia
21. En auto de 9 de diciembre de 20245, se admitió el recurso de apelación, el cual
fue notificado en debida forma a las partes intervinientes. No obstante, tanto la
demandante como la entidad demandada guardaron silencio.
22. El agente del Ministerio Público allegó concepto6 en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia; indicó que la naturaleza de las actividades
ejecutadas por la demandante correspondió a labores de carácter permanente y
propias del objeto social de INFICALDAS. A partir de la valoración del acervo
probatorio, puso de presente la concurrencia plena de los elementos constitutivos
de la relación laboral, principalmente el de la subordinación, circunstancia que
4
Escrito visible en el índice 31 del expediente digital disponible en SAMAI – Primera instancia.
5
Actuación visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
6
Memorial visible en el índice 10 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
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evidencia la utilización de los negocios jurídicos estatales para encubrir un
verdadero vínculo de trabajo.
Finalmente, al no observarse causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
24. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
25. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
26. La Sala determinará si en el caso se configuró o no la caducidad del medio de
control, conforme la facultad dispuesta en el artículo 187 del CPACA.
27. De haberse presentado oportunamente la demanda, se estudiará ¿si entre la
señora Ximena Arias Martínez e INFICALDAS existió una relación laboral encubierta
en el período reclamado? De ser así, se verificará si hubo o no prescripción y los
derechos prestacionales a que hubiere lugar.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
28. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
29. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
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embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
30. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i) el
lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral5.
31. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto contractual,
se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos de trabajo y se
configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no ejerció su labor con
independencia.
2.4. De la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
32. El artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d), dispone que la caducidad se
configura cuando la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se interpone dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo.
33. No obstante, dicha regla debe interpretarse a la luz de lo establecido por esta
Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016,
en la cual se sostuvo que, en los procesos en los que se pretenda el reconocimiento
de una relación laboral y, como consecuencia de ello, el pago de aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, dichas
reclamaciones se encuentran exceptuadas tanto de la prescripción como de la
caducidad9.
34. En consecuencia, las pretensiones orientadas al reconocimiento de una
relación laboral y, a través de ello, al pago de aportes al sistema de seguridad social
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en pensiones no se encuentran sometidas a las reglas de prescripción ni de
caducidad.
35. Sin embargo, la regla de unificación jurisprudencial solo cobija las
reclamaciones de carácter pensional. Por lo tanto, la procedencia de la prescripción
y la caducidad respecto de los demás derechos reclamados a título de
restablecimiento del derecho debe analizarse conforme a las reglas procesales
vigentes; esto es, particularmente en materia de caducidad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 164 del CPACA, numeral 2 literal d).
36. Esta interpretación guarda consonancia con lo que previamente ha señalado
esta Subsección, en el sentido de que, al estudiar la caducidad en demandas
dirigidas a obtener la declaratoria de una relación laboral, deben escindirse, por una
parte, las pretensiones sujetas a caducidad —como el reconocimiento de
bonificaciones, primas o sanciones moratorias— y, por otra, aquellas respecto
de las cuales no opera dicha figura, como ocurre con los aportes al sistema de
seguridad social10.
37. Al examinar la sentencia de primera instancia se observa que el a quo no
analizó el fenómeno de la caducidad, ni la naturaleza de los actos demandados, los
cuales declaró nulo. Sin embargo, esta Subsección considera que dicho estudio
debe realizarse en esta instancia, dada la facultad del artículo 187 del CPACA.
38. De otra parte, es necesario para el asunto bajo estudio indicar que, conforme
los artículos 137, 43 y 19 inciso segundo del CPACA, solo son demandables los
actos administrativos definitivos7 proferidos por la administración que resuelven, por
primera vez, una determinada materia, siempre que no guarden relación con el
reconocimiento y pago de prestaciones periódicas. Por manera que los
pronunciamientos posteriores que la administración realice sobre el mismo asunto
no pueden ser objeto de control judicial, en la medida en que analizan nuevamente
una petición reiterativa ya resuelta por la administración, salvo que introduzcan una
decisión nueva o modifiquen la situación jurídica previamente definida 8.
39. En ese orden de ideas, la Sala estudiará si se configuró o no la caducidad
respecto de las pretensiones distintas al reconocimiento de aportes pensionales y
se configuró la existencia de actos reiterativos en esta oportunidad:
40. Pues bien, de acuerdo con las pruebas aportadas, se acreditó que la
demandante presentó el 8 de septiembre de 2020 ante la entidad demandada una
primera reclamación administrativa mediante la cual solicitó el pago de las
prestaciones sociales y la nivelación salarial correspondientes al período en que
laboró por contratos de prestación de servicios. Como respuesta, la entidad profirió
el Oficio G.G. 395 2020 de 21 de septiembre de 2020, por medio del cual negó esa
solicitud al precisar que entre las partes no se dio una relación laboral.
7
Según el artículo 43 del CPACA, son actos definitivos aquellos la administración a través del cual se decide directa o
indirectamente el fondo de la petición o se haga imposible continuar con la misma.
8
Al respecto, véase al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
«B», auto de 13 de noviembre de 2025, 66001-23-33-000-2019-00168-01 (6517-2022), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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41. Del oficio J.J.O. 064-2021 de 22 de junio de 2021, se advierte que la
demandante nuevamente efectuó la petición de reconocimiento de relación laboral
el día 10 de los mismos, pues en ese documento se indicó «una vez revisados todos
los documentos y archivos que reposan… se pudo establecer que el día 08 de
septiembre del año 2020, Usted, realizó una petición en los siguientes términos…
Dicha solicitud fue resuelta a través del oficio G.G. 395-2020 del 21 de septiembre
de 2020… Así las cosas, y una analizada la petición efectuada por Usted…se pudo
determinar que su solicitud ya ha sido resuelta…». Igualmente, de la respuesta
contenida en el Oficio J.O.J. 122-2021 se observa que la actora reiteró la petición el
10 de junio de 2021, y en este se le insistió que ya se le había resuelto en septiembre
de 2020.
42. Bajo ese contexto, se concluye que la demandante presentó la reclamación
administrativa solicitando el reconocimiento y pago de los derechos que solicitó el 8
de septiembre de 2020. La entidad respondió negativamente esta mediante oficio
del 21 de los mismos.
43. En lo que respecta a las otras peticiones y respuestas: si bien la actora
presentó dos nuevas reclamaciones posteriores a la expedición del acto
administrativo previamente referenciado, respecto de ellas la entidad no emitió un
pronunciamiento de fondo, pues, aunque expidió los oficios J.J.O. 064-2021 de 22
de junio de 2021 y J.O.J. 122-2021, en estos no resolvió la petición, pues solo indicó
que ya había sido resuelta en el acto administrativo anterior del 21 de septiembre
de 2020.
44. Por lo tanto, es claro que tanto el segundo como el tercer pronunciamiento
de la administración se produjeron con ocasión de peticiones reiterativas de la parte
actora que, a la luz de lo expuesto, no pueden tomarse como fecha para contabilizar
la caducidad, ni pueden ser objeto de control judicial, debido a que no resolvieron
de fondo inicialmente la reclamación administrativa que sustenta las pretensiones
que ahora se estudian. De manera que, al no ser pasibles de control judicial, así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
45. Por lo tanto, a partir del día siguiente de la notificación del oficio G.G. 395
2020, esto es del 22 de septiembre de 2020 hasta la fecha de presentación (4 de
octubre de 2021 ya había transcurrido el plazo consagrado en el numeral 2.° del
artículo 164 del CPACA (4 meses) para evitar la configuración de este fenómeno;
razón por la cual se declarará probada de oficio la excepción de caducidad del medio
de control.
46. En consecuencia, las pretensiones orientadas a obtener- luego de la
declaratoria de una relación laboral encubierta- el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales por la prestación del servicio
de la demandante entre el 7 de febrero y el 29 de agosto de 2003, y desde el 19 de
julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019 en la entidad demandada se
encuentran afectadas por el fenómeno de la caducidad.
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Demandante: Ximena Arias Martínez
47. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, conforme a los planteamientos
expuestos al inicio de este acápite y siguiendo lo dispuesto en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, resulta necesario analizar si
se configuró o no una relación laboral encubierta entre las partes, con el fin de
determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los aportes
pensionales a cargo de la demandada.
48. En suma, por la naturaleza especial de los derechos involucrados —
particularmente los relacionados con los aportes al sistema pensional, que tienen
carácter imprescriptible— resulta necesario relativizar la aplicación de la caducidad
únicamente respecto de esta materia, no solo por lo dispuesto en las reglas de
unificación jurisprudencial de esta Sección, sino también para garantizar que la
demandante no quede privada de la posibilidad de reclamar tales derechos 18. En
consecuencia, los argumentos de la entidad relacionados con este tema de debate
no tienen vocación de prosperidad.
2.5. Caso concreto
49. Así pues, se tiene que la demandante suscribió contratos de prestación de
servicios con el demandado entre febrero de 2003 y 31 de diciembre de 2019, así:
No.
Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
Desarrollar las funciones de Recepcionista,
070220 atender el conmutador, recibir la
correspondencia externa radicarla y entregarla,
03-08 de despachar la correspondencia que se genera en
07/02/2003 29/08/2003
$3.400.333
7 de las distintas dependencias, colaborar en labores M/cte.
febrero de de secretaria que se requieran en cualquiera de
2003 las secciones o dependencias del Instituto para
su normal funcionamiento.
Interrupción de 9 meses y 13 días hábiles
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
048 de 19 de la sala de embarque y de entrega de
$2.988.333
de julio de equipajes en turnos de 6:00a.m. a 6:00p.m. de 19/07/2004 31/12/2004
M/cte.
2004 lunes a domingo incluyendo días festivos, días
alternados y en rotación.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
017 de 1 de la sala de embarque y de entrega de
$6.966.300
de enero de equipajes en turnos de 6:00a.m. a 6:00p.m. de 01/01/2005 31/12/2005
M/cte.
2005 lunes a domingo incluyendo días festivos, días
alternados o en rotación.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
006 de la sala de embarque y de entrega de
de 1 de $7.392.000
equipajes en turnos de 6:00a.m. a 6:00p.m. de 01/01/2006 31/12/2006
enero de M/cte.
lunes a domingo incluyendo días festivos, días
2006 alternados o en rotación.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
005 de 1 de la sala de embarque y de entrega de
$7.860.000
de enero de equipajes en turnos de 6:00a.m. a 6:00p.m. de 01/01/2007 31/12/2007
M/cte
2007 lunes a domingo incluyendo días festivos, días
alternados o en rotación.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
008 de 1 de la sala de embarque y de entrega de
$4.182.000
de febrero equipajes en turnos de 6:00a.m. a 6:00p.m. de 01/02/2008 31/07/2008
M/cte.
de 2008 lunes a domingo incluyendo días festivos, días
alternados y en rotación.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
128 de 1 de la sala de embarque y de entrega de $3.485.000
de agosto 01/08/2008 31/12/2008
equipajes en los periodos convenidos con el M/cte.
de 2008 interventor del contrato.
06 de 1 Servicio de Controladora de Puertas de acceso
$1.478.000
de enero de a áreas restringidas del Aeropuerto como es 01/01/2009 28/02/2009
M/cte.
2009 plataforma, sala de entrega de equipajes.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2022 00164 01
Demandante: Ximena Arias Martínez
88 de 1 de Servicio de Control de acceso a áreas de $739.000
marzo de 01/03/2009 31/03/2009
las instalaciones del Aeropuerto La Nubia. M/cte
2009
176 de 1 Servicio de Control de acceso a las áreas $740.000
de abril de 01/04/2009 30/04/2009
de las instalaciones del Aeropuerto La Nubia. M/cte.
2009
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
33 de 1 de de la sala de embarque y de entrega de $5.920.000
mayo de 01/05/2009 31/12/2009
equipajes en los periodos convenidos con el M/cte.
2009 interventor del contrato.
01 Prestar el servicio de Controladora de Puertas
de 1 de de la sala de embarque y de entrega de $10.010.000
01/01/2010 30/01/2011
enero de equipajes en los periodos convenidos con el M/cte.
2010 interventor del contrato.
Prestar el servicio de Controladora de Puertas
004 de 1 de la sala de embarque y de entrega de $9.541.000
de febrero 01/02/2011 30/01/2012
equipajes en los periodos convenidos con el M/cte
de 2011 Supervisor del contrato.
015 de 1 Prestar el servicio de apoyo a la gestión del
$4.962.000
de febrero Aeropuerto La Nubia en el área de archivo y área 01/02/2012 31/07/2012
M/cte.
de 2012 de sistemas.
052 de 1 Prestar el servicio de apoyo a la gestión del
$4.135.000
de agosto Aeropuerto La Nubia en el área de 01/08/2012 31/12/2012
M/cte.
de 2012 archivo y área de sistemas.
019 de 3 Prestar el servicio de apoyo a la gestión del
$10.263.000
de enero de Aeropuerto La Nubia en el área de archivo y área 03/01/2013 31/12/2013
M/cte.
2013 de sistemas.
013 de 3 Prestar el servicio de apoyo a la gestión del
$5.340.000
de enero de Aeropuerto La Nubia en el área de archivo y área 03/01/2014 30/06/2014
M/cte
2014 de sistemas.
042 de 2 Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para
$5.966.700
de julio de realizar actividades en la recepción del 4° piso 02/07/2014 31/12/2014
M/cte
2014 de INFICALDAS.
06 de 2 de Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para
$14.360.000
enero de realizar actividades en la recepción del 4° piso 02/01/2015 31/12/2015
M/cte.
2015 de INFICALDAS.
17 de 14 Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para
$14.808.800
de enero de realizar actividades en la recepción del 4° piso 14/01/2016 31/12/2016
M/cte.
2016 de INFICALDAS.
14 de 4 Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para $16.348.680
de enero de realizar actividades en la recepción del 4° piso 04/01/2017 31/12/2017 M/cte.
2017 de INFICALDAS.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, en la
05 de 15 ventanilla única de la entidad, ejecutando las
$16.100.000
de enero de actividades de atención al ciudadano, recepción, 15/01/2018 31/12/2018
M/cte.
20189 radicación y distribución de las comunicaciones
oficiales.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, en la
09 de 15 ventanilla única de la entidad, ejecutando las
$16.905.000
de enero de actividades de atención al ciudadano, recepción, 15/01/2019 31/12/2019
M/cte.
201910 radicación y distribución de las comunicaciones
oficiales.
50. En ese orden de ideas, se encuentra probado que ente el 1 de julio de 2014 al
31 de diciembre de 2017 y del 15 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019,-
lapso reconocido en la sentencia apelada como existencia de la relación laboral
encubierta- que la demandante prestó personalmente sus servicios al ente
demandado, satisfaciéndose de esta manera el primer requisito del contrato de
trabajo.
51. Asimismo,esos medios probatorios demostraron el pago de honorarios
mensuales a favor de la señora Arias Martínez, hecho que acredita el segundo
9
Documento visible en las páginas 53 a 62 del archivo 26 del índice 30 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
10
Documento visible en las páginas 63 a 72 del archivo 26 del índice 30 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
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Demandante: Ximena Arias Martínez
elemento de la relación laboral, correspondiente a la contraprestación o
remuneración por los servicios ejecutados.
52. Respecto de la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la
Sala sobre este elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en
el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el
subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una
obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo
rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con
rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto
contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que
implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del
servicio contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen
al contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».
53. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de establecer si
la contratista estuvo subordinada al demandado durante la ejecución de los
contratos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
54. En cuanto al lugar de trabajo, los objetos contractuales son específicos en
indicar la sede de ejecución de las labores en las instalaciones de INFICALDAS
recepción del 4.° piso y en la ventanilla única de atención al ciudadano, en los
períodos comprendidos entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 y
del 15 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, que son los reconocidos por
el a quo en la sentencia apelada por la demandada.
55. Frente al cumplimiento de un horario de labores, se tiene que los testigos fueron
generales a la hora de indicar ello, refirieron el tiempo en que la demandante laboró
en el aeropuerto y en INFICALDAS, pero como de la primera no hubo
reconocimiento en la sentencia apelada la Sala se referirá a sus dichos de la época
en que ejecutó actividades para la segunda.
56. Siendo así se tiene que la testigo Claudia Liliana Ortíz Castañeda dijo conocer a
la actora desde marzo de 2004, pero que no recuerda en qué momento ella pasó a
laborar a las oficinas de INFICALDAS, aunque dijo que para 2015 ya era
recepcionista en esta entidad, y cuando relató sobre el horario se enfocó en la labor
del aeropuerto11.
La señora Paula Cañón Buitrago en su declaración sostuvo que trabajó en
INFICALDAS desde 2000 hasta 2006, que recordaba a la demandante como
trabajadora del aeropuerto, pero no se acordaba cuando empezó a trabajar como
11
se limitó a indicar «ellos trabajaban por turnos y los turnos iban de acuerdo a la operación del aeropuerto. El aeropuerto
inicia operaciones a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde». Más adelante expresó que «lo que pasa es que ellos
trabajaban por horarios, por horarios, entonces ellos no iban todos los días al aeropuerto» (sic).
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Demandante: Ximena Arias Martínez
recepcionista de aquella12; sostuvo que había que cumplir un horario de 8 a.m. a 12
m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. cuando se le insistió con la pregunta «pero no recuerda
a partir de cuándo ni hasta cuándo laboró» contestó «no, yo solo sé que yo cuando
me fui en el 2006, ella seguía trabajando y... como recepcionista. Sí, yo iba a veces
a la empresa porque pues uno queda ya con conocidas y yo la veía a ella ahí
siempre recepcionista, pero pues que me acuerde exactamente hasta la fecha, no»
sic).
57. Elseñor Rubén Darío Castaño Echeverri, por su parte sostuvo que la
demandante «entró que ella entró al aeropuerto La Nubia», que ella llegaba antes
de seis y que quien controlaba el horario era el administrador, pero sin referir
cumplimiento de jornada alguna de ella.
58. Y la señora Alejandra Betancourt por su parte sostuvo que conoce a la
demandante, porque trabajaron en la empresa Inficaldas en el mismo piso desde
2017, que aquella tenía que estar en sus instalaciones a las 8:00 a.m., tenía la hora
del almuerzo e iniciaban a las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
59. De las anteriores manifestaciones advierte la Sala que solo la última testigo le
constaba el cumplimiento de un horario por parte de la demandante, pues la primera
enfocó su dicho al vínculo de la demandante en el aeropuerto, sin aclarar el horario
de esta en INFICALDAS, y el tercer testigo (Rubén Darío Castaño Echeverri) nada
dijo al respecto; y aunque la señora Paula Cañón Buitrago si refirió un horario, se
estima que es una presunción que ella hizo por la jornada institucional de la entidad
y la naturaleza de la labor de la demandante, pues no estuvo con ella en la época
de 2014 a 2018.
60. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento de
un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular y
aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral encubierta.
Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los contratos de
prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda relación con la
coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución
del objeto convenido13.
61. La dirección y el control efectivo de las labores es de reiterar que el control y
manejo directo de la entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el
contratista resultan ser un requisito fundamental a efectos de constatar la existencia
o no del elemento de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la
relación laboral encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba
dentro del círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente por
la entidad contratante.
12
«contestó: Yo sí me acuerdo haberla visto en el aeropuerto, ella trabajó en el aeropuerto, pero ya no me acuerdo bien de
cuando estuve con ella en Inficaldas como tal. pregunta ¿Y recuerda más o menos para qué año fue que ella empezó como
recepcionista ya en las oficinas de Inficaldas? ¿Para qué año? Contestó «Pues el año no me acuerdo».
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de octubre de
2022. Expediente: 25000-23-42-000-2013-04575-01 (2611-2016) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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62. La demandada en el recurso de apelación sostuvo que la simple ejecución de
actividades dentro de las instalaciones de la entidad constituye un factor insuficiente
para declarar la existencia de un contrato laboral. Y que los testigos realizaron
relatos aislados y generales, sin analizar de manera rigurosa y específica la
ejecución de cada contrato.
63. En ese orden, advierte la Sala del dicho de la testigo Claudia Liliana Ortíz
Castañeda que manifestó que la demandante laboró en el aeropuerto La Nubia y
como recepcionista de INFICALDAS, pero que no recordaba la fecha en que esto
último ocurrió. Más adelante afirmó «le puedo decir que los últimos años, los años
que yo contraté, que fueron dos mil quince, terminando el año, dieciséis, diecisiete,
dieciocho y diecinueve, ella era la recepcionista de la administración» (sic).
64. La señora Paula Andrea Cañón Buitrago sostuvo que laboró en INFICALDAS
hasta 2006 como abogada, que sabía que la demandante fue recepcionista y que
cumplía las funciones normales de cualquier funcionario, cuando se le pidió que
aclarara ello, contestó «Ella era la recepcionista y la encargada de todos los
documentos que llegaban, la recepción de todos los documentos que llegaban y
salían de Inficaldas»14, pero no recordaba la fecha en que inició esa labor.
Igualmente sostuvo, que siguió asistiendo a las instalaciones de la entidad hasta
2014 y veía trabajando a la demandante como recepcionista, que esta recibía
órdenes de todos los jefes de área y del gerente.
65. El señor Rubén Darío Castaño Echeverri en su declaración fue general y no
especificó circunstancias fácticas de la labor ejecutada por la demandante en
Inficaldas, pues todas estuvieron rodeadas de la prestación de sus servicios en el
aeropuerto, de tal manera que su dicho nada aporta a lo que es tema de debate.
66. Por su parte la señora Alejandra Betancourt manifestó que la demandante en
Inficaldas era la encargada «la encargada de recepcionar todo lo que tenga que ver
con ventanilla única, por así decirlo, en la recepción de Inficaldas. Y se encargaba
de recibir la información, de colocarlo en software, de entregarlo directamente a los
departamentos y a las personas encargadas de los emitentes de la comunicación,
del documento que llegara» (sic), más adelante afirmó «porque ella era la cara
visible de todos los documentos que llegan allá, o sea, de todo tipo de documentos
y, digamos, papeles, facturas, no, de todo, o sea, es permanente». Asimismo,
manifestó que ella recibía órdenes desde el momento en que iniciaba el día a laborar
directamente del secretario general y de la persona encargada de gestión
documental.
67. Así las cosas, para la Sala la valoración conjunta de los testimonios en especial
de las señoras Alejandra Betancourt, Paula Andrea Cañón y Claudia Liliana Ortíz y
los contratos, permiten constatar que no le asiste razón al recurrente, pues la
demandante en la ejecución de sus actividades estuvo sujeta a la dirección y control
efectivo de la entidad.
14
Más adelante dijo «Ella era la encargada de ponerlos en un sistema y de contestar todas las llamadas del conmutador».
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68. De acuerdo con esas estipulaciones, la Sala considera que la ejecución de
labores de recibir y entregar correspondencia, atender público en la recepción de la
dependencia en una entidad se realiza sin la "autonomía e independencia"
que supone el contrato de prestación de servicios, toda vez que en el ejercicio de
ellas la contratista no podía elegir como tampoco decidir cómo, cuándo o dónde
ejecutar el objeto contractual, pues son labores operativas-secretariales, y por tal
solo pueden ejecutarse bajo continua dependencia.
69. En ese sentido, se constata que la actora no era autónoma e independiente en el
desarrollo de esas actividades16, pues como lo ha reiterado la Sala ello riñe con la
naturaleza misma de la labor17.
70. Por tanto, la Sala confirmará la declaratoria de la relación laboral encubierta
efectuada en primera instancia, en la medida que se encuentran reunidos los tres
elementos esenciales que la configuran. Pero se revocará el reconocimiento de
prestaciones sociales por encontrarse configurada la caducidad del medio de
control, manteniéndose la orden del reconocimiento y pago de los partes
pensionales.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
74. Bajo ese entendido, no se condenará en costas en segunda instancia toda vez,
que de manera oficiosa se realiza un ajuste a la condena impuesta en primera
instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Demandante: Ximena Arias Martínez
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control,
conforme lo expresado en la motivación, respecto de las pretensiones distintas
al reconocimiento y pago de aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR que los oficios J.J.O. 064-2021 de 22 de junio de 2021 y
J.O.J. 122-2021 demandados no son susceptibles de control judicial, por lo ya
dicho.
TERCERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia de 22
de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, los cuales
quedarán así:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del oficio GG395 del 21 de septiembre de
2020, mediante el cual se niega el reconocimiento de la relación laboral encubierta
entre la señora XIMENA ARIAS MARTÍNEZ e INFICALDAS, conforme lo expresado
en la motivación.
SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDÉNASE a
INFICALDAS a efectuar la consignación de los aportes pensionales de ley en el fondo
correspondiente a favor de la señora XIMENA ARIAS MARTÍNEZ, tomando como
base el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios
celebrados entre el 01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2017, y del 15 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de 2019, salvo sus interrupciones.
Se declara además que el tiempo laborado por la demandante mediante contrato de
prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales».
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada.
QUINTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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